nombre reservado con SUPERINTENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, quince de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece doña PAOLA VALESKA CRUZ SÁEZ, Abogada, con domicilio en domicilio reservado, en representación como se acreditará de don nombre reservado, vendedor, con domicilio en domicilio reservado, quien dice:

Que, por este acto vengo en deducir recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en adelante SUSESO, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por doña nombre reservado, Superintendente de Seguridad Social, y/o por quien sus derechos represente en la actualidad, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que S.S. Iltma., adopte las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales, visiblemente vulnerados por dicho organismo público, por los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer:

I- LOS HECHOS:

Con fecha 30 de julio de 2024, fui notificado de la Resolución Exenta N°R-01-IBS-121035-2024, de esa misma fecha, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Departamento Contencioso Unidad Médica, rechaza, en parte, la solicitud de reconsideración respecto del dictamen N°R-01-UME-57584-2024 de fecha 08 de abril de 2024 de la SUBCOMISIÓN CAUTÍN-COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

Lo anterior, por cuanto la SUSESO, luego del estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito en la licencia médica N°RUT reservado, cuyo inicio es a partir del 09 de noviembre de 2023, se encontraba justificado, permitiendo establecer la presencia de incapacidad laboral.

Sin embargo, dicha resolución exenta señala además que, respecto de las licencias médicas N°RUT reservado de fecha 09 de diciembre de 2023 y N°RUT reservado de fecha 08 de enero de 2024, el reposo no se encuentra justificado, por lo que se mantiene lo dictaminado por la COMPIN rechazando ambas licencias. Dicha resolución señala que de los antecedentes acompañados no se permite establecer la incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por la misma patología.

El diagnóstico de ambas licencias rechazadas es el mismo que en la autorizada, esto es “Trastorno depresivo mayor moderado a severo” “Estresores familiares persistentes”, ambas licencias extendidas por un total de 60 días, con inicio a partir 09 diciembre de 2023.

Para contextualizar a V.S.I. se debe señalar que, respecto de la salud de mi representado, durante todo el año 2023 se fueron agudizando los síntomas de un trastorno mental, gatillado principalmente por problemas de violencia intrafamiliar entre su único hijo, nieta y madre de ésta, la judicialización de estos problemas en contra de su hijo, y repercusiones al interior de la familia, distanciamiento de su única nieta de 12 años en aquel entonces por suspensión de visitas, con quien siempre junto a su cónyuge han tenido un gran lazo de unión y afectividad. Todo este escenario desconocido, ya que debió comparecer a audiencias ante el Tribunal de Familia de Temuco, le provoca un grave estrés, causándole una gran depresión, somatizando su afección psicológica con cuadros de insomnio, cefaleas, ánimo bajo, sentimientos de culpa, problemas gástricos ocasionados por los medicamentos. Por lo anteriormente expuesto, decide buscar ayuda médica a partir de octubre del año 2023, siendo diagnosticado por la especialidad de Psiquiatría con Trastorno depresivo mayor moderado a severo y estresores familiares persistentes, siendo la fecha de su primer diagnóstico el 12 de noviembre de 2023, enfermedad que le ha impedido desarrollar su actividad laboral de manera concentrada y normal, cuyo tratamiento ha sido Psicoterapia con Psicólogo clínico y de orientación familiar, médicamente con Sertralina 200 mg al día y reposo laboral.

En un comienzo la Isapre Cruz Blanca aprobó primeramente los 15 días respecto a la primera licencia médica presentada N°RUT reservado, la que luego de recurrir ante la SUSESO y estudiar los antecedentes concluye dicha institución que, si estaba justificado el reposo laboral del recurrente, aprobando en consecuencia los restantes 15 días de la primera licencia médica. Pero, respecto de las dos licencias posteriores N°RUT reservado y N°RUT reservado fueron rechazadas, las cuales son objeto del presente recurso.

El rechazo tanto de la COMPIN y de la SUSESO a las reclamaciones, le ha traído una enormidad de perjuicios, haciendo que el avance en el tratamiento médico y apoyo psicológico tenga un retroceso ya que producto del rechazo de las licencias médicas se originan otros factores estresores, ya no familiares, sino de tipo económico, esto debido a que los recursos de los cuales dispone mi representado provienen de su trabajo, formándose así un círculo vicioso.

Afectación de derechos y perjuicio ocasionados.

El no pago de los montos a los que tiene derecho mi representado, lo percibe como abandono de las instituciones públicas y privadas, y le causa frustración, pues dichos montos son utilizados para costear mensualmente sus deudas y necesidades básicas, las que incluye seguir costeando el tratamiento médico que incluye psiquiatra y psicólogo y compra de medicamentos, situaciones que lo mantienen en incertidumbre, depresión, y aumento de la sintomatología propia de su enfermedad, entre ellas, la imposibilidad para dormir, estrés, aumento de cortisol en el cuerpo y en definitiva, mala calidad de vida.

