Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, Consultorio de Pucón, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado°, Centro Comercial Los Álamos, Comuna de Pucón, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, chilena, cédula de identidad N°RUT reservado, divorciada, Ingeniera en nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en adelante SUSESO, rol único tributario N°61.509.000-k, representada legalmente por doña nombre reservado, Superintendenta de Seguridad Social, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, o por quien haga las veces de tal, ambos domiciliados en domicilio reservado y para estos efectos en la ciudad de Temuco en domicilio reservado, y además en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, subcomisión Cautín, en adelante COMPIN, representada legalmente por don nombre reservado, desconoce Rut, profesión u oficio, o por quien lo subrogue o reemplace legalmente, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, a fin de que esta Corte ordene todas las medidas necesarias para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°1, N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, que están siendo vulnerados a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de las recurridas, por los siguientes argumentos de hecho y fundamentos de derecho:

I. ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- Doña nombre reservado, de actuales 40 años, es madre de dos hijos. El mayor, de 20 años, estudiante universitario, mientras que el menor de 13 años está terminando su educación básica. Ambos viven con ella y reciben un pequeño aporte económico mensual por parte de su padre.

2.- A lo largo de los años, ha enfrentado diversas dificultades. Durante los embarazos de sus hijos, experimentó episodios de depresión postparto psicótica, caracterizados por graves alteraciones conductuales y frecuentes visitas al servicio de urgencia del Hospital. En el año 2022, sufrió la pérdida de su padre, quien falleció a los 65 años. Ese mismo año, también enfrentó la infidelidad de su expareja, lo que la llevó a poner fin a la relación. No obstante, a pesar de la ruptura, su expareja no la dejaba en paz y continuaba buscándola insistentemente, mientras ambos trabajaban en la misma institución.

3.- Sumado a lo anterior, una compañera de trabajo adoptó una actitud hostil hacia ella debido a una decisión de la jefatura que favoreció a su representada para participar en una actividad publicitaria del hotel. Esto la llevó a consultar nuevamente al médico psiquiatra, por sentirse mal, desanimada y desmotivada, con insomnio de conciliación, anhedonia y cansancio fácil, requiriendo Eleval 100 mg 1-0-0, Zopiclona 7.5 mg 0-0-1 y Clotiazepam 10 mg 1 comprimido SOS. Todo lo anterior se encuentra documentado en los certificados médicos que acompaña.

4.- La salud mental de su representada fue empeorando cada vez más debido al maltrato laboral que estaba sufriendo. En consecuencia, el médico psiquiatra le otorgó un tratamiento diverso al que ha recibido por años, al igual que su primera licencia médica, con fecha 14 de noviembre de 2023, a Folio N°4-16524533, la cual fue aceptada.

5.- Con el paso de los días, su salud mental continuó decayendo, por lo tanto, el psiquiatra decidió hacer cambio en sus medicamentos ya que no los toleraba. Además, con fecha 12 de diciembre de 2023, a Folio N°4-16818843, le otorgó su segunda licencia médica aceptada.

6.- A pesar de que su representada aún no se encontraba completamente recuperada, decidió volver al trabajo, lo que resultó ser una mala decisión, ya que terminó en Urgencias del Hospital debido al empeoramiento de sus síntomas, incluyendo taquicardia, miedo a morir y preocupación por el bienestar de sus hijos. Como consecuencia, con fecha 02 de enero de 2024, a Folio N°4-17001712, le entregan su tercera licencia médica aceptada.

7.- Debido a los altos costos de los medicamentos, exámenes, consulta y los gastos típicos de fin de año, su representada no pudo seguir costeando las consultas con su psiquiatra particular, que tenían un costo de $60.000. Por ello, recurrió a medicina general, con la Dra. Delcy Margarita, quien decide otorgarle su cuarta licencia médica de fecha 23 de enero de 2024, a Folio N°3-98090578. Esta licencia fue rechazada bajo el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”.

8.- Es del caso que su representada no encontraba mejoría, por lo que la doctora le recomendó ver nuevamente al psiquiatra, otorgándole su quinta licencia médica de fecha 07 de febrero de 2024, a Folio N°3-98754970, la cual también fue rechaza por la misma razón anterior.

