nombre reservado con BANCO DE ESTADO DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, veinte de mayo de dos mil veintidós.

Al folio N° 10 y N° 11: Téngase presente.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, cesante, domiciliada en domicilio reservado, quien dice:

Que interpone recurso de protección en contra, de la institución financiera denominada BANCO DEL ESTADO DE CHILE, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en razón de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer:

1. Soy titular de la tarjeta de Banco Estado N° 4564 7715 0004 9016 SMART+ VISA 2. El 18 de marzo me llamó un número desconocido tratando de estafarme, señalando que había unas devoluciones pendientes a mi cuenta, a lo que respondí que agradecía que me avisaran, pero iría personalmente al Banco para ver el tema.

3. Al ver mi cuenta al día siguiente en la tarde, (esto porque estaba en un sector rural apartado de la comuna donde no hay señal de internet) me di cuenta que aparecían dos movimientos, uno en la WEB MERCADO PAGO S/A por un monto de $279.990.- y otro como pago de cuentas SAFETYPAY CHILE por un monto de $1.160.000.

4. Así las cosas y al darse cuenta de que se había ocupado la tarjeta en sistemas que yo ni siquiera comprendo, es que hice un reclamo al banco el que ingreso bajo el número 14410418 explicando la situación.

5. Así mismo, el banco me respondió primero que bloquearon mi tarjeta, y que para poder autorizar la transacción señalada fue indispensable autorizarla con mi tarjeta de coordenadas terminada en 9713 entregada a mi persona de manera presencial y la cual permite operar con mayor nivel de seguridad. Como referencia las operaciones reclamadas fueron realizadas con elementos de mi exclusiva custodia y responsabilidad, sin existir vulnerabilidad en los sistemas del banco. En consecuencia, no podemos acoger mi requerimiento.

6. Realicé en los días posteriores otro requerimiento ya que no quedé conforme con la respuesta, sin embargo, me dieron las mismas explicaciones señalando que yo autoricé dichas transacciones.

7. A la fecha no tengo una solución y además estoy endeudada con Banco estado en un monto superior al $1.200.000 por motivos y transacciones que desconozco por completo.

8. No es posible que me culpen a mí, cuando su sistema no cumple los mínimos estándares de seguridad.

Según el contrato con la recurrida, soy dueña la tarjeta BancoEstado SMART+ VISA, amén de lo anterior también lo soy de los derechos y obligaciones emanados de ella; así las cosas, es que ahora debo cumplir una obligación de pagar algo que yo no compre ni autorice, sin embargo, el actuar arbitrario e ilegal del BANCO ESTADO está impactando directamente en mi patrimonio presente y futuro, ya que actualmente estoy sin trabajo, NUNCA, utilice la tarjeta porque no me gusta gastar lo que no tengo, y ahora tengo una tremenda deuda con el banco, el que no fue capaz de salvaguardar mis intereses en absoluto, y que ahora simplemente se desentiende de la situación.

Solicita se sirva tener por deducido Recurso de Protección en contra de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, ya individualizado, quien por su accionar ilegal y arbitrario ha vulnerado mi derecho de propiedad, del modo que se ha descrito en este recurso, y solicito a esta Ilustrísima Corte lo acoja a tramitación y en definitiva, previo informe de la recurrida, lo acoja y ordene que se dejen sin efecto las dos transacciones bancarias que yo no autoricé; con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación:

- Copia de Requerimiento a Banco Estado.

- Copia de Respuesta a Requerimiento de Banco Estado.

- Copia de movimientos no facturados.

- Copia de Cartola Bancaria de la cuenta BancoEstado SMART+ VISA - Copia de tarjeta BancoEstado SMART+ VISA A folio 6, informa Marcelo Davico Ramírez, abogado por la recurrida BANCO DEL ESTADO DE CHILE, quien dice:

Conforme a los antecedentes que obran en nuestro poder, vengo en señalar en forma categórica, que no han existido ni existen actuaciones u omisiones arbitrarias ni ilegales imputables al Banco del Estado de Chile. Esto también se desprende del texto del recurso interpuesto por el recurrente que no ha logrado en ningún caso acreditar la vulneración de medidas de seguridad de su representado, de forma que no es posible afirmar, como erróneamente lo hace la recurrente, que es como consecuencia de la vulneración de las medidas de seguridad de mi representado que se hayan efectuado transferencias de fondos que ahora desconoce.