Ahora bien, en este punto pido a S.S. Ilma tener presente que, tal como consta de la documental que se acompaña al presente recurso, las licencias médicas presentadas a lo largo de esta enfermedad, tanto la autorizada como aquellas rechazadas, han sido emitidas por el mismo especialista en psiquiatría, es decir, por un profesional que, según la normativa que rige la materia, se encuentra autorizado para otorgar tales licencias, no obstante, han sido cuestionadas y rechazadas tanto por la ISAPRE CRUZ BLANCA, COMPIN como por la SUSESO, es decir, se desacredita lo indicado por el médico especialista mediante un acto administrativo.

Argumentos para el rechazo de las licencias médicas.

Revisando los argumentos expuestos por la SUSESO en la resolución de rechazo de las licencias médicas recurridas, esta señala textualmente, en la parte pertinente, lo siguiente:

“Sin embargo, respecto de las licencias médicas N°sRUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”.

Cabe preguntarse entonces, por qué concluyen que el reposo no es justificado mediante razones estandarizadas al parecer ya que la institución recurrida considera simplemente que el tiempo autorizado es suficiente para la recuperación y reintegro laboral del paciente, señalando que los antecedentes entregados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral. Es decir, mi representado padece un trastorno depresivo mayor moderado a severo, con tratamiento psiquiátrico y psicológico y la institución recurrida concluye que con solo 30 días de reposo ya autorizado por la misma patología es suficiente.

En otras palabras, y pese a los antecedentes acompañados, la decisión de la recurrida se fundamenta en aspectos interpretativos a su conveniencia, haciendo caso omiso a documentos médicos, diagnóstico, tratamiento y opinión de los especialistas.

En tal sentido, con fecha 17 de abril de 2024, el psicólogo tratante don nombre reservado, emitió un certificado de atención psicológica, en base a las sesiones clínicas que han mantenido en el cual se señala que don nombre reservado se encuentra en tratamiento psicológico desde el 18 de diciembre de 2023 y señala: “Es importante señalar que don nombre reservado mantuvo reposo indicado por el Psiquiatra por 90 días, tiempo en el cual pudo dedicarse 100% a buscar mejoras en su salud mental y afrontar de mejor manera su cotidianidad y las dificultades que cursa. Es así como producto del trabajo que el paciente ha desarrollado en las terapias, la medicación y el reposo indicado, en la actualidad ha podido reincorporarse laboralmente de forma favorable, es decir el reposo contribuyó a la recuperación del paciente, como profesional puedo señalar que fue un reposo justificado desde el punto de vista de la salud mental y relevante para el bienestar del paciente, sin ello, en la actualidad no podría estar inserto y realizando de forma óptimas las funciones y desafíos de su trabajo.

Durante el abordaje psicoterapéutico, se han abordado los estresores y Factores de Riesgo y como todo adulto funcional y competente como don nombre reservado, la economía y finanzas son un aspecto relevante de mantener estable, por lo que no recibir el pago de las licencias médicas, afecta en su bienestar y estabilidad emocional, ya que él depende de este dinero para solventar sus gastos.”

Dicho informe psicológico reafirma lo que mediante el presente recurso se busca proteger.

Por otro lado, de la sola lectura de las resoluciones de rechazo, se evidencia que son de aquellas resoluciones que la recurrida suele dictar en las que omite referencias más específicas a la condición médica de los pacientes. Pareciera ser que, una vez más, los entes administrativos con competencia en esta materia (Isapre, COMPIN y SUSESO) fijan criterios de tiempo de recuperación estandarizados para las personas, como si todos los seres humanos fueran iguales, reaccionaran de la misma forma y tarden el mismo tiempo en recuperarse de las diversas patologías que puedan afectarles, sin mayor sustento científico para arribar a esa conclusión, sin ponderar circunstancias personales y los agravios que provocan con sus actos que, en este caso, lejos de ayudar, es un obstáculo a la mejoría del enfermo, ocasionando preocupación y estrés económico.

Por otra parte, los actos rebatidos constituyen un acto administrativo, decisión escrita adoptada por la Administración, vale decir, una decisión formal emitida por un órgano de la Administración del Estado que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública, en definitiva es una resolución (Artículo 3 Ley 19.880), que debe cumplir con los requisitos de todo acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, el cual en su inciso segundo dispone que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recurso administrativos".

A su turno, el inciso 4° del artículo 41 de la misma ley dice "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno".

