nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, ocho de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO:

A folio N°1, comparece Rosa Makarena Huentecura Huenten, abogada, en representación de don nombre reservado, interponiendo Recurso de Protección en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA y el SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR, a fin de que se declare arbitrario y/o ilegal la Resolución N° 19171 de fecha de 5 de diciembre del 2024 de Contraloría Regional de La Araucanía y con ello la Resolución N°14052 de fecha 05 de junio del 2024 del Servicio de Salud Araucanía Sur.

Funda su acción, señalando en primer término, que con fecha el 18 de enero del 2018, inició sus labores en el sector público de la región, en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, realizando distintos reemplazos en distintas unidades del Hospital, siendo esto hasta el 01 de enero del 2020. Del mismo señalar que también efectuó funciones en distintas clínicas de la comuna de Temuco con el objetivo de efectuar las labores de Técnico en Enfermería.

Expresa que, debido a la pandemia del Covid se inauguró el Complejo de Asistencial de Padre Las Casas (CAPLA), y mi representado por las buenas recomendaciones y haber efectuados distintas labores en el Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena, es que es contratado comenzando a prestar servicios el 26 de junio del 2020 en este centro de salud, pasando por distintos puestos en distintos pisos, debido principalmente por las necesidades del servicio, de este modo primero pasa al tercer piso que se encuentra a cargo de la enfermera doña nombre reservado y su cargo nombre reservado; en el quinto piso a cargo de la misma; en el cuarto piso siendo a cargo de doña nombre reservado; y finalmente en el tercer piso a cargo de nombre reservado, quien debido a temas personales solicitó el cambio y así trabajar de turno.

Indica que, con fecha 21 de diciembre del 2022, mediante resolución número 5 del Servicio de Salud Araucanía Sur, se procede a formular 6 cargos en contra de mi representado siendo acusaciones de acoso sexual las principales.

Refiere que, con fecha 31 de marzo del 2023, se procede a realizar ampliación de cargos, agregando uno adicional. Además de realizar “complementación respectos de los cargos 1 a 5 “.

Señala que, llama la atención que todas las denuncias están sustentadas en meras declaraciones, sin constatar siquiera de un documento que permita acreditar los hechos denunciados. Es más dentro del sumario se solicitó declaración de una de la jefatura de mi representado quien negó todos los hechos y quien manifestó que se había enterado de los hechos por los comentarios de pasillo a raíz del presente sumario.

Precisa que, se realizaron los descargos en tiempo y forma por ésta parte, en los cuales se denunciaron la falta de pruebas concretas en contra de mi representado en especial por la gravedad de los hechos denunciados y sobre todo por la cantidad de personas que vieron las supuestas actitudes inadecuadas por tanto tiempo no se realizaran denuncias de manera previa y sobre todo que no constara en ninguna parte alguna declaración, conversación ya sea por mi representado o entre el mismo personal ( quienes aludían que conversaban por whatppps o Messenger de Facebook las situaciones).

Expresa que, una vez que se realizan los descargos y termina el término probatorio, esta parte no recibe ninguna notificación de parte del fiscal a cargo del sumario. Es más se solicita en más de una oportunidad la entrega del expediente completo ya que nos habíamos percatados que faltaban piezas del expediente, pero nunca fueron contestados por parte de la fiscal como tampoco por parte del actuario.

Manifiesta que, mediante Resolución Exenta N°14052 de fecha 05 de junio de 2024 del SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR, notificada a don nombre reservado con fecha 05 de julio de 2024, que en base a la Vista del Fiscal, dispuso la sanción administrativa de destituirlo.

Agrega que, en tiempo y forma se procede a realizar recurso de reposición en contra de esta resolución, acusándose esencialmente que la medida aplicada es a todas luces excesiva, ilegal y arbitraria considerando que los argumentos vertidos por esta parte en los descargos no fueron tomados en cuenta por la Fiscal; que esta parte tampoco tuvo la oportunidad de ilustrar al Servicio de Salud de estos errores, toda vez que no fue debidamente notificada de la vista del fiscal, por lo cual afectando al debido proceso nos deja en completa indefensión ya que no es posible por esta parte encargarse de los argumentos vertidos por la fiscal del presente caso (es más aún no tenemos conocimiento que fue lo previsto) y si estos argumentos no se encuentran viciados, todo esto es de suma relevancia ya que de acuerdo a esta resolución el director de Servicio de Salud Araucanía Sur toma como propios las conclusiones vertidas en la vista del fiscal.

Comenta que, con fecha 25 de septiembre del 2024, se procede a dictar resolución administrativa número 22199 del Servicio de Salud Araucanía Sur señalando que rechazó el recurso de reposición realizada por esta parte, confirmando la destitución a mi representado.

Expone que, mediante presentación de fecha 10 de octubre de 2024, dedujo esta parte ante la Contraloría Regional de La Araucanía, la reclamación del artículo 160 de la ley N° 18.834, en contra del sumario administrativo instruido por el SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR y, a cuyo término, mediante la resolución N° 22.199, de 25 de septiembre de 2024,se resolvió aplicar la medida disciplinaria de destitución, basado esencialmente en los argumentos vertidos en la reposición planteada.

Menciona que, por medio de la resolución exenta N° 17.099, de 2024, la Contraloría regional, se declaró admisible el reclamo y se remitió copia de este al SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR, para que informara sobre el particular dentro del plazo de diez días hábiles administrativos a contar de su notificación.

Indica que, con fecha 05 de diciembre del 2024, se procede a rechazar el reclamo de legalidad basado en los argumentos, que reproduce en su presentación.

A continuación, expresa que, existen varios vicios en el procedimiento sobre todo basados en supuestos que la Sra. Fiscal utiliza como fundamentos para invocar la medida disciplinaria, entre ellos los siguientes:

• No explica el nexo causal de cada hecho investigado y el artículo que se cita como vulneratorio de falta de probidad.

