nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ SUBCOM

C.A. de Temuco Temuco, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

nombre reservado, técnico en nivel superior en enfermería, , domiciliada en domicilio reservado, quien dice:

Que interpone recurso de protección en contra del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

El día 27 de Mayo del año 2021, aproximadamente a las 08:00 hrs. de la mañana, iba de camino a mi trabajo en transporte público, al momento de tener que descender del microbús el conductor acelera de forma sorpresiva, razón por la cual termino doblándome el pie al intentar sostener el equilibrio y no caerme.

El dolor fue de tal magnitud que me paralizó la pierna, por lo que de forma inmediata me intenté comunicar con mi jefa y compañeros de trabajo para informar de la situación y solicitar ayuda, ya que me encontraba cerca de mi lugar de trabajo, al no recibir respuesta a mis llamadas, tuve que caminar hacia mi trabajo, donde inmediatamente informe lo que había ocurrido.

Se trasladó de forma particular a la Clínica Red Salud Mayor de Temuco, donde me hicieron todos los exámenes correspondientes, los cuales según el médico tratante, no arrojaron nada significativo, por lo que me ordenó el uso de una venda tubular doble, analgésicos y reposo en casa. En razón de mis conocimientos adquiridos en virtud de mi profesión, yo sabía que la tabula no era lo que se usaba en estos casos, sino más bien la “bota inmovilizadora”, lo cual comunique en su oportunidad al médico NEHEMIAS STAUD el cual me respondió que yo estaba errada, dándome de alta. Posteriormente me dirigí hacia la subsecretaria a poner en conocimiento de mis superiores lo ocurrido y hacer entrega de la licencia médica.

Su primer control fue con el traumatólogo nombre reservado, quien es su médico tratante en la actualidad. Al ver su tobillo se sorprende y me indica que no debieron mandarme con vendaje y si con la bota ortopédica, además señala que por el avance de mi esguince ya no valía la pena usar la bota ortopédica ya que esto es recomendado en los primeros 10 días desde la lesión, lo cual claramente no sucedió.

Desde ese control se me ordenó guardar reposo y comenzar sesiones de terapia kinésica, las cuales inicio con la kinesióloga doña nombre reservado. Las primeras sesiones me fueron de mucha ayuda, logrando que disminuya el dolor y logre mayor movilidad, pero llegó un punto donde el dolor y esfuerzo que tenía que realizar fue en aumento, lo que provocó un retroceso en mi rehabilitación ya que el dolor e hinchazón persistían. Lo anterior fue informado a mi médico tratante el cual insistió con las sesiones kinesiológicas como primera opción.

En Julio del año 2022 su médico la da el alta, para probar como andaba su pie al volver a mi rutina de trabajo, esto me trajo consecuencias graves tanto físicas como psicológicas. En primer lugar, al volver a trabajar me delegaron labores de carga de peso, las cuales yo no podía hacer en razón de mi accidente y de las indicaciones médicas que señalaban que debía hacer el menor esfuerzo posible, lo que fue informado a mi superior.

En relación a su ambiente laboral, desde el momento que me reincorporo a mis funciones comencé a recibir burlas de todo tipo de mis pares por mi “cojera”, donde en primera instancia no les preste atención, pero con el tiempo se fueron intensificando lo cual me afecto en gran manera. El apoyo de mi jefatura fue nulo, es más fui excluida de todos los grupos de información de su unidad, donde posteriormente me entero por algunos de sus colegas que están a prontas de su despido. Por parte de mis superiores comenzó un hostigamiento, donde cada vez me hacían más conflictos para yo poder ir a mis tratamientos tanto de sesiones kinesiológicas y atenciones médicas, exigiendo justificativos e informes de mis citas médicas, amenazando que si yo no los acompañaba me harían descuentos monetarios. Sin perjuicio de esto sigo con mis tratamientos hasta que llegó el punto en que deje de ir a algunas sesiones ya que mi estado anímico se encontraba muy afectado por todo lo que me estaba pasando, estas inasistencias siempre fueron informadas a mi kinesióloga, la que por temas de protocolo tuvo que informar de ellas al ISL de Temuco. Es por esta razón que se presenta en su domicilio la asistente social doña nombre reservado.

Al conversar con la asistente social, le comunico como ha sido su proceso con el tratamiento, que ya los dolores cada día han ido en aumento y que me habían comunicado que si esto no mejoraba tendría que ser operada, además le comunico que la situación en mi trabajo ya es insostenible. Ella me hace firmar una documentación de la visita y me comenta que si mi dolor persiste por más de 6 meses mi médico debería iniciar una pensión de invalidez, que para mi caso tendría que ser de carácter parcial la cual me permitiría trabajar pero con ciertas limitaciones.

Cabe hacer presente que realizar las tareas cotidianas tales como ducharme, cuidar y pasar tiempo de calidad con su hijo, en ese entonces de 5 meses, cada vez fueron más complicadas ya que el dolor e hinchazón en su pie no le permitían sostenerme por tiempos prolongados y mucho menos hacer esfuerzos grandes.

