nombre reservado con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco.

Temuco, diez de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, chileno, agricultor, casado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Pitrufquén, provincia de Cautín, quien interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de La Araucanía, RUT N° RUT reservado, representada por doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por haber incurrido dicha autoridad, por sí o por funcionarios de su dependencia o contratados al efecto, en un acto u omisión arbitrario e ilegal materializado en la Resolución Exenta N° 539, de 18 de diciembre de 2025, dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, la que ocasiona la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales, particularmente del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en virtud del procedimiento regulado en el Decreto Ley N° 2.695 y de lo obrado en el expediente administrativo N° 107482 del Ministerio de Bienes Nacionales, se regularizó a su nombre un inmueble de una superficie de 8,04 hectáreas, el que queda inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pitrufquén a fojas 1615 N° 1261 del año 2025, con fecha 12 de septiembre de 2025, correspondiente al rol de avalúo fiscal N° 408-135 de la comuna de Pitrufquén, indicando que dicha determinación consta en la Resolución Exenta N° E-17158, de 1 de julio de 2025, recaída en el procedimiento administrativo N° 107482, mediante la cual la Secretaría Regional Ministerial ordena al Conservador de Bienes Raíces de Pitrufquén inscribir a favor de don nombre reservado el inmueble objeto de la solicitud, individualizado en el plano N° 09114-30.555-SR, ubicado en el sector Chihuaihue, nombre reservado, comuna de Pitrufquén, provincia de Cautín, Región de La Araucanía, rol de avalúo N° 408-135, con una superficie aproximada de 8,04 hectáreas.

Agrega que, en el procedimiento administrativo N° 107482, con fecha 15 de mayo de 2025, se certifica la inexistencia de oposiciones de terceros, motivo por el cual se dicta la Resolución Exenta N° E-17158, de 1 de julio de 2025, que acoge la solicitud y ordena la inscripción del dominio a su favor, la que se practica ante el Conservador de Bienes Raíces de Pitrufquén el día 12 de septiembre de 2025, señalando que con posterioridad a la dictación de dicha resolución, específicamente el día 11 de julio de 2025, doña nombre reservado presentó una solicitud de invalidación, la cual inicialmente no reúne los requisitos formales para su tramitación. Posteriormente, con fecha 1 de agosto de 2025, reitera su presentación subsanando los aspectos formales observados.

Señala que, si bien la solicitud formulada por doña nombre reservado finalmente es desestimada, el Servicio actúa de oficio e invalida la Resolución Exenta N° E-17158, de 1 de julio de 2025, indicando que mediante Resolución Exenta N° 539, de 18 de diciembre de 2025, dictada en el expediente administrativo N° 107482, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales invalida de oficio la Resolución Exenta N° E-17158, de 1 de julio de 2025.

Refiere que la Resolución Exenta N° 539 dispone, en lo pertinente, la invalidación total de la Resolución Exenta N° E-17158, de 1 de julio de 2025, por estimar que ésta se emite sobre la base de errores que vician íntegramente la legalidad del procedimiento de regularización, señalando que, con fecha 5 de enero de 2026, interpone recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° 539, añadiendo que mediante Resolución Exenta N° E-1608, de 19 de enero de 2026, la Secretaría Regional Ministerial rechaza el recurso de reposición y confirma íntegramente la Resolución Exenta N° 539, que invalida de oficio la Resolución Exenta N° E-17158.

Expresa que los fundamentos invocados por la Secretaría Regional Ministerial para invalidar de oficio la Resolución Exenta N° E-17158 consisten en: a) falta de debido emplazamiento; b) ausencia del certificado de litigios correspondiente a la inscripción de dominio cancelada de fojas 1205 N° 895 del año 2025 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pitrufquén; c) declaración jurada contenida en el formulario N° 2 incompleta, por no indicar la existencia de personas con iguales o mejores derechos; y d) falta de acreditación del ejercicio de la posesión en los términos del artículo 2 N° 1 del Decreto Ley N° 2.695.

