COMITÉ DE APR EL ESCUDO, LAUTARO con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, once de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, presidenta del COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE EL ESCUDO, quien deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, calle de En Medio, comuna de Lautaro, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en impedir el acceso a la instalaciones del Servicio de Agua Potable, que en virtud de un comodato celebrado con el padre de la recurrida, actualmente fallecido, usaba como comodatario el Comité recurrente, lo que vulneraría las garantías de los numerales 1, 3 inciso 5° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Contextualiza su recurso indicando que con fecha 17 de mayo de 2019, el propietario del predio don nombre reservado, suscribió un contrato de comodato con la Municipalidad de Lautaro, en virtud del cual se autorizó el emplazamiento del estanque en una porción de terreno de aproximadamente 1600 metros cuadrados, esto para emplazar instalaciones del APR. Dicho contrato contempla una duración de 5 años, renovables automáticamente, sin embargo, la presunta heredera del comodante, doña nombre reservado, mediante carta fechada el 10 de mayo de 2024 comunica su intención de terminar el contrato, procediendo a continuación a cercar el terreno e impedir el acceso a la captación de agua.

De este modo, la recurrida, sin adjuntar posesión efectiva ni título alguno más que su certificado de nacimiento determinó terminar el contrato de comodato existente con la Municipalidad, a juicio de la recurrente, de manera ilegal y arbitraria, mediante carta ya señalada.

Luego de dicha carta, la recurrida procedió a cerrar el acceso al inmueble, ante lo cual los dirigentes del Comité solicitaron desesperados la ayuda de la Municipalidad para mediar en el conflicto y permitir un acuerdo beneficioso para todas las partes. Sin embargo, la recurrida rechazó la oferta realizada del comité, persistiendo en prohibirles el paso a la captación de agua, repeliendo con violencia cualquier intento de entrar al recinto.

El día viernes 30 de agosto de 2024 sostuvimos una reunión con representantes de la Municipalidad que buscaban una mediación al conflicto. Se realizó visita a terreno el día viernes por el alcalde de la comuna, quien no logró convencer a la recurrida de llegar a algún acuerdo formal con la comunidad para no impedir su acceso al agua. Posteriormente, el día lunes 02 de septiembre, se apersonó en las dependencias cerradas por la recurrida, el encargado de gestión comunitaria de la DOH Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, en las cuales se constató la total negativa por parte de quien se señala la propietaria, para el ingreso. Así mismo, la recurrida solicitó el retiro de toda la infraestructura del comité.

Si bien este comité entiende que es necesario regularizar la situación del bien, también es cierto que dicha captación de agua cumple una función pública vital de indiscutible relevancia, lo que a nuestro juicio impide entablar estas vías de hecho sostenidas por la recurrida.

El no tener acceso a las dependencias de proceso operacional ha tenido terribles consecuencias, pues debido a lo anterior no se cuenta con acceso a la captación y el sistema completo se encuentra sin agua, esto ha causado que se deba comprar agua potable en bidones para beber. Perjudicando de esta forma a muchas familias y niños, en busca de beneficios personales.

Argumenta que el actuar de la recurrida infringe lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 20.998 que consagra un estatuto público de los bienes necesarios para la provisión del acceso al agua potable, sin perjuicio de que su propietario sea el Fisco, el Comité o un tercero. Este estatuto protector constituye una limitación al dominio de los particulares, lo que con mayor razón aplica al caso si no existe dominio por parte de la recurrida.

En segundo término, alega que el fallecimiento del comodante la heredera debe encontrarse debidamente declarada como tal para ejercer los derechos y obligaciones que provienen del contrato originalmente celebrado, esto implica que la carta enviada al Municipio carece de validez. La única forma de acreditar la calidad de heredera a este respecto es la posesión efectiva totalmente tramitada. Al no existir este documento, se renovó automáticamente por 5 años el comodato no habiendo una notificación válida del término del mismo.

Aduce que se afecta el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de todos los socios y usuarios del comité de agua potable rural, pues el acceso al agua potable es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado, conforme lo dispone el artículo 5 de la ley 21.435.

