Protección contra Srta

C.A. de Temuco Temuco, diez de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don EDUARDO ALAMOS VERA, abogado, Rut N° RUT reservado domiciliado en domicilio reservado, de Temuco, actuando en nombre y representación judicial del contribuyente don nombre reservado, Rut Nº RUT reservado domiciliado en domicilio reservado, deduce el presente recurso de protección en contra de la Srta. Directora Regional Tesorera de la Tesorería Regional de la Araucanía, Srta. nombre reservado domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, por haber incurrido -en forma ilegal y arbitraria- al dictar la Resolución sin número de fecha 12 de Agosto de 2019, que fuera notificada por carta certificada con fecha 19 de Agosto, en circunstancias en que la documentación señala que la notificación fue efectuada por cédula, vulnerando los derechos y garantías constitucionales de su representado, al mantener un proceso administrativo de cobranza por más de 21 años de antigüedad, habiendo rechazado todas y cada una de las excepciones opuestas, y mantenerlo vigente, violando con ello expresas disposiciones constitucionales, legales y de Tratados Internacionales, por lo que su conducta resulta ser ilegal y arbitraria.

Señala que presentó ante la recurrida una petición escrita, de carácter administrativa, el 29 de Julio de 2019 encabezada por el título: “Petición administrativa ante acción de cobro de contribuyente don nombre reservado. Solicita se ponga término a proceso administrativo de cobro por razones jurídicas que invoca”. Invocó para ello el derecho constitucional de petición, previsto en el art. 19 Nº 14 y en lo dispuesto en los arts. que allí mencionamos, de las leyes Nº 18,575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado y Ley Nº 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, para que ella en calidad de funcionaria pública, haciendo uso de sus facultades para cautelar que las acciones de su cargo sean actuaciones respetando la legalidad vigente, pusiera termino a sus propias actuaciones, a su gestión administrativa de cobranza, atendida su ilegalidad e inconstitucionalidad, no porque se estaba ante actuaciones opuestas a plazos de prescripción o periodos de abandono de la gestión valida o útiles de cobro, que son materias de carácter y orden jurisdiccional, sino que recurrieron en su calidad de funcionaria, para poner término a su accionar administrativo de medidas y acciones ejecutivas ,absolutamente contrarias a derecho y al orden jurídico, porque las acciones administrativas de cobro en contra de su representado se vienen ejecutando desde el mes de Julio del año 1998, es decir, desde hace 21 años lo cual vulnera disposiciones legales, constitucionales y normas internacionales, respecto del Debido Proceso, toda vez que no es permitido que una acción en contra de una persona se mantenga en el tiempo- durante más de dos décadas- contra todo plazo que exista en el ordenamiento jurídico. Pero no sólo rechazó esta solicitud administrativa - que está dentro de sus atribuciones hacerlo- sino que procedió a tratarla y calificarla como escrito o petición formulada dentro del proceso judicial administrativo de cobro judicial que ella lleva, desde el año 1998, y la insertó dentro de dicho expediente, la folió y se pronunció, rechazando la petición administrativa, con una resolución que aparenta ser una resolución de carácter jurisdiccional, dictada dentro de un proceso. Pero no lo es.“Las cosas son lo que son, no lo que dicen llamarse”, reza un viejo aforismo y esta solicitud, rechazada por la funcionaria recurrida, es y seguirá siendo una solicitud administrativa, que no ha sido debidamente tramitada.

La presente acción cautelar no apunta a oponerse a acciones o resoluciones de carácter jurisdiccional dictadas en el Proceso de cobro Rol Nº 1003-1998 seguido en contra de su representado, no reemplaza excepciones que deben oponerse dentro de dicha causa, ni invoca nuevas excepciones, accionamos en contra de lo actuado por la recurrida por que su acción vulnera un derecho humano básico, reconocido por nuestra Constitución y por tratados internacionales ratificados por Chile respecto de la clarísima vulneración al principio del Debido Proceso, con una tiempo que se acerca a los 30 años de duración.

