nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco.

Temuco, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Cristian Andrés Hurtado Cáceres, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, Defensor de Indígenas de CONADI, domiciliado en domicilio reservado, quien, conforme a lo dispuesto en el numeral 2° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, comparece en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, viuda, labores de casa, domiciliada en domicilio reservado, Ruta 5508, kilómetro 18, Hijuela 32-H, sector Maquehue, comuna de Padre Las Casas e interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, de profesión y estado civil desconocidos, domiciliada en domicilio reservado, Ruta 5508, kilómetro 18, Hijuela 32-F, sector Maquehue, comuna de Padre Las Casas.

Señala que consta de la inscripción de dominio de fojas 6168 N° 6029 del Registro de Propiedad del Segundo Conservador de Bienes Raíces de Temuco, correspondiente al año 2009, que la sucesión intestada quedada al fallecimiento de don nombre reservado y doña nombre reservado, integrada por sus hijos legítimos Ignacia, nombre reservado, Raúl, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, además de doña nombre reservado en calidad de hija natural del causante, es dueña de la Hijuela N° 32, de una superficie de 12,57 hectáreas, del plano divisorio del predio encabezado por don nombre reservado, ubicado en el lugar Peranao, comuna de Temuco, que en virtud de dicha inscripción, sostiene que tanto la recurrente como la recurrida son coherederas y, por consiguiente, copropietarias de la referida Hijuela N° 32.

Expone que, con fecha 24 de abril de 1995, los integrantes de la sucesión comparecen ante la Unidad de Conciliación de CONADI, oportunidad en que acuerdan subdividir el inmueble antes individualizado. Precisa que la recurrida participa personalmente en dicho procedimiento, circunstancia que consta en el acta de conciliación que acompaña, indicando que, conforme al plano confeccionado por CONADI para materializar el acuerdo alcanzado, a la recurrida se le asigna el lote 32-F y a la recurrente el lote 32-H. Agrega que el lote asignado a la recurrida queda gravado con dos servidumbres de tránsito.

Señala que posteriormente solo se materializa una de dichas servidumbres, debido al elevado costo que implicaba ejecutar ambas para los herederos, indicando que, desde hace algún tiempo y coincidiendo con la llegada de familiares de la recurrida al sector, esta comenzó a desconocer el acuerdo alcanzado y adopta diversas conductas destinadas a dificultar el ejercicio de las servidumbres de tránsito que permiten a los propietarios de los predios colindantes acceder a sus respectivos lotes y viviendas.

Refiere que tales actos alcanzan su máxima expresión el día 20 de enero de 2025, cuando la recurrente regresa a su domicilio luego de permanecer fuera de la región durante las festividades de fin de año y constata que la servidumbre de acceso ha sido completamente destruida, indicando que advirtió que una máquina retroexcavadora ha transitado reiteradamente por el camino con el propósito de destruirlo, además de derribar árboles existentes en sus márgenes, dejando la vía completamente inutilizable.

Expone que, para ingresar finalmente a su vivienda, se ve obligada a solicitar autorización a un vecino para atravesar su predio, autorización que este concede de manera voluntaria, añadiendo que, una vez en su domicilio, conversa con sus hijos, quienes permanecen en el lugar durante su ausencia. En particular, su hijo Joel le informa que el camino es destruido por la recurrida hacia fines de diciembre, aproximadamente el día 15 de dicho mes, alrededor de las 13:30 horas, oportunidad en que observa maquinaria pesada realizando excavaciones y extracción de tierra desde la servidumbre.

Señala que su hijo advierte al operador de la maquinaria que el camino se encuentra sometido a un proceso judicial y que no puede ejecutarse movimiento alguno sin autorización judicial. Frente a ello, el conductor suspende inicialmente las labores e informa que el trabajo es contratado por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, hija de la recurrida, quienes le solicitan destruir completamente el camino.

Agrega que, dos días después, la recurrida vuelve a contratar maquinaria de excavación y finalmente se ejecuta la destrucción definitiva de la servidumbre, formando un socavón de aproximadamente cincuenta centímetros de profundidad desde el acceso y de cerca de veinte metros por veinte metros de extensión, dejando totalmente inhabilitado el camino establecido en la conciliación realizada ante la Unidad de Conciliación de CONADI en el año 1995.