Añade que se afecta el derecho de propiedad, toda vez que no puede ejercer las prerrogativas inherentes a su derecho de propiedad en las instalaciones cuyo dominio no pertenece ni al comodante ni a la recurrida.

Finalmente invoca como vulnerado el derecho a no ser Juzgado por comisiones Especiales, por cuanto la recurrida con su vía de hecho sin incoar el pronunciamiento de las entidades competentes jurisdiccionales y/o administrativas (lo que presupone como mínimo una declaración de heredera en virtud de la posesión efectiva de la herencia) ha asumido la función de juzgar, y ejecutar coactivamente lo por ella juzgado, realizando una función que pertenece constitucionalmente a los tribunales establecidos por ley.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva, se ordene:

1.- Que, la recurrida permita de forma inmediata el acceso del Comité a las instalaciones del servicio de agua potable (SSR) de El Escudo, de forma inmediata de su notificación y con auxilio de la fuerza pública. Manteniendo las cosas en el mismo estado anterior a los actos ejercidos y abstenerse de ejercer en lo sucesivo la recurrida de cualquier vía de hecho en contra del comité que represento o su directiva.

2.- En su defecto, como subsidiario o alternativo, su SSA.I. decrete la obligación de la recurrida a permitir el acceso del comité por un plazo que SS. Iltma. estime prudente para el restablecimiento del derecho.

3.- Todo lo anterior con expresa condena en costas.

A folio 9, evacúa informe doña Karina Andrea Recabarren Medina, abogada, en representación de la recurrida, doña nombre reservado, pidiendo el rechazo del recurso.

En primer término, expone los antecedentes de hecho, refiriendo que efectivamente su padre celebró un contrato de Comodato con la Municipalidad de Lautaro con fecha 17 de mayo de 2019 con la finalidad de contribuir con el plan de mejoramiento de las instalaciones del Comité de Agua Potable Rural “El Escudo”, el cual efectivamente tenía una duración de 5 años renovables, por periodos iguales y sucesivos, debiéndose notificar la decisión de término con una antelación a lo menos 60 días.

Señala que efectivamente es la única heredera, por ser hija única y encontrarse ambos padres fallecidos, contando con las respectivas inscripciones de la posesión efectiva, encontrándose únicamente pendiente inscripción especial de herencia respecto de su padre, el causante nombre reservado.

Así las cosas, al ser las sucesiones hereditarias de sus padres intestadas, la recurrente como hija única, es la legitimaria exclusiva de sus padres, siendo la actual propietaria exclusiva de la parcela N°31 del plano de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Asignataria” El Escudo Limitada” de una superficie aproximada de 50 hectáreas físicas.

Alega que no existe un actuar ilegal ni arbitrario al querer poner fin al contrato de comodato, toda vez que si bien, esta parte es consciente de que el comodato no se extingue con la muerte del comodante, el artículo 2180 del Código Civil es tajante al indicar que “El comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido; o a falta de convención, después del uso para qué ha sido prestada. Pero podrá exigirse la restitución aun antes del tiempo estipulado, en tres casos: 2º. Si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa (…)”.

Y qué más necesidad imprevista y urgente de la cosa que a la fecha para cumplirse el plazo de los 5 años del contrato, el comodante se encontraba fallecido, por lo que al 17 de mayo del 2024, el comodato, un contrato intuito personae, había cambiado de persona como comodante, siendo doña nombre reservado la nueva propietaria y quien adquiere el pleno dominio sobre los bienes de sus padres, esto quiere decir, es la única persona que tiene la facultad de a usar, gozar y disponer de ellos a su arbitrio. Por lo que es ilusorio y poco serio instar la cláusula quinta del comodato que se refiere al plazo de duración, forma de extinción y renovación, indicando que le correspondía al comodante manifestar su voluntad de poner término al contrato, cuando a la fecha se encontraba fallecido.

