nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos:

Que comparece doña nombre reservado y nombre reservado, abogados, en representación de nombre reservado, cirujano dentista, domiciliado en la comuna de Vilcún, y de nombre reservado, técnico dental, domiciliado en la comuna de Lautaro quienes interpusieron recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO, representada por su alcalde Luis Alberto Muñoz Pérez, entidad a la que atribuyen la vulneración de sus garantías constitucionales de los numerales 1°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República con ocasión de retenerles pagos y enconmendar un supervisión en su contra.

Explicaron que el Sr. nombre reservado ha ejecutado y desarrollado desde el año 2007 un programa municipal del área de salud dental originado en un convenio entre el Municipio y Junaeb que debe ejecutar el actor en beneficio de niños/as de Pre-kinder hasta octavo básico de las Escuelas de la comuna de Perquenco.

Dichas prestaciones odontológicas se encuentran reguladas, a través, de un Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, cuya duración es de dos años (2020 y 2021). Dicho contrato es suscrito por la Ilustre Municipalidad de Perquenco y don nombre reservado.

Se refirió a dificultades durante la ejecución del proyecto, y que se remontan hacia años atrás, tales como falta de apoyo del edil, hechos de acoso laboral atribuibles al Director del Departamento de Salud (Municipal). Acusó una licitación irregular para el periodo 2016-2017, e hizo alusión a falta de entrega de recursos destinados al programa por periodos de hasta 10 meses.

Acusó que actualmente a pesar de estar vigente el referido contrato, la Municipalidad recurrida abandonó el programa y los pagos correspondientes que la Junaeb paga a la Municipalidad por la ejecución de dicho programa, los que –sostuvo- en varias oportunidades han sido retenidos o bien pagados en un tiempo antojadizo de la Municipalidad, lo que califica como una actuación arbitraria e ilegal.

Aludió a las dificultades actuales en la ejecución del programa por la situación sanitaria, sin perjuicio de lo cual se ingresaron pacientes y Junaeb aprobó recursos para el pago, los que se mantienen retenidos por el Municipio.

Particularizó que la cláusula SEXTA del contrato estableció que el recurrente: “(…) no tendrá la calidad de funcionario municipal (…) el presente contrato no dará origen laboral de ninguna especie. En consecuencia, las normas de la Ley N° 18.883 y las del Código del Trabajo no tendrán aplicación en el presente contrato”.

Por otra parte, la cláusula DÉCIMA QUINTA del referido convenio, se refiere a que la JUNAEB cuenta con facultades para realizar supervisiones al módulo dental.

Luego indicó que el Alcalde –según se desprende de Oficio N°347 de 3 de mayo de 2021- encargó una especie de auditoría pese a que al no tener la calidad de funcionario municipal no está sujeto a fiscalización ni afecto a procedimientos sumarios.

Precisó más adelante que la supervisión se efectuó en abril recién pasado.

Dijo que el Director del CESFAM de Salud don nombre reservado, y doña nombre reservado, han efectuado actos en su perjuicio, que contravienen normas del principio de legalidad y debido proceso, ya que han llevado una supervisión en donde -afirmó- ha prevalecido lo subjetivo y la falta de fundamento, sin aplicar ningún criterio objetivo “sino literalmente con papel y lápiz a anotar las supuestas irregularidades”, accedieron a datos personales, a los que –según afirmó- solo JUNAEB tiene acceso, usando dicha información para llamar a los padres de los niños para “consultar acerca del rendimiento del Sr. nombre reservado”. Luego, extrajeron datos e información de todo el equipo del respectivo módulo 3 de los profesionales cirujanos dentistas, de los técnicos superiores, extrayendo los run, nombres, cursos, previsión, fecha de nacimiento, ingresos y mes de alta de la nómina mensual.

Apuntó que se ha transgredido la cláusula décimo octavo del contrato que contempla el “deber de confidencialidad” y estableció que: “Todas las personas, sin importar el tipo de participación que tengan dentro de los procesos, deberán guardar confidencialidad respecto de todos los antecedentes derivados de los mismos, entendiéndose por datos de carácter personal, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”.

Agregó que toda la información que mantenga el programa es de propiedad exclusiva de JUNAEB según lo dispone la cláusula décimo noveno del convenio.

