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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 5704-201812 feb 2019

nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Fecha
12 de febrero de 2019
Corte
Corte de Apelaciones de Temuco
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 5704-2018, sentencia de 12 de febrero de 2019

Resumen

Se rechaza la protección: el timbraje restringido no es ilegal ni arbitrario, pues la verificación se ajusta a la Circular 10 de 1998 y no se acreditó el envío de notificaciones a otros domicilios.

Texto íntegro

C.A. de Temuco Temuco, doce de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 26 de octubre del año 2018, comparece don Albert Aquiles Sanchez Carrasco, abogado, en representación de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos Temuco, Rut Nº RUT reservado representada por don nombre reservado A., o quien lo subrogue o reemplace, con domicilio en domicilio reservado.

Funda la acción constitucional señalando que el día 22 de mayo del año 2018, el departamento de fiscalización del servicio de impuestos internos (nombre reservado) citó a su representado a sus dependencias, para fiscalizar a la EMPRESA CONSTRUCTORA LA PAZ LIMITADA RUT, 76.246.809-3, citación a la cual Don nombre reservado asiste, y la fiscalizadora le solicitó facturas de venta, contratos de obra, facturas de proveedores, las cuales se entregaron de inmediato, haciendo presente que no le entregaron en ese momento acta de recepción de dicha documentación, y en palabras la fiscalizadora “le señala a mi representado que estaba cometiendo FRAUDE TRIBUTARIO” por tener ella en su poder declaraciones juradas de otros contribuyentes que Don nombre reservado no conocía.

Aclara que su representado lleva la documentación que pudo rescatar de su ex contador, ya que el en el mes de marzo de 2017 había fallecido.

Agrega que ese mismo día la fiscalizadora bloqueo la empresa CONSTRUCTORA ALTIPLANO SPA, Rut: RUT reservado

Expone que después que falleció el contador de su representado, contrata el 25 de mayo del 2018 los servicios de don nombre reservado nuevo contador para que se hiciera cargo de la contabilidad de su empresas.

Afirma que el nuevo contador siguió presentando la documentación solicitada, pero la recurrida siguió manteniendo bloqueadas sus empresas, luego de esto se envió un reclamo formal a la directora del S.I.I. pidiendo información del porqué las otras empresas de su representado también se encontraban bloqueadas siendo que, estaban con su documentación en regla.

Asevera que hasta el día de hoy la directora del S.I.I. no le ha dado respuesta alguna, luego de esto la Sra. nombre reservado, le señaló a su representado que la empresa ALTIPLANO SPA, también se iba a revisión con el Sr. de apellido Moreno, en circunstancias que desde el día 22 de mayo a 20 de agosto 2018, la empresa siempre estuvo bloqueada y hasta el día de hoy, solo le han dado 6 folios para facturar, pero para su representado no son suficientes, porque no ha podido cobrar todos sus trabajos.

Sostiene que como la empresa ALTIPLANO SPA, también se encuentra bloqueada no puede pagar los impuestos mensuales F29, no puede facturar, ni tampoco lo dejan hacer convenios para pagar impuestos.

Añade que con la empresa CONSTRUCTORA, COMERCIAL, AGRICOLA, GANADERA, FORESTAL Y SERVICIOS CONEXOS nombre reservado E.I.RL. Rut:RUT reservado, a pesar de que cumpliendo con todo lo requerido por el S.I.I., de igual forma bloquean antojadizamente la facturación, al igual que las empresas ya mencionadas, y a esta empresa tampoco dejan girar impuestos para pagar.

Manifiesta que todas las empresas de su representado se encuentran bloqueadas, no ha podido cobrar sus trabajos, ni desarrollar libremente sus actividades, y es por ello que se ha solicitado en reiteradas ocasiones al S.I.I. que lo dejen declarar sus impuestos para luego hacer convenio en Tesorería General de La República.

Asevera que el problema mayor se ha originado es que han ido en reiteradas ocasiones a dejar documentación e información privada de las empresas de su representado a sus vecinos, conocidos, familiares, esto es a 5 km. de la casa matriz de la empresa Constructora La Paz Limitada, el sector donde se encuentra la casa matriz.

Indica que teniendo todos el S.I.I. los datos de su representado, por correo electrónico, teléfono y dirección no se han dado el trabajo de contactarse con él o acordar horario de visita a entregar dicha información.

Destaca que en el domicilio personal de Temuco de su representado también han ido a dejar documentación y no siendo la dirección de las empresas, ocurre que su representado se ha presentado alrededor de tres veces por semana en el S.I.I,. desde el 22 de Mayo de 2018 a la fecha para poder arreglar su situación y ellos no lo notifican.

Arguye que los derechos de su representado han sido vulnerados tanto de manera empresarial como personal, ya que la gente a la cual se le ha entregado la información dicen ahora que él es un estafador, esto debido ha que el S.I.I. no se ha dado el trabajo de entregar la información donde corresponde, esto es, en su dirección que es Parcela 15 Lote 1 A 3 Sector el Esfuerzo, Comuna de Cunco.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario y de la garantía constitucional afectada, señala que conforme a lo explicado, se trata de una decisión arbitraria, que ha vulnerado las diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado.

En primer lugar el articulo 19 Nº 5 de la Constitución Política de la República, esto es, La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, el hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la Ley.

Seguidamente señala que se ha vulnerado el articulo 19 Nº 16 del texto Constitucional, es decir, la libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos.

Pide que en definitiva se acoja, con costas, la acción de protección, declarando específicamente, como medida de protección, que se deja sin efecto la medida de bloqueo en contra de las empresas de don nombre reservado, y se ordene a la recurrida que debe liberar a dichas empresas para que así pueda ejercer su derecho constitucional al libre trabajo, sin perjuicio de otras medidas de protección que esta Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, con expresa condena en costas.

