Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 546-202326 may 2023

nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Fecha
26 de mayo de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Temuco
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 546-2023, sentencia de 26 de mayo de 2023

Resumen

Se rechaza el recurso de protección por la demora en resolver las solicitudes de permanencia definitiva: no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad, y acogerlo aceleraría injustamente la respuesta en desmedro de otros extranjeros en igual situación.

Texto íntegro

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.

Al escrito folio N° 13 y N° 14: Téngase presente.

Al escrito folio N° 15: A lo principal: Estese a lo que se resolverá. Al primer otrosí: Téngase presente. Al segundo otrosí: Por acompañado.

VISTOS:

A folio 1, comparecen Carolina Hidalgo Fiol, y Juan Pablo Collao Arenas, abogados a favor de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, casado, Analista de abastecimiento; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, soltera, Politóloga; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, soltera, Ejecutiva de ventas; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, soltero, Técnico en electricidad; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, casado, Vendedor; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, soltera, Empleada del hogar; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, soltero, Electricista; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, soltera, Asistente Contable; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, casado, Mecánico, todos de nacionalidad venezolana, domiciliados solo para los efectos de este recurso en domicilio reservado, Región de la Araucanía en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don nombre reservado, por la omisión ilegal y arbitraria del pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva lo que vulneraria el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la ley N° 19.980.

Señala que los recurrentes ingresaron a Chile, de forma legal y por pasos habilitados, luego de lo cual, con el propósito de hacer sus vidas en este país, solicitaron y obtuvieron sus visas temporarias, y antes del vencimiento de sus visas temporarias, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 129 numeral 3º del derogado Reglamento de Extranjería aplicable en la especie, los recurrentes enviaron sus solicitudes de Permanencia Definitiva Recurrente Código de Trámite actual Certificado de Envío de Solicitud de Permanencia Definitiva Estatus de la solicitud nombre reservado

4736422 21/06/2020 Actualmente se encuentra en etapa de Análisis Resolutivo.

Avance de solicitud: 85% nombre reservado

9093452 26/10/2020 Actualmente se encuentra en etapa de Análisis Avanzado con orden de giro pagada en fecha 06/01/2023.

Avance de solicitud: 56% nombre reservado

18430072 28/04/2021 Actualmente se encuentra en etapa de Evaluación Intermedia.

Avance de solicitud: 40% nombre reservado

37118883 23/02/2022 Actualmente se encuentra en etapa de Análisis Avanzado.

Avance de solicitud: -% nombre reservado

40151026 04/03/2022 Actualmente se encuentra en etapa de Análisis Avanzado.

Avance de solicitud: -% nombre reservado

25744266 17/06/2021 Actualmente se encuentra en etapa de Evaluación intermedia.

Avance de solicitud: 33% nombre reservado

25597258 09/06/2021 Actualmente se encuentra en etapa de Evaluación intermedia.

Avance de solicitud: 34% nombre reservado

16149923 06/01/2021 Actualmente se encuentra en etapa de Evaluación intermedia.

Avance de solicitud: 50% nombre reservado

14335421 09/12/2020 Actualmente se encuentra en etapa de Evaluación intermedia.

Avance de solicitud: 51% Añade que luego del envío de estas solicitudes, el plazo de respuesta ha sido totalmente desproporcionado para cada uno de los solicitantes, extendiéndose en algunos casos por incluso MÁS DE DOS AÑOS; cabe resaltar que a los recurrentes ni siquiera se les ha emitido la orden de giro correspondiente al pago de los derechos de sus solicitudes, a excepción de la recurrente nombre reservado quien ya realizó el pago correspondiente luego de MAS DE DOS AÑOS de haber enviado su solicitud.

En SÍNTESIS, la dilación excesiva del Servicio Nacional de Migraciones en orden a resolver las solicitudes de permanencia definitiva de los recurrentes la cual en la mayoría de los casos excede los DOS AÑOS de tramitación se constituye en ilegal siendo que ha infringido lo dispuesto en los artículos 4, 7, 17 literal a) y 27 de Ley N°19.880, por lo que violenta el principio de legalidad establecido en el artículo 6 de la Constitución Política; y arbitraria, dado que, no se ha pronunciado en un plazo razonable, lo cual conculca el legítimo ejercicio de su derecho de igualdad ante la ley, según lo prevé el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto se está haciendo una diferenciación con relación a las solicitudes de los recurrentes respecto de la de otros solicitantes que han visto resueltas sus solicitudes en menores tiempos, dado que para todo administrado existe el derecho de que toda solicitud en la que se encuentren involucrados, se resuelva en los plazos señalados por la ley, lo cual no ha ocurrido en la especie.

Pide, se conceden al Servicio Nacional de Migraciones a:

(l) Resolver sin más trámite ni dilaciones indebidas, las solicitudes de Permanencia definitiva (hoy Residencia Definitiva) de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado ya individualizados, emitiendo las respectivas resoluciones fundadas que den respuesta definitiva a las solicitudes de los recurrentes en un plazo que no exceda de 30 días.

(II) Que se condene en costas a la recurrida.

A folio 10, evacúa informe Carlos Manque Pérez, abogado, mandatario judicial de la Dirección Regional de la Araucanía, del Servicio Nacional de Migraciones, pidiendo su rechazo, con costas.

Reconoce que los recurrentes solicitaron en las fechas que indican en el recurso, ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el beneficio del permiso de permanencia definitiva, y que contra la presentación de sus solicitudes se emitió comprobante de permiso de permanencia definitiva en trámite.

