NOVAMOVIL LTDA CON FISCO-TESORERIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA

Foja: 42 Cuarenta y Dos C.A. de Temuco Temuco, diez de noviembre de dos mil dieciséis.

A fojas 38 y 40: Téngase presente.

A fojas 39: Por acompañado.

VISTOS:

1.- Que a fojas 1, se presentó RODRIGO ISMAEL GAJARDO TORO, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ARTICULOS DE TELEFONIA MOVIL LIMITADA, persona jurídica del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de la Tesorería Regional de Temuco, con fundamento en que a su representado se le ha despachado mandamiento de ejecución y embargo en su contra por parte de la recurrida por una suma de $ 7.043.429, sin que se le informara previamente el motivo de esta deuda, o sin que fuera citado en forma previa, existido liquidación o giro de impuestos, donde hubiera podido realizar sus descargos y defensas como en derecho corresponde.- Agrega que con fecha 23 de agosto de 2016, mediante carta certificada dirigida por la recurrida de autos, Tesorería Regional de la Araucanía, se le notificó de esta resolución, donde además se le indica que retendrán de la Empresa Claro S.A., de la cual es prestadora de Servicios como Diller (sic), la suma antes señalada, para lo cual se oficiará al efecto, de los pagos que recibe de esta empresa de telecomunicaciones.- Sostiene que esta resolución es completamente arbitraria y contraria a derecho, ya que como he dicho a su representado jamás se le ha citado al Servicio de Impuestos Internos o Tesorerías, como lo ordena la normativa del ramo, con la finalidad de mostrar libros, u otros documentos que demuestren o comprueben alguna situación anómala, respecto de la que de no concurrir a esa citación, o de no subsanar los ordenado por el servicio, se procede a liquidar la deuda, de la cual incluso puede reclamar, ya sea ante el mismo Servicio o ante el Tribunal Tributario, para luego girarse el impuesto y por último despachar la orden recurrida.- Advierte que se han vulnerado abiertamente derechos Constitucionales, amparados por la presente acción de protección, como son el debido proceso, igualdad ante la ley, libertad de trabajo, el derecho que realizar una actividad económica lícita, derecho de propiedad, entre otras, razón por la que y ante el hecho que se le retendrán sus ingresos a su representado, los cuales obtiene de la Sociedad Telefónica Claro Chile S.A., es que se ve en la necesidad de presentar este recurso de protección, a objeto de que se corrija esta situación anómala, arbitraria y contraria a derecho.- Sostuvo conculcadas las garantías del Debido proceso ; el Derecho de Propiedad; El Derecho al Trabajo, previstas en el artículo 19 N° 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República , razón por la que pide en definitiva, declarar: a) Que, se ordena poner fin a los actos y hechos descritos como arbitrarios, ilegales y que infringen las garantías constitucionales señaladas y ordenar que se le paguen y restituyan los dineros retenidos y pagados a la Tesorería Regional, por concepto del embargo señalado en el cuerpo de esta presentación; b) Que, todo esta situación deberá llevarse a cabo dentro de tercero día de ejecutoriado el fallo del presente recurso o dentro del que Ssa., Iltma., determine. c) Que, se deberán tomar todas las providencias para el restablecimiento del imperio del derecho en el lugar y situaciones descritas en este recurso. y, d ) Que se condena en costas del recurso a los recurridos.- 2.- Que a fojas 12, evacua informe don nombre reservado, Rut RUT reservado, en su calidad de Director Regional Tesorero de la Tesorería Regional de La Araucanía, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, solicitando el rechazo del recurso, fundado para ello en que la sociedad registra siete expedientes administrativos que individualiza, de los que en el rol N° 11238-2015 Temuco, el cual se acompaña en un otrosí de su Informe se despachó mandamiento de ejecución y embargo; aludiendo el recurrente a tramites faltantes o que no le fueron notificados y que son propios del Servicio de Impuestos Internos, y que no corresponden a la tramitación del procedimiento de cobro del Servicio de Tesorerías.

Sostiene la recurrida que a fojas 37 del indicado expediente, con fecha 12 de agosto de 2016 el Director Regional Tesorero, en su carácter de Juez Sustanciador dicta resolución de embargo sobre todas las facturas y/o créditos devengados, por devengar y cualquier prestación pecuniaria que a la fecha tenga el ejecutado SOC COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE ARTÍCULOS DE TELEFONÍA MÓVIL LIMITADA, respecto de CLARO CHILE S.A., RUT RUT reservado, hasta el monto de $ 7.043.429, el que con fecha 23 de agosto del año en curso se notificó a la sociedad demandada. Agrega que, debido a que el domicilio domicilio reservado, Santiago se ha ordenado su notificación, vía exhorto N° 94-2016, del cual aún no se registran resultados, por lo que no se tienen antecedentes de que efectivamente CLARO CHILE S.A., haya efectuado retención de los dineros embargados.