Como se percibe, es un requisito de todo acto administrativo su fundamentación, la que debe abarcar los hechos y el derecho, y aquello está íntimamente ligado con la posibilidad de control del proceder de la Administración y la comprensión de su actuar por los administrados o destinatarios de estas, requisito que la SUSESO no ha cumplido en las resoluciones reclamadas dictadas por ellas. Es más, en la parte final de la Resolución exenta N°R-01-IBS-121035-2024 de fecha 30 de julio 2024 no menciona en párrafo alguno los recursos que proceden y plazo para interponerlo. Es decir, es una resolución que no cumple los requisitos legales, lo que causa confusión y vulnerabilidad en el interesado.

En la especie, tal estándar normativo no se cumple, por las ya explicitadas precedentemente, pues, no se logra entender el motivo de rechazo de las licencias, cuando, a la época del otorgamiento de las licencias médicas cuestionadas, el recurrente presenta un cuadro clínico relativo a la salud mental, cuya evolución y recuperación ha sido posible sólo gracias al tratamiento médico y psicológico llevado estrictamente por mi representado para su pronta recuperación.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS La decisión de la recurrida es ilegal, carente de racionalidad, constituyendo su actuar, una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, garantía contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, pues, ante la imperiosa necesidad de contar con recursos económicos para sustentar su tratamiento médico, debidamente acreditado, mi representado se ha visto expuesto a nuevos factores estresantes, que le han generado mayor angustia, tristeza y desesperación, al no poder percibir el monto de las licencias médicas rechazadas, lo que pone en riesgo la salud mental del recurrente.

Asimismo, la decisión del órgano recurrido deviene además en arbitraria, pues infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al pago de sus licencias médicas por largo tiempo (Corte Suprema, Rol 1235-2022, 19 de enero de 2022); y finalmente, la conducta denunciada vulnera el derecho del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ya que el rechazo indebido de las licencias médicas, lo privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso; lo que repercute directamente en su patrimonio y haciendo que deba recurrir a créditos formales y préstamos informales para pagar las cuentas y comprar los medicamentos que requiere, es decir endeudarse pagando intereses lo que genera una afectación económica.

Resulta además procedente tener presente que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del texto constitucional, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, contribuyendo a crear las condiciones sociales que permitan a los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización material y espiritual posible, con pleno respeto de los derechos y garantías constitucionales, evitando toda forma de discriminación entre ellos; adicionalmente, es deber del Estado, proteger a la población. A su vez, el artículo 5° de la misma Carta Fundamental, reitera que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los que constituyen una limitación al ejercicio de la soberanía y que se encuentran garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Asimismo, el artículo 19 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas, en su número 9° el derecho a la protección de la salud, en el sentido que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Si bien, esta última garantía, del número 9° en la parte transcrita, no se encuentra amparada por el recurso de protección según lo establece el artículo 20, sí constituye un derecho garantizado a todas las personas por la Carta Primera, por lo que no es posible desentenderse de su existencia para una adecuada administración de justicia. Tales garantías fundamentales han sido conculcadas por los hechos aquí expuestos, por lo que se hace imprescindible adoptar las medidas necesarias para resguardar los derechos como ser humano.

Solicita se sirva tener por presentado recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por doña nombre reservado, ya individualizados en esta presentación, someterla a tramitación y en definitiva decretar las siguientes medidas:

- Dejar sin efecto resolución exenta Nº R-01-IBS-121035-2024 de fecha 30 de julio de 2024, ordenando que se emita una resolución donde se instruya a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez para que oficie a la Isapre Cruz Blanca ordenando la autorización de las Licencias Médicas N°RUT reservado y N°RUT reservado extendidas por un total de 60 días.

- Las medidas que esta Ilustrísima Corte estime para el restablecimiento del derecho.

- Pago de las costas del recurso.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos.

1.- Copia Resolución exenta Nº R-01-IBS-121035-2024 de fecha 30 de julio de 2024 emitida por la SUSESO, que confirma el rechazo de las licencias médicas individualizadas en el cuerpo de esta presentación.

2.- Resolución exenta N° R-01-UME-57584-2024 de fecha 08 de abril de 2024, emitida por la SUSESO, que rechaza el total de las tres licencias médicas.

3.- Resolución exenta COMPIN N°92-24-000985 de fecha 16 enero de 2024; Resolución exente COMPIN N°92-24-002102 de fecha 26 enero de 2024; Resolución exente COMPIN N°92-24-003859 de fecha 16 febrero de 2024.

4.- Certificado de atención psicológica de fecha 17 de abril de 2024 extendido por el psicólogo clínico don nombre reservado.

5.- Informe médico emitido por el médico psiquiatra adultos don nombre reservado, de fecha 12 de noviembre de 2023.