9.- Al no encontrar disponibilidad de horas con un psiquiatra en la zona, decidió consultar a un médico en la ciudad de Villarrica, quien le prescribió nuevos medicamentos y su sexta licencia médica de fecha 22 de febrero de 2024, a Folio N°3-99353802, la cual fue nuevamente rechazada por la misma causa.

10.- Posteriormente, su representada optó por buscar ayuda de otra especialista en salud mental, doña nombre reservado, quien también le indicó reposo, otorgándole una séptima licencia médica con fecha 05 de marzo de 2024, a Folio N°3-99747871, siendo ésta igualmente rechazada.

11.- Ante los constantes rechazos de las licencias médicas, las crisis de su representada se intensificaron, agravadas por su precaria situación económica, que le impedía cubrir adecuadamente sus necesidades básicas, financiar las deudas, pagar el colegio y la universidad de sus hijos. En este contexto, dado que la salud mental de doña nombre reservado estaba en su punto más bajo, los especialistas decidieron otorgarle su octava licencia médica de fecha 05 de abril de 2024, a Folio N°4-17810482, la cual también fue rechazada.

12.- Finalmente, debido a su estado de salud, su representada perdió su empleo. En la actualidad, su situación económica, así como su integridad física y psíquica son aún más desfavorables que al inicio. Además, no puede seguir costeando sus tratamientos y medicamentos. En tal sentido, no ha recibido la protección adecuada por parte de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, cuyo objetivo es garantizar el acceso efectivo a los beneficios de la protección social en salud. A su vez, la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, que debe garantizar el respeto de los derechos de las personas, especialmente de los trabajadores, pensionados y sus familias, no ha cumplido cabalmente con su propósito, dejando a su representada en una situación de total desamparo económico e integral.

13. Hace presente que doña nombre reservado, frente los rechazos de sus licencias médicas, decidió recurrir ante la SUSESO para presentar los reclamos correspondientes. De tal manera, con fecha 26 de marzo de 2024, realizó su primer reclamo, el cual fue rechazado mediante la Resolución Exenta N°R-01-UME-86040-2024, de fecha 30 de mayo de 2024. Posteriormente, presentó un segundo reclamo con fecha 25 de mayo de 2024, que también fue rechazado por la Resolución Exenta N°R-01-UME-117551-202 de fecha 25 de julio de 2024. Finalmente, con fecha 17 de junio de 2024, efectuó un tercer reclamo, nuevamente rechazado en Resolución Exenta N°R-01-IBS-125501-2024 de fecha 07 de agosto de 2024.

15.- De lo anterior es posible concluir que la reiteración de rechazos, sin un fundamento médico válido y en contravención a los informes emitidos por los profesionales tratantes, evidencia un actuar que no solo es contrario a la legislación vigente, sino que también atenta directamente contra los derechos fundamentales de su representada, consagrados en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo cual deja en evidencia una falta de protección efectiva por parte de la Comisión De Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia De Seguridad Social.

II. EN CUANTO A LAS LICENCIAS MÉDICAS RECHAZADAS:

Señala la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez ha dictado el rechazado de cinco licencias médicas de su representada, de los siguientes números de Folio: 3-98090578, 3-98754970, 3- 99353802, 3-99747871 y 4-17810482. Tales rechazos no se encuentran debidamente fundamentados, ante dicha falta, la recurrida SUSESO tuvo la oportunidad de corregir a COMPIN, sin embargo, esto no ocurrió y según se ha expuesto, confirmó los rechazos, vulnerando con aquello los derechos constitucionales de su representada, establecidos en el artículo 19 N°1, N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

III. DEL DICTAMEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE MOTIVA EL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN:

Según lo expuesto anteriormente, ante los rechazos de licencias médicas por parte de la COMPIN, su representada interpuso recursos jerárquicos ante la recurrida SUSESO.

Esta última resolvió confirmar lo resuelto por la COMPIN mediante las Resoluciones Exentas N°R-01-UME-86040-2024 de fecha 30-05-2024, N°R-01-UME-117551-2024 de fecha 25-07-2024, y N°R-01-IBS-125501-2024 de fecha 07-08-2024.

En esta última resolución de fecha 07 de agosto de 2024, la SUSESO rechazó el recurso de apelación, confirmando el dictamen N°R-01-UME-86040-2024 de fecha 30 de mayo de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN-COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, de mantener el rechazo de las licencias médicas números 98090578-0, 98754970-K, 99353802-7, extendidas por un total de 42 días a contar del 23 de enero de 2024, por reposo no justificado.