Advierte que, el embargo precitado fue ordenado en un expediente del año 2015 (expediente administrativo rol N° 11238-2015 Temuco), siendo notificada y requerida de pago la sociedad demandada con fecha 31 de julio del año 2015. Posteriormente, con fecha 25 de agosto se trabó embargo sobre fondos en cuentas bancarias, embargándose fondos de cuenta comente del Banco de Chile, por el monto de $ 2.099.600.- e imputadas a la deuda en su oportunidad.

Agrega que a fojas 30 del expediente administrativo rol N° 11238-2015 Temuco, consta que el ejecutado SOC COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE TELEFONÍA MÓVIL LIMITADA ingresa presentación a Tesorería, mediante la cual solicita la reducción del embargo respecto de las retenciones de CLARO CHILE S.A, presentación que fue resuelta con fecha 16 de septiembre de 2016, acogiéndose la solicitud en los términos planteados, tal como consta a fojas 34 de los autos administrativos en cuestión. Es decir, la sociedad demandada hace bastante tiempo tenía conocimiento de lo adeudado y, es más, ingresa presentación a Tesorería para solicitar la reducción del embargo trabado.

Que como consecuencia de lo anterior alegó, en primer lugar, la improcedencia del presente Recurso de Protección, debido a que se ha dirigido en contra de una actuación ordenada mediante resolución judicial, toda vez que el Tesorero en su carácter de Juez Sustanciador ejerce facultades jurisdiccionales en este procedimiento de cobro especial, de acuerdo a las normas del Título V del Libro III del Código Tributario, artículos 168 y siguientes del mismo Código. Así por ejemplo, en el artículo 170 de dicho cuerpo legal se faculta al Tesorero Regional y/o Provincial, actuando en su calidad de Juez Sustanciador a despachar mandamiento de ejecución y embargo en contra de los deudores morosos. Resolución judicial que junto con el título ejecutivo, según lo establece el artículo 169 inciso 1o del Código Tributario, dan inicio a este procedimiento de cobro, constituyendo como lo señala el artículo 170 del mismo cuerpo legal, el "auto de cabeza de proceso". Además, el recurrente no ha utilizado las instancias jurisdiccionales destinadas a solucionar la cuestión de autos, previstas en varias disposiciones del Código Tributario, entre ellas, el artículo 177 del Código Tributario, que regula la oposición del ejecutado al procedimiento de cobro mediante la interposición de las respectivas excepciones, pudiendo además reclamar ante el abogado provincial según el artículo 193 inciso 2o, no siendo una instancia le recurso de protección para la discusión de esta materia según así lo ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema, frente a un caso de embargo y retención de dineros existentes en cuenta bancaria, señalado que el Recurso de Protección no es una instancia de declaración de derechos sino de protección de derechos y, que existe un procedimiento reglado en el Código Tributario, en fallo de fecha 24 de junio de 2014, en causa rol Corte Suprema N° 7104-2014 que se acompaña en un otrosí de su presentación.

Advierte por último que en razón de lo expuesto no existe actuación ilegal ni arbitraria por parte de la Tesorería General de la República, debido a que se trata de una actuación en el marco de un procedimiento de cobro especial, regulado en el Título V del Libro III del Código Tributario, razón por la que tampoco vislumbra alguna afectación a las garantías alegadas, pidiendo finalmente se rechace el Recurso de Protección, deducido en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director Regional Tesorero de la Araucanía.

3.- Que a fojas 37, se ordenó traer los autos en relación.- 4.- Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República señala en lo pertinente: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.- 5.- Que de la norma antes señalada es posible advertir los supuestos de procedencia del recurso de protección de garantías constitucionales, a saber, la existencia de algún acto u omisión, que tal acto u omisión sea arbitrario o ilegal; y que este además conculque alguna de las garantías previstas en el catálogo de derechos fundamentales impuesto en la norma antes transcrita.- 6.- Que, teniendo únicamente presente el tenor de los hechos que fundan el recurso, de los que no es posible advertir la existencia de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal exigida por el legislador para la procedencia de la tutela de garantías fundamentales, ello, por cuanto el acto impugnado aparece librado en el marco de un procedimiento debidamente regulado por la Ley, dictado por quien posee facultades jurisdiccionales al tenor del artículo 168 y siguientes del Código Tributario, y en la hipótesis fáctica para ello, necesario es desechar el recurso de protección deducido al no advertirse vulneración de garantía fundamental alguna por parte de la entidad recurrida.- Y teniendo además en consideración lo previsto en el artículo 19 N° 3, 16 y 24, y articulo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve que SE RECHAZA el deducido a fojas 1 por el abogado Rodrigo Gajardo Toro en representación de la Sociedad de Comercialización de Artículos de Telefonía Móvil Limitada, sin costas por estimar esta Corte que tuvo motivo plausible para deducirlo.- Regístrese, notifíquese y archívese a la carpeta digital.

Protección-5511-2016.