6.- Informe médico emitido por el médico psiquiatra adultos don nombre reservado, de fecha 17 de diciembre de 2023.

7.- Informe médico emitido por el médico psiquiatra adultos don nombre reservado, de fecha 08 de enero de 2024.

8.- Informe médico emitido por el médico psiquiatra adultos don nombre reservado, de fecha 09 de abril de 2024.

9.- Recurso de Reposición de fecha 12 de abril de 2024.

10.- Set de 4 Boletas de honorarios médico psiquiatra.

11.- Set de 4 receta médica meses noviembre, diciembre 2023 y enero, abril 2024.

12.- Actas de audiencia preparatoria ante el Tribunal de Familia Temuco, causa RIT P-1439-2020.

13.- Copia autorizada de escritura pública de Mandato Judicial, Repertorio Nº4401-2024, otorgado ante el Notario Público de Temuco, don nombre reservado, con fecha 22 de agosto de 2024.

A folio 6 informa JUAN PABLO MONSALVE LEYTON, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:

Solicita en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma EXTEMPORÁNEA. Lo anterior, de acuerdo con la siguiente relación de los hechos:

ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CASO DEL SR. nombre reservado

1.- Como consta de la copia del expediente administrativo que se acompaña con este escrito, por presentación de fecha 01 de marzo de 2024, el Sr. nombre reservado reclamó contra la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 09 de noviembre de 2023 emanado de la ISAPRE CRUZ BLANCA S.A., por reposo no justificado.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-57584-2024, 08 de abril del año 2024 mi representada señaló que: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”.

Concluye la mencionada Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Luego, por presentación de fecha 12 de abril de 2024, el Sr. nombre reservado, reclamó solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-57584-2024 de fecha 08 de ABRIL de 2024, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 09 de noviembre de 2023, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-121035-2024, 30 de julio del año 2024 mi representada señaló que: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, permiten establecer la presencia de incapacidad laboral”;

Sin embargo, respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”.

Concluye la mencionada Resolución que: “Esta Superintendencia instruye a la COMPIN para que oficie a la ISAPRE ordenando la autorización de la licencia médica N° RUT reservado, y mantener lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

2.- Ahora bien, el recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 27 de agosto de 2024, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento el Sr. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada Compin de los formularios en comento. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 01 de marzo de 2024 que realizó el Sr. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre los rechazos de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados PREVIAMENTE por la señalada Compin, con conocimiento del Sr. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante esta Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 5 MESES antes de la fecha de interposición de la presente acción, el Sr. nombre reservado, ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si estos formularios fueron emitidos A CONTAR DE NOVIEMBRE DE 2023.

Por lo expuesto, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

4.- Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

5.- En consecuencia, la recurrente, si estimaba que las resoluciones de la COMPIN que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

6.- En síntesis, de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, por cuanto, como se desprende de los mismos, los rechazos de estas licencias médicas fueron dispuestos por mi defendida, el 8 de abril de 2024, y luego con fecha 12 de abril de 2024, presentó ante mi defendida su solicitud de reconsideración no obstante ello, se interpuso la acción de autos recién el 27 DE AGOSTO DE 2024, cuestión que deja de manifiesto la absoluta falta de oportunidad en su ejercicio a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula. En efecto, la segunda de las normas citadas dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

7.- En relación con esta alegación, cabe hacer presente una vez más que, como lo han señalado diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, no resulta procedente el que se emplee la Acción de Protección de los derechos y garantías constitucionales como una última instancia de reclamo o apelación, cuando en opinión del recurrente las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros, no le han dado los resultados esperados. En otros términos, la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales. Aceptar que se pueda controvertir o revisar la decisión médica implícita en el procedimiento de autorización de las licencias médicas, más allá de todas las instancias de revisión (que no son pocas) dispuestas en el ordenamiento jurídico, implica asumir que este excepcional procedimiento de emergencia sería una nueva instancia de revisión de las licencias médicas, cuestión que ciertamente está muy alejada de la finalidad con que el constituyente creó la acción en comento. Esta afirmación está respaldada en el inciso primero, parte final del artículo 20 de la Constitución Política de Chile al disponer que la persona afectada en sus garantías por un acto ilegal o arbitrario puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

8.- A mayor abundamiento, una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida esta acción constitucional de orden cautelar.