Relató que a consecuencia de lo anterior no logró ejecutar la totalidad de las prestaciones odontológicas producto de la pandemia, circunstancias ajenas a su voluntad, se le retuvo de manera arbitraria e ilegal la boleta de honorarios del mes de abril del año 2021 Pidió en definitiva que se ordene a la recurrida dar cumplimiento al pago de los honorarios de fecha 20 de abril del año 2021, boleta Nro. 156; y se declare que el actuar de la parte recurrida ha sido arbitrario e ilegal, en torno a la fiscalización y supervisión contra el recurrente basado en oficio N° 347 de fecha 03 de mayo del año 2021; se adopten todas las medidas necesarias para poner fin a las arbitrariedades denunciadas; con expresa condenación en costas.

Que informó Andrés Carrasco Figueroa, por la recurrida Municipalidad de Perquenco quien expuso que desde hace más de 20 años a la fecha, ha existido en Perquenco, la ejecución del Programa de Salud Oral, que se realiza a los estudiantes de la comuna, en virtud de un Convenio de Colaboración suscrito entre el Municipio y la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.- Dicho Convenio, en síntesis, implica la transferencia de fondos desde la JUNAEB al Municipio, para la contratación de un Odontólogo, para que realice ciertas prestaciones en el ámbito de su profesión.- De esta forma, se ha contratado al recurrente don nombre reservado para la prestación de los servicios, generalmente bajo la modalidad de honorarios, salvo para el periodo 2016 – 2017, en que se procedió a Licitar los servicios, por los montos involucrados, oportunidad en que resultó ganador el Recurrente.

Respecto de la recurrente doña nombre reservado, no tienen mayores antecedentes ni se indica en el Recurso de Protección cual es su interés en el mismo.

Agrega que el 02 de enero del año 2020, se suscribe el último Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios entre el Recurrente y la Municipalidad de Perquenco, el que fue aprobado por Decreto Alcaldicio N° 354, de fecha 18 de marzo del año 2020. En la cláusula primera de dicho Contrato, consta que a lo que el Recurrente se obligó, además se le contrató bajo régimen de honorarios, para prestaciones que indica. Añade que en conformidad a la clausula cuarta del mismo Contrato, se obligó a: “La Municipalidad pagará a don nombre reservado por las prestaciones odontológicas efectuadas durante el año 2020 sumas que indica por cantidad y tipo de prestaciones que detalla.

Por la pandemia se vieron profundamente afectadas las prestaciones de servicios que implicaban atenciones personalizadas A nivel Regional, hubo muchos Módulos Dentales de la JUNAEB que atienden en virtud de Convenios con los Municipios, que pararon su funcionamiento Pero dado el conocimiento personal que por años ha existido con el recurrente, se buscaron medidas alternativas para mantener su funcionamiento, por lo que no es efectivo que se hubiera hecho un “abandono del programa”, sino muy por el contrario, siempre se trató de mantenerlo en funcionamiento, considerado especialmente la situación del recurrente y su equipo.

Tampoco es efectivo, que la Municipalidad hubiera retenido los dineros entregados por la JUNAEB para el pago del recurrente, por cuanto, el procedimiento administrativo, implica que primero se ejecutan las prestaciones por parte del Recurrente, las que son informadas y supervisadas por la JUNAEB, la que si encuentra la documentación en regla, transfiere los fondos al Municipio Ageraga que discrepan del parecer de los recurrentes, toda vez, que el Municipio no puede ser reducido a una simple entidad pagadora Señala que el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales a Honorarios se suscribe entre el Municipio y el Recurrente, y como todo contrato de tracto sucesivo, puede ocurrir un cumplimiento insatisfactorio, tardío, etc., del mismo, que da lugar a retener el pago que corresponda. Siguiendo con el iter contractual, siempre el Municipio, efectuó una revisión final de cada estado de pago que le correspondía percibir al Recurrente, conforme las prestaciones que iba ejecutando.

Es por ello, que en el contexto del cobro de las prestaciones dentales que el Recurrente y su Equipo efectuaron los meses de enero y febrero del año 2021, y que corresponden a la Boleta N° 156, de fecha 20 de abril del año 2021, se solicitó al CESFAM Federico Thieme H., que efectuara la visación de pago de rigor. El CESFAM Federico Thieme H., abordó su tarea por medio de la Odontóloga Srta. nombre reservado, quien efectúo una serie de observaciones, las que se plasman en el Oficio N° 347, de fecha 03 de Mayo de 2021, remitido al recurrente.

