nombre reservado con ORPRO SA

C.A. de Temuco Temuco, once de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparece MONICA ZUÑIGA LILLO, chilena, casada, abogado, cédula de identidad NºRUT reservado con domicilio en domicilio reservado quien interpone Recurso de Protección en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., RUT RUT reservadoy en contra de ORPRO S.A. Rut RUT reservado

Señala como fundamento de su pretensión que, de manera reiterada, en su calidad de representante legal y dueña en un 50% de la Sociedad de Profesionales Vargas y nombre reservado Limitada, Rut RUT reservado, ha recibido llamadas y correos electrónico de cobranza por supuestas cotizaciones previsionales adeudadas a la AFP antes referida cuyas gestiones de cobranza las efectúa la empresa ORPRO también antes individualizada.

Expresa que, es del caso, que ha contestado dichos correos y además se ha acercado a las oficinas de la AFP a fin de señalar que dicha deuda no existe que oportunamente fue resuelto el asunto, que retiren las gestiones de cobranza, sin embargo, no he logrado que dichas entidades cesen con su correos y llamados.

Manifiesta que, esta supuesta deuda fue judicializada en causa Rit P-4437-2016 del Juzgado de Cobranza Laboral de Temuco, encontrándose dicha causa concluida luego de confirmarse la resolución que pone termino al juicio por esta Iltma. Corte, según consta de los documentos que se acompañan.

Señala que con fecha 29 de Agosto presente, ha recibido correo electrónico de ORPRO que indica se habría autorizado por AFP Provida solicitud de orden de arresto hacia mi persona, en la demanda ejecutiva antes referida RIT P-4437-2016, por cotizaciones previsionales impagas, la que se ingresaría en los próximos días, de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la ley 17322, sobre cobranza judicial de cotizaciones previsionales.

Agrega que, pese a que dicha causa se encuentra terminada, habiéndose resuelto judicialmente el asunto, la contraria con fines absolutamente intimidatorios, no solo continua con gestiones de cobranza extrajudicial, sino que va más allá y amenaza con la solicitud de apremios tan gravosos como su arresto haciendo mención a este proceso judicial que ya se encuentra terminado, lo que obviamente constituye un actuar ilegal y arbitrario que vulnera su integridad psíquica al tener que seguir lidiando con un problema ya resuelto por un Tribunal de forma favorable a su parte.

Explica que, todo esto genera en su persona y en su familia una constante preocupación, alerta y atentado hacia nuestra tranquilidad, y todo derivado de actos que considero son ilícitos, ilegales, desde el mismo momento que se apartan de una conducta amparada por el derecho y arbitrarios, ya que son irracionales toda vez que este estudio jurídico sabe, por cuanto sus abogados entablaron demanda y presentaron recursos ante esta Iltma Corte, que dicho proceso laboral se encuentra debidamente resuelto, y no es esta la vía para proceder conforme al ordenamiento jurídico.

Señalar que estos correos con alertas de arresto seguirán llegando de no haber la debida intervención de SS. Iltma., por lo que se ha visto forzada a presentar esta acción, ya que no es menor que por una causa concluida, se me esté amenazando con afectar mi libertad ambulatoria mediante un arresto.

Expresa que, a su juicio, se vulneran los derechos a la integridad psíquica y el derecho a la vida privada y la honra, según señalaré.

El articulo 19 Nº 1 de nuestra Constitución, garantiza el derecho a la integridad física y psíquica y tal como he señalado, esta garantía se ve afectada, por cuanto las constantes cobranzas mediante correos y ahora amenazas de arresto, obviamente perturban mi tranquilidad espiritual y emocional, alterando mi estado psicológico de una manera completamente indebida, impertinente e irracional, más aún, cuando luego de haber comparecido en juicio, un Tribunal de la República ya se pronunció a mi favor.

Así por cierto se han resuelto en nuestro país causas en que este tipo de cobranzas extrajudiciales se llevan a cabo, así causa Rit 547-2023 de la Iltma. Corte de Punta Arenas, que fue confirmada por la Excma. Corte Suprema en causa Rit 239.493-2023.