Manifiesta que, pese a que nuevamente se informa al operador de la maquinaria acerca de la existencia de la servidumbre, este hace caso omiso y continúa con las faenas hasta destruir completamente el acceso al inmueble de la recurrente, señalando que como consecuencia de ello, actualmente carece de un camino de acceso a su vivienda, debiendo utilizar el predio de un vecino por mera tolerancia de este. Añade que esta situación impide el ingreso de ambulancias, carros de bomberos, vehículos de emergencia y camiones aljibe que abastecen de agua potable al sector, generando además un grave problema de salubridad, acompañando fotografías tomadas por su hijo, en las cuales se observa la retroexcavadora ejecutando las labores de destrucción de la servidumbre de acceso al inmueble de la recurrente.

En cuanto al Derecho, sostiene que la Constitución Política de la República dispone que quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, puede recurrir por sí o por cualquiera en su nombre ante la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Asimismo, se hace presente que el artículo 2°, inciso primero, del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone que el recurso puede ser interpuesto por el afectado o por cualquier otra persona en su nombre, capaz de comparecer en juicio, aun cuando no cuente con mandato especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico. En virtud de dichas normas, se señala que el compareciente actúa en representación de la recurrente y de su grupo familiar.

Expresa que el recurso de protección constituye una acción cautelar destinada a evitar las consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado, afirmando que la conducta desplegada por la recurrida carece de toda justificación y prudencia, configurando un acto de autotutela no amparado por el ordenamiento jurídico y, por consiguiente, arbitrario e ilegal. Se sostiene que dicho actuar lesiona, a lo menos, la garantía contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al impedir a la recurrente el uso y goce efectivo de su inmueble, privándola de un acceso expedito al mismo mediante el cierre y destrucción del camino que conduce a su propiedad.

Agrega que la actuación de doña nombre reservado altera arbitraria e ilegalmente una situación de hecho preexistente, toda vez que el camino cuya utilización se pretende impedir existe desde hace más de treinta años. En consecuencia, se sostiene que el presente recurso persigue exclusivamente mantener el status quo existente respecto del ejercicio de los derechos involucrados, evitando precisamente las acciones de hecho o de autotutela que alteran el orden jurídico sin recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes, lo que resulta incompatible con un Estado de Derecho, haciendo presente la existencia de una situación de hecho consistente en una servidumbre de tránsito ubicada en el predio de la recurrida, la cual permite el libre desplazamiento de la recurrente y de su familia. Se precisa que el objeto del presente arbitrio no consiste en debatir la naturaleza jurídica del camino, sino únicamente en restablecer una situación fáctica que ha sido quebrantada mediante actos unilaterales de la recurrida, citando fallo pronunciado por la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 8.791-2015, destacando especialmente el considerando tercero de dicho fallo, en el cual la Corte Suprema establece que la instalación de un portón que obstaculiza el tránsito hacia un predio constituye una alteración de una situación de hecho preexistente, ejecutada mediante una actuación carente de la prudencia necesaria y que, por ello, debe ser corregida.

Reproduce el criterio contenido en el considerando cuarto de la referida sentencia, conforme al cual el recurso de protección constituye el mecanismo idóneo para restablecer el status quo existente con anterioridad a la ejecución de los actos perturbatorios, sin perjuicio del derecho que asiste a las partes para ejercer, en la sede jurisdiccional correspondiente, las acciones destinadas a regularizar definitivamente la situación jurídica que las afecta, haciendo presente igualmente que dicha sentencia confirmó el fallo apelado, otorgando protección a la recurrente por el plazo de seis meses, período dentro del cual debía ejercer las acciones jurisdiccionales pertinentes para resguardar sus derechos.