• La Sra. Fiscal no cumple con los requisitos mínimos de explicar el cómo, cuándo y por qué llega a la conclusión planteada.

• No se cumplió con realizar la notificación de la vista del fiscal en el plazo correspondiente, es más esta parte no tiene conocimiento cuándo se tuvo por cerrado la etapa probatoria, ni mucho menos el contenido de la vista de fiscal, con el objetivo de desvirtuarla o realizar observaciones.

• No se cumplió el plazo de investigación que la Ley ordena, ni se terminó el presente sumario en el plazo establecido por ley, ya que pasaron con creces 20 días para la etapa probatoria del presente sumario.

• Además, existe una vulneración al debido proceso por falta de congruencia en las conclusiones de la resolución que ordena la destitución de mi representado como se detallará a continuación.

• No se entregaron las piezas completas del presente expediente.

Indica respecto a la Resolución Exenta N°2057, de fecha 29 de marzo de 2022, que ordena instruir sumario administrativo para establecer eventual responsabilidad administrativa ue correspondan respecto de denuncia de acoso sexual d. E.I.P.L. (Tens MQ 3 piso), d. K.R. (Tens MQ 3 piso), d. J.H. y d. S.F. (enfermera MQ), en contra de d. N.E.M., ante hechos ocurridos en las dos últimas semanas de diciembre de 2022 y primera semana de febrero de 2022, año 2021, julio del año 2019, que esta parte nunca tuvo conocimiento de la resolución que ordenó el sumario administrativo, por lo cual solo tuvo que responder la acusación efectuada por parte del fiscal, siendo que en ese momento no existía privacidad de las resoluciones que ordenaban el sumario.

Expresa que, la fiscal no cuenta, por orden del agente instructor, con amplias facultades y competencias para investigar hechos que ocurrieron otros días, lo que demuestra un exceso de sus facultades, las cuales no le fueron delegadas por dicha resolución ya que como podemos evidenciar de la resolución final solo se le ordenó la investigación de determinados hechos pero en caso alguno la investigación en cuanto a la supuesta situación de acoso sexual denunciada por la TENS doña nombre reservado, desarrollando en extenso el principio de congruncia.

Refiere que, conforme a lo anteriormente indicado, considero de gran relevancia que se dé cuenta de que en el caso de mi representado existió una vulneración al debido proceso por falta de congruencia entre la resolución exenta N°311.31/03/2022 y el pliego de cargos.

En cuanto a la Notificación Vista Fiscal, comenta que, mediante resolución N° 06 de fecha 03 de febrero de 2023 la señora fiscal resuelve en relación a los descargos presentados y se abre término probatorio, a contar del 06 de febrero de 2023, debiendo rendirse la prueba testimonial entre los días 6 y 17 de febrero de 2023.

Indica que, a Don nombre reservado no le fue notificado personalmente ni por carta certificada o mediante correo electrónico proporcionado, de la vista del fiscal. No habiendo tenido conocimiento esta parte respecto del dictamen emitido por la señora fiscal, en consecuencia no fue posible constatar por su parte, si dicho dictamen emitido cumplía con los requisitos establecidos en el inciso segundo del artículo 139 del Estatuto Administrativo, en cuanto a: la individualización del o de los inculpados; la relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos; la participación y grado de culpabilidad que les hubiere correspondido a los sumariados; la anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes, y la proposición a la autoridad correspondiente de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de los inculpados.

Cita y reproduce en apoyo de su pretensión, el dictamen número 15.643 del año 2007.

Manifiesta en cuanto a Plazo para realizar Investigación que, mediante Resolución N°03248 de fecha 12 de mayo de 2022 se nombra fiscal a Doña nombre reservado. Y con fecha 01 de junio de 2022 se realiza la respectiva notificación del cargo a la fiscal. Con fecha 21 de diciembre de 2022 la señora fiscal emite resolución exenta N°05, formulando cargos.

Expone que, tal como se puede apreciar, la presente investigación duró más de 6 meses, considerando que la primera declaración fue tomada con fecha 20 de junio de 2022 a Doña nombre reservado, y se declaró el cierre del sumario el 23 de mayo del 2023, de acuerdo el considerando 12 de la resolución que decreta la medida disciplinaria de destitución (resolución que no fue notificada ni a esta abogada ni a mi representado).

Agrega que, tampoco consta en expediente de investigación que la señora fiscal hubiere solicitado la prórroga de plazo a la que se refiere el artículo 135 del Estatuto Administrativo, quedando en evidencia de este modo la falta de seriedad y orden con que se trató el sumario administrativo.

Expresa que, al momento de dictar la resolución de término del sumario, no fueron consideradas las atenuantes invocadas.

Refiere que, el informe persecutor y la resolución que se pronunció sobre ellas, están afectados por las siguientes insuficiencias e incoherencias: La falta de congruencia entre los cargos, la vista fiscal y la resolución que se pronuncia sobre la vista fiscal. Esta falta constituye un vicio esencial, ya que impide el derecho a la defensa, garantizado por la Constitución y vulnera además el artículo 140 inciso cuarto del Estatuto Administrativo que establece que ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos. Así, la imprecisión de los cargos afecta el debido proceso y la validez del posterior acto de término.

Expresa que, las consecuencias de esta decisión trae graves perjuicios principalmente a la garantía establecida en el artículo 19 número 3 de la Constitución Política De La República, que está constituido por el DEBIDO PROCESO, citando al efecto disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico interno como en el derecho internacional.

Conforme a lo expuesto, solicita dejar sin efecto la RESOLUCIÓN número 19171 de fecha de 5 de diciembre del 2024 de Contraloría Regional de La Araucanía y con ello la Resolución 14052 de fecha 05 de junio del 2024 del Servicio de Salud Araucanía Sur, revocar la decisión de destitución y en su lugar se proceda a absolver a mi representado o imponer una medida menos gravosa; y en subsidio retrotrayendo el presente proceso a la etapa procesal correspondiente, específicamente a la etapa del término de la etapa del probatorio todo debido al no realizarse las notificaciones correspondientes de las resoluciones posteriores de la etapa de prueba del presente sumario.