A folio 10, con fecha 23 de noviembre del año 2018, informó don nombre reservado, Director Regional de la IX Dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Después de exponer los antecedentes del recurso interpuesto hace una breve referencia de la situación tributaria de cada una de las empresas del Sr. nombre reservado, con el objeto de aclarar aquellos puntos que considera confusos que fueron expuestos por el recurrente.

Señala que de acuerdo a la información que obra en su registros, el contribuyente don nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, es socio y representante legal de las siguientes empresas: a) Rut RUT reservado, Constructora, Comercial, Agrícola, Ganadera, Forestal y Servicios conexos nombre reservado E.I.R.L., fecha incorporación 29-05-2018; con un 100% de participación sobre el capital y un 100% de participación sobre las utilidades; b) Rut RUT reservado, Sociedad Constructora La Paz Limitada, fecha incorporación 12-11-2012; con un 10% de participación sobre el capital y un 10% de participación sobre las utilidades; y c) Rut RUT reservado, Constructora e Inmobiliaria Altiplano SpA,, fecha incorporación 30-06-2017; con un 100% de participación sobre el capital y un 100% de participación sobre las utilidades.

Explica que todas ellas han sido mencionadas en el libelo de autos y, según el recurrente, se encuentran bloqueadas por el Servicio de Impuestos Internos.

En primer lugar se refiere a la Sociedad Constructora La Paz Limitada, Rut RUT reservado, indicando que de acuerdo a la información registrada en el Sistema de Información Integrado del Contribuyente ("SIIC"), esta empresa registra inicio de actividades con fecha 12 de noviembre del año 2012, como contribuyente de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta de Primera Categoría, en el giro de Terminación y Acabado de Edificios y durante el año 2018, además, realizó ampliación de giro por internet, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha Descripción CAT AFECTAIVA 28-04-2018 Otros Servicios De Apoyo A La Silvicultura N.C.P.

1 SÍ 28-04-2018 Venta Al Por Mayor De Madera En Bruto Y Productos Primarios De La Elaboración De Madera 1 Sí

28-04-2018 Alquiler De Maquinaria Y Equipo Agropecuario, Forestal, De Construcción E lng. Civil, Sin Operarios 1 Sí

08-05-2018 Fabricación De Computadores Y Equipo Periférico 1 Si 08-05-2018 Venta Al Por Menor De Computadores, Equipo Periférico, Programas Informáticos Y Equipo De Tlecom..

1 Si

08-05-2018 Actividades De Consultoría De Informática Y De Gestión De Instalaciones Informáticas 1 Si

Indica que al momento de solicitar la primera ampliación de giro, la contribuyente requirió, en esa misma oportunidad, verificación de actividades, generándose de esta forma la anotación causal 1006 (condicionada a: presentar según corresponda: contrato de compra venta, contrato arriendo / compra maquinarias, contrato arriendo / compra instalaciones, facturas de proveedores).

Agrega que con fecha 04.05.2018, funcionarios del Servicio realizaron la verificación señalada en terreno, la que quedó con resultado negativo, por lo que, con fecha 7 de mayo de 2018, se anuló la anotación 1006, y se ingresó la observación de timbraje Nº 100, indicando: VATN (Verificación de Actividades Negativa), anotación que implica que la visita en terreno, demuestra que el contribuyente no cumple siguiera las condiciones mínimas para realizar la actividad que él declaró o aún está en proceso de obtener los medios para comenzar a realizarla, de modo que los antecedentes aportados no justifican que pueda obtener folio o timbraje de documentos que dan derecho a crédito fiscal de IVA.

Señala que posteriormente, con fecha 08 de mayo de 2018, la contribuyente efectúo una nueva ampliación de giro, y, en consecuencia, solicitó una nueva verificación de actividades, por lo que, se volvió a generar la Anotación 1006 (Verificación de Actividades condicionada a la presentación: contrato de compra venta, contrato arriendo / compra maquinarias, contrato arriendo / compra instalaciones, facturas de proveedores).

Afirma que en forma paralela, y de manera centralizada, con fecha 9 de mayo de 2018, se registró la anotación Causal 1101, "Debe realizar Verificación Actividad en Oficina"; la que procede frente a la existencia de facturadores electrónicos marcados con atributos de riesgo alto o medio y cuya última Verificación de Actividades en Terreno haya resultado negativa, esta observación es consecuencia de la VATN de fecha 04 de mayo de 2018.

Hace presente que, con fecha 11 de mayo de 2018, se efectúo una segunda visita en terreno, la que también quedó con resultado negativo, por lo que se ingresó una vez más la Observación de timbraje Nº 100: VATN.

Añade que, finalmente, según los registros del Departamento de Asistencia, la contribuyente solicitó una nueva verificación de actividades, con fecha 19 de julio del año 2018, la que se llevó a cabo el día 20 de julio pasado, arrojando también esta diligencia un resultado negativo, ingresándose la observación de timbraje Nº 100 VATN.

Arguye que, en consecuencia, esta contribuyente, a la fecha, mantiene Verificación de Actividades Negativa (VATN), con observaciones de timbraje, por visitas realizadas con fecha 04 de mayo de 2018 y 20 de julio de 2018, en virtud de las cuales, no puede obtener folios para la emisión de documentos tributarios electrónicos que dan derecho a crédito fiscal de IVA.