Esta es la razón o motivo de esta acción cautelar – no es un reclamo de carácter jurisdiccional dentro del proceso ilegal de cobro a que se encuentra afectado mi representado- es porque la acción de la recurrida vulnera directamente, dos normas jurídicas del mayor rango, en la conocida escala del Kelsen, la norma constitucional, como es el art.19 Nº 3 inciso sexto, y la norma contenida en art.8 Nº 1 sobre Garantías Constitucionales, contenido en el llamado Pacto de San nombre reservado Rica, en que ambos se refieren al Debido Proceso, en este caso, lo referido al “plazo razonable” del proceso. Estima que la acción de cobro y lo obrado por la Srta. nombre reservado recurrida, vulnera los elementos del Debido Proceso, entre los cuales se encuentra aquel que se refiere a que a aquel referido al plazo de su duración.

Refiere que la acción de cobro administrativa se inició en el mes de Julio de 1998 mediante el despacho de mandamiento de ejecución y embargo, en contra de su representado, por deudas de impuestos del año 1990 a 1993.

La última diligencia efectuada en dicho proceso administrativo de cobro Rol Nº 1003-1998 fue a finales del año 1998. En el día 30 de Enero del año 2018, es decir, VEINTE AÑOS DESPUES, se volvió a requerir de pago y a embargar bienes inmuebles a su representado, ante lo cual se opusieron excepciones de prescripción, de nulidad administrativa, y de decaimiento de la acción administrativa de cobro, todas las cuales fueron una a una rechazadas por la Srta. Directora Regional Tesorera, sin enviar estas alegaciones a la Justicia Civil para su pronunciamiento, lo que no se hizo. Actualmente, mantiene vigente el proceso de cobro iniciado el año 1998 y se encuentra procediendo a continuar con la ejecución intentado rematar otro bien raíz de su representado llevando el proceso a la etapa judicial, sin que tenga la ocasión de oponer excepciones de carácter jurisdiccional por cuanto las opuestas fueron todas rechazadas y ya no es posible oponerse.

Reitero que todas las excepciones opuestas desde el embargo, realizado en el mes de Enero de 2018, hasta las últimas presentaciones, consistentes en petición de nulidad, improcedencia del procedimiento por vulneración de garantías básicas, prescripción y decaimiento de la acción de cobro, fueron rechazadas, siendo dichos rechazos completamente improcedentes e ilegales, por cuanto no eran de competencia de la Sta. Directora Regional Tesorera como juez sustanciador, como se le planteó formalmente, sino que de la justicia ordinaria, procedimiento que también se evitó, sin cumplirse y todavía continúa con su proceso de cobro ejecutivo.

Por estas razones, no hay remedios jurisdiccionales previstos en el ordenamiento, Titulo II Libro III del Código Tributario que pueda oponer, dada la forma como se han dado los hechos, siendo solo procedente la acción de protección, y como acción cautelar de urgencia.

Ante todos estos impedimentos jurisdiccionales, debido a como se han dado los hechos, recurrió directamente a la Srta. Directora Regional Tesorera, en su calidad de funcionaria pública, basado en el derecho constitucional de petición y en las normas de la ley Nº 18.575, sobre Bases de la Administración del Estado, y Ley Nº 19.880 sobre el Procedimiento Administrativo, en un ámbito propio de su gestión administrativa como ente del Estado, solicitándole que procediera a hacer uso de sus facultades como funcionaria pública para no continuar con sus acciones de cobro ante la vulneración evidente de garantías constitucionales y conductas ilegales, pero desconociendo la naturaleza jurídica de esta solicitud administrativa, procedió a tratarla como una presentación de carácter jurisdiccional, la incluyó en el expediente administrativo Rol 1003-1998 como se puede verificar, y dictó una resolución de carácter jurisdiccional, no dando lugar a esta petición administrativa, con lo cual causa un evidente e irreparable perjuicio, por cuanto continuará con su acción de cobro ejecutivo procediendo al remate del bien raíz, ya que no hay remedios jurisdiccionales para oponerse a dicha medida, salvo peregrinas excepciones o aventuras procesales de dudosas procedencias y resultados.

