nombre reservado con SUPERINTENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, tres de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece la abogada doña MARGARITA ALEJANDRA AZÚA SOTO, quien deduce un recurso de protección en favor de doña nombre reservado, cedula de identidad N° RUT reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado; en contra de la resolución exenta N° R-01-UNAAD-118953-2024, de fecha 29 de julio de 2024 emanada de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada por su Superintendente, doña PAMELA GANA CORNEJO, Rut RUT reservado, domiciliados en domicilio reservado, conforme a los siguientes antecedentes:

Comienza señalando que se impugna la decisión pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social en orden a rechazar las Licencias Médicas N°s 71498049-1, 72856689-2, 74279512-8, 75613267-9, extendidas por un total de 120 días a contar del 06 de junio de 2022, emanado de la SUBCOMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ – CAUTIN- COMPIN REGION DE LA ARAUCANIA, por reposo no justificado.

Explica que la recurrente padece de un cuadro depresivo reactivo grave, diagnosticado por especialista, la Psiquiatra Dra. nombre reservado, médico tratante por “telemedicina” de la recurrente desde el año 2015, la cual mediante WhatsApp de fecha 02 de octubre de 2022, informa a la paciente que se jubilará por enfermedad y que dejará de atenderla sin hacer la correspondiente derivación a otro especialista, privándola de recetas médicas, orientación en cuanto a la medicación y tratamiento futuro. Ante ello, y pese a los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos enviados tanto a la psiquiatra como a la secretaria, los cuales no son respondidos, la recurrente igualmente acompañó toda la documentación a la que tenía acceso, como lo son:

1) Boletas de honorarios emitidos por el médico tratante de esa época (Psiquiatra Dra. nombre reservado), que dan cuenta que durante el tiempo que engloban las licencias médicas rechazadas, la paciente recurrente siguió estando bajo psicoterapia.

2) Impresiones digitales de transferencias realizadas al médico tratante de esa época (Psiquiatra Dra. nombre reservado), por el pago de las consultas psiquiátricas realizadas y que son concordantes con la fecha de emisión de las boletas indicadas en el punto anterior.

3) Impresiones digitales de transferencias realizadas a Liga Chilena contra la Epilepsia, por pago de medicamentos con receta retenida y que se condicen con el tiempo en que la recurrente hizo uso de licencia médica.

4) Impresiones digitales de Mail enviados a la secretaria del médico tratante de esa época (Psiquiatra Dra. nombre reservado), solicitando le enviara receta con los medicamentos prescritos: tritico, duloxetina y relajante muscular. Otro, agradeciendo haber recibido el envío de un documento y un tercero, solicitando ayuda para contactar al médico Psiquiatra, el cual no fue respondido.

5) Impresiones digitales de WhatsApp enviados al médico tratante de esa época (Psiquiatra Dra. nombre reservado), solicitando le enviara diagnostico farmacológico y psicoterapéutico, los cuales pese a haber sido “vistos”, no fueron respondidos por la profesional.

6) Certificado médico emitido por el actual Psiquiatra Dr. nombre reservado, el cual continuó con la atención médica una vez que el anterior profesional desapareció; quien acredita atender a la recurrente desde enero de 2023 y que “en este momento se encuentra prácticamente asintomática” (marzo 2024).

7) Informe de Resonancia Magnética, el cual arroja un diagnóstico de pelviespondiloartropatia activa y discopatía degenerativa multisegmentaria de predominio cervical, enfermedad física, autoinmune y degenerativa que incidió en el deterioro de su salud mental y que la tiene acogida a la Ley Ricarte Soto.