Puntualiza que, además, esta contribuyente tiene las siguientes anotaciones en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario: a) Causal 52, "Preventivo del Jefe del Departamento", de fecha 09 de mayo de 2018, que consigna: "Declara créditos fiscales inexistentes"; b) Causal 45, "No Ubicado, Verificación de Actividades o de Facturas", de fecha 05 de septiembre de 2018; por cuanto, según informe de verificación de facturas solicitado por la XX Dirección Regional Chillán, se pudo constatar que "Visitado el domicilio del contribuyente ubicado en domicilio reservado, corresponde a predio Agrícola sin instalaciones. Se entrevistó a madre de nombre reservado, representante legal de la sociedad, indicó que tanto su hijo como la Sociedad Constructora la Paz Ltda. nunca han desarrollado alguna actividad comercial en el lugar. además señala que ella dio por vendida la nuda propiedad de lotes a sus hijos de la parcela 15, pero se quedó con el usufructo, por lo tanto, sus hijos no pueden hacer uso de los lotes hasta después de su fallecimiento."; c) Causal 4103, "Procedimiento Pendiente de Recopilación Antecedentes", de fecha 07 de septiembre de 2018, por un procedimiento desarrollado por la IX Dirección Regional Temuco. En éste, el recurrente de autos, prestó declaración jurada con fecha 10 de mayo y 22 de octubre de 2018; d) Causal 42, "inconcurrente Notificación", de fecha 10 de septiembre de 2018, por notificación de fecha 04 de septiembre de 2018; mediante la cual se le solicitaba la verificación de la Factura Nº76; y e) Causal 1101, "Debe realizar Verificación Actividad en Oficina", ingresada con fecha 09 de mayo de 2018.

Por último, señalar que, con fecha 7 de mayo de 2018, la contribuyente obtuvo folio para la emisión de facturas electrónicas, desde el Nº 2 al Nº 104, quedándole 15 folios disponibles para emisión.

Respecto al proceso de fiscalización referido en el libelo, seguido en contra de esta contribuyente, hace presente que mediante notificación de fecha 17 de abril del 2018, en el marco del programa nacional de fiscalización, denominado "No Declarante F29 Documento Tributario Electrónico 2017", la contribuyente fue requerida para que presentara, con fecha 24 de abril del mismo año, facturas de proveedores del periodo de enero a diciembre de 2017, notificación que se efectuó en el domicilio declarado, ante el Servicio de Impuestos Internos, ubicado en domicilio reservado, haciendo presente que, esa notificación, fue recibida por la señora nombre reservado, quien indicó ser la madre de don nombre reservado, representante legal de la contribuyente.

Sostiene que con fecha 4 de junio de 2018, previa solicitud de dos prórrogas para presentar los antecedentes, el Sr. nombre reservado dio respuesta al requerimiento, presentando el F.3228, sobre "Aviso-Informe, Pérdida-Inutilización de Documentos", por las facturas de proveedores de junio a diciembre de 2016; enero, febrero y julio de 2017; y libro de compra ventas del periodo de junio de 2016 a julio de 2017, por lo que se le notificó personalmente, con fecha 23 de julio del 2018, en las dependencias del Servicio de Impuestos Internos, ubicado en Claro Solar Nº 873, 2º piso, Temuco, "Acta de Denuncia" y "Res. Ex. Nº 77318086228", de igual fecha, que ordenaba la reconstitución y exhibición a este Servicio, de la contabilidad de la Sociedad Constructora La Paz Limitada, dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación de dicha resolución, haciendo presente que, a la fecha, la contribuyente no había exhibido dicha documentación.

Añade que posteriormente, mediante notificación personal, efectuada al Sr. nombre reservado, de fecha 02 de agosto de 2018, se requirió a la contribuyente la presentación, con fecha 09 de agosto de 2018, de contratos de obra y estados de pago, de los períodos de junio del año 2016 a esa fecha, que acreditaran las ventas del período; y, presupuestos, si los hubiera, de los mismos periodos.

Explica que el recurrente se presentó personalmente, el día 13 de agosto de 2018, indicando que estaba reuniendo la documentación requerida; luego, el día 20 de agosto, presentó parte de la documentación solicitada, emitiéndose el Acta de Recepción respectiva.

Sostiene que con fecha 22 de octubre de 2018, la contribuyente, puso a disposición de ese Servicio el Libro de compras y ventas, del período junio de 2016 a julio de 2017, y las facturas de proveedores de los períodos de junio de 2016 a julio de 2017, por lo que se le entregó acta de recepción, de igual fecha.

En segundo lugar se refiere a la Empresa Constructora e Inmobiliaria Altiplano SpA, Rut RUT reservado, indicando que de acuerdo a la información registrada en el SIIC, esta empresa registra inicio de actividades con fecha 21 de julio del año 2017, como contribuyente de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta de Primera Categoría, en los siguientes giros:

Fecha Descripción CAT AFECTA IVA 21-07-2017 Construcción De Edificios Para Uso Residencial 1 Si 21-07-2017 Terminación Y Acabado De Edificios 1 Sí Asevera que al momento de dar aviso de inicio de actividades, la contribuyente requirió, en esa misma oportunidad, verificación de actividades, generándose de esta forma la anotación causal 1006 (Verificación de Antecedentes condicionada a: acreditar contrato de obra, trabajadores, maquinarias y herramientas, materiales), ya señalada, haciendo presente que, respecto de estas actividades, no se realiza verificación en terreno, debiendo el contribuyente concurrir a la oficina del Servicio de Impuestos Internos dentro de un plazo máximo de 3 meses, en el que debe presentar los documentos que se le requirieron al mismo momento de efectuar su solicitud.

Indica que con fecha 09 de mayo de 2018, se detectó que la contribuyente había declarado créditos fiscales sin que estos tengan respaldo documentario, razón por la cual se incorporó, al sistema, la anotación causal 52 y como no había acreditado actividad, dentro de los 3 meses señalados, se colocó la verificación de actividad con resultado negativo.