Al seguir con sus tratamientos le menciono a su médico tratante que su dolor cada vez es peor, y él me responde “esto no es de tu lesión, ninguna de las cosas que me dices es de tu lesión”, lo que para mí no tenía sentido ya que todas las molestias comenzaron con el accidente, esto se lo hice saber a mi médico a lo que él me responde que todas las molestias y dolores que yo estaba sintiendo eran por su peso.

Tras su insistencia respecto a los dolores que sufría, el traumatólogo me ordena realizar una resonancia magnética, donde esta arroja como resultado sinovitis y Teno sinovitis de los tendones perones y el astragalocalcaneo, al mostrar tales resultados el médico me ordena 10 sesiones más de Kinesiólogo, señalando que de no ser efectivas tales sesiones me tendría que operar, una vez más señalando que todos los dolores y molestias que yo sentía eran por mi exceso de peso. Don nombre reservado me indica que ya desde el área traumatológica no tenía más que hacer por lo que me deriva a una fisióloga. Comienzo atenciones con doña nombre reservado la cual desde el primer control me recetó analgésicos para el manejo del dolor, cuyos efectos sólo me calmaban el dolor por un periodo corto de tiempo.

Es la más común de las tenosinovitis y se caracteriza por la inflamación de la vaina tendinosa de los tendones del pulgar.

Son varios tejidos que se encuentran en la zona del pie, con la finalidad de establecer una conexión entre el hueso astrágalo y el calcáneo de la fila posterior del tarso. Estos tejidos pertenecen a la articulación astragalocalcánea anterior y a la posterior.

En el mes de Octubre del año 2021 comienzo nuevamente con reposo laboral, teniendo conjuntamente sesiones de kinesiología y controles con la fisiatra, donde pasado un tiempo le informo que además de los dolores y molestias persisten comienzo a sentir parestesia, la doctora al oírme me indica que debe “infiltrarse en los tendones” lo cual se llevó a cabo el día 3 de Diciembre del año 2021, el procedimiento fue extremamente doloroso, a pesar de que se me suministro una dosis de anestesia, sentí todo el procedimiento. Los 5 días posteriores desde el procedimiento, el dolor que sentí fue extremadamente fuerte, los analgésicos no me hacían efecto y las sesiones con la kinesióloga eran cada vez más dolorosas lo que significó un retroceso en mi rehabilitación.

En uno de los controles con su fisioterapeuta, lee su historial y se percata con la mención de un pinzamiento que su traumatólogo había anotado, a lo cual le indico que efectivamente me había comentado que podría ser eso debido a mis síntomas, pero que finalmente lo había descartado argumentando que todas las molestias y dolor eran exclusivamente por mi exceso de peso. En ese momento doña nombre reservado me indica que presento todos los síntomas de un “Pinzamiento Blando”, es por esta razón que me ordena a una reevaluación con don nombre reservado, donde se confirma el diagnostico de pinzamiento, señalando que por la inestabilidad que me genera tal lesión la única opción viable es operar.

El 15 de Marzo del año 2022 el INSTITUO DE PREVISION LABORAL dicta una resolución donde deciden cesar atenciones con prestador en convenio, argumentando que las causales de atención ya fueron tratadas bajo el seguro Ley 16.744. Esto me afecto de gran manera, ya que yo me entero cuando llamo para saber cómo iba todo mi caso, donde es en ese momento que me informan la decisión que se había tomado, indicando que si no estaba conforme podía realizar un reclamo a SUSESO.

Con la anterior información comienzo a averiguar si sería posible solventar la operación y todo lo que deriva de ella de forma particular. Según presupuesto de la Clínica Mayor el monto total de la operación asciende a la suma de $7.096.739, lo que me es imposible costear debido a que por mi lesión no he podido volver a trabajar de la forma que lo hacía antes, además que estoy a cargo de mi hijo de 5 años de edad y de mis padres, los cuales son de avanzada edad y necesitan de mi apoyo tanto económico como afectivo.

En relación a lo anterior es que interpuse un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, bajo los argumentos antes expuestos. El día 14 de Septiembre del año 2022 se dicta resolución donde se rechazó el reclamo donde argumentaron “por cuanto el diagnostico de enteropatía del tendón de Aquiles derecho y pie cavo bilateral no tiene relación con el accidente de trayecto. Por lo que no procede otorgar la cobertura de Seguro Social de Ley N° 15.744”, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social me deja en completa indefensión ya que al tomar en consideración todos los diagnósticos médicos sino que solamente algunos, me perjudican ya que mis molestias y dolores persisten y solamente con la operación indicada podre recobrar mi vida normal.

“La Constitución asegura a todas las personas”

Artículo 19 N°1: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. – Artículo 19 N° 2: “La igualdad ante la ley: En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Artículo 19 N°3. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

Artículo 19 N°24: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Se establece el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Adquirido un derecho, la persona no puede ser privada del mismo o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley especial o general que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.

En consecuencia, el derecho de dominio no sólo puede ejercerse sobre bienes corporales, sino también sobre derechos, entre otros, el derecho de propiedad que tenemos sobre todos los derechos y beneficios que emanan del contrato de trabajo y de las normas de orden público que lo rigen, en lo relativo a las respectivas asistencias previsionales que le asisten, en virtud de la normativa legal vigente”.

Efectivamente se afecta esta garantía fundamental, desde que importa la privación de un derecho a una retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad o accidente. Por lo que las mencionadas instituciones con su conducta ilegal y arbitraria han infringido también esta garantía constitucional.