Estima que al darle este tratamiento a su solicitud administrativa, se ha configurado un acto manifiestamente ilegal y arbitrario que priva, perturba y amenaza gravemente el derecho y garantía constitucional de su representado, consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso 6ºde la Constitución Política y art. 8 Nº 1 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, al vulnerarse aquella básica y pilar fundamental del Estado de Derecho, como es el Debido Proceso, como se explicará.

Como notará a la sola vista, en la diligencia de cobranza del mes de Enero del año 2018, se pretendía cobrar deudas tributarias muy antiguas, que según del certificado de Deudas, son deudas de los años 1990 y 1992, es decir, impuestos que debieron ser pagados -y/o cobrados por el acreedor- desde hace VEINTINUEVE AÑOS ATRÁS.

De hecho, la última diligencia realizada dentro del expediente de cobranza administrativa, fue la certificación de fjs. 73 del Sr. Tesorero Regional de esa época, don nombre reservado, de fecha 09 de abril del año 2001, que certificó que su representado había sido notificado, que no opuso excepciones, y que adjuntando la nómina actualizada de la deuda, se iniciaba la segunda etapa judicial de cobranza. La segunda etapa de cobranza judicial se inició, ante el 3° Juzgado Civil en el Expediente Judicial C- 1468-2005, pero fue archivado por haberse paralizado en la fecha que se indicó. Es decir, si la cobranza judicial se paralizó el año 2005, hasta el mes de enero del 2018, en que se volvió a embargar a su representado, pasaron nada menos que trece años.

En el expediente administrativo Rol Nº1003-1998, desconociendo que se había iniciado el cobro administrativo el año 2005, hacia trece (13) años atrás, interpuso diversas excepciones, desde la excepción de prescripción, hasta la excepción de decaimiento de la acción administrativa, y todas ellas sin resultado y rechazadas por la Srta. Directora Regional Tesorera, bajo distintos argumentos.

Actualmente, la segunda etapa del expediente administrativo Rol Nº1003-1998 que fue el expediente judicial C- 1468-2005, seguido ante el 3º Juzgado Civil, se encuentra con declaración de abandono de la instancia, y apelada por su institución. Pero las acciones de cobro en el expediente administrativo ya referido - Rol interno dentro de su institución administrativa Rol Nº 1003-1998, han continuado y según ha expresado el abogado a cargo de dicha gestión, don nombre reservado: “este procedimiento continuara hasta las últimas consecuencias”. Incluso, administrativamente y sin notificación alguna, en los primeros meses del presente año, la Tesorería Regional, procedió a retener a su representado la suma superior al millón y medio de pesos, y pagarse de su cuenta con cargo a los Giros de Impuestos de hace las de 30 años.

Por su parte, en la etapa administrativa, interpuso todas las acciones que se podrían interponer, las cuales fueron todas inmediatamente rechazadas.

Pero, sin perjuicio de las diversas interpretaciones que pudiesen aplicarse, estima que no puede permanecer vigente un proceso judicial con una duración de 29 años, ya que dicha tardanza no es de responsabilidad del demandado, sino que sólo y exclusivamente de la institución demandante ejecutante, y lo que es más inexplicable, tratándose de un procedimiento que según el legislador, por tratarse de un procedimiento de ejecución, es rápido ,breve y concentrado, de allí su denominación: procedimiento ejecutivo.

Basta considerar que el plazo de mayor extensión en el Código Civil, es el plazo de prescripción adquisitiva de los arts. 2506, 2510 y 2511 que es de 10 años. Tanto la actuación de la Srta. nombre reservado recurrida, como la institución que representa, con sus actuaciones y resoluciones no sólo pasaron por encima y no consideraron que la Garantía Constitucional del Debido Proceso consagrado en el art. 19 Nº 3 de la Constitución Política, sino que el art. 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece los requisitos del Debido Proceso, donde se destaca el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, y no cabe duda alguna que el plazo de duración de una acción administrativa de cobro que se empina por sobre los 21 años, obviamente que no es razonable.

Sin perjuicio de la situación referente al excesivo plazo de tiempo transcurrido, hay que considerar que el periodo de mayor extensión se debe única y exclusivamente al descuido del órgano del Estado, de la Dirección Regional de la Tesorería General, lo cual afecta y perjudica únicamente a mi representado a quien –debido al transcurso de esa enorme cantidad de años- le aumenta diez veces el monto de la deuda primitiva.

