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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 5818-201931 ene 2020

nombre reservado con CLÍNICA ALEMANA DE TEMUCO S.A

Fecha
31 de enero de 2020
Corte
Corte de Apelaciones de Temuco
Sala
Tercera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 5818-2019, sentencia de 31 de enero de 2020

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Clínica Alemana de Temuco: el correo que anuncia el traspaso de la deuda a cobranza judicial no constituye un ejercicio abusivo del cobro, sino una comunicación legítima que no amenaza garantías constitucionales.

Texto íntegro

C.A. de Temuco Temuco, treinta y uno de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

Que comparece don Luis Egisto Mencarini Voisier, Abogado, en representación de doña nombre reservado, empleada, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de CLINICA ALEMANA TEMUCO S.A., del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, ignoro profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber amenazado y vulnerado, con actos arbitrarios e ilegales, las garantías tuteladas en el artículo 19 numerales 1 y 4 de la Constitución Política de la República.

Expresa que su representada con fecha 12 de agosto de 2019 recibió comunicación enviada por correo electrónico, donde le informan que tiene un plazo vencido para el pago de un pagaré generado a consecuencia de una hospitalización en el año 2012, señalándole que el monto al día 5 de enero de 2018 asciende a la suma de $1.220.000 pesos, y que de no acercarse antes del 31 de agosto de 2019 a regularizar la situación, se procederá a cobranza judicial, correo enviado a cuenta que tiene en su trabajo.

Señala que a partir de lo anterior, la han llamado en innumerables ocasiones en relación a esta deuda.

Indica que el mes de octubre de 2018, la recurrida inició judicialmente el cobro del pagaré en cuotas señalado generándose la causa ejecutiva Rol Nº C-5275-2018, caratulada “CLINICA ALEMANA TEMUCO con nombre reservado”, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Temuco, la cual termino por sentencia firme que acogió excepción de prescripción deducida por su parte, obteniéndose además condena en costas en sentencia de segunda instancia de fecha 22 de julio de 2019.

Agrega que con fecha 16 de agosto de 2019 se dictó el cúmplase de lo resuelto en el juicio antes mencionado, por lo que la recurrida tiene conocimiento de lo fallado, y no obstante ello, continúa hostigando a su representada a objeto de cobrarle un pagaré que la Justicia ha declarado prescrito en cuanto a la acción de cobro, sin entender la razón de continuar este acoso, que ya se ha dirigido al trabajo de su representada, seguramente a objeto de ejercer una presión extra y obligándola a tener que dar explicaciones a sus jefes que evidentemente le consultan sobre el particular.

Alega que el hecho de llamar y enviar comunicaciones con amenazas respecto a la interposición de acciones judiciales, habría afectado su salud psíquica, por la situación del acoso ya referido.

Sostiene que la actitud antes descrita de la recurrida ha vulnerado derechos consagrados constitucionalmente, pues ante una situación que la Justicia ya ha resuelto, se le molesta de manera insistente, repercutiendo ello en su integridad psíquica, que le afecta en su trabajo y en su ámbito familiar y personal.

Refiere que conforme documentos que se acompañan, se acredita la existencia del juicio ya referido y su resultado y con correo electrónico que acompaña, se acredita el hostigamiento.

La forma de intimar al recurrente sería abusivo e ilegal. Ilegal, puesto que no existe deuda pendiente toda vez que se ha extinguido por la sentencia dictada en la causa judicial ya señalada, y abusivo, ya que quién estima que alguien le adeuda algo y lo somete a decisión judicial, debe respetar lo fallado y no insistir de manera reiterada y acosadora cuando no obtiene lo querido.

Aduce que el acto ilegal y arbitrario priva, perturba y amenaza la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N° 1 y 4 de la Constitución, esto es, el derecho a la integridad psíquica de la persona y el respeto y protección a la vida privada.

Refiere que el perjuicio o agravio se traduce en la intranquilidad psíquica constante que se genera por el cobro extrajudicial ilegal y arbitrario, así como el tener que andar dando explicaciones a los superiores por actos que son parte de la vida privada (hospitalización) y no laboral de las personas.

Pide que se acoja el recurso, y en definitiva se ordene que la recurrida debe abstenerse de todo acto, comunicación y/o cualquier otro tipo de contacto con su representada tendiente al cobro del pagaré ya referido por la suma de $1.220.000 pesos, con costas.