Argumenta que el artículo 61 de la Ley N° 19.880 dispone expresamente que la revocación no procede cuando se trata de actos declarativos o creadores de derechos legítimamente adquiridos; cuando la ley establece una forma distinta de extinción del acto administrativo; o cuando, por su naturaleza, la regulación legal impide que éstos sean dejados sin efecto. Sobre esa base, sostiene que la resolución administrativa que acoge el procedimiento de saneamiento conforme al Decreto Ley N° 2.695 no constituye un acto administrativo cualquiera susceptible de ser invalidado o revocado, sino una resolución terminal que genera derechos en favor del administrado, la cual, además, ya se encuentra inscrita en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, otorgándole la calidad de poseedor regular del inmueble. En consecuencia, afirma que, conforme a la letra a) del artículo 61 de la Ley N° 19.880, al tratarse de un acto creador de derechos, éste no puede ser dejado sin efecto mediante el ejercicio de la potestad invalidatoria.

Agrega que dicha conclusión se encuentra reforzada por la teoría de la posesión inscrita, institución que informa todo el ordenamiento jurídico nacional y conforme a la cual una inscripción de dominio únicamente puede ser dejada sin efecto mediante resolución judicial, indicando que el artículo 61 letra b) de la Ley N° 19.880 impide igualmente el ejercicio de la potestad invalidatoria cuando la propia ley contempla una forma diversa de extinción del acto administrativo. Señala que ello constituye una manifestación del principio de especialidad previsto en los artículos 4 y 13 del Código Civil, razón por la cual no resulta jurídicamente procedente sustituir el mecanismo especial establecido por el legislador mediante el ejercicio de una potestad administrativa general.

Sostiene que el Ministerio de Bienes Nacionales debió respetar la teoría de la posesión inscrita y, particularmente, lo dispuesto en el artículo 728 del Código Civil, norma que regula expresamente las formas en que puede extinguirse la posesión inscrita. En consecuencia, afirma que la única vía legalmente procedente para dejar sin efecto la inscripción de dominio era una resolución judicial y no una resolución administrativa. Por ello, concluye que el Ministerio de Bienes Nacionales carece de competencia para invalidar o cancelar una inscripción de dominio vigente originada en una resolución dictada por el propio Servicio.

Detalla que el predio respecto del cual se tramita la regularización corresponde a una tierra indígena de aquellas contempladas en el artículo 12 de la Ley N° 19.253 y que, conforme al artículo 13 del mismo cuerpo legal, dichas tierras gozan de una protección especial por exigirlo el interés nacional. En consecuencia, sostiene que la Resolución Exenta N° 539, de 18 de diciembre de 2025, no puede ser dictada de oficio, especialmente considerando que el solicitante pertenece al pueblo mapuche.

Manifiesta que la disposición anteriormente citada debe interpretarse armónicamente con los artículos 13 y 14 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, atendido el carácter especial de dichas normas protectoras. En consecuencia, afirma que no resulta jurídicamente procedente validar la actuación de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de La Araucanía al invalidar de oficio el procedimiento de regularización.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de La Araucanía, representada por doña nombre reservado, ambas previamente individualizadas; que se ordene a la recurrida evacuar el informe dentro del plazo que esa Ilustrísima Corte determine y que, en definitiva, se resuelva: 1.-Declarar que la recurrida vulnera el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, mediante una actuación arbitraria e ilegal. 2.-Dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 539, de 18 de diciembre de 2025, mediante la cual se invalida de oficio la Resolución Exenta N° E-17158, de 1 de julio de 2025, recaída en el procedimiento administrativo N° 107482. 3.-Disponer la plena vigencia de la Resolución Exenta N° E-17158, de 1 de julio de 2025, dictada en el procedimiento administrativo N° 107482 por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la cual se ordena al Conservador de Bienes Raíces de Pitrufquén practicar la inscripción del inmueble ubicado en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Pitrufquén, provincia de Cautín, Región de La Araucanía, individualizado en el plano N° 09114-30.555-SR, correspondiente al rol de avalúo N° 408-135, con una superficie aproximada de 8,04 hectáreas, a favor de don nombre reservado, oficiándose para tales efectos al Conservador de Bienes Raíces de Pitrufquén y al Servicio de Impuestos Internos. 4.-Condenar expresamente en costas a la recurrida.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos: 1.-Copia de la Resolución Exenta N° 539, de 18 de diciembre de 2025. 2.-Copia de la inscripción de dominio a nombre de don nombre reservado. 3.-Certificado de dominio vigente extendido a nombre de don nombre reservado. 4.-Copia del plano correspondiente al inmueble inscrito a nombre de don nombre reservado. 5.-Certificado de avalúo fiscal correspondiente al rol N° 408-135. 6.-Copia de la Resolución Exenta N° E-1608, de 19 de enero de 2026. 7.-Certificado de calidad indígena de don nombre reservado. 8.-Certificado que acredita su calidad de socio de la comunidad indígena.