Señala que con fecha 18 de julio del 2018, el representante legal de la contribuyente, se presentó a solicitar verificación de actividades, notificándosele que debía presentar documentación para acreditar esta actividad y, además, se le señaló que debía rectificar los períodos en los cuales declaró crédito fiscal sin respaldo documentario, haciendo presente que, a esa fecha, no había presentado documentación alguna para subsanar las observaciones señaladas.

Explica que, en consecuencia, al igual que en el caso anterior, esa Sociedad mantiene Verificación de Actividades negativa.

Asimismo, señala que, la contribuyente, presenta las siguientes anotaciones: a) Causal 52, "Preventivo del Jefe del Departamento", por declarar créditos fiscales inexistentes, la que fue ingresada con fecha 09 de mayo de 2018; b) Causal 1101, "Debe realizar Verificación Actividad en Oficina", ingresada con fecha 18 de mayo de 2018; c) Causal 4310, período sin declaración F29, por los períodos tributarios 07-2018, 08-2018 y 09-2018.

Indica que en relación con el proceso de fiscalización seguido en contra de esa empresa, hace presente que dicho contribuyente se encuentra en proceso de auditoría, respecto de los periodos tributarios de julio del 2017 a junio del año 2018, en relación con el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta; habiéndosele realizado requerimiento de antecedentes, con fecha 07 de agosto de 2018, mediante Notificación Nº 172, la que fue efectuada por cédula, en el domicilio que informó ante dicho Servicio, ubicado en domicilio reservado, sin que la contribuyente haya dado respuesta al requerimiento señalado.

Añade que con fecha 28 de agosto de 2018, presenta F.3228. sobre "Aviso-Informe, Pérdida-Inutilización de Documentos", por la pérdida de facturas de proveedores desde el mes de agosto de 2017 al mes de diciembre del mismo año; y por los meses de enero a junio del año 2018, producto de lo anterior, con fecha 12 de septiembre del 2018, se le notificó, en el domicilio previamente indicado, "Acta de Denuncia de Infracción" de igual fecha, con fecha 30 de septiembre de 2018, la contribuyente, en forma extraordinaria, solicitó autorización para la obtención de folio para la emisión de facturas electrónicas, autorizándosele desde el Nº 2 al Nº 34.

Finalmente se refiere a la Sociedad Constructora, Comercial, Agrícola, Ganadera, Forestal y Servicios Conexos nombre reservado E.I.R.L Rut RUT reservado, indicando que de acuerdo a la información registrada en el SIIC, esta empresa registra inicio de actividades como contribuyente de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta de Primera Categoría, en los siguientes giros:

Fecha Incorporación Fecha Acción Descripción CAT Afecta IVA Acción 29-05-2018 24-07-2018 Venta Al Por Menor De Carbón, Leña Y Otros Combustibles De Uso Doméstico En Comercios Especializados 1 Si Eliminado 29-05-2018 -- Terminación Y Acabado De Edificios 1 Si Vigente 30-06-2018 24-07-2018 Cultivo De Productos Agrícolas En Combinación Con La Cría De Animales (Explotación Mixta)

1 Si Eliminado 29-08-2018 01-11-2018 Actividades De Apoyo A La Agricultura 1 Si Eliminado 29-08-2018 01-11-2018 Otros Servicios De Apoyo A La Silvicultura N.C.P.

1 Si Eliminado 29-08-2018 01-11-2018 Actividades De Apoyo A La Ganadería 1 Si Eliminado 29-08-2018 -- Actividades De Apoyo A La Agricultura 1 Si Vigente 29-08-2018 -- Actividades De Apoyo A La Ganadería 1 Si Vigente 29-08-2018 -- Otros Servicios De Apoyo A La Silvicultura N.C.P.

1 Si Vigente Precisa que, con fecha 29 de mayo de 2018, dio aviso de inicio de actividades y por ser una contribuyente que por primera vez debía emitir documentos tributarios electrónicos, solicitó, a través de la página web de este Servicio, Verificación de Actividad, la que se llevó a cabo, con fecha 30 de mayo de 2018, en el domicilio informado ante esta repartición, ubicado en domicilio reservado, el que correspondía a un departamento en condominio cerrado. En dicha oportunidad, se le solicitó que acreditara las actividades: obras menores en construcción y comercializadora de frutos del país, leña y carbón; y, además, que informara la ubicación de la sucursal donde iba a realizar la actividad de comercialización de frutas, sin que la contribuyente presentase al servicio documentación alguna para acreditar las mismas, por lo que el resultado de esa diligencia fue negativo, generándose las anotaciones respectivas.

Refiere que, posteriormente, el 30 de junio del 2018, la contribuyente amplió el giro declarado, por lo que, con fecha 05 de julio del 2018, se le efectuó una nueva Verificación de Actividad en Terreno, en el domicilio señalado; oportunidad en que se le pidió que acreditara su actividad agrícola, ya que sólo tenía informado el domicilio ubicado en domicilio reservado, donde obviamente no podía realizar ésta; y, además, como era una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, se le indicó que debía señalar, en su razón social, la totalidad de las actividades económicas que iba a efectuar, ocurriendo que, nuevamente, la contribuyente no presentó documentación alguna para acreditar estas actividades; resultando esa verificación con resultado negativo.

Posteriormente, el día 06 de julio de 2018, vía internet, la contribuyente solicita nueva verificación de actividades, la que se llevó a cabo el día 9 de julio de 2018, en el domicilio señalado, oportunidad en la cual se le recordó que debía informar la sucursal donde iba a realizar la actividad agrícola; no presentando documentación alguna para acreditar ésta.

Manifiesta que el día 10 de julio de 2018, automáticamente, se ingresa la anotación Causal 1101, "Debe realizar verificación de actividades en oficina", en virtud de las dos verificaciones de actividades negativas anteriores.