Por ello, en mérito de lo expuesto y a lo dispuesto en los artículos 8 Nº 1 de la Declaración Americana sobre Derechos humanos, llamado Pacto de San nombre reservado Rica, art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, art. 19 Nº 3 inciso 6º de la Constitución Política de la República, Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección de la Excelentísima Corte Suprema y arts. 2º,9º, y 55º de la Ley 18.575, arts. 10º,15º, y 53º de la Ley Nº 19.880, solicita tener por presentado Recurso de Protección en contra de la Srta. Directora Regional Tesorera de la Región de la Araucanía, de la Tesorería General de la Republica, domiciliada en domicilio reservado, lo admita a tramitación, y, en definitiva, acogerlo, declarando que la Resolución dictada por la Srta. recurrida nombre reservado, Resolución sin número de fecha 12 de Agosto de 2019 y que se encuentra inserta en el expediente Rol Nº 1003-1998 es ilegal y arbitraria y que vulnera la garantía constitucional del Debido Proceso consagrada en el art. 19 Nº 3 inciso 6º , artículo 8 Nº 1 de la declaración Americana sobre Derechos Humanos, llamado Pacto de San nombre reservado Rica, y art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, restableciendo el imperio del derecho y declarar, lo siguiente:

1.- Que se debe poner término al proceso administrativo y judicial de cobro de los Giros individualizados en el Expediente Rol 1003-1998 en contra del contribuyente don nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, procediendo a archivar dicha causa;

2.- Como consecuencia de lo anterior, proceder a levantar toda medida de apremio o embargo dictado en contra de sus bienes dictada en el referido expediente de cobro Rol Nº 1003-1998;

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Certificado de deuda emanado de la Tesorería General, en que se demuestra que las deudas de mi representado son de los años 1990 a 1993, es decir, deudas que tienen de antigüedad, 29 años y 26 años respectivamente. Ese mismo Certificado de Deuda, demuestra que la totalidad de la suma de los impuestos adeudados en cuanto a su suma histórica original, es aumentado 10 veces, debido al tiempo transcurrido. 2.-Fotocopia del Expediente Rol 1003-1998 de la Unidad de Cobranza Judicial en que se demuestra que fue iniciado el 17 de julio del año 1998, y aún se encuentra rechazando sus presentaciones y oposiciones según Resolución de fecha 12 de Agosto del año 2019, es decir, aquí se verifica la duración del proceso por el lapso de 21 años; 3.- Fotocopia de su presentación de carácter administrativa de fecha 29 de Julio y su complemento de fecha 08 de agosto, las que fueron ingresadas en forma improcedente al expediente de cobro Rol 1003-1998, y su rechazo y negativa, pero con forma de resolución jurisdiccional.

Comparece don MARCO ANTONIO BECERRA GAETE, Abogado, en representación del Fisco de Chile – Servicio de Tesorerías, informa lo siguiente:

1.- EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. Conforme lo expresado por el recurrente en su presentación, la acción constitucional de protección es ejercida en contra de la Resolución sin número de fecha 12 de agosto de 2019, por mantener un proceso administrativo de cobranza por más de 21 años de antigüedad, y mantenerlo vigente, violando expresas disposiciones constitucionales, legales y Tratados Internacionales, por lo que su conducta resulta ser ilegal y arbitraria. Ilegal, porque mantiene un proceso más allá de lo que establecen las normas, y arbitraria porque se ha mantenido en pie una cobranza por más de 21 años, en contra de toda norma de plazo, ya que se trata de una decisión libre de la sola voluntad o capricho, por sobre claras y categóricas normas de derecho.

Indica, que formalizó una petición escrita de carácter administrativa, contenida en esa presentación de fecha 29 de julio de 2019, titulada "Petición administrativa ante acción de cobro de contribuyente don nombre reservado. Solicita ponga término a proceso administrativo de cobro por razones jurídicas que invoca". Agrega, que tal petición fue rechazada, por resolución de fecha 12 de agosto de 2019, en el marco del proceso de cobro de obligaciones tributarias seguido en su contra, y no, como resolución de carácter administrativa como lo habría solicitado.