A folio 9, comparece nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de La Araucanía, quien evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso, por estimar que no existe un acto u omisión arbitrario o ilegal, que ocasione la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de garantías constitucionales, particularmente el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 de nuestra carta fundamental.

Señala que la Secretaría Regional, actuando dentro de la esfera de sus atribuciones, al advertir actos contrarios a derecho en la tramitación de la regularización de la pequeña propiedad raíz, impetrada por el Sr. nombre reservado, a la luz del Decreto Ley N° 2.695 de 1979, expediente administrativo N° 107482, puso en marcha el procedimiento consagrado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, citando a la parte dentro de los plazos legales, la cual pudo realizar los descargos de rigor, e incluso recurrir administrativamente contra la resolución Exenta N° 539 de 18 de diciembre de 2025.

Sostiene que la vía de protección no es el medio idóneo para el caso en comento, toda vez que el artículo 53 de la ley N° 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, en su inciso final, dispone que el acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario, de manera que existe un medio formal, que el peticionario a la fecha no ha accionado, develando que intenta revertir una decisión de la autoridad administrativa, argumentando infracción a garantías constitucionales que no son tal.

Indica que el recurrente sostiene que con ocasión de la resolución invalidatoria que ordenó la cancelación del título de dominio a su nombre, se habría violado el derecho a propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, en virtud de que el Servicio una vez que acoge la solicitud de regularización, ésta se considera como justo título, aduciendo además que una vez practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, se adquirió la calidad de poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas. Sin embargo, el recurrente omite lo señalado a reglón seguido del artículo 15 inciso segundo del Decreto Ley N° 2.695, que prescribe que transcurridos dos años completos de posesión inscrita no interrumpida, contados desde la fecha de la inscripción, el interesado se hará dueño del inmueble por prescripción.

Considera que el Sr. nombre reservado, alega una acción u omisión vulneratoria de un derecho de propiedad inexistente, toda vez que aún no se computaba el plazo legal para hacerse del dominio del bien, teniendo a la fecha del acto invalidatorio sólo la calidad de poseedor regular, señalando que la resolución Exenta N° 539 de 18 de diciembre de 2025, hace una relación completa y pormenorizada de todos los elementos que configuraron las causales para invocar la potestad invalidatoria, las cuales fueron objeto de recurso de reposición de fecha 05 de enero de 2026 (sin recurso jerárquico administrativo) bajo los mismos argumentos acá esgrimidos, la cual posteriormente fuese denegada mediante resolución Exenta N° E-1608 de fecha 19 de enero de 2026.

Afirma que el recurrente intenta transformar el recurso de protección, como una tercera vía revisora de los actos administrativos del Servicio, no habiendo utilizado en tiempo y forma todos los mecanismos impugnatorios que le franquea la ley, tal como el recurso administrativo de reposición jerárquico o el procedimiento consignado en el artículo 53 de la ley N° 19.880, solicitando finalmente, que se tenga por evacuado el informe solicitado, que se rechace el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, al no existir un acto arbitrario o ilegal de parte de este servicio público que haya vulnerado garantías constitucionales, acompañando al recurso: 1.-Decreto Exento N° 6 de fecha 23 de enero del año 2023 del Ministerio de Bienes Nacionales. 2.- Resolución Exenta N° 539 de 18 de diciembre de 2025 Bienes Nacionales Araucanía. 3.- Recurso de Reposición de Fecha 05 de enero de 2026. 4.- Resolución Exenta N° E-1608 de fecha 19 de enero de 2026 Bienes Nacionales Araucanía.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

nombre reservado: Que en el caso sublite, el acto impugnado corresponde a la Resolución Exenta N° 539, de 18 de diciembre de 2025, dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de La Araucanía, mediante la cual se invalida de oficio la Resolución Exenta N° E-17158, de 1 de julio de 2025, recaída en el procedimiento de regularización de la pequeña propiedad raíz seguido conforme al Decreto Ley N° 2.695, por estimar la autoridad administrativa que dicho procedimiento adolecía de vicios sustanciales que afectaban su legalidad.