A compaña a su presentación, los siguientes documentos:

1) Resolución 14052 de fecha 05 de junio del 2024 del Servicio de Salud Araucanía Sur.

2) Resolución 22199 de fecha 25 de septiembre del 2024 del Servicio de Salud Araucanía Sur.

3) RESOLUCIÓN número 19171 de fecha de 5 de diciembre del 2024 de Contraloría Regional de La Araucanía.

A folio N°10, la recurrida Contraloría Regional de La Araucanía acompaña el informe requerido, expresando que, el Complejo Asistencial Padre Las Casas, instruyó un sumario administrativo mediante la resolución exenta N° 2.057, de fecha 29 de marzo de 2022, con el objeto de establecer la eventual responsabilidad administrativa, respecto de la denuncia de acoso sexual presentada por 4 funcionarias de dicho recinto asistencial.

Así las cosas, en el referido procedimiento se formularon seis cargos al señor nombre reservado, cinco de ellos relativos a haber realizado requerimientos de carácter sexual a otras funcionarias del aludido complejo asistencial, lo que habría vulnerado los artículos 84, letra l), y 61, letras c) y g), ambos de la ley N° 18.834; y que fueron realizados de forma oral, gestual y física a las funcionarias, consistentes, a modo de ejemplo, en haber manifestado a una funcionaria que descansaba en una cama a las 05:00 horas, “por qué no hacemos cucharitas”, para luego, intempestivamente, acostarse junto a ella, ubicándose a sus espaldas, reaccionando aquella en forma defensiva dándole un manotazo.

Adicionalmente, se formuló un cargo que dice relación con diversas conductas contrarias a los deberes consignados en el artículo 5°, de la ley N° 20.584, y los artículos 84, letra m), y 61, letras c) y g), de la referida ley N° 18.834, consistentes en síntesis, en ausentarse del lugar de trabajo por períodos prolongados y en forma habitual; mentir a la jefatura señalando que se ausentó para ser atendido en urgencia, lo que se verificó era falso; ausentarse de la jornada para dormir hasta 4 horas; lanzar objeto con ira; proferir groserías; trato inadecuado a los pacientes al decirle “ya estas todo cagado viejo” o “te vas a morir igual” y afectar la honra de las colegas mujeres al difundir eventuales actos de connotación sexual ejecutados con algunas de ellas.

Tramitado el referido procedimiento disciplinario, el Servicio de Salud Araucanía Sur, mediante resolución exenta N° 14.052, de 5 de junio de 2024, aplicó al señor nombre reservado la medida disciplinaria contemplada en el artículo 121 letra d) en relación con el artículo 125 letra b), ambos de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es, destitución.

Posteriormente, el recurrente dedujo recurso de reposición en contra de la resolución exenta N° 14.052, de 2024, el que fue rechazado con fecha 25 de septiembre de 2024, por el Servicio de Salud Araucanía Sur, a través de la resolución exenta N° 22.199, de ese año, confirmando la sanción administrativa de destitución dispuesta en una primera oportunidad.

Luego, con fecha 10 de octubre de 2024, don nombre reservado, interpuso ante esta Contraloría Regional el reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 160, del Estatuto Administrativo, impugnando la resolución exenta N° 22.199, de 2024, del Servicio de Salud Araucanía Sur, solicitando a esta Entidad de Control dejar sin efecto aquel acto administrativo por cuanto, a su juicio, existían vicios que afectaban al sumario de la especie.

Finalmente, con fecha 5 de diciembre de 2024, se emitió la resolución exenta N° 19.171, de esta Contraloría Regional, desestimando el reclamo presentado por el interesado, a propósito del procedimiento disciplinario objeto de la presente acción de protección, determinándose que su tramitación se había ajustado a derecho.

En ese contexto, el recurso de protección en cuestión se interpone en contra de esta Contraloría Regional por haber emitido la precitada resolución exenta N° 19.171, de 2024, que rechazó el reclamo presentado por el recurrente, ya que, a su juicio, ello constituiría un acto arbitrario e ilegal que vulneraría la garantía fundamental contemplada en el numeral 3, del artículo 19. de la Constitución Política de la República.

Expresa que, bien el actor recurre, en lo que respecta a esta Contraloría Regional, en contra de la resolución exenta N° 19.171, de 2024, que desestimó su reclamo de ilegalidad en contra de la medida disciplinaria de destitución que le fue impuesta por el Servicio de Salud Araucanía Sur, y en general contra actuaciones libradas en el referido procedimiento disciplinario, lo cierto es que lo verdaderamente impugnado son las resoluciones exentas N° 14.052 y 22.199, ambas de 2024, emitidas por aquel servicio.

En efecto, fue el Servicio de Salud Araucanía Sur y no esta Sede Regional de Control, el órgano que tramitó el sumario y tomó la determinación de destituir al recurrente, limitándose la resolución exenta N° 19.171, de 2024, de este origen, a resolver el reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 160, del Estatuto Administrativo, a requerimiento del recurrente, rechazándolo.

Confirma lo manifestado, respecto a la falta de legitimidad pasiva de esta Entidad de Control, lo solicitado en el petitorio de la acción, esto es, que VS. Iltma. “(…) se proceda a absolver a mi representado o imponer una medida menos gravosa; y en subsidio retrotrayendo el presente proceso a la etapa procesal correspondiente (...)”, por cuanto no fue este Órgano de Control el que impuso la medida disciplinaría ni aplicó la sanción.

De esta manera, lo que pretende el actor mediante la presente acción cautelar, es que esa Iltma. Corte de Apelaciones deje sin efecto la destitución que le fue impuesta en el sumario administrativo resuelto por el Servicio de Salud Araucanía Sur, revisando un procedimiento disciplinario afinado.

