nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, uno de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1 comparece doña Rayen Daza Pilquinao, abogada, domiciliada en domicilio reservado interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Temuco, representada legalmente por el Sr. Alcalde Miguel Ángel Becker Alvear, ambos con domicilio en domicilio reservado, por amenazar y vulnerar los derechos constitucionales establecidos en los numerales 1°, 3° inc.,5º, 5° y N°24 del art. 19 de la Constitución Política de la República y cautelados por la acción de protección, consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Se apunta, que acción constitucional de protección se deduce en favor y representación de: nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, CI. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I. RUT reservado; nombre reservado, C.I RUT reservado, y de todos/as los/as pobladores y pobladoras del Campamento Escuela Porvenir del sector Pueblo Nuevo de Temuco, ubicado en domicilio reservado.

Comienza su exposición la recurrente, señalando que quienes recurren a través de la presente acción constitucional de protección, se encuentran actualmente habitando un bien raíz ubicado en domicilio reservado, de la comuna de Temuco. Bien raíz, que corresponde específicamente a un sitio que se encontraba destinado para un Establecimiento Educacional Público, pero que hasta el día de hoy no ha sido utilizado para los fines culturales y educacionales para los cuales se estimó su destinación originalmente. En aquel sitio es donde han establecido un campamento, debido a múltiples factores, entre ellos, y sin duda el más significativo y determinante, ha sido no contar con una vivienda propia. A consecuencia de esta situación de hecho, cada una de las familias antes de llegar al campamento, estuvieron viviendo de allegados en viviendas que no eran de su propiedad, en las cuales debían convivir más de dos familias por vivienda, hacinados, sin tener el espacio necesario para desenvolverse día a día, y sin aspirar a condiciones mínimas de higiene, salubridad y mínima comodidad que asegurasen una calidad de vida digna. Esta situación de hacinamiento se hizo insostenible, lo cual les llevó a buscar la manera de afrontar dicha problemática con otras personas que se encontraban en igual condición y de este modo, y en forma colectiva, resolver sus requerimientos habitacionales. Indica que los recurrentes aspiran a tener una vivienda propia, una vivienda adecuada y digna, como un derecho humano básico al que toda persona en este país debiese poder acceder. Y para ello, pretenden seguir los conductos institucionales y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes. Sin embargo, en esta búsqueda de alternativas y soluciones habitacionales, han recibido una deficiente respuesta por parte de las autoridades, principalmente municipales. Así, sus requerimientos no han prosperado por una actitud inexplicable de funcionarios municipales, y del propio alcalde Miguel Becker. Han transitado por diversas instancias, vivenciando procesos burocráticos en los cuales no han sido escuchados con la preocupación y diligencia debida, lo cual en definitiva, hasta el día de hoy, los mantiene en esta situación incierta.

Señala que como jefes y jefas de familia, han acudido a la Municipalidad de Temuco en diversas ocasiones para solicitar audiencia presencial con el alcalde. Señala que durante los primeros días de febrero de 2020 acudieron por primera vez; oportunidad en la cual no fueron atendidos en dependencias de esa institución, sino que únicamente en las afueras de sus inmediaciones. Luego acudieron nuevamente a dependencias municipales el 19 de febrero, oportunidad en la cual les derivaron con doña nombre reservado, encargada del Departamento de Audiencias de la Municipalidad de Temuco, para sostener conversaciones, pero quién si bien finalmente les atendió, no les brindó ninguna orientación, ni menos alguna solución u alternativa frente a su problemática.

Precisa que es destacable mencionar lo ocurrido con la solicitud de Constitución de Comité con Personalidad Jurídica. La solicitud la efectuó don nombre reservado (correo reservado) a través de correo electrónico dirigido a don nombre reservado (correo reservado) el día 4 de junio de 2020, para que el día 5 a las 07:58 hrs., de junio les responde que les agendaron hora para su constitución el día 11 de junio, fecha en la cual les recibiría nombre reservado, Ministro de fe de la Municipalidad de Temuco para tramitar esta solicitud. Sin embargo, mediante mail enviado a don nombre reservado, quien les colabora frente a las instituciones públicas, el Sr. nombre reservado remite un mail a las 17:32 señalando que la solicitud de los recurrentes debía ser dirigida a la Directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Temuco, doña nombre reservado, quien se ha negado sistemáticamente a comunicarse con los recurrentes y menos aún a efectuar reuniones.

Como tercer antecedente, indica que se suman situaciones relativas a conductas de hostigamiento efectuadas por doña nombre reservado, Trabajadora Social de la Municipalidad de Temuco, quien con fecha 4 de junio a las 13:30 hrs. aproximadamente acudió hasta el campamento provisorio, llegando en compañía de dos personas quienes vestían con overoles, y procedieron a hacer ingreso, sin invitación alguna a las instalaciones del campamento, y comenzaron a tomar una serie de fotografías, de cada una de las viviendas (de ello existe respaldo de video realizado por los recurrentes). Ante las preguntas reiteradas de miembros del campamento respecto al motivo de la irrupción y a las fotografías tomadas, no hubo respuesta ni tampoco les exhibieron orden de ingreso o dieron justificación de su proceder ante esta vulneración de su derecho constitucional.