La resolución concluye que el período de incapacidad temporal autorizado ha sido suficiente para la recuperación y rehabilitación del paciente, sin presentar evidencia concreta que respalde esta afirmación. Lo anterior, requiere de un análisis más detallado y fundamentado que justifique por qué el reposo adicional solicitado no es necesario, especialmente cuando la decisión tiene un impacto directo en la salud y bienestar de su representada.

En consecuencia, el rechazo de las licencias médicas representa un acto ilegal y arbitrario, constituyendo una privación, perturbación y amenaza al legitimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en el artículo 19, N°1, N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

VI. EN CUANTO AL DERECHO:

I. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

1. Vulneración de Derecho enumerado en el artículo 20 de la CPR:

En cuanto a los requisitos de admisibilidad, es importante tener presente que el Recurso de Protección es aquella acción que la Constitución concede a todas las personas que, debido a actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 y enumeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, con la finalidad de que la Corte de Apelaciones ordene todas las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. En el presente caso se evidencia una clara vulneración a las garantías constitucionales de los numerales N°1, N°2 y N°24 del artículo 19.

2. Plazo de presentación:

De conformidad con el Auto Acordado 94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, número 1°, el recurso debe ser presentado ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de un plazo de treinta días corridos desde la ejecución del acto o la omisión, o desde que se tenga conocimiento de estos. En este orden de ideas, la resolución de rechazo del recurso de apelación, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, es de fecha 07 de agosto de 2024, y en virtud de que el acto administrativo tiene efectos continuos y permanentes, la presentación del recurso dentro del plazo legal es válida y adecuada para su tramitación.

II. Derechos afectados:

1.- Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona (art. 19 N°1 CPR):

La resolución de rechazo de las licencias médicas por parte de la COMPIN y posteriormente por SUSESO, afecta el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución chilena, al posicionar a su representada en una situación de extrema vulnerabilidad, forzándola a elegir entre su salud y su subsistencia. Tal disyuntiva genera una presión desmedida, afectando su bienestar y su capacidad de recuperación, dado que no puede acceder al descanso y tratamiento adecuado sin el respaldo económico necesario. Lo anterior agrava su estado psicológico al someterla a una situación de incertidumbre económica y desprotección. La falta de acceso a los medios para una recuperación adecuada desencadenó en un daño irreversible a la salud física y mental de su representada, comprometiendo así su derecho fundamental a la vida y a la integridad física y psíquica.

2. Igualdad ante la Ley (art. 19 N°2 CPR):

La negativa de las recurridas también afecta el derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución, al generar un trato desigual e injustificado hacia su representada. Esta falta de uniformidad en la aplicación de la normativa vulnera el principio de igualdad, ya que la resolución de rechazo no parece basarse en criterios objetivos ni en una evaluación equitativa de los antecedentes, sino que genera una discriminación arbitraria, privando a la trabajadora de un derecho que, en circunstancias comparables, podría haber sido concedido. Así, se afecta el derecho a recibir un trato igualitario frente a la ley y a las decisiones de las autoridades administrativas. Este artículo establece que: “En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. La igualdad ante la ley está intrínsecamente vinculada con la dignidad humana, como se reflejada en el artículo 1° de la Constitución, que dispone que: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

3. Derecho a la Propiedad (art.19 N°24 CPR):

El artículo 19 N°24 de la Constitución consagra el derecho a la propiedad, extendiendo su protección a los bienes incorporales, como es el caso del derecho a retribución monetaria. El rechazo de las licencias médicas afecta el derecho a la propiedad porque priva a su representada del subsidio por incapacidad temporal al que tiene derecho como retribución por la imposibilidad de trabajar debido a una condición médica, al negarse su acceso sin una justificación válida, se le impide a la trabajadora a percibir un ingreso legítimo que forma parte de su patrimonio. Esta privación no solo genera un perjuicio económico, sino que también vulnera el derecho a la propiedad al impedirle disponer de recursos esenciales para su subsistencia y tratamiento médico.