Añade con 09 de agosto de 2018, el representante legal de la contribuyente, concurre al Servicio a solicitar verificación de actividades; lo anterior por cuanto presentaba la anotación causal 1101, oportunidad que acompaña antecedentes que, revisados, no fueron suficientes para subsanar la anotación.

Explica que con fecha 5 de septiembre de 2018, se efectúo una Verificación de Actividad en Terreno, esta vez de la sucursal ubicada en Camino Parral Bullileo S/N Parral, la que recién informó con fecha 30 de agosto de 2018, indicando que el resultado de esta verificación, se hace presente que, en la visita se pudo constatar la presencia de 20 animales; cuya compra se pretendió acreditar con la Factura Electrónica Nº 63, emitida por la empresa Servicios de Construcciones San Pedro SpA, Rut Nº RUT reservado, la cual, según la información que obra en poder de ese Servicio, no ha efectuado compras durante los 3 meses que lleva operando; tratándose, al parecer, sólo de un traspasador de IVA, haciendo presente que, a esa fecha, esa empresa lleva emitiendo facturas con un débito fiscal de $229.951.445, y declarando un crédito fiscal de $192.840.000, que no tienen respaldo documentario.

Afirma que, al igual que en los casos anteriores, esta contribuyente mantiene verificación de actividades negativa (VATN).

Agrega que esta empresa, además, tiene las siguientes anotaciones en el Sistema de Información Integrada del Contribuyente: a) Causal 1101, "Debe realizar verificación de actividades en oficina", ingresada con fecha 10 de julio de 2018; b) Causal 1006, "Verificación de actividades condicionada", a la presentación de facturas de proveedores, ingresada con fecha 13 de septiembre de 2018; y c) Causal 52, "preventivo del jefe del departamento", ingresada con fecha 26 de julio de 2018.

Indica que el 04 de octubre de 2018, la contribuyente, en forma extraordinaria, solicitó autorización para la obtención de folio para la emisión de facturas electrónicas, autorizándosele desde el Nº 2 al Nº 9, quedándole un folio disponible.

A continuación expone algunas consideraciones respecto del trámite de timbraje de documentos y el procedimiento de verificación de actividades.

Hace presente que, la autorización y/o el timbraje de documentos es un procedimiento que legaliza los documentos necesarios para respaldar las diferentes operaciones que los contribuyentes realizan, al llevar a cabo sus actividades económicas, y que consisten en la autorización del Servicio de Impuestos Internos de rangos de documentos a emitir por medio electrónico y/o aplicación de un timbre seco en cada documento y sus copias.

Explica que este trámite, debe ser realizado por todos los contribuyentes Personas Naturales, Jurídicas, chilenas o extranjeras, y otros entes sin personalidad jurídica, que hayan hecho inicio de actividades, ya sea como contribuyentes de 1ª o 2ª Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Destaca que, los contribuyentes de 1ª Categoría que deseen autorizar o timbrar documentación, que respalda operaciones afectas a IVA, y que dan derecho a Crédito Fiscal por dicho IVA (Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito, Guías de Despacho, etc.), deben haber sido previamente verificados en su actividad en forma positiva, esto último, corresponde a una evaluación de los antecedentes presentados por el contribuyente, así como de los que están en poder del Servicio, destinada a establecer si se realizará efectivamente la actividad declarada.

Explica que el objetivo fundamental de la Verificación de Actividades, es evitar que algunas personas o empresas inicien actividades con el objetivo de obtener documentos timbrados en el Servicio, que posteriormente respaldarán transacciones inexistentes o sencillamente se utilizarán para su comercialización. En consecuencia, no se podrá autorizar la obtención de folio o timbraje de documentos con derecho a crédito fiscal de IVA, a aquellos contribuyentes que no hayan pasado con éxito esta verificación.

Concluye que de esta manera, y conforme establece el artículo 26 en relación con el artículo 6º, A), Nº 1º, ambos del Código Tributario, mediante la Circular Nº 10, de 20 de enero de 1998, se impartieron las instrucciones sobre la verificación de actividades, regulando la forma mediante la cual los contribuyentes deben prestar declaración jurada y los demás antecedentes que el Servicio requiere. Por otra parte, cabe recordar que, los incisos primero y segundo del artículo 8 ter del Código Tributario, expresamente señalan que:

"Artículo 8º ter- Los contribuyentes tendrán derecho a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad. Para ejercer esta opción deberá darse aviso al Servicio en la forma que éste determine.

En el caso de los contribuyentes que por primera vez deben emitir dichos documentos, la autorización procederá previa entrega de una declaración jurada simple sobre la existencia de su domicilio y la efectividad de las instalaciones que permitan la actividad o giro declarado, en la forma en que disponga el Servicio de Impuestos Internos".

Es en este contexto que hace presente que, al momento de dar aviso de inicio de actividades o ampliación de giro, los contribuyentes pueden obtener provisoriamente autorización para la obtención de folios, para la emisión de documentos tributarios electrónicos; la que, siempre va a quedar condicionada a una verificación de actividades con resultado positivo, debiendo los contribuyentes deberán lo dispuesto en la Circular referida y en caso de no cumplir, no podrán obtener más autorización de folios, ni timbraje de documentos en papel.

