nombre reservado con FISCO DE CHILE. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.

VISTO:

A folio N°1-2020, comparece CRISTIAN AUGUSTO TOLOZA BRAVO, abogado, en representación de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA ARAUCANÍA, representada por su Director Regional don Sergio Fuentes Fuentes, en contra del Ord. N° 168 de fecha 12 de Junio de 2020, del Director Regional de Contabilidad y Finanzas del MOP de La Araucanía, que informó a la Compañía de Seguros MAPFRE SEGUROS, que "... a petición del Fiscal Instructor del Sumario Administrativo de la Dirección de Vialidad, ha instruido al suscrito comunicarles que requerimos hacer efectiva la Póliza N° 300-17-00018330 por UF 3.063,67”.

Funda su acción en que la emisión del referido oficio, despachado con fecha 12 de junio de 2020 por el Director Regional de Contabilidad y Finanzas del MOP de La Araucanía, dirigido a la Compañía de Seguros, la compañía le informó de dicha petición de cobro y hacer efectiva la póliza de fiel cumplimiento del contrato de la obra “Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol – Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía”, remitiendo un correo electrónico el día 17 de Junio de 2020 al recurrente, fecha en la cual tomó conocimiento de la solicitud de cobro de la póliza de garantía.

Sostiene que el Oficio del Director Regional de Contabilidad y Finanzas del MOP, N° 168 de 12.06.2020, afecta las garantías constitucionales de su representado, y ha sido emitido por dicha autoridad regional excediendo sus facultades, atribuciones y prerrogativas legales y administrativas -contractuales, existiendo además un recurso administrativo pendiente ante el Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y porque la garantía de que se trata se encuentra vigente aun hasta el 17 de enero de 2021, no existiendo la urgencia y premura de su cobro, mientras no sea resuelto por la máxima autoridad de Vialidad el recurso administrativo de revisión interpuesto.

Indica que mediante Resolución N° 045 de fecha 05 de junio de 2017, la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía, adjudicó a don nombre reservado un contrato de obra pública denominado “Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol – Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía”.- El mencionado contrato de obra púbica se rige por el reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo MOP N° 75, de 2004 y las bases administrativas correspondientes.

Agrega que apenas se dio inicio al contrato, la empresa contratista constató e informó a la Dirección de Vialidad de las falencias graves del proyecto licitado, sumado a la falta de expropiaciones necesarias para poder ejecutar las obras, así como para poder tramitar los planes de manejo forestal para obras civiles ante CONAF, todo esto hizo dificultoso e impidió el normal avance de los trabajos contratados, lo que derivó en la preparación de una modificación de obras, del contrato, que era necesaria, y que la Dirección de Vialidad dilató y demoró innecesariamente por largos meses, y además surgieron detección de falencias, insuficiencias y graves defectos del proyecto de ingeniería de la carpeta del camino que se solicitaba pavimentar con carpeta asfáltica, que causaron el colapso de la carpeta asfáltica y – consecuentemente y de forma directa retrasos importantes que impidieron el correcto y normal curso del programa de trabajo.

Señala que no obstante que se evidenciaron demoras excesivas en los procesos administrativos, la no disposición de las expropiaciones en la totalidad del contrato como se había informado durante la licitación, generaron entorpecimientos y retrasos en la normal ejecución de las obras, que como es de toda lógica, derivaron en retrasos en la ejecución, pero que en ningún caso podrían atribuirse a exclusiva responsabilidad de la empresa de su representado, y fue así como esto lo fue informando y las deficiencias del proyecto fueron siendo reclamados por don nombre reservado tanto al inspector fiscal como a las jefaturas de la Dirección Regional, quienes en vez de dar respuesta a los errores y demoras que se cometieron en el proyecto y durante la marcha del contrato, simplemente prefirieron hacer caso omiso y dejar que la empresa cayera en mas y mas dificultades y demoras, asociadas a la falta de entrega de terrenos y a las falencias del proyecto licitado, a objeto de que luego, como era de esperar, y invocaron la demora en el programa de trabajo como justificación para poner término unilateral al contrato, acusando incumplimiento del recurrente, cuando en la realidad existió incumplimiento, inexactitud, engaño inclusive de parte de esa Dirección al licitar la obra, o al menos responsabilidades compartidas, lo que bien pudo derivar en un término anticipado de común acuerdo.

Refiere que con fecha 04 de junio de 2020, su representado nombre reservado, conforme al artículo 60 letra b) de la Ley N° 19.880, interpuso un Recurso Administrativo de Revisión, a objeto que la Dirección Nacional de Vialidad revise nuevamente los antecedentes expuesto en un recurso jerárquico en contra del Término Anticipado y Con Cargo que se dispuso de la obra ya referida.

DEL ACTO ARBITRARIO QUE SE ALEGA:

Primer Indicio: Señala que no obstante encontrarse pendiente el conocimiento y resolución de la máxima autoridad de Vialidad, el recurrido Director Regional de Contabilidad y Finanzas del MOP de La Araucanía, emitió y remitió el Oficio N° 168 de 12.06.2020, dirigido a MAPFRE Seguros S.A., pidiendo hacer efectivo la póliza de garantía de fiel cumplimiento del contrato N° 3301700018330, acto arbitrario e ilegal cometido por dicha autoridad regional, atendido al hecho de encontrarse previo a su emisión, interpuesto un recurso administrativo.

Segundo Indicio: Afirma que un nuevo hecho que constituye un actuar arbitrario e ilegal, por cuanto se aparta de las facultades de la autoridad de la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas del MOP de La Araucanía, lo encontramos en “la motivación del acto”, es decir, las razones que invoca el señor Sergio Fuentes Fuentes en su Ord. N° 168, para ordenarle a la Compañía de Seguros hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, es nada más ni nada menos que “LA PETICIÓN DEL FISCAL INSTRUCTOR DE UN SUMARIO”, conforme se da cuenta del texto literal del mencionado Ord. N° 168.

Agrega que conforme al artículo 99 del DS MOP N° 75, el rol de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, no es otro que el ser custodio de la boleta o documento de garantía de un contrato de las direcciones operativas del MOP, siendo Vialidad una de ellas. En efecto, la mencionada norma indica “La boleta o documento de garantía que entregue el contratista para el fiel cumplimiento del contrato, será remitido a la Dirección de Contabilidad y Finanzas y quedará en su poder hasta la liquidación final, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 177”. Ni el Reglamento ni las Bases de Licitación del contrato, facultan a la Dirección de Contabilidad y Finanzas disponer hacer efectiva la garantía, pedir que se haga efectiva, ni tampoco pedírselo a la compañía de seguros o al banco o institución financiera donde se haya tomado la garantía por el Contratista. Por su parte el artículo 96 del mismo Reglamento aprobado por el DS MOP N° 75, dispone que “El contratista cuyo contrato se acepta deberá presentar como garantía de fiel cumplimiento del contrato, dentro del plazo que se indica en el inciso 2º del artículo 90, a la orden del Director o del Secretario Regional, según se adjudique la propuesta a nivel nacional o regional”; razón por la cual, en el caso que nos ocupa, su representado tomó la póliza de garantía de fiel cumplimiento, a favor del señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de La Araucanía, y no a favor del Director Regional de Contabilidad y Finanzas del MOP o del Director Regional de Vialidad, de tal forma que quien puede hacerla efectivo y pedir su cobro, no es del director regional, sino que el Secretario Regional Ministerial De Obras Públicas en favor de quien se tomó la mencionada póliza.

