nombre reservado con COMPIN REGION METROPOLITANA

C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de enero de dos mil veinticinco.

Vistos:

nombre reservado, chilena, soltera, abogada, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; en representación de doña nombre reservado, chilena, empleada, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; interponiendo Recurso de Protección contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), RUT RUT reservado, representada por doña nombre reservado, chilena, o quien haga las veces de tal, ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de COMPIN Región Metropolitana (en adelante COMPIN), persona jurídica de derecho público, representada legalmente por don nombre reservado, médico cirujano, o por quien lo reemplace o subrogue, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Chile; en consideración a los antecedentes y consideraciones de hecho y de derecho que a continuación expone:

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1. Según consta en certificado médico emitido por el Dr. nombre reservado, de fecha 19 de Febrero de 2024, mi representada fue operada en el año 2005 de una hernia de su columna, específicamente en disco L4-5, siendo nuevamente intervenida en el año 2009 debido a nuevas complicaciones en dicha región.

2. En el año 2019, posterior a una serie de dolores y proceso post operatorio, ha presentado nuevas complicaciones, circunstancia que la mantiene en la actualidad con prescripción médica de reposo, y debe ser sometida a una nueva intervención quirúrgica en esa misma región.

3. Debido a ello, fue inscrita para el procedimiento espondilodesis, donde lo más probable es que deban introducir implantes en su columna a fin de evitar fijar el segmento que presenta el padecimiento y evitar nuevas complicaciones médicas. Procedimiento en el cual debe obtener las respectivas autorizaciones de FONASA, circunstancia pendiente y es la única alternativa médica posible el día de hoy para su situación de salud.

4. En virtud de ello, se encuentra en constantes controles médicos, pues su condición su condición física y el dolor constante que padece, le impiden realizar sus actividades de forma habitual, presentado episodios de dolor fluctuantes en intensidad, sin remisión. Asimismo, el procedimiento quirúrgico se presenta como solución al padecimiento y posibilidad cierta de reinserción al mundo laboral.

5. Que ha sido notificada de las siguientes resoluciones emitidas por la Superintendencia de Seguridad Social y que confirman el rechazo de sus licencias médicas basándose en no encontrarse justificado el reposo otorgado:

RESOLUCIÓN EXENTA.

R-01-UME- 70595-2024 (30/04/2024).

Nro. RUT reservado.

30 días de reposo, a contar del 25 de octubre de 2023.

Reposo no justificado. Antecedentes aportados y tramite de invalidez, que concluyo un 34% (no suficiente para pensión), reconoce que presenta patología de carácter crónico e irreversible.

R-01-UNRA- 111381-2024 (15/07/2024).

Nro. RUT reservado..

30 días de reposo otorgado, a partir del 22 de abril de 2024.

Reposo no justificado. Que con fecha 05/06/2021, se ha reconocido un porcentaje de invalidez de un 34%, rechazando pensión por dicho concepto. Que la patología que presenta produce una incapacidad laboral permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, no debiendo autorizarse, dado que es un derecho esencialmente temporal, dado lo irrecuperable del padecimiento, pero noinvalidante.

6.Dichas resoluciones fallan respecto a recursos administrativos deducidos por mi representada en contra de COMPIN por el rechazo de diversas licencias médicas extendidas a su favor, confirmando el pronunciamiento de este último organismo, sin entregar mayores argumentos que la imposibilidad de establecer la incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado entre diversas justificaciones para su decisión, tal y como se manifiesta en el cuadro del punto precedente, siendo argumentos de tipo genérico sin un mayor fundamento.

7. Que, la situación de mi representada y las actuaciones ilegales y arbitrarias efectuadas por los recurridos, no son un hecho aislado, pues existen diversos pronunciados efectuados por este Ilustrísimo Tribunal, que han acogido los planteamientos indicados 8.

Que estas circunstancias, son del todo perjudiciales para la salud tanto física como psíquica de mi representada, quién se ha visto impedida de acceder a los subsidios, beneficios y todos derechos que por ley le corresponden bajo este tipo de padecimiento, debiendo recurrir ante esta Ilustrísima Corte a fin de que, pueda reestablecer el imperio del derecho, obteniendo el reconocimiento de los derechos que le asisten y donde, además la solución no radica en sus manos, sino que depende de la disponibilidad existente en el propio sistema público de salud. Asimismo, la privación de su derecho de propiedad, pues sólo con posterioridad al conocimiento de las diversas acciones interpuestas, los recurridos han procedido a efectuar los pagos de los subsidios en cuestión.

II. ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO:

Que, las resoluciones emanadas tanto de COMPIN y SUCESO, constituyen una actuación ilegal y arbitraria de parte de los recurridos, pues han privado de los beneficios establecidos para este tipo de patologías, más aún cuando su condición de salud depende plenamente de una cirugía a fin de entregar una solución definitiva a su caso, padecimiento que es larga data y que, pese a entregar todos y cada uno de los antecedentes de respaldo, informes médicos, sin mayor uso de las facultades entregadas a ambas instituciones, deciden denegar el reposo prescrito por un profesional del área de la salud especialista en el área.

Sobre la materia, la Jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia ha señalado reiteradamente que un acto es ilegal cuando no se atienen a la normativa por la que debe regirse, o cuando un órgano que ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley, presupuestos que en el caso de autos se configuran al momento de efectuar la publicación en la red social mencionada.

Respecto a que se debe entender por arbitrariedad, el académico nombre reservado la define como carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, la falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar.

Que la acción desplegada por las recurridas es claramente una acción ilegal y arbitraria que molesta el ejercicio y desarrollo normal de los derechos y garantías constitucionales reconocidos a todas las personas en nuestra Carta Fundamental.

III. GARANTÍAS CONCULCADAS.

A.

Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Psíquica de la Persona (Artículo 19 N.º 1 Constitución Política De La República).

Que dicha garantía ha sido vulnerada desde el momento en el cual se le han negado los pagos de sus licencias médicas, y el hecho de efectuar la negativa a su reposo por no ser justificado, cuando se han acompañado antecedentes fundantes, no tiene sustento racional ni jurídico en ninguna instancia. Que dicha acción ha mancillado la integridad psíquica de mi representada, pues en la actualidad no cuenta con ningún medio de sustento económico y en la eventualidad que dichas actuaciones se generen los próximos meses, la dejaran en una situación de indefensión absoluta, al no contar un medio básico para la sobrevivencia diaria, episodios que se viene reiterando de forma persistente desde el año 2022.

B.

“El derecho de propiedad es sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales” (Artículo 19 N.º 24 Constitución Política de la República).

Nuestra Constitución describe extensamente el derecho de propiedad, disponiendo, por un lado, la libertad para adquirir el dominio salvo respecto de los bienes que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así, y de aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, asegurando el derecho de propiedad en todas sus formas y entrega al legislador la forma en que este puede adquirirse.

Que, los constantes rechazos de sus licencias médicas, y en específico, la ausencia de fundamentación de estos rechazos, como además, no dar curso a las respectivas facultades que cada uno de estos órganos detenta, tales como: reevaluaciones médicas, requerir mayor información a otros organismos públicos (en el caso específico FONASA), etc, constituye una verdadera expropiación, sin que exista antecedente jurídico que la respalde, pues el pago de su licencia médica, es garantía de mi representada, derecho que ingresa a su patrimonio formando parte de sus haberes, y no constituye una mera expectativa sino que se trata de un derecho exigible conforme lo dispone la legislación vigente, de manera que la privación del derecho de propiedad sobre su remuneración es de carácter fundamental, y no puede ser arrebatado de manear arbitraria e ilegal como en la especie se ha ejecutado, lo que, a nuestro juicio, determina que el presente recurso deba ser acogido.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “ El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 N.º 1…4… 24º… podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesaria para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Constituye el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de garantías y derechos prexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, debiendo concurrir los siguientes supuestos:

a)

Un comportamiento por acción u omisión, contrario a derecho, expresado bajo la modalidad de ilegalidad o arbitrariedad:

b)

Que ello siga como consecuencia privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías fundamentales.

Que, para el caso de autos, dichos elementos se han configurado de la siguiente manera:

- Derecho consagrado en Artículo 19 Nº1: Se ha perturbado y vulnerado la integridad psíquica de mi representada, al negar el acceso a su remuneración y permitir el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias, como, además, la subsistencia propia de su persona, generando graves consecuencias a nivel íntimo y no que permite que desarrolle sus actividades con tranquilidad.

- Derecho a la Propiedad consagrado en el Artículo 19 Nº 4, donde se le ha privado del 100% de su remuneración, sin existir un acto administrativo que se encuentre total y absolutamente tramitado.

- Que, sólo mediante la interposición de este tipo de acciones mi representada ha logrado el respeto y resguardo de los derechos que le asisten y que han sido previamente resueltos por esta magistratura, constatando el actuar ilegal y arbitrario reclamado en contra de las recurridas.

IV. PETICIONES CONCRETAS.

Por lo anteriormente expuesto, estando dentro de plazo, interpongo en favor de mi representada, doña nombre reservado, Recurso de Protección respecto de los derechos constitucionales que se han vulnerado, para que vuestra Usía Ilustrísima proceda a restablecer el imperio del derecho y ordenar que:

a.

Decretar que los fundamentos de rechazo de las licencias médicas son un acto ilegal y arbitrario.

b.

Que dicho acto ilegal y arbitrario ha vulnerado los siguientes derechos y garantías constitucionales:

b.1)

Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Psíquica de la Persona, b.2)

Derecho de Propiedad es sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

c.