Aclara la recurrente que quienes a cuyo favor se acciona, no se encuentran ni en una situación de clandestinidad, ni de violencia ya que no han forzado a las autoridades, comunal ni central, a aceptar la ocupación pacífica. La situación de hecho en la cual se encuentran ha sido a sabiendas de la autoridad Municipal y por su mera tolerancia. Pese a la situación de extrema vulnerabilidad que les ha llevado como familias a construir sus viviendas en forma provisoria en dicho lugar, siempre han aspirado a lograr una solución habitacional definitiva. Teniendo en cuenta que en Chile el acceso a la vivienda aún es deficitario, existiendo múltiples falencias en el sistema, no sólo respecto al acceso a la vivienda sino también respecto a los subsidios de arriendo y a la forma en que estos hoy en día son otorgados. Los recurrentes entienden que no existe normativa expresa que les asegure un acceso a la vivienda adecuada y digna en un corto plazo, pero si aspiran a un trato digno y no discriminatorio por parte de las autoridades. En este contexto, han logrado algunos avances como campamento. Gracias a la ayuda y gestión de vecinas y vecinos hoy cuentan con un pilón entregado por el Programa Levantemos Chile, el cual les brinda, con cierta periodicidad, agua, aun cuando el propio gobierno ha comprometido su ayuda. Acota que Algunos concejales de la comuna de Temuco han difundido información respecto de que se tiene un plan de reubicación, y para ello, han sostenido conversaciones con miras a solucionar los requerimientos de quienes se encuentran en tales circunstancias. Precisa que dicho plan de reubicación hasta el momento no ha sido planteado e informado a los recurrentes y tales conversaciones no se han llevado a cabo, situación que sólo aumenta la incertidumbre frente a la autoridad, que hasta el día de hoy no se ha puesto de acuerdo en la forma de abordar esta temática humanitaria, sobretodo dada la contingencia provocada por la pandemia de COVID-19. Un contexto país, que sin duda no se puede obviar. Sostiene que actualmente los recurrentes se encuentran realizando ollas comunes para alimentar a los pobladores del campamento y a la gente del sector más necesitada, también están entregando desayunos para niñas y niños del campamento, con miras de poder organizarse a fin de poder entregar alimento a un gran número de niñas y niños del sector, ya que existe mucha gente sin trabajo y sin ingresos producto del contexto que se vive hoy.

En otro orden de ideas, indica que el día 10 de junio notifican a los recurrentes del Decreto Alcaldicio Nº 1441, de fecha 10 de junio del 2020, en el cual se individualiza a doña nombre reservado. Este Decreto Alcaldicio tiene como objeto llevar a cabo un desalojo del campamento y con ello, la demolición de las autoconstrucciones y la destrucción de las escasas y únicas pertenencias (bienes muebles) de los recurrentes. A través de este instrumento, sin mediar explicación alguna, les han dejado en un desamparo total, no sólo frente a la inexistencia de viviendas para que todas las familias sean reubicadas, sino que más grave aún resulta el desamparo y peligro eventual en el cual se encuentran frente a un contexto de pandemia mundial que golpea particularmente a la comuna de Temuco desde una etapa temprana. Hasta el momento, agrega la recurrente, y pese a sus limitaciones, han logrado mantener buenas prácticas y normas de higiene y seguridad, gracias a ello se encuentran libres de contagios. Por otra parte, al encontrarse enfocados en solucionar su situación, se han habituado a no relacionarse con gente extraña, ni mucho menos exponerse en aglomeraciones, siguiendo con mucha responsabilidad y cuidado las recomendaciones y protocolos de la autoridad. Refiere que de concretarse la medida de desalojo, la autoridad alcaldicia, expone a familias a deambular sin destino fijo en busca de lugares de refugio para pernoctar y poder pasar este invierno, o bien, a tratar de volver a los ya hacinados lugares de los cuales se vieron forzados a salir, por el hecho insostenible, de no poder llevar adelante una vida digna, en tales condiciones, todo lo cual da como resultando un retroceso a su situación actual. Precisa que asimismo en dicha notificación, les hacen entrega de un decreto, el cual solo se limita a señalar una serie de normas que dicen relación con la irregularidad de las construcciones levantadas, mas no elabora ninguna otra razón y fundamentación que le de sustento, ni tampoco derecho a contestación, lo cual les deja en una situación de desinformación total e incertidumbre, toda vez que el Gobierno de Chile a través de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, comprometió públicamente satisfacer las necesidades de agua potable, pese a la situación en que se encuentran, pero por el otro lado, el Municipio los mantiene en una constante tensión, que ha generado angustia en cada una de las familias ante la amenaza diaria e inminente de desalojo y de demolición de sus enseres, es decir, la destrucción de bienes muebles.

Refiriéndose al derecho aplicable al caso sublite, señala en primer término que el recurso ha sido interpuesto dentro de plazo, en segundo lugar, que el acto que motiva la presente acción, esto es, el decreto municipal que establece el desalojo es ilegal y arbitrario. El acto de decretar el desalojo total de toda persona que actualmente tenga ocupación de la propiedad municipal amenaza diversas garantías constitucionales establecidas en el artículo número 19 de nuestra Constitución Política. Específicamente amenaza los derechos consignados en el art. 19 N°1, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, 19 Nº 3 inciso 5° de no ser juzgados por comisiones especiales, 19 N°5, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, 19 N° 24 relativo al derecho de propiedad, garantizada con la acción de protección del Art. 20 de la Constitución Política de la República. Centrándose en la arbitrariedad, señala que la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en su Art 1º, inciso segundo, incluye a las Municipalidades dentro de los órganos que componen la Administración del Estado, luego, su Art 2º establece que: “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la constitución y las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.​” Ahora bien, respecto al acto administrativo arbitrario impugnado, el Decreto Alcaldicio, es una resolución que versa sobre casos particulares, tal como señala expresamente el artículo 12 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que debe cumplir una serie de requisitos para que pueda nacer a la vida del derecho. Por otro lado también son aplicables las normas de la Ley Nº 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, especialmente su Art. 3º, en que se establecen las normas de los Actos Administrativos, y el Art. 4º en orden a establecer los Principios de los Actos Administrativos, y especialmente ilustrativo en esta materia es el artículo 11 el cual señala: “Principio de Imparcialidad. La administración deberá actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.