Recalca que su acción cautelar no apunta a oponerse a acciones o resoluciones de carácter jurisdiccional dictadas en el proceso de cobro rol 1003-1998, seguido en su contra, no viene a reemplazar excepciones que deben oponerse dentro de dicha causa, ni invoca nuevas excepciones, acciona, según expresa, en contra de lo actuado por la recurrida porque su acción vulnera un derecho humano básico, el debido proceso, al mantener un proceso por más de 30 años.

2.- ANTECEDENTES PRELIMINARES. El recurrente, don nombre reservado, RUT RUT reservado, al mes de septiembre de 2019, registra una deuda en su Cuenta Única Tributaria que alcanza la suma de $3.081.343.400. La deuda corresponde a emisiones efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos, y, producto del no pago en la oportunidad correspondiente, el Servicio de Tesorería, inició el proceso de cobro de obligaciones tributarias bajo el Expediente Administrativo 1003-1998 Temuco. En tal proceso de cobro, con fecha 12 de agosto de 1998, el ejecutado fue notificado y requerido de pago, embargándosele, en el mismo acto, las acciones y derechos que al ejecutado le correspondían en la sucesión intestada quedada al fallecimiento de su madre nombre reservado, sobre una parte del sitio número uno de la manzana número once, de la Población Ziem de Temuco y, cuyo título de dominio, rolaba inscrito a fojas 8812, número 7801, del año 1997, del Conservador de Bienes Raíces de Temuco. En el mismo acto se embargaron, además, los automóviles Lada Patente HC 8323 y Patente KL 8052. Notificado, requerido de pago y embargado el contribuyente - ejecutado, éste no se opuso a la ejecución, expirando el plazo dispuesto para ello, conforme lo establece el artículo 176 del Código Tributario. Norma que dispone que el plazo fatal para oponer excepciones a la ejecución es de 10 días contados desde la notificación personal o desde el primer embargo. Posteriormente, se certificó la no oposición del ejecutado, y, se generaron dos nóminas, una, para proceder a la realización de los bienes muebles embargados y, otra, para la realización de los derechos hereditarios recaídos sobre el inmueble.

Consecutivamente, y; con el objeto de realizar los derechos hereditarios embargados, el proceso fue avanzado a segunda etapa de cobro, todo con estricta sujeción a las normas del título V del Código Tributario y las normas del Código de Procedimiento Civil.

La realización de los derechos hereditarios, fue seguido en el proceso rol 1468-2005, sustanciado ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco. En el proceso rol 1468-2005, seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco, los derechos hereditarios sobre el inmueble, previo todos los trámites legales, entre ellos, citaciones y publicaciones, en el mes de octubre de 2005, fueron finalmente rematados con lo que el proceso en su segunda etapa de tramitación, destinada a la realización de los derechos hereditarios concluyó, siendo archivado.

Posterior, a la realización de los derechos hereditarios y, al no contar con otros bienes de propiedad del ejecutado y, considerando la renuencia de su parte a pagar voluntariamente sus obligaciones tributarias, evidentemente el proceso administrativo se mantuvo inactivo, a lo menos en relación con el embargo de otros bienes, ya que, en diferentes periodos la devolución de impuestos fue compensada.

Tal inactividad se mantuvo hasta que Tesorería, en el mes de enero de 2018, detectó la adquisición de parte del ejecutado de un nuevo inmueble en el año 2014. En razón de ello, en el proceso administrativo, se procedió a ampliar el embargo y, a trabar embargo, primero, con fecha 30 de enero de 2018, y, finalmente, logrando concretar el embargo el día 30 de julio de 2018, siendo inscrito el gravamen a Fojas 8058 vuelta, número 4784, del Registro de Prohibiciones e Interdicciones del año 2018, correspondiente al Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco.

Evidentemente, el proceso que debió reactivarse con el objeto de proceder al embargo, fue el proceso de cobro seguido en el expediente administrativo 1003-1998 Temuco, ya que así lo disponen las normas del título V del Código Tributario.