Ordenar a los recurridos efectuar la respectiva autorización de las licencias médicas que se encuentren rechazadas y que fueron extendidas a nombre de mi representada.

d.

Disponer el pago del subsidio al cual tiene derecho mi representada.

e.

Disponer de todas las medidas que en concepto de su Ilustrísimo Tribunal considere conducentes al restablecimiento del Derecho.

f.

Condenar en costas a los recurridos.

Comparece DIEGO MONTERO QUEZADA, abogado en representación del Fondo Nacional de Salud, FONASA, e informa al tenor lo siguiente:

I. En cuanto a la actuación del FONASA respecto al acto u omisión que se alega arbitrario o ilegal en la especie.

Antes que todo, es del caso aclarar que, en conformidad a nuestro Ordenamiento Jurídico, corresponde a las COMPIN o a las Isapres, en su caso, la aprobación o rechazo de las licencias médicas y no al FONASA.

Según lo dispuesto en los artículos 16 y 29 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, es la COMPIN quien debe aprobar o rechazar las licencias médicas, en cuanto a los afiliados del FONASA.

Señala el artículo 16 que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Por su parte, el artículo 29, en su inciso primero, refiere que “las Licencias médicas serán autorizadas por la Compin y por la Unidad de Licencias Médicas”.

Ni la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, ni el D.S. N° 3, de 1984, de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN y las instituciones de salud previsional, menciona a FONASA como organismo tramitador ni autorizador de licencias médicas.

En cuanto al pago de los subsidios, compete a las propias COMPIN (función que hoy se encuentra centralizada en la Tesorería de la Subsecretaría de Salud Pública del Minsal, cual es el superior jerárquico de las COMPIN) o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF), según sea que el trabajador esté o no afiliado a estas últimas.

La función de FONASA en la materia, se limita solamente a la entrega de los recursos financieros para el pago de licencias médicas Curativo Común de sus cotizantes, sea a la Subsecretaría de Seguridad Pública del Minsal o a las CCAF, según sea el caso.

Como se señaló anteriormente, a FONASA no le compete ni la tramitación ni la autorización de las licencias médicas; sino que su función se relaciona expresamente con el disponer de los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, en su caso, cuando la licencia ha sido aprobada por la COMPIN.

En efecto, la COMPIN, es el órgano competente para la tramitación o autorización, en virtud de la facultad explicitada en el DS N° 3, que dispone “para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Atendido a que las licencias médicas fueron rechazadas por el organismo legalmente facultado para ello, no hubo una orden a FONASA para transferir los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, por lo que no se vislumbra de qué forma esta recurrida habría incurrido en una pretendida “ilegalidad o arbitrariedad”, ya que no tiene injerencia en la aprobación o rechazo de una licencia médica.

Más bien, en virtud de lo referido en el artículo 50 del DFL N° 1, de 2005, del Minsal, las funciones de FONASA tienen relación con el financiamiento de las prestaciones y la administración de los recursos del fondo. Dentro de ello, se encuentra el transferir mensualmente los montos de los Subsidios por Incapacidad laboral a la Subsecretaría de Salud Pública, o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF).

En definitiva, el FONASA no está facultado legalmente para fiscalizar sobre el uso, el origen, ni la causalidad de las licencias médicas de sus cotizantes, así como tampoco puede fiscalizar el pago de los Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL) asociados a éstas, siendo estas atribuciones exclusivas de las COMPIN y de la SUSESO.

Comparece SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicitando en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma EXTEMPORÁNEA. Lo anterior, de acuerdo con la siguiente relación de los hechos:

ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CASO DE LA SRA. nombre reservado.

1.-Como consta de la copia del expediente administrativo que se acompaña, el 6 de enero de 2024 recurrió a esta Superintendencia la Sra. nombre reservado, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 25 de octubre de 2023, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-70595-2024 Santiago, 30 / 04 / 2024, este Servicio concluyó que: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en en que según los antecedentes aportados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 05 de junio de 2021, en conformidad al D.L. N 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 34%, el cual, no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, sin embargo, reconoce que presenta patologías de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