Además, solicitó a la recurrida ordenar a la COMPIN- en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del “Reglamento de Autorización de Licencias Médicas e Instituciones de Salud Previsional”- practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; solicitar al profesional que extendió las licencias médicas que informara sobre los antecedentes clínicos complementarios que obraran en su conocimiento, relativos a la salud de la trabajadora; Disponer cualquier otra medida informativa que permitiera una mejor resolución de las licencias médicas, todas peticiones a las que omitió referirse la SUSESO y no tuvo en consideración, al resolver la reposición, pues no los menciona en los fundamentos para sostener su rechazo, ni solicitó nuevos exámenes o estudios para justificar su resolución de: “Rechácese la solicitud de reconsideración de la Resolución Exenta N° R-01-UME-93257-2024 de fecha 13 de junio de 2024, mediante la cual se confirmó lo actuado por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, respecto al rechazo de las licencias médicas N°s 71498049-1, 72856689-2, 74279512-8, 75613267-9, las que, impugnadas ante la SUSESO, confirmó el rechazo de las licencias, como se detalla a continuación: Que, en primer término, se cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio.

Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes.

Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente en una nueva solicitud de reconsideración, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador.”

Tal resolución le fue notificada a la recurrente con fecha 29 de julio de 2024.

Observa en la resolución cuestionada, que la decisión adoptada por la Superintendencia se limitó a reiterar que no se habían acompañado nuevos antecedentes que ameritasen efectuar un nuevo estudio de lo ya resuelto, sin hacer mención a cuál sería el documento que- según sus dichos- ameritaría para efectuar un nuevo estudio.

De igual forma, la resolución que rechaza la reclamación ante la COMPIN concluye que los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo, lo cual, aunado a la falta de nuevos antecedentes- en que se funda la reposición- hacen presumir de manera solapada que tanto COMPIN como SUSESO exigirían como “antecedentes fundantes” un informe completo y acabado del diagnóstico farmacológico y terapéutico emanado del médico que extendió las licencias rechazadas, la cual la recurrente se ve impedida de acompañar por lo ya expuesto.

Que, la resolución que se impugna, tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitieran corroborar la decisión a la que arriba, teniendo en consideración que la recurrida, con mira a cumplir el mandato legal consistente en resolver las apelaciones/reclamaciones presentadas por los afiliados al sistema de salud, puede disponer que las instituciones que se encuentran bajo su supervigilancia, cuyo es el caso de la COMPIN, recabe los antecedentes que posibiliten adoptar una decisión fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cuestión que no hizo pese a solicitud expresa realizada por la paciente recurrente.

En efecto, SUSESO en ni una de las instancias ordenó realizar a la paciente recurrente nuevos exámenes o citarla a peritaje a fin de evaluar la condición de salud por la que atravesaba, más aún cuando estuvo en conocimiento de que su médico tratante de esa época (psiquiatra) anuló su última hora de psicoterapia, señalando que se jubilaba por enfermedad, dejándola sin tratamiento. Respecto a este punto, SUSESO estaba en condiciones de haber requerido al profesional que atendía a la paciente recurrente y que había expedido las licencias médicas, que informara sobre los antecedentes clínicos complementarios que obraban en su poder, relativos a su estado de salud, cuestión que nunca hizo.

De esta forma, es posible concluir que la resolución dictada por SUSESO no se basta a sí misma, no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale (más allá de la referencia a “falta de nuevos antecedentes”), como tampoco hace mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó en cuanto a la suficiencia del reposo médico (sin haber analizado ningún antecedente médico) y no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de recuperación que los ya otorgados ni por qué debe cargar con el peso de aportar una “prueba” a la que no tiene acceso y en que carece de la fuerza para obligar a un tercero (médico que extendió las licencias médicas impugnadas) a proporcionársela, siendo por ende arbitrario el rechazo de las licencias médicas, sin la revisión correspondiente de los antecedentes médicos de la trabajadora. Cita jurisprudencia.

La garantía constitucional conculcada es la del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vale decir, el derecho a la propiedad, desde que el rechazo de las licencias importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley, quebrantamiento que, adicionado a la arbitrariedad señalada en forma precedente, llevan a concluir que la acción constitucional deducida debe ser acogida.