Como fue señalado anteriormente, la intervención de los Tribunales de Instancia, conforme lo dispone el artículo 184 del Código Tributario, tiene como único fin darle tramitación a la realización de los bienes embargados en la primera etapa de cobro seguida ante el Tesorero Regional o Provincial, en su calidad de Juez Sustanciador.

Posterior al embargo, el ejecutado con fecha 8 de febrero de 2018, presentó un escrito oponiendo la excepción de prescripción, planteó un incidente de nulidad y, finalmente alegó el decaimiento del acto administrativo.

Respecto, a la excepción de prescripción, ésta fue declarada extemporánea, pues como ya se expresó, el plazo para oponer excepciones es de 10 días contados desde la notificación personal o del primer embargo, conforme el artículo 176 del Código Tributario.

Posteriormente, previo informe del Abogado del Servicio, conforme lo prevé el artículo del Código Tributario, el incidente de nulidad y la solicitud de declaración del decaimiento del acto administrativo, fueron rechazados por resolución de fecha 4 de junio de 2018. Todos los fundamentos de la resolución se encuentran contenidos en el informe y en la propia resolución, la que fue notificada al ejecutado el día 6 de junio de 2018. Todo, como puede apreciar su señoría fue resuelto conforme a derecho.

Con fecha 4 de julio de 2018, el ejecutado, opuso, ahora, incidente de abandono del procedimiento, artículo que evidentemente fue rechazado, entre otras cuestiones, por cuanto, el incidente fue deducido por el ejecutado con posterioridad a la oposición de excepciones, lo que implica la renuncia a alegar el abandono. El rechazo al incidente de abandono fue nuevamente fundado y notificado al ejecutado.

Seguidamente, el ejecutado, desarchivó el expediente 1468-2005, seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco, alegó el abandono del procedimiento, el que fue acogido por el Tribunal, resolución que fue impugnada mediante el recurso de apelación, el que se encuentra actualmente en estado de relación. Ahora bien, fundado, en el abandono del procedimiento decretado por el Tribunal, el ejecutado en la etapa administrativa solicitó el alzamiento del inmueble embargado, lo que fue rechazado por resolución de fecha 18 de julio de 2018.

Ahora, encontrándose embargado el inmueble, se generó una nueva nómina de segunda etapa, avanzándose el proceso respecto del inmueble embargado en el año 2018, a segunda etapa de cobro, substanciación que recayó ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco, bajo el rol 4194-2019, fijándose como fecha de remate del inmueble para septiembre de 2019, lo que no fue notificado al ejecutado, en virtud de la orden de no innovar decretada.

3.- IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Lo primero que señala es que la acción constitucional ejercida no es procedente para impugnar la resolución que se denuncia. En efecto, como se ha expresado, el recurrente recurre en contra de la resolución de fecha 12 de agosto de 2019, que rechaza la petición de poner término al proceso de cobro de obligaciones tributarias, seguido en su contra. Tal resolución se da en el marco del proceso de cobro de obligaciones tributarias, regulado en las normas del título V del Código Tributario.

La insistencia del recurrente por dejar en claro que la petición o solicitud rechazada por resolución de fecha 12 de agosto de 2019, fue una petición administrativa y no en el marco del proceso de cobro de obligaciones tributarias rol 1003-1998, no es gratuita, ya que el propio recurrente tiene claro que la acción constitucional de protección no tiene cabida en un proceso regulado por el Código Tributario.

Sin embargo, pese a la insistencia del recurrente de tratar de dejar establecido que la acción se ejerce en contra de una nueva resolución administrativa, parafraseando al propio recurrente "las cosas son lo que son, no lo que dicen ser", y si con su presentación, lo que pretende es dejar sin efecto una cobranza, evidentemente, tal petición debe ser resuelta dentro de tal proceso. Por lo demás, las exclusiones y suspensiones del cobro, se encuentran reguladas en el marco del cobro de obligaciones tributarias. La exclusión y suspensión del cobro, están reguladas en el Título V del Código Tributario, reiteradamente citado, lo que no puede menos que conocer el recurrente.

El recurso de protección no tiene como finalidad la impugnación de resoluciones que no han sido favorables dentro de un proceso, puesto que no se configura la existencia de un acto arbitrario cuando se ampara en el imperio de derecho.