Por lo mismo y pese a que en el recurso se indica que la recurrida solo acompañó un certificado de nacimiento alegando ser la heredera al momento de presentar una carta a la Municipalidad, lo cierto es que las correspondientes posesiones efectivas se encuentras aprobadas por resoluciones exentas del Director Regional de la Araucanía del Servicio del Registro Civil e Identificación, y pese a que hasta el momento solo está realizada la inscripción especial de la herencia de doña nombre reservado, es importante señalar que tanto la tramitación de las posesiones efectivas de ambos padres como sus respectivas inscripciones especiales de la herencia ha significado un proceso sucesorio complejo para la recurrida, toda vez que estamos frente a una masa hereditaria de alto valor debido a que son más de 50 las hectáreas que conforman la propiedad objeto del recurso, además de otros bienes heredados, lo que como consecuencia ha obligado a mi clienta a desembolsar sumas millonarias de dinero para costear cada diligencias en las diferentes entidades (Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, Conservador de Bienes Raíces de Lautaro) con la finalidad de regularizar todo a su nombre, por lo que además ha sido un proceso extenso, ya que el costo monetario ha excedido su capacidad económica, teniendo que recurrir incluso a créditos bancarios, ya que a todo esto, se le ha sumado el pago de contribuciones de la propiedad. Por lo que evidentemente existe una necesidad imprevista y urgente de la cosa de ser vendida, ya que mi clienta no puede asumir la obligación constante del pago de las contribuciones de la propiedad, ni la responsabilidad y costos de la mantención de más de 50 hectáreas, así como tampoco se le puede obligar a ello y menos aún juzgar por “querer disponer del inmueble por el solo beneficio personal”, como se indica en el recurso. Además está en todo su derecho de disponer de los bienes que ha heredado y obtener ganancia de ellos, si así lo requiere su proyecto de vida. Sobre todo porque se trata de una jefa de un hogar con 2 hijas menos de edad.

Expresa que en forma reiterada trató de pactar una via de solución con la Municipalidad, recibiendo respuestas evasivas. Solo en abril de 2024 pudo reunirse con el alcalde, se comprometió a informarse bien respecto de la situación y a encontrar una solución en cuanto a la reubicación de las instalaciones con la finalidad de poner término a la relación contractual, por lo que le indicó que la mantendrían informada de todas las gestiones al respecto, las cuales se llevarían a cabo a la brevedad, lo que no ha acaecido.

Reconoce que el portón se mantiene con llave pero no se trata de un acto u omisión arbitrario o ilegal, ya que el predio ha estado cercado desde siempre porque se trata de una propiedad privada. Incluso, al momento de celebrar el contrato, don nombre reservado hizo entrega de una copia de llave del candado, que fue entregada y manejada todo este tiempo por don nombre reservado, cónyuge de la actual presidenta del comité y recurrente, quien sería el encargado de las gestiones que se realizarían en las instalaciones del sistema de captación de agua. Por lo que en ese sentido y como la recurrente alude al cumplimiento del contrato, indicar que al menos se busca hacer efectivo el cumplimiento de la cláusula tercera que se refiere a las obligaciones de la comodataria por cuanto se debe impedir el acceso de terceros extraños al comodante y comodataria, porque si de las demás obligaciones se trata, en estos 5 años la comodataria no ha manifestado intención alguna en cuidar, resguardar, proteger el recinto, mantener el camino de acceso o si quiera cautelar su aseo y ornato. Siendo don nombre reservado y, hoy, su hija nombre reservado quien ha tenido que asumir esa responsabilidad, sin obtener ni el más mínimo reembolso o indemnización por los gastos.

Niega haber vulnerado las garantías constitucionales invocadas, sino que se trata del legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de la recurrida, puntualmente su derecho de propiedad.

A su juicio, el Comité de agua potable rural “El Escudo” debería perseguir la responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de Lautaro, que es el organismo que tiene el deber de solucionar a la brevedad asuntos como estos con sus comunidades y no atacar a un particular que solo hace ejercicio de las facultades que la ley le otorga, toda vez que la venta de la propiedad es un hecho futuro y cierto y si no es ahora, será el próximo propietario quien le ponga fin al comodato, ya que ni la Municipalidad, ni el Comité tiene la facultad para obligar a un particular a renovar el contrato.

