nombre reservado con FISCO DE CHILE -36

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece BÁRBARA IRRIBARRA VENEGAS, abogada, y MACARENA ROMERO MONSALVE, abogada, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, en representación, de don nombre reservado, trabajador dependiente, quienes dicen: Que interponer Acción de Protección en contra de FISCO DE CHILE-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANIA, representada legalmente por el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, a través de su abogado procurador fiscal en Temuco don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, en virtud de la negativa arbitraria a pagar por subrogación a nuestro representado las prestaciones laborales de las cuales es titular, y que nacen de la relación laboral que lo vínculo con la empresa E&C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A, y en la cual la recurrida mantenía la calidad de Mandante (en adelante el “Acto Recurrido”) a pesar de haber procedido al pago respecto de otros trabajadores de la empresa antes individualizada.

1.- Que con fecha 01 de mayo del año 2019, nuestro representado comenzó a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia de la empresa E&C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., quien a su vez prestaba servicios para la DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS en la ejecución de la obra “Construcción Sistema Agua Potable Rural puente Basas Grande, comuna de Curarrehue, Región de la Araucanía”, en la que el señor nombre reservado se desempeñaba como Jefe en Terreno.

2) Que con fecha 18 de marzo de 2022, se informa a nuestro mandante el término de su contrato, por la causal establecida en el artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo, esto es “Necesidades de la empresa”.

3) Que, con fecha 01 de abril del año 2022 nuestro mandante presenta reclamo ante la Inspección del Trabajo, verificándose el respectivo comparendo de conciliación con fecha 13 de abril del año en curso, instancia administrativa en la cual se arriba a acuerdo en cuanto a los montos y conceptos reclamados, los que ascienden a un total de $16.388.333, Acordándose un plan de pago, consistente en 4 cuotas mensuales y sucesivas, comenzando el 27 de abril del año 2022.

4) Que la empresa E&C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A, no cumplió con el pago convenido, viéndose nuestro mandante en la necesidad imperiosa de iniciar el cobro ejecutivo a través del ingreso de demanda de cobranza laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán causa Rit J-22-2022. Causa en la cual se han realizado una serie de diligencias para obtener el pago del crédito, entre ellas se practicó embargo sobre los dineros que tenga derecho a percibir E&C por los servicios prestados a la DOH región de La Araucanía, esto con fecha 14 de octubre del año en curso, no habiendo resultado en la causa del estado del embargo continuando por tanto impago el crédito de nuestro mandante.

5) Que en la búsqueda de alternativas extrajudiciales para obtener el pago de sus prestaciones, nuestro representado toma contacto con otros ex trabajadores de la empresa E&C, doña nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, los cuales se encontraban en sus mismas circunstancias, es decir, con convenios de pago de finiquito que no fueron cumplidos, adeudándoseles remuneración del mes de marzo, feriado proporcional, indemnización sustitutiva del aviso previo e indemnización por años de servicios. Dichos trabajadores le informan, el 10 de octubre de 2022, que la DOH estaba citando para la firma y pago de finiquitos.

6) En este contexto, el día 11 de octubre de 2022, nos comunicamos con el señor nombre reservado, Inspector Fiscal de Contratos del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas, mediante correo electrónico.

Que en las respuestas del señor nombre reservado, se explica que nuestro mandante no esta contemplado en la nómina para proceder al pago por subrogación y esto por haber judicializado el cobro de las prestaciones que se le adeudan, estableciendo con ello un requisito que no se ha impuesto por la ley, ya que el pago que realiza la DOH a los trabajadores de E&C, responde al régimen de subcontratación que existía entre ellas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 183-A y siguientes del Código del Trabajo.