Solicita se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

EN SUBSIDIO, ALEGA LA IMPROCEDENCA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL Antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, de SS., solicito se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

2.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. ILTMA., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que:

“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

3.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Cabe hacer presente a SS. ILTMA. que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso del Sr. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a ese ILTMO. Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida. En esta parte, SS. ILTMA., muy bien sabe que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

A mayor abundamiento, consta el siguiente informe médico del especialista externo de la Suseso, que con ocasión del caso se le solicitó el siguiente informe que indica:

1.- Informe de la especialista don nombre reservado, de 21-06-2024, que señala:

Fundamentos de la resolución: Conclusiones: Comentarios: Médico especialista psiquiatría adulto, reposición Folio Origen: R-30898-2024. Hombre de 56 años, trabaja como vendedor en Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. Con permiso autorizado por 0 días con diagnóstico de F34.8 - Otros trastornos del humor [afectivos] persistentes, F43.2 - Trastornos de adaptación. Sin reposo previo al periodo reclamado. LM RUT reservado acoge; resto se rechaza.

4.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que el Sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso del Sr. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Solicita tener por acompañados los siguientes documentos: Copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso del Sr. nombre reservado.

A folio 11 informa, nombre reservado, quien dice:

Que, respecto de la licencia médicas recurrida, se informa lo siguiente:

a) Licencia médica RUT reservado: Emitida el 11.12.2023 a contar del 09.12.2023, por 30 días, con diagnóstico “Trastorno adaptativo con ánimo deprimido” por médico psiquiatra Dr. nombre reservado.

Resolución N° 1-2023306103, del 15.12.2023, por ISAPRE CRUZ BLANCA, resuelve rechazar la licencia médica con la causal: periodo de reposo no está justificado de acuerdo con antecedentes disponibles. No se presentan antecedentes solicitados, que justifiquen continuidad del reposo.

Resolución Exenta Nº 92-23-038399, del 27.12.2023, COMPIN Subcomisión Cautín resuelve ratificar lo obrado por la ISAPRE CRUZ BLANCA, en virtud de los fundamentos señalados por esa Institución.

Resolución Exenta Nº 92-24-000985 del 16.01.2024, COMPIN Subcomisión Cautín rechaza reclamo del trabajador en contra de la decisión de la ISAPRE CRUZ BLANCA, considerando: Que la información proporcionada por el cotizante, el médico tratante en la apelación y por antecedentes previos que constan en nuestro poder, no permiten justificar todo el periodo de reposo indicado a través de la licencia médica reclamada. Que los días autorizados aparecen como suficientes en consideración al diagnóstico y la naturaleza de la patología que señala licencia médica reclamada.

Resolución Exenta Nº 92-24-002494 del 31.01.2024, COMPIN Subcomisión Cautín resuelve rechazar el recurso de reposición presentado por el trabajador, considerando: Que, de la revisión de los antecedentes remitidos por la trabajadora a esta Comisión, se ha estimado que el pronunciamiento de la Isapre es justificado.

b) Licencia médica N° RUT reservado: Emitida el 06.01.2024 a contar del 08.01.2024, por 30 días, con diagnóstico “Trastorno depresivo mayor moderado a severo” por médico psiquiatra Dr. nombre reservado.

Resolución N° 1-2024004998, del 12.01.2024, por ISAPRE CRUZ BLANCA, resuelve rechazar la licencia médica con la causal: periodo de reposo no está justificado de acuerdo con antecedentes disponibles. No se presentan antecedentes solicitados, que justifiquen continuidad del reposo.

Resolución Exenta Nº 92-24-002096, del 26.01.2024, COMPIN Subcomisión Cautín resuelve ratificar lo obrado por la ISAPRE CRUZ BLANCA, en virtud de los fundamentos señalados por esa Institución.

Resolución Exenta Nº 92-24-002102 del 26.01.2024, COMPIN Subcomisión Cautín rechaza reclamo del trabajador en contra de la decisión de la ISAPRE CRUZ BLANCA, considerando: Que la información proporcionada por el cotizante, el médico tratante en la apelación, y por antecedentes previos que constan en nuestro poder, no permiten justificar el período de reposo indicado mediante la licencia médica reclamada. Según los dispuesto en el art. 21 del D.S 3/84 del Ministerio de Salud.

Resolución Exenta Nº 92-24-003859 del 16.02.2024, COMPIN Subcomisión Cautín resuelve rechazar el recurso de reposición presentado por el trabajador, considerando: Que, de la revisión de los antecedentes remitidos por la trabajadora a esta Comisión, se ha estimado que el pronunciamiento de la Isapre es justificado.

5.- Que, la Contraloría Médica de la COMPIN Subcomisión Cautín, para evaluar las licencias médicas por la que se recurre tuvo en consideración los siguientes antecedentes:

a) Detalle Histórico de Licencia ISAPRE Cruz Blanca.

b) Informe médico complementario, fechado 17.12.2023.

c) Certificado de atención psicológica, fechado 23.12.2023.

d) Certificado de atención psicológica, fechado 29.12.2023.

e) Informe médico complementario, fechado 08.01.2024.

f) Receta médica, fechado 08.01.2024.