Es del caso señalar que la recurrente se encuentra reintegrada a sus funciones desde el 19 de octubre de 2022 Para los efectos de resolver la materia planteada corresponde tener presente que el artículo segundo letra c) de la Ley 16.395 establece: “Son funciones de la Superintendencia las siguientes: c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

El “Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la Compín e Instituciones de Salud Previsional” dispone en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

De acuerdo con las normas referidas, es posible sostener que la recurrida, con mira a cumplir el mandato legal consistente en resolver las apelaciones presentadas por los afiliados al sistema de salud, puede disponer que las instituciones que se encuentran bajo su supervigilancia, cuyo es el caso de la Compin, recabe los antecedentes que posibiliten adoptar una decisión fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema.

Pide tener por interpuesto recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, admitir a tramitación, y en definitiva declarar: Que se acoge, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y, en consecuencia se declara que, se deja sin efecto la resolución exenta mencionada, que confirma el rechazo de las licencias médicas indicadas, debiendo en consecuencia ordenar a la SUBCOMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ – CAUTIN DE LA REGION DE LA ARAUCANIA cursar y pagar las licencias médicas N°s 71498049-1, 72856689-2, 74279512-8, 75613267-9; rechazadas a la beneficiaria doña nombre reservado.

A su recurso acompañó los siguientes documentos:

1. La RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-93257-2024, de fecha 13 de junio de 2024, emanada de SUSESO.

2. La RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNAAD-118953-2024, de fecha 29 de julio de 2024, emanada de SUSESO.

3. Boletas de honorarios emitidos por el médico tratante de esa época (Psiquiatra Dra. nombre reservado), que dan cuenta que durante el tiempo que engloban las licencias médicas rechazadas, la paciente recurrente siguió estando bajo psicoterapia.

4. Impresiones digitales de transferencias realizadas al médico tratante de esa época (Psiquiatra Dra. nombre reservado), por el pago de las consultas psiquiátricas realizadas y que son concordantes con la fecha de emisión de las boletas indicadas en el punto anterior.

5. Impresiones digitales de transferencias realizadas a Liga Chilena contra la Epilepsia, por pago de medicamentos con receta retenida y que se condicen con el tiempo en que la recurrente hizo uso de licencia médica.

6. Impresiones digitales de Mail enviados a la secretaria del médico tratante de esa época (Psiquiatra Dra. nombre reservado), solicitando le enviara receta con los medicamentos prescritos: tritico, duloxetina y relajante muscular. Otro, agradeciendo haber recibido el envío de un documento y un tercero, solicitando ayuda para contactar al médico Psiquiatra, el cual no fue respondido.

7. Impresiones digitales de WhatsApp enviados al médico tratante de esa época (Psiquiatra Dra. nombre reservado), solicitando le enviara diagnostico farmacológico y psicoterapéutico, los cuales pese a haber sido “vistos”, no fueron respondidos por la profesional.

8. Certificado médico emitido por el actual Psiquiatra Dr. nombre reservado, el cual continuó con la atención médica una vez que el anterior profesional desapareció; quien acredita atender a la recurrente desde enero de 2023 y que “en este momento se encuentra prácticamente asintomática” (marzo 2024).

9. Informe de Resonancia Magnética, el cual arroja un diagnóstico de pelviespondiloartropatia activa y discopatía degenerativa multisegmentaria de predominio cervical, enfermedad física, autoinmune y degenerativa que incidió en el deterioro de su salud mental y que la tiene acogida a la Ley Ricarte Soto.

A folio 3, se declaró admisible el recurso interpuesto y además, se ordenó pedir informe a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva y a la ISAPRE Colmena Golden Cross S.A.

A folio 5, evacúa informe el abogado don ALFREDO AÑAZCO GONZÁLEZ, por la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA (COMPIN R.M), en los siguientes términos:

La justificación del rechazo, por parte de COMPIN, quedó ingresada en el expediente administrativo, y registrada en sistema ISA, siendo esta lo siguiente:

Que, se rechaza la licencia médica N° 71498049-1, (30) debido a que se estima que el reposo es injustificado. Tenía cita para evaluación de segunda opinión, o peritaje mediante videoconferencia el 14/04/2022, ante la cual no se presenta, citada por carta certificada y vía agendamiento, ya no se justificaba prorroga en peritaje anterior del 23/11/2021. Esto, según lo establecido en el art 21 D.S. 3/84. Recurrente acumula 271 días con reposo y licencia médica por este diagnóstico. No adjunta antecedentes complementarios que acrediten mayor incapacidad laboral, solicitados.

