nombre reservado con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUPLICA

C.A. de Temuco Temuco, dos de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, actual Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal de esta entidad, quien deduce un recurso de protección en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE CHILE , Rut: RUT reservado, representada legalmente por la contralora general (s) Dorothy Pérez Gutiérrez, con domicilio en: Teatinos 56, Santiago de Chile, solicitando que restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenando a la entidad contralora, dejar sin efecto el dictamen E529939/2024, y pronunciarse sobre la procedencia del pago de la indemnización del artículo 34 de la ley 19.070, y consecuencialmente se ordene su respectivo pago a la I. Municipalidad de Purén.

Explica que mediante Decreto Nº 1359, fue nombrado en el cargo de Director Titular de la Escuela Enzo Ferrari, con fecha 03 de septiembre de 2015. Cumpliendo tales funciones hasta el año 2020.

Agrega que posteriormente, en virtud de la emergencia acontecida por la pandemia de covid-19, fue nombrado en el mencionado municipio en calidad de reemplazante en el cargo de Jefe del Departamento de Educación Municipal desde el 20 de enero al 30 de junio de 2020, mediante el decreto N° 570, de igual anualidad. Designación que se prorrogó sucesivamente hasta el 24 de mayo de 2021, para luego ser nombrado titular en dicho cargo directivo desde el 24 de mayo del 2021 al 24 de mayo de 2026, según da cuenta el decreto N° 994, de 2021, del mencionado municipio.

Habiendo dado estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley 19.070, en su artículo 34 b, se hacía procedente el pago de la indemnización equivalente a todas las remuneraciones devengadas por cada año de servicio en la Municipalidad.

Su remuneración mensual correspondía a la suma de $2.132.352 pesos, por tanto, la indemnización corresponde aproximadamente al monto de RUT reservado pesos o en su defecto a la suma de $12.794.116 pesos.

Señala que con fecha 21 de julio de 2022, solicitó el pronunciamiento a la Contraloría General de la República, a fin de determinar la procedencia de la indemnización ya señalada. En este contexto, el órgano contralor solicitó un informe a la Municipalidad de Purén a través del Oficio N° E238605 de fecha 25 de julio de 2022.

Mediante Oficio N°1.120 de fecha 12 de agosto de 2022, la I. Municipalidad de Purén, indicó que la solicitud de indemnización, no se encontraba resuelto en la jurisprudencia administrativa y que, por dicha razón, correspondía a la propia Contraloría pronunciarse.

- Oficio N°E255377 de fecha 09 de septiembre de 2022 de la Contraloría Regional de la Araucanía.

La resolución de la entidad contralora, señala que la acción por cobro de indemnización se encontraría prescrita, argumentándolo en base a los artículos 510 del Código del Trabajo, en relación artículo 71 de la ley 19.070. Dado que el cese del nombramiento del cargo corresponde al 20 de enero de 2020, y la solicitud de pronunciamiento es de fecha 22 de julio de 2022.

- Ord. N°19 de fecha 01 de febrero de 2024 enviado por la Jefa DAEM Subrogante, doña nombre reservado.

La referida autoridad, por medio de ordinario referido, solicitó al alcalde el pago de la indemnización establecida en el artículo 34 b de la ley N°19.070, dado que, señaló su procedencia. Y necesidad de pago urgente dado el tiempo transcurrido.

-Ord. Nº 2 de fecha 28 de marzo de 2024, enviado por don nombre reservado, asesor jurídico de la I. Municipalidad de Purén.

Desde la unidad jurídica de este municipio, se concluye su procedencia, y el hecho de que no se encuentra prescrito. Señalando “en virtud de los antecedentes expuestos, el suscrito concluye que el eventual derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 34 b) de la ley N°19.070, en favor de don nombre reservado, no se encuentra prescrito, al contrario de lo resuelto por la Contraloría General de la República”.

Que, esta parte, en virtud de los antecedentes expuestos, solicita a Contraloría un pronunciamiento respecto de la resolución N° E255377, de 2022, que declara la prescripción de la acción de indemnización del artículo 34 b de la ley 19.070.