Frente a lo anterior, la propia JUNAEB instruyó al Municipio para suspender el pago, y procedió a efectuar una breve auditoria al Módulo Dental, que a la fecha no ha podido concluir, según lo informado por la JUNAEB, por falta de colaboración del recurrente Indica que no se trata de una negativa caprichosa o injustificada, sino por el contrario esta basada en antecedentes recopilados por una profesional en el área. Además, tampoco se trata de una negativa definitiva, sino que solamente se le pidió al recurrente aclarar las observaciones De acogerse la tesis de la contraria, la Municipalidad quedaría atada de manos frente a los incumplimientos reseñados, lo que no se condice con las facultades de todo contratante civil ni con las facultades exorbitantes que le corresponden a la Administración.

Es más, en conformidad al artículo 1546 del C. Civil, los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente, obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o costumbre pertenecen a ella.

En este sentido, lo que reprocha el Recurrente es precisamente una supuesta falta de facultades para visar o no el pago de una Boleta de Honorarios y proceder al mismo por parte del Municipio, suponiendo que le estaría vedado hacerlo Concluye señalando que la situación planteada en estos autos, dice relación con presuntos incumplimientos contractuales según lo ha entendido la propia recurrente, que ha iniciado un Juicio sobre Indemnización de Perjuicios en contra del Municipio, según consta en Causa Rol N° 254 – 2021, del Juzgado Civil de Lautaro Lo propuesto no dice relación con un derecho indubitado que le corresponda al recurrente, sino por el contrario, se encuentra cuestionado por el otro Contratante y por la entidad patrocinadora (JUNAEB).

Pidió el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que conforme aparece del recurso, lo que en el presente caso se denuncia como ilegal y arbitrario, es el proceder de la Municipalidad recurrida, la que según refiere la recurrente, sin justificación alguna habría negado el pago de los honorarios de que da cuenta la boleta identificada con el nº 156 y habría además, realizado fiscalizaciones y supervisiones fuera de los márgenes contractuales y legales.

Tercero: Que la recurrida por su parte, señala que el procedimiento administrativo, implica que primero se ejecutan las prestaciones por parte del recurrente, las que son informadas y supervisadas por la JUNAEB, la que si encuentra la documentación en regla, transfiere los fondos al Municipio; agrega que en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales a Honorarios que se suscribe entre el Municipio y el recurrente, como en todo contrato de tracto sucesivo, puede ocurrir un cumplimiento insatisfactorio, tardío, etc., del mismo, lo que da lugar a retener el pago que corresponda; apuntando finalmente que la propia JUNAEB instruyó al Municipio para suspender el pago, y procedió a efectuar una breve auditoria al Módulo Dental, concluyendo que la situación planteada en estos autos, dice relación con presuntos incumplimientos contractuales, lo que no dice relación con un derecho indubitado que le corresponda al recurrente.

Cuarto: Que de lo expuesto, resulta que la controversia dice relación con la ejecución de un contrato de prestación de servicios a honorarios, suscrito entre el recurrente Sr. nombre reservado y la Municipalidad de Perquenco, el que fue aprobado por Decreto Alcaldicio N° 354, de fecha 18 de marzo del año 2020. En relación a ello, las posiciones de las partes son completamente contrapuestas en torno a la aplicación de las cláusulas contractuales.

Quinto: Que de lo anterior resulta, que los hechos sobre los cuales se pretende emita pronunciamiento esta Corte, no tiene las caratcterísticas propias de uno que hagan posible prospere esta acción de remedio constitucional y cautelar, toda vez que se discuten supuestos temas contractuales entre las partes, que para ser dirimidos requieren de un procedimiento de lato conocimiento, en que en el marco de un procedimiento racional y justo, las partes expongan y acreditan sus tesis fácticas y jurídicas en torno a la convención que los liga.

Sexto: Que así las cosas, la presente acción cautelar escapa al ámbito de competencia de este recurso, no siendo la vía idónea para conocer y resolver materias propias -como se ha dicho- de un juicio de lato conocimiento.

Por lo razonado y atendido lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acortado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Excelentísima Corte Suprema; SE RECHAZA el interpuesto por doña nombre reservado y nombre reservado, abogados, en representación de nombre reservado, y de nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO, representada por su Alcalde Luis Alberto Muñoz Pérez.

Estimándose que los recurrentes tuvieron motivos plausibles para litigar, cada parte pagará sus costas.

Regístrese y Archívese.

Redactó nombre reservado Valdivia, Abogado Integrante.- Protección-5556-2021.(fcv)