Que, se rechaza la licencia médica N° 72856689-2(30). Esto, debido a que, vistos los antecedentes disponibles, se estima reposo injustificado. Tenía cita para evaluación de segunda opinión, o peritaje mediante videoconferencia el 14/04/2022, ante la cual no se presenta, citada con carta certificada y vía agendamiento. Ya no se justificaba prorroga en peritaje anterior del 23/11/2021. Esto, según art 21 D.S. 3/84. Ya acumula 301 días con reposo y licencia médica por este diagnóstico. No adjunta antecedentes complementarios que acrediten mayor incapacidad Que, se rechaza la licencia médica N° 74279512-8. Esto, ya que, vistos los antecedentes disponibles se estima reposo injustificado. No se presenta a la citación para la evaluación por especialista interconsultor externo del 14/04/2022. Que, ya acumula 331 días con licencia médica. Dos resoluciones COMPIN previas ratifican decisión de Isapre respecto a licencias por el mismo diagnóstico.

Que, se rechaza la licencia médica N° 75613267-9, debido a que, vistos los antecedentes disponibles, se estima reposo injustificado. No se presenta a la citación para la evaluación por especialista interconsultor externo del 14/04/2022. Ya acumula 361 días con licencia médica. Dos resoluciones COMPIN previas ratifican decisión de Isapre respecto a licencias por el mismo diagnóstico.

Que, se informa que, sin perjuicio de lo informado, las licencias médicas objeto del recurso de protección, fueron tramitadas en COMPIN Subcomisión CAUTÍN, Región de la Araucanía.

Que, esta COMPIN es un organismo eminentemente técnico, y que se rige según lo establecido en el D. 7/2013, que “Aprueba el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas”. Dicho cuerpo legal, en su artículo N° 4, establece las guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación con los Grupos de Patologías que se señalan), y en particular, en su numeral II, se refiere a las Patologías Mentales.

Por lo tanto, y este caso en particular (como se desprende del anterior cuadro), podemos informar que usuario no adjuntó antecedentes suficientes para revocar lo determinado. Se pudo determinar fehacientemente que usuario presentaba una patología transitoria, por lo que el reposo evaluado era suficiente para la mejoría del cuadro y reintegro laboral.

Que, sin perjuicio de lo anterior, el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Por tanto, y tal como se puede desprender, las actuaciones realizadas por esta COMPIN R.N., al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley, y las Normativas vigentes. Todo esto, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Pide tener por evacuado el informe.

Acompañó listado Licencias Médicas del recurrente y mandato judicial.

A folio 7, evacúa informe la abogada doña CLAUDIA BRETON JARA por la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., señalando que: no es efectivo lo que señala la recurrente acerca de que Isapre Colmena, la COMPIN competente, o la SUSESO hubieren incurrido en algún acto ilegal o arbitrario en su contra con motivo de los rechazos de sus Licencias Médicas, ni menos es efectivo que se hayan conculcado con ello las garantías constitucionales que señala y, en consecuencia, solicita desde ya que este recurso de protección sea rechazado por improcedente, con costas y, luego, también pide su rechazo por establecer la Ley un procedimiento especial para conocer de los hechos reclamados, y que se encuentra clara y precisamente establecido en el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e ISAPRE, y que justamente dicho procedimiento consiste en el reclamo ante la competente Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), con la posibilidad de luego apelar ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Afirma que la recurrente se encuentra afiliada a Colmena Golden Cross, y es del caso señalar que previo a las licencias reclamadas presentó otras nueve licencias que efectivamente fueron autorizadas y pagadas a la afiliada. A partir de la Licencia Médica continuada Nº 3-71498049 comenzaron los rechazos definitivos, por considerarse que el reposo se encontraba injustificado. Tal decisión se estampó en cada una de las resoluciones de rechazo de las Licencias Médicas, tal como puede observarse de las resoluciones que se acompañan en el primer otrosí de este informe, en que se señala que en vista de los días de reposo (más de 360 días), LA NO ASISTENCIA AL ÚLTIMO PERITAJE MÉDICO, y guías clínicas se consideraba injustificado el reposo.