Luego, cabe reiterar que su pretensión dice relación con la actuación del Servicio de Salud Araucanía, por cuanto fue el anotado servicio y no esta Sede Regional de Control el órgano que sustanció el procedimiento sumarial y tomó la decisión de destituir al señor nombre reservado, limitándose la resolución exenta N° 19.171, de 2024, que desestimó su reclamo de ilegalidad en contra de la medida disciplinaria de destitución, a emitir el pronunciamiento solicitado por el afectado.

De este modo, el presente recurso de protección en ningún caso debió dirigirse contra este Órgano de Control, por lo que se solicita a este Iltmo. Tribunal desestime el recurso de protección de autos, por falta de legitimación pasiva de la acción respecto de esta Contraloría Regional de La Araucanía.

Hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, de la ley N° 19.880, interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquella no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.

Agrega ese precepto, en su inciso segundo, que, planteada una reclamación ante la Administración, se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, y que el término volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del mismo.

Al respecto, cabe anotar que, en la especie, el actor presentó ante este Órgano Fiscalizador el reclamo contemplado en el artículo 160, de la ley N° 18.884, en contra del sumario administrativo instruido por el Servicio de Salud Araucanía Sur y, a cuyo término, mediante la resolución N° 22.199, de 25 de septiembre de 2024, se resolvió aplicar la medida disciplinaria de destitución, siendo desestimado por la resolución exenta N° 19.171, de 5 de diciembre de 2024 de la Contraloría Regional de La Araucanía.

En consecuencia, agotada la vía administrativa con la notificación de la aludida resolución exenta N° 19.171, de 2024, que desestimó, la reclamación intentada, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 54, inciso segundo, de la ley N° 19.880, se reanudó el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, no en contra de este Organismo de Control, sino contra del Servicio de Salud Araucanía Sur -lo que el actor hizo, recurriendo en autos contra el citado servicio- por lo que el presente arbitrio no debió dirigirse en contra de esta Entidad de Control.

Advierte que, lo pretendido por el recurrente con la interposición del presente arbitrio es, tal como señala en el petitorio de la acción que SS. Iltma., disponga “(…) ordenar a la recurrida dejar sin efecto la RESOLUCIÓN número 19171 de fecha de 5 de diciembre del 2024 de Contraloría Regional de La Araucanía y con ello la Resolución 14052 de fecha 05 de junio del 2024 del Servicio de Salud Araucanía Sur, revocar la decisión de destitución y en su lugar se proceda a absolver a mi representado o imponer una medida menos gravosa; y en subsidio retrotrayendo el presente proceso a la etapa procesal correspondiente, específicamente a la etapa del término de la etapa del probatorio todo debido al no realizarse las notificaciones correspondientes de las resoluciones posteriores de la etapa de prueba del presente sumario. O lo que Su Señoría Ilustrísima determine en mérito de autos con el objetivo de restablecer el derecho”. (El destacado es nuestro).

De la sola lectura de las peticiones concretas, se advierte que ellas no son susceptibles de ser cumplidas por esta Entidad de Control.

En este contexto, cabe precisar que esta Sede Regional a través de la resolución exenta N° 19.171, de 5 de diciembre de 2024, únicamente resolvió el reclamo de ilegalidad presentado por el recurrente, por lo que dejar sin efecto tal oficio, sería inocuo a su pretensión, que no es otra que se deje sin efecto la medida disciplinaria de destitución que le fue impuesta por el Servicio de Salud Araucanía Sur, en el procedimiento disciplinario instruido por dicho organismo.

En consecuencia, resulta manifiesto que las peticiones formuladas en el recurso en ningún caso podrían ser satisfechas por esta Entidad de Control, pues la destitución del recurrente fue dispuesta por la autoridad dotada de la potestad sancionatoria -Servicio de Salud Araucanía Sur- y dice relación con atribuciones propias de dicha autoridad.

Agrega que, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, es preciso indicar que la determinación de la responsabilidad administrativa, el análisis de los antecedentes y la ponderación de la sanción aplicable son trámites que requieren discusión y prueba, que ya se verificaron en el procedimiento disciplinario que se impugna.

En este contexto, el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar procedimientos reglados, como es el caso de los sumarios administrativos, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos; las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores; la formulación de cargos y su debido emplazamiento; la amplia admisibilidad de medios de prueba de que estos puedan hacer uso; la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que aquellos pueden hacer uso, tales como la presentación de descargos y la interposición de los recursos que procedan en contra de las sanciones que eventualmente se les apliquen, todo lo cual se cumplió en el caso de marras.

En efecto, esta acción constitucional no se ha creado para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procedimientos perfectamente establecidos y entregados al conocimiento de los organismos competentes, que actúan dentro del marco de sus atribuciones legales y, consecuentemente, bajo el imperio del derecho, resultando improcedente interponer este recurso en contra de las determinaciones que se adopten por los funcionarios o la superioridad correspondiente, ya que ello implicaría desconocer el procedimiento fijado por el ordenamiento jurídico para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos respectivos.

Hace presente el criterio manifestado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia de fecha 3 de febrero de 2025, dictada en causa rol N° 10.997-2024, que reproduce al efecto. En igual sentido, cabe tener presente la sentencia de la Iltma., Corte de Apelaciones de Valparaíso, dictada en autos rol N° 20.566-2023, confirmada por la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de marzo de 2024, que reproduce.

Expresa que, por lo anterior, la revisión por parte de ese Iltmo. Tribunal de la legalidad de la tramitación y decisión del procedimiento disciplinario, constituye un asunto totalmente ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, no siendo por tanto la vía idónea para impugnar aspectos de mérito de un procedimiento.