Acompaña 1.- Copia de las piezas pertinentes de la causa ejecutiva Rol Nº C-5275-2018, caratulada “CLINICA ALEMANA TEMUCO S.A. con nombre reservado”, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Temuco.”.- Correo enviado a su representada de fecha 12 de agosto de 2019.

A folio 9 evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo del recurso con costas, por los siguientes fundamentos:

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, fundado en que la recurrente ingresó su libelo con fecha 19 de agosto del presente año, indicando que con fecha 12 del mismo mes, recibió correo electrónico enviado por Clínica Alemana de Temuco, solicitando el pago de deuda que mantiene con esta institución. Sin embargo, alega que el primer correo remitido se remonta a agosto del año 2018, cuyos contenidos eran del mismo tenor, esto es, de cobrar e instar por el pago de lo debido por la recurrente a Clínica Alemana de Temuco. Así, malamente la recurrente puede indicar que el supuesto acto que le causó perturbación a su integridad es el de 12 de agosto del año en curso.

En cuanto al fondo, contextualiza el proceso civil de cobro de pagaré precisando que la recurrente en el proceso ejecutivo se autonotificó una vez que había transcurrido el plazo de prescripción, por lo que su parte se allanó a la excepción y solicitó que se le eximiera del pago de costas, lo que fue acogido en primera instancia, pero revocado en lo apelado por el tribunal de alzada, al acoger apelación de la ejecutada.

Hace presente asimismo, que el cúmplase se dictó por el tribunal de primera instancia recién con fecha 13 de agosto de 2019, esto es, con posterioridad al envío del correo electrónico, por lo que cuando se envió el correo electrónico la causa se encontraba en tramitación.

Reconoce que su representada remitió el 12 de agosto de 2019, el mentado correo electrónico a la casilla personal correo reservado, que la propia demandante señaló como medio de contacto entre ella y, la Clínica, siendo además una práctica habitual, el contacto con la recurrente por este medio, a quién se le informaba el estado de deuda, las formas de pago e incluso doña nombre reservado, contestaba los correos que le enviaba su representada, solicitando repactaciones de su deuda.

Por lo anterior, señala que no se entiende de qué manera se vio vulnerada en el ámbito laboral la recurrente con él envió de este e-mail, si, como se dijo, esta casilla electrónica era un medio de comunicación normal entre las partes, donde se ventilaban todos los pormenores de su deuda, e incluso doña nombre reservado pedía repactaciones. Lo anterior, sólo obedece a que la casilla de e-mail, es de su uso personal, no viéndose afectado ni enterado sus supuestos empleadores de la situación. Por otro lado, cabe hacer presente que la recurrente, no acompaña ningún medio probatorio, tendiente a acreditar: a/ Que, la casilla electrónica a la cual se le envió el e-mail, es de uso exclusivamente laboral. b/ Que, sus empleadores o jefaturas, tienen acceso constante a su e-mail. c/ Que, sus empleadores o, en su ámbito laboral, tomaron conocimiento de la deuda que mantiene con CLÍNICA ALEMANA DE TEMUCO y, que esto le afectó laboralmente; y, d/ Que, producto de esta “afectación” se le produjeron daños psicológicos.

Concluye que no se acompañó ningún medio probatorio para acreditar la afectación de su trabajo, producto del envió de este e-mail.

Alega que la existencia de un e-mail a través del cual se realizan gestiones de cobranza extrajudicial, no resulta ilegal, por cuanto, en el juicio ejecutivo seguido entre las partes, se declaró sólo la prescripción de la acción cambiaria, emanada del pagaré en cuotas, en el marco del artículo 98 de la Ley 18.092, encontrándose plenamente vigente la acción ordinaria emanada de la obligación subyacente al pagaré, por las atenciones médicas otorgadas a la recurrente, en el marco del artículo 2.515 del C. Civil.

Así las cosas, el envío de un e-mail que dice relación con “comunicar” la existencia de una deuda pendiente es un medio que es totalmente legítimo y amparado por el ordenamiento jurídico.

Aduce que no resulta irracional o caprichoso pretender el cobro extrajudicial de una deuda, por medio legítimos –no prohibidos por el ordenamiento jurídico- y por tanto, sin uso de la fuerza o la coacción. De otro lado, no constituye una desproporción o una falta de ajuste entre los medios empleados y el fin a obtener, el enviar un e- mail, para pretender el cobro de una obligación.

Agrega que en los hechos, no se afecta de manera suficiente, ya sea en grado de amenaza, perturbación o privación el derecho a la integridad psíquica de la recurrente.