1.1.-Luego, mediante presentación de fecha el 8 de julio de 2024 recurrió a esta Superintendencia la Sra. nombre reservado, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 22 de abril de 2024, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-111381-2024 Santiago, 15 / 07 / 2024, este Servicio concluyó que: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, en las situaciones en que las Comisiones Médicas respectivas le han fijado a un afiliado al Sistema del D.L. N°3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, un grado de incapacidad que le da derecho a pensión de invalidez, se pueden autorizar las licencias hasta el término de aquella que estaba vigente al quedar ejecutoriado el dictamen de invalidez, rechazándose las que se presenten a continuación. Que, en la especie, la Superintendencia de Pensiones, a través de su respectiva Comisión Médica, ha emitido el Dictamen N° 011.1423/2021, de fecha 05/05/2021, ejecutoriado con fecha 05/06/2021, por medio del cual se le ha reconocido a la Sra. nombre reservado un 34% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando, en consecuencia, rechazar solicitud de pensión de invalidez. Que, en tal sentido, es posible establecer que aunque la patología en cuestión no alcanza a configurar un grado de invalidez que otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa, en este caso produce una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, situación en la que no procede la autorización de licencia médica por tratarse de un derecho esencialmente temporal, toda vez, que la trabajadora era portadora de una patología irrecuperable, pero no invalidante, como queda de manifiesto en las resoluciones de invalidez rechazadas. Que, sólo en la medida que la interesada cuente con una resolución debidamente ejecutoriada de las Comisiones Medicas de la Superintendencia de Pensiones, que le asigne un porcentaje de invalidez igual o superior a un 50%, o cuando las Comisiones Médicas ya citadas, se los rechacen por tratamientos pendientes del paciente, esto es, lo que las citadas Comisiones denominan "BOT" esta Superintendencia podrá revisar nuevamente su situación”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

2.- Ahora bien, la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 13 de agosto de 2024, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada Compin de los formularios en comento. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 6 de enero de 2024 que realizó la Sra. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre los rechazos de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados PREVIAMENTE por la señalada Compin, con conocimiento de la Sra. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante esta Superintendencia.

Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 7 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si estos formularios fueron emitidos A CONTAR DE OCTUBRE DE 2023.

3.- Por lo expuesto, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

4.- Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

5.- En consecuencia, el recurrente, si estimaba que las resoluciones de la COMPIN y de la ISAPRE que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante SS.- ILTMA., tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

6.- En síntesis, de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, por cuanto, como se desprende de los mismos, los rechazos de estas licencias médicas fueron dispuestos por la referida COMPIN hace MAS DE 7 MESES y no obstante ello, se interpuso la acción de autos recién el 13 DE AGOSTO DE 2024 en contra de mi representada, cuestión que deja de manifiesto la absoluta falta de oportunidad en su ejercicio a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numero 1° del Auto Acordado que lo regula. En efecto, la segunda de las normas citadas dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

Lo anterior, ha sido recogido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que incluso declaró inadmisible, con fecha 12 de diciembre de 2014, el recurso de protección interpuesto en contra de mí representada por la Sra. nombre reservado, Rol Nº 81839-2014, en virtud de lo siguiente:

“1° Que el plazo para recurrir de protección es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto que dio motivo a la amenaza, perturbación o privación del derecho que se estima vulnerado.

2° Que del contexto de la presentación y documentos acompañados, se desprende que el acto impugnado y a contar del cual se debe contabilizar el plazo para deducir esta acción constitucional es, en definitiva, la resolución Nº 49842 de fecha uno de agosto de dos mil catorce.

3º Que de lo expuesto, es posible colegir que el recurrente ha tomado conocimiento del acto que impugna con una antelación superior al plazo previsto para su interposición, razón por la cual no puede ser acogido a tramitación por extemporáneo.

4º que las reclamaciones posteriores, y en particular las solicitudes de reconsideración, no pueden servir para computar un nuevo plazo.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara inadmisible por extemporáneo, el interpuesto a fojas 1”.Igualmente, mediante la sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, se acogió la alegación de extemporaneidad interpuesta por mi representada, toda vez que: “…Tercero: Que a su vez se ha dicho por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, que la presente acción sería extemporánea, toda vez que ya desde el año 2014 el actor conocía la decisión de su parte en orden al rechazo de las licencias médicas que ha invocado, lo cual se formalizó a través de la Resolución exenta N° 39.312 de 24 de junio de 2014, por lo que claramente esta acción resulta ser del todo extemporánea. Que, asimismo, la decisión que rechaza la solicitud de reconsideración ante dicha autoridad, mediante el Ordinario N° 5670 de 22 de enero de 2015, acto impugnado en estos autos, no es recurrible por esta vía de protección, toda vez que el pronunciamiento que le antecede había sido adoptado ya en el mes de junio de 2014, como se expresara, por lo que el recurrente con este proceder pretendería hacerse de un nuevo plazo para poder recurrir ante esta Corte, lo que resulta del todo improcedente”.

“Cuarto: Que del mérito de los antecedentes allegados a estos autos, consta que efectivamente la intención de mantener la decisión de no pagar las licencias médicas extendidas al actor se materializó a través de la dictación de la Resolución N° 39.312 de 24 de junio de 2014, pidiendo el actor, muy posterior a esa fecha, la reconsideración de la medida, con lo dicho su actuar significó hacerse de un nuevo plazo para eventualmente recurrir de protección, como lo hizo, por lo que en ese evento habiendo transcurrido con largueza el plazo de 30 días que al efecto dispone el Auto Acordado respectivo para deducir el presente arbitrio, dicho plazo estaba totalmente vencido a la fecha de deducir la presente acción, por lo que la misma deberá ser declarada extemporánea”.