Indica que, esta Entidad de Control, en el marco de sus atribuciones, resolvió el reclamo de ilegalidad interpuesto por el actor, careciendo su actuación de ilegalidad o arbitrariedad. No se advierte de qué manera la emisión de la resolución exenta N° 19.171, de 2024, de esta Contraloría Regional, que resolvió el reclamo de ilegalidad, ha podido ser ilegal, toda vez que esta Entidad de Control ejerció las competencias que le han sido asignadas en virtud del artículo 160, de la ley N° 18.834, que consagra respecto de los funcionarios, el derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere ese Estatuto.

Señala que, de esta forma, la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo con la habilitación que la mencionada norma ha otorgado a la Contraloría General, a requerimiento del propio recurrente, por considerar que existían vicios que afectaban la legalidad del sumario incoado en su contra, y que, a cuyo término, le fue aplicada la medida disciplinaria de destitución.

Respecto de la arbitrariedad, la actuación contra la cual se recurre no constituye una acción u omisión arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de esta Sede Regional de Control, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación analizada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un acto administrativo que fue motivado en derecho.

En efecto, con ocasión del reclamo de ilegalidad del recurrente, esta Sede Regional de Control constató que, en el sumario administrativo instruido en su contra, en ningún caso al señor nombre reservado se le privó de un racional y justo procedimiento, por cuanto en el respectivo expediente sumarial consta que prestó declaración, se le permitió presentar sus descargos en dos ocasiones, acompañar pruebas y, además, interponer los recursos que la ley establece para impugnar las decisiones del servicio, no vislumbrándose, por tanto, una infracción a su derecho a defensa que ameritara ordenar corregir el acto administrativo que afinó tal proceso.

Cita criterio sostenido en la sentencia rol N° 20.566-2023, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Indica que, a través de la resolución exenta N° 19.171, de 2024, de este origen, esta Entidad de Control se pronunció respecto de las alegaciones que se reiteran con ocasión de la interposición del presente arbitrio.

El recurrente, aduce que la vista fiscal del sumario administrativo de que fue objeto, adolece de vicios de procedimiento, en primer lugar, por cuanto no explicaría el nexo causal de cada hecho investigado y el artículo supuestamente vulnerado por falta a la probidad, así como no cumplir con los requisitos mínimos de explicar el cómo, cuándo y por qué se llega a la conclusión planteada.

Sobre este punto, y tal como se señaló en el acto administrativo de este origen impugnado, tras el estudio realizado por esta Contraloría Regional a las piezas sumariales, en particular la formulación de cargos, la vista fiscal y las resoluciones que determinan la sanción impuesta, fue posible constatar que estas contienen, en forma pormenorizada, un análisis de las circunstancias y normas en que se fundan sus respectivas determinaciones y los antecedentes y diligencias en las que se sustentan, mediante las cuales se determinó la configuración de la responsabilidad del inculpado.

Por su parte, en lo relativo a que no se cumplió con realizar la notificación de la vista fiscal en el plazo correspondiente -sin saber el interesado cuándo se tuvo por cerrada la etapa probatoria ni el contenido de aquella vista fiscal, cuestión que le habría impedido desvirtuarla o realizar observaciones-, cabe manifestar que esta alegación proviene de una errónea interpretación de la normativa y jurisprudencia administrativa que rige la materia.

Ahora bien, en lo relativo a no haberse tramitado el procedimiento disciplinario en los plazos que establece la ley, es necesario tener presente, que los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, de modo que la expiración de dichos términos no impide que las correspondientes actuaciones se lleven a cabo con posterioridad a ella.

En este sentido, cabe señalar que la demora en la tramitación del sumario que aduce el recurrente dice relación con que tardó 6 meses en su tramitación, debiendo tenerse presente, como se ha señalado que los plazos que establece la ley para las actuaciones de la administración no son falales y que, por otra parte, el aludido procedimiento disciplinario no se paralizó de forma que ello pudiere conllevar su extinción o pérdida de eficacia, pues el sumario se encuentra concluido.

Agrega que, la ley asigna una medida específica para determinada infracción, como acontece respecto de la falta grave a la probidad, la autoridad administrativa se encuentra en el imperativo de disponerla.

En efecto, al estar asignada por la ley una sanción específica respecto de quienes incurren en infracciones graves al principio de probidad administrativa -como ocurrió en la especie-, la autoridad se encuentra en el imperativo de disponer la destitución, sin que pueda aplicar otra medida.

En este contexto, los hechos indagados configuraron, conforme con la valoración que hizo la autoridad del servicio a partir de las pruebas allegadas al sumario, contravenciones graves al principio de probidad administrativa, las que, según lo previsto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N°18.834, tienen asignada, como sanción específica, la destitución, por cuanto tal como lo señala la anotada norma, la medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa.

En cuanto a la alegación de imprecisión de los cargos que habrían afectado la validez de la vista fiscal y del posterior acto de término, corresponde manifestar que de la revisión de aquellos documentos es posible advertir que ellos contienen una descripción que da a entender claramente las conductas que fueron reprochadas al inculpado, lo que queda de manifiesto del tenor de los dos escritos de descargos y del recurso de reposición que presentó, a través de los cuales abordó en extenso las imputaciones que se le efectuaron, desprendiéndose de ello que tuvo cabal comprensión de la contravención que se le imputaba y de las consecuencias que derivaron de tal infracción.

Sobre la ponderación de la gravedad de los hechos, precisa que la ponderación de los hechos y la determinación de la gravedad y grado de responsabilidad que en ellos cabe a los inculpados, corresponde privativamente a los órganos de la Administración activa.

Así, el mérito que puedan tener los elementos de convicción y la ponderación de los hechos, son aspectos que deben ser apreciados por quien sustancia el procedimiento disciplinario y por la autoridad sancionadora, correspondiéndole a esta Entidad de Fiscalización impugnar la decisión del servicio si del examen del expediente se observa alguna infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia, o bien, si se advierte una decisión de carácter arbitraria, cuestión que no se aprecia en la especie.