Los hechos y fundamentos de derecho deberán expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”

Agrega que uno de los requisitos exigidos por las normas antes señaladas es el que dice relación con las motivaciones en que se sustenta tal declaración de voluntad de la autoridad, de la cual la doctrina es profusa en la materia. Al respecto el Profesor nombre reservado señala: “y el vicio en la fundamentación es precisamente la arbitrariedad, es decir, la carencia de razonabilidad de la decisión adoptada, desde que ella carece de la indispensable sustentación normativa, lógica y racional (ni suficiente, ni congruente), y su consecuencia es la nulidad (propiamente inexistencia) del pretendido acto administrativo.

En tal sentido, dice la recurrente, el Decreto Supremo Nº 104 de 18 de marzo de 2020, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, resulta ser un elemento normativo insoslayable para todo Organismo de la Administración del Estado, lo que en ningún caso se vislumbra en el Decreto Alcaldicio en comento. Como es de público conocimiento, a partir del mes de diciembre de 2019 hasta la fecha, se ha producido un brote mundial del virus denominado coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-COV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha 30 de enero de 2020, declaró que mencionado brote constituía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, conminando a todos los países de adoptar las medidas necesarias ante esta Emergencia. Con fecha 05 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud dictó el Decreto N°4, que decreta Alerta Sanitaria y otorga facultades extraordinarias por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por brote coronavirus. El citado Decreto fue modificado por el Decreto N° 6 y 10 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud. Y mediante el Decreto N° 104 de fecha 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se ha declarado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública en el territorio chileno por un plazo de 90 días desde la publicación del Decreto en el Diario Oficial, el cual a la fecha de 15 de Junio se ha prorrogado por otros 90 días. Todo lo anterior, señala la recurrente, configura un contexto excepcional en todo el territorio nacional, y sin ir más lejos, a nivel regional, la región de La Araucanía es una de las regiones más afectadas por el Covid-19, lo que es un hecho ineludible para toda la Administración del Estado, por lo cual se han implementado una serie de medidas a nivel gubernamental y a nivel legislativo, cuestión que sobrepasa toda normalidad en la ejecución de la labor de los organismos públicos.

Es así, afirma la recurrente, como el Decreto no es suficiente, ya que no se hace cargo de la normativa excepcional; y a su vez es Incongruente con el contexto de pandemia general, y no cumple con el estándar de subsanación de los efectos de salubridad. Tal estándar de actuación se encuentra en el DS 104, mencionado.

Por otro lado, en el citado Decreto Alcaldicio se asevera en los Vistos 1 y 2 lo siguiente:

“1. La fiscalización efectuada a un inmueble de propiedad municipal ubicado en la Comuna de Temuco, domicilio reservado, con la finalidad de verificar denuncia por usurpación de terreno.

2. La comprobación de que efectivamente terceras personas compuestas por diferentes grupos familiares procedieron a efectuar con la toma de este terreno y se encuentra levantando construcciones destinadas a viviendas en el lugar;”

Llama la atención, subraya la recurrente, que se emplean los términos de usurpación y toma de este terreno, lo que a todas luces evidencia la utilización de dichos conceptos en forma errónea, ya que quienes deben efectuar una ponderación de esta índole, en fiel cumplimiento de lo mandatado por ley, son el Ministerio Público a través del desarrollo de una investigación en materia penal que conlleve una eventual imputación de cargos, y los Tribunales de Justicia con jurisdicción en materias civil o penal, ya que se alude directamente a faltas y delitos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico. La Municipalidad de Temuco, como organismo de la Administración del Estado, carece de legitimación activa para investigar y calificar jurídicamente un hecho como delito. Por lo cual, sólo puede obrar en virtud de la imposición de una carga, la de efectuar la denuncia de los hechos que a su entender serían constitutivos de delito ante los organismos competentes.

Así también, en los vistos siguientes del Decreto en comento se puede observar lo siguiente:

“4. El artículo N° 116, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; Lo dispuesto en el art 148, N°1, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; El art. 81 letra d) de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

6. Las facultades que me confiere la Ley N° 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”

En este sentido el Decreto Alcaldicio impugnado, no hace ponderación alguna de tales normas, no explicita la forma en la cual estas se entienden infringidas; tampoco señala el por qué se opta por fiscalizar únicamente cierto tipo de infracciones y no fiscalizar las infracciones contenidas en los otros numerandos del Art. 148 Nº 1 de la Ley General de Urbanismo. De esta manera, se pone de manifiesto una clara falta de motivación del acto administrativo que considera arbitrario, el cual contraviene expresamente lo estatuido en el artículo 11 de la Ley 19.880.

Acto seguido, destaca la recurrente, en el único considerando del decreto se puede leer: “Que, terceras personas han procedido a hacer ocupación ilegal de un terreno de propiedad fiscal-municipal, levantando edificaciones sin permiso municipal como lo establecen las leyes y ordenanzas que rigen sobre la materia;” Dicho considerando no establece mayores antecedentes los cuales permitan la inteligibilidad de la decisión, no tiene ningún esmero por argumentar dónde se encuentran los Principios de Servicialidad del Estado señalado en el artículo 1º de la Constitución Política de la República, o del Principio de Probidad plasmado a toda la actividad de la administración pública. Tampoco cita norma expresa alguna que faculta al ente edilicio a solicitar, ponderar y juzgar respecto a un eventual desalojo.