Solicita se sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra del Instituto de Seguridad Social (ISL), y se ordene seguir con las atenciones con el prestador en convenio, dejando sin efecto la resolución emitida por la Superintendencia de Seguridad Laboral (SUSESO).

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Resolución emitida por el Instituto de Seguridad Laboral cesando atenciones con prestador de servicios.

2. Resolución dictada por el departamento médico de la Superintendencia de Seguridad Social.

3. Datos médicos emitidos por la Clínica Red Salud Mayor de Temuco.

4. Presupuesto estimado de Hospitalización – detalle, emitido por la Clínica Red Salud Mayor, Temuco.

5. Antecedentes médicos de doña nombre reservado.

6. Bonos de atención de Salud emitido por Fondo Nacional de Salud (FONASA).

7. Detalle de cuenta paciente N° 3078, emitido por Clínica Red Salud Mayor de Temuco.

A folio 12 informa FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:

Respecto de la acción de protección interpuesta por la Sra. nombre reservado, alegamos previo a informar el fondo del asunto, la falta de oportunidad en su ejercicio, por cuanto ha sido interpuesta una vez vencido, el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional.

ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CASO DE LA SRA. nombre reservado.

Como consta en el expediente de autos, la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 07 de marzo de 2023, en circunstancias que, la Sra. nombre reservado. se presenta mediante presentación de fecha 25 de abril de 2022, reclamando en contra del Instituto de Seguridad Laboral, quién calificó como de origen común la patología presentada con diagnóstico de entesopatía del tendón de Aquiles derecho y pie cavo bilateral, de lo que discrepa y atribuye a accidente de trayecto del 27/05/2021.

En razón de lo anterior, mi representada la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de los de los antecedentes tenidos a la vista, concluyó que la afección de la trabajadora por el diagnóstico de entesopatía del tendón de Aquiles derecho y pie cavo bilateral, es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causalidad, como lo exige la Ley N° 16.744, entre el accidente de trayecto del 27/05/2021 y el cuadro clínico diagnosticado. En efecto, el mecanismo lesional, al bajar de la micro, ésta parte y sufre torsión del tobillo derecho, no es concordante con los estudios clínicos que evidencian alteraciones crónicas, no atribuibles al referido evento. Cabe señalar, que las lesiones agudas del referido accidente, sinovitis astrágalo-calcáneo y tibioperoneo astragalina derecha y tenosinovitis tibial posterior, recibieron las atenciones oportunas, adecuada y suficiente con evaluaciones, reposo y terapia correspondiente. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-124784-2022, de 14 de septiembre de 2022.

Ahora bien, según se advierte del expediente administrativo acompañado en autos, al realizar su presentación ante esta Superintendencia, la Sra. nombre reservado aceptó estar de acuerdo con recibir notificación vía correo electrónico, aportando la casilla de correo electrónico: correo reservado.

En ese sentido, al momento de dictar la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-124784-2022, de 14 de septiembre de 2022, se procedió a la notificación de la misma, a través del correo electrónico indicado por la recurrente, notificación que se realizó el mismo 14 de septiembre de 2022, según consta en la cronología del expediente administrativo.

De tal manera, existe la certeza que la Sra. nombre reservado tomó conocimiento del acto administrativo, con fecha 14 de septiembre de 2022, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección.

A mayor abundamiento, en el libelo presentado, la recurrente ni siquiera se refiere a la notificación del acto administrativo, ni de cuando tuvo conocimiento cierto del mismo, no existiendo, en consecuencia, una forma de notificación distinta la señalada por esta parte. Por tanto, el plazo señalado precedentemente venció el 14 de octubre de 2022, en circunstancias que el presente recurso fue presentado recién, el 07 de marzo de 2023, esto es, fuera de plazo.

Solicita rechazar la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

EN SUBSIDIO, ALEGA LA IMPROCEDENCA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL Que, sin perjuicio de lo recientemente expuesto, vengo en solicitar a S.S.I., que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la calificación de una enfermedad como de etiología común o laboral, cuestión de hecho relacionada con una materia de orden médico de la Ley N° 16.744, sus procedimientos de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, las implicancias de cobertura del seguro social en comentos, como los efectos patrimoniales que dicha calificación causa en una entidad empleadora, en cuanto al alza de la cotización adicional por siniestralidad efectiva como forma de financiar las prestaciones médicas y económicas previstas en la misma, son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por otra parte, debe tener presente que el artículo 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, en el marco de los procedimientos de reclamo que contempla, establece que mi representada, resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, los reclamos relaciones con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico. Por lo expuesto, resulta evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley N° 16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas.

Solicita se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Antecedentes del caso En cumplimiento de lo ordenado, informa el fondo del asunto de autos, de acuerdo con las consideraciones que se expondrán, de los que surge con meridiana claridad la ausencia de un acto ilegal o arbitrario emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, toda vez que su actuación, se ajusta a las normas que regulan la determinación del origen, esto es, si es de origen común o laboral, y que están contempladas en la Ley N° 16.744 y sus cuerpos reglamentarios. Lo anterior, como se expondrá a continuación.