Luego, cabe indicar, que el artículo 125 del Estatuto Administrativo establece que la medida de destitución procede, entre otros, en el caso del artículo 84 literal l) de ese Estatuto, es decir, cuando se trate de actos atentatorios a la dignidad de los demás funcionarios, considerándose como una acción de este tipo el acoso sexual, según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, entendiéndose por tal, el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

En este sentido, al estar asignada por el legislador una sanción específica respecto de quien incurre en dichas contravenciones, la jefatura que ejerce la potestad disciplinaria se encuentra en el imperativo de disponerla, sin que pueda aplicar otra sanción distinta, según indica la jurisprudencia administrativa contenida entre otros, en los dictámenes N°s 16.086, de 2012, y 101.846, de 2015.

En dicho contexto, cabe tener presente que la gravedad de las conductas constitutivas de acoso sexual, ha sido reconocida por la Excma. Corte Suprema, en sentencia dictada en autos rol N° 9930-2019, con fecha 21 de agosto de 2019.

Sobre las gatantías fundamentales supuestamente vulneradas, hace presente que, de la lectura del libelo es posible constatar que la eventual vulneración de derechos constitucionales que esgrime el recurrente dice exclusiva relación con actuaciones del servicio y no con este Órgano de Control.

Ahora bien, y no obstante, que lo expresado es suficiente para desestimar la presente acción, se debe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, el recurso de protección sólo ampara el derecho y garantía establecido en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, el que establece que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho, y no el derecho a un justo y racional procedimiento.

En este sentido, no se advierte de qué forma el derecho constitucional aludido, podría haber sido vulnerado por esta Contraloría Regional, toda vez que no ha efectuado en ningún caso una labor jurisdiccional o de juzgamiento, ni menos ha actuado como una comisión especial, sino que se han ejercido las potestades que la Carta Fundamental, la ley N° 10.336 y el artículo 160, de la ley N° 18.834, confieren a la Contraloría General, y cuyo ejercicio corresponde también a las Sedes Regionales, de conformidad con la delegación contenida en la resolución N° 1.002, de 2011, de la Contraloría General, en cuanto al conocimiento de los reclamos de ilegalidad formulados por los servidores públicos, por lo que la alegación efectuada resulta improcedente.

Sin perjuicio de lo expresado, cabe señalar, por una parte, que, en la especie, no se advirtió vulneración alguna al debido proceso en la sustanciación por parte del servicio que tramitó el sumario administrativo en que resultó destituido el recurrente, y por otra, que no se vislumbra cómo la emisión por parte de esta Sede Regional de Control de la resolución exenta N° 19.171, de 5 de diciembre de 2024 -dictada a petición del recurrente, quien sometió el asunto al conocimiento de esta Contraloría Regional interponiendo el reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 160, de la ley N°18.834-, habría vulnerado el mencionado derecho fundamental.

En atención a los antecedentes y consideraciones anotadas, y teniendo en cuenta las disposiciones citadas y las atribuciones que constitucional y legalmente competen a este Organismo de Control, se solicita que ese lltmo. Tribunal desestime en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en el caso de marras.

Acompaña a su informe, copia de los siguientes antecedentes:

1. Reclamo funcionario presentado por doña nombre reservado, en representación de don nombre reservado, asociado al número de referencia R009216, de 2024, interpuesto ante la Contraloría Regional de La Araucanía.

2. Oficio N° 3.224, de 2024, del Servicio de Salud Araucanía Sur, por el cual informa el reclamo presentado por doña nombre reservado, en representación de don nombre reservado.

3. Copia de la resolución exenta N° 19.171, de 5 de diciembre de 2024, de la Contraloría Regional de La Araucanía.

A folio N°12, informa el Servicio de Salud Araucanía Sur señalando que, Respecto de la materia planteada, y para mejor comprensión de V.S. Ilustrísima, es necesario realizar una precisión de los hechos tal como han ocurrido y de modo sucinto, para luego expresar las consideraciones de fondo, que a juicio de esta parte, hacen inadmisible la acción de protección impetrada, o que, en definitiva, determinan el rechazo de la misma, en todas sus partes, precisando que:

1. Que, por Resolución Exenta Nº 2057 de fecha 29.03.2022 del Centro Asistencial de Padre Las Casas (CAPLC), se instruye sumario administrativo para establecer eventual responsabilidad administrativa que corresponda respecto de denuncia de acoso sexual formulada por d. E.I.P.L., d. K.R., d. J.H. y d. S.F., en contra de don nombre reservado.

2. Que, por Resolución Interna N° 01 de fecha 20.06.2022 se dispone suspensión de funciones preventiva respecto de don nombre reservado.

3. Que, por Resolución Interna N° 05 de fecha 21.12.2022 se formularon cargos respecto de don nombre reservado.

4. Que, con fecha 04.01.2023 el inculpado presenta descargos.

5. Que, con fecha 03.02.2023 se dicta Resolución Interna N° 06 de la Fiscalía Administrativa, mediante la cual tiene por contestados los descargos presentados, apertura termino probatorio, tiene presente documentos acompañados por denunciante, accede al uso de medios electrónicos para efecto de toma de declaraciones y tiene por acreditada la representación de la abogada Srta. Rosa Huentecura Huenten, accediendo parcialmente a la prueba ofrecida.

6. Que, con fecha 10.02.2023 el acusado remite a fiscalía recurso de reposición con apelación en subsidio ante superior jerárquico, respecto de Resolución Interna N° 06 de la Fiscalía Administrativa.

7. Que, con fecha 10.02.2023 se dicta Resolución Interna N° 07 de la Fiscalía Administrativa, rechazando recursos interpuestos por el acusado por improcedentes.

8. Que, con fecha 09.03.2023 se dicta Resolución Interna N° 08 de la Fiscalía Administrativa, reabriendo investigación a efecto de recabar más prueba y, eventualmente, complementar cargos ya formulados.

9. Que, con fecha 31.03.2023 se dicta Resolución Interna N°10 de la Fiscalía Administrativa, formulando un sexto cargo y complementando los cinco anteriores.