Refiriéndose luego a la ilegalidad del acto recurrido, indica que en lo medular de las atribuciones de la Municipalidad respecto de bienes fiscales de su patrimonio, éste tiene la obligación de administrarlos, tal cual lo establece el art. 5° Letra C de la Ley 18.695, por su parte el inciso 3° del Decreto Ley N°1.939 del año 1977 que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado prescribe: “Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrán ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el Fisco lo establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código”. Pues bien, al tratarse de un bien fiscal, y no de un bien nacional de uso público es plenamente aplicable la disposición citada, por lo que en el caso de iniciar un procedimiento de desalojo, como se infiere de la resolución impugnada tanto por los conceptos utilizados como por lo que resuelve, le compete a la gobernación iniciar los procedimientos civiles legales correspondientes para que éste sea realizado con apoyo de la fuerza pública. Por lo que podemos concluir que lo pretendido por la recurrida es mezclar deberes y procedimientos, ya que es deber del municipio actuar pero una vez que esté reintegrado el inmueble fiscal, no olvidemos el principio de Derecho público en que solo es posible hacer aquello expresamente permitido.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, menciona en primer término el derecho a la vida e integridad física y psíquica; precisa que en la situación en comento, el uso de la fuerza pública desprovista de la validez de las normas, se traduce en vías de hecho, y en este sentido quienes sean objeto de la medida adoptada a través del Decreto Alcaldicio, acto que como se ha señalado latamente, carece de los requisitos de toda Resolución y Acto Administrativo, serán directamente amenazados tanto en su integridad física como psíquica, por el solo efecto de un eventual desalojo, que tal y como se ha mencionado, carece de todo presupuesto de legalidad. En el tenor de lo expuesto, el actuar ilegal del recurrido acarrea como consecuencia directa el proceder policial, ente que no puede deliberar acerca de la orden que se le mandata, y que sin más, debe obedecer y proceder a un desalojo ilegal, atentando contra la garantía indicada en este apartado, sin mediar justificación racional. Así, los recurrentes están frente a una amenaza real, verosímil e inminente de su derecho a la vida, e integridad psico-somática, toda vez que el auxilio de la fuerza pública implica, como es de público conocimiento, un uso irracional de la fuerza coercitiva del Estado, llevando en innumerables ocasiones a resultados lesivos de diversa gravedad, terminando inclusive con la vida de las personas. Tal como se señala en párrafos anteriores el actual contexto de emergencia sanitaria en que nos tiene sumergidos la pandemia, aumenta enormemente las posibilidades de contagio, dado que un procedimiento policial de desalojo de las familias que habitan actualmente el campamento, implicará una enorme aglomeración de personas, desplazamientos masivos, posibles enfrentamientos con fuerzas policiales, exposición al frío del invierno, al uso de carros lanza agua o disuasivos químicos, todas condiciones que expondrán a los recurrentes aún más al contagio, e imposibilitando el cumplimiento del distanciamiento social.

En segundo término menciona el derecho a un proceso justo e ilegalidad. El Artículo 19 N°3 inciso 5° dispone: “La constitución asegura a todas las personas: 3° La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. (…) Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho” La Constitución es clara al establecer que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, lo que en los hechos es una atribución que se ha otorgado a sí mismo el Alcalde en torno a decidir y juzgar de forma arbitraria e ilegal la situación fáctica considerada como usurpación, sin un debido proceso tramitado por un tribunal imparcial constituido con anterioridad a la ocurrencia de los supuestos hechos. Los recurrentes debido a su situación de vulnerabilidad han estado ya varios meses en el lugar, periodo en el cual han sostenido distintas reuniones con la autoridad a fin de coordinar entrega de agua, solicitud de constitución de una personalidad jurídica, entre otros. El actuar de la Municipalidad de Temuco es ilegal, toda vez que se arrogan la facultad de expulsar a particulares de un bien fiscal, confundiendo dicho concepto con el de bien nacional de uso público, deviniendo tal actuación en ilegal, al excederse en las atribuciones que expresamente les confiere la Ley, resolviendo por sí y ante sí el desalojo de un bien fiscal. Lo cual importa un juzgamiento de particulares por un órgano distinto del tribunal expresamente señalado en la ley.

En tercer lugar, identifica el derecho a la inviolabilidad del hogar. Precisa que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española “RAE”, define inviolabilidad, cómo la cualidad de inviolable, para luego definir, inviolable señalando que “no se debe o no se puede violar, referido a lugares sagrados, o también a leyes, derechos, promesas, etc”. Asimismo, la “RAE” también define ​hogar entendiendo esta acepción como sinónimo de “casa ​o ​domicilio”, ​pero también en otra consideración, ​la entiende como “Familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas”. Luego de referirse a la Historia fidedigna de la Ley, y a la opinión doctrinal sobre le punto, afirma que las construcciones efectuadas por cada una de las familias que habitan hoy en día el Campamento Escuela Porvenir, constituyen no sólo un refugio provisional en tiempos de invierno y de pandemia covid-19, sino que constituyen su hogar, un lugar seguro donde cada individuo ha logrado desarrollar diversos aspectos de su vida y personalidad. Además, continúa, es el espacio donde los recurrentes llevaban a cabo sus relaciones y dinámicas de familia, donde comparten un proyecto de vida en común, lo que resulta fundamental, sobre todo si se atiende a los principios consagrados en nuestra carta magna, la cual en su artículo primero inciso segundo, señala que “La Familia es el núcleo fundamental de la sociedad”​, y luego en su inciso quinto, establece que es deber del Estado, dar protección a la población y a la familia​Resalta que los recurrentes han sido vulnerados en su derecho a la inviolabilidad del hogar en diversas oportunidades.