Seguidamente indica otros antecedentes que considera relevantes, señalando que relación con la afirmación del recurrente, de que habría presentado un reclamo formal al Director del Servicio, respecto del cual no ha recibido respuesta alguna, señala que con fecha 27 de julio de 2018, el recurrente presenta un requerimiento, dirigido a la Directora Regional de Temuco, en el que solicita se emita acta de recepción de documentos puestos a disposición de fiscalizadora, Srta. nombre reservado, desde el 22 de mayo de 2018, que corresponden a los periodos noviembre de 2016 a abril de 2018, haciendo presente, que se le solicitó, tras la verificación en terrero de fecha 19 de julio de 2018, rectificar los formularios de impuestos mensuales de los periodos agosto de 2017 a marzo de 2018, documentación que se encuentra en poder de la fiscalizadora; y con fecha 30 de julio de 2018, reitera su solicitud al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos; quien la deriva a la Dirección Regional respectiva. De esta forma, en respuesta a las solicitudes antes señaladas, mediante Ord. Nº 12, de fecha 31.08.2018, del Sr. Director Regional de Temuco, le informa a don nombre reservado, en su calidad de representante legal de Sociedad Constructora La Paz Ltda., (i) su situación relativa a la notificación Folio Nº 971007 y Acta de Denuncia y Res. Ex. Nº 77318086228, para reconstitución de contabilidad y (ii) que no es posible emitir acta de recepción de documentos, por cuanto son Borradores de F 29 y copia de documentos que se encuentran en la base de datos del Servicio, aseverando que el recurrente falta a la verdad al señalar que "se envió un reclamo formal a la directora [sic] del SII, pidiendo información del porque las otras empresas de mi representado, también se encontraban bloqueadas, siendo que estaban con su documentación en regla" indicando, además, que no se le había dado respuesta.

A continuación alega la improcedencia del recurso de protección, señalando que conforme al artículo 20 en relación al artículo 19 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema del año 2015, el Recurso de Protección es una acción que la misma Constitución concede a todas las personas que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y los derechos respecto de los cuales se puede presentar este recurso, se encuentran contemplados en el artículo 20 de la Carta Magna, que establece cuáles de los numerales del artículo 19 citado quedan protegidos por dicha acción.

Agrega que el artículo 1º del Auto Acordado mencionado, establece un plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos, por lo que señalar que, la acción de protección, es un procedimiento cautelar y sumarísimo, mediante el cual se persigue la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho del recurrente, otorgándole la debida protección.

De esta forma estima que, el primer requisito que no se cumple es deducir la acción dentro de plazo, por lo que es extemporáneo, ya que el artículo 1º del Auto Acordado que regula la materia, establece que dicha acción debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos y al analizar el presente recurso, se puede observar que, el recurrente, imputa al Servicio dos supuestas acciones u omisiones, arbitrarias e ilegales; la primera, dice relación con un supuesto "bloqueo" a las empresas de su representado; dando a entender que se le estaría impidiendo obtener folio para la emisión de facturas electrónicas, lo que ocurriría desde el mes de mayo del año 2018; y la segunda, se refiere a la presunta entrega a terceras personas, de documentación e información privada de estas empresas, la que habría ocurrido en un domicilio distinto al informado por ellas, sin embargo, respecto de ninguna de estas dos actuaciones, el recurrente señala desde cuando comienza a contar el plazo para la interposición de la presente acción.

Manifiesta que, en este contexto, en relación con el supuesto "bloqueo" de las empresas, el propio recurrente señala que éste habría comenzado con fecha 22 de mayo del presente año y, en consecuencia, teniendo especialmente presente la naturaleza cautelar de la acción constitucional que se ejerce; como, asimismo, el plazo objetivo para interponer la presente acción; necesariamente debemos concluir que dicho plazo venció el día 21 de junio de 2018; por lo que se encontraría vencido.

Respecto de la supuesta entrega de documentación de las empresas, a terceras personas, este plazo también se encuentra latamente vencido, por cuanto, como se expuso las únicas notificaciones efectuadas al Sr. nombre reservado son las siguientes: de fecha 17 de abril, 23 de julio, 2 y 7 de agosto y 12 de septiembre, todas del año 2018; venciendo, por tanto, el pazo para la interposición del recurso, respecto de cada una de ellas, el 17 de mayo, 22 de agosto, 1º y 6 de septiembre; y 12 de octubre pasado, respectivamente.

A continuación argumenta sobre la inexistencia de arbitrariedad e ilegalidad del recurrido, señalando que esa repartición no ha cometido acción u omisión alguna que sea arbitraria o ilegal y hace presente que, como todo órgano del Estado, el Servicio de Impuestos Internos debe someter su accionar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, actuando válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la Ley, conforme lo establecido por los artículos 6º y 7° de la Constitución Política de la República.

Explica que el artículo 6º del Código Tributario señala que "Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarías". Asimismo, el artículo 1º del D.F.L. Nº 7, de 1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, señala que corresponde a éste "la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por ley a una autoridad diferente".

Agrega que en el ejercicio de su potestad normativa, de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 6 letra A) Nº 1 del Código Tributario, y 7 letra b) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, el Director de ese Servicio dictó la Circular Nº 10, de 20 de enero de 1998, que imparte instrucciones sobre verificación de actividad.

En el presente caso, el resultado de la VAT de las diversas empresas del representado del recurrente fue negativa, toda vez que no se ha podido verificar su actividad, ya que, no obstante haber sido solicitado en reiteradas oportunidades, él no ha aportado los antecedentes respectivos, registrando, a la fecha, la causal 1101, en cada una de sus empresas; anotación que trae como consecuencia, el hecho de que el recurrente no va a poder obtener autorización de folio vía página web, para documentos que dan derecho a crédito fiscal IVA, mientras, no realice la verificación de actividades en las oficinas del Servicio; presentando los antecedentes tantas veces solicitados.

Concluye que, las empresas del recurrente de autos, no han terminado su proceso de verificación de actividades, pretendiendo por esta vía de naturaleza cautelar, que. se le reconozca el cumplimiento de los requisitos señalados, sin acompañar los antecedentes que acrediten que efectivamente va a desarrollar las actividades que declara.

