nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

C.A. de Temuco Temuco, quince de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece nombre reservado quien viene en interponer la presente acción de protección en contra de la I. Municipalidad de Pucón alegando como acto ilegal y arbitrario que se declaró la caducidad de sus patentes de alcoholes roles 40969 y 40970 que amparaban su establecimiento comercial, acto decretado en la sesión del Concejo Municipal de fecha 10 de febrero del 2026, por lo que alega como vulneradas sus garantías constitucionales establecidas en los numerales 2, 3, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política y en el artículo 20 de la misma Carta Fundamental, y pide que se deje sin efecto la declaración de caducidad.

Señala que el acto impugnado recae sobre el local comercial denominado Banús Lounge, ubicado en General Urrutia número 61 de la comuna de Pucón, cuya actividad se desarrolla desde hace 6 años y que se encontraba amparada por patentes definitivas otorgadas en el año 2019 en calidad de Micro Empresa Familiar conforme al artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales.

Indica que la declaración de caducidad fue comunicada en la sesión del Concejo Municipal celebrada el 10 de febrero del 2026 mediante intervención del Encargado de Rentas y Patentes, quien fundamentó la medida en un oficio N° 13 por considerar que se había realizado actividad comercial con razón social distinta a la de una micro empresa familiar, lo que consta en la grabación oficial del Concejo disponible en la plataforma YouTube y que no fue notificado previamente a la recurrente ni se le hizo llegar el referido oficio ni el Decreto Alcaldicio que declara la caducidad.

Expone que la recurrente reconoce haber emitido algunas boletas a nombre de una sociedad de la que participa su marido, Gastronomía Banús Limitada rol único tributario número 76.790.664-1, infracción que fue corregida al advertirla los Inspectores, volviendo a emitirse boletas a nombre de la persona natural, pero que en todo caso la emisión de documentos tributarios es competencia exclusiva del Servicio de Impuestos Internos conforme al artículo 162 del Código Tributario, de modo que la Municipalidad carece de competencia para sancionar irregularidades tributarias.

Argumenta que la actuación de la Municipalidad adolece de ilegalidad en el procedimiento administrativo por falta de notificación y ausencia de audiencia del interesado y de oportunidad para presentar descargos, contraviniendo las garantías procesales previstas en la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos de los Órganos de la Administración del Estado, en especial su artículo 17, y que la motivación del acto es insuficiente en violación de los estándares jurisprudenciales sobre motivación administrativa que emanan del artículo 8° de la Constitución y de los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la ley 19.880.

Arguye además que no existe causa legal que justifique la caducidad de las patentes si se examinan los artículos 23 a 34 de la Ley de Rentas Municipales, por lo que el Decreto Alcaldicio resulta infundado, y que la medida carece de proporcionalidad al imponerse la sanción máxima sin haber aplicado medidas alternativas previstas en la ley de alcoholes, citando el artículo 17 de la ley 19.925 que dispone que la suspensión de la autorización, la clausura temporal o definitiva u otras medidas afectarán exclusivamente el expendio de bebidas alcohólicas, y el artículo 20 de la misma ley en cuanto regula la suspensión por condiciones de salubridad, higiene y seguridad.

Relata que la caducidad impuesta en pleno verano produce un daño patrimonial y amenaza la fuente principal de ingresos de la recurrente en razón de la estacionalidad turística conocida en ciudades balneario como Pucón, afectando el derecho a desarrollar actividades económicas previsto en el numeral 21 del artículo 19 de la Constitución y, principalmente, el derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del mismo artículo, por cuanto se priva de uso y goce de sus patentes y del establecimiento comercial.

Expone jurisprudencia y precedentes que según la parte recurrente avalan el restablecimiento de derechos administrativos consolidados y la nulidad de actos que carezcan de motivación o que se dicten sin los requisitos de procedimiento, citando sentencias y comentarios doctrinarios que refuerzan la necesidad de motivación suficiente del acto administrativo y la imposibilidad de que la Municipalidad sancione materias propias del Servicio de Impuestos Internos.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se acoja el recurso de protección declarando la ilegalidad y arbitrariedad de la caducidad de las patentes de alcoholes definitivas roles 40969 y 40970, que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio respectivo y se ordene la restitución del derecho a explotar el establecimiento, todo con costas.