Afirma que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida constituye una amenaza permanente, una afectación directa y una perturbación al legítimo ejercicio de diversas garantías constitucionales, las que se estiman gravemente vulneradas, que detalla:

A. Derecho de propiedad o dominio, señalando que el artículo 582 del Código Civil define el dominio como el derecho real sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, siempre que ello no sea contrario a la ley o al derecho ajeno, indicando que el derecho de dominio constituye el derecho real de mayor amplitud, por cuanto confiere a su titular las facultades de uso, goce y disposición. Se agrega que, si bien el dominio admite limitaciones, estas solo pueden provenir de la ley o de derechos ajenos legalmente establecidos, afirmando que, al no existir en la especie una limitación legal o un derecho ajeno que justifique la conducta de la recurrida, la recurrente debe poder ejercer plenamente su derecho de propiedad, circunstancia que actualmente resulta imposible únicamente como consecuencia del actuar arbitrario e ilegal de aquella.

Agrega que el derecho de propiedad se encuentra expresamente garantizado por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, disposición que asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales; establece que solo la ley puede regular la forma de adquirir, usar, gozar y disponer de la propiedad, así como las limitaciones derivadas de su función social; y dispone que nadie puede ser privado de su propiedad ni de alguno de los atributos esenciales del dominio sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional.

B. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, señalando que el actuar de la recurrida vulnera la garantía prevista en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, afirmando que dicha garantía se encuentra afectada porque la destrucción del camino impide completamente el acceso de ambulancias, carros de bomberos y demás vehículos de emergencia al domicilio de la recurrente, dificultando o incluso imposibilitando la atención oportuna frente a enfermedades, accidentes u otras situaciones de urgencia que puedan afectar tanto a ella como a los integrantes de su grupo familiar.

Asimismo, sostiene que, para asegurar la protección efectiva tanto del derecho de propiedad como del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el artículo 20 de la Constitución Política de la República faculta a la Corte de Apelaciones para adoptar las providencias necesarias destinadas a restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado cuando tales garantías resulten amenazadas, perturbadas o privadas por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, haciendo presente que, atendida la naturaleza indígena de los terrenos involucrados, resulta plenamente aplicable el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente su artículo 12, que garantiza a los pueblos indígenas protección frente a la vulneración de sus derechos y el acceso a procedimientos legales, ya sea directamente o mediante sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de doña nombre reservado, ya individualizada, admitirlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo, declarando que el actuar de la recurrida constituye una actuación arbitraria e ilegal que vulnera las garantías constitucionales invocadas, restableciendo el imperio del derecho y disponiendo las medidas necesarias para la debida protección de la recurrente, declarando: 1. Que la recurrida debe ejecutar, a su costa, las obras necesarias para la reparación y/o reconstrucción de la servidumbre de tránsito que constituye el acceso de la recurrente a su inmueble. 2.- Que debe abstenerse de continuar realizando faenas de cualquier naturaleza que impidan el libre acceso y tránsito por la servidumbre, huella o camino que permite el ingreso a la propiedad de la recurrente, sin perjuicio de las demás medidas que esa Ilustrísima Corte estime conducentes para restablecer el imperio del derecho. 3.-Que sea condenada al pago de las costas de la causa, en caso de oponerse al recurso.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos: 1.-Copia del título de dominio inscrito a fojas 6168 N° 6029 del año 2009 del Registro de Propiedad del Segundo Conservador de Bienes Raíces de Temuco. 2.-Copia de las fojas 3 a 6 del expediente de conciliación CONADI N° 584 del año 1995, en las cuales constan los acuerdos alcanzados por la sucesión hereditaria en el procedimiento de conciliación. 3.-Copia de la foja 11 del expediente de conciliación CONADI N° 584 del año 1995, en la cual consta el plano de subdivisión de hecho elaborado por la Oficina Técnica de CONADI, a requerimiento de los interesados, indicando la forma en que el inmueble fue subdividido de hecho.

A folio 11, comparece doña nombre reservado, chilena, viuda, de 85 años de edad, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, solicitando que se autorice la comparecencia en su representación de su hija nombre reservado, quien evacúa el informe requerido en autos.

En primer lugar, opone la excepción de extemporaneidad del recurso señalando que el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección establece que esta acción debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos desde la ejecución del acto arbitrario o ilegal o desde que el afectado toma conocimiento del mismo, indicando que conforme al propio recurso, los hechos denunciados (consistentes en la destrucción de un supuesto camino mediante maquinaria pesada) ocurren los días 15 y 17 de diciembre de 2025, reconociéndose incluso que el hijo de la recurrente, Joel, toma conocimiento directo de los hechos en esa misma fecha, indicando que el recurso se interpone el 17 de febrero de 2026, esto es, más de dos meses después de ocurridos los hechos, excediendo ampliamente el plazo de treinta días establecido por el Auto Acordado, razón por la cual solicita su rechazo por extemporáneo.