Refiere a continuación el marco normativo internacional aplicable a la especie en su opinión, menciona el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San nombre reservado Rica;

Destaca la recurrente que por respeto a dignidad inherente a la persona humana, principio que inspira a nuestra legislación como al derecho internacional en la materia, la participación de los afectados debe ser considerada por la autoridad para elaborar el plan de desalojo, lo que no ha ocurrido. Por lo que podemos señalar que existen razones constitutivas de infracciones a los estándares fijados por el derecho internacional de los derechos humanos en materia de desalojos forzados, a fin de resguardar el derecho a la libertad personal y seguridad individual, esto es: Falta de un plan de desalojo racional y coordinado con las autoridades competentes como, por ejemplo, coordinar la actuación de Defensoría de la Niñez como veedores y garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pese a la existencia de esta población en el sector a desalojar; falta de conocimiento de la proporcionalidad de los medios a utilizar en el desalojo inspirado en la necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza pública, de manera de evitar violencia innecesaria o atropello a los derechos de las personas y sus bienes. De forma de precaver la privación arbitraria de bienes a consecuencia de formas de destrucción deliberada, negligencia o cualquier forma de castigo colectivo. Ausencia de un alojamiento alternativo o reasentamiento eficaz, dado el contexto actual de pandemia mundial, las familias eminentemente desalojadas quedarán a su suerte debido a la inexistencia de una coordinación y efectiva solución a la situación en la que se encuentran. Ausencia de un plan de contingencia médica y de salud que tenga en cuenta las particularidades de niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y en condición de salud deteriorada y capacidades disminuidas, en casos de ser necesario, también en consideración de la contingencia sanitaria y los resguardos que la autoridad sanitaria ha decretado. Falta de oportunidad para que las personas hicieran inventario de los bienes que pudieran verse dañados, debido al breve plazo que les dan para desocupar sus construcciones y viviendas, previo al desalojo. Falta de atención de las autoridades a personas en particular condición de vulnerabilidad, como las personas que se encuentran en situación de refugio o en trámite de refugio.

Menciona a continuación el derecho a la propiedad sobre bienes muebles. Señala que el actuar arbitrario, tendrá consecuencias materiales debido a que se han trasladado al campamento una serie de implementos, con la finalidad de establecer condiciones para la habitabilidad. Es más, se encuentra un pilón de agua entregado por la Seremi de MINVU, el cual es un bien material mueble de propiedad del Estado, el cual se puede ver deteriorado por las vías de hecho implicadas en un procedimiento de desalojo y demolición. Es de público conocimiento que los procesos de desalojo conllevan el uso de fuerza amparado por los protocolos de la fuerza pública, lo que en este caso no tendría justificación suficiente ya que como se mencionó anteriormente, no estaríamos en presencia de un Acto Administrativo perfecto. Existe un antecedentes directo en el cual se efectuó un desalojo con la Fuerza Pública el que derivó en presentación de un Recurso de Amparo, por las consecuencias relacionadas al uso de la fuerza y destrucción de bienes muebles de particulares, como lo fue el caso de lo ocurrido el 27 de Febrero de 2020 en la población Pichicautín, de esta comuna, el cual incluso se efectuó con la confusión normativa de legitimación de solicitud de desalojo por parte del Municipio y Gobernación.

Refiere luego el derecho a una vivienda adecuada. Acota que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1966, reconoce en el párrafo 1 de su artículo 11 el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados. El Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (en adelante, el Comité) en Observación General Nº4, ha indicado que el derecho a vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido restrictivo, sino que debe considerarse “como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”​. El Comité ha señalado también que la dignidad inherente a la persona humana exige que el término “vivienda” se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que “el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos”. Cita también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 11: 1, que señala que Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Menciona asimismo la Declaración Universal de Derechos Humanos, art 25: 1, que indica que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Solicita en consecuencia, se acoja el recurso y se declare que los hechos denunciados constituyen actos ilegales y arbitrarios, en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución, y en definitiva, ordene a la recurrida: Que se declare ilegal el decreto N°1441 de 10 de junio del año 2020, ordenando el pago de las costas. Ello, sin perjuicio de todas las medidas que la Corte considere conducentes al restablecimiento del imperio del derecho.

A folio 11 comparece don Héctor Campos Maldonado, abogado, en representación de la Municipalidad de Temuco, evacuando el informe requerido. Señala como primer punto, el que su parte no reconoce la tenencia, como pacifica, ni la mera tolerancia, que pudiera derivar en alguna forma contractual, toda vez, que siempre la autoridad administrativa ha reconocido el dominio pleno sobre este predio y ha ejercido las funciones propias de sus atribuciones para recuperar su propiedad. En el caso de autos, ha existido una ocupación material de un inmueble de propiedad municipal, debidamente cercado, e individualizado, constituyendo la actuación de los recurrentes en vías de hecho. Sobre este punto, recalca que ninguna de ellas, ha señalado en su presentación, cual su derecho indubitado, para ocupar el referido inmueble municipal, motivo por el cual desde ya debe ser rechazado el recurso de protección. No han señalado, tampoco, que ellas sean colindantes del mismo o que vivan cerca o que a los menos sean vecinos de la comuna de Temuco, que les permita alegar alguna acción posesoria, con lo cual se demuestra que carecen de acciones. Señala que el recurso de protección, no puede constituir en una forma del reconocimiento de un derecho, al pretender que por ello se les reconozca el carácter de comodatarios o tenedores y así, obligar a esta parte a iniciar acciones ordinarias de posesión.

Refiere que su representada es propietaria del inmueble consistente en un terreno de una superficie de seis mil doscientos cinco metros cuadrados ubicado en la Población Chagdú, ex Porvenir de esta ciudad, donde se encuentra la Escuela E 464, y que deslinda según sus títulos: Norte; en veinte metros con plaza triangular; Sur: en noventa y cinco metros con calle sin nombre; Oriente: en ciento dos metros con avenida Las Torres de Alta Tensión; Poniente: En ciento treinta y seis metros con calle sin Nombre; en el cual se encontraba emplazada la Escuela E 464 Porvenir, Rol de Avalúo N°837-1, adquirida por compraventa a la sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales S.A., en liquidación, por escritura pública de fecha 21 de enero de 1988, ante Notario Público de Santiago Eduardo Pinto Peralta, y su dominio se encuentra inscrito a nombre de la Municipalidad de Temuco, a fojas 319 vuelta N°507 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, del año 1988. La inscripción de dominio antes citada se encuentra actualmente vigente y no han existido ventas de retazo de terreno, por lo que el inmueble es en su totalidad de propiedad municipal. Las recurrentes, no han cuestionado el dominio de su defendida.

