nombre reservado con TRIBUNAL DE GARANTÍA DE LONCOCHE

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

Que, a folio 1 comparece nombre reservado, pensionado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Juzgado de Garantía de Loncoche, en base a los siguientes hechos:

Comienza señalando que con fecha 18 de mayo de 2023, el Juez de Garantía de Loncoche no hizo lugar a la postergación del juicio debido a las enfermedades que padece y ordenó su comparecencia para el día 29 de mayo de 2023.

Agrega que padece de un cuadro de trastorno de estrés post traumático cronificado desde enero de 2021, que sería producto de actos de violencia intrafamiliar que habría sufrido desde los años 2016 a 2020.

Refiere que dicho acto le ha generado angustia, desvelos, descompensación psicológica, y daño físico por que se detona su diagnóstico visual.

Señala asimismo que los abogados que le designa la Defensoría Penal Pública no hacen caso de sus indicaciones y sus necesidades y considera que es un error considerar que se encuentra en igualdad de condiciones por tener un defensor público por cuanto ellos habrían actuado según su propio parecer y en contra de lo que él estima conveniente, dejándolo fuera del proceso judicial.

Alega que en el proceso se le discrimina por el solo hecho de no ser abogado y que no se le respeta su calidad de parte.

Argumenta que el día de la interposición del recurso le fueron vulnerados los derechos del artículo 19, numeral 1, 2, 3, 6, 9 y 26 de la Constitución Política de Chile, junto con sus derechos humanos como persona discapacitada, al negarle su capacidad jurídica e imponerle un curador ad lítem como si se tratara de un incapaz absoluto, estimando que existe prueba de que no lo es. Refiere que dicho actuar vulnera la convención americana de derechos humanos decreto 873 del 5 de enero de 1991, al no ser oídos por el juez, al impedirle obrar por cuenta propia como lo dice los artículos 8 numeral 1, 2, y en especial el 2.d, y además al imponerle realizar un acto que le es imposible, por la situación en la que se encuentra, sin las ayudas técnicas requeridas, y que se le han negado, en forma persistente, se ha promovido un acto de trabajo forzoso, lo que es una violación directa al artículo 6 numerales 1 y 2 del decreto 873 y articulo 27 numeral 2 del decreto 201, que es un agravante por ser persona discapacitada, a la cual, se le persiste en obligar a realizar actos que no puede realizar por su condición de discapacidad.

Afirma que durante los últimos 4 años ha sido violentada en forma extrema por el sistema judicial chileno, en causas en tribunales de letra y garantía de Loncoche, y esta misma corte, todos los cuales han persistido en omitir su persistente clamor de auxilio, y de atención a mi situación de extrema vulnerabilidad biopsicosocial y de integridad personal.

Adiciona que lleva más de 145 sesiones de psicoterapia y que no cuenta con apoyo psiquiátrico por cuanto no puede desplazarse a la ciudad de Villarrica donde se le podría otorgar dicha asistencia.

Explica que siempre ha tenido buena disposición a resolver los llamados de autoridad, que nunca se ha negado y que se ha presentado voluntariamente cuando se le ha solicitado y que ha cumplido con todo lo que se le ha exigido en todos los procesos legales en los que ha participado pero que al día de hoy no puede, por cuanto siente que lo violentan.

Por todo esto, solicita como medida de protección:

1. En relación a pericia al SML:

a. Se suspenda la imposición del tribunal de garantía de Loncoche, a presentarme en el SML de Temuco, el día 29 de mayo de 2023, hasta que se cuenten con las condiciones mínimas que aseguren su integridad y seguridad, personal. Esto es:

i. Contar con recursos económicos, provistos por el estado, para realizar dicha gestión, lo que implica, dineros para bencina y peajes de vehículo particular del que puedo disponer.

ii. Contar con persona de confianza, que le ayuda en la misma, a la cual se le deberán proveer previamente por parte del estado, de todos los gastos que, impliquen su viaje desde Viña del Mar, lo que implica, traslados, alojamiento, porque no tiene donde alojar en la carpa en la que vive el actor, alimentación y todo lo necesario, por los días que deberá estar, un total de 3 a 4 días, para que esta pueda ponerse al día de sus necesidades para el traslado y pueda ayudarle correctamente.

b. O en su defecto, sea el SML, el que se traslade a su propiedad en sector Rural de Loncoche, para que evalúe, la pericia solicitada.