A su recurso acompañó como pruebas Patentes pagadas desde el segundo semestre del año 2024 hasta el primer semestre del año 2026; boleta electrónica emitida por la recurrente con fecha 12 de febrero del 2026 en que figuran sus datos y la dirección del local; contrato de arrendamiento firmado el 17 de octubre del 2019 en la Notaría de Pucón de don nombre reservado; resolución sanitaria del local emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Salud con fecha 11 de diciembre del 2019; fotografías exteriores e interiores del local.

A folio 12 comparece Franco Tosti-Croce Mayne en representación convencional y como mandatario judicial de la Ilustre Municipalidad de Pucón quien viene en informar respecto del presente recurso de protección solicitando su rechazo con expresa condenación en costas.

Señala que la actora reclama por la declaración de caducidad de las patentes de alcoholes y de la patente comercial del restaurante Banús Lounge, medida adoptada tras la solicitud del Departamento de Rentas y Patentes mediante el oficio interno número 13 de fecha 05 de febrero del 2026 y aprobada por el Concejo Municipal, y que la Municipalidad sostiene que la decisión se fundó en fiscalizaciones que habrían acreditado la pérdida de los presupuestos fácticos que amparaban el régimen de micro empresa familiar regulado en el artículo 26 del Decreto Ley N° 3.063 de 1979 y en el Decreto N° 102 del Ministerio de Hacienda de fecha 2002.

Indica que conforme al informe de visita inspectiva de fecha 20 de enero del 2026 se constató que la actividad era ejercida por la persona jurídica Gastronómica Banús Ltda. RUT N° RUT reservadoy que el inmueble sufrió cambio de destino de vivienda a restaurante, lo que fue acreditado por el Ord. N° 00202/2026 de la Dirección de Obras Municipales, de modo que el bien dejó de reunir las condiciones para acceder a beneficios MEF (Micro Empresa Familiar) conforme al régimen mencionado y a los criterios de la Contraloría General de la República contenidos en dictamen N° 26.975 de 2009 y dictámenes posteriores.

Expone que la Municipalidad actuó dentro de sus potestades al requerir ante el Concejo la caducidad de las patentes amparada en el artículo 65 letra o) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y que la materia relativa al expendio de bebidas alcohólicas se rige además por lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, por lo que la resolución ahora impugnada responde a la verificación de la pérdida de condiciones permanentes exigidas para la conservación de la autorización.

Argumenta que el recurso de protección no constituye la vía idónea para dirimir cuestiones de fondo que pueden y deben tramitarse por las vías administrativas previstas en la Ley N° 18.695, especialmente el procedimiento contenido en su artículo 151, y que la acción constitucional a la que se refiere el artículo 20 de la Constitución tiene naturaleza cautelar y de emergencia, por lo que no procede para obtener pronunciamientos que exigen dilucidación probatoria y debate de fondo propios de instancias ordinarias.

Arguye que la normativa aplicable y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, que exige la concurrencia permanente de los requisitos para el expendio de alcoholes, respaldan la facultad municipal de decretar la caducidad cuando se verifica la desaparición de los presupuestos fácticos que justificaron el otorgamiento de la patente, cuestión que hace procedente la postura municipal de rechazo del recurso.

Relata que la actuación municipal quedó materializada en el Decreto N° 770 de fecha 19 de febrero del 2026, notificado el día 20 de febrero del 2026 por la Secretaria Municipal, y que con posterioridad a dicha notificación no consta la interposición de reclamación administrativa ni recurso ante la municipalidad por parte de la actora, siendo ingresada directamente la presente acción de protección ante este tribunal.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se tenga por evacuado el informe rendido y con su mérito se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad de Pucón, con expresa condenación en costas.