En relación a la acción constitucional de autos, y para despejar toda duda acerca de la legalidad y evidente motivación del acto impugnado y, por lo tanto, de la falta de fundamentos de la acción de autos, corresponde ahora señalar someramente, respecto de mi representada, cuál es su competencia y qué funciones cumple, en particular, respecto del Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales creado por la Ley N° 16.744.

1.- Competencia de la Superintendencia de Seguridad Social.

La Superintendencia de Seguridad Social debe cumplir con el mandato constitucional en orden a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

La Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, establece la organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, estableciendo en su artículo primero que es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social.

En seguida, el artículo 2° establece las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, entre las cuales se cuentan las siguientes:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Por su parte, el artículo 3° del ya citado cuerpo legal dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro de su competencia.”

Para cumplir con esta finalidad, el cuerpo legal en comento establece que en su artículo 3° que la Superintendencia de Seguridad Social se organiza funcionalmente en una Fiscalía y las Intendencias de Beneficios Sociales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo ésta última el control y fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. En efecto, a mi defendida le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº16.395, la fiscalización de las instituciones que administran el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se rige por la Ley N° 16.744 y sus reglamentos.

Ahora bien, la materia sobre la que versa la presenta acción, esto es, la calificación de una enfermedad como profesional o común, según se cumplan o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado “accidente profesional” contemplada en el artículo 5° de la Ley N° 16.744, las prestaciones médicas y económicas que contempla la cobertura del mismo, de resultar procedente, las eventuales secuelas que puede dejar en un trabajador o trabajadora y las prestaciones económicas que de ello se deriven, se inserta dentro del sistema de protección o seguridad social creado por el referido cuerpo legal.

2.- En cuanto al Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales La Ley Nº 16.744, publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero de 1968, creó el Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos De Accidentes Del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Las contingencias cubiertas por este Seguro Social son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744. Las personas protegidas por este seguro social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes.

La administración de este seguro social corresponde, entre otros, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 16.744 al Instituto de Seguridad Laboral, como sucesor del Instituto de Normalización Previsional y éste del ex Servicio de Seguro Social, y a las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

Por su parte, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N° 16.744, dispone que: “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos.”

En seguida, la materia sobre la que versa la presenta acción, esto es, la calificación de un accidente y la determinación del sistema que debe otorgar en definitiva las prestaciones médicas, es materia regulada, en cuanto al fondo, por el artículo 5° de la Ley 5 N° 16.744, que creó el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus disposiciones reglamentarias. Ahora bien, como se explica en los dictámenes que resolvieron el caso en comento, la determinación de la etiología u origen de una afección, esto es, si tiene origen laboral o común, dependerá si en el caso concreto se cumplen o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado “Enfermedad Profesional”, establecida en el ya citado artículo 7° del también ya citado cuerpo legal. Por esta razón, resulta conveniente hacer una breve referencia a los siniestros cubiertos por este seguro social.

3.- Concepto de Accidente del Trabajo y Enfermedad Profesional El artículo 5º de la Ley Nº 16.744 define al accidente del trabajo como aquella “...Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro…”

Por su parte, el artículo 7º inciso primero de la Ley Nº 16.744 define a la enfermedad profesional como aquella “...causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.”

4.- Accidente del Trabajo en el Trayecto De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la Ley N°16.744, son aquellos ocurridos en el trayecto directo, de ida o de regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores.

Por consiguiente, constituyen también accidentes de trayecto los que ocurren en el desplazamiento directo entre dos lugares de trabajo de distintos empleadores, en cuyo caso debe acreditarse que el infortunio ocurrió en el trayecto directo entre el lugar de trabajo donde el afectado concluyó su jornada laboral y aquél hacia donde se dirigía. Al respecto, resultan aplicables los requisitos de racionalidad, no interrupción ni desvío que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Superintendencia de Seguridad Social, supone la expresión "trayecto directo".

En consecuencia, constituyen accidentes a causa o con ocasión del trabajo los que afectan a los trabajadores en el desplazamiento entre dos lugares pertenecientes a la misma entidad empleadora, pues corresponden a contingencias cubiertas por la norma del inciso primero del artículo 5° de la Ley Nº16.744.

5.- Revisión del caso de la Sra. nombre reservado, por la Superintendencia de Seguridad Social En el contexto legal que se ha expuesto precedentemente, y particularmente de acuerdo con las normas de la Ley N° 16.744, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se puede resumir en las siguientes actuaciones.

a) Con fecha 25 de abril de 2022, la Sra. nombre reservado. concurrió ante esta Superintendencia reclamando en contra del Instituto de Seguridad Laboral, quién calificó como de origen común la patología presentada con diagnóstico de entesopatía del tendón de Aquiles derecho y pie cavo bilateral, de lo que discrepa y atribuye a accidente de trayecto del 27/05/2021.

b) Que, requerido al efecto, el citado Instituto acompañó los antecedentes médicos y laborales disponibles, tales como, informes médicos, estudios imagenológicos y otros fundamentos.