Solicita acoger a tramitación el Recurso de Protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, por vulnerar las garantías establecidas en la Constitución Política de la República, se acoja la presente acción constitucional de protección, se declare la vulneración de los derechos constitucionales consignados en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución y, en particular, se resuelva en definitiva que se autoricen a su representada todas las licencias médicas reclamadas y se le paguen los respectivos subsidios, para así restablecer el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Informes y Certificados Médicos de doña nombre reservado.

2. Pronunciamientos de Licencias Médicas de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ.

3. Resoluciones Exentas emanadas de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

4. Reclamos de doña nombre reservado.

A folio 12 informa COMÍN ARAUCANÍA, quien informa lo siguiente:

Respecto de las licencias médicas recurridas:

a) Licencia médica N° 3-98090578: Emitida a contar del 23.01.2024 por 15 días, con diagnóstico “Trastorno de adaptación” por médico general, Dr. Delci nombre reservado. Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 14.02.2024 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”.

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 20.02.2024, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo” con fecha 18.03.2024.

b) Licencia médica N° 3-98754970: Emitida a contar del 07.02.2024 por 15 días, con diagnóstico “Trastorno de adaptación” por médico general, Dra. Delci nombre reservado. Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 14.02.2024 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”.

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 20.02.2024, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo” con fecha 18.03.2024.

c) Licencia médica N° 3-99353802: Emitida a contar del 22.02.2024 por 12 días, con diagnóstico “Trastorno de ansiedad” por médico general, Dr. nombre reservado. Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 29.02.2024 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”.

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 06.03.2024, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo” con fecha 18.03.2024.

d) Licencia médica N° 3-99747871: Emitida a contar del 05.03.2024 por 30 días, con diagnóstico “Trastorno de pánico” por médico general, Dra. nombre reservado. Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 11.03.2024 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”.

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 26.03.2024, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo” con fecha 06.05.2024.

e) Licencia médica N° 4-17810482: Emitida a contar del 05.04.2024 por 21 días, con diagnóstico “Otros trastornos de ansiedad mixtos” por médico general, Dra. nombre reservado. Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 12.04.2024 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”.

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 01.05.2024, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo” con fecha 06.05.2024.

5.- Que, la Contraloría Médica de la COMPIN Subcomisión Cautín, para rechazar la licencia médica por la que se recurre tuvo en consideración los siguientes antecedentes:

a) Listado maestro de licencias médicas FONASA años 2023 y 2024.

b) Informe médico por Dra. Delci Contreras, fechado 07.02.2024.

c) Informe médico por Dra. Delci Contreras, fechado 19.02.2024.

d) Informe médico por Dr. nombre reservado, fechado 04.03.2024.

e) Informe médico por Dra. nombre reservado, sin fecha.

f) Informe Médico Complementario, Dra. nombre reservado, sin fecha de emisión del informe.

g) Informe médico por Dra. nombre reservado, sin fecha.

6.- Que, en atención a lo anterior, la Contraloría Médica de la COMPIN concluyó lo siguiente:

a) Antecedentes médicos aportados que no justifican reposo.

Comenzó con reposo médico por patología de salud mental el 14.11.2023, acumulando al 25.04.2024 un total de 185 días de licencia médica, de los cuales fueron autorizados los primeros 70 días.

Informes médicos por Dra. Delci Contreras, 07 y 19 de febrero 2024, descripción de la sintomatología vaga y generalizada, sin descripción de funcionalidad, no informa puntaje en escala de evaluación de la actividad global (EEAG), sin historia de refractariedad a tratamiento ni ajustes farmacológicos recientes. Se consideró que la información aportada en dichos informes no es suficiente para acreditar rol terapéutico del reposo, por lo tanto, no justifica la prórroga del reposo ya autorizado.

Informe médico por Dr. nombre reservado, fechado 04.03.2024: informe muy escueto, señala sintomatología, sin descripción del compromiso funcional ni impedimento laboral asociado. Mantiene el mismo esquema de tratamiento que el informado en febrero por Dra. Contreras. No hay historia de refractariedad a tratamientos previos ni ajuste de fármacos recientes, no informa puntaje en EEAG.

Se considera insuficiente para justificar el reposo otorgado por el profesional.

Informes médicos por Dra. nombre reservado, sin fecha: señala estresores y síntomas, sin elementos psicopatológicos de gravedad, nuevamente no hay descripción de la funcionalidad ni del impedimento laboral asociado, informa un ajuste de dosis, manteniendo antidepresivo ISRS de primera línea, sin potenciadores y con ansiolítico en dosis baja y solo en caso de crisis. Se estimó que la información aportada en los informes no justifica prórroga de reposo, no acreditan rol terapéutico del mismo.