El articulo 19 Nº 4 que consagra el derecho a la vida privada y la honra, ya que el constante hostigamiento de cobranzas extrajudiciales perturban mi vida cotidiana y así lo han resuelto nuestros Tribunales Superiores de Justicia al señalar “Si las llamadas telefónicas se llevan a cabo de manera persistente entorpecen el normal desenvolvimiento del recurrente, tanto en la esfera de su intimidad, como de su integridad psíquica, constituyendo un innecesario hostigamiento que invade su privacidad” (Rol 68.836-2018, de la I. Corte de Apelaciones de Santiago), razonamiento que también debe aplicarse cuando el hostigamiento es a través de correos electrónicos que además son del tenor de amenazar con órdenes de arresto, que afectarían mi libertad.

Conforme a ello, solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Provida S.A y de ORPRO S.A. admitirlo a tramitación y previo informe de las recurridas, acoger el recurso conforme a derecho, ordenando a dichas entidades abstenerse de efectuar acciones de cobranza de cualquier tipo, por hechos derivados de la causa P-4437-2016 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco y en especial remitir correos en los cuales se amenaza su libertad y cualquier otra Garantía Constitucional, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su recurso, con citación, los siguientes documentos:

1. Correo electrónico de fecha 28 de Agosto de 2024, remitido desde la correo reservado

2. Copias de causa Rit P-4437-2016 del Juzgado de letras del Trabajo de Temuco.

A folio 8, informa MARTA PAOLA ALVAREZ BASAEZ, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco y al tenor del Recurso interpuesto señala que, ante este tribunal Laboral de Temuco se tramitó la causa RIT P44372016, iniciada por AFP PROVIDA con fecha 7 de septiembre de 2016, para el cobro de cotizaciones previsionales morosas.

Manifiesta que, con fecha 18 de agosto de 2022, la hoy recurrente, doña nombre reservado, solicita se decrete la nulidad de todo lo obrado en autos, por cuanto este procedimiento no es aplicable para la cobranza de cotizaciones previsionales de trabajadores INDEPENDIENTES, y en consecuencia, el tribunal no es competente para conocer de una acción de cobro seguida por parte de una AFP en contra de un cotizante independiente.

Expresa que, previo traslado y recepción a prueba del incidente, con fecha 20 de enero de 2023 la Magistrado Graciela Riobó Hermosilla resuelve el incidente de la siguiente manera:

“SE ACOGE el incidente de nulidad de lo obrado, sin costas, debiendo retrotraerse la causa al proveído de la demanda, no dando curso a la demanda, declarándose este tribunal incompetente para conocer de la presente ejecución.”

Indica que, dicha sentencia fue confirmada por la Iltma. Corte de Apelación con fecha 19 de diciembre de 2023; con fecha 9 de enero de 2024 este tribunal dictó el “Cúmplase” y la causa se encuentra archivada desde el 22 de enero de 2024.

A folio 15, evacúa informe la recurrida ORPRO S.A., solicitando el rechazo del recurso, señalando que es del caso que su representada llevaba en representación de A.F.P. PROVIDA la causa RIT P-4437-2016, caratulada “A.F.P. PROVIDA S.A. CON SOCIEDAD DE PROFESIONALES VARGAS Y nombre reservado”, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, en contra de SOCIEDAD DE PROFESIONALES VARGAS Y nombre reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, y por cotizaciones previsionales correspondientes al mes de febrero de 2016 de la misma señora nombre reservado.

Dicha causa fue notificada de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, a la demandada, con fecha 05 de julio de 2022, y se certificó con fecha 5 de agosto del mismo año que no se habían opuesto excepciones, habiendo vencido el plazo para hacerlo.

La demandada comparece únicamente con fecha 18 de agosto de 2022, en donde solicita la nulidad de lo obrado por cuanto la deuda materia del juicio sería improcedente al constar que ella detentaba más del 50% de la sociedad demandada y además era la afiliada cuyas cotizaciones se cobraban, siendo incompatible la calidad de trabajadora y la de ostentar dicho porcentaje de derechos en la empresa.