Que, mediante resolución FOLIO: E525939 / 2024, el órgano contralor, en lo resolutivo, expone lo siguiente: “Pues bien, como es posible advertir la mencionada ley N° 21.226 tuvo aplicación para procesos judiciales, por lo que no resulta aplicable a esta Entidad Fiscalizadora que es un ente autónomo de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 98 de la Constitución Política de la República que, entre otras funciones, emite dictámenes obligatorios para la Administración del Estado como aconteció en la situación planteada por el señor nombre reservado, respecto al pago de la aludida indemnización.

Por consiguiente, atendido que los nuevos argumentos esgrimidos por el interesado no resultan aplicables al caso sobre el que se pronunció esta Contraloría Regional, corresponde desestimar la solicitud de reconsideración del oficio N° E255377, de 2022”. En definitiva, lo requerido por esta parte, decía relación con la procedencia del pago de la indemnización del artículo 34 b de la ley 19.070. Esto, en razón que, desde la Unidad Jurídica de la I. Municipalidad de Purén, se determina mediante oficios de fecha 01 de febrero y 28 marzo del 2024, que efectivamente correspondía el pago de la indemnización requerida, no encontrándose prescrito este derecho. A lo que la Contraloría Regional de la Araucanía, responde a través del referido oficio, el que se recurre en este acto, de forma ilegal y arbitraria, no dando cumplimiento a lo requerido por esta parte y afectando garantías constitucionales del recurrente.

Explica que dicha resolución es arbitraria e ilegal, pues como cuestión previa, es menester señalar que en virtud del artículo 98 de la Carta Fundamental, a la Contraloría General de la República le corresponde ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración; fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, y desempeñar las demás funciones que le encomiende la ley N° 10.336 orgánica constitucional respectiva.

En relación con la potestad dictaminadora, compete exclusivamente al Contralor informar por medio de dictámenes, entre otras materias, sobre el derecho a sueldos, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen, siendo solo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General los medios que pueden hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa (art. 98 de la Constitución, y ley N° 10.336, arts. 1°, 5°, 6° y 9°).

Ya, que mediante los dictámenes se realiza un trabajo de análisis e interpretación para fijar, con efectos generales y fuerza vinculante, el verdadero sentido y alcance de normas legales o reglamentarias, lo que permite dar uniformidad a su aplicación a lo largo del territorio nacional.

Arbitrariedad de la resolución impugnada Es arbitraria, puesto que no se expresan las razones, motivos o fundamentos para tal discernimiento utilizado, ni se da cumplimiento a lo requerido por esta parte. Puesto que se pedía a contraloría, un pronunciamiento únicamente de la procedencia de la indemnización establecida en el artículo 34 b de la ley N°19.070, lo cual no fue resuelto conforme a derecho.

Además, es arbitraria porque fue el mismo municipio de Purén, quien, por medio de su unidad jurídica, concluyó la procedencia del pago de la indemnización del artículo 34 b de la ley 19.070, y el hecho de que no se encuentra prescrito, al contrario de lo señalado por la Contraloría Regional de la Araucanía, mediante oficio N° E255377, de 2022. Es, por lo expuesto que habiéndose declarado procedente el referido pago desde la Ilustre Municipalidad de Purén, se pide a Contraloría un nuevo pronunciamiento del oficio N° E255377, de 2022, quien mediante oficio FOLIO: E525939 / 2024 fundamenta el acto administrativo mediante razonamientos generales, que no se condicen con la solicitud efectuada por esta parte, es arbitrario este actuar, ya que afecta el derecho ya reconocido del funcionario público.

Que, se hace necesario recalcar que la exigencia de fundamentación de los actos de administración se encuentra consagrada en la Constitución Política de la República, en su artículo 8, al consagrar el principio de transparencia, estableciendo la publicidad de los actos de administración, publicidad que se extiende a los “fundamentos” de los actos públicos y por el artículo 19 n° 2, en cuanto establece el principio de interdicción de la arbitrariedad. Lo propio se deriva, además de los artículos 11,40,41 de la ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos de los órganos de la administración del estado, y a mayor abundamiento, la propia, constante, y reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

Las normas citadas, en tanto obligatorias para los órganos de la administración del estado, son sin duda aplicables a la Contraloría General de la República, tal como lo dispone el artículo 4° de la ley 19.880 “Son actos administrativos, los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la administración en el ejercicio de sus competencias”.