DE LAS FACULTADES LEGALES DEL DIRECTOR REGIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL MOP:

Indica que conforme al artículo 21 del DFL MOP N° 850, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, al Director Recurrido, le corresponden, una serie de funciones o atribuciones legales, entre las que no se encuentran la de disponer u ordenar el cobro de una garantía de fiel cumplimiento a favor del SEREMI del MOP Señala que el mismo certificado emitido por la Compañía de Seguros clarifica que el único beneficiario de la mencionada Garantía es el SEREMI del MOP, no el recurrido de autos. La póliza de garantía, está tomada a favor del SEREMI del MO de La Araucanía, no en favor del Director Regional de Contabilidad y Finanzas de dicho Ministerio, quien por lo demás, dentro de sus facultades legales, no se encuentra facultado para pedir el cobro de la garantía, menos para disponer hacerla efectivo, como lo hizo, menos cuando existen recursos pendientes que resolver por la Dirección Nacional de Validad respecto del contrato cuyo término anticipado se discute y cuestiona aun.- Sostiene que el Fiscal del sumario tampoco pudo haber pedido al Director Regional de Vialidad hacer efectiva la mencionada garantía, ya que como es sabido, los fiscales instructores están solo destinados a establecer, investigar y determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de la actuación de funcionarios públicos del servicio, pero no pueden inmiscuirse en materias, tareas o áreas que son privativas de la competencia y ámbito de acción legal de otras autoridades, en este caso, del Secretario Regional Ministerial de Obras públicas en cuyo favor se emitió la póliza de garantía, y tampoco respecto de las facultades del Director Regional de Contabilidad y Finanzas del MOP, quien solo tiene a su haber la custodia y resguardo de las garantías, mas no su administración ni mucho menos el cobro o hacer efectiva la misma, ya que ello es prerrogativa de la Dirección de Vialidad como entidad contratante de la obra en cuestión que se garantiza, o bien del SEREMI del MOP en cuyo favor se toma y emite la garantía.

Asevera que se vulnera el principio de juridicidad de las actuaciones de los órganos del Estado. En efecto , un principio consagrado en nuestra carta fundamental, artículo 6 y 7 de la Constitución, es el principio de juridicidad de las actuaciones de los órganos del Estado, quienes deben hacerlo dentro de la esfera de sus facultades y atribuciones legales, no siendo licito extender sus actuaciones y facultades más allá de lo estrictamente establecido en el ordenamiento jurídico del derecho público, que en el caso del Directo Regional de Contabilidad y Finanzas del MOP, ha sido excedido y ejercido una decisión de cobro de la garantía del contrato, sin estar legal y previamente facultado jurídica y administrativamente para aquello, lo que ha derivado en causar un agravio y perjuicio grave al recurrente.

Indica que la actuación que se impugna, dispone el cobro de la póliza de garantía tomada a favor del SEREMI del MOP Regional, por un monto de 3.063,67 Uf, que a esta fecha equivale a $ 87.865.064 (ochenta y siete millones ochocientos sesenta y cinco mil sesenta y cuatro pesos), que sin duda constituye un riesgo patrimonial enorme en perjuicio de su representado, afectando su derecho de propiedad sobre dicha suma de dinero.

GARANTIAS CONSTITUCIONALES AMENAZADAS Y CONCULCADAS:

1.- Artículo 19 N°2, de la “Constitución Política de Chile”:

Refiere que se le ha dado al recurrente un trato desigual, en el cumplimiento de obligaciones contractuales, legalmente asumidas. Desde el punto de vista del Estado, la igualdad implica asegurar a todas las personas el mismo acceso a los derechos que los demás, y en el caso del recurrente, se quiebra o rompe esta igualdad desde el momento en que se les brinda un trato desprolijo y arbitrario que surte efectos negativos a su favor con graves consecuencias pecuniarias.

2.- Garantía constitucional de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Art. 19 Nº 3 de la Constitución Política.

Afirma que esta garantía fue flagrantemente conculcada por el recurrido, por cuanto pretende excediendo sus facultades contenidas en el DFL MOP N° 850, disponer el cobro de una garantía de un contrato que se encuentra aun discutiéndose en sede administrativa, a través de un recurso Extraordinario de Revisión Administrativa que está en curso y conocimiento del Director Nacional de Vialidad y no ha emitido pronunciamiento aún.

De igual forma en el escrito del Recurso de Revisión Administrativa que se interpuso ante el Director Nacional de Vialidad, se prueba, acredita y demuestra suficientemente el error cometido por la Dirección Nacional de Vialidad al disponer el termino anticipado del contrato “con cargo”, ya que en el mencionado contrato que ejecutaba su representado, surgieron problemas derivados de falencias e insuficiencias del Proyecto de Ingeniería de la base del camino, donde debía ejecutarse el pavimento asfaltico, deficiencias que derivaban de un diseño o proyecto mal hecho, que causó el colapso de la carpeta asfáltica materializada, y no se quiso modificar el diseño ni las características de la base aplicada, que era estructuralmente insuficiente, pero Vialidad Regional simplemente prefirió insistir en retrasos y demoras de parte de mi representado, en vez de asumir sus propias responsabilidades, demoras y culpas por el diseño mal hecho y por las demoras en las entregas de terreno de expropiaciones.

Agrega que en el caso de marras, se producen estas discriminaciones irracionales por cuanto se busca por el Director Regional de Contabilidad y Finanzas del MOP de La Araucanía, disponer el cobro de una garantía de fiel cumplimiento de un contrato, que aún está en vías de conocimiento y resolución de la autoridad superior de la Dirección de Vialidad a nivel nacional, y porque la facultad de cobrar o no cobrar una garantía, no depende del referido Director Regional de Contabilidad y Finanzas, y tampoco puede hacerlo a petición de un Fiscal de un Sumario Administrativo, menos aun cuando la mencionada garantía está tomada a favor del Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, quien no ha mediado trámite alguno para ordenar, pedir o disponer el cobro de la mencionada garantía.

Indica que la Dirección de Contabilidad y Finanzas no funda el oficio ordinario ya mencionado, ni tampoco hace referencia a un procedimiento administrativo que tenga como acto terminal la resolución que pone Termino Anticipado al contrato con cargo, sino que indica es a petición del fiscal de un sumario, lo cual es absolutamente ilegal e improcedente.

Es así como el artículo 11 inciso segundo del referido texto legal, previene la obligación de motivar en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y fundamentos de derecho que afecten los derechos o prerrogativas de las personas. A su turno, también el artículo 41 inciso cuarto del aludido texto legal dispone que “las resoluciones que contenga la decisión, serán fundadas. Proceder que, por lo demás, se hace enteramente exigible por mandato del artículo 8° de la Constitución Política de la República.”

Pide declarar lo siguiente:

1.- Que se acoge el recurso de protección interpuesto en contra de la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas del MOP de La Araucanía, declarando ilegal y arbitrario Ord. N° 168 de fecha 12 de Junio de 2020, del Director Regional de Contabilidad y Finanzas del MOP de La Araucanía, que informó a la Compañía de Seguros MAPFRE SEGUROS, que "... a petición del Fiscal Instructor del Sumario Administrativo de la Dirección de Vialidad, ha instruido al suscrito comunicarles que requerimos hacer efectiva la Póliza N° 300-17-00018330 por UF 3.063,67”.

2.- Que la autoridad recurrida debe requerir solicitud y/o autorización previa de la Secretaria Regional Ministerial de Oras Públicas, en favor de quien está emitida la mencionada garantía de fiel cumplimiento, para disponer informar a la Compañía Aseguradora la necesidad de hacerla efectivo.

3.- Que debe esperarse la respuesta y resolución final de la Dirección Nacional de Vialidad, como entidad contratante de la Obra en cuyo beneficio fue emitida la mencionada Garantía de Fiel Cumplimiento, conozca y resuelta el recurso de revisión Administrativa interpuesta con fecha 04 de junio de 2020 por el recurrente de autos, el cual a la fecha se encuentra pendiente.

4.- Que, se condene en costas a la recurrida.- Acompañó los siguientes documentos: 1.- Copia del Ord. N° 168 de fecha 12.06.2020 del Director Regional de Contabilidad y Finanzas del MOP de La Araucanía, el cual adjunta de forma íntegra la Póliza de Seguros de Fiel Cumplimiento N° 300-17-00018330 por UF 3.063,67”, de Mapfre Seguros S.A. y sus Endosos; 2.- Copia del correo electrónico de 17 de Junio de 2020 de la Compañía de Seguros MAPFRE S.A., dirigido al recurrente, mediante el cual se le informó y tomó conocimiento del requerimiento de hacer efectiva la garantía que le hizo el recurrido mediante el Ord. N° 168, de 12.06.2020; 3.- Copia íntegra del Recurso de Revisión Administrativa interpuesta con fecha 04 de junio de 2020, ante el Director Nacional de Vialidad.

A folio N°10-2020 evacua informe la recurrida, quien solicita el rechazo del recuso, con costas. Indica que el recurso de protección interpuesto es absoluta y manifiestamente improcedente, ya que no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el actuar del Director Regional de Contabilidad y Finanzas.