2. Se reconozca su capacidad jurídica en juicio y se restablezcan sus derechos como ciudadano, en base a los decretos 201 y 873, de rango constitucional, según lo indicado por Corte Suprema, y junto con ello, realicen todas las adecuaciones necesarias para que efectivamente se dejen de realizar discriminaciones arbitrarias en su contra, actos de esclavitud y denigración y humillación, como esta acción, así como se restablezca la presunción de inocencia de un imputado. Al cual no se le ha dado posibilidad de defensa en base a lo que esta estima conveniente para sí mismo, como sujeto de derecho, por cuanto además se le restablezca su derecho instituido en el decreto 873 numeral 2 letra D, sobre representación personal en juicio.

3. Se ejerzan todas las acciones necesarias para que esto no vuelva a ocurrir por parte de ningún tribunal, y en especial el recurrido.

4. Todas las demás acciones que se estimen prudentes en protección de sus derechos.

Acompañó a su recurso los siguientes documentos:

1. Decreto 201 convención de las naciones unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo 2. Decreto 873 convención americana sobre derechos humanos, denominada "pacto de san jose de costa rica”

3. E-Ebook causa ordinaria 12-2020 tomando especial consideración a lo expuesto desde la página 83 en adelante más las dos anexas que el día 18 de mayo aún no están en el sistema que demuestran lo expuesto partes 1 , 2 ,3 y 4 por peso mayor a 10 megas 4. Reposición de fecha 17 de mayo de 2023.

5. Resolución a reposición 18 de mayo 2023.

6. Certificado Psicólogo tratante 16 de mayo 2023.

7. Certificado Psiquiatra tratante 6 de enero de 2021 8. Certificado registro civil de discapacidad 3 diciembre 2021 9. Protocolo de discapacidad poder judicial.

10. Dictamen de privilegio de pobreza judicial 20 de febrero de 2023 11. Documento que describe situación actual de vida.

12. Configuración de tortura psicológica en este caso particular.

13. Configuración de negación grave de justicia de tribunal de garantías de Loncoche.

14. Informe de Daños agosto 2022.

Que, a folio 12 evacúa informe la Jueza Titular del Juzgado de Garantía de Loncoche, doña Evelin Irribarra Orozco, en los siguientes términos:

1°.- Que, en causa Rit N° 12-2020 de este Juzgado de Garantía de Loncoche, se efectuó con fecha 03-01-2020 solicitud de formalización por el Ministerio Publico de Loncoche, contra don nombre reservado, la cual se lleva a cabo con fecha 29-01-2020 por dos delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

2º.- Que, se presenta requerimiento en procedimiento simplificado con fecha 20-04-2020, citándose a audiencia para el 04-05-2020; no obstante lo cual, por motivo de pandemia COVID es reprogramada, posteriormente en audiencia de fecha 10-11-2020, se suspende la audiencia, dejándose constancia que la defensa solicita por motivos administrativos y por haber asumido recientemente la defensa, la reprogramación de la audiencia. Dejándose constancia en el acta que “el imputado nombre reservado se retira de forma intempestiva y violenta de la sala de audiencias”.

Luego de varias reprogramaciones solicitadas por la defensoría penal pública, por suspensión de plazos de ley 21.226, articulo 10 del código procesal penal, y a instancias de su representado, se lleva a cabo con fecha 24-01-2022 audiencia de comparecencia judicial, para efectuar una coordinación de acuerdos entre Fiscalía, Defensoría y Tribunal, en consideración a la discapacidad de sensorial visual del 50% con causal psiquiátrica que presentaba el imputado, en esta se establecieron pautas generales de realización de las audiencias, tales como hablar pausado, explicación al imputado, presencialidad de las audiencias, fijación de audiencias al final del día, etc. En esta se le advirtió las consecuencias de retiros intempestivos de las audiencias, o actitudes violentas que este pueda presentar. Igualmente se informa que durante el desarrollo de la misma éste presentó algún tipo de descompensación psicológica, escondiéndose bajo el escritorio, siendo llamado personal de la salud del Hospital de Loncoche para que concurriera, el imputado, se volvió a sentar e indicó que ya se encontraba bien.

Con fecha 02-02-2022 se lleva a cabo audiencia de preparación de juicio oral, luego de rechazar ofrecimiento de suspensión condicional del procedimiento y aceptación de responsabilidad en los hechos. Al final de la audiencia y al momento de tener que retirarse del Tribunal, el imputado se esconde en el podio de los testigos, al indicarse que se iba a llamar a personal de la salud del Hospital de Loncoche para que concurriera, el imputado se levanta y se retira de la sala y el Tribunal de forma rápida y descontrolada.