Tal, como lo señala el profesor nombre reservado “la jurisprudencia tanto contralora como judicial, ha sido muy constante y homogénea en afirmar que el acto administrativo debe bastarse a sí mismo, por lo cual, además de otras exigencias, debe contener la consideración de los hechos que permiten dictar la medida adoptada, hechos que deben existir al momento de adoptar el decreto o resolución correspondiente, y que le dan sustento fáctico para que sea dictado por aquel o ésta”.

El dictamen impugnado, no cumple con el estándar requerido para cualquier acto administrativo, que hace exigible incluso la propia contraloría respecto de los actos administrativos de los órganos de la administración del estado, estándar que en definitiva implica que el dictamen impugnado debe necesariamente ser fundado, y dicho fundamento deriva necesariamente, de tener, contener y explicitar todos los elementos de juicio, razonamientos y conclusiones que ha debido tener la administración para formarse la convicción respecto de un asunto.

En consecuencia, al igual que con las sentencias judiciales, un acto administrativo no cumple con el requisito de ser motivado solo con el hecho de tener ciertos considerandos, la motivación es un requisito sustantivo, y no meramente cosmético ni antojadizo, es uno de los pilares del debido proceso, que exige que el acto contenga la narración y análisis de todo aquello que sea necesario para la cabal inteligencia y comprensión de lo que se decide.

En definitiva, de este apartado, no cabe, sino concluir que Contraloría no fundamentó la resolución recurrida en estos autos, incumpliendo los requisitos de todo acto administrativo. Y tampoco dio cumplimiento a la solicitud de pronunciamiento efectuado por esta parte. Vulnerando la garantía fundamental del derecho de propiedad, establecido en el artículo 19 n° 24 de la Constitución Política de la República En el mismo sentido nombre reservado señala que la arbitrariedad se da respecto de elementos discrecionales de la potestad de un órgano, o sea se trata de una voluntad no gobernada por la razón, esto es, carente de razonabilidad o fundamentación. Si tomamos en consideración ambos elementos, arbitrariedad y discrecionalidad, podemos señalar entonces que una institución incurrirá en una arbitrariedad, cada vez que en el ámbito de sus potestades discrecionales, ejerza algún acto que carezca de razonabilidad o fundamentación, como sucede en el caso reclamado en la especie, el acto impugnado, resulta ser arbitrario, no por ser un acto expedido por la contraloría en el uso de sus facultades, sino que la arbitrariedad, se manifiesta en un pronunciamiento alejado de las máximas de la razón y las leyes.

El mismo autor (nombre reservado, Recurso de Protección 2012), señala en “los actos unilaterales que emite la CGR unilateralmente, pueden ser ilegales o arbitrarios, pueden agraviar y de modo directo a los sujetos a quienes conciernan, sea a funcionarios o particulares, y finalmente, son plenamente recurribles ante la jurisdicción ordinaria y en especial en el recurso de protección”.

Dentro de los límites de los pronunciamientos de Contraloría, no puede afectar a derechos adquiridos, y en su proceso de análisis debe realizar un control de legalidad esencialmente formal, sin que pueda revisar la jerarquización de las normas y de los procedimientos, siendo ella tarea del legislador. Y no es un órgano jurisdiccional, que pueda afectar derechos ya consolidados.

Ilegalidad de la resolución impugnada.

Además, la resolución impugnada, es ilegal, dado que, no obstante, no haberse pronunciado sobre lo requerido, declara la prescripción, sin tener consideración las circunstancias excepcionales en que se encontraba el sistema judicial, producto de la Pandemia por Covid-19, que suspende plazos judiciales y administrativos. En que se dicta el Decreto Supremo Nº 4 del Ministerio de Salud de fecha 05 de enero de 2020, que decreta alerta sanitaria en todo el territorio nacional, para enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación, a nivel mundial del Covid-19.