Que los trabajadores mencionados en el número 5 de los hechos, suscribieron finiquito entre el 11 y 20 de octubre de 2022, en los cuales consta el siguiente anexo, clausula especial: “a) El presente Finiquito es pagado por subrogación de conformidad al articulo N°183- C del Código del Trabajo, por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), de conformidad a la Resolución DOH R. Araucanía N°534 de fecha 15 de septiembre de 2022, que autoriza dicho pago.”. Quedando de manifiesto que la mandante ha optado por pagar por subrogación y así deberá hacerlo respecto de todos los trabajadores sujetos al contrato que lo vinculo con la empresa E&C sin que pueda realizar discriminaciones o distinciones que no hayan sido impuestas por la ley, menos al tratarse de un órgano de la administración pública, el que puede actuar únicamente dentro de lo permitido por la ley, debiendo además cumplir la obligación de motivar sus actos administrativos y consecuencialmente fundar las negativas, no pudiendo mantener su decisión en el hecho de que la instrucción del CDE es no proceder al pago por haberse judicializado el cobro de prestaciones, ya que en este caso lo que se podrá cuestionar o discutir, será donde proceder al pago, pero no negarse a realizar el mismo, pues de lo contrario se incurriría en Vulneración el Derecho de Igualdad ante la Ley del señor nombre reservado.

La garantía constitucional de la igualdad ante la ley se encuentra consagrada en el artículo 19 N° 2 de la CPR, el cual dispone: “La Constitución asegura a todas las personas: 2° La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

En definitiva, la igualdad ante la Ley exige que las normas jurídicas y el trato de las Autoridades sean iguales para todas las personas que se encuentren en idénticas circunstancias, no debiendo concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se encuentren en condiciones similares, así las cosas la NEGATIVA a pagar por subrogación al señor nombre reservado, las mismas prestaciones que ya ha pagado a otros trabajadores, por el hecho de haber judicializado el cobro no tiene fundamento alguno, considerando además que el cobro se judicializo a través de una demanda ejecutiva laboral, es decir al trabajador le asiste un titulo que da cuenta indubitada de su crédito, causa en la que el CDE no puede realizar discusión o defensa alguna, pues no ha sido emplazado, el único demandado es la empresa principal y al haber decidido la mandante MOP DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA ARAUCANIA, proceder al pago por subrogación, la única distinción que podrá realizar es consignar en la causa de cobranza y no directamente como ha hecho con los otros trabajadores.

Solicito a S.S. Iltma. tener por interpuesta la presente Acción de Protección, declararla admisible, solicitar informe en el plazo de 5 días o en el plazo que estime breve y perentorio, al FISCO, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRULICAS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANIA, en definitiva, acoger en todas sus partes la Acción deducida, ordenando a la recurrida lo siguiente:

a) Que la recurrida proceda inmediatamente al pago por subrogación de las prestaciones laborales que corresponden a nuestro representado, que según desglose que se hará más adelante, asciende a la suma total de $16.388.333, dictando al efecto el respectivo acto administrativo;

b) Dejar sin efecto todo acto administrativo, que suponga la validez del Acto Recurrido;

c); Dictar las demás medidas que S.S. Iltma., estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho cuya protección se invoca en la presente Acción de Protección; y, e) Condenar en costas al recurrida.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Demanda de cobro ejecutivo, ingresada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán con fecha 04 de mayo de 2022, con los respectivos documentos acompañados en el sexto otrosí.

2. Ebook de causa Rit J-22-2022 del Juzgado de letras del trabajo de Chillán.

3. Cadena de correos electrónicos de fecha 11 de octubre de 2022, dirigida a la dirección correo reservado, con el asunto “Causa contra empresa E&C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.”

4. Finiquito de contrato de trabajo, de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por don nombre reservado con fecha 11 de octubre de 2022.

5. Finiquito de contrato de trabajo, de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por doña nombre reservado con fecha 11 de octubre de 2022.

6. Finiquito de contrato de trabajo, de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por don nombre reservado con fecha 13 de octubre de 2022.

7. Finiquito de contrato de trabajo, de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por don nombre reservado con fecha 13 de octubre de 2022.

8. Finiquito de contrato de trabajo, de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por don nombre reservado con fecha 13 de octubre de 2022.

9. Finiquito de contrato de trabajo, de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por don nombre reservado con fecha 20 de octubre de 2022.

10. Finiquito de contrato de trabajo, de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por don nombre reservado con fecha 20 de octubre de 2022.

A folio informa nombre reservado, Directora Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, quien dice:

Que, en primer lugar, tal como lo reconocen las propias recurrentes, con el mérito del Acta de Conciliación suscrita ante la Inspección del Trabajo por el trabajador nombre reservado, por una parte, y por la otra, E&C Empresa Constructora S.A., y dado el incumplimiento de tal acuerdo por dicha empresa, con fecha 4 de mayo de 2022 se dio inicio a la causa RIT J-22-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, sobre cobranza laboral, caratulada "nombre reservado con E&C Empresa Constructora S.A.".