Por otro lado, es importante informar que además de todo lo ya indicado, en el presente recurso se falta a la verdad de manera grave en al menos tres ocasiones: La primera, al indicar que ha existido negativa por parte de la recurrida para conciliar, toda vez que la Municipalidad de Lautaro, el Comité de agua y el encargado de gestión comunitaria de la DOH Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales no se han acercado, visitado, reunido o contactado con doña nombre reservado para presentarles ninguna clase de oferta, como se indica en el recurso. La segunda, al señalar que han tenido que comprar agua potable en bidones para beber, debido a que diariamente va un camión aljibe a dejar agua para abastecer a la comunidad, mismos camiones que en época de verano van a dejarles agua cuando la vertiente que se encuentra en el predio de la recurrida queda sin flujo. La tercera, la recurrida no procedió a cerrar el acceso al inmueble luego de enviar la carta a la Municipalidad el día 10 de mayo de 2024, ya que la propiedad siempre ha estado cercada y el portón de la imagen permanece con llave por un criterio mínimo de seguridad desde que don nombre reservado era propietario, ya que fue él quien lo instaló y como se indicó, él mismo entregó copia de la llave del candado a la comodataria, porque solía mantenerlo cerrado. Y en ese sentido, indicar que no ha existido cambio de candado, ni sistema de seguridad, por lo que se desconoce el paradero de la copia de la llave que entregó don nombre reservado y que estaba a cargo de don nombre reservado.

Finalmente alega que el recurso de protección la vía idónea para adoptar o determinar la titularidad de los derechos supuestamente afectados, si es que procede, debiendo optarse en su caso por los procedimientos jurisdiccionales existentes al efecto.

A folio 21, informa la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la Dirección de Obras Hidraulicas de la Araucanía.

Explica que la Subdirección en ningún caso cuentan con facultades legales que permitan resolver la problemática que es objeto de la acción de protección, puesto que la ley no las ha revestido de facultades resolver conflictos entre partes, aquella facultad le pertenece en forma exclusiva y excluyente a los Tribunales de Justicia, siendo en ese aspecto su única participación en aquel conflicto, una asesoría que permitiera a las partes arribar a algún tipo de acuerdo que pusiera fin al conflicto, que fue precisamente lo que se intentó hacer, pero que no tuvo ningún tipo de eco en la recurrida.

Precisa que personal de esta subdirección se apersonó en el terreno el día 2 de septiembre de 2024, y constató en primer lugar el cierre del terreno y en segundo lugar la total negativa de la recurrida a que nuestro personal ingresara a las instalaciones donde está emplazada la captación de agua.

Alega la recurrente que sería heredera de su fallecido padre, y respecto de aquel existiría un contrato de comodato celebrado con la Municipalidad de Lautaro, entiende la recurrida que habiendo fallecido su padre se habría extinguido el contrato de comodato y, sin recurrir a un pronunciamiento judicial, decide en forma unilateral poner término a dicho contrato y cercar las instalaciones impidiendo el ingreso de cualquier persona.

Cabe recordar en este punto que conforme las disposiciones de la ley 20.998 las instalaciones en que funciona el sistema de agua potable rural son bienes indispensables, puesto que cumplen una finalidad de utilidad y salubridad pública.

Que se encuentra reconocido por la recurrida que es el Comité el Escudo quien ha hecho uso de las instalaciones desde el año 2019, por lo que es una situación de hecho no discutida. También ha reconocido la recurrida que en forma unilateral decidió poner término al contrato de comodato existente con la Municipalidad de Lautaro, sin haber recurrido a los tribunales de justicia planteando dicha pretensión.

Que se torna necesario la revisión del contrato de comodato en instancias judiciales, en un juicio de lato conocimiento, puesto que, conforme a las disposiciones de dicho contrato, este tenía una duración de 5 años y su renovación era automática, por lo que válidamente podríamos estar en presencia de un contrato ya renovado.

En cualquier caso, no corresponde a esta subdirección efectuar interpretaciones de contratos ni referirse a pretensiones jurídicas entre partes, las que, como señaló deben ser planteadas y resueltas por los tribunales de justicia conforme al procedimiento que en derecho corresponda.