Informe Médico Complementario, Dra. nombre reservado, sin fecha de emisión del informe: llama la atención que la profesional que emitió el informe no emite ninguna de las licencias médicas de la usuaria. Señala vagamente cuadro clínico, sin elementos de gravedad, sin compromiso severo en la descripción del examen mental. No realiza ajustes en dosis de antidepresivo ISRS, solo modifica indicación de ansiolítico en monodosis nocturna. No informa puntaje en EEAG, no hay refractariedad a tratamiento previos. Nuevamente la información aportada por la profesional es considerada insuficiente para acreditar rol terapéutico del reposo.

Pese a lo extenso del reposo, no hay evidencia de inicio de psicoterapia ni de derivación a atención primaria de salud para ingreso a programa de salud mental.

Cabe señalar que, de acuerdo con Decreto 7/2013 del Ministerio de Salud, que “Aprueba reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas”, en su artículo 4to, relativo a reposo laboral por patologías mentales, en aquellos casos que se superen los 60 días de reposo y hasta un máximo de 180, las licencias deben ser emitidas por médico psiquiatra, debe contar con informe de peritaje, síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. Debe existir refractariedad o resistencia al tratamiento. El reposo debe ser indicado por psiquiatra cada 15 días cada vez y cada episodio clínico debe considerar, para la indicación de reposo tratamiento farmacológico, psicoterapia y medidas psicosociales (recomendado terapia cognitivo conductual).

b) A mayor abundamiento, la Superintendencia de Seguridad Social ha confirmado el rechazo de las licencias reclamadas realizado por la COMPIN Subcomisión Cautín, en las siguientes resoluciones:

Resolución Exenta N° R-01-UME-86040 del 30.05.2024 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-UME-117551 del 25.07.2024 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-IBS-125501 del 07.08.2024 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Por todo lo señalado, se estimó que el reposo prescrito por medio de las licencias médicas reclamadas no se encontraba clínicamente justificado ni acredita rol terapéutico con medidas claras orientadas a la recuperación de la salud y el reintegro laboral, basándose en los antecedentes médicos aportados por la trabajadora, por sus médicos tratantes y las normas técnicas vigentes, no habiendo ilegalidad ni arbitrariedad en los actos realizados por esta contraloría médica.

En resumen, queda que la actuación de la COMPIN Subcomisión Cautín no ha sido ni arbitraria ni ilegal, sus resoluciones han sido fundadas de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley N° 19.880, debiendo tenerse presente la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos según lo establecido en su artículo 3°; actuando dentro de sus competencias legales, por lo que en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, solicita se rechace el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, al carecer de fundamentos, por cuanto la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Cautín no ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales que afecten las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que las licencias médicas rechazadas y que origina la presente acción constitucional, lo fueron en virtud de la legislación vigente.

En subsidio, solicita que en caso de acogerse el presente recurso de protección, no se condene en costas a su parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que ha tenido motivo plausible para litigar.

A folio 17 informa don SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien en primer lugar solicita se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido interpuesta en forma EXTEMPORÁNEA. Lo anterior, de acuerdo con la siguiente relación de los hechos:

ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CASO DE LA SRA. nombre reservado.

1.- Consta de la copia del expediente administrativo que se acompaña, por presentación de fecha 26 de marzo de 2024, la Sra. nombre reservado reclamó contra la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 98090578-0, 98754970-K, 99353802-7, extendidas por un total de 42 días a contar del 23 de enero de 2024, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-86040-2024 Santiago, 30 / 05 / 2024 su representada señaló: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 98090578-0, 98754970-K, 99353802-7, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 70 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”.

Concluye, señalando que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 99747871-1, RUT reservado, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”.