Con fecha 9 de septiembre de 2022 Macarena Romero Monsalve, abogada, por la ejecutante, en el cuaderno de apremio de la causa RIT J-22-2022, del citado tribunal, solicitó al tribunal el embargo de determinados bienes de la empresa ejecutada detallados en dicho escrito.

Mediante resolución de fecha 21 de septiembre de 2022 el tribunal resolvió lo siguiente: "Como se pide, exhórtese al JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE TEMUCO, a fin que ordene notificar la orden de retener los pagos que tenga derecho a percibir la demandada E&C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., a título de precio, estado de pago, avances de pago, boletas de garantía (especialmente las boletas de garantía Número 13635 de fecha 13 de mayo del 2019 y 13638 de fecha 13 de mayo de 2019) y lo cualquier otro título que puedan corresponderíe, por los servicios prestados al FISCO DE CHILE, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, hasta por la suma de $16.646.019 (dieciséis millones seiscientos cuarenta y seis mil diecinueve pesos)".

El 4 de octubre de 2022 nombre reservado, Receptor Judicial, procedió a efectuar la retención de pagos en los términos decretados por el tribunal. Luego, el 5 de octubre de 2022 el referido ministro de fe notificó a nombre reservado, funcionario de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, la referida medida de retención en dependencias de dicho servicio público. Todo ello consta en la causa E-361-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, sobre exhorto, en relación a la causa J-22-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillón, sobre cobranza laboral. Posteriormente, tal medida cautelar fue ingresada en el sistema contable de la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía del Ministerio de Obras Públicas.

Mediante el Oficio Ordinario N° 469, de fecha 30 de noviembre de 2022, del Director Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía, se informó al Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan que los antecedentes relativos a la causa J-22-2022 fueron ingresados en el respectivo sistema contable, que el último estado de pago que se realizó a la empresa fue el 17 de diciembre de 2021, y que a la fecha de la emisión de dicho oficio no se han efectuado nuevos pagos a favor de la empresa.

Que como se puede apreciar claramente de todos los hechos expuestos en el numeral precedente, el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan, en el contexto de la causa J-22-2022, mediante resolución de fecha 21 de septiembre de 2022, decretó en términos amplios una medida cautelar de retención de dineros en relación a todos los pagos a que tenga derecho a percibir la demandada E&C Empresa Constructora S.A., a título de precio, estados de pago, avances de pago, boletas de garantía (especialmente las boletas de garantía Número 13635 de fecha 13 de mayo del 2019 y 13638 de fecha 13 de mayo de 2019) y/o cualquier otro título que pueda corresponderé, por los servicios prestados al Fisco de Chile, Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, hasta por la suma de $16.646.019.

Así las cosas, el Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, debió dar cumplimiento a la referida medida cautelar, por lo cual la Dirección de Contabilidad y Finanzas procedió a registrarla en su sistema contable, lo que se traduce en que tales servicios se encuentran impedidos de ir en contra de la resolución judicial que la decretó mientras esta última no se encuentre revocada. En otras palabras, no podían efectuarse pagos al trabajador recurrente que afectasen los dineros que fueron objeto de la citada medida cautelar sin que exista una orden del tribunal respectivo que autorice aquello, en este caso, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan. Lo anterior explica el actuar del referido servicio público, el cual consistió en dar cumplimiento de una medida cautelar decretada por un tribunal de la República, lo cual significa precisamente cautelar los dineros e instrumentos que son objeto de aquella, de modo tal que no existe ninguna hipótesis de ilegalidad o arbitrariedad a su respecto.

3°.- Que, en segundo lugar, cabe hacer presente que las recurrentes omiten hacer mención a V.S. ILTMA. que con fecha 4 de mayo de 2022, nombre reservado interpuso ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán demanda por despido improcedente, nulidad del despido y cobro de prestaciones, en procedimiento monitorio, en contra de E&C Empresa Constructora S.A. y solidaria o subsidiariamente en contra de Aguas Araucanía S.A., la cual dio origen a la causa RIT M-169-2022, seguida ante dicho tribunal. Posteriormente, amplió la demanda, dirigiéndola también de manera solidaria o subsidiaria en contra del Fisco de Chile (Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía). El tribunal dictó sentencia con fecha 9 de agosto de 2022, acogiendo la demanda en los siguientes términos:

"I.- Que SE ACOGE, la demanda en procedimiento monitorio deducida por don nombre reservado, en contra de E&C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., y se condena a la demandada a las prestaciones siguientes:

II.- Recargo legal del 30% de ia indemnización por años de servicios por la suma de RUT reservado pesos, de acuerdo lo dispone el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.