7.- En relación con esta alegación, cabe hacer presente una vez más que, como lo han señalado diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, no resulta procedente el que se emplee la Acción de Protección de los derechos y garantías constitucionales como una última instancia de reclamo o apelación, cuando en opinión del recurrente las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros, no le han dado los resultados esperados. En otros términos, la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales. Aceptar que se pueda controvertir o revisar la decisión médica implícita en el procedimiento de autorización de las licencias médicas, más allá de todas las instancias de revisión (que no son pocas) dispuestas en el ordenamiento jurídico, implica asumir que este excepcional procedimiento de emergencia sería una nueva instancia de revisión de las licencias médicas, cuestión que ciertamente está muy alejada de la finalidad con que el constituyente creó la acción en comento. Esta afirmación está respaldada en el inciso primero, parte final del artículo 20 de la Constitución Política de Chile al disponer que la persona afectada en sus garantías por un acto ilegal o arbitrario puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

8.- A mayor abundamiento, una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida esta acción constitucional de orden cautelar.

9.- Que, por lo demás, lo anteriormente expuesto, ha sido reconocido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, en el fallo pronunciado en los autos sobre Recurso de Protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, Rol Nº 1354-2014, en el que se establece que: “La recurrida alega la extemporaneidad del recurso o acción, para lo cual se funda en que el acto contra el cual realmente se dirige, es aquél por el que la Compin Subcomisión Arauco rechazó sus licencias médicas, de lo cual, según la misma Superintendencia de Seguridad Social, el recurrente habría tomado conocimiento en julio de 2013, en tanto que el recurso se interpuso el 20 de febrero de 2014”.

“Que consta en autos que el recurso de protección fue interpuesto el 20 de febrero del 2014, y que a través del mismo, se busca se reconsidere la determinación de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirma el 21 de agosto de 2013 lo resuelto por la COMPIN Subcomisión Arauco, en cuanto a desestimar las licencias médicas del recurrente, hecho acaecido para las licencias médicas números 38998807, 39024339, 39011292 y 41075411”.

“Que, por ende, el acto agraviante contra el cual se recurre es realmente la determinación de la COMPIN Subcomisión Arauco, y no la resolución que resuelve la reconsideración presentada a la Superintendencia de Seguridad Social, y en este contexto es dable concluir que dicho recurso fue presentado en forma extemporánea, toda vez que, de conformidad con lo que dispone el Auto Acordado respectivo, el plazo se cuenta desde la fecha de ejecución del acto u ocurrencia de la omisión y no desde la producción de sus efectos. Aceptar el criterio del recurrente implicaría dejar al arbitrio de quien intente un recurso como el de autos, la determinación de la fecha a partir de la cual se contabilice el término para deducirlo, lo que conduce en la práctica, a la existencia de plazos no definidos, contrariando lo claramente ordenado en el Auto Acordado antes indicado, en cuanto a que éste es de treinta días, lo que persigue la finalidad indudable de otorgar certeza respecto de dicha materia”.

“La Excma. Corte Suprema reiteradamente ha sostenido que el plazo para recurrir de protección es objetivo, de modo que haya certeza jurídica en cuanto a las fechas pertinentes, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes ni puede ser prolongado de manera artificial por el interesado y se cuenta desde la fecha de la fecha del acto u omisión o desde que se tuvo conocimiento o noticia del mismo y es ésta circunstancia básica que permite el cómputo del término para recurrir”.

“Que por lo anteriormente expuesto y concluido, ha de desestimarse la presente acción de protección...”.

Lo anterior, se encuentra reforzado además, por el fallo de fecha 10 de septiembre de 2013, de la séptima sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol Nº 7991-2013, que sobre licencias médicas rechazadas por la Compin Región del Bío-Bío, señaló: “Que sin embargo, de lo expuesto por las partes, y documentación acompañada a este expediente, aparece que efectivamente, los rechazos de las 4 licencias médicas materia del recurso, fueron dispuestas por la Compin Región del Bío-Bío, Subcomisión Concepción varios meses antes de entablarse esta acción”.

“En efecto, respecto de las licencias médicas N° 39049334 y 38329722, en el reclamo de 12 de octubre de 2012 el propio recurrente hizo presente que con fecha 4 de septiembre de 2012 había presentado recurso de reposición ante la Compin Concepción, siendo informado del resultado negativo del recurso el 11 de octubre de 2012”.

