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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 5668-20201 dic 2021

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
1 de diciembre de 2021
Corte
Corte de Apelaciones de Temuco
Sala
Segunda
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 5668-2020, sentencia de 1 de diciembre de 2021

Resumen

Se acoge con costas el recurso de protección y se ordena al recurrido restablecer la situación preexistente, permitiendo el libre acceso de la recurrente al Lote “b” de su inmueble, por tratarse de un acto de autotutela que la dejó impedida de acceder a parte de su propiedad.

Texto íntegro

C.A. de Temuco Temuco, uno de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

A folio N°1-2021 comparece nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado.

Funda su acción en que es dueña del inmueble rural ubicado en el lugar Bullilco, comunidad Indígena nombre reservado, comuna de Temuco, Provincia Cautín Región de la Araucanía, de una superficie aproximada de 2,57 hectáreas, cuyos deslindes son los siguientes: Lote “a” de 1,71 hectáreas: NORESTE: nombre reservado, separado por cerco; SURESTE: nombre reservado, separado por cerco; SUROESTE: camino vecinal que lo separa del lote “b” de la misma propiedad; NOROESTE: nombre reservado y nombre reservado, ambos separados por cerco.- Lote “b” de 0.86 hectáreas: NORESTE: camino vecinal que lo separa de nombre reservado, del lote “a” de la misma propiedad y de nombre reservado; SURESTE: camino vecinal que lo separan de nombre reservado; SUROESTE: camino público de Labranza a Tromén, cuyo título de dominio rola inscrito a fojas 111 vuelta bajo el número 136 del Registro de Propiedad del año 2012 del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco, todo según consta del certificado de dominio vigente que se acompaña en un otrosí de esta presentación.

Adquirió dicha propiedad en razón de un contrato de compraventa, que se celebró hace más de 9 años con el anterior dueño del mismo, y producto de problemas con la inscripción de dicho contrato, que se vio enfrentada a diversos reparos, se procedió al saneamiento de ésta por medio del procedimiento administrativo establecido por el D.L. N°2695, que fue realizado ante la SEREMI de Bienes Nacionales, institución que le lo otorgó por resolución administrativa, fundada en su posesión material de más de 9 años, además del contrato de compraventa referido.

Indica que la posesión material sobre dicho inmueble, desde su adquisición, no ha podido ser pacífica y tranquila de acuerdo a los siguientes hechos:

a) Actualmente se encuentra separada de hecho, su cónyuge, quien se fue de la casa hace aproximadamente 4 años, dejando en el paño segundo de su terreno a un amigo suyo, esto es, el recurrido, el cual junto con su familia construyó una vivienda, conectándola a la luz y agua de su domicilio, pasando por alto su desaprobación. Sin embargo, respecto a eso su marido fue quien tuvo la última palabra, durante el tiempo en que aún estaban juntos. En el presente, estas personas se encuentran en el inmueble, habitándolo por mera tolerancia de su parte, y sin haber mediado contrato de ninguna especie. Específicamente, ocupan desde hace 3 años la parte de la parcela antes singularizada, como Lote “b”.

b) Luego, con fecha 09 de junio del presente año quiso sembrar su terreno con subsidios que entrega el gobierno para la siembra de avena, ya que hoy en día se encuentra cesante.

Durante el día Martes 09 de junio, alrededor de la 09:00 hrs., hizo ingreso a su terreno don nombre reservado, con el tractor que contrató para que comenzara las faenas, sale nombre reservado (pareja de nombre reservado) con su hijo menor de edad, a interrumpir el trabajo del tractor, poniéndose por delante de éste, frente a lo cual el conductor no pudo avanzar, debiendo retirarse, cancelando su acuerdo de trabajo, debido a los insultos y amenazas proferidas por estas personas, quienes le dijeron que debía retirarse del lugar.

Refiere que debido a este hecho no fue posible realizar la siembra, ya que es el único tractorista del lugar, y por las amenazas a viva voz que realizaba nombre reservado, pareja y conviviente de don nombre reservado, ya sin poder realizar la siembra, tuvo importantes pérdidas de dinero por la inversión de líquidos y sacos de avena que le compensarían el crédito.

Afirma que desde entonces no ha podido ingresar al Lote “b” de su terreno, por temor de recibir insultos y amenazas, las cuales ha recibido anteriormente por parte de nombre reservado, pareja de nombre reservado, desde aproximadamente una semana antes del mencionado suceso, amenazándola para que no se metiera en su propio terreno, señalando que ‘’me metería en serios problemas’’, manifestando que bajo ningún punto, realizaría el abandono del inmueble, continuando con sus animales, usufructuando en forma gratuita de este.

c) Agrega que una vez sucedido lo anterior, inició el proceso para desalojar a don nombre reservado de su terreno, y denunció los hechos a Carabineros y Fiscalía, y teme que el recurrido o su pareja se dirijan a su casa a reclamarle de manera agresiva, amenazándola nuevamente, o bien incurriendo en otros actos de violencia física, lo que la hace temer por su integridad física y psíquica, y por la de sus tres hijos. Al respecto es importante precisar que su estado de salud es delicado, porque sufre de hipertensión y crisis nerviosas con frecuencia, y no debe pasar malos ratos, como los episodios que los recurridos le han hecho pasar.