2.- Descuento concepto de aporte al seguro cesantía, por la suma de $1.612.710.- 3.- Cotizaciones de seguridad social adeudadas durante la relación laboral, ordenando oficiar a las entidades correspondientes para que procedan a liquidación y cobro.

A.- Las remuneraciones que se devenguen durante el periodo que medie entre la fecha del despido, ocurrido el 18 de marzo de 2022 y la fecha de convalidación, en base a remuneración de RUT reservado pesos.

II.- Que SE ACOGE, la demanda en procedimiento monitorio deducida por don nombre reservado, en contra del FISCO DE CHILE, Rut RUT reservado, por los actos u omisiones del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS-DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANIA, todos anteriormente individualizados, en calidad de solidariamente responsable, solo en cuanto deberá pagar las prestaciones enumeradas con los números 2 y 3 del acápite anterior, con excepción del número 4.

III. Que, rechaza la demandada respecto de Aguas Araucanía.

IV.- Que se condena en costas solo a la demandada E&C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. por haber sido totalmente vencida.

V.- Que las sumas deben ser pagadas con reajuste e intereses legales.

VI.- Oficíese a las instituciones previsionales pertinentes para los efectos de lo dispuesto en el artículo 461 del Código Laboral".

Con el mérito de la referida sentencia y, firme esta, se ingresó para su cumplimiento en la sección de cobranza del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillón, dándose origen a la causa RIT C-221-2022, caratulada "nombre reservado con E&C Empresa Constructora S.A. y otro".

Con fecha 27 de octubre de 2022 Bárbara Irrlbarra Venegas, abogada, en representación de nombre reservado, demandante, en el cuaderno de apremio de la causa RIT C-221-2022, del citado tribunal, solicitó a este último el embargo de determinados bienes detallados en dicho escrito.

Mediante resolución de fecha 10 de noviembre de 2022 el tribunal resolvió lo siguiente: "Atendido lo dispuesto en los artículos 290 N° 3 del Código de Procedimiento Civil y 444 del Código del Trabajo se hace lugar a lo solicitado y en consecuencia se decreta el embargo sobre los dineros que tenga derecho a percibir la ejecutada, a título de precio, estado de pago, avances de pago, retenciones, boletas de garantía, (especialmente las boletas de garantía Número 13635 de fecha 13 de mayo del 2019 y 13638 de fecha 13 de mayo de 2019) y/o cualquier otro título que puedan corresponderle, por los servicios prestados a FISCO DE CHILE, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS, REGIÓN DE LA ARAUCANIA, RUT RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, así como por cualquier otro contrato adjudicado y en el que tenga participación la ejecutada. Hasta concurrencia del crédito de autos, que conforme a liquidación de fecha 05 de septiembre de 2022, corresponde a $20.297.422. Practíquese la diligencia por receptor particular a su costa".

Con fecha 5 de diciembre de 2022 Adis nombre reservado, Receptora Judicial, procedió a trabar embargo, esto es, a la retención de los pagos a que tenga derecho a percibir la parte ejecutada a título de precio, estado de pago, avances de pago, retenciones, boletas de garantía (especialmente las boletas de garantía N° 13635, de fecha 13 de mayo del 2019, y N° 13638, de fecha 13 de mayo de 2019), y/o cualquier otro título que pueda corresponderle por los servicios prestados al Fisco de Chile, Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, por la ejecución del contrato CO-APR-4787-2019, así como por cualquier otro contrato adjudicado y en el que tenga participación la ejecutada, hasta la concurrencia del crédito de la causa, conforme a liquidación de fecha 5 de septiembre de 2022, que corresponde a $20.297.422. Dicha diligencia fue notificada el 5 de diciembre de 2022 en dependencias de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía. Ello consta en la causa E-458-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, sobre exhorto, en relación a la causa C-221 -2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan, sobre cobranza laboral.