Lo cierto es que, según los propios dichos de la recurrida, es ella quien ha alterado el status quo existente, de manera totalmente arbitraria, por su mera voluntad, lo que hace prístina la vulneración al derecho de propiedad del Comité El Escudo, afectando además el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de todos los socios y usuarios del comité, quienes actualmente se encuentran impedidos del acceso al agua.

Se hace necesario recalcar que el acceso al agua está consagrado como un derecho humano que debe ser garantizado por parte del Estado, como lo establece el inciso cuarto del artículo 5° de la ley 21.435.

Concluye que el actuar de la recurrida finalmente lo que hace es impedir a un número importante de familias el acceso al agua, razón por la que estima esta subdirección que la Ilustrísima Corte de Apelaciones está en condiciones de reestablecer el imperio del derecho, acogiendo la acción de protección y ordenando a la recurrida que permita el acceso a las instalaciones del comité, retirando el cerco o cierre instalado, o cualquier otra medida que la Ilustrísima Corte estime conforme a derecho.

A folio 23, evacua informe la Municipalidad de Lautaro señalando:

1.- Expresa que es efectivo que en fecha 17.05.2019, se suscribió Contrato de Comodato entre don nombre reservado y la Municipalidad de Lautaro.

2. Que el Contrato de Comodato suscrito entre ellos se establecía sobre una porción de 1.600 mt2, de la Parcela Nº31, de propiedad de don nombre reservado, cuya superficie total era de 50 hectáreas, y cuya inscripción de dominio se encontraba inscrita a fojas 377v Nº311 del año 1980, del Conservador de bienes Raíces de la Comuna de Lautaro. Siendo su Rol de avalúo el 304-134 de la misma Comuna.

3. El objeto jurídico en su establecimiento era poder “construir, mejorar y mantener en el tiempo el plan de mejoramiento de las instalaciones del Comité de Agua Potable Rural El Escudo, para lo cual el comodante-don nombre reservado- otorgó la autorización correspondiente al comodataria para ingresar y realizar todo tipo de trabajos en el terreno entregado en comodato”.

4. El Plan de mejoramiento de las instalaciones del Comité de Agua Potable rural, se pudo realizar sin inconvenientes hasta la fecha en que la recurrida de éstos autos, le comunica a los miembros del Comité de APR su decisión de dar por terminado el Comodato, indicando que ella en su calidad de hija de don nombre reservado, estaba en pleno derecho de hacerlo, procediendo a obstaculizar los trabajos de APR, cerrando el acceso a la captación de agua, de forma permanente., lo que pudo incluso ser constatado en fecha 02.09.2024, por la Subdirección de Servicios Sanitarios rurales. Región de la Araucanía.

5. Desde la fecha en que la recurrida procedió al cierre, se ha instado a tratar de mediar entre las partes involucradas directamente, sin embargo, la recurrida ha manifestado su deseo de terminar el Comodato suscrito entre su padre ya fallecido y la Municipalidad de Lautaro.

6. Que, en cuanto a los antecedentes expuestos por la recurrente, es efectiva la afectación que se ha provocado a las familias del Sector puesto que ha significado una afectación directa al derecho a la vida principalmente por negar el acceso a la captación de agua, vulnerando a una cantidad importante de familias que necesitan de este vital elemento.

En cuanto a la vigencia del contrato de comodato, y según indica la recurrida en fecha 10.05.2024, a sólo 5 días de cumplirse el plazo acordado como duración del Contrato de Comodato, supuestamente habría enviado una carta a mi representada, lo cual no consta a esta parte, manifestando el deseo de poner término al Contrato de Comodato.

Sin embargo, la antelación mínima que fue acordada por ambos contratantes, no se cumplió, ni en cuanto al plazo ni en cuanto a la forma de efectuarse, cual era mediante carta certificada.

Ahora bien, según ha referido la recurrida, dicho plazo de antelación de 60 días no le sería aplicable amparándose en lo dispuesto en el artículo 2180 del Código Civil el cual faculta poder exigir al comodatario la restitución anticipada en 3 casos, invocando el Nº2, que dispone: Si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa (…)”.