Indica que el acto recurrido consiste en las amenazas proferidas por la familia de don nombre reservado, especialmente su pareja, doña nombre reservado, y el hecho de que le impidan acceder al lote b de su terreno, o hacer trabajos en este, ambos hechos los cuales fueron denunciados a Fiscalía, todo lo cual aconteció con fecha 9 de junio del presente año.

Sostiene que los hechos descritos constituyen una afectación a su garantía del art. 19 N°1 de la Constitución, en cuanto configuran una amenaza a su integridad física y síquica, y a la de sus tres hijos, y en específico, ha visto efectivamente afectada su integridad síquica, considerando las amenazas que se han proferido en su contra.

Por otro lado, estos hechos vulneran la garantía del art. 19 N°24 de la Constitución, esto es, su derecho de propiedad, específicamente su propiedad sobre el inmueble individualizado, por cuanto se ha visto impedida de ejercer plenamente las facultades que le confiere la ley respecto a su terreno, por un hecho del cual es responsable la recurrida.

EL DERECHO.

1) En cuanto a la infracción a la garantía del art. 19 N°1.

El art. 19 N°1 de la Constitución dispone que se asegura a todas las personas "El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona". En la especie, la recurrida ha vulnerado su derecho a una integridad síquica desde que parte de su grupo familiar ha proferido amenazas en su contra, las cuales le hacen temer fundadamente que en el futuro se ejercerán en su contra otro tipo de actos, de modo que con ello se configura una amenaza a la vida e integridad física y síquica de ella y sus tres hijos, situación que requiere que se adopten las medidas que permitan prevenir que esta amenaza a mis derechos fundamentales se haga efectiva.

2) En cuanto a la infracción a la garantía del art. 19 N°24.

El art. 582 del Código Civil establece que el dominio es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno, infiriéndose de esta disposición cuales son los atributos de este derecho real: el de uso, el de goce, y el de disposición.

Su calidad de poseedora inscrita y única y exclusiva dueña del terreno consta del certificado de dominio vigente que se acompaña a esta presentación, que acredita el hecho de que cuenta con un título justo que la habilita para poseer, esto es, auténtico, válido, y además se funda en título inscrito, de conformidad a los arts. 700 y siguientes del Código Civil, y se encuentra plenamente vigente, de modo que en su propiedad sobre su terreno la ampara plenamente lo dispuesto por el art. 19 N°24 de la Constitución.

Por su parte, el art. 2194 del mismo cuerpo legal dispone que "Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo para su restitución", y en su inciso segundo dispone que "Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño", siendo esta última la situación en la que se encuentra el recurrido y su familia, ya que al no tener contrato son meros detentadores del espacio que ocupan, sin que en ningún momento se les confiriera una extensión determinada de su terreno para que ocuparan.

Pide decretar las medidas de protección que esta Corte estime pertinentes, en razón de los actos arbitrarios e ilegales que han ocurrido, en cuanto estos privan, perturban y amenazan sus derechos fundamentales del art. 19 N°1 y 24 de la Constitución, con expresa condena en costas, y ordenando en especial que se le confiera protección jurídica por medio de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones.

Acompañó los siguientes documentos: Copia de certificado de inscripción del inmueble; Plano, emitido por Bienes nacionales; Certificado del inmueble, emitido por Conadi; Pagare, crédito Indap; Formulario de denuncia ante Fiscalía.

A folio N°13-2021 se prescinde del informe del recurrido por no haber sido evacuado en el plazo otorgado para ello.

A folio N°14-2021 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de la relación de los hechos descritos en lo motivos precedentes, se tiene que lo que se estima como ilegal y arbitrario por parte de la recurrente, es la ocupación, por vías de hecho, de un predio, por parte de la recurrida y quien le impide ejercer labores de ganadería y usar y gozar del predio respecto del cual tiene título inscrito, adjuntando, antecedentes que acreditan sus dichos y dominio.

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, “el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.” (Recurso de Protección 4143-2012).

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal –que conjuga la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil -, o arbitrario, -lo que desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad- y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

CUARTO: Que, de este modo, la conducta desplegada por la parte recurrida y detallada en los motivos precedentes, importa alterar una situación de hecho e implica, a su vez, una acción de autotutela, dejando en una precaria situación a la recurrente, quien se ha visto impedida de acceder a una parte del inmueble del cual es propietaria.

En situaciones como la que aquí se plantea, el recurso de protección resulta ser el instrumento adecuado para obtener el restablecimiento del status quo existente con anterioridad a la ejecución de los actos perturbatorios, ello es sin perjuicio del derecho que tienen las partes para ejercer, en la sede correspondiente, las acciones que crean más convenientes a sus intereses con el objeto de regularizar la situación que les afecta.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido, debiendo el recurrido restablecer la situación preexistente a la fecha de ocurrencia del acto materia de estos autos, esto es, permitiendo el libre acceso de la recurrente a la parte de su inmueble denominado Lote “b”, en que habita la parte recurrida, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos que puedan asistirle.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado integrante Sr. Marcelo Neculman Muñoz.

Protección-5668-2020. (fcv)