Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece nombre reservado quien viene en interponer el presente recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. alegando como acto ilegal y arbitrario que la recurrida, mediante resolución de fecha 04 de febrero del 2026, rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero por lo que alega como vulneradas sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2, en el artículo 19 N°3 y en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República y pide que se ordene la validación de la documentación aportada y la devolución de los fondos solicitados.

Señala que el recurrente acredita su afiliación a la seguridad social venezolana mediante constancia electrónica verificable y adicionalmente acredita afiliación a la seguridad social del Reino de España, por lo que sostiene que cumple los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156 especialmente en sus artículos 1 y 7 para solicitar la devolución de fondos previsionales.

Indica que la recurrida incurrió en omisión y falta de diligencia al no verificar electrónicamente la constancia de afiliación expedida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales pese a que la propia constancia contiene un código de verificación y medios públicos de comprobación, de modo que el rechazo fundado en la falta de apostilla o legalización constituye una exigencia no prevista en la Ley N° 18.156.

Expone que la actuación de la administradora resulta arbitraria por exigir requisitos formales adicionales y distintos a los previstos por la ley, lo que configura una discriminación frente a otros peticionarios en situación análoga que han obtenido autorización de devolución, produciendo así una afectación del derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Argumenta que el rechazo vulnera el debido proceso contenido en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República porque la administradora no actuó con objetividad ni imparcialidad, no solicitó aclaraciones ni concedió plazo razonable para subsanar eventuales observaciones y no practicó las verificaciones electrónicas que estaban a su alcance.

Arguye que la retención injustificada de los recursos afecta el derecho de propiedad previsto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que los fondos previsionales constituyen patrimonio del afiliado y la exigencia de legalización o apostilla impone una carga desproporcionada y no prevista por el legislador.

Relata que la jurisprudencia y sentencias de cortes de apelaciones citadas en el escrito confirman el criterio de que la Ley N° 18.156 debe interpretarse conforme a su finalidad y que la verificación electrónica de documentos oficiales es suficiente para acreditar la afiliación exigida por el artículo 1 de la referida ley, por lo que negar la devolución por meros requisitos formales resulta arbitrario.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se acoja el recurso de protección, que se declare que el rechazo de la solicitud de retiro de fondos por parte de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. constituye un acto ilegal y arbitrario, que se ordene la validación de la constancia electrónica de afiliación y demás documentos aportados, que se ordene la devolución de los fondos solicitados dentro de un plazo perentorio y que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A su recurso acompañó como pruebas Cédula de identidad para extranjeros de nombre reservado; carta de rechazo de la AFP nombre reservado; constancia de afiliación electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; informe de afiliación a la seguridad social española apostillado y verificable; título profesional apostillado; certificado de antecedentes de residencia emitido por la recurrida.

A folio 8 comparece nombre reservado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., quien viene en informar respecto del presente recurso de protección, y señala que la actuación de la administradora se ajustó a la normativa vigente y que no existe acto arbitrario ni privación de derechos por lo que solicita que se rechace el recurso; y pide que se tenga por evacuado el informe requerido y se rechace el recurso de protección en todas sus partes con expresa condenación en costas.

Señala que el recurso de protección es inaplicable en la especie porque no existe privación, perturbación ni amenaza arbitraria o ilegal que impida el ejercicio de derechos fundamentales y porque la pretensión del recurrente intenta obtener un derecho cuyo cumplimiento está sujeto a requisitos legales y objetivos que no fueron acreditados, invocando jurisprudencia de cortes de apelaciones y la doctrina de la Excelentísima Corte Suprema.

Indica que la cronología relevante comprende la presentación de la solicitud de devolución de fondos el 22 de enero del 2026 y la respuesta de la administradora con fecha 4 de febrero del 2026 rechazando la documentación aportada por no cumplir las exigencias de legalización o apostilla, y que el 15 de febrero del 2026 se interpuso el recurso de protección por el recurrente, circunstancia que motiva el presente informe.

Expone que la Ley N° 18.156 en sus artículos 1 y 7 exige, como requisito copulativo, la acreditación de afiliación a un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero que otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte y que dicha afiliación debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social del país correspondiente debidamente legalizada o apostillada, conforme asimismo a lo dispuesto en el artículo 345 y en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil y a las instrucciones y oficios de la Superintendencia de Pensiones, entre ellos el Oficio N° 24.472 de 26 de octubre del 2015 y el Oficio N° 30.477 de 30 de diciembre del 2011.

Argumenta que la constancia electrónica presentada por el recurrente, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, carece de firma autorizada y de la apostilla exigida para producir efectos en Chile y que la mera existencia de un código de verificación en la página web del emisor no suple la legalización prevista en la normativa chilena ni en la práctica interpretativa reiterada por las cortes de apelaciones citadas en el informe.

Arguye que la actuación de la administradora se enmarca en sus obligaciones legales y regulatorias conforme al Decreto Ley N° 3.500 y a las facultades de fiscalización y de fijación de interpretaciones obligatorias conferidas a la Superintendencia de Pensiones, motivo por el cual no cabe imputar vulneración de la garantía de igualdad prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República ni del debido proceso contenido en el artículo 19 N°3, ni de la garantía de propiedad del artículo 19 N°24.

Relata que la jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones, incluida la de Santiago y la de Valparaíso, ha sostenido criterios concordantes respecto de la exigencia de legalización o apostilla para documentos extranjeros que acrediten afiliación previsional y que dichos precedentes confirman la procedencia de la exigencia formal aplicada por la administradora en casos análogos.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se tenga por evacuado el informe requerido por esta Ilustrísima Corte y que se rechace en todas sus partes el recurso de protección deducido por don nombre reservado, con expresa condenación en costas.

A su informe acompañó los siguientes documentos Constancia de antecedentes presentados por don nombre reservado para respaldar su solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156; Informe legal emitido por la Administradora FDE N° 1007/2025; Oficio Ord. N° 24.472 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 26 de octubre del 2015; Oficio Ord. N° 30.477 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 30 de diciembre del 2011; Oficio Ord. N° 12954 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 17 de julio del 2025; Oficio Ord. N° 22273 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 21 de noviembre del 2025; normativa del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que regula la devolución de fondos a extranjeros.

Con fecha 12 de junio se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

CUARTO: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas. Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

QUINTO: Que, la Excma. Corte Suprema de justicia en reciente fallo, causa Rol N° 33946-2025, ha reconocido precisamente las facultades legales de la recurrida para negar – en similar situación - la reclamación de la recurrente al señalar: “Octavo: Que de lo reseñado hasta ahora se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, y por el contrario, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos. Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado”.

SEXTO: Que, las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, el recurso de protección, deducido por don nombre reservado, en favor de don nombre reservado, contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Sr. nombre reservado don Reinaldo Osorio Ulloa N° Protección-553-2026.(csd)