Que, a fin de justificar la aplicación de la anterior disposición, la recurrida considera que la necesidad imprevista y urgente de la cosa del comodante, sería que, a la fecha de cumplirse los 5 años, el comodante se encontraba fallecido, lo cual no es correcto razonar, y es contrario al espíritu de instauración de la norma, puesto que no se fundamenta cuál sería la circunstancia, que habría ocurrido y que no fue prevista por las partes.

La recurrida, yerra al efectuar la interpretación de la norma, y olvida además lo dispuesto en el artículo 2186 del Código Civil, el que establece que las obligaciones y derechos que nacen del Comodato, pasan a los herederos de ambos contrayentes, pero los del comodatario no tendrán derecho a continuar en el uso de la cosa prestada, sino en el caso excepcional del artículo 2189 Nº1.

La norma antes transcrita es clara, y no puede ser desconocida por la recurrida, máxime cuando ella misma reconoce que detenta la calidad de única heredera de los derechos de su padre y en consecuencia las obligaciones adquiridas por su padre, en el Contrato de Comodato, son transmitidas a ella, las que no puede desconocer.

Es improcedente además pretender se aplique la excepcional situación prevista en el artículo 2180 Nº2, por ser improcedente.

Concluye que la recurrente ha vulnerado la garantía constitucional contenida en el artículo 19 Nº1, esto es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Puesto que con el actuar arbitrario e ilegal adoptado, ha privado a muchísimas familias de su sector que dependen de dicha fuente de agua, de poder acceder a ella mediante el cierre al acceso de la fuente.

Resaltar que los hechos denunciados revisten de tal gravedad, que hace necesaria la intervención de vuestra Iltma Corte, puesto que existen lactantes, niños, adultos mayores, y personas que requieren de protección en sus cuidados, y acceder a una necesidad tan básica como es el agua.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en la presente causa lo que se reclama es la negativa de la recurrida a permitir el acceso a la instalación de arranque de agua del Comité de Agua Potable Rural El Escudo que se ubica en el predio del cual es heredera, mediante un portón con candado, lo que en definitiva priva a todos los socios del acceso al agua potable, lo que es un derecho humano especialmente consagrado en tal calidad en el artículo 5 de la Ley 21.435, vulnerando las garantías de los numerales 1, 3 inciso 5° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

La recurrida en su informe señaló que dicha negativa de acceso no era ni ilegal ni arbitraria, por cuanto habría comunicado el termino del Comodato celebrado por su padre actualmente fallecido con la Municipalidad de Lautaro para el funcionamiento del APR, y que se ha limitado a ejercer su derecho de propiedad.

Agrega que le asiste el derecho de terminar el comodato inclusive antes del plazo, cuando sobreviene una necesidad urgente e imprevista del uso de la cosa, conforme al artículo 2180 N° 2 del Código Civil, por cuanto no se encuentra en condiciones de asumir la mantención de las 50 hectáreas que ha heredado, pretendiendo disponer del predio.

TERCERO: Que, de los antecedentes aportados al presente recurso, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

a) Que, la recurrida habría adquirido por sucesión por causa de muerte de su padre, el inmueble o Parcela N°31 del Plano de Parcelación de los terrenos de la Cooperativa Asignataria” El Escudo Limitada” de una superficie aproximada de 50 hectáreas físicas; dentro del cual se encuentra construida una obra correspondiente al programa de Agua Potable Rural, y que beneficia al COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE EL ESCUDO.

b) Que, con fecha 17 de mayo de 2019, el propietario del predio en aquella fecha, o causante, don nombre reservado, suscribió un contrato de comodato con la Municipalidad de Lautaro, en virtud del cual se autorizó el emplazamiento del estanque en una porción de terreno de aproximadamente 1600 metros cuadrados, para emplazar instalaciones del APR. Dicho contrato contempla una duración de 5 años, renovables automáticamente.

c) Que, la heredera del comodante, doña nombre reservado, mediante carta fechada el 10 de mayo de 2024 comunica a los miembros del Comité de APR su decisión de dar por terminado el Comodato, indicando que ella en su calidad de hija de don nombre reservado, estaba en pleno derecho de hacerlo, procediendo a obstaculizar los trabajos de APR, cerrando el acceso a la captación de agua, de forma permanente, lo que pudo incluso ser constatado en fecha 02.09.2024, por la Subdirección de Servicios Sanitarios rurales. Región de la Araucanía.