“En cuanto a las 2 restantes licencias, N° 39210164 y 37550002, también resulta de los antecedentes que, rechazadas que fueran, de estos rechazos el recurrente tomó oportuno conocimiento, pues dedujo recursos de reconsideración que fueron rechazados por la Compin Concepción con fecha 4 de diciembre de 2012, según los formularios de notificación de los mismos acompañados en el expediente junto a su presentación de 19 de diciembre de 2012”.La referida Compin las había rechazado por considerar reposo injustificado”.

“Así, posteriormente, con fechas 12 de octubre y 6 de diciembre, ambas de 2012, nuevamente reclamó en contra de la misma Compin el rechazo de las licencias médicas ya individualizadas, extendidas por un total de 120 días a contar del 21 de julio de 2012, dando lugar al Ordinario N° 612, de 4 de enero del año en curso, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo realizado por la Compin Región del Bío-Bío de las licencias médicas en cuestión.

Por último, mediante presentación de 8 de enero de 2013 el actual recurrente solicitó reconsideración de lo anteriormente resuelto, en cuanto a la confirmación del rechazo de las licencias médicas dispuesto por la Compin, el cual fue rechazado mediante oficio N° 28447, de 7 de mayo de 2013, de esa Superintendencia”.

“Que en las circunstancias señaladas, resulta indiscutible que la decisión de la cual reclama actualmente el recurrente se remonta al menos al 4 de septiembre de 2012, fecha de presentación de su recurso de reposición ante la Compin Concepción por el rechazo de dos de las licencias; y respecto de las 2 restantes (licencias), basta considerar que fueron denegadas, rechazándose por la Compin Concepción con fecha 4 de diciembre de 2012, el recurso de reconsideración también interpuesto”.

“En consecuencia, son estas fechas las que deben ser consideradas para el cómputo del plazo en estudio, y no la invocada por el recurrente en su libelo”.

“Por lo anterior, habiéndose deducido el presente recurso recién con fecha 24 de enero de 2013, como consta de fs.3, esto es, ya vencido el plazo fatal indicado, la presente acción resulta haberse interpuesto en forma extemporánea, y por ende debe ser desestimada”.

POR TANTO, atendida las anteriores consideraciones de hecho y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el nuYelorl primero del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales,DE SS. ILUSTRÍSIMA, solicito se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

EN SUBSIDIO, ALEGA LA IMPROCEDENCA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL Antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, de SS., solicito se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la enumeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

POR TANTO; En mérito de lo anteriormente expuesto, y en forma previa a entrar al análisis del fondo de la acción interpuesta; SOLICITO A VS. ILUSTRÍSIMA se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, como es el caso de la Sra. nombre reservado, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

En efecto, tras la aprobación de las últimas licencias médicas de la Sra. nombre reservado, consta evidentemente que el cuadro que aqueja a la Sra. nombre reservado ha evolucionado en forma crónica y la incapacidad que le provoca NO ES MODIFICABLE CON REPOSO.

Esta conclusión se basa en que, en las situaciones en que las Comisiones Médicas respectivas le han fijado a un afiliado al Sistema del D.L. N°3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, un grado de incapacidad que le da derecho a pensión de invalidez, se pueden autorizar las licencias hasta el término de aquella que estaba vigente al quedar ejecutoriado el dictamen de invalidez, rechazándose las que se presenten a continuación. Que, en la especie, la Superintendencia de Pensiones, a través de su respectiva Comisión Médica, ha emitido el Dictamen N° 011.1423/2021, de fecha 05/05/2021, ejecutoriado con fecha 05/06/2021, por medio del cual se le ha reconocido a la Sra. nombre reservado un 34% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando, en consecuencia, rechazar solicitud de pensión de invalidez. Que, en tal sentido, es posible establecer que aunque la patología en cuestión no alcanza a configurar un grado de invalidez que otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa, en este caso produce una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, situación en la que no procede la autorización de licencia médica por tratarse de un derecho esencialmente temporal, toda vez, que la trabajadora era portadora de una patología irrecuperable, pero no invalidante, como queda de manifiesto en las resoluciones de invalidez rechazadas. Que, sólo en la medida que la interesada cuente con una resolución debidamente ejecutoriada de las Comisiones Medicas de la Superintendencia de Pensiones, que le asigne un porcentaje de invalidez igual o superior a un 50%, o cuando las Comisiones Médicas ya citadas, se los rechacen por tratamientos pendientes del paciente, esto es, lo que las citadas Comisiones denominan "BOT" esta Superintendencia podrá revisar nuevamente su situación Por tanto, su capacidad residual de trabajo, es suficiente para reintegrarse a sus labores habituales, no siendo admisible que haga uso de licencias médicas, máxime si éstas fueron rechazadas por reposo injustificado, toda vez que ya hizo uso de este tipo de formularios por un largo período.

En efecto, con posterioridad a las licencias reclamadas dio cuenta de su capacidad residual de trabajo, incorporándose a trabajar por lo que se confirma mayormente lo dictaminado por este Servicio.