Posteriormente, tal medida cautelar fue ingresada en el sistema contable de la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía del MOP.

Que como se puede apreciar claramente de todos los hechos expuestos en el numeral precedente, el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, en el contexto de la causa C-221-2022, mediante resolución de fecha 21 de septiembre de 2022, decretó en términos amplios un embargo sobre los dineros que tenga derecho a percibir la ejecutada, a título de precio, estados de pago, avances de pago, retenciones, boletas de garantía, (especialmente las boletas de garantía Número 13635 de fecha 13 de mayo del 2019 y 13638 de fecha 13 de mayo de 2019) y/o cualquier otro título que pueda corresponderle por los servicios prestados al Fisco de Chile, Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, por la ejecución del contrato CO-APR-4787-2019, así como por cualquier otro contrato adjudicado y en el que tenga participación la ejecutada, hasta la concurrencia del crédito al que se refiere dicha causa que corresponde a $20.297.422.

Así las cosas, el Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, debió dar cumplimiento al referido embargo, por lo cual la Dirección de Contabilidad y Finanzas procedió a registrarlo en su sistema contable, lo que se traduce en que tales servicios se encuentran impedidos de ir en contra de la resolución judicial que lo decretó mientras esta última no se encuentre revocada. En otras palabras, no podían efectuarse pagos al trabajador recurrente que afectasen los dineros que fueron objeto del citado embargo sin que exista una orden del tribunal respectivo que autorice aquello, en este caso, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillón. Lo anterior explica el actuar del referido servicio público, el cual consistió en dar cumplimiento de una medida cautelar decretada por un tribunal de la República, lo cual significa precisamente cautelar los dineros e instrumentos que son objeto de aquella, de modo tal que no existe ninguna hipótesis de ilegalidad o arbitrariedad a su respecto.

Que, por otra parte, los artículos 130, 131 y 132 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en adelante RCOP, aprobado mediante el Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, respectivamente, prescriben:

Artículo 130. "El período para el pago de las remuneraciones será semanal, quincenal o mensual, según se establezca en los contratos celebrados entre el contratista y sus trabajadores, y si el trabajo es a trato, deberá concederse el anticipo con relación a la labor realizada.

Las remuneraciones deberán pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que el trabajador convenga con el empleador y no podrán ser inferiores a las legales vigentes en la zona correspondiente. Sin embargo, cuando la Dirección General lo estime conveniente, podrá fijar en ¡as bases administrativas de cada contrato las remuneraciones mínimas que el contratista deberá pagar a sus trabajadores, no pudiendo ser éstas inferiores ai ingreso mínimo vigente.

El contratista queda obligado a pagar a sus trabajadores por cada día de lluvia no trabajado una suma equivalente a la estipulada en la legislación vigente".

Artículo 131: "En caso que el contratista o un subcontratista no diere cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, el inspector fiscal queda facultado para pagar, a través de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, con cargo a los estados de pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los gastos originados por esta diligencia. Si los estados de pago pendientes son insuficientes, se utilizarán fas retenciones y garantías del contrato.

Este acto se hará administrativamente sobre la base de los libros del contratista y de ¡a nómina de los trabajadores entregada por éste al inspector fiscal, según ¡o prescrito en el inciso 3° del artículo 143.

Asimismo la Dirección podrá hacer uso de los estados de pago pendientes para mantener en vigencia las pólizas de seguro o tas boletas de garantía del contrato, si éstas no fueren oportunamente renovadas por el contratista.

Iguales disposiciones se podrán tomar en caso de liquidación o terminación anticipada del contrato, si el contratista no hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente, o no hubiere renovado la vigencia de tas garantías correspondientes".

Artículo 132: "Los funcionarios autorizados para aprobar estados de pago quedan facultados para no darles curso, cuando el contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la ley 16.744 de los trabajadores ocupados en las faenas, o bien, podrán ordenar que se retenga de dichos estados de pago las cantidades adeudadas por tales conceptos, las que serán pagadas por cuenta del contratista a las personas o a las instituciones que corresponda, a través de la Dirección de Contabilidad y Finanzas.

Lo mismo se adoptará en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios".