En subsidio de la alegación anterior, evacúa el informe respecto del fondo, señalando el 8 de julio de 2025 la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco dicta dos sentencias favorables a la recurrida, recaídas en recursos de protección interpuestos por familiares directos de la recurrente sobre la misma materia.

Detalla que respecto del Rol N° 1590-2025 el recurso es rechazado, señalándose en el considerando tercero que el recurso de protección no declara derechos y que los hechos no se encuentran acreditados y en cuanto al Rol N° 1620-2025, expone que también es rechazado, estableciéndose en el considerando cuarto que el acuerdo de CONADI se encuentra controvertido y que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver conflictos hereditarios.

Refiere que la Excma. Corte Suprema, mediante sentencia de 9 de octubre de 2025, dictada en causa Rol N° 29.990-2025, revoca la sentencia pronunciada en el Rol N° 1526-2025, rechazando finalmente el recurso y estableciendo que para acoger una acción de protección debe existir un derecho preexistente e indiscutido; que el camino cuya obstrucción se denuncia forma parte del predio de doña nombre reservado y no corresponde a una servidumbre constituida; que el acuerdo de CONADI del año 2005 es cuestionado en todos los recursos de protección promovidos, circunstancia que evidencia que la existencia y validez de la supuesta servidumbre se encuentran controvertidas.

Argumenta la existencia de cosa juzgada, afirmando que las tres sentencias anteriormente mencionadas desestiman la misma pretensión que ahora pretende reabrirse, señalando que concurren los presupuestos de la cosa juzgada contemplados en los artículos 175 a 179 del Código de Procedimiento Civil, por existir identidad de objeto, de causa y, atendido que los litigantes pertenecen al mismo núcleo familiar y habitan un mismo inmueble, también identidad sustancial de personas.

Expone que la Excma. Corte Suprema ha reiterado que el recurso de protección constituye una acción cautelar destinada a amparar derechos preexistentes e indubitados, pero no una instancia para declarar derechos discutidos, añadiendo que el derecho invocado por la recurrente carece precisamente de ese carácter, pues su existencia y validez han sido objeto de controversia judicial y rechazadas en resoluciones anteriores.

Alega la inexistencia de la servidumbre de paso, señalando que el artículo 820 del Código Civil exige determinados requisitos para la existencia de una servidumbre predial, afirmando que dichos requisitos no concurren porque no existe escritura pública constitutiva; no se individualizan el predio sirviente y el dominante; el plano elaborado por CONADI no determina ancho, trazado ni ubicación precisa; no existe inscripción en el Conservador de Bienes Raíces; el plano de CONADI constituye únicamente un documento técnico y no un título jurídico.

Respecto de la servidumbre legal de tránsito regulada en el artículo 847 del Código Civil, señala que la recurrente tampoco acredita que su inmueble carezca de acceso al camino público. Por el contrario, sostiene que existe un acceso ubicado a escasa distancia del camino principal, utilizado por la recurrente y su familia desde el año 2019, constituyendo además la vía natural y menos gravosa, añadiendo que tampoco se cumple el requisito consistente en el pago previo de la indemnización al propietario del predio sirviente.

Argumenta que la copropiedad hereditaria no constituye servidumbre, indicando que la calidad de copropietaria invocada por la recurrente respecto de la Hijuela N° 32 no le confiere facultades para imponer gravámenes sobre el inmueble común, añadiendo que la constitución de una servidumbre requiere un título constitutivo que cumpla las solemnidades legales previstas en el artículo 820 del Código Civil, circunstancia inexistente en la especie.