Indica que mediante la Resolución T.R. N° 45, de fecha 05-06-2017, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada con fecha 26-07-2017, se adjudicó la licitación pública de la obra denominada “Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol Parque Nacional Nahuelbuta, comuna de Angol, provincia de Malleco, Región de La Araucanía”, Código SAFI 250.783, a la empresa nombre reservado, por un monto de $ 2.694.692.780, estableciéndose como plazo de ejecución 540 días corridos, con fecha de término al 17-01-2019.

Agrega que mediante el Oficio Ordinario N° 155, de fecha 19-06-2018, don nombre reservado, Inspector Fiscal del contrato, solicitó al Director Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía que se ordene el término anticipado del referido contrato, en conformidad al artículo 151 letra d) del Reglamento para contratos de obras públicas. Dicho Inspector Fiscal alude a una carta que se habría ingresado en virtud de lo solicitado en el Folio N° 47 de fecha 06-06-2018 del Libro de Obras, señalando que tal carta no justifica el atraso del contrato que supera el 56% del programa original del contrato. También en dicho Oficio se alude al Oficio Ordinario N° 149, de fecha 11-06-2018, en el cual se indica lo mismo.

Señala que mediante la Resolución T.R. N° 47, de fecha 30-07-2018, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada con fecha 21-01-2019, se puso término anticipado, con cargo, al referido contrato de obra pública, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 151 letra d) del Reglamento para contratos de obras públicas, decisión fundamentada en que el contratista no dio cumplimiento al programa de trabajo, lo cual fue informado mediante el Oficio Ordinario N° 155, de fecha 19-06-2018, del Inspector Fiscal.

Con fecha 01-03-2019, el abogado Jorge Andrés Reinoso Méndez, en representación del contratista nombre reservado, interpuso recurso administrativo de reposición, con recurso jerárquico en subsidio, en contra de la Resolución T.R. N° 47, de fecha 30-07-2018, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada con fecha 21-01-2019, mediante la cual se puso término anticipado al referido contrato.

Indica que mediante escrito presentado en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía con fecha 26-03- 2019, el mismo abogado amplió el recurso administrativo de reposición, con recurso jerárquico en subsidio, referido en el numeral anterior.

Mediante la Resolución Exenta N° 857, de fecha 09-04-2019, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada en igual fecha, se rechazó el recurso de reposición administrativa referido en el numeral anterior, en todas sus partes, así como su ampliación, de fecha 26-03-2019, en razón de estimarse extemporáneo. Asimismo, se ordenó elevar los antecedentes al superior jerárquico, esto es, a la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, para que dicho servicio conociera del recurso jerárquico interpuesto en subsidio de la reposición.

Agrega que mediante la Resolución Exenta N° 1122, de fecha 28-04-2020, de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, tramitada en igual fecha, se rechazó en todas sus partes el recurso jerárquico de fecha 01-03-2019, interpuesto por el abogado don Jorge Andrés Reinoso Méndez, en representación del contratista nombre reservado, en contra de la Resolución T.R. N° 47, de fecha 30-07-2018, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada con fecha 21-01-2019, por estimarse que la causal utilizada para poner término anticipado al contrato está debidamente fundada y cuenta con el respaldo suficiente.

Indica que al haberse rechazado por la administración los recursos de reposición y jerárquico interpuestos por el contratista en contra de la Resolución T.R. N° 47, de fecha 30-07-2018, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada con fecha 21-01-2019, mediante la cual se puso término anticipado, con cargo, al referido contrato de obra. Cabe destacar que en el resuelvo 2° de dicha Resolución se consigna lo siguiente:

“DISPONESE; que se hagan efectivas las garantías y retenciones del contrato, las que servirán para responder del mayor precio a que pueda ascender la obra por terminar, como asimismo, para el pago de las multas que afecten al contratista o cualquier otro perjuicio que resultare para el Fisco, con motivo de la liquidación anticipada del Contrato y para hacer efectiva la sanción a que se refiere el artículo 152 inciso 2° del Reglamento de Contratos de Obra Pública”.

En virtud de lo anterior, en el contexto de un sumario administrativo seguido en la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, el fiscal instructor de dicho procedimiento disciplinario, a través del Memorándum N° 35, de fecha 11-06-2020, solicitó al Director Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía que se cumpliera con el citado resuelvo 2° de la Resolución mediante la cual se puso término anticipado al contrato.

Indica que mediante el Oficio Ordinario N° 168, de fecha 12-06-2020, del Director Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía, se solicitó a MAPFRE SEGUROS GENERALES S.A. hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, constituida por el contratista nombre reservado, a favor del Secretario Regional Ministerial De Obras Públicas De La Región De La Araucanía. En efecto, se solicitó el cobro de la Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 330-17-00018330, de fecha 23-08-2017, tomada en la referida Compañía de Seguros, la cual asegura un monto total de 3.063,07.- U.F.

Refiere que si bien en el citado Oficio Ordinario se hizo alusión a lo solicitado por el fiscal instructor de un sumario administrativo instruido en la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, cabe recalcar que dicho fiscal, mediante el Memorándum N° 35, de fecha 11-06-2020, solicitó al Director Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía dar cumplimiento a lo dispuesto en el resuelvo 2° de la Resolución T.R. N° 47, de fecha 30-07-2018, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada con fecha 21-01-2019, en conformidad al cual debía procederse al cobro de las garantías del contrato. De lo anterior se puede concluir que dicha Dirección Regional, al emitir el Oficio Ordinario N° 168, de fecha 12-06-2020, dio cumplimiento a lo establecido en la citada Resolución, por lo cual su actuar no puede ser objeto de reproche alguno.

Señala que con fecha 30-06-2020 se ingresó a la Oficina de Partes de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas escrito de fecha 04-06-2020, suscrito por el contratista nombre reservado, mediante el cual interpone recurso administrativo de revisión respecto del proceso de término anticipado con cargo.

Sostiene que el recurrente reiteradamente falta a la verdad, ya que sostiene que el Oficio Ordinario N° 168, de fecha 12-06-2020, de la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía se habría emitido con posterioridad a que el contratista interpusiera el citado recurso administrativo de revisión ante el Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, en circunstancias que dicho recurso de revisión fue interpuesto con posterioridad a la emisión y despacho del citado Oficio.

Agrega que el contratista presentó ante el Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas el recurso administrativo de revisión al que alude el recurrente recien el 30-06-2020, esto es, con posterioridad a la emisión y envío del Oficio Ordinario N° 168, de fecha 12-06-2020, del Director Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía.

Afirma que de lo anteriormente expuesto se puede establecer que toda la teoría expuesta por el recurrente en el recurso de protección de garantías constitucionales no solamente es manifiestamente errónea e improcedente, sino que se traduce en un actuar deliberado en orden a engañar al Tribunal, ya que el contratista sabe que el referido recurso administrativo de revisión fue presentado ante la administración el 30-06-2020, de modo tal que no puede existir un actuar ilegal y arbitrario de parte de la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía, ya que cuando se emitió el Oficio Ordinario N° 168 de 12-06-2020 (acto recurrido en la presente causa de protección), no se podía tener conocimiento de un recurso administrativo de revisión del contratista porque este sencillamente aún no lo había interpuesto ante la administración. Por ello, esta parte estima que debería rechazarse el recurso de protección de autos, por ser manifiestamente improcedente y condenarse en costas al recurrente por actuar, a sabiendas, en base a un hecho que no es efectivo.

Recalca que la Resolución T.R. N° 47, de fecha 30-07-2018, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada con fecha 21-01-2019, mediante la cual se puso término anticipado, con cargo, al referido contrato, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 151 letra d) del Reglamento para contratos de obras públicas, fue objeto del trámite de Toma de Razón por parte de la Contraloría Regional de La Araucanía, por lo cual fue sometida al respectivo control de legalidad de dicho organismo. Al respecto, debe recordarse que de acuerdo con los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, la Contraloría General ejerce el control de la legalidad de los actos de la Administración del Estado y, en cumplimiento de esa función, toma razón de los decretos y resoluciones que, de conformidad a la ley, deben tramitarse por esta Entidad Fiscalizadora, o representa la ilegalidad de que puedan adolecer. La toma de razón es un control obligatorio de la juridicidad de los actos, que vela por el resguardo del principio de probidad, por el derecho a una buena Administración y por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Dicho control se efectúa sobre los actos que deben ser tramitados ante la Contraloría General por tratar materias consideradas esenciales, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, la Resolución Nº 7 de 2019 de dicho Órgano y las que se dicten conforme a ella, antes de que estos entren en vigor.