Que de lo anterior se puede colegir lo siguiente: a) En primer lugar, que la facultad que otorga el RCOP para no dar curso a los estados de pago se puede ejercer cuando el contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones, imposiciones previsionales y cotizaciones de la Ley 16.744; y b) En segundo lugar, que ninguna de las normas transcritas del RCOP hace referencia al pago de finiquitos o indemnizaciones adeudadas a los trabajadores.

La Contraloría General de la República es clara al señalar que aun cuando el servicio al que se refiere el Dictamen (la Dirección de Obras Hidráulicas) sea considerada una empresa principal, la decisión de no pagar la indemnización por años de servicio al reclamante, bajo la fórmula del artículo 131 del RCOP, se ajusta a derecho y no habilita a la DOH a emplear dicha fórmula para pagar indemnizaciones por años de servicio.

De lo anterior se puede concluir que para la suscripción de un finiquito necesariamente tienen que concurrir las partes del contrato, esto es, empleador y trabajador, por lo que, independiente que al servicio se le considere como empresa principal por la jurisprudencia administrativa y judicial, de todas maneras es un tercero en la relación laboral y, por lo mismo, no está habilitada para suscribir finiquitos y poner término a la mencionada relación laboral.

Que sin perjuicio de lo anterior, y ante las normas del Código del Trabajo enunciadas, en especial, el artículo 183-B que señala "La empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidos las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral (...}", cabe destacar que para perseguir dicha responsabilidad el trabajador debe presentar una demanda y obtener sentencia favorable (la cual establecerá los términos precisos en que operará la solidaridad o subsidiaridad, según corresponda), lo que se desprende justamente del inciso cuarto del artículo en comento, de acuerdo al cual "El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan responder de sus derechos, en conformidad a las normas de este Párrafo".

Que el Fisco de Chile, Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía no se encuentra obligado al pago por subrogación en los términos indicados en la acción de protección de autos por cuanto los aspectos contenidos en el Acta de Conciliación suscrita entre el trabajador y la E&C Empresa Constructora S.A. (cuyo cumplimiento dio origen a la causa RIT J -22-2022, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan) naturalmente no forman parte de los aspectos demandados por el trabajador en la demanda laboral que interpuso ante dicho tribunal y que dio origen a la causa RIT M-169-2022, en la cual se condenó al Fisco de Chile solamente a pagar solidariamente únicamente las prestaciones individualizadas en los numerales 1, 2 y 3 del resuelvo I, en conformidad a lo indicado en el resuelvo N° II de dicha sentencia, cuya copia, una vez firme, mediante la resolución de fecha 27 de octubre de 2022, dictada en la referida causa RIT M-169-2022, se ordenó que fuera remitida al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con el certificado de encontrarse ejecutoriada, con una copia autorizada de la liquidación del crédito practicada en dicha causa, con una copia de la resolución que tuvo por aprobada esta última y con la certificación del Ministro de Fe de encontrarse firme y ejecutoriada, a objeto de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil. Así las cosas, del tenor de la constancia de fecha 28 de octubre de 2022, efectuada en la referida causa por la funcionaría nombre reservado, consta que con fecha 26 de octubre de 2022 se ha ordenado emitir un oficio que fue notificado vía correo electrónico a la casilla correo reservado, lo cual acredita que el cumplimiento de la referida sentencia en cuanto a los aspectos demandados por el referido trabajador en sede declarativa judicial y respecto de los cuales el Fisco de Chile fue condenado solidariamente, se está desarrollando en conformidad a las normas del referido Código. Además, debemos recordar que la solidaridad no se presume y, en el caso en comento, solo debe entenderse en los términos resueltos por la sentencia declarativa recaída en la causa RIT M-169-2022, la cual se encuentra firme y ejecutoriada. Asilas cosas, no existe una hipótesis de ¡legalidad o arbitrariedad en el actuar del Fisco de Chile, Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, como erróneamente lo sostienen las recurrentes.