Considera que la conducta de la recurrente es temeraria, toda vez que ella y sus familiares han deducido diversos recursos de protección (Roles N° 1526-2025, 1590-2025, 1620-2025 y el presente), todos relativos al mismo conflicto acerca de la supuesta servidumbre, señalando que todos ellos han sido rechazados, salvo el Rol N° 1526-2025, cuyo fallo favorable es posteriormente revocado por la Corte Suprema, afirmando que la insistencia en promover nuevas acciones sobre una materia ya resuelta, omitiendo informar la existencia de pronunciamientos desfavorables anteriores, constituye una actuación procesal temeraria y de mala fe, invocando el numeral 16 del Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección para solicitar la condena en costas.

Finalmente, solicita que se tenga por evacuado el informe; se rechace íntegramente el recurso por extemporáneo; en subsidio, rechazarlo por existir cosa juzgada; rechazarlo además por inexistencia de la servidumbre alegada; declarar que el predio de doña nombre reservado, correspondiente a la Hijuela 32-F, ubicada en Camino Maquehue Las Lomas, Kilómetro 22, comuna de Padre Las Casas, no se encuentra gravado con servidumbre alguna y que se condene en costas a la recurrente por su conducta temeraria.

Se acompañan los siguientes documentos: a) Copia de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 1590-2025. b) Copia de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 1620-2025. c) Copia de la sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 29.990-2025. d) Copia de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 1526-2025. e) Impresiones de fotografías satelitales históricas obtenidas desde Google Earth correspondientes a los años 2014 a 2016, destinadas a ilustrar la evolución del sector y la ubicación de la supuesta servidumbre. f) Certificados médicos de doña nombre reservado. g) Captura de pantalla de un comprobante de transferencia bancaria correspondiente al pago efectuado a la empresa Constructora Peldoza Ltda., por servicios de remoción de tierra. h) Captura de pantalla de un comprobante de pago efectuado a la empresa Agrícola Antumapu SpA por servicios de remoción de tierra. i) Copia de un intercambio de correos electrónicos entre nombre reservado y el Secretario de la Oficina de Conciliación de CONADI, acompañado para acreditar la inexistencia de un procedimiento de conciliación relativo a la supuesta servidumbre. j) Documento reservado, respecto del cual solicita se decrete reserva absoluta por tratarse de antecedentes personales y familiares.

Asimismo, se incorporan, como respaldo documental fotografías de documentos médicos correspondientes a la atención y exámenes de salud de doña nombre reservado, imágenes de comprobantes electrónicos de transferencias bancarias efectuadas a empresas que prestan servicios de movimiento de tierra, imágenes de correos electrónicos intercambiados con funcionarios de CONADI, en los que se consulta sobre antecedentes relacionados con la supuesta servidumbre y el expediente administrativo respectivo, acompañándose además reproducciones del plano y documentos mencionados en dicha correspondencia.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que la controversia planteada por la recurrente se funda en la existencia de una supuesta servidumbre de tránsito que permitiría acceder al inmueble que ocupa, sosteniendo que ésta tendría origen en un acuerdo alcanzado en un procedimiento de conciliación desarrollado ante CONADI durante el año 1995, cuya materialización habría permitido el uso continuo del camino por más de treinta años.

Cuarto: Que, la recurrida opuso la excepción de extemporaneidad de la acción, argumentando en síntesis que conforme al propio recurso, los hechos denunciados (consistentes en la destrucción de un supuesto camino mediante maquinaria pesada) ocurren los días 15 y 17 de diciembre de 2025, reconociéndose incluso que el hijo de la recurrente, Joel, tomó conocimiento directo de los hechos en esa misma fecha, añadiendo que el recurso fue interpuesto el 17 de febrero de 2026, esto es, más de dos meses después de ocurridos los hechos, excediendo ampliamente el plazo de treinta días establecido por el Auto Acordado, razón por la cual solicita su rechazo por extemporáneo.

Asimismo, alegó la existencia de cosa juzgada, afirmando que las tres sentencias mencionadas en su informe desestiman la misma pretensión que ahora pretende reabrirse, señalando que concurren los presupuestos de la cosa juzgada contemplados en los artículos 175 a 179 del Código de Procedimiento Civil, por existir identidad de objeto, de causa y, atendido que los litigantes pertenecen al mismo núcleo familiar y habitan un mismo inmueble, también identidad sustancial de personas.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad será desestimada, desde que la perturbación denunciada reviste carácter permanente y sus efectos continúan produciéndose al momento de interponerse el recurso, manteniéndose la imposibilidad de acceso al inmueble, circunstancia que renueva diariamente la afectación constitucional invocada.