Por otra parte, la referida Resolución mediante la cual se puso término anticipado al contrato fue objeto de un recurso de reposición, con un recurso jerárquico en subsidio, siendo ambos rechazados, respectivamente, por la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, y por la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

Sostiene que en virtud de que los referidos recursos de reposición y jerárquico subsidiario fueron rechazados por las autoridades que debían pronunciarse sobre los mismos, el acto administrativo que puso término anticipado, con cargo, al referido contrato de obra pública, adquirió el carácter de firme en conformidad a la Ley N° 19.880. No obsta a lo anterior el hecho que el contratista, con fecha 30-06-2020, haya interpuesto ante el Director Nacional de Vialidad un recurso administrativo de revisión, puesto que precisamente el propio artículo 60 de dicho cuerpo normativo, al referirse al recurso de revisión, indica que este se presenta contra actos “administrativos firmes”. Así, en el inciso 1° de dicha disposición legal se expresa lo siguiente: “En contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión ante el superior jerárquico, si lo hubiere o, en su defecto, ante la autoridad que lo hubiere dictado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias (…)”.

Indica que no es baladí lo anteriormente expuesto en relación a la firmeza administrativa de la Resolución mediante la cual se puso término anticipado, con cargo, al contrato de obra pública en comento, ya que precisamente en base a esa firmeza administrativa la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía procedió a dar cumplimiento a lo establecido en el resuelvo 2° de dicho acto, esto es, hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Ello ya que tal Resolución no solo había sido dictada, Tomada de Razón por el Órgano Contralor, y notificada válidamente al contratista, sino que también había sido objeto de un recurso de reposición, con un recurso jerárquico en subsidio, los cuales habían sido rechazados mediante Resoluciones que fueron también notificadas válidamente al contratista.

Por otra parte, en el Dictamen Nº 13.188, de 2009, de la Contraloría General de la República, respecto del recurso de revisión y la firmeza de los actos administrativos, se expresa lo siguiente: “En cuanto al carácter de firme de los actos respecto de los cuales procede dicho recurso extraordinario, es dable señalar que éste consiste en la condición que adquieren los actos administrativos una vez que terminan los recursos administrativos ordinarios deducidos o desde que transcurra el plazo que la ley concede para la interposición de los mismos, siendo del caso agregar, respecto de la primera situación, que los recursos administrativos interpuestos se entienden terminados una vez afinado el procedimiento impugnatorio respectivo, ya sea mediante una resolución expresa o por haber transcurrido el plazo para entender desestimado el recurso”.

Hace presente que el artículo 57 de la Ley N° 19.880, establece lo siguiente:

“Suspensión del acto. La interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Con todo, la autoridad llamada a resolver el recurso, a petición fundada del interesado, podrá suspender la ejecución cuando el cumplimiento del acto recurrido pudiere causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse el recurso.”

De lo expuesto, indica, se puede establecer claramente que la regla general es que la interposición de los recursos administrativos no suspende la ejecución del acto impugnado. Así las cosas, en el presente caso, la interposición del recurso de reposición, con recurso jerárquico en subsidio, no suspendió la ejecución del acto impugnado por aquellos, esto es, la Resolución que ordenó el término anticipado, con cargo, del referido contrato de obra pública, acto administrativo que en su resuelvo 2° ordenó que se dispusiera de las garantías del contrato, de modo tal que, incluso, se podría haber procedido al cobro de la garantía de fiel cumplimiento una vez que tal Resolución fue notificada, a pesar de la interposición de tales recursos, a menos que se haya solicitado fundadamente por el recurrente de la época la suspensión de la ejecución de dicha Resolución, en los términos indicados en el inciso 2° del artículo 57 de la Ley N° 19.880, y se hubiese accedido por parte de la administración a tal solicitud, lo cual no ocurrió en la especie, ya que en el recurso de reposición, con recurso jerárquico en subsidio, no se solicitó en ningún momento la suspensión de los efectos de la resolución que ordenó el término anticipado del contrato.

Señala que si bien el contratista, con fecha 30-06-2020, interpuso un recurso de revisión administrativa ante el Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y en el primer otrosí de dicho escrito solicitó la suspensión de los efectos de la Resolución que ordenó el término anticipado, con cargo, del citado contrato, debe recalcarse, lo siguiente:

a) Que dicho recurso de revisión fue interpuesto con posterioridad a la emisión y el envío del Oficio Ordinario N° 168, de fecha 12-06-2020, de la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía (Oficio que constituye el acto recurrido en los presentes autos).

b) Que hasta la fecha la Dirección Nacional de Vialidad no ha ordenado formalmente la suspensión de la ejecución del cumplimiento del acto que es objeto de tal recurso de revisión.

Sin embargo, cabe recordar que en estos autos, se ha dado lugar a la orden de no innovar solicitada por el recurrente hasta que no se resuelva el recurso de revisión administrativa interpuesto.

Agrega que respecto a los cuestionamientos que el recurrente formula a la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía en orden a supuestas falencias que habría tenido el proyecto de la obra licitada por dicho servicio y a una supuesta falta de expropiaciones necesarias para poder ejecutar las obras, debe señalarse lo siguiente:

a)

Que ello no forma parte del actuar que el recurrente reprocha a la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas.

b)

Que dichas supuestas deficiencias ya fueron alegadas por el contratista a través de un recurso administrativo de reposición, con recurso jerárquico en subsidio, los cuales fueron rechazados, en todas sus partes, respectivamente, por el Director Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, así como por el Director Nacional de Vialidad.

c)

Que lo expuesto por el contratista en relación a la Dirección de Vialidad forma parte de lo indicado en el recurso administrativo de revisión interpuesto por éste con fecha 30-06-2020 ante el Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, esto es, interpuesto con posterioridad al Oficio N° 168, de fecha 12-06-2020, de la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía.

d)

Que cuando el contratista presentó su oferta en el marco de la licitación pública de la obra denominado “Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol Parque Nacional Nahuelbuta, comuna de Angol, provincia de Malleco, Región de La Araucanía”, Código SAFI 250.783, debió dar cumplimiento al artículo 76 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en el cual, en el numeral 1, letra b) respecto a la Propuesta Técnica, se indica lo siguiente:

“1. Propuesta Técnica. En el sobre Propuesta Técnica el proponente incluirá los antecedentes siguientes:

b) Declaración que consigne lo siguiente:

1) Haber estudiado todos los antecedentes de la licitación y verificado la concordancia entre ellos, incluyendo aquellos proyectos u obras que podrían incidir con el desarrollo de su obra y los cronogramas de expropiaciones y de entregas por parte del MOP, de terrenos, de materiales y de equipos comprometidos por éste.

2) Haber visitado y conocido la topografía del terreno y demás características que incidan directamente en la ejecución de la obra, que sean apreciables en una inspección visual cuidadosa, incluyendo accesibilidad al lugar de las obras, existencia de materias primas y materiales, empréstitos y botaderos y todo otro factor que pueda incidir en su propuesta.

3) Estar conforme con las condiciones generales del proyecto”.

En efecto, en el marco del referido contrato de obra pública, el contratista adjudicatario presentó una declaración mediante la cual declaró haber estudiado todos los antecedentes de la licitación y verificado la concordancia entre ellos, haber visitado y conocido la topografía del terreno y demás características que inciden directamente en la ejecución de la obra, y estar conforme con las condiciones generales del proyecto, por lo cual no puede escudarse en supuestos errores del proyecto para tratar de ocultar su propia negligencia e incumplimientos.

Sostiene que no es efectivo lo expuesto por el recurrente en cuanto a que la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas no se encuentra facultada para solicitar el cobro de las garantías de fiel cumplimiento a las respectivas compañías de seguros. Lo anterior, en virtud de lo siguiente:

a)

Que la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964 y del DFL Nº 206, de 1960, fijado mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, forma parte de la Dirección General de Obras Públicas, por lo cual la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía es un Servicio Operativo Sectorial del Ministerio a nivel regional.

b)

Que si bien las atribuciones principales de dicha Dirección se encuentran establecidas en el artículo 21 de dicho cuerpo normativo, ello no significa que, en la práctica, realice determinadas labores de gestión en relación a los demás Servicios Operativos Sectoriales del Ministerio de Obras Públicas en la Región. De esta forma, cabe hacer presente a que cada vez que se ordena el término administrativo, con cargo, de un determinado contrato de obra pública, es la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas quien emite y evacúa los correspondientes oficios a las respectivas compañías de seguros, solicitando el cobro de las garantías de que se traten.