TERCERO: Que de los antecedentes contenidos en la carpeta digital, aparece que la resolución recurrida fue dictada en el marco del procedimiento invalidatorio previsto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, habiéndose conferido audiencia al interesado, quien formuló los descargos pertinentes e interpuso posteriormente recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución Exenta N° E-1608, de 19 de enero de 2026, rechazando sus alegaciones. De este modo, no se advierte que la Administración haya prescindido del procedimiento legalmente establecido ni que haya actuado fuera del ámbito de las atribuciones que el legislador le reconoce.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación relativa a la incompetencia de la autoridad administrativa para invalidar un acto que habría generado derechos adquiridos, cabe señalar que tal planteamiento supone determinar el alcance de la potestad invalidatoria prevista en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, la correcta interpretación del Decreto Ley N° 2.695, la naturaleza jurídica de los efectos derivados de la inscripción practicada en virtud de dicho procedimiento y la eventual aplicación de las normas contenidas en los artículos 61 de la Ley N° 19.880 y 728 del Código Civil, materias todas que constituyen una controversia jurídica de fondo cuya resolución exige un debate probatorio e interpretativo incompatible con la naturaleza cautelar y sumarísima del recurso de protección.

QUINTO: Que, asimismo, el inciso final del artículo 53 de la Ley N° 19.880 contempla expresamente que el acto invalidatorio será siempre impugnable ante los tribunales de justicia mediante el procedimiento correspondiente, mecanismo jurisdiccional especialmente previsto por el legislador para revisar la legalidad de este tipo de decisiones administrativas. En consecuencia, el ordenamiento jurídico contempla una vía específica e idónea para discutir la legalidad del acto cuestionado, circunstancia que impide transformar la presente acción cautelar en un mecanismo sustitutivo de dicho procedimiento.

SEXTO: Que, por otra parte, la garantía constitucional cuya vulneración denuncia el actor supone la existencia de un derecho indubitado. Sin embargo, precisamente la controversia planteada dice relación con la validez de la resolución administrativa que dio origen a la inscripción obtenida por el recurrente y con los efectos jurídicos derivados del procedimiento de regularización seguido conforme al Decreto Ley N° 2.695, cuestión que se encuentra discutida y que no puede estimarse pacífica a la luz de los antecedentes aportados.

En efecto, la autoridad administrativa sostiene que la invalidación obedeció a la constatación de diversos vicios esenciales del procedimiento, mientras que el recurrente afirma la improcedencia misma del ejercicio de la potestad invalidatoria. Tal discrepancia impide tener por acreditado, con el grado de certeza exigido para esta acción constitucional, un derecho de propiedad actualmente indiscutido cuya protección cautelar resulte procedente.

SÉPTIMO: Que tampoco se advierte arbitrariedad en la actuación de la recurrida, desde que la resolución impugnada contiene una exposición de los fundamentos de hecho y de derecho que justifican el ejercicio de la potestad invalidatoria, circunstancia que excluye que se trate de una decisión meramente caprichosa o carente de motivación. Del mismo modo, no se aprecia ilegalidad manifiesta, toda vez que la autoridad actuó invocando expresamente las facultades conferidas por el artículo 53 de la Ley N° 19.880, siendo precisamente el alcance y correcta aplicación de dicha potestad una cuestión cuya definición excede el ámbito del presente recurso.

OCTAVO: Que las alegaciones relativas a la especial protección de las tierras indígenas y a la aplicación de la Ley N° 19.253 y del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo tampoco permiten alterar la conclusión precedente, desde que su análisis requiere igualmente determinar la incidencia de tales normas en el procedimiento administrativo de regularización y en el ejercicio de la potestad invalidatoria, materias propias de un procedimiento de conocimiento pleno y no de esta acción cautelar.

NOVENO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario manifiesto que haya vulnerado alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de La Araucanía.

Regístrese y archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Titular A. Cecilia Aravena López.

Rol N° Protección-564-2026 (pvb).