Sexto: Que tampoco puede prosperar la alegación de cosa juzgada, toda vez que los antecedentes acompañados no permiten establecer la concurrencia de la triple identidad exigida por los artículos 175 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, aun cuando la recurrida acompaña diversas sentencias recaídas en recursos de protección promovidos por familiares de la actual recurrente respecto de un conflicto relacionado con el mismo inmueble y la utilización del camino cuya existencia se discute, de su sola lectura aparece que la acción actualmente ejercida se funda en hechos que se afirman ocurridos con posterioridad a aquellos que dieron origen a los recursos anteriores, consistentes en la destrucción material del camino mediante el empleo de maquinaria pesada durante el mes de diciembre de 2025, circunstancia que constituye un presupuesto fáctico diverso del conocido en dichas causas.

Por otra parte, atendida la naturaleza cautelar del recurso de protección, las decisiones pronunciadas en ese procedimiento se limitan a resolver si concurren los presupuestos necesarios para otorgar tutela urgente frente a una determinada situación de hecho, sin producir, por regla general, efectos propios de una sentencia declarativa acerca de la existencia o inexistencia definitiva de los derechos discutidos, cuestión que queda reservada al procedimiento de lato conocimiento correspondiente.

En consecuencia, no verificándose en la especie la triple identidad de personas, cosa pedida y causa de pedir exigida por la ley para la procedencia de la excepción de cosa juzgada, ésta será igualmente rechazada.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo, de los antecedentes acompañados por ambas partes aparece de manifiesto que precisamente la existencia, naturaleza jurídica, extensión y eficacia del supuesto derecho de servidumbre constituye el punto central del conflicto existente entre las partes.

En efecto, mientras la recurrente sostiene que el acuerdo conciliatorio dio origen a una servidumbre cuya utilización se mantuvo durante largo tiempo, la recurrida niega categóricamente su existencia, afirmando que dicho acuerdo nunca constituyó un gravamen real conforme a las exigencias previstas por el Código Civil, agregando que el camino cuya destrucción se denuncia forma parte de su propio inmueble.

Octavo: Que esta controversia no puede ser resuelta mediante la presente acción cautelar, por cuanto exige determinar previamente la existencia de derechos reales cuya constitución, alcance y oponibilidad son objeto de discusión entre las partes, cuestión que necesariamente requiere un procedimiento de lato conocimiento con amplitud probatoria.

En consecuencia, el derecho cuyo restablecimiento se solicita carece del carácter de indubitado que exige la procedencia del recurso de protección.

Noveno: Que esta conclusión se ve corroborada por los antecedentes acompañados por la recurrida, de los cuales aparece que conflictos sustancialmente similares han sido previamente sometidos al conocimiento de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema, oportunidad en que se ha sostenido que la acción de protección no constituye la vía idónea para resolver controversias relativas a la existencia de servidumbres o derechos derivados de relaciones hereditarias cuando éstos son objeto de discusión entre las partes.

Lo anterior reafirma el carácter debatido del derecho invocado, circunstancia incompatible con la naturaleza cautelar de la presente acción constitucional.

Décimo: Que, aun cuando la recurrente califica la actuación denunciada como un acto de autotutela destinado únicamente a alterar una situación de hecho preexistente, dicha alegación supone necesariamente aceptar la existencia y legitimidad del uso del camino cuya protección solicita, presupuesto que precisamente constituye el objeto de la controversia y cuya determinación excede el ámbito propio de este procedimiento cautelar.

En consecuencia, no resulta posible disponer las medidas solicitadas sin efectuar previamente una declaración sobre derechos cuya existencia se encuentra discutida, lo que escapa al objeto del recurso de protección.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, Se Rechazan, sin costas, las excepciones de extemporaneidad y cosa juzgada deducidas por la recurrida.

II.-Que Se Rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Cristian Andrés Hurtado Cáceres, en representación de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Titular José Héctor Marinello Federici.

Rol N° Protección-572-2026 (cwm).