En efecto, debe tenerse en consideración que lo impugnado a través de esta acción constitucional son resoluciones, dictadas en un proceso legalmente tramitado, es decir, tutelado por el imperio del derecho, lo cual supone que la misma está sometida a los recursos y procedimientos que la ley establece, que permite tanto a las partes como a los afectadas por ellas, ejercer las acciones que al efecto consagra la ley para su impugnación. No aparece lógico que por esta vía se adopten decisiones de índole jurisdiccional que supongan la modificación de aquellas que se han tomado, en procesos que importan controversia. Considerando, además, que la acción de protección no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre, por lo que el recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

4.- EL RECURSO ES EXTEMPORÁNEO. Como consecuencia de lo anterior, el recurso resulta extemporáneo. Efectivamente, siendo el fundamento del recurso el mantener vigente un proceso de manera arbitraria por más de 30 años, según lo expuesto por el recurrente, resulta evidente que la acción de urgencia debió ser ejercida, con antelación y no al momento de intentar auto generar una nueva resolución de carácter administrativa.

Resulta extemporáneo el recurso de protección pues ha sido deducido en contra de una situación que el propio recurrente ha denunciada como de larga data y meses después de haberse deducido por ese mismo hecho distintas acciones y/o defensas.

Si bien el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales admite deducirlo también dentro del plazo de 30 días contados desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto del hecho o acto que agravia los derechos fundamentales de una persona, no es posible admitir que ha sido interpuesto dentro del plazo un recurso que se deduce meses después de haber opuesto de manera reiterada incidentes y distintas defensas.

5.- EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN. Tal como se ha indicado en los apartados anteriores, esta parte estima, que la acción impetrada debe ser rechazada, por cuanto, ha sido deducida en un proceso regulado por el Código Tributario, por lo tanto, bajo tutela del derecho. No obsta, tal conclusión, la posición de la recurrente, quien, a sabiendas de la conclusión anterior, pretende sostener que la resolución recurrirá se da fuera del proceso de cobro.

El recurso además debe ser desestimado, por cuanto, el actuar del servicio se ha ajustado a derecho.

Tesorería, en el ejercicio de sus funciones, inició el proceso de cobro en contra del recurrente realizando todas y cada una de las gestiones necesarias para obtener el cobro. Llegando, incluso, al remate de los derechos hereditarios sobre un inmueble y, posteriormente, compensando las devoluciones de rentas solicitadas por el recurrente, todo ello, hasta la adquisición de bienes por partes el recurrido, fecha en la que se reactivaron los embargos y realización de los mismos bienes. Por lo demás en caso de existir inactividad, la vía para sancionarla no es la presente acción constitucional.

Acompaña el expediente administrativo de cobro 1003-1998, Temuco, seguido en contra del deudor y recurrente de autos.

Se trajeron los autos en relación.

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en estos autos ha interpuesto recurso de protección don EDUARDO ALAMOS VERA, actuando en nombre y representación judicial de don nombre reservado, por las supuestas arbitrariedades e ilegalidades que considera en el actuar de la Srta. nombre reservado, Tesorera Regional de la Araucanía, al dictar la Resolución sin número de fecha 12 de agosto de 2019, que fuera notificada por carta certificada con fecha 19 de agosto.

Señala que presentó ante la recurrida una petición escrita, de carácter administrativa, el 29 de Julio de 2019 encabezada por el título: “Petición administrativa ante acción de cobro de contribuyente don nombre reservado. Solicita se ponga término a proceso administrativo de cobro por razones jurídicas que invoca”. Pero no sólo rechazó esta solicitud administrativa - que está dentro de sus atribuciones hacerlo- sino que procedió a tratarla y calificarla como escrito o petición formulada dentro del proceso judicial administrativo de cobro judicial que ella lleva, desde el año 1998, y la insertó dentro de dicho expediente, la folió y se pronunció, rechazando la petición administrativa, con una resolución que aparenta ser una resolución de carácter jurisdiccional, dictada dentro de un proceso, pero en la realidad es una solicitud administrativa, que no ha sido debidamente tramitada.