Así las cosas cabe hacer presente que en el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964 y del DFL Nº 206, de 1960, fijado mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, específicamente en las atribuciones de la Dirección de Vialidad (artículos 18, 27 y 29) y de los Secretarios Regionales Ministeriales de Obras Públicas (artículo 61) no se contempla expresamente la facultad de solicitar el cobro de garantías asociadas a contratos de obras públicas, lo cual no significa que no pueda solicitarse dicho cobro a favor del Ministerio de Obras Públicas, por lo cual lo esgrimido por el recurrente a este respecto es improcedente.

Además, cabe señalar que en conformidad al artículo 21 letra b) de dicha normativa, a la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas le corresponde, entre otras atribuciones: “Contabilizar el movimiento de fondos de los Servicios, y llevar la contabilidad general de los Servicios a que se refiere la letra precedente”. Precisamente por tal motivo en el inciso final del Oficio Ordinario N° 168, de fecha 12-06-2020, de la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía, se expresa lo siguiente: “Una vez liquidadas las pólizas, agradeceré emitir cheque a nombre del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT N° RUT reservadoy enviar a domicilio reservado y/o realizar depósito directamente en cuenta corriente N° [cuenta reservada] MOP IX REGIÓN FONDOS SECTORIALES del Banco estado”.

Hace presente que además de las atribuciones expresadas en la normativa ya citada, en la Resolución Exenta N° 611, de fecha 27-11-2017, del Director Nacional de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, se delegan funciones y atribuciones a los Directores Regionales de dicho servicio. En la parte considerativa de dicho acto administrativo se expresa lo siguiente: “Que, los Directores Regionales, representan a la Autoridad Nacional del Servicio, desempeñando funciones de gestión, financiero contable y de remuneraciones para los servicios MOP de cada Región y de administración interna de las Direcciones Regionales”. De lo anterior se puede establecer claramente la existencia de la función de gestión de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, así como de administración interna de las Direcciones Regionales.

Finalmente, respecto a la solicitud de cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato de obra denominado “Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol Parque Nacional Nahuelbuta, comuna de Angol, provincia de Malleco, Región de La Araucanía”, Código SAFI 250.783, efectuada a la respectiva compañía aseguradora mediante el Oficio N° 168, de fecha 12-06-2020, de acuerdo a lo ya expuesto se puede concluir que la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas actuó en conformidad a lo dispuesto en el resuelvo 2° de la Resolución que ordenó el término anticipado, con cargo, de dicho contrato, resuelvo que ordenó, a su vez, disponer de las garantías tomadas por el contratista. Dicho resuelvo constituye fundamento suficiente para que dicha Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas haya solicitado el cobro de la respectiva garantía de fiel cumplimiento.

Asevera que en virtud de lo anteriormente expuesto queda de manifiesto que el actuar del recurrido se ajusta a derecho y en ningún caso constituye una vulneración al principio de juridicidad, establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución como erróneamente se argumenta en el recurso de protección de marras.

A mayor abundamiento, debe hacerse presente que la actuación del Director Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía se ajusta al principio de celeridad establecido el artículo N° 7 de la Ley N° 19.880, en virtud del cual “las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución”. Asimismo, su actuar se ajusta a lo establecido en el inciso 2º del artículo 3º y en el artículo 5º, ambos del texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. El inciso 2º de dicho artículo 3º establece que la Administración del Estado deberá observar, entre otros, los principios de “responsabilidad”, “eficiencia”, “eficacia”, “coordinación”, “impulsión de oficio del procedimiento”, y “control”. A su vez, el citado artículo 5º prescribe que “Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública” y que “Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones”.

Además, el Director de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía ha dado cumplimiento a sus obligaciones funcionarias, ya que el artículo 61 letra c) del texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, fijado mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, prescribe: “Son obligaciones de los funcionarios: (…) c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la Institución”.

Afirma que la recurrida ha actuado en conformidad a todos los principios anteriormente citados, velando por la eficiente e idónea administración de los medios públicos (al solicitar el cobro de una garantía constituida a favor de la administración, no por cuenta propia, sino a favor del beneficiario de la misma) y por el debido cumplimiento de la función pública, cumpliendo su cometido coordinadamente con la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, propendiendo a la unidad de acción, actuando en función de los antecedentes proporcionados por este último servicio.

c) Que el recurrente confunde el beneficiario de la garantía de fiel cumplimiento con él o los funcionarios que, en la práctica, gestionan el cobro de la misma ante la Compañía de Seguros. En efecto, si bien el beneficiario de la Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 330-17-00018330, de fecha 23-08-2017, tomada en MAPFRE SEGUROS GENERALES S.A. es el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de La Araucanía, RUT RUT reservado, el organismo que en la práctica materializa la gestión de cobro de todas las garantías constituidas a favor de dicha autoridad, así como a favor de las distintas Direcciones Regionales del Ministerio de Obras Públicas en la Región de La Araucanía, es la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, en su calidad de organismo operativo y de gestión. Ello no significa que luego de la gestión del cobro de tales garantías quienes firmen los correspondientes finiquitos preparados por las respectivas compañías aseguradoras sean los beneficiarios de las garantías, en este caso, el respectivo Secretario Regional Ministerial.

d)

Que la póliza de fiel cumplimiento del Contrato N° 330-17-00018330, de fecha 23-08-2017, tomada en MAPFRE SEGUROS GENERALES S.A. contiene el clausulado general de la Póliza de Seguro de Garantía o Caución a Primer Requerimiento de Obras Públicas, incorporada al Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el Código POL120140065. En el artículo 7° de dicho clausulado general se indica lo siguiente: “Las Direcciones o Servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas tendrán derecho a hacer efectiva esta póliza por la suma total asegurada, en aquellos casos en que, a su juicio, el contratista o tercero haya incurrido en incumplimiento de las obligaciones caucionadas por esta póliza o sus modificaciones, entendiéndose por tanto que se ha configurado el siniestro”.

De lo anterior se desprende claramente que tanto las Direcciones o Servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas (entre los cuales se encuentra la Dirección de Contabilidad y Finanzas), tendrán derecho a hacer efectiva la póliza, por lo cual no existe ilegalidad y arbitrariedad alguna en el actuar de este último servicio, menos aún si, de acuerdo a lo ya dicho, ha quedado claro que a la fecha de emisión y remisión del Oficio Ordinario N° 168, de fecha 12-06-2020, el contratista no había interpuesto ningún recurso de revisión ante la administración y, más aún, a la fecha de emisión de dicho Oficio no existía ningún acto administrativo que ordenara la suspensión de los efectos de la Resolución que ordenó el término anticipado, con cargo, del contrato de obra pública, la cual ordenó disponer de las garantías del contrato para responder del mayor precio a que pueda ascender la obra por terminar, como asimismo, para el pago de las multas que afecten al contratista o cualquier otro perjuicio que resultare para el Fisco con motivo de la liquidación anticipada del contrato, y para hacer efectiva la sanción a que se refiere el artículo 152 inciso 2° del Reglamento para contratos de obras públicas.

e)

Que a mayor abundamiento, cabe hacer presente que cada vez que mediante Resolución se ordena el término anticipado de un determinado contrato de obra pública de alguno de los Servicios Operativos Sectoriales del Ministerio de Obras Públicas en la Región de La Araucanía, dado que en la parte resolutiva del mismo se ordena también disponer de las garantías del contrato para los fines ya expuestos, la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas es quien emite un Oficio, dirigido a la respectiva compañía de seguros, solicitando el cobro de la garantía, sin que hasta la fecha haya existido ningún tipo de cuestionamiento en algún otro caso respecto a que dicha Dirección Regional sea quien remita el correspondiente Oficio a la aseguradora.