A su informe acompañó los siguientes documentos Ord. Int. N° 20 de fecha 02 de marzo del 2026 del Departamento de Rentas y Patentes; Decreto N° 770 de fecha 19 de febrero del 2026 con sus respectivos anexos; Decreto N° 136 de fecha 14 de enero del 2026; Decreto N° 20 de fecha 07 de enero del 2021; Decreto N° 21 de fecha 07 de enero del 2021; Ord. N° 00202/2026 de fecha 02 de marzo del 2026 de la Dirección de Obras Municipales con sus respectivos anexos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la á autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que sin perjuicio que la acción fue entablada en contra de la decisión del Concejo Municipal de caducar las patentes de alcoholes role 40969 y 40970 de las que es titular la recurrente, debe entenderse que el acto en cuestión corresponde al Decreto Alcaldicio N°770 del 19 de febrero del 2026, que materializó la decisión del Concejo y decretó la caducidad de las patentes ya referidas, vulnerando la garantía fundamental amparada en el N°2, N°3 inciso 5° , 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que en primer lugar, de la lectura del Decreto Alcaldicio N°770, se puede verificar que este carece de fundamentos, por cuanto se limita a señalar que los inspectores municipales constataron que la contribuyente y recurrente no realizaba actividades comerciales en el inmueble respecto del que se otorgó la patente, y luego señalar que el expendio de bebidas alcohólicas es una actividad que requiere la mantención de los requisitos para su ejercicio durante el tiempo, sin indicar ningún otro antecedente, ni qué actividad se realizaba en el inmueble, o cuál requisito es el que ya no concurriría.

CUARTO: Que en consecuencia, en el texto del Decreto Alcaldicio que se reclama mediante el presente recurso de protección no se hace referencia a ninguna situación concreta de infracción a lo previsto en la Ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. En tal sentido, las explicaciones dadas en su informe por la recurrida no suplen la debida fundamentación del acto administrativo en cuestión, toda vez que ellas debieron mencionarse precisamente en el citado decreto alcaldicio, máxime cuando de los antecedentes aportados por las partes en sus escritos se puede verificar que las infracciones que acusa se refieren a que la recurrente habría emitido boletas a nombre de una empresa diversa, también del giro gastronómico, y que de conformidad a la Dirección de Obras Municipales el lugar donde funciona el local tiene como destino el de restaurant y no vivienda, estimando con ello infringido lo dispuesto en el artículo 26 de la ley de Rentas Municipales, respecto a las Micro Empresas Familiares, y sin embargo, nada de ello se señaló en el Decreto cuestionado, ni consta que se le haya dado audiencia a la recurrente a fin de exponer lo que fuere pertinente, sino que se procedió derechamente a la caducidad de las patentes.

QUINTO: Que al respecto se ha de tener en cuenta en primer término que de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional los órganos de la Administración del Estado, entre los cuales se encuentran los municipios, se encuentran sometidos en el ejercicio de sus potestades al principio de juridicidad, conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, por lo que es un deber de la Administración actuar de manera racional, prudente y con plena sujeción al Derecho, siempre con respeto al debido proceso y fundando debidamente el ejercicio de sus atribuciones, lo que pone al margen del Derecho toda actuación discrecional o arbitraria que no esté debidamente fundamentada. Por ello la fundamentación del actuar del Estado, y de los órganos administrativos en este caso en particular, es un deber para éstos y una garantía para los administrados, quienes pueden tutelar sus derechos y ejercer las acciones correspondientes en la medida que exista certeza de los motivos y de los antecedentes jurídicos y fácticos que determinaron el proceder de la Administración. En este sentido, el que una decisión haya sido acordada en votación por un órgano colegiado electo popularmente, como el Concejo Municipal, no exonera al municipio de fundar debidamente su actuación.

SEXTO: Que si bien el otorgamiento, renovación, caducidad y traslado de las patentes de alcoholes es una facultad que, discrecionalmente corresponde ejercer al alcalde de la comuna respectiva, con acuerdo del Concejo Municipal, el ejercicio de esta facultad no puede ser infundado ni arbitrario. En este entendido, corresponde en consecuencia determinar si la resolución municipal impugnada, contiene los fundamentos suficientemente objetivos que pudieran haber soportado la decisión de la autoridad conforme a la ley 19.925.