Al efecto, cabe señalar que la recurrente, previo a los rechazos fue citada a un peritaje justamente para estudiar la procedencia de su reposo para el día 23 de noviembre de 2021. El perito en dicha oportunidad concluyó lo siguiente: “Reposo laboral otorgado en licencia N.º 3-60912469 si se encuentra justificado según cuadro descrito. Por examen mental y anamnesis la paciente estaría en condiciones de reintegrarse a su trabajo 15 días posterior al término de la licencia evaluada, es decir el 20/12/2021.” En vista de este peritaje se autorizaron las licencias médicas de ese periodo. Sin embrago, al continuar con reposo, y habiendo señalado el perito que la afiliada estaría ya en condiciones de retornar a sus labores 15 días después del término de la licencia peritada, se decidió citar nuevamente a la Sra. nombre reservado a peritaje. Esta citación era para el 14 de abril de 2022. Sin embargo, la afiliada, sin justificación alguna no asistió a la cita antes señalada, por lo que no pudo efectuarse el peritaje antes señalado. COMPIN ha confirmado los rechazos y SUSESO han ratificado estos rechazos.

Así las cosas, resultan absolutamente falsos e improcedentes los dichos sostenidos por la Sra. nombre reservado en su libelo, por cuanto las decisiones tomadas por Isapre Colmena en ningún caso han sido arbitrarias, muy por el contrario, en cada una de las resoluciones su representada ha señalado los argumentos y motivos por los que ha decidido rechazar, aún más, teniendo a la vista los antecedentes de la recurrente, y sin que estos justificaran un mayor reposo, se decidió efectuar un peritaje que no fue posible efectuar debido a que la afiliada no asistió al mismo sin ninguna justificación, y así después de todos los antecedentes en estudio no eran suficientes para determinar un reposo mayor. De esta forma, la Isapre ha hecho uso de las facultades que la ley le otorga, mencionadas en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e ISAPRES y, particularmente, ha cumplido con su obligación de fiscalización de las Licencias Médicas, hecho no menor puesto que es responsabilidad de su representada velar para que estos documentos no sean usados de manera fraudulenta o equivocada.

Con los antecedentes tenidos a la vista, la Contraloría Médica de Isapre Colmena se ajustó en todo momento a lo estrictamente señalado en la normativa legal que regula el otorgamiento, uso y beneficios que la licencia médica implica, conceptos contenidos, como ya se mencionó, en el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e ISAPRES, el que en su artículo 48, establece de un modo imperativo, la obligación ineludible de la Contraloría Médica, en cuanto a fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica. A su vez los artículos 14, 16, 18 y 21 facultan a la misma para ejercer el control técnico y administrativo de las licencias médicas, en cuyo desarrollo juegan un papel determinante: a) el informe del especialista tratante; b) los exámenes realizados; y c) la definición terapéutica. Por lo tanto, resulta absolutamente improcedente lo señalado por el recurrente en su libelo.