Cabe agregar que conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

Asimismo, mi representada ha señalado reiteradamente que una persona declarada inválida que ha vuelto a trabajar con su capacidad residual de trabajo, puede tener derecho a presentar licencias médicas, en las oportunidades en que dicha incapacidad residual se vea temporalmente afectada, sea por una de las patologías por la que fue declarada inválida u otra distinta.

En todo caso, para que una persona demuestre que tiene capacidad residual de trabajo, es necesario que con posterioridad a la obtención de la pensión de invalidez se haya reincorporado efectivamente a trabajar y que luego sufra una incapacidad laboral que afecte dicha capacidad residual, por la misma u otra patología, que lo aleje temporalmente del trabajo al que se había reincorporado.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

2.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. ILTMA., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del nuYelorl 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que:

“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

3.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Cabe hacer presente a SS. ILTMA. que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a ese ILTMO. Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida. En esta parte, SS. ILTMA., muy bien sabe que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la nombre reservado voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Así, lo ha reconocido la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que en causa Rol Nº 19213-2014, por el recurso interpuesto por la Sra. nombre reservado, resolvió en cuanto a la fundamentación contenida en los oficios de mi representada lo siguiente: “Que la Superintendencia recurrida afirma que se pronunció sobre el rechazo de las licencias médicas N° 39674860; 39674862; 39765061; 39765070; 39913805; 39913828; 40228202 y 39765091 luego de haber revisado los antecedentes clínicos de la niña Rania nombre reservado, incluido el informe de la médico tratante y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por ella no se encontraba justificado al no acreditarse la gravedad de la enfermedad durante el lapso que las mismas cubren”.

“Que la aseveración efectuada en el motivo precedente por la recurrida encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente N° 01736-2014-P1, tenido a la vista, en los que no sólo se encuentran las resoluciones impugnadas, sino el examen realizado a la hija de la recurrente en el Centro Radiológico Fleming el día 8 de enero de 2013”.

“Que a la luz de los antecedentes referidos en los motivos sexto y séptimo se aprecia que no aparece desprovisto de fundamento el acto recurrido, desde que no se encuentra acreditada la existencia de la enfermedad por la cual se otorgaron las licencias reclamadas. En consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna en la decisión de la recurrida de rechazar el reclamo del afiliado respecto de las licencias médicas, razón por la que el presente recurso debe ser rechazado”.

En efecto, es un hecho de la causa que dado lo extenso del reposo indicado, las alteraciones que la interesada presenta SON DE CURSO CRÓNICO Y NO SUSCEPTIBLES DE MODIFICAR CON REPOSO.

Por lo anterior, se aprecia que el Ord. impugnado por el recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra la resolución impugnada, sino una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de dicho Oficio, en orden a rechazar las licencias indicadas.

4.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

En efecto, lo anterior fue rescatado por el citado fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, que señaló lo siguiente: “…Que en relación a lo expuesto en el apartado que antecede, no cabe alegar por parte del recurrente un derecho de propiedad de que gozaría por haber “una privación a mi legítimo derecho a retribución monetaria consagrada en nuestra legislación en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad”, dado que la emisión de una licencia médica no puede significar que la misma, por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello.

Décimo: Que siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una enfermedad común y si la misma puede ser objeto de una incapacidad laboral transitoria o definitiva, con el resultado que en cada una de esas opciones se produzca, situación que en la especie requeriría la concurrencia de otra sede procesal que no es la que nos convoca en el presente recurso.

Undécimo: Que en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a dudas, que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento legalmente tramitado, de manera que no es arbitrario, y que las decisiones fueron adoptadas por las respectivas comisiones médicas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto ilegales, como se pretende por el recurrente, por lo que atendido lo expuesto, se rechazará la acción de protección deducida en cuanto persigue sostener lo contrario”.

POR TANTO; en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 N° 18 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, orgánica y de funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes;DE SS. ILUSTRÍSIMA solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que, el acto que se estima ilegal y arbitrario es el rechazo de licencias médicas por parte de COMPIN y la dictación por parte de la Superintendencia de Seguridad Social de las resoluciones:

1.- R-01-UME- -01-UME- 70595-2024 (30/04/2024). nombre reservado. RUT reservado. 30 días de reposo, a contar del 25 de octubre de 2023. Reposo no justificado. Antecedentes aportados y tramite de invalidez, que concluyo un 34% (no suficiente para pensión), reconoce que presenta patología de carácter crónico e irreversible.

2.- R-01-UNRA- 111381-2024 (15/07/2024). nombre reservado. RUT reservado..

30 días de reposo otorgado, a partir del 22 de abril de 2024. Reposo no justificado. Que con fecha 05/06/2021, se ha reconocido un porcentaje de invalidez de un 34%, rechazando pensión por dicho concepto. Que la patología que presenta produce una incapacidad laboral permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, no debiendo autorizarse, dado que es un derecho esencialmente temporal, dado lo irrecuperable del padecimiento, pero no invalidante.