Que, en ese mismo sentido, y considerando las facultades que detenta la entidad contralora, dicha resolución FOLIO: E525939 / 2024, infringe la normativa que debió aplicar la Contraloría en la materia. No se ajusta a derecho, constituyendo dicha resolución una infracción al ordenamiento jurídico, específicamente a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

El dictamen de Contraloría Nº 3.610 de fecha 17 de marzo de 2020, estableció que “en la especie, el brote Covid 19, representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves, consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado, incluidas las Municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que se en ellos se desempeñan y a la población así la extensión del virus, al tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios públicos críticos”. Es decir, por razones de fuerza mayor, deja de existir un estado de derecho ordinario, y producto de la gravedad de la pandemia, se toman medidas administrativas, que dan cuenta de suspensión de procedimientos, en aras de dar prioridad a la emergencia sanitaria.

A su turno, para el constituyente la voz “ilegalidad” toma su sentido natural y obvio, en el entendido que se trata, efectivamente, de una acción u omisión que es realizada en vulneración a la Ley, específicamente vulneración al principio de supremacía constitucional del artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Argumentación Jurídica de la procedencia del pago de la referida indemnización Solicitud efectuada dentro de plazo:

En primer lugar, es menester señalar que el pago de la indemnización es procedente desde el 21 de enero de 2020. Y al momento de ser requerido por esta parte, el 22 de julio de 2022, se encontraba plenamente vigente. Ya siendo declarado así por la I. Municipalidad de Purén.

Lo anterior, se funda en el artículo 510 del Código del Trabajo, y lo dispuesto en el inciso tercero de la ley Nº 21.226, publicada el 02 de abril de 2020, la cual estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad covid-19. Justamente en la resolución impugnada de CGR, citan una norma de procedimiento del Código del Trabajo, en que esta norma aplica íntegramente.

Aumentado los plazos perentorios, tanto de índole judicial como administrativo. Contraloría no toma en consideración lo anteriormente expuesto, siendo plenamente aplicable, tal como ha resuelto la Corte Suprema, de forma sustancial en casos similares. Más considerando que se cita una norma del Código del Trabajo, de índole judicial. Lo que ocurre, en el caso de marras, se desprende nítidamente que los plazos de prescripción y de caducidad para el ejercicio de las acciones laborales, fueron prorrogados, hasta cincuenta días hábiles contados desde la fecha de cese del estado de excepción, lo cual aconteció recién el 30 de noviembre de 2021. Es decir, solo de a contar de esta última fecha comenzaron a correr nuevamente los plazos de caducidad y prescripción, incluyendo el plazo establecido en el artículo 510 del Código del Trabajo.

Como se aprecia de lo anterior, el criterio sostenido por Contraloría –la justificación de la adopción de medidas limitantes del derecho de propiedad, restringido a una zona y un tiempo determinado–, y que no es más que una aplicación de las reglas excepcionales establecidas en la Constitución y en la ley, razona sobre la base de la anormalidad de la situación, que torna necesaria la adopción de medidas extraordinarias que incluso puedan afectar los derechos y garantías de las personas, con el objetivo de recuperar la normalidad institucional y velar por el interés general.

Indemnización solicitada:

La indemnización corresponde a la regulada en el inciso segundo del artículo 34 b de la ley 19.070, que dispone “cuando la causal de término de la relación laboral referida en el inciso anterior se aplique a profesionales que no pertenecían a la respectiva dotación docente, tendrán derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas el último mes, por año de servicio o fracción superior a seis meses, con un máximo de seis y un mínimo de uno”.

Conforme a lo descrito, es totalmente procedente, dado que, al momento del nombramiento de Director, no pertenecía a la dotación docente de la comuna de Purén. Por ende, y habiendo cesado mi nombramiento de Director de Escuela por el término de su periodo, es dable asumir que procede el pago de la indemnización establecida en artículo 34 b) de la ley ya señalada latamente en esta presentación.

La Municipalidad de Purén, mediante su departamento jurídico, había resuelto la procedencia e instrucción de pago de la referida indemnización del artículo 34 b de la ley 19,070, siendo la indemnización un derecho indubitado, en que la Contraloría Regional de la Araucanía, no se pronuncia respecto del tema requerido, afectando directamente el derecho de propiedad preexistente del recurrente. Derecho que pasó a formar parte del patrimonio de mi representado, como un derecho no como una mera expectativa, cuyo cambio ilegal y arbitrario de criterio le afectará directamente Todo lo anterior, constituye una privación de la garantía reconocida en el artículo N.º 24 (derecho de propiedad) del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.