Indica que no es efectivo lo expuesto por el recurrente respecto a que no existiría premura para requerir el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato de obra denominado “Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol Parque Nacional Nahuelbuta, comuna de Angol, provincia de Malleco, Región de La Araucanía”, Código SAFI 250.783. Lo anterior, por los siguientes motivos:

a)

Que mediante la Resolución T.R. N° 47, de fecha 30-07-2018, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada con fecha 21-01-2019, se puso término anticipado, con cargo, al referido contrato de obra pública, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 151 letra d) del Reglamento para contratos de obras públicas, decisión fundamentada en que el contratista no dio cumplimiento al programa de trabajo, lo cual fue informado mediante el Oficio Ordinario N° 155, de fecha 19-06-2018, del Inspector Fiscal. De lo expuesto se puede establecer que tal acto administrativo fue tramitado el 21-01-2019, por lo cual una vez notificado este, sin que se haya dispuesto la suspensión de los efectos de dicho acto de acuerdo al artículo 57 de la Ley Nº 19.880, la administración se encuentra habilitada para solicitar el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la cual constituye una garantía a primer requerimiento.

b)

Que como ya se ha señalado, la Resolución que ordenó el término anticipado del referido contrato, en su resuelvo 2°, ordenó disponer de las garantías para responder del mayor precio a que pueda ascender la obra por terminar, como asimismo, para el pago de las multas que afecten al contratista o cualquier otro perjuicio que resultare para el Fisco con motivo de la liquidación anticipada del contrato, y para hacer efectiva la sanción a que se refiere el artículo 152 inciso 2° del Reglamento para contratos de obras públicas.

En el recurso de reposición, con jerárquico en subsidio, interpuestos en su momento por el contratista en contra de dicho acto administrativo, no se solicitó la suspensión de los efectos del mismo, por lo cual desde que este fue notificado a la empresa, la administración se encontraba facultada para hacer valer las garantías del contrato.

c)

Que si bien mediante el Endoso N° 1 de la garantía de fiel cumplimiento del contrato se prorrogó la vigencia de ésta hasta el 17-01-2021, ello no significa que atendida dicha fecha no se pueda proceder actualmente a su cobro y menos que no exista premura para ello. Al respecto, cabe tener presente que el beneficiario de la garantía es la administración, no el administrado, por lo cual no corresponde que la empresa contratista cuestione el momento en que la primera requiere el cobro de la garantía, ya que esta se encuentra habilitada para ello desde el momento en que ha determinado que el segundo incurrió en un incumplimiento de las obligaciones caucionadas por la póliza o sus modificaciones.

En la especie, la garantía de fiel cumplimiento del referido contrato es una Póliza de Seguro de Garantía o Caución a Primer Requerimiento de Obras Públicas, incorporada al Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el Código POL POL120140065, por lo cual, en conformidad al artículo 1° del clausulado general de dicha Póliza, ésta deberá ser pagada al asegurado a primer requerimiento, en el plazo indicado en el artículo 7º siguiente, conforme lo señala el artículo 583 inciso final del Código de Comercio, sin que la oposición de excepciones pueda ser invocada para condicionar o diferir dicho pago. De acuerdo a dicho artículo 7°, las Direcciones o Servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas tendrán derecho a hacer efectiva esta póliza por la suma total asegurada, en aquellos casos en que, a su juicio, el contratista o tercero haya incurrido en incumplimiento de las obligaciones caucionadas por esta póliza o sus modificaciones, entendiéndose por tanto que se ha configurado el siniestro.

d) Que el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del referido contrato debe efectuarse a la brevedad, debido a que dicho cobro constituye uno de los trámites necesarios para que, en la liquidación del contrato (la cual debe efectuarse en el plazo establecido en el Reglamento para contratos de obras públicas), se pueda determinar la existencia de saldos favorables o desfavorables al contratista. Así se ha establecido en el Oficio N° 2117, de fecha 06-04-2020, del Contralor Regional de La Araucanía, en el cual se expresa lo siguiente:

“En este contexto, es útil señalar que la jurisprudencia de este Organismo de Fiscalización contenida, entre otros, en el dictamen N° 50.784, de 2016, ha manifestado que la liquidación constituye un balance final del contrato que comprende todos los aspectos del mismo en cuanto a los pagos realizados en relación a las obras ejecutadas o por cualquier otro concepto que derive de la relación contractual.

Ahora bien, considerando que en los casos de terminación anticipada de contratos por incumplimiento del contratista resulta necesario establecer el valor de las obras efectivamente ejecutadas y de las multas aplicables, no cabe sino concluir que tales operaciones, así como el cobro de las garantías que caucionan el contrato, han de realizarse precisamente para determinar la existencia de eventuales saldos en favor o en contra de la misma (aplica dictamen Nº 40.181, de 2017).

En ese contexto, esta Entidad de Control no vislumbra irregularidad en el actuar de la DV, toda vez que el cobro de las garantías de que se tratan constituye uno de los trámites necesarios para que, en la liquidación de los contratos, se pueda determinar en definitiva la existencia de saldos favorables o desfavorables al contratista, lo que es sin perjuicio de que ese servicio arbitre las medidas para proceder, a la mayor brevedad, con las liquidaciones de las convenciones en cuestión”.

Además, cabe señalar que en dicho Oficio la Contraloría Regional de La Araucanía expone que sobre la materia contenida en el mismo se solicitó informe a la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía, quien informó que realiza la gestión del cobro de las garantías, ante lo cual dicho Órgano de Control no efectuó ningún tipo de cuestionamiento, lo cual ratifica que el actuar de dicho servicio se ajusta a derecho. Así, en el citado Oficio se indica lo siguiente: “A su vez, la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas -MOP-, señala que ellos sólo realizan la gestión del cobro de las garantías de que se tratan, correspondiendo a la DV la facultad de determinar las causas y oportunidad para dicho cobro”.

Por otra parte, en doctrina, respecto de las pólizas de garantía se ha indicado lo siguiente: “La póliza de caución puede ser de dos clases: pagadera a primer requerimiento o sujeta a procedimiento de liquidación de siniestro.

En caso de emitirse una póliza de caución pagadera a primer requerimiento, implica que el Asegurador asume la obligación de pagar la indemnización una vez que es requerido el pago de la póliza, debiendo ésta pagarse a su sola presentación o dentro de los treinta días siguientes al requerimiento, dependiendo todo ello de la modalidad de emisión de la póliza, la que debe estar establecida y regulada Tanto en las Condiciones Generales como las Particulares del seguro”. (MOLINA ZALDÍVAR, Carlos; Ríos Salas, Víctor, Derecho de la Construcción. Santiago, 2016, p. 277).

“En materia de construcción la regla general es que las pólizas que solicite el mandante-asegurado, sean pagaderas a primer requerimiento. Es más, conforme al Reglamento General de Contratistas de Obras Públicas, solo pueden los contratistas entregar como caución una póliza de garantía de primer requerimiento, esto es, una póliza no sujeta a liquidación.

Lo anterior se justifica por cuanto el propietario o mandante de la obra necesita recibir como caución una garantía de fácil realización, siendo ésta altamente líquida, ya que el asegurador debe pagar la indemnización ante el mero requerimiento o cobro del seguro”. (Ídem, p. 278).

e) Que en la línea de lo anteriormente expuesto, respecto a la necesidad de cobrar la referida garantía de fiel cumplimiento del contrato, cabe indicar que mediante la Resolución T.R. N° 21, de fecha 02-06-2020, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, Tomada de Razón por el Órgano Contralor con fecha 08-07-2020, se adjudicó la licitación pública de la obra denominada “Terminación mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol – Parque Nacional Nahuelbuta, comuna de Angol, provincia de Malleco, Región de La Araucanía”, SAFI 296.548, a la empresa SERGIO CERVA S.A. (ABICE S.A.), RUT RUT reservadoEn otras palabras, ya se procedió a la adjudicación de la terminación de la obra cuyo contrato anterior fue terminado anticipadamente, con cargos, en contra del recurrente.

Indica que el recurso de protección interpuesto en estos autos es manifiestamente improcedente, por no existir ningún acto ilegal y arbitrario de parte del Director Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía que haya amenazado, perturbado o privado al recurrente de alguna garantía constitucional. Al respecto, concluye lo siguiente:

a) No existe vulneración a la garantía constitucional de igualdad ante la Ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República).

La Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía, al emitir el Oficio Ordinario N° 168, de fecha 12-06-2020, obró en el marco de sus atribuciones, esto es, como un Servicio Operativo Sectorial que desempeña funciones de gestión financiero contable para los servicios del Ministerio de Obras Públicas en la Región de La Araucanía y de administración, y en cumplimiento de lo señalado en el resuelvo 2° de la Resolución T.R. N° 47, de fecha 30-07-2018, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada con fecha 21-01-2019, mediante la cual se puso término anticipado, con cargo, a la obra denominada “Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol Parque Nacional Nahuelbuta, comuna de Angol, provincia de Malleco, Región de La Araucanía”, Código SAFI 250.783, resuelvo que ordenó disponer que se hicieran efectivas las garantías del contrato para responder del mayor precio a que pueda ascender la obra por terminar, como asimismo, para el pago de las multas que afecten al contratista o cualquier otro perjuicio que resultare para el Fisco con motivo de la liquidación anticipada del contrato, y para hacer efectiva la sanción a que se refiere el artículo 152 inciso 2° del Reglamento para contratos de obras públicas.