Destaca que el artículo 5 letra c de la ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, expresa que las Municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales: c) “Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido el subsuelo existente en la comuna….”. A su vez, el artículo 36 de dicho cuerpo legal, expresa: “Los bienes municipales o nacionales de uso público, incluido su subsuelo que administrare la municipalidad podrán ser objeto de concesiones y permisos. Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización”, correspondiéndole al Alcalde su administración acorde al artículo 63 letra f) de dicho cuerpo legal. El término “administración”, significa de acuerdo al Diccionario de la Real Lengua Española: “Acción y efecto de administrar” y “administrar” de acuerdo al mismo Diccionario, significa: “Gobernar, ejercer la autoridad o mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan” o también en otras de sus acepciones; “Graduar o dosificar el uso de algo, para obtener mayor rendimiento de ello o parra que produzca mejor efecto”. Como puede observarse, destaca el recurrido, es de la esencia de las funciones municipales, la conservación y fomento de los intereses públicos, lo cual quedó reflejado en el Ordinario N°551 de fecha 25 de febrero de 2020, por remitido a don nombre reservado, Gobernador Provincial de Cautín, por la cual se solicita tomar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho. Cualquier decisión que sobre el destino y uso que su representado haga o disponga respecto de los bienes municipales, está dentro de las facultades esenciales que la ley le ha concedido, mirando siempre el interés de los habitantes de la comuna, sobre los intereses de un grupo de personas o ciudadanos en particular. De lo anterior, fluye en forma clara que la Administración de los bienes nacionales de uso público, bienes municipales, y el otorgamiento, modificación y cancelación de los permisos que sobre ellos se otorgue, se encuadra dentro de la facultad discrecional del Alcalde.

A su vez, subraya el informante, el artículo 6 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que señala que: “a los intendentes y gobernadores, corresponderá supervigilar que los bienes nacionales de uso público se conserven como tales, impedir su ocupación con otros fines y exigir su restitución en su caso, conforme a su facultades” y específicamente en artículo 4 letra h), de la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que le confiere la facultad de ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacional de uso público, velando por el respeto del uso a que están destinados, impidiendo su ocupación ilegal o todo empleo ilegitimo que entrabe su uso común, pudiendo exigir administrativamente su restitución pudiendo ejercer tal facultad respecto de cualquier bien perteneciente a entidades estatales con patrimonio distinto al Fisco, como lo es el Municipio. Apunta que demás está recordar que las calles del centro de la ciudad de Temuco, no son terrenos indígenas de acuerdo al artículo 12 de la Ley N°19.253, sino que Bienes Nacionales de Uso Público, de acuerdo al artículo 589 del Código Civil, y que las recurrentes, no se han definido como una “comunidad, asociación u organización indígena”, en los términos del artículo 9 de dicho cuerpo legal, y están lejos de ser considerados como una “mayoría significativa”.- Resalta en otro orden, que entre las peticiones que formulan los recurrentes solicitan, que el “Estado nos garantice (sic) una vivienda digna para vivir ya que es nuestro derecho tener un lugar para vivir”, dicha solicitud, escapa al objetivo de esta acción constitucional, que solo tiene por objeto el restablecimiento del derecho, y no generación de derechos ni pretender transformar al Poder Judicial derechamente en un coadministrador municipal. Se pretende que la Corte reconozca la calidad de comodataria o tenedora del inmueble de propiedad municipal, con el objeto que se inicien acciones ordinarias de posesión, cuando no tienen un derecho indubitado, al estar cuestionada su calidad jurídica. Como puede observarse, se pretende, que la Corte, administre la comuna y disponga de estados financieros que están destinados a otros proyectos y ejecute programas que no están contemplados en el presupuesto municipal ni en clasificadores presupuestario.

Refiriéndose a las garantías constitucionales, indica en relación a la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política del Estado, que reconocen los recurrentes, que su representada puede establecer diferencias, pero expresan que, éstas no pueden ser irracionales y arbitrarias. Que el acto recurrido, se encuentra suficientemente fundado y se encuentra ajustada a la Ley. En torno al artículo 19 N°3 de la Constitución Política, en cuanto a la igualdad ante la ley, indica que al respecto, basta observar el recurso, para observar que no se indica en qué forma se produce esta infracción constitucional máximo cuando se observa que según el informe de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, que la mayoría de las personas que recurren de protección, no han postulado NUNCA a algún tipo de subsidio habitacional establecido en el organismo, produciéndose con su actitud, precisamente en efecto contrario, ya que por las vías de hecho pretenden obtener un beneficio que la mayoría de los ciudadanos obtiene por otra vía, En cuanto al artículo 19 Nº 23 de la Constitución que asegura el derecho a adquirir el dominio de toda clase de bienes, señala que obviamente, este derecho tiene su limitación en el dominio que otro titular tiene respecto de los mismos bienes, su representada, es dueña y poseedora del inmueble en referencia, dominio que se encuentra amparado por el artículo 19 N°24 de la Constitución, y por el N°26 de la misma.

Finalmente indica, que también se puede sostener que además los recurrentes están violando gravemente normas de orden sanitarias, poniendo además en peligro no solamente su salud sino de toda la comunidad, ya que obviamente esta ocupación ilegal no posee los elementos sanitarios más básicos.

Solicita en consecuencia el rechazo del recurso.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible, una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que para que el recurso de protección sea acogido, por tanto, es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan, se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que conforme aparece del recurso, el acto central respecto del cual se predica arbitrariedad e ilegalidad, es del Decreto Municipal nº 1441, de fecha 10 de junio de 2020, mediante el cual dispuso el desalojo total de toda persona que actualmente haga ocupación en forma ilegal de la propiedad municipal ubicada en la comuna de Temuco, domicilio reservado, y asimismo, ordenó la demolición de toda edificación que no corresponda a la dispuesta por el municipio. Así se indica en la parte petitoria del recurso: “se acoja el recurso y se declare que los hechos denunciados constituyen actos ilegales y arbitrarios, en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución, y en definitiva, ordene a la recurrida: Que se declare ilegal el decreto N°1441 de 10 de junio del año 2020, ordenando el pago de las costas. Ello, sin perjuicio de todas las medidas que la Corte considere conducentes al restablecimiento del imperio del derecho.”