1.1- Como consta de la copia del expediente administrativo que se acompaña, por presentación de fecha 25 de mayo de 2024, la Sra. nombre reservado reclamó contra la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 99747871-1, RUT reservado, extendidas por un total de 51 días a contar del 05 de marzo de 2024, por reposo no justificado Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-117551-2024 Santiago, 25 / 07 / 2024 su representada señaló: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 99747871-1, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 70 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que los informes médicos no permiten respaldar la presencia de un cuadro de salud mental que asocie limitaciones funcionales significativas o resistencias a un plan de tratamiento básico, que requiera de la prolongación del reposo médico por sobre el ya autorizado. Que, para futuras presentaciones, se sugiere presentar informes clínicos detallando la psicopatología, su evolución, la asociación de esta con estresores específicos, las necesidades de ajuste de tratamiento farmacológico y el plan integral de psicoterapia, a fin de contextualizar el reposo médico indicado con fines terapéuticos”.

Concluye, señalando que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 99747871-1, RUT reservado, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”.

1.2- Luego, por presentación de fecha 17 de junio de 2024, la Sra. nombre reservado reclamó solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-86040-2024 de fecha 30 de mayo de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 98090578-0, 98754970-K, 99353802-7, extendidas por un total de 42 días a contar del 23 de enero de 2024, por reposo no justificado Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-125501-2024 Santiago, 07 / 08 / 2024 representada señaló que: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 98090578-0, 98754970-K, 99353802-7, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 70 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Los informes médicos presentados no proporcionan una descripción adecuada del impacto funcional de los síntomas en la capacidad laboral del paciente, ni documentan una evolución significativa de la condición que justifique un prolongamiento del reposo. Asimismo, no se describen ajustes en el tratamiento que sugieran un beneficio terapéutico del reposo adicional.

En consecuencia, y considerando que el período de incapacidad temporal ya autorizado ha sido suficiente para la recuperación y rehabilitación del paciente, se rechaza la apelación de la licencia médica.

Concluye la mencionada Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 98090578-0, 98754970-K, 99353802-7, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”.

2.- Ahora bien, la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 5 de septiembre de 2024, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada Compin del formulario en comento. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 26 de marzo de 2024 que realizó la Sra. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre el rechazo de la licencia reclamada, consta que los mencionados formularios fueron rechazados PREVIAMENTE por la señalada Compin, con conocimiento de la Sra. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante esta Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 5 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si el 17 de junio de 2024, la Sra. nombre reservado solicitó se reconsidere el dictamen el dictamen N° R-01-UME-86040-2024 de fecha 30 de mayo de 2024 3.- Por lo expuesto, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

4.- Señala además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

5.- En consecuencia, la recurrente, si estimaba que las resoluciones de la COMPIN que rechazaron las licencias en comento adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante la Corte, tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

6.- En síntesis, de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, por cuanto, como se desprende de los mismos, los rechazos de estas licencias médicas fueron dispuestos por la referida COMPIN mas de 2 años y 2 meses atrás y no obstante ello, se interpuso la acción de autos recién el 19 de julio de 2024 en contra de su representada, cuestión que deja de manifiesto la absoluta falta de oportunidad en su ejercicio a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula. En efecto, la segunda de las normas citadas dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

En relación con esta alegación, hace presente una vez más que, como lo han señalado diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, no resulta procedente el que se emplee la Acción de Protección de los derechos y garantías constitucionales como una última instancia de reclamo o apelación, cuando en opinión del recurrente las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros, no le han dado los resultados esperados. En otros términos, la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales. Aceptar que se pueda controvertir o revisar la decisión médica implícita en el procedimiento de autorización de las licencias médicas, más allá de todas las instancias de revisión (que no son pocas) dispuestas en el ordenamiento jurídico, implica asumir que este excepcional procedimiento de emergencia sería una nueva instancia de revisión de las licencias médicas, cuestión que ciertamente está muy alejada de la finalidad con que el constituyente creó la acción en comento. Esta afirmación está respaldada en el inciso primero, parte final del artículo 20 de la Constitución Política de Chile al disponer que la persona afectada en sus garantías por un acto ilegal o arbitrario puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

A mayor abundamiento, una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida esta acción constitucional de orden cautelar.

Solicita se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

EN SUBSIDIO, ALEGA LA IMPROCEDENCA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL Antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, solicita se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, reitera que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de esta, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS Respecto del marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección, señala.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”. Así, conforme las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

2.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Refiere que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que:

“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a su defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigor de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

3.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Hace presente que en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Hace presente además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso de que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso de que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida.