El tribunal, con fecha 20 de enero de 2023 acogió el incidente decretando la nulidad de todo lo obrado y poniendo término al juicio, en atención a que era incompetente para conocer de una acción por cotizaciones de un trabajador independiente (en otras palabras no da por regularizada ni pagada la deuda). En contra de dicha resolución, mi representada interpuso un recurso de apelación, el cual fue acogido y se derivaron los autos a la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha 20 de febrero de 2023.

El recurso de apelación ingresó a tramitación en la Iltma. Corte de Apelaciones, con fecha 27 de febrero de 2023 y, finalmente, con fecha 19 de diciembre de 2023, la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco dictó resolución que confirmó la sentencia de primera instancia. Con fecha 9 de enero de 2024, el tribunal a quo recibió los autos de la apelación y, el 22 del mismo mes, determinó poner término al juicio.

En consecuencia, dadas las gestiones mencionadas, consta que el juicio en que se demandaban los períodos de cotizaciones 02/2016 a la empresa mencionada se encuentra terminado y mi representada no ha realizado ninguna gestión para reanudarlo que afecte la integridad ni honra de la recurrente.

Ahora bien, en cuanto a lo señalado por la recurrente, esta parte deja en claro que lo mencionado por la Sra. nombre reservado, en orden a haber recibido llamadas telefónicas y múltiples gestiones de cobranza no es efectivo.

Sin embargo, por un error informático de nuestros procesos de envío de correos electrónicos que se les envía masivamente a los empleadores se ha enviado un correo electrónico con información sobre la deuda a la Sra. nombre reservado, situación que lamentablemente no pudimos advertir a tiempo pero que, en todo caso, fue del todo fortuita. Cabe señalar que nuestro estudio está haciendo las revisiones del caso para que no se repitan errores de esta naturaleza. Sin embargo, debemos recalcar que se trató de un solo correo electrónico, enviado el 29 de julio de 2024, y que la Sra. nombre reservado nunca se contactó telefónicamente con nosotros para corregir la situación y explicarle que se trató de un error, prefiriendo entablar esta acción constitucional por ese único correo enviado erróneamente.

Finalmente hace presente que nuestro estudio jurídico está en trámite de hacer devolución de la deuda de la Sra. nombre reservado a A.F.P. PROVIDA en atención a que, si bien el tribunal ha determinado que no es posible realizar la cobranza de dicho concepto a través del procedimiento de cobranza previsional de la Ley N° 17.322, dicha deuda puede continuar cobrándose ante quien corresponda. Hago presente que dicha deuda no se encuentra regularizada.

Refiere en cuanto al derecho que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República, consagra el Recurso de Protección en los siguientes términos:

“El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

Expresa que, de acuerdo con la norma transcrita, la acción de protección tiene como finalidad asegurar la debida protección del afectado y en tal virtud, la Corte de Apelaciones respectiva podrá adoptar las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Sin embargo, S.S. Iltma. tal como se ha informado en la actualidad no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que afecte los derechos de la recurrente y que pueda ser protegido por la acción de protección incoada.

Lo anterior, ya que tal como se ha explicado en el presente informe, mi representada ha concluido la cobranza de la recurrente respecto de la deuda cobrada en la causa RIT P-4437-2016 y no se le ha realizado ninguna cobranza extrajudicial por parte de mi representada. Ahora bien, tal como hemos indicado también, el correo enviado por error el día 29 de agosto de 2024 corresponde exclusivamente a un caso fortuito y a un error involuntario, que lamentablemente puede darse en algunos casos debido a la masividad de nuestra cartera, pero respecto de lo cual se están tomando medidas pertinentes para que no ocurra nuevamente. De más está decir que con dicha comunicación en ningún caso se pretendió afectar ni el derecho a la honra ni integridad psíquica de la recurrente.