6.- Que, en atención a lo anterior, la Contraloría Médica de la COMPIN concluyó lo siguiente:

a) Antecedentes médicos aportados que no justifican reposo. Reposo prolongado para patología:

Comenzó con reposo médico por patología de salud mental el 09.11.2023, acumulando al 06.02.2024 un total de 90 días de licencia médica, de los cuales fueron autorizados los primeros 30 días.} Informes médicos complementarios, fechados 17.12.2023 y 08.01.2024, por Dr. nombre reservado, psiquiatra: consignan diagnósticos, trastorno depresivo mayor moderado a severo, diabetes mellitus 2 y estresores familiares persistentes y tratamiento: psicoeducación, psicoterapia, reposo laboral y sertralina 200 mg. Patología recuperable, origen no laboral.

Certificados de atención psicológica, fechados 23.12.2023 y 29.12.2023: certifica psicoterapia, 2 sesiones a esa fecha, señala diagnósticos y que se encuentra con abordaje psicoterapéutico a nivel individual y familiar.

Los antecedentes clínicos aportados se consideraron insuficientes para justificar reposo: no se describe sintomatología ni la evolución de la misma, estresores asociados, perpetuadores del cuadro clínico, no se describe funcionalidad ni puntaje en escala de evaluación de la actividad global (EEAG), no se informa historia de refractariedad a esquemas de tratamientos previos, uso de potenciadores ni ajustes de dosis de fármacos recientes, que justifiquen la necesidad de las prórrogas del reposo.

De acuerdo con Decreto 7/2013 del Ministerio de Salud, que “Aprueba reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas”, en su artículo 4to, relativo a reposo laboral por patologías mentales, en aquellos casos que se superen los 15 días de reposo y hasta un máximo de 60, las licencias pueden ser emitidas por médico no especialista, pero con consultoría por psiquiatría y presentar un compromiso funcional importante, con puntaje en la escala de evaluación de la actividad global (EEAG) menor a 50 puntos y además, se recomienda contar con informe protocolizado de acuerdo a Guías Clínicas del MINSAL.

Cabe señalar que, de acuerdo con Decreto 7/2013 del Ministerio de Salud, en su artículo 4to, relativo a reposo laboral por patologías mentales, en aquellos casos que se superen los 60 días de reposo y hasta un máximo de 180, las licencias deben ser emitidas por médico psiquiatra, debe contar con informe de peritaje, síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. Debe existir refractariedad o resistencia al tratamiento. El reposo debe ser indicado por psiquiatra cada 15 días cada vez y cada episodio clínico debe considerar, para la indicación de reposo tratamiento farmacológico, psicoterapia y medidas psicosociales (recomendado terapia cognitivo conductual).

b) A mayor abundamiento, la Superintendencia de Seguridad Social ha confirmado el rechazo realizado por nuestra COMPIN, en las siguientes resoluciones:

Resolución Exenta N° R-01-UME-57584 del 08.04.2024.

Resolución Exenta N° R-01-IBS-121035 del 30.07.2024.

Teniendo en cuenta todo lo señalado anteriormente, se estimó que el reposo prescrito por medio de las licencias médicas N° RUT reservado y RUT reservado no se encontraba clínicamente justificado ni cumplió rol terapéutico, con medidas claras orientadas a la recuperación de la salud y el reintegro laboral, basándose en los antecedentes médicos aportados por el trabajador, por su médico tratante, por ISAPRE CRUZ BLANCA y por las normas técnicas vigentes, no habiendo ilegalidad ni arbitrariedad en los actos realizados por esta contraloría médica.

7.- Se acompañan siguientes antecedentes fundantes de lo expuesto precedentemente.

A folio 13, informa Maximiliano Silva Baeza, abogado, en representación de ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. quien dice:

Solicito que el recurso sea rechazado sobre la base de las siguientes consideraciones:

Tanto el DFL 1 del Ministerio de Salud, como el Reglamento DS N° 3 de Salud de 1984, prescriben normas atingentes al procedimiento de tramitación de licencia médica, y posterior pago de subsidio por incapacidad laboral.

El Reglamento DS N° 3 de Salud de 1984 en su artículo 5º define a la Licencia Médica como: “es un acto médico administrativo en el que intervienen el trabajador, el profesional que certifica, la Compin o ISAPRE competente, el empleador y la entidad previsional o la Caja de Compensación de Asignación Familiar, en su caso.” A su vez, el artículo 6 dispone que: “La licencia médica que prescribe reposo total confiere al trabajador el derecho a ausentarse de su trabajo durante el tiempo que ella misma determina.”