En el caso de marras, se trata de un derecho indubitado, dado que la I. Municipalidad de Purén, había reconocido el pago de la indemnización requerida. Y es la Contraloría de forma arbitraria e ilegal, se pronuncia señalando que se encontraba prescrita mediante oficio N° E255377 de 2022, sin referirse a la solicitud de pronunciamiento de dicho oficio, efectuado por esta parte este 2024, entregando una respuesta carente de fundamento jurídico y que no se pronuncia respecto del fondo del asunto.

Así las cosas, como se podrá advertir el derecho de propiedad que le afecta, dice relación con que se le priva de una indemnización en dinero, de la cual es legítimo acreedor, en virtud de haber dado estricto cumplimiento al artículo 34 b ley 19.070.

Expresa Condena En Costas.

La presentación del presente recurso responde a la respuesta lógica ante la evidente ilegalidad y arbitrariedad de la conducta de la Contraloría General de la República, por ende, no resulta justo que los gastos y costos que su interposición, tengan que ser asumidos por esta parte, y en atención a que el propio Auto Acordado que rige el Recurso de Protección dispone la posibilidad de la condena en costas, solicita que, una vez acogido el presente recurso, y restablecido el imperio del derecho, condene al recurrido al pago de las costas procesales y personales de este recurso.

Pide tener por interpuesto el presente recurso de protección, acogerlo a tramitación, y ordenar informe a la recurrida de autos, para que una vez recibido dicho informe, VS. Iltma. se sirva acoger íntegramente el presente recurso, y habiéndolo acogido, restablezca el imperio del derecho, disponiendo que la Contraloría General de la República:

- Deje sin efecto el dictamen E529939/2024, y se pronuncie sobre lo requerido, que es la procedencia del pago de la indemnización del artículo 34 de la ley 19.070, y consecuencialmente se ordene su respectivo pago a la I. Municipalidad de Purén.

A su recurso acompaña el Oficio E525939 / 2024 emitido por Contraloría Regional de la Araucanía y el Oficio n° 2 Ilustre Municipalidad de Purén A folio 11, evacúa informe doña nombre reservado, Fiscal de la Contraloría General de la República, en los siguientes términos:

La acción de autos ha sido interpuesta en contra de esta Entidad de Control, por la emisión del oficio N° E525939, de 12 de agosto de 2024, de la Contraloría Regional de La Araucanía, que desestimó la solicitud de reconsideración deducida por el actor respecto del oficio N° E255377, de 9 de septiembre de 2022, que atendió una consulta sobre su eventual derecho al pago de la indemnización regulada en el inciso segundo del artículo 34 B de la ley N° 19.070.

A través del aludido oficio N° E255377, de 9 de septiembre de 2022, la citada Contraloría Regional concluyó que atendido que el señor nombre reservado había cesado con fecha 20 de enero de 2020 en el cargo de Director de la Escuela Enzo Ferrari de la Municipalidad de Purén, al asumir como reemplazante en el cargo de Jefe del Departamento de Educación Municipal de esa comuna su eventual derecho al pago de la indemnización por la que consultaba se encontraba prescrito de conformidad con el artículo 510 del Código del Trabajo, aplicable supletoriamente en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la ley N° 19.070, ya que había recurrido por primera vez ante esa Sede Regional de Control el 22 de julio de 2022, esto es, una vez transcurrido el aludido plazo de dos años.

Luego, el 2 de julio de 2024 el actor ingresó a la Sede Regional de la Araucanía, una solicitud de reconsideración del citado pronunciamiento, ya que en su opinión a la fecha de su anterior requerimiento, esto es, al 22 de julio de 2022, su derecho al pago de la referida indemnización no se encontraba prescrito, atendido que la ley N° 21.226 habría extendido los plazos tanto de índole judicial como administrativo, de modo que el plazo de prescripción se habría prorrogado hasta cincuenta días hábiles contado desde la fecha de cese del estado de excepción, lo que aconteció el 30 de noviembre de 2021.

Enseguida, con fecha 12 de agosto de 2024, mediante el oficio N° E525939, la aludida Sede Regional desestimó la referida reconsideración, puesto que la citada ley N° 21.226 -que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile-, tuvo aplicación en los procesos judiciales, e indicó en qué casos se interrumpe o extiende la prescripción en dichos procedimientos, pero no incorporó referencia alguna a los procedimientos administrativos, por lo tanto, esta Entidad de Control no puede extender sus efectos a casos no contemplados expresamente en la norma.