10. Que, con fecha 21.04.2023 se presentan por el acusado descargos respecto al nuevo cargo formulado.

11. Que, con fecha 27.04.2023 se dicta Resolución Interna N° 11 por la Fiscalía Administrativa, por medio de la cual se abre el termino probatorio solicitado y se admite la prueba ofrecida y solicitada en general, sin perjuicio que respecto algunas en particular se solicitó aclarar pertinencia.

12. Que, con fecha 06.07.2023 la Fiscalía Administrativa emite su Vista y Dictamen.

13. Que, con fecha 10.04.2024 el Departamento de Asesoría Jurídica de la DSSAS emite su Reservado N°38, dirigido al Director del Servicio, donde se informa en síntesis (reproduce el informe).

14. Que, por Resolución Exenta N° 14.052 de fecha 05.06.2024 del Servicio se dispone la sanción administrativa de Destitución respecto de don nombre reservado, quien a la época de instruirse el sumario administrativo se desempeñaba como TENS del COMPLEJO ASISTENCIAL DE PADRE LAS CASAS, por haber infringido las normas de la Ley N° 20.005 de 2005, que tipifica el acoso sexual en el trabajo, modificando al Código del Trabajo, al Estatuto Administrativo Artículo 84 letra l) del DFL.29/04 que fijó el texto refundido de la ley 18.834 (Estatuto Administrativo); Artículo 61 letra c) y Artículo 61 letra g) del DFL 29, del DFL.29/05 que fijó el texto refundido de la ley 18.834 (Estatuto Administrativo), todo de conformidad a lo establecido en el artículo 121 letra d); relacionado con el articulo 125 letra b) del Estatuto Administrativo.

15. Que, con fecha 05.07.2024 se notificó personalmente la resolución exenta referida en el considerando anterior a d. nombre reservado, entregándose copia de la misma.

Acto seguido se notificó la misma resolución a la abogada que asumió la defensa, vía correo electrónico.

16. Que, con fecha 15.07.2024 la abogada que asumió la defensa de d. nombre reservado presenta recurso de reposición en contra de la resolución que dispone la aplicación de la sanción de destitución, ya referida, fundándose, en síntesis, en las siguientes consideraciones:

1. Existencia de vicios esenciales en los actos de instrucción del procedimiento: no explica nexo causal de cada hecho investigado y la norma infringida; no explica cómo, cuándo y por qué llego a su conclusión; no se cumplió con notificar la vista de la causa dentro de plazo; no se cumplió con el plazo de investigación legal; vulneración al debido proceso por falta de congruencia en las conclusiones de la resolución. Agrega que el inculpado no tuvo conocimiento de la resolución que instruyo el sumario, que no es cierto que el fiscal cuente con amplias facultades y competencias para investigar hechos ocurridos en otras fechas, asimilándolo al vicio procesal civil de ultrapetita.

2. Que no fueron consideradas las atenuantes aplicables en el dictamen de la fiscalía.

3. Insuficiencias e incoherencias de la vista del fiscal y de la resolución que se pronuncia sobre ella: la falta de congruencia entre cargos, vista y resolución constituye vicio esencial, ya que impide el derecho a defensa del inculpado, afectando el debido proceso y la validez del posterior acto de termino.

17. Que, revisado el recurso interpuesto, así como el expediente sumarial en su integridad, en especial el Dictamen de la Fiscalía Administrativa, el informe del Departamento de Asesoría Jurídica de la DSSAS, y la resolución impugnada, esta Dirección de Servicio llego a las siguientes conclusiones:

I. Respecto a los vicios esenciales alegados:

a. Nexo causal: Cada uno de los cargos formulados describe de manera detallada y concreta los hechos y conductas imputadas, desprendiéndose del propio tenor de la descripción la vulneración normativa respectiva. Además, en el caso de aquellas conductas consistentes en requerimientos, se indica de manera expresa la forma en que se llevaron a cabo (oral, gestual y/o física), así como los elementos que los configuran.

b. Notificación de la Vista: La vista y dictamen de la fiscalía administrativa no se notifican al inculpado, toda vez que no es el fiscal quien dispone la aplicación o no de una sanción, siendo su dictamen una propuesta a la autoridad competente, quien en definitiva decide si aplica la sanción propuesta, una distinta, o bien la absolución del inculpado.

c. Plazo investigación: Conforme a reiterada jurisprudencia de Contraloría General de la República, por ejemplo, Dictámenes N°s. 96.251 de 2015, 3.860 de 2018, y 19.288 de 2019, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, ya que ellos tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, a menos que hubiese un precepto legal que así lo disponga de forma explícita.

d. Incongruencia de lo resolutivo: No se identifican las incongruencias entre los hechos investigados, cargos formulados y lo resolutivo del sumario, toda vez que tampoco se precisan por la requirente en que consistirían, constando además en el proceso no solo la gravedad de las conductas investigadas, imputadas y acreditadas, sino como están comprometen la responsabilidad administrativa del inculpado, acotando la posibilidad de sanción, en términos objetivos y estatutarios, a la medida expulsiva de destitución.

e. Notificación de la instrucción de sumario: La resolución administrativa que instruye un sumario no se notifica al funcionario investigado, toda vez que el expediente sumarial es reservado hasta la formulación de cargos, donde deja de serlo para el acusado y su defensa legal (art. 137 DFL 29/2004).

f. Facultades del Fiscal: El fiscal cuenta con amplias facultades para llevar adelante su investigación (art. 135 DFL 29/2004), no restringiéndose estas a los hechos ordenados investigar por la resolución que instruye sumario (dictámenes Nos 14.754 de 2000 y 16.380 de 2010 de Contraloría General de la República).