1°) La recurrente basa su pretensión en que desconoce dos movimientos realizados con Tarjeta de Crédito Smart Visa, señalando que corresponderían a dos compras realizadas en el comercio Online y que dicho reclamo fue ingresado al Banco con el N°14410418.

2°) Menester es señalar que de los mismos documentos acompañados por la recurrente se puede desprender que los dos movimientos objetados son realizados desde su cuenta chequera electrónica N° [cuenta reservada], 3°) Respecto al uso de su Tarjeta de Crédito, preciso es aclarar que se refiere a una operación de avance en efectivo que tuvo como destino su chequera electrónica 4°) Como se desprende de lo señalado el Avance en efectivo no genera daño patrimonial al recurrente ya que éste tiene como destino la propia cuenta de la recurrente.

5°) Todas las operaciones ya individualizadas fueron autorizadas mediante Tarjeta de Coordenadas N°18109713, la cual pertenece al cliente desde el 26/08/2020.

6°) Clave obtenida por Tarjeta de Coordenadas es un segundo factor de autentificación y corresponde a una clave dinámica (a diferencia de la clave de internet) que se genera para cada transacción, ya que para cada operación el banco le indicará ingresar un número de coordenadas distinto.

7°) Para todas las operaciones, previamente se dio ingresar la clave de internet del recurrente, la cual se encontraba vigente desde 10/08/2018.

8°) La compra individualizada como PAGO DE CUENTAS SAFETYPAY CHILE fue realizada por el canal Botón de Pago. El botón de pago es un servicio que permite realizar pagos en línea utilizando una conexión entre el Banco y los comercios.

9°) El Canal Botón de pago supone un canal en los cuales los clientes operan en comercio y son dirigidos al Banco para autorizar cada transacción utilizando sus credenciales y cuenta con estrictas medidas de seguridad que se detallan en el informe acompañado en el primer otrosí de esta presentación.

10°) La compra individualizada como WEB MERCADOPAGO S.A. se realizó por el canal Débito Nacional de WEBPAY con las credenciales del cliente (Rut y clave de internet) y datos de la tarjeta N°4345613026746822000 y los datos del comercio.

11°) Cliente presenta Datos Seguros y confirmados con fecha 2020.04.14-17:07:36 hrs. Con CORREO ACTUAL: correo reservado. Y Numero de CEL ACTUAL: 964903385. Según el siguiente detalle:

12°) La Tarjeta física N° 4345613026746822000 fue emitida con fecha 08/04/2021 y en la actualidad se encuentran cancelada, según el siguiente detalle:

13°) Debemos señalar que la negativa de mi representada a restituir las sumas que desconoce el recurrente, tiene como base un análisis exhaustivo y no es una decisión arbitraria e ilegal cómo la quiere hacer ver el recurrente, que se basa en señalar que las operaciones que se reclama fueron realizadas con el uso normal de las credenciales de exclusiva custodia del cliente, no existiendo vulneración de los sistemas del Banco a través de los distintos canales del Banco.

14°) En este punto, preciso es señalar que es el mismo recurrente quién reconoce que previo a las transacciones reclamadas recibe un llamado telefónico de un tercero que se hace pasar por un supuesto ejecutivo de BancoEstado.

En primer lugar, es menester precisar que el Recurso de Protección puede ser definido como “la acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores, a fin de solicitarles que adopten inmediatamente las providencias que juzguen necesarias para establecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”

Que, por consiguiente, frente a la afectación del legítimo ejercicio de un derecho o garantía, expresamente protegido por el artículo 20 de la Constitución, se alza como contrapeso a dicho gravamen esta acción cuyo objetivo básico es, a través de providencias cautelares urgentes, restablecer el imperio del derecho. Es obvio que el ejercicio de esta facultad, es jurisdiccional, pero por su relevancia se le exige a los tribunales, además, el ejercicio legítimo de sus facultades conservadoras cuyo sentido histórico y jurídico fue precisamente entregarle a este Poder del Estado, como función conexa relevante, la de asegurar el respeto de las garantías y derechos que la Carta Fundamental contempla en favor de las personas.