Además, no existe vulneración a dicha garantía, ni a las demás señaladas por el recurrente, puesto que este, en su recurso, como ha quedado de manifiesto a través del presente informe, falta a la verdad al indicar que con anterioridad al referido Oficio Ordinario N° 168, de fecha 12-06-2020, habría presentado ante el Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas un recurso administrativo de revisión con el objeto que se revisen nuevamente los antecedentes expuestos en un recurso jerárquico que había interpuesto en contra de la Resolución que ordenó el término anticipado, con cargo, del referido contrato. Lo anterior, toda vez que consta de fotocopia de dicho recurso de revisión, acompañada en un otrosí del presente Informe, que dicho recurso fue ingresado en la Oficina de Partes de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas el 30-06-2020.

b) No existe vulneración a la garantía constitucional de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República).

Tampoco existe vulneración a dicha garantía constitucional en el actuar de la Dirección que represento, por los motivos expuestos precedentemente, esto es, porque se actuó en conformidad a la normativa vigente, a la resolución que ordenó poner término anticipado al contrato y cobrar las respectivas garantías, y porque a la fecha en que se emitió el Oficio Ordinario N° 168, de fecha 12-06-2020, no existía ninguna solicitud de suspensión de los efectos de la resolución que ordenó el término anticipado del contrato y el cobro de las garantías asociadas al mismo, y, por lo tanto, tampoco existía ningún acto administrativo de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía o de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. A mayor abundamiento, incluso actualmente esta Dirección Regional no ha sido notificada de ningún acto administrativo de tales servicios que digan relación con la suspensión de los efectos de tal resolución. Solo hasta la fecha, el tribunal, en estos autos, mediante resolución de fecha 15-07-2020, decretó orden de no innovar hasta que no se resuelva el recurso de revisión administrativa interpuesto por el recurrente en sede administrativa.

Por otra parte, como se ha dicho, el recurrente confunde el beneficiario de la garantía de fiel cumplimiento con el o los funcionarios que, en la práctica, gestionan el cobro de la misma ante la Compañía de Seguros. En efecto, si bien el beneficiario de ésta es el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de La Araucanía, en la práctica el organismo que materializa la gestión de cobro de las garantías constituidas a favor de dicha autoridad, así como a favor de las distintas Direcciones Regionales del Ministerio de Obras Públicas en la Región de La Araucanía, es la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, como organismo operativo y de gestión. Ello no significa que luego de la gestión del cobro de tales garantías quien firme el correspondiente finiquito preparado por la respectiva compañía aseguradora sea el beneficiario de la garantía, en este caso, el respectivo Secretario Regional Ministerial.

Además, no resultan atendibles los argumentos expuestos por el recurrente en cuanto a que el Oficio remitido por el recurrido a la compañía de seguros no dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley N° 19.880, ya que, en primer lugar, tal Oficio es un documento Oficial, dirigido a un tercero (aseguradora), mediante el cual se solicitó fundadamente hacer efectiva una determinada garantía tomada a favor de uno de los servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas, por haberse puesto término anticipado, con cargo, al contrato de obra denominado “Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol Parque Nacional Nahuelbuta, comuna de Angol, provincia de Malleco, Región de La Araucanía”, Código SAFI 250.783, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 151 letra d) del Reglamento para contratos de obras públicas, adjuntándose al Oficio, tal como consta en el antecedente consignado en la parte superior del mismo, el Oficio Ordinario N° 155, de fecha 19-06-2018, de don nombre reservado, Inspector Fiscal del contrato, el cual es el fundamento de la Resolución T.R. N° 47, de fecha 30-07-2018, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada con fecha 21-01-2019, mediante la cual se puso término anticipado, con cargo, al referido contrato de obra pública, en conformidad al artículo 151 letra d) del Reglamento para contratos de obras públicas. En segundo lugar, la referencia que el recurrente hace al artículo 41 inciso 4° del citado texto legal es improcedente, ya que dicho artículo se refiere a la resolución final que se dicta en el contexto de un procedimiento administrativo, en tanto que de sola lectura del acto recurrido se puede concluir fácilmente que este no es una Resolución, ni tampoco un Decreto, sino un Oficio dirigido a un tercero, mediante el cual se solicitó fundadamente hacer efectiva una determinada garantía tomada a favor de uno de los servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas, por haberse puesto término anticipado, con cargo, al citado contrato.

c) No existe vulneración a la garantía constitucional del derecho a la propiedad (artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República).

Ello por cuanto al haberse puesto término anticipado, con cargo, al referido contrato de obra pública, mediante una Resolución dictada al efecto, el cual fue objeto del trámite de Toma de Razón, notificado al contratista y que fue objeto de un recurso de reposición, con un recurso jerárquico en subsidio, los cuales fueron rechazados, respectivamente, por las autoridades llamadas a pronunciarse sobre los mismos, y no habiéndose ordenado hasta la fecha por parte de la administración la suspensión de los efectos de dicho acto administrativo, resulta absolutamente procedente el cobro de la Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 330-17-00018330, de fecha 23-08-2017, tomada en la referida Compañía de Seguros, la cual asegura un monto total de 3.063,07.-U.F. En consecuencia, no existe amenaza ni menos conculcación a la garantía constitucional del derecho a la propiedad en relación al recurrente, sino, por el contrario, el Director Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía ha actuado en el marco de sus atribuciones, en cumplimiento de la referida Resolución, con el objeto de resguardar el interés fiscal, solicitando el cobro de una garantía, ante el incumplimiento de un contratista que incurrió en un atraso del 56% del programa original del contrato tal como se informa en el Oficio Ordinario N° 155, de fecha 19-06-2018, de don nombre reservado, Inspector Fiscal del contrato, el cual sirvió de fundamento para ordenar el término anticipado del mismo, en conformidad al artículo 151 letra d) del Reglamento para contratos de obras públicas.

Además, en la especie, no estamos en presencia de un derecho indubitado que posea el recurrente, motivo suficiente para que se rechace el recurso al ser manifiestamente improcedente.

Finalmente, resulta útil recordar que la acción de protección fue establecida como un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz frente a manifiestas violaciones, atropellos flagrantes o amenazas de determinados derechos básicos, pero no es una vía para conocer asuntos de lato conocimiento ni para formular cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica, como ocurre en la especie. Asimismo, es dable indicar que la finalidad de la acción de protección es restablecer el imperio del derecho, reaccionando ante una situación anormal y evidente que atente contra alguna de las garantías establecidas en la Constitución Política de la República, en específico, aquellas indicadas en su artículo 20, pero en ningún caso puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos en atención a la naturaleza protectora de esta.