Con fecha 04-04-2022 y ante la recolección de datos necesarios por parte de la defensa, se lleva a cabo audiencias de suspensión del procedimiento por artículo 458 del Código Procesal Penal, decretándose la suspensión referida, y solicitándose hora de atención al Servicio Médico Legal, la cual en atención a las múltiples solicitudes pendientes en dicha institución fue otorgada para el día 29 de mayo de 2023, la cual le fue notificada a su correo electrónico con fecha 06 de octubre de 2022.- Con fecha 12-05-2023 el imputado solicita audiencia privada con el juez, a lo cual no se le da lugar, por encontrarse la causas suspendida y pendiente de evacuarse informe del Servicio Médico Legal.

Con fecha 16-05-2023 conforme lo establecido en el artículo 459 del código procesal penal, se designa curadora ad litem en los presentes autos, a doña nombre reservado, postulante de la corporación de asistencia judicial, en convenio con la defensoría penal pública.

Con fecha 17-05-2023, el imputado efectúa presentación que indica reposición, cuyo contenido resulta initeligible, del cual solo se puede extraer que este expresa haber despedido a su defensor, solicitando se reagende la hora del Servicio Médico Legal dentro de a lo menos 6 meses más, acompañado de un conjunto de condicionantes que impone.

A lo cual no se dio a lugar, solicitando a la defensoría informe el actual defensor penal público del imputado, e indicándose a este último que no se suspendía la hora de atención y que debía acudir al Servicio Medico Legal.

3º.- Que respecto del contenido del recurso de protección Rol 5.627-2023, y en lo atingente se puede informar: Que don nombre reservado siempre ha sido oído en las audiencias efectuadas durante el proceso, incluso a través de un reproductor de texto-audio, en atención a su tartamudez que presenta, mientras ello no interviniera con la labor judicial. No efectuando jamás faltas de respeto en su contra, negándose toda clase de abuso mental, físico, discriminación o denigración en su contra; como también cualquier intenciones de matarlo, actos de perversión, esclavitud o tortura. Lo anterior tanto por parte de esta Magistrado, como por los Defensores y Fiscal que se han presentado en las audiencias. Pero ello no conlleva, como ya se le indico en dichas oportunidades, que se dará lugar a todas las exigencias que este plantea en términos absolutos e impositivos, y que justifica en su discapacidad.

En dicho sentido, y de manera clara esta Magistrado, no tendrá entrevistas previas y/o privadas con don nombre reservado, dado que es una persona que ha demostrado un actuar errático y violento, siendo ello además improcedente.

4°.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 458 del código procesal penal, se decretó que el imputado acudiera a hora de atención al Servicio Médico Legal, para evacuar el informe pertinente, esta hora fue otorgada para el 29 de mayo de 2023, con ocho meses de distancia en atención a la alta demanda que existe a su respecto, y le fue notificada al imputado con fecha 06 de octubre de 2022, es decir, hace 7 meses atrás. Por lo que malamente, puede este indicar ahora que no puede acudir porque ello le provoca angustia, a juicio de este Tribunal conto con el tiempo previo necesario para su preparación psicológica necesaria para acudir a su citación.

Se ordenaron traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

TERCERO: Que, para la procedencia de la acción tutelar deducida se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, el actor reprocha al Juzgado de Garantía de Loncoche, la circunstancia de solicitar su evaluación psiquiátrica ante el Servicio Médico Legal y que durante la secuela del juicio que se sigue en su contra, habría sido objeto de tratamientos vejatorios.

QUINTO: Que, del cúmulo de documentos acompañados al recurso y lo informado por la Jueza del tribunal, no se logra vislumbrar que haya sido menoscabado en el trato o que haya sido vulnerado en los derechos que enumera en su libelo tal como él lo señala, sino que lo que se advierte es que el Juzgado no cede en todas las exigencias que el recurrente pretende imponer para llevar la secuela del juicio, lo cual no puede ser amparado por esta vía.

Refuerza la conclusión anterior, la circunstancia que él mismo reconoce, de encontrarse defendido por abogados de la Defensoría Penal Pública, quienes son precisamente los encargados de tutelar sus garantías dentro del proceso penal y ejercer los recursos pertinentes en su caso.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que lo que se pretende dice relación con enmendar resoluciones judiciales, resueltas en el marco de las atribuciones y dentro de la esfera de la competencia que nuestra legislación orgánica, sustantiva y procedimental le entrega a los Juzgados de Garantía, por lo que el ejercicio de la acción constitucional de protección no resulta ser la vía idónea para conseguir dicho resultado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Juzgado de Garantía de Loncoche.

Regístrese y archívese.

Rol N° Protección-5627-2023 (pvb).