11°) Que de lo razonado emerge como una consecuencia básica que el amparo que asegura la acción constitucional deducida, no es condicional, ni accesoria, no puede interrumpirse, ni suspenderse en modo alguno, puesto que el texto del precepto busca como objetivo básico el poner pronto remedio, frente a los efectos que puede ocasionar, a un derecho relevante y esencial de toda persona, un acto que prima facie, puede reputarse como arbitrario o ilegal y que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de tal derecho. Y, desde esta perspectiva, el constituyente completó la idea, estableciendo en la parte final del inciso primero, que el ejercicio irrestricto de la acción de protección lo era sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado, ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

12°) De lo expuesto se colige que son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de naturaleza cautelar como lo es el denominado recurso o acción constitucional de protección, ninguna de las cuales concurren en el caso autos.

En efecto, conforme se expondrá a continuación, y por los argumentos que se desarrollan, la acción constitucional de protección deducida por la recurrente debe ser rechazada porque no existe arbitrariedad o ilegalidad en el obrar del Banco del Estado de Chile.

Como tiene dicho nuestro máximo tribunal, “…constituye requisito indispensable de la presente acción de amparo constitucional la existencia de un acto arbitrario o ilegal, esto es, que sea producto del mero capricho de quien incurre en él o que sea contrario a la ley, según la acepción o definición contenida en el artículo 1º del Código Civil, no es menos cierto que es igualmente necesario que exista una conculcación de los derechos fundamentales que se busca proteger por esta vía, suficiente para provocar la actividad jurisdiccional ya que ello se traducirá en definitiva en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio. De este modo, si dicha afectación o conculcación de derechos no existe, en una relación causa-efecto con los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que se denuncian, o bien la Corte no se encuentra en situación de adoptar medida alguna para los efectos antes indicados, el recurso carece de finalidad…”

Es del caso, que, para la procedencia del recurso de protección, debemos encontrarnos ante una actuación u omisión susceptible de ser calificada de arbitraria o ilegal, de forma que el derecho indubitado pueda ser cautelado por este medio de urgencia, en caso alguno la actuación de mi representado puede ser calificada como arbitraria o ilegal.

Así, somos categóricos en señalar que la negativa de mi representada a restituir las sumas que desconoce el recurrente, tiene como base un análisis exhaustivo y no es una decisión arbitraria e ilegal cómo la quiere hacer ver el recurrente, tal como quedó demostrado en el primer apartado de esta presentación.

13°) La recurrente arguye en su recurso que se han vulnerado los sistemas de seguridad del Banco del Estado de Chile.

Empero, no se ha allegado a los presentes autos antecedente o documento alguno que permita acreditar tal aseveración, o que permita establecer que los sistemas de seguridad han sido efectivamente vulnerados.

Banco del Estado de Chile, actuando dentro de su esfera de resguardo, y adoptando una conducta proactiva, ha asumido un rol responsable al informar a sus clientes respecto de las formas en que terceros pueden intentar realizar fraudes electrónicos, siendo política el comunicar que ningún ejecutivo JAMÁS, solicitará información confidencial para operar en sus productos bancarios.

14°) Afirma que, no existe un derecho indiscutido o indubitado que cautelar.

Como es pacífico en nuestra doctrina constitucional y jurisprudencia librada en sede de protección, la naturaleza propia de la acción constitucional de protección y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, hace que constituya un arbitrio destinado a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales que se dicen afectados estén indubitados y no discutidos, lo que no acontece en los presentes autos.

Luego, para la procedencia del recurso de protección debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene la calidad de indubitado, muy por el contrario, atendida las declaraciones del recurrente y las informadas por esta parte, es un hecho que es materia de prueba y por tanto de un procedimiento declarativo, resultando imprescindible agotar la vía jurisdiccional correspondiente.