Acompañó los siguientes documentos: 1°. Copia de la Resolución T.R. N° 45, de fecha 05-06-2017, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada con fecha 26-07-2017, que adjudicó la licitación pública de la obra denominada “Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol Parque Nacional Nahuelbuta, comuna de Angol, provincia de Malleco, Región de La Araucanía”, Código SAFI 250.783; 2°.- Copia del Oficio Ordinario N° 155, de fecha 19-06-2018, de don nombre reservado, Inspector Fiscal del contrato, mediante el cual solicitó al Director Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía que se ordene el término anticipado del referido contrato, en conformidad al artículo 151 letra d) del Reglamento para contratos de obras públicas; 3°.- Copia de la Resolución T.R. N° 47, de fecha 30-07-2018, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada con fecha 21-01-2019, mediante la cual se puso término anticipado, con cargo, al referido contrato de obra pública; 4°.- Copia de recurso de reposición administrativa, con recurso jerárquico en subsidio, de fecha 01-03-2019, suscrito por el abogado Jorge Andrés Reinoso Méndez, en representación del contratista nombre reservado, en contra de la Resolución T.R. N° 47, de fecha 30-07-2018, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía; 5°.- Copia de escrito presentado en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía con fecha 26-03-2019, por el abogado Jorge Andrés Reinoso Méndez, en representación del contratista nombre reservado, que amplió el recurso administrativo de reposición, con recurso jerárquico en subsidio, referido en el numeral anterior; 6°.- Copia de la Resolución Exenta N° 857, de fecha 09-04-2019, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, tramitada en igual fecha, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición administrativa referido en el numeral anterior, en todas sus partes, así como su ampliación de fecha 26-03-2019, en razón de estimarse extemporáneo; 7°.- Copia de la Resolución Exenta N° 1122, de fecha 28-04-2020, de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, tramitada en igual fecha, mediante la cual se rechazó en todas sus partes el recurso jerárquico de fecha 01-03-2019, interpuesto por el abogado don Jorge Andrés Reinoso Méndez, en representación del contratista nombre reservado, en contra de la Resolución T.R. N° 47, de fecha 30-07-2018, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, por estimarse que la causal utilizada para poner término anticipado al contrato está debidamente fundada y cuenta con el respaldo suficiente; 8°.- Copia del Memorándum N° 35, de fecha 11-06-2020, de fiscal instructor de sumario administrativo, dirigido al Director Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía; 9°.- Copia del Ordinario N° 168, de fecha 12-06-2020, del Director Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de La Araucanía, mediante el cual se solicitó a MAPFRE SEGUROS GENERALES S.A. hacer efectiva la Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 330-17-00018330, de fecha 23-08-2017 (Se adjunta, además, copia de la referida Póliza y de sus Endosos N° 1, 2 y 3); 10.- Copia escaneada de recurso de revisión administrativa interpuesto con fecha 30-06-2020 por nombre reservado, ante el Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, respecto del proceso de término anticipado con cargo. En dicha copia se puede apreciar un timbre que da cuenta que este fue ingresado el 30-06-2020 en la Oficina de Partes de dicha Dirección Nacional; 11.- Copia de la Resolución Exenta N° 611, de fecha 27-11-2017, del Director Nacional de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, mediante la cual se delegan funciones y atribuciones a los Directores Regionales de dicho servicio; 12.- Copia de la Póliza de Seguro de Garantía o Caución a Primer Requerimiento de Obras Públicas, incorporada al Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el Código POL120140065; 13.- Copia del Oficio N° 222, de fecha 28-06-2018, del Director Regional de Contabilidad y Finanzas, dirigido a la referida compañía de seguros; 14.- Copia del Oficio N° 2117, de fecha 06-04-2020, del Contralor Regional de La Araucanía; 15.- Copia de declaración suscrita por nombre reservado, en conformidad al artículo 76 N° 1 letra b) del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en el marco del contrato de obra denominado “Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol Parque Nacional Nahuelbuta, comuna de Angol, provincia de Malleco, Región de La Araucanía”, Código SAFI 250.783; 16.- Copia de la Resolución T.R. N° 21, de fecha 02-06-2020, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, Tomada de Razón por el Órgano Contralor con fecha 08-07-2020, mediante la cual se adjudicó la licitación pública de la obra denominada “Terminación mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol – Parque Nacional Nahuelbuta, comuna de Angol, provincia de Malleco, Región de La Araucanía”, SAFI 296.548, a la empresa SERGIO CERVA S.A. (ABICE S.A.), RUT RUT reservado

A folio N°31-2021 el Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, informa que el recurso de revisión extraordinario interpuesto por la parte recurrente, ya ha sido resuelto por este Ministerio, a través de los siguientes actos administrativos: a) Resolución DV (E) N° 2403 de fecha 01 de octubre de 2020, que rechazó el recurso de revisión interpuesto por nombre reservado, contra la Resolución D.R.V. N° 047, del 30 de julio de 2018; y B) Resolución DGOP (E) N° 004 de fecha 06 de enero de 2021 que rechaza recurso de revisión extraordinaria interpuesto por el Sr. nombre reservado en contra de la Resolución (E) D.V. N° 1122 de 2020, y que se acompañan.

A folio N°44-2021 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal por el actor, es el Ordinario N°168 de fecha 12 de junio de 2020, emitido por el Director Regional de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Publicas de la Araucanía, dirigido a la Compañía de Seguros MAPFRE S.A. en virtud del cual le requiere hacer efectivo el cobro de la póliza de fiel cumplimiento del contrato N°300-17-00018330 suscrita por don nombre reservado, que asegura un monto total de 3.063,67 UF.

TERCERO: Que consta en los documentos allegados al recurso que al contrato de obra pública que ligaba a las partes se le puso término en forma anticipada mediante la dictación de la Resolución T.R. N°47 de fecha 30 de julio de 2018, de conformidad a los dispuesto en el artículo 151 letra d) del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, decisión fundada en que el contratista no habría dado cumplimiento al programa de trabajo.

Esta resolución, en su Resuelvo N°2, establece lo siguiente: “DISPONESE; que se hagan efectivas las garantías y retenciones del contrato, las que servirán para responder del mayor precio a que pueda ascender la obra por terminar, como asimismo, para el pago de las multas que afecten al contratista o cualquier otro perjuicio que resultare para el Fisco, con motivo de la liquidación anticipada del Contrato y para hacer efectiva la sanción a que se refiere el artículo 152 inciso 2° del Reglamento de Contratos de Obra Pública”.

CUARTO: Que en contra de la Resolución señalada previamente, el actor interpuesto sendos recursos administrativos, todos rechazados por la autoridad respectiva, siendo incluso objeto del trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la Republica, y encontrándose, por ende, firme las decisiones contenidas en ella, entre las que se encuentra la de solicitar el cobro de la póliza de fiel cumplimiento del contrato.

QUINTO: Que por su parte, en el contexto de la existencia de un sumario administrativo incoado en contra del actor, el Fiscal instructor emitió el Memorandum N°35, de 11 de junio de 2020, en virtud del cual solicitaba al Director Regional de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Publicas de La Araucanía, dar cumplimiento al Resuelvo N°2 contenido en la Resolución T.R. N°47 de fecha 30 de julio de 2018, solicitando el cobro de la garantía respectiva.

Si bien en el Ordinario N°168 es posible leer la frase “Pólizas que debemos hacer efectivas confirme a solicitud Fiscal Instructor…”, los efectos que el actor le otorga a la misma están lejos de constituir una infracción al principio de juridicidad, por cuanto no es él quien ordena el cobro de la garantía, sino que se limita a hacer referencia al Memorandum señalado, el cual solo tiene por objeto aplicar la decisión de hacer efectiva la póliza en virtud de una decisión administrativa que se encuentra firme y contenida en la Resolución ya referida.

SEXTO: Que la principal argumentación del actor para afirmar la existencia de una vulneración de garantías constitucionales, es el hecho de haberse emitido el Ordinario N°168, existiendo un recurso extraordinario de revisión pendiente de resolución por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

A ese respecto es posible afirmar que el Oficio impugnado fue emitido con fecha 12 de junio de 2020 y que el recurso administrativo fue presentado en la Oficina de Partes respectiva el día 30 del mismo mes y año, lo que hace imposible que la recurrida tuviera conocimiento de este recurso al momento de dictar el acto que se pretende impugnar, careciendo de fundamentos las alegaciones efectuadas por el recurrente sobre este punto.

SÉPTIMO: Que a mayor abundamiento, se ha informado por la Dirección Nacional de Vialidad que el recurso extraordinario de revisión interpuesto por don nombre reservado en contra de la decisión de poner término anticipado al contrato de obra fue rechazado por Resolución DV N°2407 de fecha 01 de octubre de 2020, por estimarse que los nuevos antecedentes que se acompañan para fundar la causal de la letra b), del artículo 60 de la Ley N° 19.880, no son esenciales para dejar sin efecto el término anticipado, al no controvertir el atraso en el programa de trabajo de más de un 30%, según dispone el artículo 151 letra d) del Reglamento para Contratos de Obra Pública.

OCTAVO: Que de lo analizado en los considerandos precedentes se puede concluir que el recurso incoado carece de un sustrato o sustento fáctico que lo haga plausible, por cuanto la recurrida ha actuado dentro de las esfera de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, en virtud de lo prescrito en los artículos 13 y 21 del texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, y del DFL. Nº 206 de 1960, resultando inconcuso que el hecho reprochado no puede estimarse como una acto u omisión arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna las garantías invocadas en la acción constitucional interpuesta.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara:

Que, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por el abogado Cristian Augusto Toloza Bravo, en representación de don nombre reservado, y en contra de la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas de la Araucanía.

Regístrese.

Redacción de la ministra A. Cecilia Aravena López.

Rol N° Protección-5821-2020 (pvb).