II. Respecto a las atenuantes: Conforme al artículo 121 del DFL 29/2004, no resulta posible aplicar la atenuante de irreprochable conducta anterior, al solo resultar procedente la medida disciplinaria de destitución, de conformidad a lo establecido en el artículo 125 de la misma norma. Respecto a la cooperación con la investigación, conforme al mismo artículo 121 ya referido, no resulta aplicable como atenuante toda vez que los hechos investigados no hubo participación de terceras personas.

III. Respecto a la insuficiencias e incoherencias alegadas: No se identifican insuficiencias, al contrario, consta que todos los hechos fundantes de los cargos, imputables al inculpado, fueron acreditados más allá de toda duda razonable. Respecto a las incongruencias entre los hechos investigados, cargos formulados y lo resolutivo del sumario, aquello no es efectivo, toda vez que no se precisa por la requirente en que consistirían, constando además en el proceso no solo la gravedad de las conductas investigadas, imputadas y acreditadas, sino como estás comprometen la responsabilidad administrativa del inculpado, acotando la posibilidad de sanción, en términos objetivos y estatutarios, a la medida expulsiva de destitución.

18. Conforme a lo anterior, esta Dirección concluyo que el recurrente no aporto nuevos antecedentes que permitieran desacreditar los hechos denunciados y su participación en los mismos, conforme a los cargos formulados en su contra, siendo la destitución la única sanción proporcional a aplicar, por lo que se procedió a confirmar dicha sanción administrativa por Res. Ex. N°22.199 de fecha 25.09.2024.

19. Que, con fecha 10.10.2024 doña nombre reservado, abogada representante de don nombre reservado, presenta reclamo del art. 160 del Estatuto Administrativo por medio de portal de atención de reclamos funcionarios bajo el N° 009216/2024. Se hace presente que la presentación señalada, en cuanto su contenido, es idéntica al recurso de reposición presentado con fecha 15.07.2024 en contra de Resolución Exenta N°14.052 de fecha 05.06.2024, sin que se aporten nuevos antecedentes.

20.- Que, por Resolución N° 19171, de fecha 05 de diciembre de 2024, la Contraloría Regional de la Araucanía, resuelve rechazar el reclamo presentado por la señora Rosa Huentecura Huenten, en representación del señor nombre reservado, en contra de la resolución N° 22.199, de 25 de septiembre de 2024, del Servicio de Salud Araucanía Sur, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, conforme a lo indicado en los artículos 121 letra d) y 125, ambos de la ley N° 18.834.

Expresa a continuación, que no se configuran los supuestos de procedencia de la acción de protección, por cuanto no se observa ilegalidad o arbitrariedad en la sanción aplicada al recurrente.

Acompaña a su informe, los siguientes documentos:

1.- Resolución Exenta N° 14052, de fecha 05 de junio de 2024, de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur, que dispone sanción administrativa de destitución a don nombre reservado, notificada el 05/07/2024 al señor nombre reservado.

2.- Resolución Exenta N° 22199, de fecha 25 de septiembre de 2024, de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur, que rechaza reposición y confirma sanción administrativa de destitución, notificada el 26/09/2024 al señor nombre reservado.

3.- Ordinario N° 3224, de fecha 19 de noviembre de 2024, de Director (S) del Servicio de Salud Araucanía Sur al Contralor Regional de La Araucanía. Mat.: Informa en Reclamo N°R009216/2024.

A folio N°14 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada.

SEGUNDO: Que comparece Rosa Makarena Huentecura Huenten, abogada, en representación de don nombre reservado, interponiendo Recurso de Protección en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA y el SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR, a fin de que se declare arbitrario y/o ilegal la Resolución N° 19171 de fecha de 5 de diciembre del 2024 de Contraloría Regional de La Araucanía y con ello la Resolución N°14052 de fecha 05 de junio del 2024 del Servicio de Salud Araucanía Sur, que le aplica la medida disciplinaria de destitución, en virtud de sumario administrativo instruido en su contra.

TERCERO: Que la recurrente sostiene que el sumario administrativo que derivó en su destitución se encuentra viciado por irregularidades, tales como la falta de notificación de la vista fiscal, no se cumplió con el plazo de investigación que le ley ordena, existe vulneración al debido proceso por falta de congruencia en las conclusiones de la resolución que ordena la destitución y no se entregaron las piezas completas del expediente.

CUARTO: En tal sentido, cabe indicar que, las normas del sumario administrativo están previstas para la investigación de hechos o situaciones que eventualmente pudieren configurar una causal de destitución del funcionario.

En este sentido, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna; por el contrario, la resolución que se reclama por esta vía se enmarca en un procedimiento administrativo tramitado en forma legal, por quien tiene las facultades para hacerlo, actuando dentro de la esfera de su competencia y en la forma que prescribe la ley.

A mayor abundamiento, las supuestas irregularidades invocadas en el presente recurso de protección, también fueron esgrimidas en el de reposición ante la autoridad administrativa y ante la Contraloría Regional, conforme lo dispuesto en el artículo 160 de la ley N°18.834, las que fueron desechadas, de manera fundada.

Al efecto, cabe tener presente que el recurso de protección no constituye una instancia de apelación de las decisiones que la autoridad administrativa adopta en el ejercicio de su facultad disciplinaria, sino solamente de revisión de la eventual ilegalidad o arbitrariedad que pudiese afectarlas, a fin de adoptar las medidas urgentes que aparecieren necesarias en caso de constatarse tales contravenciones y el impedimento o restricción que ello significa para el libre ejercicio de las garantías fundamentales protegidas por esta vía.

QUINTO: Que conforme lo expuesto en el considerando anterior, por no ser ilegal ni arbitrario el acto reclamado, debe rechazarse el presente recurso.

A mayor a abundamiento, no procede la interposición del recurso de protección, para impugnar las resoluciones internas de los procesos de orden disciplinario, o en su caso las decisiones de la autoridad que se dicten en los mismos, cuyo objeto es determinar y hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los servidores públicos Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Rosa Makarena Huentecura Huenten, abogada, en representación de don nombre reservado, en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA y el SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

N°Protección-60-2025. (cwm)