Sin embargo, hace presente que en el caso de nombre reservado ya se acogió su solicitud mediante la Resolución Exenta N°23106334 de fecha 13 de abril de 2023, del Servicio Nacional de Migraciones, regulariza permanencia en el país y otorga residencia definitiva al extranjero que indica.

Respecto de los demás recurrente, hace presente que el comprobante de permiso de permanencia definitiva en trámite está a disposición de los recurrentes a través del portal de trámites digitales de esta autoridad migratoria, pudiendo ampliar su vigencia ingresando al portal http://tramites.extranjeria.gob.cl con su Clave Única del Estado.

Que actualmente las solicitudes de permanencia definitiva, se encuentra en etapa de Análisis I pendiente, y en el caso de nombre reservado y nombre reservado se encuentra en etapa de Resolución pendiente.

Agrega que el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, esta autoridad entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Explica que el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, como se expondrá, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permanencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición.

Añade que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, es impone como un plazo no fatal, esto es, un plazo referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado.

Sostiene al efecto que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo, y en el presente caso la contraparte no ha solicitado la debida certificación ante este Servicio que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la Ley N° 19.880, pudiendo hacerlo, siendo ésta la vía adecuada para hacer efectivo el principio de celeridad establecido en dicho cuerpo legal.

El certificado se otorgará sin más trámite, entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedido empiezan a correr los plazos para interponer los recursos que procedan. En efecto, verificado el silencio administrativo entonces, el interesado cuenta con todos los plazos y acciones que el ordenamiento jurídico le entrega para hacer valer sus derechos en el evento de existir disconformidad con lo que ha sido resuelto.

Sostiene que el abuso de la vía judicial ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia, por cuanto el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esta autoridad migratoria, produce que la urgencia aplicada a este reducido universo de casos en cumplir los requerimientos judiciales, dando prioridad a esos recurrentes en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad. En perspectiva, es un grupo reducido, pero que a la vez se ha constituido en un grupo privilegiado en cuanto a la resolución de sus solicitudes, circunstancia que pugna con la garantía de la igualdad ante la ley.

Es en virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

Solicita tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjera recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación constitucional como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha sostenido por la parte recurrente la existencia de una actuación ilegal y arbitraria por parte del Servicio Nacional de Migraciones, atendida la demora en la resolución de la solicitud de permiso de permanencia definitiva.

Por su parte, la recurrida destaca que la parte recurrente cuenta con una situación migratoria regular durante la tramitación del permiso, por lo que no tiene un derecho indubitado y tampoco se afectan sus garantías constitucionales todo extranjero que tenga una solicitud de residencia en trámite en nuestro país se puede desarrollar de forma plena, sin que “esté impedido de realizar trámites esenciales con su cedula de identidad ante cualquier entidad pública o privada.

TERCERO: Que, para resolver el presente recurso se tendrá en consideración que, examinados los antecedentes, no se advierte en qué medida afecta dicha omisión los derechos alegados, sobre todo dado el tiempo trascurrido desde el ingreso de la solicitud, los recurrentes se encuentran en una situación migratoria regular, no impidiéndosele la libre entrada y salida del territorio nacional, así como el tránsito al interior del país.

CUARTO: Que, en ese mismo orden de ideas, la dificultades de trabajo que ha traído aparejada la pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, es una hipótesis que se enmarca dentro de aquellos conceptos, alterando de esa forma efectivamente los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos hasta el día de hoy, generando una acumulación de requerimientos que no pudieron (dados aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria), la pronta respuesta que en situación de normalidad sí concurrían.

QUINTO: Que además tendrá presente esta Corte por ser un hecho público y notorio, que existe una gran cantidad de solicitudes que sí dicen referencia a la situación migratoria de personas extranjeras, a las que aparece de buen criterio dar prioridad en su tramitación en el especial contexto que se viene narrando.

SEXTO: Que, así las cosas, atendido el concreto propósito de la solicitud de los recurrentes acotada en las consideraciones que preceden, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad verificables en el rezago que se describe en el libelo de protección concerniente a la resolución de la solicitud de los interesados.

SÉPTIMO: Que a mayor abundamiento, resulta importante destacar que de acogerse la petición de los recurrentes, se acelerará de manera injusta la respuesta por parte de la recurrida, en desmedro de otros extranjeros en una idéntica situación, con lo cual esta Corte estará afectando el principio de la igualdad ante la ley, que consagra el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución, lo cual evidentemente no resulta adecuado.

Por lo anterior, no es posible dar por establecidas las irregularidades sostenidas por la parte recurrente y que correspondan a aquellas que se encuentran protegidas mediante la acción de protección deducida, toda vez que no se da cuenta en el recurso de una privación, perturbación o amenaza a su derecho de igualdad ante la ley debiendo, por ende, ser rechazado el recurso.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado,; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado y de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, todos de nacionalidad venezolana, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, todos ya individualizados.

Decisión acordada con el voto en contra de la ministra señora María Georgina Gutiérrez Aravena, quien estuvo por acoger el presente recurso, atendido a que la tramitación del procedimiento administrativo ha excedido el término de seis meses que indica el artículo 27 de la Ley N° 19.880, sin que se haya acreditado la existencia de caso fortuito que justifique dicha demora, lo que significa una vulneración al principio de igualdad ante la ley, respecto de otros interesados que han obtenido una respuesta formal, dentro de plazo legal.

Regístrese.

Rol N° Protección-546-2023 (jog).