c) Pues bien, en virtud de los de los antecedentes tenidos a la vista, los que incluyeron los aportados por la recurrente, los profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección de la trabajadora por el diagnóstico de entesopatía del tendón de Aquiles derecho y pie cavo bilateral, es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causalidad, como lo exige la Ley N° 16.744, entre el accidente de trayecto del 27/05/2021 y el cuadro clínico diagnosticado. En efecto, el mecanismo lesional, al bajar de la micro, ésta parte y sufre torsión del tobillo derecho, no es concordante con los estudios clínicos que evidencian alteraciones crónicas, no atribuibles al referido evento. Cabe señalar, que las lesiones agudas del referido accidente, sinovitis astrágalo-calcáneo y tibioperoneo astragalina derecha y tenosinovitis tibial posterior, recibieron las atenciones oportunas, adecuada y suficiente con evaluaciones, reposo y terapia correspondiente. Por lo anterior, se procedió a rechazar el reclamo interpuesto por la recurrente, por cuanto el diagnóstico de entesopatía del tendón de Aquiles derecho y pie cavo bilateral no tiene relación con el accidente de trayecto del 27/05/2021. No procediendo otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-124784-2022, de 14 de septiembre de 2022.

6.- Ausencia de derechos vulnerados La parte recurrente señala que esta Superintendencia habría vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19, relacionada con los numerales N° 1, 2, 3 y 24.

Pues bien, respecto a la garantía del artículo 19, N° 1, esto es, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, no se advierte como esta Superintendencia habría vulnerado tal garantía cuando el acto impugnado sólo hace referencia al origen de una patología presentada, el que no afectó en ningún caso, las prestaciones de salud que la recurrente puede seguir gozando bajo el sistema común de salud al que se encuentra afiliada. Respecto a la garantía del N° 2, esto es, igualdad ante la ley, tampoco se advierte como esta Superintendencia habría vulnerado tal garantía, cuando el acto impugnado devino de un proceso reglado, en el cual la parte recurrente tuvo la oportunidad de solicitar la revisión del acto administrativo, en virtud de las normas establecidas en la Ley 19.880, el que no fue utilizado, no existiendo diferencias arbitrarias en su dictación.

En cuanto a la garantía del artículo 19 N° 3, solo puede ser recurrida cuando corresponda a su inciso quinto, hecho que no ocurre en la especie ya que no refiere haber sido juzgado por comisiones especiales, sino que sólo habla del debido proceso.

Por otra parte, respecto a la garantía del N° 24, esto es, el derecho a propiedad, el acto administrativo no cuestiona la existencia de las patologías presentadas, sino que únicamente cual es el origen de ellas, en este sentido, al no existir tal cuestionamiento, siempre podrá gozar de un subsidio por incapacidad laboral, el que será pagado según las normas establecidas en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, respecto de patologías de origen común. Así no existe privación alguna a los beneficios económicos que derivan de una licencia médica otorgada.

Finalmente, respecto de la materia de la acción de protección de autos, SS. ILTMA. debe considerar que la pretensión de la recurrente, en orden a que se modifique la calificación del origen del accidente laboral ocurrido, fuera de no tener fundamento fáctico de orden médico - laboral, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos legítimos, es decir, de aquellos que tienen un carácter de indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente de autos, claramente su pretensión jurisdiccional dice relación con establecer un derecho de seguridad social concreto, derivado del cambio de la calificación del origen de un accidente, en el marco de la Ley N° 16.744, y no de amparar un derecho preexistente. Ello, de ser reclamado judicialmente, debe ser materia de un procedimiento ordinario declarativo ante el tribunal que resulte competente de acuerdo con nuestra legislación, proceso judicial en que las partes tengan oportunidad de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer y presentar las probanzas que estimen pertinentes.

Solicita en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

Acompaña copia de la Resolución Exenta N° R-01-UME-124784-2022, de 14 de septiembre de 2022.

A folio 14 informa Tania Rojas Muñoz, abogada por la recurrida Instituto de Seguridad Laboral, quien dice:

Se ha tomado conocimiento de la interposición del presente Recurso de Protección, interpuesto por la recurrente nombre reservado, con fecha 07 de marzo de 2023 contra el Instituto de Seguridad Laboral, a través del Departamento de Prestaciones Económicas, instancia en la cual refiere le es notificada de O. ORD. DR-IX DAU Nº 302/2022, de fecha el día 15 de marzo de 2022 mediante la cual se deciden cesar atenciones con prestador en convenio, puesto que habrían sido tratadas las coberturas a través del seguro de la Ley Nº 16.774.

Conforme el párrafo precedente, se evidencia la falta de oportunidad en la interposición del Recurso de Protección, por cuanto ha sido presentado una vez vencido con creces, el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer la presente acción constitucional. De la actuación sostenida ante el Instituto de Seguridad Laboral, la recurrente denuncia la ocurrencia de un siniestro con fecha 27 de mayo de 2021, conforme indica la Denuncia individual de Accidente del Trabajo- DIAT- que se acompaña al evacuar informar.

Luego, y de la evaluación médica es emitida Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades – RECA-conforme dispone la Ley Nº 16.744, de fecha 31 de mayo del 2021, número de resolución 1336976, número de identificación del caso a través del Código Único Nacional – CUN- 6440823, concluye: “Accidente acogido por la Ley Nº 16.744, otorgar prestaciones asociadas hasta completa recuperación o rehabilitación”.