En ese contexto, el actor interpone la presente acción cautelar impugnando el oficio N°E525939, de 2024, de la Contraloría Regional de la Araucanía, pues a su juicio vulneraría la garantía constitucional consagrada en el numeral 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, solicitando en el petitorio de la acción, que VS. Iltma. “Deje sin efecto el dictamen E529939/2024, y se pronuncie sobre lo requerido, que es la procedencia del pago de la indemnización del artículo 34 de la ley 19.070, y consecuencialmente se ordene su respectivo pago a la I. Municipalidad de Purén”.

Si bien la acción de protección deducida se dirige formalmente en contra del oficio N° E525939, de 12 de agosto de 2024, de la Contraloría Regional de La Araucanía, lo cierto es que de los fundamentos que se exponen en el recurso, se desprende con claridad que el acto que en definitiva habría provocado la supuesta vulneración de garantías que reclama el recurrente es el oficio N° E255377, de 9 de septiembre de 2022, de esa Contraloría Regional.

En consecuencia, considerando que el recurso de protección fue presentado el 11 de septiembre de 2024, la presente acción cautelar resulta extemporánea, al haber sido ejercida dos años después de que el recurrente tuvo conocimiento del oficio que inicialmente se pronunció sobre el asunto y respecto del cual el oficio impugnado se limita a rechazar una solicitud de reconsideración -formulada prácticamente 24 meses después-, por lo que en la especie se ha excedido con creces el plazo de 30 días corridos previstos para su interposición.

Al respecto, cabe señalar que aceptar la posibilidad de deducir esta acción cautelar en contra del aludido oficio E525939, de 2024, que desestimó la referida reconsideración presentada por el actor, importaría, primero, extender el petitorio del recurso de autos a un acto que no ha sido directamente impugnado, y segundo, entender que el plazo fatal contemplado para interponer el recurso de protección sería inoperante, ya que la existencia de dicho término quedaría sujeta al arbitrio y voluntad del afectado, quien podría hacer revivir permanentemente el derecho a la acción protectora ya fenecida, sobre la base de presentaciones sucesivas de cualquier naturaleza relativas al mismo asunto.

Asimismo, y en relación con la importancia de la irrestricta observancia del plazo de interposición de la acción de protección, es conveniente tener presente el criterio contenido en el considerando undécimo del fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, rol N° 772-22, confirmado con fecha 13 de enero de 2023, por la Excma. Corte Suprema en autos rol N° 31.918-22, en cuanto a que acatar, respetar y aplicar la normativa del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, entre las cuales, se incluye el respeto por el plazo fatal determinado para su interposición es relevante, por cuanto: “(…)proceder de diversa forma implicaría una discriminación hacia quienes se les hizo efectivo el estricto cumplimiento de dicho plazo, lo que generaría una desigual aplicación de la ley, sin perjuicio de que la certeza para el ejercicio del derecho como de la estabilidad de las decisiones, en este caso administrativas, se verían seriamente afectadas, todo lo cual no se condice con los efectos y las garantías que este servicio y en este tipo de materias está llamado a cumplir y resolver”.

Por tal motivo, debe concluirse que el plazo para interponer el recurso de autos se encuentra latamente vencido, correspondiendo el rechazo de la presente acción por extemporánea.

En la especie, es pertinente puntualizar que el recurrente al deducir la presente acción contra el oficio N° E525939, de 2024, no intenta amparar un derecho indubitado y no disputado, sino que busca obtener una interpretación diferente de las normas y jurisprudencia aplicables en la especie.

Lo anterior queda en evidencia al advertir que el actor solicita en su libelo que se ordene a esta Entidad Contralora dejar sin efecto el referido pronunciamiento y que esa Iltma. Corte de Apelaciones se pronuncie sobre la procedencia del pago de la indemnización del artículo 34 B de la ley N° 19.070, y consecuencialmente, ordene a la Municipalidad de Purén su pago, por lo que no hay un derecho indubitado que sea vea amenazado o lesionado, sino que una pretensión de que el presente arbitrio sustituya a una acción declarativa de derechos que es lo verdaderamente intentado. Cita jurisprudencia.