En tanto el Artículo 7º.‐ del citado reglamento establece que: “Corresponderá al profesional certificar, firmando el formulario respectivo...”

El Reglamento en su artículo 11 en su inciso 3º expresa: “La licencia autorizada por la Compin o que por el transcurso del plazo correspondiente debe tenerse por autorizada de acuerdo con el artículo 25…”, y en su inciso 4º agrega: “La licencia autorizada por una ISAPRE o que por el transcurso del plazo correspondiente, debe tenerse por autorizada debe tenerse por autorizada de acuerdo con el artículo 25…”

De este conjunto de normas someramente relatadas, puede concluirse, que la sola certificación médica, da derecho al trabajador para ausentarse del trabajo; en tanto, que para tener derecho al Subsidio por Incapacidad Laboral, es necesario que ella cuente con la autorización, en este caso de la Isapre, y en su defecto de la Compin respectiva.

De acuerdo a las normas pertinentes, en caso que una licencia médica sea rechazada por la Isapre, el trabajador tiene derecho a que se revise esa decisión técnica, existiendo para tales efectos, la procedencia de un reclamo ante la COMPIN, que resolverá en única instancia, previo informe de la Isapre.

De acuerdo a los antecedentes, la COMPIN resolverá acogiendo o rechazando el reclamo, estando las Isapres obligadas a cumplir con lo resuelto, toda vez que la Superintendencia de Salud, será el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de lo resuelto por la COMPIN.

Por lo previsto en inciso del Artículo 3º de la Ley 20.585, la Isapre en caso de rechazo o modificación de la licencia presentada debe enviar los antecedentes a la Compin respectiva, a fin de que ésta, revise el criterio y los fundamentos de la decisión.

En efecto, la citada norma dispone: “En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica.”

Lo anterior quiere decir que, en caso de las Instituciones de Salud Previsional, se ha establecido un sistema de doble instancia, de modo que el proceso de resolución de una licencia médica modificada o rechazada no está totalmente terminado, sino hasta que la Compin respectiva haya revisado la decisión de la Isapre, confirmándola o revocándola.

Conforme a lo anterior, el Artículo 16° del Reglamento, dispone lo siguiente: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.”

Por último, si la COMPIN no reconoce el derecho a subsidio por incapacidad del cotizante, podrá recurrir al superior jerárquico de este organismo, esta es, la Superintendencia de Seguridad social, ante la cual se presentará un nuevo reclamo, el cual no exige plazo para su interposición, ya que el límite lo impone el plazo de caducidad del subsidio de incapacidad laboral.

Como ya señalamos, de conformidad al artículo 4 del DFL Nº 4 de 1978 del Trabajo, que Fija Normas Comunes para los Subsidios por Incapacidad Laboral de los Trabajadores nombre reservado dispone: “Para tener derecho a los subsidios se requiere un mínimo de seis meses de afiliación y de tres meses de cotización dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica correspondiente.” Lo que indica que, aunque la licencia médica se encuentre autorizada, si no se cumple con este requisito, no da derecho a subsidio.

SE HAN APLICADO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ACORDES, ASIMISMO, NO EXISTE UN DERECHO INDUBITADO Y LOS ANTECEDENTES DISPONIBLES NO JUSTIFICAN EL DERECHO RECLAMADO.

El recurrente ha presentado licencias médicas por el periodo comprendido entre el 9/11/2023 hasta el 06/02/2024, acumulando 90 días de reposo.

El sr. nombre reservado no ha solicitado ingreso a GES por su patología. No hay prestaciones ni antecedentes médicos que indiquen que debe acudir a sesiones de psicoterapia.

En la actualidad no ha presentado a la Isapre información, informe amplio y fundado que indicie el compromiso funcional que le ocasiona la patología que sufre, evolución del cuadro clínico y/o acciones tendientes a su recuperación. No hay antecedentes de severidad, no hay EEAG (escala de Evaluación de la Actividad Global), plan de tratamiento ni fecha de reintegro, todos los anteriores, señalados someramente, son parte esencial de la información técnica que se requiere para decretar el reposo médico.

En ausencia de antecedentes psicopatológicos de gravedad, se considera – medicamente – que el reposo es suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral, no se justifica el rol terapéutico asociado al reposo que permita a los profesionales de la contraloría médica de Isapre justificar las prórrogas.

De acuerdo con lo señalado, sin informe médico, carente de fundamentos clínicos que determinen un cuadro de incapacidad temporal que origine el reposo prescrito en las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, llevó a que la Contraloría Médica a proceder a rechazarlas.

Enviados por la Isapre, los antecedentes y los dictámenes a la COMPIN respectiva, ésta ratificó lo obrado por la Isapre. Reclamada a la Superintendencia de Seguridad Social por el beneficiario, lo resuelto por la COMPIN, dicha Superintendencia ratificó lo resuelto.