En esta parte, para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió la Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

A mayor abundamiento, consta dentro de los antecedentes, los informes que realizaron las siguientes especialistas de esa Superintendencia:

1.- Informe del especialista Dr. nombre reservado de fecha 1/08/2024 que señala:

Conclusiones: Comentarios: LM emitidas por distintos médicos, médicos no especialistas, reposición Folio Origen: R-46467-2024Mujer de 40 años, trabaja como otra profesional en comercio. Con permiso autorizado por 70 días con diagnóstico de F06.4 - Trastorno de ansiedad, orgánico, F43.2 - Trastornos de adaptación. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita psicoterapia. Se rechaza.

2.- Informe del especialista Dr. nombre reservado de fecha 25/07/2024 que señala:

Fundamentos de la resolución: informe médico no permite respaldar la presencia de un cuadro de salud mental que asocie limitaciones funcionales significativas o resistencias a un plan de tratamiento básico, que requiera de la prolongación del reposo médico por sobre el ya autorizado.Se debe fomentar la exposición a fin de no cronificar los mismos síntomas mediante refuerzo de la evitación desadaptativa. sin descripción de plan integral de psicoterapia ni de los ajustes de tratamiento en el extenso período de tiempo de repososin rol terapéutico del reposo médicono acoge.

3.- Informe del especialista Dr. nombre reservado de fecha 24/05/2024 que señala:

Fundamentos de la resolución: Conclusiones: Comentarios: LM emitidas por distintos médicos, médicos no especialistas Mujer de 40 años, trabaja como administrativa en comercio. Con permiso autorizado por 70 días con diagnóstico de F06.4 - Trastorno de ansiedad, orgánico, F43.2 - Trastornos de adaptación. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita psicoterapia. Se rechaza”.

4.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, hace presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo con si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de estas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

En subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su presentación: Copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de la Sra. nombre reservado.

A folio 22 se prescinde de informe de FONASA.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que la recurrente, doña nombre reservado, ha denunciado como arbitrario e ilegal la decisión adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo del pago de las licencias médicas Folio: 3-98090578, 3-98754970, 3- 99353802, 3-99747871 y 4-17810482, señalando que tales rechazos no se encuentran debidamente fundamentados; y que ante dicha falta, la recurrida SUSESO tuvo la oportunidad de corregir o resuelto por COMPIN, sin embargo, aquello no ocurrió toda vez que confirmó los rechazos, vulnerando con aquello los derechos constitucionales de la recurrente establecidos en el artículo 19 N°1, N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene el pago de dichas licencias médicas, u otras medidas de protección que se estime del caso adoptar como adecuadas a los fines y fortalecimiento de la protección a sus derechos constitucionales.

TERCERO: Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, como se colige de los antecedentes proporcionados por la recurrente y la recurrida, será rechazada por estimarse que se trata un acto administrativo de efectos permanentes.

CUARTO: Que, en lo referente a la solicitud planteada por la recurrida en orden a que se declare la improcedencia de la acción constitucional interpuesta por tratarse de materias de seguridad social, y por ende no encontrarse tal derecho garantizado en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que si bien esta Corte coincide con lo expuesto sobre este punto, el hecho denunciado a través de esta acción tiene una implicancia directa, sea por vía de amenaza, perturbación o afectación, respecto de otros derechos constitucionales que sí se encuentran garantizados en el referido catálogo, tales como la vida e integridad física y psíquica, lo que en principio habilita a la actora para requerir la protección que se solicita.

QUINTO: Que, en cuanto al recurso propiamente tal, conforme a los antecedentes expuestos es posible apreciar que lo perseguido por la recurrente es que esta Corte deje sin efecto un acto administrativo dictado en el marco de un procedimiento técnico de justificación del reposo que le fuera prescrito a la recurrente, lo que claramente excede el ámbito de su competencia debiendo limitarse a controlar que el acto que la contiene se haya emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezca carente de racionalidad.

Que, sin perjuicio de lo anterior, tampoco podría acogerse la protección impetrada, toda vez que de la revisión de las Resoluciones dictadas, es posible concluir que la Superintendencia actuó con estricto apego a sus facultades al confirmar el rechazo de las licencias médicas que se reclaman, toda vez que en cada caso resolvió en atención a que los antecedentes del caso no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del periodo de reposo autorizado, razón por la cual el presente recurso será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por en favor de doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, subcomisión Cautín.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del fallo por la Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena.

N°Protección-5951-2024. (cwm)