TERCERO: Que sin perjuicio de los argumentos de fondo que se han planteado por la recurrida, preliminarmente alega la extemporaneidad en la presentación del recurso, señalando que efectivamente, siendo el fundamento del recurso el mantener vigente un proceso de manera arbitraria por más de 30 años, según lo expuesto por el recurrente, resulta evidente que la acción de urgencia debió ser ejercida, con antelación y no al momento de intentar auto generar una nueva resolución de carácter administrativa, siendo extemporáneo el recurso de protección pues ha sido deducido en contra de una situación que el propio recurrente ha denunciada como de larga data y meses después de haberse deducido por ese mismo hecho distintas acciones y/o defensas.

CUARTO: Que haciéndose cargo esta Corte, en cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida, debe tenerse en consideración que si bien, los fundamentos que esboza la Tesorería Regional, se sustenta en que la acción deducida es en contra de una situación que el propio recurrente ha denunciada como de larga data, lo cierto, es que de acuerdo a lo planteado en el recurso de protección impetrado, se recurre en contra de la Resolución sin número de fecha 12 de agosto de 2019, dictada por la Tesorera Regional de la Araucanía, y notificada por carta certificada con fecha 19 de agosto del mismo año.

Teniendo en cuenta lo anterior, y siendo el plazo para recurrir de protección de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto que dio motivo a la amenaza, perturbación o privación del derecho que se estima vulnerado, según el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, y constando en estos autos que l resolución recurrida fue notificada con fecha 19 de agosto de 2019, y que la interposición de la presente acción constitucional data desde el 27 de agosto del año 2019, se debe concluir que la acción fue interpuesta dentro de plazo, debiéndose rechazar la incidencia planteada.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, se ha dejado establecido en esta causa, que existe un proceso de carácter tributario, judicial administrativo de cobro, en contra del recurrente.

Que, dicho proceso judicial administrativo existe de larga data y que la parte recurrente ha realizado actuaciones tanto administrativas como judiciales, a fin de enervar la acción deducida por la Tesorería Regional de Temuco, en ese contexto, y según se desprende del texto del recurso, además, realizó una presentación ante la Tesorería recurrida, de un escrito denominado “Petición administrativa ante acción de cobro de contribuyente don nombre reservado”, que tenía por finalidad, que dicha presentación se tramitara como un expediente administrativo distinto al proceso judicial administrativo que se llevaba en su contra, por tratarse de una solicitud administrativa y no un escrito más dentro del expediente que ya se encontraba en tramitación.

SEXTO: Que según se desprende de lo discutido en esta acción constitucional, existe un proceso en contra del recurrente, regulado por el Código Tributario, es decir, amparado por la ley del ramo, con un procedimiento establecido, legalmente tramitado, que además como en todos los procedimientos, la ley asigna herramientas de carácter procesal para impugnar las resoluciones, como son los recursos administrativos y procesales.

Siguiendo esa línea argumentativa, del análisis del contenido de la petición administrativa que realiza el recurrente, queda de manifiesto que, en dicho libelo, invoca los mismos hechos por los cuales se sustancia en el proceso administrativo Rol 1003-1998, que es tramitado por la Tesorería Regional de la Araucanía.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, la Resolución dictada por la Tesorera Regional, que se pronuncia sobre la petición realizada por el recurrente, negando lugar a dicha solicitud, es una facultad que está dentro de sus atribuciones legales y por lo demás, resuelve respecto de un proceso que se encuentra en tramitación en ese organismo.

Por lo anterior, y tratándose de una Resolución dictada por la autoridad competente, dentro de un proceso estatuido legalmente, no existe la ilegalidad y arbitrariedad denunciada, por cuanto ha existido el principio bilateralidad dentro de un debido proceso, contrariamente a lo sostenido por la parte recurrente.

OCTAVO: De tal manera, que la actuación de la recurrida, al dictar Resolución sin número por la cual se recurre, no hizo más que actuar dentro de sus atribuciones legales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, representación de don nombre reservado, en contra de la Directora Regional Tesorera de la Tesorería Regional de la Araucanía, Srta. nombre reservado.

Regístrese, comuníquese, agréguese a la carpeta digital y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don Marcelo Neculman Muñoz.

Protección-6034-2019. (fcv)