Enviado los antecedentes a la Compín respectiva, ratificó lo obrado por la Isapre en sendas resoluciones administrativas, que fueron reclamadas ante la Superintendencia de Seguridad Social, rechazando esta última el reclamo.

Solicita se sirva tener por evacuado el informe solicitado y, en mérito de lo expresado a lo largo de esta presentación, rechazar el recurso de protección de autos, primero por extemporáneo y en subsidio por improcedente.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes:

1. Licencias Médicas Dictaminadas.

2. Detalle Histórico de Licencias Médicas.

3. Detalle histórico subsidios.

4. Resoluciones Exentas COMPIN 5. RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-UME-57584-2024.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Acto u omisión ilegal o arbitrario, derechos vulnerados y pretensión del accionante. De acuerdo con lo señalado en lo expositivo de la presente sentencia, el acto que se considera ilegal o arbitrario por parte de la recurrente es la decisión de la COMPIN y de la SUSESO de rechazar el pago de las licencias médicas N°RUT reservado de fecha 09 de diciembre de 2023 y N°RUT reservado de fecha 08 de enero de 2024, por un médico psiquiatra.

Los hechos denunciados constituyen, a juicio del accionante, una vulneración de los derechos fundamentales estatuidos en el artículo 19, números 1, 2 y 4 de la Constitución.

Aunque no lo señala expresamente en su escrito, se infiere del mismo que la recurrente pretende que esta Ilustrísima Corte ordene a las recurridas que dispongan el pago de las licencias médicas referidas.

SEGUNDO: Procedencia de la acción de protección. La acción constitucional de protección se encuentra prevista en el artículo 20 de la Constitución. Esta acción puede ser interpuesta por cualquier individuo, por sí o por un tercero a su nombre.

Los requisitos de procedencia de esta acción cautelar, expresados en el mencionado artículo 20, son los siguientes:

1) Que exista una conducta ilegal o arbitraria, esto es, contraria al ordenamiento legislado o que sea consecuencia del mero capricho, o que carezca de razonabilidad, lógica o proporcionalidad.

2) Que la conducta lesione, mediante privación, perturbación o amenaza, el legítimo ejercicio de derechos fundamentales incluidos en el artículo 20 de la Constitución.

Para que la Corte pueda acoger la acción de protección deducida es necesario que se cumplan cada uno de los señalados requisitos.

TERCERO: Ilegalidad o arbitrariedad de la conducta. La conducta de las recurridas es ilegal y arbitraria.

Para resolver la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la presente causa, la Corte desea hacer presente que ni la COMPIN ni la Superintendencia de Seguridad Social ordenaron nuevos exámenes que permitieran una mejor evaluación del asunto sometido a su decisión. En dicho sentido, especial fuerza presenta para esta Ilustrísima Corte el que las licencias médicas cuestionadas hayan sido extendidas por un médico psiquiatra. Se trata de un especialista que, por lo demás, ofrece un diagnóstico coherente con el diagnóstico señalado en la primera licencia emitida.

Existiendo el parecer de un especialista, los órganos administrativos deben, al menos, ordenar exámenes adicionales que permitan contar con elementos aptos para desvirtuar aquel parecer.

En dicho escenario, la negativa de los entes administrativos, en orden a rechazar el pago de las licencias médicas más arriba individualizadas, aparece como ilegal y arbitrario, más aún si consta que en forma previa existió otra licencia debidamente aprobada por la misma causa de salud.

CUARTO: Vulneración de derechos fundamentales. La omisión de las recurridas vulnera el derecho fundamental estatuido en el artículo 19, número 24, de la Constitución. En particular porque priva a la recurrente de un subsidio derivado de las licencias médicas otorgadas. Aquella omisión es precisamente la que vulnera el derecho fundamental de propiedad, en los términos en que ese derecho ha sido otorgado por la Constitución.

Habiéndose verificado la lesión del número 24 del artículo 19 de la Constitución, resulta innecesario referirse a los derechos invocados por la accionante de protección.

De este modo, resulta procedente acoger la acción de protección deducida a favor de la recurrente, en los términos en que se expresará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RESUELVE:

Que SE ACOGE la acción de protección deducida en esta causa por don nombre reservado en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ y de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, y por tanto se ordena que la COMPIN disponga el pago de las licencias médicas N°RUT reservado de fecha 09 de diciembre de 2023 y N°RUT reservado de fecha 08 de enero de 2024.

Sentencia redactada por el abogado integrante Sr. Cristian Marcelo Carvajal de Vicenzi.

Regístrese y archívese.

N°Protección-5755-2024. (csd)