nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

C.A. de Temuco.

Temuco, doce de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece nombre reservado, chileno, soltero, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, de ocupación comerciante, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado , RUT N° RUT reservado o por quien haga las veces de tal, conforme al artículo 4° de Código del Trabajo, ambos domiciliados en domicilio reservado, del Director de nombre reservado, don nombre reservado, del Director de Seguridad, don nombre reservado, y del Jefe de Gabinete, don nombre reservado, todos funcionarios de la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la amenaza de dejar sin efecto un permiso municipal válidamente otorgado. Ello, por los siguientes argumentos de hecho y derecho.

Explica que con fecha 2 de enero de 2026, y tras la tramitación correspondiente ante las diversas unidades municipales, la Municipalidad de Pucón, dictó el Decreto Alcaldicio N° 1, de fecha 2 de enero del año 2026, mediante el cual se me otorgó un permiso de publicidad para mi emprendimiento de venta de jugos y batidos, a desarrollarse en un vehículo tipo "Combi", en la esquina de las calles nombre reservado Holzappel esquina Ansorena, durante los días 3, 4, 15, 16, 17, 18, 24 y 25 de enero de 2026, en horario de 11:00 a 18:00 horas.

Relata que el mismo día sábado 3 de enero de 2026, se presentó en donde me encontraba con lo autorizado trabajando, fue en encargado de rentas señor nombre reservado desconozco apellido, pero encargado de rentas, a disponerme que por expresa orden verbal del ALCALDE debía cerrar inmediatamente, y ayer 7 de enero mientras fui a realizar un tramite a la municipalidad fui abordado por el Director de nombre reservado, don nombre reservado, del Director de Seguridad, don nombre reservado, y del Jefe de Gabinete, don nombre reservado quienes me llevaron a una oficina a conversar y estuve tres horas donde fui presionado, y en un acto de amedrentamiento inaceptable, y obviamente mandados por el Alcalde Sebastián Álvarez, me comunicaron su intención de "dejar sin efecto" el decreto alcaldicio ya mencionado y devolverme el dinero pagado, aduciendo la existencia de "muchos reclamos de los "colindantes".

Arguye que esta situación le causa un perjuicio enorme y de difícil reparación. Soy una persona con una discapacidad visual severa, con visión extremadamente reducida, y este emprendimiento constituye mi principal fuente de sustento. La inversión realizada y la planificación para ejercer la actividad durante las fechas autorizadas se ven completamente frustradas por esta amenaza, que carece de todo sustento formal y jurídico.

Alega que si la Administración estimaba que el decreto adolecía de algún vicio de legalidad, el único camino que el derecho le franquea es el procedimiento de invalidación, regulado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas menciona las siguientes:

Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República: La igualdad ante la ley. Sostiene que se le discrimina arbitrariamente al privarle de un derecho válidamente adquirido, sin seguir el procedimiento que la ley establece para todos los administrados. Se le da un trato desigual y perjudicial, basado en presiones informales y no en la aplicación objetiva de la norma.

Artículo 19 N° 3, inciso sexto de la Constitución Política de la República: El derecho a un procedimiento racional y justo. Arguye que se le amenaza con la privación de sus derechos sin un procedimiento legal previo, sin derecho a ser oído, a presentar pruebas ya obtener una resolución fundada de un órgano imparcial. La amenaza de los recurridos es la antítesis del debido proceso administrativo.

Artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República: La libertad de trabajo y su protección. Considera que se le amenaza directamente su derecho a ejercer una actividad económica lícita, para la cual he cumplido con todos los requisitos legales y municipales. Impedir el uso del permiso es impedir su derecho al trabajo, especialmente grave considerando mi condición de discapacidad y que este emprendimiento es su sustento.

Artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República: El derecho a desarrollar cualquier actividad económica. A su juicio, la actuación municipal constituye una barrera ilegítima y arbitraria para el desarrollo de una actividad económica, contraviniendo la libertad de empresa que la Constitución garantiza.

Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República: El derecho de propiedad. Afirma que el Decreto Alcaldicio N° 1, una vez notificado, entregado, y habiendo ya pagado los derechos correspondientes, incorporó a su patrimonio el derecho a usar el bien nacional de uso público en las condiciones autorizadas. Este derecho, de naturaleza incorporal, es una forma de propiedad protegida por la Constitución. La amenaza de privarlo de el, sin un procedimiento expropiatorio o de invalidación legalmente tramitado, constituye una vulneración flagrante a al derecho de propiedad.

Agrega que la actuación de la recurrida carece de toda fundamentación racional y proporcional. Se basa en supuestos "reclamos" de los cuales no se le ha dado traslado, cuyo contenido desconoce y respecto de los cuales no ha podido defenderse. Ignorar un acto administrativo formalmente emitido, basado en presiones informales y sin una resolución fundada que pondere todos los antecedentes (incluyendo sus derechos y su situación de vulnerabilidad), es un acto caprichoso que contraviene el principio de racionalidad que debe guiar a la Administración.

Pide sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra de la municipalidad de Pucón representada por Sebastián Álvarez, y en contra de los funcionarios ya individualizados, acogerlo a tramitación, solicitar informe a los recurridos y, en definitiva, dictar sentencia que: Declare que el actuar de los recurridos es ilegal y arbitrario y que vulnera las garantías constitucionales invocadas; Ordene a los recurridos ya cualquier otro funcionario municipal abstenerse de realizar cualquier acto material o jurídico que impida, perturbar o amenazar el pleno ejercicio de los derechos que me confiere el Decreto Alcaldicio N° 1 de fecha 2 de enero de 2026 y se condene en costas a los recurridos.