Concluye que de los hechos relatados, en caso alguno, pueden tener la entidad suficiente –por inexistencia de vínculo causal-, para generar una afectación, en grado de amenaza, perturbación o privación, del derecho a la integridad psíquica de la recurrente, susceptible de ser protegida mediante un recurso de protección. Máxime si el único hecho acreditado, en estos autos, es el envió de UN SOLO E-MAIL, no habiéndose acreditado de forma alguna las supuestas llamadas reiteradas, acosadoras y, amenazantes, que anuncia el recurrente.

A folio 11 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, establece que la presente acción cautelar se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

TERCERO: Que, se desprende de los antecedentes del recurso y del informe evacuado por la requerida, que la acción cautelar no es extemporánea dado que la actuación amenazante o agraviante que se imputa a la recurrida, dice relación con el envió de un correo electrónico el 12 de agosto de 2019 donde le informan que tiene un plazo vencido para el pago de un pagaré generado a consecuencia de una hospitalización en el año 2012, habiéndose ingresado el presente recurso 19 de Agosto de 2019, lo deja de manifiesto que el recurso resulta ser oportuno.

CUARTO: Que, el recurso de protección, no constituye una instancia declarativa de derechos sino de simple resguardo o protección de aquellos cuando han sido amagados, cuando siendo preexistentes e indubitados, esto es que no admiten duda sobre su veracidad, existencia o realidad, y que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que no concurre QUINTO: Que, el presente recurso se sustenta en la afirmación de la recurrente de no tener deuda vigente con la recurrida la cual, no obstante, ha efectuado las acciones de cobranza extrajudicial consistente en él envió de un correo electrónico con fecha 12 de Agosto de 2019.

SEXTO: Que, la recurrida ha cuestionado en estrados la afirmación de la recurrente en cuanto no tener deuda vigente con ella, no existiendo, por lo mismo, en el presente caso, una situación en que un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, se encuentre en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento, razón por la cual el recurso es improcedente al no concurrir la causa fundamente del mismo.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, nuestro derecho, no prohíbe las acciones de cobranza judicial, aun cuando las regula a fin de que los procedimientos que se puedan emplear en el cobro de un crédito, por la vía extrajudicial, no configure presiones, amenazas actuaciones arbitrarias o ilegítimas y cobros indebidos. Así, el art. 37 N° 5 letra f.-) de la ley 19.046 dispone que las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor OCTAVO: Que, en esta lógica, y en principio, no resulta irracional o caprichoso pretender el cobro extrajudicial de una supuesta deuda, por medio legítimos –no prohibidos por el ordenamiento jurídico-, y por tanto, sin uso de la fuerza o la coacción, salvo que se haga uso abusivo de estos medios, al punto que su uso genere una afectación, en grado de amenaza, perturbación o privación, de algún derecho constitucional amparado por parte del deudor objeto de la cobranza extrajudicial, susceptible de ser protegida mediante un recurso de protección.

NOVENO: Que, de la revisión del correo electrónico enviado a la dirección que la propia recurrente indico en su oportunidad a la recurrida como medio de contacto entre ella y, la Clínica, se aprecia que tiene por finalidad comunicar que a la fecha de su envío registra, en los archivos de la recurrida vencido el plazo para el pago del pagaré en cuotas de la cuenta de hospitalización en Clínica Alemana correspondientes a la atención brindada a usted el día 26-03-2012, cuyo monto vencido al 05-01-2018: $ 1.220.000. El documento agrega que le solicita realizar este trámite antes del 31 de Agosto de 2019 para evitar inconvenientes, ya que deuda será traspasa a Cobranza Judicial, los primeros días de Septiembre del año presente. Ninguna amenaza o agravio de carácter ilegal o inconstitucional se aprecia en ello.

DECIMO: Que, en este contexto, se estima por esto sentenciadores no, existe un ejercicio abusivo de la facultad del acreedor para reclamar su crédito, no configurándose un acto ilegal o arbitrario que amenace algún derecho constitucionalmente amparado de la recurrente, razón por la cual el recurso no será acogido.

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los artículos 19 N° 1; 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, la acción de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra de CLINICA ALEMANA TEMUCO S.A.

Redacción del abogado Integrante Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese, comuníquese, agréguese a la carpeta digital y archívese en su oportunidad.

Rol N° Protección-5818-2019.

Se deja constancia que no firma la Ministra Sra. María Georgina Gutierrez Aravena, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.