Que sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que ante los incumplimientos laborales de E&C Empresa Constructora S.A. se comenzó un proceso de pago a los trabajadores que se desempeñaron en la obra denominada "SAPR Puente Basas Grande, comuna de Curarrehue", SAFI 290.158, Respecto a remuneraciones e imposiciones previsionales, facultándose al inspector fiscal para pagar, a través de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, los suelos adeudados a los trabajadores de la obra, así como también las imposiciones previsionales, en conformidad a los artículos 131 y 132 del RCOP. Sin embargo, como se explicó latamente en los puntos Io al 4o del punto II del presente informe, respecto del trabajador recurrente debe tenerse presente que existe una medida cautelar de retención de dineros decretada mediante resolución de fecha 21 de septiembre de 2022, dictada en el contexto de la causa RIT J-22-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan (medida notificada con fecha 5 de octubre de 2022 en dependencias de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía) y un embargo decretado mediante resolución de fecha 10 de noviembre de 2022, dictada en el contexto de la causa RIT C-221-2022, seguida ante el mismo tribunal (embargo trabado con fecha 5 de diciembre de 2022 en dependencias de la citada Dirección Regional), actuaciones judiciales que afectaron ampliamente los dineros que tenga derecho a percibir E&C Empresa Constructora S.A., a título de precio, estado de pago, avances de pago, retenciones, boletas de garantía, (especialmente las boletas de garantía Número 13635 de fecha 13 de mayo del 2019 y 13638 de fecha 13 de mayo de 2019) y/o cualquier otro título que puedan corresponderle por los servicios prestados al Fisco de Chile, Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Obras Hidráulicas, Región de La Araucanía, hasta la concurrencia de las sumas indicadas en dichas actuaciones.

Por tal motivo no puede concebirse bajo ningún respecto una actuación ilegal o arbitraria por parte del Fisco de Chile, Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, que haya afectado la garantía de igualdad ante la ley del recurrente, por cuanto la referida Dirección Regional se limitó a dar estricto cumplimiento a las citadas órdenes judiciales en cuanto a cautelar los dineros e instrumentos objetos de las mismas.

Que resulta totalmente improcedente que las recurrentes instrumentalicen mañosamente la acción constitucional de protección para que se ordene al Fisco de Chile al pago de indemnizaciones que no fueron objeto de la demanda que dio origen a la causa declarativa laboral RIT M-169-2022, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan y que, por ende, tampoco formaron parte de la condena solidaría contenida en la sentencia definitiva dictada en el contexto de dicha causa, respecto de la cual omiten toda mención en ia acción que ha dado origen a estos autos. En otras palabras, no puede obligarse al Fisco de Chile a pagar por subrogación más allá de la condena solidaria establecida en la referida causa declarativa laboral por que se estaría alterando el efecto de cosa juzgada en relación a la misma. Además, las indemnizaciones que pretende hacer valer la recurrente en esta sede constitucional respecto al Fisco de Chile fueron objeto de un acuerdo entre el trabajador y la empresa contratista, el cual no le es oponible a terceros que no concurrieron a éi, como es el caso del recurrido.

A mayor abundamiento, cabe hacer presente que de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales el conocimiento en primera instancia de las causas del trabajo corresponde a los Juzgados de Letras del Trabajo, de Cobranza Laboral y Previsional y, respecto a las causas cuyo conocimiento no corresponda a estos, a los Juzgados de Letras. En este sentido, de acuerdo a lo expuesto a lo largo del presente informe ha quedado de manifiesto que actualmente existen dos causas laborales iniciadas en relación a la situación del referido trabajador en el contexto de su desempeño en la obra "SAPR Puente Basas Grande, comuna de Curarrehue", SAFI 290.158, esto es, las causas RIT J-22-2022 y RIT C-221-2022, ambas del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan, por lo cual existen claras hipótesis de litis pendencia que las recurrentes pretenden soslayar, buscando un mecanismo ilegítimo e improcedente para obtener un pronunciamiento judicial de parte de un tribunal distinto a aquél en donde actualmente se tramitan dichas causas.

Que, en definitiva, la situación expuesta y pretendida por las recurrentes es de competencia de la jurisdicción ordinaria. Además, la finalidad propia de la acción de protección es la de restablecer el imperio del derecho, reaccionando ante una situación anormal y evidente que atente contra alguna de las garantías que establece la Constitución Política de la República, situación que en la especie claramente no ocurre. En efecto, la acción de protección se trata de una acción cautelar, de origen constitucional, que protege a los individuos mediante ciertas providencias que evitan los efectos de un acto arbitrario e ¡legal, pero en ningún caso puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución protectora.