15°) Sostiene que los hechos descritos en el arbitrio constitucional exceden las materias que deben ser conocidas por la acción constitucional de protección, atendida su naturaleza cautelar, no siendo la vía idónea para dar solución al conflicto planteado.

De manera categórica esta defensa sostiene que no es el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia surgida entre recurrente y recurrido, la que trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata.

En efecto, el recurso de protección se trata de una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento. Dicho, en otros términos, la acción constitucional de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Que los hechos descritos en el libelo de protección, y en particular sus peticiones concretas, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar, teniendo presente que se denuncia un conflicto contractual y reclaman derechos que deben ser debatidos y probados en el procedimiento judicial que corresponda, por lo que no debió ser admitido a tramitación, y en definitiva debe ser rechazado.

En el caso concreto de autos, existen posiciones disímiles entre la recurrente y mi representada que llevan automáticamente a la existencia de una controversia jurídica entre ambas, cuya resolución no puede darse en sede de protección, porque no existe un derecho indubitado que necesita la protección de acción de urgencia.

No existe ninguna certeza sobre si ha existido o no una vulneración de los derechos protegidos por medios de esta acción constitucional, por lo cual proceder a acoger el recurso de autos por su S.S. Iltma., solo llevaría al escenario de restablecer un derecho que nunca ha existido en la especie, generando, por efecto, una situación de agravio para mi representada.

En conclusión de todos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho recientemente expuestos, no se ha cometido ningún acto arbitrario o ilegal por mi representada que signifique vulneración alguna de los derechos que nuestra Constitución establece, por lo que en definitiva el presente recurso de protección deberá ser rechazado.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado y, en definitiva, rechazar el recurso de protección deducido por nombre reservado, con costas Acompaña a su presentación - Copia de Escritura Pública de Delegación de Mandato Judicial donde consta mi personería para representar a BancoEstado de fecha 11 de marzo de 2021, otorgada en la Notaría de esta ciudad de nombre reservado, documento que incorpora firma electrónica avanzada conforme a Ley N° 19.799. - Informe técnico pericial del canal Botón de pago realizado por el perito en computación e informática don nombre reservado. -Certificado notarial de las credenciales del perito de fecha 28 de febrero de 2022, por el notario suplente don Juan Ignacio San Martin Schroder de la 43° Notaría de Santiago.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada;

SEGUNDO: Que el acto tildado de arbitrario e ilegal por el recurrente, es la sustracción de la suma de $1.200.000.- desde su cuenta a la vista, mediante dos operaciones que no fueron autorizadas por la recurrente.

TERCERO: Que el recurrido, informando el recurso, señaló que no existen antecedentes que den cuenta la vulneración de las medidas de seguridad del banco para realizar las operaciones objetadas por la recurrente y que, el recurso de protección no es la vía idónea para obtener la devolución del dinero que la recurrente afirma le fue sustraído.

CUARTO: Que, para la procedencia de la acción cautelar de protección, es necesario exista una acto ilegal o arbitrario, lo que en la especie no es factible de vislumbrar, ello por cuanto no existe antecedente alguno que dé cuenta de la vulneración de las medidas de seguridad que el banco tiene los productos de la recurrente.

Las alegaciones en las que la recurrente basa su acción de protección, deben ser ventiladas en un juicio de lato conocimiento, razón por la cual sólo es posible concluir que, el recurso de protección no es la vía idónea para conocer de sus alegaciones, motivos por la cual el presente recurso debe ser rechazado.

QUINTO: Que, en consecuencia, atendido lo reflexionado precedentemente, la acción constitucional interpuesta, no podrá prosperar en tanto, no ha podido verificarse la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario y, consecuencialmente a ello, afectación ilegitima de las garantías constitucionales alegadas por el recurrente.

Por estas consideraciones, normas constitucionales y reglamentarias citadas, y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de BANCOESTADO.

Regístrese, notifíquese y archívese virtualmente en su oportunidad.

Rol N° Protección-5836-2022.(jog)