CUARTO: Que, la recurrida para fundar su conducta, ha hecho una interpretación interesada del contrato de comodato, en términos de firmar que el plazo pactado para el término del mismo e impedir su renovación un nuevo lapso de 5 años mediante un aviso previo de 60 días, no le sería aplicable toda vez que el comodante se encontraba fallecido.

De la misma forma, ha invocado como fundamento jurídico para ejercer una acción directa de término del mismo, lo dispuesto en el artículo 2180 del Código Civil, el cual faculta poder exigir al comodatario la restitución anticipada en 3 casos, invocando el Nº 2, que dispone: Si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa (…)”.

QUINTO: Que, los fundamentos se esgrimen la recurrida en su informa para justificar su conducta, no resultan atendibles, puesto que como sucesora en los derechos del causante, los adquiere con sus beneficios y cargas, debiendo respectar los contratos vigentes, entre los cuales está el comodato, salvo aquellos que por ley se extingan por la muerte del titular, de forma tal que, no cabe duda alguna que dicho contrato en virtud del cual se construyeron las obras para operar el APR en referencia, está en plena vigencia, y por ende obliga a las partes contratantes, y a sus herederos.

SEXTO: Que, de otra parte, no debe dejarse de mencionar que lo concerniente al uso del agua, está amparado por normas especiales, entre otras, artículo 12 de la Ley 20.998 que consagra un estatuto público de los bienes necesarios para la provisión del acceso al agua potable, sin perjuicio de que su propietario sea el Fisco, el Comité o un tercero. Este estatuto protector constituye una limitación al dominio de los particulares, lo que con mayor razón aplica al caso de existir un contrato de comodato que autorizó expresamente su destino para tales fines, según se puede entender de la voluntad del causante, o ex propietario del inmueble.

SEPTIMO: Que, de este modo, la conducta desplegada por la recurrida, indicada en el los motivos precedentes, importa alterar una situación de hecho originada en un contrato de comodato y aceptada por las partes interesadas, e implica, a su vez, una acción de autotutela, dejando en una precaria situación al recurrente, el, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE EL ESCUDO, cuyos integrantes se han visto perturbado en el uso y goce de la totalidad de las obras construidas para tal efecto, así como del acceso mismo al terreno en que encuentran emplazadas.

OCTAVO: Que, en estas condiciones, ha quedado de manifiesto que la actuación descrita ha vulnerado la garantía constitucional del numeral 3 y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que la recurrido, al alterar una situación preexistente válidamente constituida, ha incursionado en materias que, por su naturaleza y contenido, corresponden al ámbito jurisdiccional de los tribunales, impidiendo con su actuación el ejercicio de los atributos del dominio de los recurrentes a gozar de los beneficios del uso del agua; por una parte, y a resolver las controversias a través de las instancias jurisdiccionales que la ley contempla, las que son contrarias a la autotutela.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE, con costas, la acción de protección deducida a folio 1, por doña nombre reservado, presidenta del COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE EL ESCUDO, en contra de nombre reservado; y se ordena a la recurrida permitir de forma inmediata el acceso del Comité a las instalaciones del servicio de agua potable rural El Escudo, manteniendo las cosas en el mismo estado anterior a los actos reclamados; y abstenerse de ejercer en lo sucesivo de realizar todo acto de perturbación o amenaza al normal funcionamiento de las instalaciones del APR, que se encuentran emplazadas dentro del terreno comprendido en el contrato de comodato; sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer las partes del respectivo contrato de comodato.- Se regulan las costas, en la suma de doscientos mil pesos. ($200.000).- Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

Rol N° Protección-6014-2024.(jog)