Cuarto: Que consecuencia de lo anterior, lo primero que deberá analizar y determinar esta Corte, es la posible arbitrariedad y/o ilegalidad de dicho acto, para tras una eventual determinación de ello, analizar si se ha amenazado o infringido alguna de las garantías constitucionales que se describen en el recurso.

Quinto: Que tenido a la vista el referido Decreto, se divisa que el mismo efectivamente dispone el desalojo total de toda persona que actualmente haga ocupación en forma ilegal de la propiedad municipal ubicada en la comuna de Temuco, domicilio reservado, disponiéndose asimismo, la demolición de toda edificación que no corresponda a la dispuesta por el municipio. Como consideración de dicha decisión, se establece que terceras personas han procedido a hacer ocupación ilegal de un terreno de propiedad fiscal-municipal, levantando edificaciones sin permiso municipal como lo establecen las leyes y ordenanzas que rigen sobre la materia. Por su parte, como antecedente de lo decidido, se menciona una fiscalización efectuada al referido inmueble, con el objetivo de verificar denuncia por usurpación de terreno; la comprobación de que efectivamente terceras personas compuestas por diferentes grupos familiares procedieron a efectuar la toma de ese terreno y se encuentran levantando construcciones destinadas a viviendas en el lugar; una notificación (nº 4058) de fecha 3 de junio de 2020 de la Dirección de Obras, cursada a doña nombre reservado, quien se identifica como encargada de la toma del predio, citando finalmente los artículos 116, 148 nº1 y 81 d) de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, así como las facultades que le confiere la Ley 18.695.

Sexto: Que se acompañó asimismo por la parte recurrente, un comprobante de notificación, identificado con el número 4058, en el cual se indica que la Dirección de Obras Municipales ha procedido a notificar a doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por infringir el artículo 81 letra d) de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, al efectuar edificación sobre propiedad fiscal sin permiso-toma de bien nacional de uso público. Se agrega que se deberá proceder a regularizar el estado de situación de lo señalado en el plazo de 48 horas, sin perjuicio de comparecer ante el Juzgado de Policía Local si no diere cumplimiento a lo expuesto. Dicho instrumento aparece datado 3 de junio de 2020, con un timbre y una firma ilegible, sobre la leyenda “inspector”.

Séptimo: Que el propio Decreto recurrido, señala que su sustento jurídico central es el siguiente:

1º) Artículo 148 nº1 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, norma que señala: “El Alcalde, a petición del Director de Obras, podrá ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario, de cualquiera obra en los siguientes casos:

1.- Obras que se ejecuten en disconformidad con las disposiciones de la presente ley, su Ordenanza General u Ordenanza Local Respectiva”.

2º) Artículo 81 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que indica: “En concordancia con el objeto expresado, la Municipalidad podrá ejecutar directamente, con cargo a presupuesto, las siguientes acciones b) Ordenar demoler las construcciones que amenacen ruina, o aquéllas construidas ilegalmente vulnerando las disposiciones del Plan Regulador, bajo apercibimiento de ejecutar derechamente la demolición por cuenta del rebelde.

En el ejercicio de estas facultades, la Municipalidad podrá apercibir a los propietarios con la aplicación de una multa si no cumplieren con lo ordenado, la que se hará efectiva administrativamente a beneficio municipal”.

Octavo: Que así las cosas, el procedimiento que debe respetarse para obtener la demolición de lo malamente construido e incluso el desalojo del bien raíz en que ello se haga, debe ser aquel reglado por las normas transcritas en el acápite que antecede.

Noveno: Que del análisis de ambas normas en conjunto, se desprende que quien habrá de ser afectado con una demolición, debe ser notificado de ello (personalmente o través de mandatario, la ley no distingue), pues se le debe apercibir, de ejecutar derechamente la demolición, a su cuenta. Ratifica lo anterior, el hecho que de acuerdo al inciso 2º de la artículo 81 b) en análisis, se puede incluso apercibir con la aplicación de una multa administrativa al renuente en cumplir lo decretado.

Décimo: Que ratifica lo que se viene exponiendo, el hecho de que la propia ley contempla una hipótesis de excepción, en que se puede actuar inmediatamente adoptando las medidas que sean conducentes. En efecto, conforme lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuando exista peligro de derrumbe de una obra o de parte de ella fuere inminente, la Alcaldía puede adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para eliminar el peligro, incluso la de demoler sin más trámite total o parcialmente la obra, todo por cuenta del propietario del inmueble.

Décimo primero: Que de lo expuesto en las consideraciones precedentes, aparece que el Sr. Alcalde efectivamente tiene facultades legales para, ante la infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, decretar la demolición de lo construido sin respetar la normativa e incluso disponer el respectivo desalojo; sin embargo, para hacerlo, debe notificar al afectado.

Décimo segundo: Que, en el caso de autos, conforme aparece del mérito de los antecedentes, particularmente del propio Decreto recurrido, el mismo fue notificado únicamente a una persona a quien se identifica como “encargada de toma”, Sra. nombre reservado.

Décimo tercero: Que la notificación a dicha persona, sólo puede producir efectos en relación a ella, pues no consta de ninguna manera en autos y no puede presumirse (aun cuando se le denomine como “encargada”), que tenga la representación legal o convencional de terceros; más aún cuando lo que se notifica es algo tan grave como una demolición y desalojo.

Décimo cuarto: Que la notificación en comento es de toda trascendencia, pues dicho conocimiento cierto es el que habilita a la persona afectada por la decisión alcaldicia, para hacer valer los derechos que estime convenientes y por las vías que considere conducentes.