Sin embargo, y tras el otorgamiento de prestaciones médicas y económicas de manera continuas y permanentes, Medicina Laboral del Instituto de Seguridad Laboral informa del tratamiento de manera adecuada, indicando que tiene RMN que no muestra signos de pinzamiento o inestabilidad lateral ligamentaria que justifiquen la cirugía propuesta. Se oficio ordinario de diagnósticos mixtos con fecha 22 de noviembre de 2021, en consecuencia, se indica se deben cesar las atenciones y derivar a su previsión, cuestión que informada mediante O. ORD. DR. IX DAU Nº302/2022, de fecha 15 de marzo de 2022 según fue explicado, y referido en el Recurso de Protección, acudiendo de dicha resolución ante la Superintendencia de Seguridad Social a través de un reclamo.

Se entiende en definitiva que, del petitorio señalado se recurre contra de dicha resolución por cuanto se indica: “ se sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra del Instituto de Seguridad Social ( ISL), y se ordene seguir con las atenciones con el prestador en convenio(…). Por ello, es correcto que el cómputo del plazo sea realizado a partir de O. ORD. DR. IX DAU Nº302/2022, de fecha 15 de marzo de 2022, término desde el cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección, y que ello ha transcurrido con creces, considerando la interposición del Recurso de Protección el día 07 de marzo del 2023, es decir Casi UN AÑO desde la “supuesta dictación del acto arbitrario o ilegal” que se pretende dejar sin efecto.

Desde la fecha en referencia, y tal como indica el Recurso de Protección en la página 6 del escrito, se toma conocimiento de la situación- no específica fecha de notificación- lo que, a juicio de esta parte, se conoce del hecho, y en consecuencia el plazo para presentar el recurso de protección se debe contar desde que se tuvo conocimiento del acto ilegal y arbitrario para deducir la acción, y no entenderlo así significa en la práctica que la acción jamás caducará.

Solicita rechazar la acción tutelar de protección constitucional de autos, por haber sido ejercida la misma de manera extemporánea a la normativa que regula la tramitación, con expresa condena en costas.

Informando el recurso señala:

Sobre el particular, es menester comenzar contextualizando que este Instituto de Seguridad Laboral -en adelante e indistintamente ISL-, es una entidad pública, descentralizada, y con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada a partir del artículo 63 de la Ley No 20.255, de Reforma al Sistema Previsional encargada de administrar el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley Nº 16.744.

En ese entendido, este ISL como Ente Administrador del seguro de la ya referida ley 16.744, cuenta con una dotación de personal fijada por el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) No 4, de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que a fin de dar continuidad al servicio que la propia normativa le impone, debe, cumplir sus funciones dispone del personal necesario, en el ámbito de las competencias del ISL. En ese mismo sentido, además se encuentra autorizado por el legislador para otorgar prestaciones médicas a través de los servicios de salud, las mutualidades de empleadores u otros establecimientos de salud públicos o privados, para lo cual debe someterse a las normas de contratación general del Estado, esto es, la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

I I. DE LA ACTUACIÓN DEL ISL EN LA EVALUACIÓN DEL SEGURO SOCIAL DE LA LEY Nº 16.7744 DE LA RECURRENTE.

De esta manera, y según se registren antecedentes de Sra. nombre reservado, la recurrente registra ingreso en calidad de trabajadora en referencia de 26 años, TENS en SEREMI de Araucanía, al momento del accidente, quien al desplazarse en regreso a su domicilio y descendiendo del autobús en el cual viajaba, sufre torsión de tobillo derecho. Se acoge como laboral diagnóstico de tobillo derecho y diagnósticos de carácter común, Obesidad e Hipotiroidismo.

Inicialmente el caso fue manejado con analgesia, antinflamatorios, medidas generales y reposo. Se realizan exámenes radiológicos de pierna derecha (frontal y lateral) y tobillo derecho, sin hallazgos patológicos. Se deriva a traumatólogo.

Evaluación por especialista con fecha 02 de junio del 2021, extiende reposo laboral por 3 semanas, mantiene medidas de analgesia e incorpora indicación de kinesioterapia por 10 sesiones.

Al control del 23 de junio del 2021 persiste con molestias e inestabilidad, se indica realizar Resonancia magnética de tobillo derecho, impresión radiológica indica Sinovitis de los tendones peroneos.

Tercera evolución con traumatólogo, se aprecia mejor evolución, aunque persiste con molestias dolorosas, se mantiene kinesioterapia y analgesia en caso de dolor. Indica nueva radiografía que muestra Pie Cavo Bilateral.

Se indica uso de plantillas con control de supinación y varo, se mantiene kinesioterapia.

Al control del 25 de agosto del 2021 se aprecia evolucionando mejor y con dolor ocasional. Se mantiene kinesioterapia y control en 1 mes para eventual alta de traumatología.

Evolución por traumatólogo del mes de septiembre, paciente refiere retroceso en tratamiento kinésico, se extienden sesiones de kinesioterapia e indicación de analgesia en caso de ser necesario. Durante esta fase de tratamiento cursa con duelo familiar cercano, el cual se evidencia en registros de kinesiólogos.

En control del 20 de octubre de 2021, a 5 meses del accidente, dada la persistencia del dolor, traumatólogo deriva a evaluación por fisiatra y especialista de tobillo, además de una nueva Resonancia, reposo por 21 días y mantención de la kinesioterapia.