En efecto, resulta improcedente que la pretensión de autos sea dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, requisitos copulativos que han sido exigidos por la reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia. Cita jurisprudencia.

Ausencia de ilegalidad o arbitrariedad No se advierte de qué manera la emisión del oficio N° E525939, de 2024, de la Contraloría Regional de la Araucanía que confirma el oficio N° E255377, de 2022, de ese origen, adolece de ilegalidad, toda vez que de conformidad con lo dispuestos en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 6 y 9° de la ley N° 10.336; resolución N° 1.002, de 2011, que establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales, la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo a la habilitación que las mencionadas normas han otorgado a esta Entidad, con estricto apego al ordenamiento jurídico.

En la especie, de la lectura del citado oficio N° E525939, de 2024, -y del oficio N° E255377, de 2022, que en realidad constituye el acto impugnado-, se observa que estos contienen los fundamentos jurídicos y fácticos que condujeron a dicha Contraloría Regional a la conclusión que en ellos se expresa.

Por ende, de acuerdo con lo expuesto, al emitirse el oficio que se impugna sólo se han ejercido las facultades privativas que a esta Entidad de Fiscalización le otorgan la Constitución Política de la República, su ley orgánica y demás normas pertinentes.

Tampoco puede considerarse arbitrario el oficio impugnado en autos ya que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituye el resultado de un estudio de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la debida ponderación de estos y de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia, lo que representa el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor.

Luego, en cuanto a la alegación de arbitrariedad basada en que la unidad jurídica de la Municipalidad de Purén concluyó que le asistía el derecho al pago de la indemnización que reclama, y que su acción de cobro no se encontraría prescrita, cabe señalar que el hecho de que las entidades sujetas a la fiscalización de esa Entidad de Control no compartan su criterio interpretativo no transforma el pronunciamiento impugnado en ilegal o arbitrario.

Sobre este punto, es del caso señalar que la Municipalidad de Purén forma parte de la Administración del Estado, de conformidad con el artículo 1° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por lo que, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 98 de la Carta Fundamental, se encuentra sometida a la fiscalización de este Organismo Fiscalizador.

Luego, tampoco resulta valedero asumir el argumento del actor ya que implicaría que esta Entidad Fiscalizadora no podría arribar a conclusiones contrarias al parecer de los órganos que se encuentran en la esfera de su fiscalización, lo cual resulta absurdo, por cuanto haría que el control de este Organismo Contralor fuera completamente innecesario.

En cuanto al fondo del asunto El recurrente en su libelo afirma que el pago de la indemnización del inciso segundo del artículo 34 B de la ley N° 19.070 le corresponde desde el 21 de enero de 2020, por lo que al ser solicitada a este Órgano de Control el 22 de julio de 2022 el plazo para su percepción se encontraba vigente, como lo declaró la Unidad Jurídica de la Municipalidad de Purén que habría determinado la procedencia de aplicar en la especie la ley N° 21.226, que estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de acciones que indica, con motivo del Covid-19.

Señala que el artículo 510 del Código del Trabajo es una norma de procedimiento, por lo que le resultaría aplicable la mencionada ley N° 21.226. Así, a contar del 30 de noviembre de 2021, fecha de cese del estado de excepcional constitucional de catástrofe, por calamidad pública, con motivo del Covid-19, comenzó a correr nuevamente el plazo de prescripción que regula el citado artículo 510.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo -norma aplicable supletoriamente a los profesionales de la educación del sector municipal, conforme al artículo 71 de la ley N° 19.070-, los derechos contemplados en el estatuto en comento prescribirán en el plazo de dos años desde que se hicieron exigibles, esto es, desde que se produce el cese de funciones como concluyera, entre otros, el dictamen N° 7.482, de 2013, de este Organismo Contralor.

En lo que respecta a la aplicación de la citada ley N° 21.226, cabe señalar que esta establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica.

En dicho contexto el artículo 8°, inciso tercero, de dicho texto legal dispone, en lo pertinente, que para el ejercicio de las acciones laborales y de competencia de los juzgados de policía local se entenderán prorrogados los plazos de prescripción y de caducidad respectivos, hasta cincuenta días hábiles contados desde la fecha de cese del estado excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio y Seguridad Pública, y el tiempo que sea prorrogado, si es el caso.