TERCERO: Que, en cuanto a la extemporaneidad del recurso, no existiendo antecedentes fehacientes que den cuenta de la época que la recurrente tomó efectivamente conocimiento de las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Salud, sino sólo del envío de comunicaciones electrónicas, ha de entenderse que se encuentra dentro de plazo para interponer el presente recurso de protección. Sin perjuicio de lo cual y considerando que el rechazo de las licencias médicas implica el no pago del subsidio correspondiente, situación que se extiende hasta la fecha, ello permite sostener que el plazo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se encuentra vigente por lo que la presente alegación se rechazará.

CUARTO: Que, en lo referente a la solicitud de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, en orden a que se declare la improcedencia de la acción constitucional interpuesta, por tratarse de materias de seguridad social, y por ende no encontrarse tal derecho garantizado en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que si bien esta Corte coincide con lo expuesto sobre este punto, el hecho denunciado a través de esta acción tiene una implicancia directa, sea por vía de amenaza, perturbación o afectación, respecto de otros derechos constitucionales que si se encuentran garantizados en el referido catálogo, tales como la vida e integridad física y psíquica, lo que en principio habilita a la actora para requerir la protección que se solicita.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional y que, en lo pertinente, dispone: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia" como, asimismo, lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo, que señala: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer, de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

SEXTO: Que, de las resoluciones que fundamentan el presente recurso, se desprende que la autoridad administrativa reconoció la existencia de la patología que afecta a la recurrente, pero basó su decisión en que esta solo presenta un porcentaje de invalidez del 34%, lo que no le otorga derecho a pensión bajo dicho concepto. En este contexto, se argumenta que la licencia médica, concebida para enfrentar circunstancias temporales, resulta improcedente, ya que la patología señalada genera una incapacidad laboral permanente, caracterizada por alteraciones de curso crónico que no pueden mejorar con reposo médico. Así, se concluye que no corresponde autorizar dichas licencias, dado el carácter temporal de este beneficio y lo irrecuperable del padecimiento, aunque este no alcance el umbral de invalidez establecido.

SÉPTIMO: Que, de lo anterior, se concluye que la Superintendencia de Seguridad Social, al actuar de la manera descrita, no se ajustó a la legalidad vigente, al no justificar ni desvirtuar de manera suficiente los antecedentes acompañados por la recurrente. Estos incluían informes médicos que respaldaban la necesidad del reposo. En este sentido, los fundamentos que sustentan el rechazo de la licencia médica y la apelación correspondiente resultan insuficientes, ya que no permiten desvirtuar el estado de incapacidad laboral de la paciente. Este proceder implica que la decisión adoptada por la autoridad no solo sea ilegal, sino también arbitraria.

OCTAVO: Que, si bien la discrecionalidad técnica de la administración limita la intervención judicial en sus decisiones, dicha limitación admite excepciones cuando el proceder administrativo resulta manifiestamente ilegal y solo existe una única vía de actuación posible. En este caso, los antecedentes incorporados al proceso generan convicción en los suscritos de que, dada la patología que afecta a la recurrente, cuya naturaleza es consensuada, solo corresponde aprobar las licencias médicas impugnadas. En consecuencia, no resulta necesario disponer un nuevo peritaje, ya que este sería redundante frente a los hechos acreditados, los cuales conducen inequívocamente a la aprobación de las licencias.

NOVENO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida constituye una vulneración al derecho garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privar a la recurrente del derecho a percibir la retribución monetaria contemplada por la ley para los casos de imposibilidad de trabajar debido a enfermedad. Esta privación, sumada a la ilegalidad señalada previamente, permite concluir que la acción constitucional deducida debe ser acogida.

Por estas consideraciones, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre la materia, se declara:

I. Que se rechaza la alegación de extemporaneidad e improcedencia planteada por la recurrida.

II. Que SE ACOGE el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, dejando sin efecto la Resolución Exenta N° 01-UME-70595-2024 (30/04/2024) y R-01-UNRA-111381-2024 (15/07/2024), por las cuales la SUSESO desestimó el recurso de apelación presentado contra la decisión de la COMPIN de rechazar las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado. Estas licencias se tienen por aprobadas, y se ordena disponer el pago íntegro de las mismas.

Acordada con la prevención de la Ministra Sra. Georgina Gutiérrez Aravena, quien estuvo por acoger el recurso solo en cuanto se ordena a la autoridad administrativa reevaluar el padecimiento de la recurrente, determinando su origen, entidad y pronóstico de recuperación, para posteriormente pronunciarse nuevamente sobre las licencias médicas rechazadas.

Redacción a cargo del Abogado integrante Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5616-2024. (cwm)