Impresión imagenológica de Resonancia realizada el 29 de octubre de .2021, indica:

▪ Signos de sinovitis leve de la articulación tibio peroneo astragalina y astrágalo calcáneo.

▪ Signos de tendinosis del tendón de Aquiles, asociado a entesopatía a nivel de su sitio de inserción distal.

▪ Tenosinovitis leve del tendón tibial posterior.

Evaluada por Fisiatra el 04 de noviembre de 2021, indica infiltración con corticoides bajo ecografía. Luego, y con fecha 16 de noviembre de .2021 se presenta el caso a Medicina Laboral del ISL para pronunciamiento de diagnósticos, indicando:

▪ Diagnósticos laborales: Sinovitis astrágalo calcáneo y tibio peroneo astragalina derecha, y Tenosinovitis tibial posterior.

▪ Diagnósticos no laborales: Entesopatía Aquileana y Pie Cavo Bilateral.

Se autoriza infiltración y se emite Ord. 847/2021 de la Dirección Regional de Araucanía, donde se informan diagnósticos de origen común al usuario.

El 02 de diciembre de 2021 se realiza la infiltración con Depomedrol.

Nuevo control con TMT sugiere mantener kinesioterapia, manejo por Fisiatría y reposo laboral por 30 días.

En control con Traumatólogo del 15 de enero 2022 refiere mejoría posterior a la infiltración, especialista indica mantener kinesioterapia y manejo por fisiatra. En registro médico de dicho control se explicita que no haber respuesta al tratamiento actual, se podría plantear artroscopia para manejo del pinzamiento anterolateral. Mantiene atenciones por fisiatra y manejo de dolor crónico, derivando a traumatólogo para tratamiento del pinzamiento anterolateral. En atención del 02 de marzo del 2022, traumatólogo indica artroscopia para resección del pinzamiento, estabilización lateral del tobillo.

Con fecha 15 de marzo 2022 se presenta a Medicina Laboral del ISL para revisión y análisis de la pertinencia quirúrgica, la cual señala: “Femenina de 26 años, TENS, quien sufre inversión forzada de tobillo derecho, al bajar de micro, en trayecto al trabajo. Presenta esguince de bajo grado. Tratada de forma adecuada. Evoluciona de manera tórpida, con dolor. Tiene RMN que no muestra signos de pinzamiento o inestabilidad lateral ligamentaria que justifiquen la cirugía propuesta. Se ofició ordinario de diagnósticos mixtos el 22.11.2021. Por tanto, debe cesar atenciones y derivar a su previsión”.

Se cesan las atenciones médicas y se deriva a la trabajadora a atenciones por su previsión.

En conclusión, y a juicio del Subdepartamento de Auditoría Clínica, se indica:

Las atenciones otorgadas a la trabajadora durante el período de atenciones, se consideran suficientes, oportunas y adecuadas, para el manejo y tratamiento.

La extensión de la sintomatología que presenta la usuaria y que motivan la extensión de las atenciones, corresponden a una causa de origen común cuyo tratamiento y manejo debe ser requerido y otorgado por el sistema de previsión salud.

Qué habiéndose realizado una evaluación médica respectivamente basado en los antecedentes disponibles, facilitados por la trabajadora, se concluye que el caso es de origen común, dado el análisis exhaustivo de los registros y el diagnóstico asociado, no es posible establecer la relación directa entre lo denunciado y el cuadro clínico que presentó la trabajadora, tal como lo exige el artículo 7 de la ley 16.744.

Mediante Informe Técnico de Auditoría Clínica, emitido por el Subdepartamento de Auditoría Clínica del Instituto de Seguridad Laboral se entregan los antecedentes requeridos sobre el ORD. que informa sobre el cese de atenciones con prestador en convenio, entendiendo las causales de atención, por el cuadro agudo, ya fueron tratadas bajo seguro de la Ley Nº 16.744.

DE LA AUSENCIA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES CONCULCADOS.

La recurrente indica que el ISL ha vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19, relacionada con los numerales N° 1, 2, 3 y 24.

En cuanto a la garantía del artículo 19, N° 1, esto es, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, se advierte el actuar del ISL en cuanto a la recepción de la denuncia individual del siniestro ocurrido, y de ello, se informa la resolución que califica los hechos de ocurrencia como de categoría de accidente de trayecto, quedando en la cobertura del seguro social que otorga Ley Nº 16-774, y que ella recibía tanto prestaciones económicas como médicas debidamente, por lo que no existe ninguna afectación a la garantía en referencia, y por lo demás la recurrente puede seguir gozando bajo el sistema común de salud al que se encuentra afiliada.

En cuanto a la garantía del N° 2, esto es, igualdad ante la ley, no se observa ningún acto de discriminación o trato desigual cometido por el ISL, por cuanto la parte recurrente fue atendida baja las mismas condiciones, trato y otorgamiento de prestaciones médicas que, cualquier otro beneficiario o beneficiaria, no advirtiendo ninguna irregularidad en ello.

En caso de haber existido algún grado de no apego a la normativa vigente, la parte recurrente podría haber solicitado la revisión del acto administrativo, en virtud de las normas establecidas en la Ley Nº19.880, instancia no utilizada según se da cuenta por la propia actora.