Expresa que, la recurrente pide lo siguiente en su recurso: “acoger el recurso conforme a derecho, ordenando a dichas entidades abstenerse de efectuar acciones de cobranza de cualquier tipo, por hechos derivados de la causa P-4437- 2016 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco y en especial remitir correos en los cuales se amenaza mi libertad y cualquier otra Garantía Constitucional”. En efecto, la recurrente solicita que no se continúen gestiones de cobranza extrajudicial por la causa individualizada.

Pues bien, según consta en lo expuesto previamente, es absolutamente improcedente solicitar esta medida, toda vez que mi representada ha puesto fin a dichas gestiones desde se puso término al juicio, en enero de 2024, siendo la única gestión existente el mencionado correo electrónico, que corresponde meramente a un error involuntario, lo que lleva a concluir que el recurso ha perdido oportunidad por ser extemporáneo, seguido de que de todas formas no se le volverá a contactar al recurrente por parte de mi representada en relación a la causa mencionada, ya que se ha hecho devolución a A.F.P. PROVIDA de dicha deuda.

Adicionalmente, el actual recurso en sí mismo es total y absolutamente improcedente, en atención al mérito de los antecedentes, ya que la acción de protección no señala hechos que puedan constituir vulneración de derechos que se encuentran protegidos en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y que justifiquen el ejercicio de esta acción, toda vez que si bien existió contacto, este se limita solo a uno, a través de un correo electrónico, que ya se ha aclarado corresponde a un caso fortuito, por lo cual, mal puede entenderse que este solo correo pueda vulnerar los derechos de la recurrente, o que le impidan tener una vida normal a ella o a su familia y que supuestamente le obliguen a interponer esta acción, en circunstancias que en ningún momento se acercó o comunicó con mi representada para aclarar esta situación.

Así, en mérito de lo expuesto y las disposiciones legales y constitucionales citadas, solicita tener por evacuado el informe solicitado y en su mérito, rechazar el recurso de protección interpuesto en contra de mi representada, condenando en costas a la recurrente.

A folio 14, la recurrente nombre reservado acompaña documentos consistentes en: 2 correos más de fechas 12 de Septiembre de 2023 y 25 de enero de 2024 que vienen de la misma casilla de correo electrónico: correo reservado

A folio 17, consta informe de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., ratificando íntegramente informe acompañado a estos autos por el referido Estudio de Cobranzas ORPRO S.A.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada;

SEGUNDO: Que, el acto tildado de arbitrario e ilegal por parte del actor es que ORPRO S.A. por encargo de su mandante ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA, habría realizado actos de hostigamiento telefónico y cobranzas por correo electrónico, dado el carácter impago de una cotización previsional de la propia recurrente TERCERO: Que, por su parte, la recurrida sin reconocer la existencia del hostigamiento expresa que de todos modos ha dispuesto la suspensión indefinida y permanente de cualquier gestión de cobranza, que es precisamente lo que se ha pedido por intermedio de esta acción cautelar, por lo que la acción cautelar habría perdido oportunidad.

CUARTO: Que, más allá del hecho de haber o no existido llamadas telefónicas que puedan ser o no constitutivos de actos de hostigamiento, la acción que se estimó ilegal y arbitraria, actualmente ha cesado, por cuanto como se explicitó previamente por la recurrida ha suspendido toda cobranza, considerando lo resuelto por el Juzgado de Cobranza Laboral de Temuco, en causa P-4437-2016, lo que no ha sido cuestionado en autos, por lo que es manifiesto que la presente acción constitucional ha perdido oportunidad desde que, en efecto, no es factible vislumbrar medidas que, sean idóneas para restablecer el imperio del derecho, en el sentido requerido por quien ha comparecido, razón la precedente, por la que el presente no podrá prosperar.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara:

I. - Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada MONICA ZUÑIGA LILLO, en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. y ORPRO S.A. Rut RUT reservado

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don Sergio Oliva Fuentealba.

Rol N° Protección-5918-2024.(jog)