Décimo quinto: Que no obstante lo anterior -ser notificado el Decreto impugnado a una sola persona- se pretende, conforme fue sostenido en estrados durante la vista de la causa y aparece de lo informado por la recurrida, la demolición y desalojo de todo lo edificado y de todos los ocupantes del inmueble al que se refiere el presente recurso, lo que resulta improcedente a la luz de lo antes expuesto.

Décimo sexto: Que así las cosas, el Decreto nº 1441 Municipalidad de Temuco de fecha 10 de junio de 2020, si bien es cierto se apega a la legalidad en su generación, se pretende ejecutar con desapego a la normativa, pues para hacerlo, debe previamente ser notificado a todos a quienes afecte, sea personalmente o a través de mandatarios válidamente constituidos.

Décimo séptimo: Que una ejecución del Decreto Municipal en el sentido que se viene exponiendo, además de ilegal, afecta -en grado de amenaza- garantías constitucionales de las personas en cuyo favor se recurre. En efecto, resulta ser un hecho pacífico, el que los recurrentes tienen en la actualidad (con prescindencia de titularidad para ello), en el lugar sus moradas, de manera que la disposición de una demolición y desalojo, sin lugar a dudas implicaría conforme lo indican las máximas de la experiencia, un riesgo no tan solo para la integridad física de las personas que habitan el lugar, sino que también para sus enseres, amenazándose de esa forma a su respecto, las garantías de los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Décimo octavo: Que conforme lo razonado, se hará lugar al recurso, sólo en cuanto se dispondrá, que para producir efectos el acto recurrido, el mismo debe ser previamente notificado a los afectados, según mandata la normativa más arriba transcrita.

Décimo noveno: Que sin perjuicio de la anunciada forma en que se resolverá, estiman estos sentenciadores necesario realizar un pronunciamiento en torno a la forma en que se debe llevar a efecto el Decreto una vez efectuadas las respectivas notificaciones; ello, atendidas las especiales condiciones sanitarias por las que atraviesa el país. Al respecto, resulta ser un hecho público y notorio la existencia de la crisis sanitaria mundial generada por el virus denominado Covid-19, estando nuestro país a consecuencia de ello y al menos hasta el día 30 de junio de 2021, bajo el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública (Decreto Supremo nº 104, de fecha 18 de marzo de 2020). Que también resulta ser un hecho público y notorio, la alta velocidad de propagación del virus Covid-19, así como las perniciosas consecuencias que acarrea para quienes se contagian, sobre todo en aquellos grupos más vulnerables, como adultos mayores, personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes o problemas cardíacos. Asimismo resulta indubitado, que una de las medidas básicas de control de la pandemia que nos aqueja, es el evitar el contacto social, guardando cuarentenas preventivas en los hogares; prueba de ello es que en la actualidad en la ciudad de Temuco la misma ha sido decretada por la autoridad sanitaria de manera obligatoria.

Vigésimo: Que conforme a ello de ser desalojados los recurrentes en estos momentos (tras practicarse las respectivas notificaciones), constituye una amenaza para su integridad física, pues ello implicaría el movimiento de un gran número de personas hacia destinos inciertos, contradiciendo de esa forma la política sanitaria que busca precisamente en esta época, restringir al máximo el contacto entre personas.

Vigésimo primero: Que, así las cosas, si bien es cierto esta Corte carece de facultades para dejar sin efecto decisiones de la autoridad ejecutiva que han sido tomadas con estricto apego a la ley, sí las tiene para requerir de la administración que respete estándares mínimos en la ejecución de aquellas, evitando que se produzca vulneración de derechos fundamentales.

Vigésimo segundo: Que en ese contexto y sin perjuicio del deber de efectuar las notificaciones que más arriba se señalan, se instruirá a la recurrida en el sentido que la ejecución de la medida cuestionada a través del recurso, sea ejecutada sólo una vez que nuestro país abandone el estado de excepción constitucional de catástrofe; y que asimismo, al cumplir la misma las autoridades que la lleven a cabo, deberán respetar en todo momento los derechos e integridad de las personas desalojadas, en especial de los niños, de las afectadas con problemas de salud y de aquellas con situación de discapacidad; debiendo procurar no ejercer el uso indebido de la fuerza, respetando en todo momento la dignidad humana.

Vigésimo tercero: Que finalmente creen necesario destacar estos sentenciadores, que lo decidido en estos autos, no influye ni obsta en los procedimientos que la autoridad recurrida u otra hayan estimado del caso utilizar, para obtener la recuperación de los terrenos que estiman ilegalmente ocupados.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que SE ACOGE la acción constitucional deducida por doña Rayen Daza Pilquinao, abogada, en favor de: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Benjamí nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, C.I. nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, C.I. nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; en contra de la Municipalidad de Temuco, SÓLO EN CUANTO se dispone, que para producir efectos el acto recurrido en relación a las personas en cuyo favor se recurre, el mismo les debe ser previamente notificado, según mandata la normativa contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

II.- Que sin perjuicio de lo anterior, y aún practicadas las notificaciones ordenadas en el número que precede, se dispone que la medida cuestionada en el recurso de desalojo y demolición del terreno sublite; sólo podrá llevarse a efecto una vez que el país deje de estar bajo estado de excepción constitucional de catástrofe.

III.- Que asimismo, al momento de cumplirse con la medida de demolición y desalojo en cuestión, la autoridad a cargo de la misma, deberá respetar en todo momento los derechos e integridad de las personas desalojadas, en especial de los niños, de las afectadas con problemas de salud y de aquellas con situación de discapacidad; debiendo procurar no ejercer el uso indebido de la fuerza, respetando en todo momento la dignidad humana.

IV.- Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Alexis Gómez Valdivia.

Rol N° Protección-5782-2020.(jog)