Explica que el Decreto N° 7 del Ministerio de Salud, del año 2013, que “Aprueba reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de Licencias Médicas”, publicado en el Diario Oficial de 18 de Julio de 2013, se hace cargo en su Artículo 4° II: “Patologías mentales”, del caso de extender licencias médicas más allá de los sesenta (60) días, cuya es la situación de la Sra. nombre reservado. Esta guía establece que en estos casos la licencia médica siempre debía ser otorgada por un médico psiquiatra, contar con un informe de peritaje (el primero indicó una temproalidad para el reposo. Al segundo simplemente no asistió), refractariedad o resistencia al tratamiento, cada episodio clínico debe contar con tratamiento farmacológico, y sicoterapia. En definitiva, si bien las guías son referenciales, podemos observar que no se cumplían importantes directrices señaladas en ellas. Por otro lado, no se presentaron a Colmena algún otro Informe que pudiera comprobar la necesidad de un reposo más prolongado al ya autorizado, lo que necesariamente llevó a rechazar las licencias médicas al no cumplir los criterios técnicos para su autorización. Las guías clínicas indican la extensión de los reposos que debe prescribirse, por lo mismo, cuando dichos reposos escapan a la normalidad, es que se cita a Peritaje para evaluar la procedencia de la continuidad del reposo, ya que la licencia médica tiene un fin curativo, por lo que al encontrarse recuperado el trabajador, debe reintegrarse a sus labores. Sin antecedentes que demuestren la necesidad de un reposo que va más allá de lo normal, evidente que se rechazará la licencia médica. En este caso no pudo ser posible efectuar el peritaje al que fue citada.

Ahora bien, no conforme con lo resuelto por la Isapre, la Sra. nombre reservado recurre ante la COMPIN, la cual ratificó los rechazos realizados por su representada y también la SUSESO, todo según consta de los propios dichos del recurrente. Es decir, TRES INSTANCIAS TÉCNICAS independientes entre sí determinaron que el reposo era injustificado.

Cabe recordar, que tanto la Contraloría médica de la Isapre como la COMPIN y la SUSESO, son organismos de carácter técnico, razón por la cual tienen conocimientos específicos respecto de los diagnósticos señalados en las licencias médicas. No son azarosas las determinaciones que se tomen con relación al rechazo o aprobación de estas, y tienen en cuenta las guías clínicas del Ministerio de Salud, antecedentes concretos del caso y conocimientos de su expertise.

De este modo, y sin perjuicio que lo ya expresado basta por sí sólo para el total rechazo de la presente acción de protección, también es necesario tener presente que en este caso aparece de manifiesto la doctrina tantas veces consagrada por este Ilustrísimo Tribunal en diversas sentencias, en cuanto a que NO PROCEDE ACOGER EL RECURSO por establecer la Ley un procedimiento especial para conocer del hecho reclamado, y que se encuentra clara y precisamente establecido en el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e ISAPRE, y que justamente dicho procedimiento consiste en el reclamo ante la competente Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), y que ante un eventual rechazo de la COMPIN, dicha resolución también puede ser apelada ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Se puede divisar entonces que no es efectivo lo señalado en el recurso en el sentido de que su representada hubiera actuado injustificadamente o de manera arbitraria y menos de forma ilegal. Por lo demás, el reclamo de licencias médicas, según consta de la jurisprudencia, no puede conocerse mediante este procedimiento cautelar, toda vez que no existe un derecho indubitado que se quiera proteger.

Le parece sorprendente el tipo de imputaciones que se hace por parte del recurrente y sin ninguna justificación, puesto que, de acuerdo a los hechos narrados, se aprecia claramente que su representada no ha vulnerado de ninguna manera las Garantías Constitucionales de la afiliada.

Sostiene que no existe vulneración a la garantía Constitucional establecida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, ya que según se prevé, el rechazo de una Licencia médica acarreará, para quien la presenta la privación del sustento económico que podría corresponderle, sin embargo, esta privación es consecuencia del ejercicio de una facultad que la Ley otorga a su representada, por lo tanto, se trata de una situación que ya está regulada por ley, así como sus consecuencias, y en ese sentido no podría configurarse un actuar ilegal, y tampoco arbitrario si el actuar fue de acuerdo a los parámetros otorgados en la misma normativa y siempre bajo argumentos médicos que se tuvieron a la vista por su representada. En vista de lo anterior y de que su representada ha actuado conforme a facultades legales es evidente que no puede estar vulnerándose ninguno de las demás garantías que se alegan, ya que el actuar de Colmena no es ilegal ni caprichoso. En ese sentido menos podría estar afectándose ninguna otra garantía constitucional.

Por todo lo expuesto, queda en evidencia que Isapre Colmena Golden Cross S.A. NO ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal frente a la recurrente doña nombre reservado que deba enmendarse por esta vía constitucional que constituye este recurso de protección, por lo que necesariamente deberá ser rechazo por improcedente.

Pide tener por evacuado el Informe solicitado a Isapre Colmena Golden Cross S.A. y solicita se rechace el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, por improcedente y con costas.

A su informe acompañó:

1. Resoluciones de rechazo de las licencias médicas reclamadas.

2. Resolución que confirma el rechazo de la SUSESO.

3. Peritaje de fecha 23 de noviembre de 2021.

4. Certificación de no presentarse a peritaje.

5. Historio de Licencias Médicas.

A folio 14, evacúa informe el abogado don SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en los siguientes términos:

En primer lugar, solicita se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea.

Como consta de la copia del expediente administrativo que se acompaña con este escrito, por presentación de fecha 21 de marzo de 2024, la Sra. nombre reservado reclamó contra la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 71498049-1, 72856689-2, 74279512-8, 75613267-9, extendidas por un total de 120 días a contar del 06 de junio de 2022 emanado de la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., por reposo no justificado.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-93257-2024 Santiago, 13 / 06 / 2024 su representada señaló: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 71498049-1, 72856689-2, 74279512-8, 75613267-9, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 240 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”.

Concluye, señalando que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 71498049-1, 72856689-2, 74279512-8, 75613267-9, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”.

Luego, por presentación de fecha 21 de junio de 2024, la Sra. nombre reservado reclamó solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-93257-2024 de fecha 13 de junio de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 71498049-1, 72856689-2, 74279512-8, 75613267-9, extendidas por un total de 120 días a contar del 06 de junio de 2022 emanado de la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., por reposo no justificado.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNAAD-118953-2024 Santiago, 29 / 07 / 2024 representada señaló que: “Que, en primer término, se cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente en una nueva solicitud de reconsideración, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador”.

Concluye la mencionada Resolución que: “Rechácese la solicitud de reconsideración de la Resolución Exenta N° R-01-UME-93257-2024 de fecha 13 de junio de 2024, mediante la cual se confirmó lo actuado por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, respecto al rechazo de las licencias médicas N°s 71498049-1, 72856689-2, 74279512-8, 75613267-9, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”.

Ahora bien, la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 28 de agosto de 2024, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada Compin del formulario en comento. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 21 de marzo de 2024 que realizó la Sra. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre el rechazo de la licencia reclamada, consta que el mencionado formulario fue rechazado PREVIAMENTE por la señalada Compin, con conocimiento de la Sra. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante esta Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde mas de 5 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, maxime si el 21 de junio de 2024, la Sra. nombre reservado solicitó se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-93257-2024 Santiago, 13 / 06 / 2024 Por lo expuesto, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

En consecuencia, la recurrente, si estimaba que las resoluciones de la COMPIN que rechazaron las licencias en comento adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

En síntesis, de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, por cuanto, como se desprende de los mismos, los rechazos de estas licencias médicas fueron dispuestos por la referida COMPIN más de 5 meses atrás y no obstante ello, se interpuso la acción de autos recién el 28 de agosto de 2024 en contra de su representada, cuestión que deja de manifiesto la absoluta falta de oportunidad en su ejercicio a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula. Cita jurisprudencia.

En relación con esta alegación, cabe hacer presente una vez más que, como lo han señalado diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, no resulta procedente el que se emplee la Acción de Protección de los derechos y garantías constitucionales como una última instancia de reclamo o apelación, cuando en opinión del recurrente las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros, no le han dado los resultados esperados. En otros términos, la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales. Aceptar que se pueda controvertir o revisar la decisión médica implícita en el procedimiento de autorización de las licencias médicas, más allá de todas las instancias de revisión (que no son pocas) dispuestas en el ordenamiento jurídico, implica asumir que este excepcional procedimiento de emergencia sería una nueva instancia de revisión de las licencias médicas, cuestión que ciertamente está muy alejada de la finalidad con que el constituyente creó la acción en comento. Esta afirmación está respaldada en el inciso primero, parte final del artículo 20 de la Constitución Política de Chile al disponer que la persona afectada en sus garantías por un acto ilegal o arbitrario puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

A mayor abundamiento, una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida esta acción constitucional de orden cautelar. Cita jurisprudencia.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, reitera que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuanto al fondo, luego de referirse al marco regulador de las licencias médicas y las facultades con las que cuenta en la materia, señala lo siguiente:

En lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Hace presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso de que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso de que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida. Para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso. Cita jurisprudencia.

A mayor abundamiento, transcribe los informes que realizaron las siguientes especialistas de esta Superintendencia.

Por último, alega que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN).

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable. Cita jurisprudencia.

Pide tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

A su informe acompañó copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de la Sra. nombre reservado.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el acto contra el cual se recurre es la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N° 71498049-1, 72856689-2, 74279512-8, 75613267-9, extendidas por un total de 120 días a contar del 06 de junio de 2022.

TERCERO: Que, en primer lugar, en cuanto a la extemporaneidad planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, ésta será desestimada, pues tal como se ha sostenido reiteradamente, el supuesto acto vulneratorio, en situaciones como la de autos, resulta ser de carácter permanente.

CUARTO: Que, en cuanto a la improcedencia de la acción por tratarse de materias de seguridad social, desprendiéndose de la sola lectura del recurso que los derechos y garantías eventualmente vulnerados no son aquellos señalados en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino las comprendida en el numeral 24 del artículo 19, también dicha alegación deberá ser rechazada.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, para resolver la controversia planteada es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

Por otro lado, no existe controversia en cuanto a la competencia de la SUSESO para conocer de los recursos deducidos por la accionante de protección en contra de lo decidido por la COMPIN.

De todo lo expuesto, es dable concluir que el acto no puede ser tildado como ilegal.

SEXTO: Que, respecto de la arbitrariedad, la actora ha planteado que la SUSESO, al analizar los antecedentes no la citó a nuevos exámenes o a un peritaje a fin de evaluar la condición de salud por la que atravesaba, lo cual se contrapone con lo informado por la ISAPRE Colmena, en orden a que previo a los rechazos de las licencias médicas, la actora fue citada a un peritaje para estudiar la procedencia de su reposo para el día 23 de noviembre de 2021, en donde se concluyó que el “Reposo laboral otorgado en licencia N.º 3-60912469 si se encuentra justificado según cuadro descrito. Por examen mental y anamnesis la paciente estaría en condiciones de reintegrarse a su trabajo 15 días posterior al término de la licencia evaluada, es decir el 20/12/2021.”

En vista de este peritaje se autorizaron las licencias médicas de ese periodo. Sin embargo, al continuar con reposo, y habiendo señalado el perito que la recurrente estaría ya en condiciones de retornar a sus labores 15 días después del término de la licencia peritada, se decidió citar nuevamente a la Sra. nombre reservado a peritaje, para el día 14 de abril de 2022, fecha en la que no acudió sin justificación alguna, no realizándose en consecuencia este último examen.

En este contexto, no aparece como arbitrario la ausencia de un peritaje médico para resolver respecto del rechazo de las licencias médicas cuestionadas, si la falta de esta pericia se debe precisamente a que la actora no se presentó para la realización del referido examen.

SÉPTIMO: Que, en definitiva, los antecedentes señalados permiten confirmar que no existe la ilegalidad ni la arbitrariedad alegadas por la accionante de protección y en consecuencia, faltando la ilegalidad y la arbitrariedad, se torna innecesario analizar la supuesta vulneración de derechos fundamentales alegada por la recurrente, por lo que el recurso de protección será rechazado, según se dirá.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que:

I. Se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia planteadas por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

II. SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido a folio 1, por doña nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Redacción de la Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena.

Regístrese y archívese.

N°Protección-5814-2024. (cwm)