SÉPTIMO: Que de conformidad a la ley 19.925, las municipalidades pueden caducar las patentes de alcoholes otorgadas siempre que el contribuyente se encuentre en una situación de grave compromiso de las normas reglamentarias pertinentes. Es así como la Ley 19.925 sobre Alcoholes ya citada permite caducar las patentes cuando los establecimientos respectivos hayan sido, previamente clausurados definitivamente por infracción a esta ley o a disposiciones municipales. Asimismo, debe observarse la notoria ausencia de antecedentes que justifiquen la imposición de la pena máxima consistente en la caducidad de las patentes. De la constancia procesal y de las alegaciones de la recurrente resulta que no se le impusieron multas ejecutoriadas, ni se ordenó la suspensión ni la clausura temporal o definitiva previas, medidas que la propia Ley N° 19.925 contempla y que configuran, conforme a su naturaleza sancionadora, un ordenamiento sancionador escalonado, lo que se desprende de los artículos 17 y 20 de la citada ley. La administración no explicó por qué en el caso concreto se omitió la aplicación sucesiva de sanciones intermedias o medidas precautorias y se acudió directamente a la caducidad, lo que torna incomprensible la relación entre los hechos imputados y la extrema sanción adoptada.

OCTAVO: Que de lo anterior se colige una falla adicional de motivación que no sólo es formal, sino también sustantiva, por cuanto la resolución no pondera ni justifica la proporcionalidad de la sanción frente a los hechos atribuidos, ni evidencia una valoración razonada de la gravedad, reiteración o riesgo de las faltas que se le imputan que justificase privar a la recurrente del uso y goce de su derecho de propiedad y de su actividad económica, derechos constitucionalmente protegidos. En este orden, la carencia de antecedentes sancionatorios firmes y de medidas previas aplicadas hace aún más arbitraria la elección de la caducidad como sanción inicial y exclusiva.

En consecuencia, el Decreto Alcaldicio impugnado requería, además de una motivación pormenorizada, una ponderación proporcional de la sanción, conforme a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad que informan el ejercicio de las potestades administrativas y que operan como límites al poder sancionador del Estado. En el mismo sentido se ha pronunciado esta Iltma. Corte en la causa Rol Protección 10.627-2013, al recalcar en sus considerandos sexto, décimo y undécimo la necesidad de que los actos municipales se ajusten al debido proceso, que las decisiones de mayor gravedad se tomen con audiencia de los interesados y con atención a la proporcionalidad y gradualidad de las sanciones.

NOVENO: Que como corolario, se ha podido verificar que el Decreto Alcaldicio N°770 cuestionado en estos antecedentes, se dictó sin audiencia de la recurrente, sin la suficiente motivación en cuanto a su forma y sin respetar los principios básicos de proporcionalidad del Derecho Administrativo sancionador. Por consiguiente, la caducidad de la patente de alcoholes del recurrente debe ser considerada como ilegal, al infringir el deber de fundamentación o motivación suficiente, prescrito la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en sus artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° y arbitraria en atención a la falta de proporcionalidad acusada, de modo tal que el Decreto se transforma en un acto ilegal y arbitrario, subsanable por la vía de la acción de protección intentada, a fin de dar la debida protección a los derechos constitucionales vulnerados, lo que llama a acoger la acción constitucional, como se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, SE DECLARA:

Que SE HACE LUGAR, sin costas, al recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Pucón, y, en consecuencia, se deja sin efecto lo resuelto por el Decreto Alcaldicio N° 770, del 19 de febrero del 2026, debiendo dejarse sin efecto la caducidad de las patentes de alcoholes N°s 40969 y 40970, que beneficia al local de la recurrente, pudiendo la autoridad si lo estima pertinente iniciar los procedimientos respectivos en conformidad a lo que corresponde en derecho y debiendo siempre ser oída la recurrente en cualquier tipo de tramitación.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Álvaro Mesa Latorre.

N° Protección-544-2026.(csd)