De lo anterior se puede colegir que el plazo de prescripción del artículo 510 del Código del Trabajo se prorrogó en relación con las acciones laborales interpuestas ante los tribunales de justicia, lo que supone deducir una acción judicial, pero no ante este Organismo Fiscalizador, ya que la norma sobre prescripción se prevé en un estatuto de derecho público que no admite aplicaciones o interpretaciones analógicas, por lo tanto no cabe aplicar en la especie la citada ley N° 21.226, ya que cómo se indicó la Contraloría General de la República goza de autonomía constitucional, y no constituye un Tribunal de la República.

De lo precedentemente expuesto, es posible concluir la inefectividad de las alegaciones realizadas por el señor nombre reservado, puesto que tal como se dijo, la Contraloría Regional en el estudio de la materia que dio como resultado la emisión del oficio N° E255377, de 2022, ratificado por su símil N° E525939, de 2024, tuvo en cuenta tanto lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo y luego, además, la ley N° 21.226, para desestimar el requerimiento del recurrente.

Garantía constitucional supuestamente vulnerada.

Derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

El actor aduce que con la interpretación efectuada por esta Entidad de Control se habría vulnerado su derecho de propiedad, por cuanto, en su opinión, el hecho de que el departamento jurídico de la Municipalidad de Purén haya resuelto la procedencia e instrucción del pago de la indemnización del artículo 34 B de la ley N° 19.070, lo convirtió en un derecho indubitado.

Al respecto, cabe señalar que para que un bien ingrese al patrimonio de una persona se deben satisfacer las condiciones que el ordenamiento jurídico prevé al efecto, esto es, en el caso analizado, que el requerimiento del eventual derecho al pago de la indemnización se haya realizado dentro del plazo de dos años contado que establece el artículo 510 del Código del Trabajo, desde que el actor cesó en el cargo de director de un establecimiento educacional de la Municipalidad de Purén, y no como ocurrió en la especie que solicitó su pago una vez transcurrido dicho plazo de prescripción.

Por consiguiente, no se advierte cómo el acto recurrido, realizado dentro de las atribuciones que constitucional y legalmente le competen esta Entidad Fiscalizadora, podría haber vulnerado el derecho de propiedad del recurrente.

Atendidos los antecedentes y consideraciones expuestas, teniendo presentes las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, se solicita que desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos.

A su informe acompañó:

1. Oficio N° 1. Oficio N° E525939, de E525939, de 12 de agosto de 2024, de la Contraloría Regional de La Araucanía.

2.- Oficio N° E255377, de 9 de septiembre de 2022, de la Contraloría Regional de La Araucanía.

3.- Presentaciones ingresadas a esta Entidad de Control bajo las referencias N° W22169, de 2022 y W40307, de 2024.

4.- Dictamen N° 7.482, de 2013, de la Contraloría General de la República.

5- Resolución N°10 de 2024 de la Contraloría General de la República.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el acto contra el cual se reclama se trata de un dictamen dictado por el ente recurrido, la Contraloría General de la República, en el cual da respuesta a la solicitud del recurrente, en cuanto a que su derecho de indemnización se encuentra prescrito.

TERCERO: Que, más allá del conflicto jurídico subyacente y la discusión que plantean las partes, preciso es manifestar que lo que se busca por intermedio de la presente acción en definitiva es determinar si el derecho a indemnización que solicita el actor, bajo el alero del artículo 34 b de la ley 19.070, se encuentra prescrito o no, de forma tal que el derecho que alega el recurrente no se erige como cierto e indubitado, no siendo esta la vía idónea para la discusión respecto de la existencia, mantención o extinción de derechos u obligaciones, por tratarse de un procedimiento sumario, concentrado y desformalizado.

CUARTO: Que, cabe consignar también que lo pedido en el recurso excede con creces la naturaleza del recurso de protección, que tiene como único objetivo cautelar derechos fundamentales preexistentes frente a actos ilegales o arbitrarios que los afecten de forma actual e inmediata, por lo que la presente acción no podrá prosperar, según se dirá.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA el deducido a folio 1, por don nombre reservado en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE CHILE.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán.

Rol N° Protección-6015-2024.(jog)