Solicita tener por evacuado el informe de rigor por parte de la DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, solicitando que, en definitiva, se resuelva el rechazo de la acción interpuesta en estos autos, con costas, por ser manifiestamente improcedente.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Escrito de fecha 9 de septiembre de 2022, presentado por Macarena Romero Monsalve, abogada, por la ejecutante, en el cuaderno de apremio de la causa RIT J-22-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, mediante el cual solicitó al tribunal el embargo de determinados bienes de la empresa ejecutada detallados en dicho escrito.

2.- Resolución de fecha 21 de septiembre de 2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan, dictada en el contexto de la causa RIT J-22-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán.

3o Certificaciones de fecha 4 y 5 de octubre de 2022 efectuadas por nombre reservado, Receptor Judicial, en la causa E-361-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, sobre exhorto, en relación a la causa J-22-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan, sobre cobranza laboral.

4.- Oficio Ordinario N° 469, de fecha 30 de noviembre de 2022, del Director Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía, evacuado en el contexto de la causa RIT J-22-2022.

5.- Escrito de fecha 27 de octubre de 2022, presentado por Bárbara Irribarra Venegas, abogada, por la demandante, en el cuaderno de apremio de la causa RIT C-221-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan, mediante el cual solicitó al tribunal el embargo de determinados bienes de la empresa ejecutada detallados en dicho escrito.

6.- Resolución de fecha 10 de noviembre de 2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillón, dictada en el contexto de la causa RIT C-221-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan.

7.- Certificación de fecha 5 de diciembre de 2022 (11:40 horas) efectuada Adis nombre reservado, Receptora Judicial, en la causa E-458-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, sobre exhorto, en relación a la causa C-221-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillón, sobre cobranza laboral.

8°.- Certificación de fecha 5 de diciembre de 2022 (12:15 horas) efectuada Adis Pínula González, Receptora Judicial, en la causa E-458-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, sobre exhorto, en relación a la causa C-221-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan, sobre cobranza laboral.

9°.- Sentencia definitiva de fecha 9 de agosto de 2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan, dictada en el contexto de la causa RIT M-169-2022.

10.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan, dictada en el contexto de la causa RIT M-169-2022.

11.- Constancia de fecha 28 de octubre de 2022, efectuada por nombre reservado, funcionaría del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, en el contexto de la causa RIT M-169-2022.

PRIMERO: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada;

SEGUNDO: Que el acto tildado de arbitrario e ilegal por el recurrente, la negativa de parte de la recurrida para efectuar el pago por subrogación por la suma de $16.388.333.- Dicha negativa afecta la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política.

TERCERO: Que la recurrida señaló que no puede efectuar el pago alguno, por cuanto existen dos causas laborales, donde el recurrente está efectuando el cobro de sus derechos laborales, donde se han decretado embargo de bienes. En ambas causas figura como demandada “E&C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.” y en una de ella se ha determinado la responsabilidad solidaria del Fisco.

CUARTO: Que para la procedencia de la acción cautelar de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, requisito que en la especie no concurre, por cuanto, existen dos causas laborales donde el recurrente está efectuando el cobro de sus derechos laborales.

Tales son:

Causa J-22-2022. Seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán. Caratulada nombre reservado CON E&C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

Causa C-221-2022, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán. Caratulada nombre reservado CON E&C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. y otro.

En ambas causas, el recurrente ha solicitado embargos de dinero. Es decir, la recurrente de autos, está efectuando el cobro de sus acreencias la vía ordinaria, es decir por los tribunales de justicia; no siendo la sede proteccional, la vía idónea para conocer el cobro de dineros adeudados.

QUINTO: Que en consecuencia, atendido lo reflexionado precedentemente, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se señalan como vulneradas ni al examen pormenorizado de los documentos acompañados por los intervinientes.

Por estas consideraciones, normas constitucionales y reglamentarias citadas, y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por BÁRBARA IRRIBARRA VENEGAS, y MACARENA ROMERO MONSALVE, en representación, de don nombre reservado, en contra de FISCO DE CHILE-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANIA, representada legalmente por el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO.

Regístrese, notifíquese y archívese virtualmente en su oportunidad Redactor del fallo Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Rol N°Protección-58432-2022.