No obstante lo anterior, cabe señalar que, respecto de las sociedades Constructora, Comercial, Agrícola, Ganadera, Forestal y Servicios conexos nombre reservado E.I.R.L, y Constructora e Inmobiliaria Altiplano SpA. el servicio, a pesar de que las contribuyentes no han dado cumplimiento a la presentación de los antecedentes que permitan dar por verificada sus actividades, con fecha 4 de octubre de 2018 y 30 de septiembre de 2018, si les autorizó un número determinado de folios, suficientes para ejercer su giro.

Precisar que, el subsanar las observaciones efectuadas por el ente fiscalizador, depende de la propia voluntad de las contribuyentes, y no del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que son ellas quienes debes aportar la documentación requerida, que dé cuenta de la efectividad de sus operaciones.

Hace presente en virtud de lo dispuesto en las normas legales pertinentes y lo expuesto precedentemente, no cabe sino concluir que el Servicio de Impuestos Internos ha actuado en virtud de las atribuciones legales de fiscalización que son inherentes a su calidad de ente fiscalizador de los tributos, en el ámbito propio de sus funciones, atribuciones y deberes, conforme las normas legales y administrativas antes indicadas; sin que las medidas preventivas adoptadas puedan ser catalogadas de arbitrarias o ilegales, teniendo razones justificadas, previstas en la ley, para condicionar la autorización de emisión de documentos tributarios electrónicos, sin necesidad de contar con una resolución que funde su actuar en el caso de marras.

A continuación alega la inexistencia de afectación de los derechos garantizados constitucionalmente señalando que no existe por parte de este organismo, un acto ilegal o arbitrario, en los términos expuestos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que prive, perturbe o amenace alguna de las garantías constitucionales allí consagradas, lo anterior, por cuanto, el actuar de esta repartición, se enmarca en todo momento dentro de las facultades que le confiere la ley.

Explica que el recurrente intenta extender el alcance de la garantía contenida en el artículo 19 Nº5, de la Constitución Política de la República, a situaciones de hecho no contempladas en ella, en estos términos, se hace presente que, al hablar de la Inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, se protege el espacio donde el individuo desarrolla su vida privada sin importar si el inmueble le pertenece o no, y dentro de la noción de "inviolabilidad" no sólo se contemplan los ingresos físicos forzados a este espacio, sino que también mecanismos igualmente intrusitos, como grabaciones o filmaciones lo que ocurre en su interior, sin autorización de sus moradores, agregando que la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la garantía constitucional protege todas sus formas, sea que se trate de conversaciones directas, vía teléfono, correo electrónico, mensajería instantánea, etc.

Expresa que el recurrente considera que esta garantía ha sido conculcada, toda vez que, funcionarios del Servicio, "han ido en reiteradas ocasiones a dejar documentación e información privada de las empresas de mi representado a sus vecinos, conocidos o familiares, esto a 5 Km de la casa matriz de la empresa CONSTRUCTORA LA PAZ LIMITADA"; lo que ha generado que "la gente a la cual se le ha entregado la información dicen que don nombre reservado es un estafador, esto debido a que el Sil no se ha dado el trabajo de entregar la información donde corresponde en mi dirección que es Parcela 15 Lote 1 a 3 sector el esfuerzo, comuna de Cunco".

Precisar que, las notificaciones que ha realizado el Servicio, han sido efectuadas en los domicilios que, cada una de las empresas del Sr. nombre reservado, ha informado al este Servicio y en este sentido, el artículo 11 del Código Tributario, señala expresamente que, toda notificación que el Servicio deba practicar, se hará personalmente, por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del notificado; y a su vez, el artículo 12 del mismo texto legal, dispone que, en los casos en que una notificación deba hacerse por cédula, ésta deberá contener copia íntegra de la resolución o actuación de que se trata, con los datos necesarios para su acertada inteligencia, y será entregada por el funcionario del Servicio que corresponda, en el domicilio del notificado, a cualquiera persona adulta que se encuentre en él, de modo que el actuar de dicha repartición, se ajusta plenamente a la normativa vigente, toda vez que cada una de las comunicaciones realizadas, han sido entregadas en el domicilio que el contribuyente ha informado.

En cuanto a la garantía de la Libertad de trabajo y su protección, contenida en el artículo 19 Nº 16, de la Constitución Política de la República, señala que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la protección de esta garantía constitucional, alcanza a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, como asimismo el derecho establecido, en su inciso cuarto, esto a negociar colectivamente, sin embargo, del análisis de los hechos expuestos en el libelo de la acción de autos, no se ve la forma cómo esa repartición haya podido afectar la garantía constitucional de la libertad de trabajo del Sr. nombre reservado, que ha sido entendida como el derecho de que "a nadie le será impuesto un trabajo o un trabajador, que a nadie le será negado un trabajo por razones arbitrarias y que quien trabaje lo haga con un ajusta retribución" Asevera, que así las cosas, en la especie no existen conculcación a las garantías invocadas como violentadas, debiendo rechazarse la presente acción constitucional.

Termina concluyendo que el Servicio no ha incurrido en ninguna omisión o actuación que tenga el carácter de arbitraria o contraria a la ley y que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos que el recurrente reclama, por lo que solicita que no ha lugar el Recurso de Protección interpuesto, con costas.

A folio 11, con fecha 26 de noviembre de 2018, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Primero: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio.

Segundo: Que don nombre reservado, en representación de nombre reservado ha interpuesto Recurso de Protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, en razón de haber bloqueado tributariamente las empresas de su representado, esto es, la Empresa Constructora La Paz Limitada Rut. RUT reservado, la empresa Constructora Altiplano SpA, Rut. RUT reservado, y la empresa Constructora, Comercial, Agrícola, Ganadera, Forestal y Servicios Conexos nombre reservado E.I.RL. Rut. RUT reservado, además de dejarle documentación e información privada de la dichas empresas a sus vecinos, conocidos y familiares de donde se encuentra ubicada la casa matriz.