Acompaña los siguientes documentos.

1.- Copia del Decreto Alcaldicio N° 1 de 2 de enero de 2026.

2.- Copia del comprobante de pago de derechos municipales.

3.- Dos fotografías de la combi a que hace referencia en su recurso.

A folio 11 comparece Claudio Rivera Quezada, abogado, por la recurrida Municipalidad de Pucón, evacuando informe del siguiente tenor:

Expone que la Municipalidad de Pucón, mediante Decreto N° 01 de fecha 02 de enero de 2026, facultó al contribuyente para desarrollar publicidad los días 03, 04, 15, 16, 17, 18, 24 y 25 de enero de la presente anualidad, entre las 11:00 y 18:00 horas, en la esquina de calle Holzapfel y Ansorena, de la ciudad de Pucón. En el mismo acto administrativo se aplicó una rebaja del 60% de los derechos municipales, teniendo a la vista un informe social elaborado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, por lo que alcanzó la suma de $2.500.000, el que fuera pagado por el recurrente (orden de ingreso N° 45).

Relata que durante el día 03 de enero de 2026, personal de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Pucón constató que el punto publicitario fue en los hechos transformado en un punto de comercialización no autorizado, infringiendo de ese modo el objeto del permiso concedido.

Indica que frente a esta desviación en la utilización del permiso, por Decreto N° 79 de fecha 09 de enero de 2026, dejó sin efecto el permiso otorgado al actor, por cuanto la venta de productos no se encontraba contemplada dentro de las actividades autorizadas por el municipio. En la misma resolución se dispuso la devolución de los derechos pagados por aquellos días en que el contribuyente no desempeñó sus actividades. El precitado decreto alcaldicio fue notificado personalmente el día 14 de enero de 2026.

Considera que el recurso de protección del artículo 20 de la Carta Fundamental, es una acción constitucional de naturaleza cautelar, de emergencia, con un procedimiento rápido e informal, que exige que el derecho constitucional presuntamente conculcado, se funde en claras situaciones de facto que permitan, por su intermedio, restablecer el imperio del derecho. Ahondando en este concepto, la doctrina ha señalado que el recurso de protección. La especial naturaleza de esta acción la hace incompatible para situaciones en que se pretende un pronunciamiento de fondo, donde no existan derechos indubitados, ya que ello corresponderá que sea ventilado en un procedimiento de lato conocimiento2. Además, el carácter excepcional de esta acción se traduce en que no resulta factible por esta vía ventilar cuestiones que el legislador ha entregado a procedimientos específicos. Siendo de este modo, queda absolutamente excluida la posibilidad de aplicar esta acción cuando el recurrente busque la declaración o el establecimiento de un derecho.

A su juicio, los antecedentes descritos en el acápite N° I, dan cuenta de hechos que no son susceptibles de ser revisados en esta sede cautelar, por cuanto el Decreto N° 79 de fecha 09 de enero de 2026 fue dictado por el municipio recurrido en el uso de sus facultades legales. Ante las resoluciones municipales que los particulares estimaren como ilegales, el artículo 151 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, contempla la acción que permite la revisión de ellas por parte de los tribunales de justicia.

Menciona que en la especie no se divisa la existencia de una acción u omisión ilegal y/o arbitraria por parte del municipio recurrido y que el comercio en un bienes nacionales de uso píblico supone, por una parte, el pago de la patente que grava y ampara la actividad ejercida por el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y por otra, el permiso de ocupación del mismo.

Pide tener por evacuado el informe requerido y, conforme a lo explicitado, rechazar en todas sus partes la acción de protección intentada en contra de la Municipalidad de Pucón, con expresa condenación en costas.

Acompaña copia de la carpeta del contribuyente nombre reservado, con sus respectivos actos administrativos.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección;

SEGUNDO: Que en la especie, el recurrente impugna por esta vía la actuación de la Municipalidad de Pucón relativo a no permitir el desarrollo de una actividad económica al recurrente conforme al permiso municipal contenido en el Decreto Alcaldicio N°1 de fecha 2 de enero del año 2026;

TERCERO: Que, la municipalidad recurrida indica que otorgó al actor un permiso municipal para realizar publicidad, sin embargo, en la práctica constató que el recurrente, en lugar de lo autorizado, se encontraba desarrollando una actividad comercial diversa consistente en la venta de jugos, apartándose así de lo autorizado por la autoridad administrativa. Refiere que ello motivó la revocación, mediante el Decreto Alcaldicio N°79 de fecha 09 de enero de 2026, del permiso inicialmente otorgado mediante el Decreto Alcaldicio N°1 de fecha 2 de enero del año 2026;

CUARTO: Que, de los antecedentes se aprecia que el Decreto Alcaldicio N°79 de fecha 09 de enero de 2026 que revocó Decreto Alcaldicio N°1 de fecha 2 de enero del año 2026 que había otorgado el permiso para publicidad, al día de hoy se encuentra firme y ejecutoriado, puesto que ninguna de las partes acompañó antecedentes que den cuenta de haber sido éste recurrido.

En razón de ello, aparece con claridad que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y hace innecesario un análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes;

QUINTO: Que conforme a lo razonado, el recurso de protección impetrado ha de ser rechazado conforme se dirá;

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por nombre reservado en contra de la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, el Director de nombre reservado, el Director de Seguridad nombre reservado y el Jefe de nombre reservado, todos funcionarios de la MUNICIPALIDAD DE PUCON.

Redacción a cargo del Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° Protección-58-2026 (pvb).