En cuanto a la garantía del artículo 19 N° 3, sobre garantía del debido proceso. En dicho punto solo podemos asociar la eventual garantía vulnerada y el proceso de tramitación de la denuncia de accidente- DIET- ante el ISL. De lo anterior, y habiendo dado a lugar a la calificación de accidente laboral, según da cuenta la resolución que se acompaña- RECA-, el ISL debidamente calificado a la beneficiaria, dentro del transcurso de 3 semanas, desde la denuncia del hecho hasta la definición propiamente tal, lo que demuestra el apego a los procedimientos que rigen para ello.

Respecto a la garantía del N° 24, esto es, el derecho a propiedad, el acto administrativo que dispone el cese de atenciones médicas, no implica que quede sin cobertura. Puesto que se deriva hacia la atención de salud por corresponder el tratamiento de patología ya, de origen común. Así no existe privación alguna a los beneficios económicos y médicos otorgados debidamente.

Solicita tener por evacuado el informe requerido respecto de la Acción de Protección interpuesta por doña nombre reservado, solicitando sea rechazado, por no existir actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado o siquiera su amenaza, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos.

1) Denuncia Individual de Enfermedad Profesional ( DIET)

2) ORD. DR. Araucanía, de fecha 22 de noviembre de 2021.

3) Formulario de Respuesta a Solicitudes de prestaciones médicas, de fecha 15 de marzo de 2023.

4) Formulario de Respuesta a Solicitudes de prestaciones médicas, de fecha 11 de noviembre de 2022.

5) Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Profesionales Ley Nº 16.744.

6) Informe Auditoría Clínica, del Instituto de Seguridad Laboral.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, respecto de la excepción de extemporaneidad, que fue alegada por ambos recurridos, que cabe señalar que el presente recurso se ha dirigido en concreto en contra de la Resolución Exenta N° R-68300-2022 de fecha 14 de septiembre de 2022, que ratifica dictamen del ISL, contenido en el ORDE DR –IX-DAU N°302/2022, de fecha a15 de marzo de 2022, que informa cese de atenciones, por Ley N°16.744.- Esta alegación será rechazada, toda vez que si bien el recurso de protección fue interpuesto con fecha 07 de marzo de 2023, los efectos de los actos administrativos que se reclaman, tiene efectos permanentes, toda vez que impiden a la recurrente tener cobertura de sus patologías por la Ley N°16.744.- TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social, se rechazará la misma, dado que se deprende de la sola lectura del recurso que los derechos y garantías eventualmente vulnerados no es aquella señalada en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino las comprendida en el numeral 1,2 y 24 de dicho artículo 19, por lo que deberá desestimarse dicha defensa.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, y realizando un análisis de los fundamentos esgrimidos para calificar como enfermedad común las patologías diagnosticadas de la recurrente, aparece que la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que la avale más, solo el dictamen del Instituto de Seguridad Laboral, no haciendo mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto calificar la enfermedad de la recurrente como común, sin que tampoco explicite los motivos, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma, si tampoco ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué descarta el accidente laboral que tuvo la recurrente con fecha 27 de mayo de 2021, con las enfermedades que la aquejan hoy.

QUINTO: Que, además resulta insoslayable reflexionar que de acuerdo a las normas precedentemente referidas, es posible sostener que la recurrida, con mira a cumplir el mandato legal consistente en resolver las solicitudes presentadas por los afiliados al sistema de salud, pueden recabar los antecedentes que posibiliten adoptar una decisión fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido que se omite injustificadamente en el presente caso, trasladando el gravamen de cumplir con aquello al recurrente y sosteniéndose en dicha falta de antecedentes para fundar su decisión.

SEXTO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajusta a la normativa que regula la materia tanto por no explicitar las razones que motivaron sus decisiones como al no ejecutar aquellas medidas expresamente contempladas por la ley, tales como exámenes, atenciones médicas, informes de los médicos tratantes, entre otros, a efectos de determinar la condición de salud de la recurrente.

En razón de lo expuesto, es decir, la ausencia de justificación suficiente como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los órganos administrativos correspondientes, que son elementos que debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción de las respectivas autoridades recurridas, con el consecuente “no se otorga cobertura”, es dable sostener que no basta para cumplir con la obligación legal, la sola cita o remisión de antecedentes clínicos que consten en el expediente respectivo.

SÉPTIMO: Que, de esta forma, el calificar la enfermedad de la recurrente como común, sin los antecedentes, importa por parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I. Que, SE RECHAZA, sin costas las alegaciones de extemporaneidad y de improcedencia de la acción de protección alegada por las recurridas.

II. Que, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida por nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y el INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL, disponiéndose que los recurridos efectúen evaluación a la recurrente, en donde explique la relación que tiene entre el accidente del día27 de mayo de 2021, con las enfermedades que actualmente aquejan a la recurrente.

Una vez realizado lo anterior, los recurridos deberán efectuar una nueva calificación de la enfermedad que aqueja a la recurrente se pronuncie nuevamente acerca de ésta en una resolución debidamente justificada que se haga carago de todas las alegaciones de la recurrente.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del fallo Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger Rol N° Protección 579-2023.