Tercero: Que, al informar la recurrido, en cuanto al plazo para interponer el recurso de protección señala que se ha hecho en forma extemporáneas, y en cuanto al fondo señala, en síntesis, que dicha repartición no incurrió en acción u omisión arbitrario a ilegal ya que dicha repartición ha actuado dentro de las facultades que le confieren los artículos 6º y 8º ter del Código Tributario, los artículo 1º y 7º del D.F.L. Nº 7 de 1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, además de la Circular Nº 10 de 20 de enero de 1998 en cuanto a las restricciones que ha impuesto al trámite de timbraje de documentos y, en cuanto a lo que respecta a las notificaciones, señala que estas han sido efectuadas en los domicilios que el recurrente informó al Servicio de Impuestos Internos.

Cuarto: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad, lo cierto es que el arbitrio intentado descansa sobre la base de la supuesta de las garantías de los numerales 5 y 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por hechos que se consumarían de forma permanente, al mantener bloqueado el trámite de timbraje de documentos de las empresas del recurrente y al enviársele información privada de manera constante y sistemática a domicilios de terceros, acciones que se estiman ilegales y arbitrarias, motivo por el cual, no puede sostenerse que habría una extemporaneidad en la acción impetrada, desde que los hecho denunciados se produciría de forma permanente en el tiempo.

En relación a la alegación de improcedencia de la acción, la misma también habría de ser desestimada, desde que la denuncia formulada dice relación con la conculcación de dos garantías fundamentales, cuyo amparo se encuentra, precisamente, en la aplicación de la acción constitucional de protección del artículo 20 de la Carta Fundamental, la que puede ejercerse, sin perjuicio de otros derechos Quinto: Que, en cuanto al fondo de la acción constitucional impetrada, es posible advertir que el conflicto jurídico que subyace en estos autos se encuentra radicado, por una parte, en determinar si las restricciones que ha impuesto el Servicio de Impuestos Internos al timbraje de documentos encuentran sustento normativo y, por otra, si el Servicio de Impuestos Internos ha enviado comunicaciones o notificaciones a terceros en domicilios distintos a los del recurrente.

Sexto: Que, en cuanto a la primera cuestión, aparece que la normativa vigente le reconoce al Servicio de Impuestos Internos y le permite legalmente intervenir, actuar, y fiscalizar de conformidad a lo establecido en los incisos primero y segundo del artículo 8º ter del Código Tributario, que dispone: “Los contribuyentes tendrán derecho a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad. Para ejercer esta opción deberá darse aviso al Servicio en la forma que éste determine.” “En el caso de los contribuyentes que por primera vez deben emitir dichos documentos, la autorización procederá previa entrega de una declaración jurada simple sobre la existencia de su domicilio y la efectividad de las instalaciones que permiten la actividad o giro declarado, en la forma en que disponga el Servicio de Impuestos Internos”.

Esta disposición legal otorga sustento a las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos y permiten establecer que sus actos se han ajustado a las exigencias de legalidad y juridicidad contempladas en los artículos 6º, 7º y 24 de la Constitución Política de la República, determinadamente, en cuanto al principio de juricidad, de la legalidad administrativa y en lo relativo al sometimiento a aquélla por parte de la administración, respectivamente, a las normas legales tributarias que expresamente confieren al Servicio la potestad normativa, en conformidad al inciso final del artículo 26 del Código Tributario, que por el aspecto que se analiza determina precisamente la aplicación de los transcritos inciso primero y segundo del artículo 8º ter del Código Tributario, que se contiene en la circular que delimita las actuaciones del procedimiento de interpretación y fiscalización que le es propio, delimitando el procedimiento correspondiente y que determina el comportamiento del contribuyente conforme le es conocido; en este caso particular, lo constituye la Circular 10, de 20 de enero de 1998, que dicta normas y fija procedimientos para efectuar la Verificación de Actividad a los contribuyentes; la cual permite al Servicio hacer una evaluación de los antecedentes presentados por el contribuyente así como de los que estén en poder del Servicio, destinada a establecer que el contribuyente realizará efectivamente la actividad declarada. Verificación que comprende una visita a terreno que efectúan funcionarios del Servicio, en todos aquellos casos que, debido a la evaluación de la información obtenida, se hace necesario efectuarla en forma adicional.

Sexto: Que, en razón de lo anterior, en cuanto a las restricciones impuestas por el Servicio de Impuestos Internos al timbraje de documentos, no se divisa ilegalidad ni arbitrariedad en la misma, por lo que la acción de protección será desestimada en este acápite.

Séptimo: Que en cuanto al envío de información y notificaciones efectuadas en domicilios distintos a los del recurrente o sus empresas, no se ha allegado antecedente alguno que permita colegir que el Servicio de Impuesto Internos haya realizado tales actos en un domicilio distinto a aquellos registrados en dicha entidad por el propio contribuyente, por lo que tampoco se observa la existencia de alguna acción u omisión que vulnere la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones que deba ser cautelada por esta vía.

Octavo: Que, en tales circunstancias y por las razones que se han expresado, no concurriendo en la especie los presupuestos que hacen procedente el recurso de protección establecido en la Carta Fundamental, a los que se ha hecho referencia en esta sentencia, se procederá a rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, Garantías Constitucionales se declara:

Que SE RECHAZA sin costas, la acción constitucional interpuesta por el abogado don Albert Aquiles Sanchez Carrasco, en representación de don nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don José Martínez Ríos.

Rol N° Protección-5704-2018.

Se deja constancia que no firman el Ministro Sr. Álvaro Mesa Latorre y la Fiscal Judicial (S) Cecilia Subiabre Tapia, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausentes.