COMERCIAL FELIPE PARDO S.P.A con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO CHAÑARAL

C.A. de Temuco Temuco, treinta de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Que con fecha treinta de mayo de dos mil veintiuno a folio 1, compareció Christian Marcelo Espinoza Lagos, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Comercial Ricardo Silva SPA., persona jurídica del giro comercial de venta, con domicilio en domicilio reservado, y de Comercial Felipe Pardo SPA., persona jurídica del giro comercial de venta, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurro de protección en contra de la Inspeccion Provincial Del Trabajo De Temuco, representada por su inspector provincial don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por impedir el acceso a los beneficios y medidas legales establecidos por el legislador para proteger los empleos frente al complejo escenario económico, producto de la pandemia mundialnal, ordenando numerosas fiscalizaciones e imponiendo multas en los máximos legales y carentes de fundamento lo que vulneraría la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución, por lo que solicita en definitiva, se decrete el cese en la perturbación de las garantías, tomando las medidas que sean conducentes al restablecimiento y la protección de los derechos vulnerados, con costas del recurso.

Funda su recurso en que Comercial Ricardo Silva SPA, forma parte de la empresa denominada comercialmente TECNOBOX, La cual se encuentra en proceso de negociación colectiva, con el Sindicato de Trabajadores interempresa Tecnobox, que agrupa un pequeño grupo de trabajadores, principalmente par time, en el cual se ha cuestionado, la facultad de los trabajadores para negociar colectivamente, mientras sus contratos individuales de trabajo se encuentran suspendidos por acto de autoridad, en los términos establecidos en la Ley Nº21.227 de Protección al Empleo. En este escenario y frente a las reclamaciones formuladas por ambas partes la Inspección Provincial del Trabajo, ésta se ha pronunciado mediante dos resoluciones:

I. Resolución N°52, de fecha 23 de marzo de 2021, la cual establece, que los trabajadores cuyos contratos colectivos se encuentren suspendidos, forman parte de la negociación colectiva, pero mientras no cese la suspensión temporal de sus contratos de trabajo a que están sujetos en virtud de la Ley 21.227, no podrán ejercer sus derechos individuales y colectivos, los que se reestablecerán de pleno derecho al término de la referida suspensión, y en el evento que su cese se produzca una vez terminado ese procedimiento, quedarán afectos al instrumento colectivo resultante.

II. Resolución N°56 del 29 de marzo de 2021, que rectifica la resololución 52, y establece el siguiente criterio: “Que, analizando los fundamentos de la reposición, particularmente los relativos a que la interpretación de este servicio perjudicaría a los trabajadores por cuanto el reducido número de trabajadores participantes en la negociación impediría alcanzar los quórum legales requeridos para adoptar los acuerdos que en dicho procedimiento se establecen, cabe señalar primeramente, que en la especie forman parte de la negociación los trabajadores del sindicato interempresa Tecnobox cuyos contratos de trabajo no se encuentres suspendidos en virtud de la Ley 21.227, y contrariamente, no forman parte de esta negociación, aquellos trabajadores del referido Sindicato mientras no cesen los efectos de la suspensión temporal de sus contratos de trabajo.” Esta segunda resolución lejos de zanjar el conflicto, generó un nuevo inconveniente, toda vez, que se suspendieron los contratos de la mayoría de sus vendedores, en consecuencia 30 de los 31 miembros del sindicato se encontraban suspendidos, así las cabe preguntarse, ¿con quién pueden negociar?, ¿qué trabajadores representaban al sindicato? Ante esto, ambas partes interponen reclamación judicial ante el Tribunal del Trabajo de Temuco, reclamación que fue sometida a un procedimiento Monitorio, cuya audiencia tendría lugar el día 20 de mayo de 2021. Rit I-11-2021 del Juzgado del Trabajo de Temuco Expone que conforme a lo anterior, la empresa comunicó tanto al sindicato como a la Inspección del Trabajo, que no negociaría con trabajadores con contrato de trabajo suspendido, mientras el Juez del Trabajo no dictara una sentencia que finalmente dirimiera el asunto, pues el propósito de la empresa era que la autoridad laboral, estableciera un criterio coherente y apropiado, a fin de seguir adelante con el proceso de negociación, de manera valida, evitando cualquier germen o vicio de nulidad, pues hasta este punto las recomendaciones informales de la autoridad recurrida, fueron que siguieran adelante, pues nadie impugnaría o establecería reclamo alguno, lo que no fue aceptado, por su absoluta falta de seriedad. Ante esto, los locales de la Empresa Tecnobox comenzaron a ser objeto de constantes fiscalizaciones y multas, aplicando los máximos legales, las cuales detalla. Así, con fecha 10 de mayo, se les notifica a la recurrente una multa, que cataloga como extremo injusta y cuestionable, mediante Resolución número 1652/21/8, en la cual el Sr. nombre reservado consigna haber constatado lo siguiente:

“SUSPENDER EL CONTRATO DE TRABAJADORES, EN EMPRESAS DE LAS CALIFICADAS COMO DE PRIMERA NECESIDAD, SIN QUE SE HAYA REALIZADO EL REPECTIVO PACTO DE SUSPENSIÓN. NORMA INFRINGIDA-SANCIONADORA. Art. 3 inciso final de la ley nº21.227 y art. 506 del Código del Trabajo. Añade que la mencionada resolución es de fecha 18 de marzo del año 2021, pero que fue notificada a la empresa con fecha 10 de mayo de 2021, esto es, 53 días después y curiosamente, solo 10 días antes a la fecha de audiencia de juicio en causa Rit I-11-2021, utilizando la recurrida esta multa como defensa de su criterio y que convenientemente, después de haber adoptado una serie de decisiones contradictorias en relación al proceso de negociación colectiva, establece que la empresa recurrente no puede suspender trabajadores por acto de autoridad, por ser calificada como de primera necesidad, interpretación que afirma es inaceptable, ya que la empresa solo presenta 1 giro (de un total de 6) que dice relación con venta al por menor de computadores, equipo periférico, programas informáticos y equipo de telecom, el cual no es su fuerte, y constituye un muy pequeño margen en las ventas. Interpretación que es compartida por la autoridad sanitaria, señalando que la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de la Araucanía mediante Resolución Nº 2109908, de fecha 1/05/2021, les cursa una multa, pues “Al momento de la visita el local se encuentra funcionando con atención de público por que se procede a: 1.- Prohibición de funcionamiento por no ser local de primera necesidad en comuna que se encuentra en cuarentena…”

Así, conforme a la interpretación de la Dirección del Trabajo, la recurrente solo podría pactar suspensiones temporales con sus trabajadores, sin embargo conforme al artículo 5 de la Ley 21.227 de Protección al Empleo, el pacto de suspensión no puede suscribirse durante periodos de cuarentena, de manera que el criterio de la recurrida implica para la empresa, no tener la posibilidad de acceder a los beneficios establecidos por el legislador para proteger el empleo de sus trabajadores, es decir, no puede acceder a la suspensión por acto de autoridad, y tampoco puede recurrir a los pactos de suspensión. Además, dicho criterio adolece de una imposibilidad fáctica en su aplicación, ya que la recurrente cuenta con locales de ventas emplazados dentro de galerías y centros comerciales, los cuales deben permanecer cerrados durante los fines de semana, así las cosas, se pregunta entonces, qué debe hacer con los trabajadores part time, contratados precisamente para trabajar los fines de semana en estos locales, si no desean suscribir el pacto de suspensión. De lo anterior, concluye entonces que el criterio impuesto por la Inspección Provincial de Trabajo, no tiene aplicación práctica, habiendo sido adoptado única y exclusivamente para presionar a la empresa de manera ilegítima e injusta, sin siquiera considerar someramente sus repercusiones.

Refiere la recurrente que ha tratado de mantener las fuentes laborales de sus trabajadores, ha procurado cumplir con sus obligaciones previsionales y remuneracionales, pero el inspector provincial, ha tenido una actitud poco conciliadora y descriteriada a la hora de fiscalizar, multado a la empresa con los máximos posibles, sumando a la fecha más de 100 UTM adeudadas por estos conceptos, haciendo presente que el grupo de trabajadores sindicalizados ha realizado las denuncias y han buscado infinidad de formas de provocar un daño económico y moral a la empresa y a sus propietarios, entendiendo que la Inspección del Trabajo debe atender y velar por los trabajadores cuando requieran de sus asistencia, pero en caso alguno puede transformarse en una herramienta o arma, de presión hacia el empleador, especialmente cuando el reclamo es infundado, y además la Dirección del Trabado con su actuar, solo ha procurado beneficiar a un pequeño grupo de trabajadores sindicalizados (30), pero en caso alguno se ha detenido a analizar el daño o perjuicio que su actuar puede generar para los casi 200 trabajadores de la empresa, no sindicalizados.

En razón de todo lo expuesto, concluye que la recurrente no está excluida de la eventual paralización total o parcial de sus actividades, porque no todos sus giros son esenciales y si el Sr. nombre reservado tenía dudas respecto si la empresa se encontraba o no afectada en la forma señalada en el inciso primero del artículo 5 de la Ley de Protección al Empleo, debió requerir informe respectivo al SII antes de infraccionar, facultad que contempla el mismo artículo. En este caso, no solo se ha cursado infracción sin tener los antecedentes respecto a la afectación económica que ha sufrido la empresa, sino también se pide a la recurrente contar con un pacto de suspensión en circunstancias que la misma ley 21.227 en su artículo 3 inciso primero estipula que existiendo un acto o declaración de autoridad, constituido por la declaración de cuarentena, la suspensión opera de pleno derecho, por lo que en este caso no se hacía necesario la existencia del pacto suscrito por los trabajadores Destaca por otro lado la desigualdad con que ha sido tratada la empresa recurrente, lo cual se manifiesta en el hecho de que tan solo en nuestra región existen numerosas empresas que presentan giros esenciales, que han recurrido a la suspensión de contratos individuales de trabajo por acto de autoridad, en los términos establecidos de la Ley 21.227 de Protección al empleo, señalando solo a modo ejemplar, Rosen SAIC, Transportes CCU, Transportes Cavalieri, Easy, Ripley Chile S.A., Ripley Eccsa S.A., Cencosud (Supermercados Jumbo y Santa Isabel), entre otros.

Acompaña al recrurso 1.- Resolución N°52 del 23.03.2021; 2.- Resolución N°56 del 29.03.2021; 3.- Resolución de multa N°1652/2l/8, de la Inspección del Trabajo y 4.- Resolución Nº2109908, de fecha 01/05/2021, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.

Que con fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, a folio 10, comparece Patricia Lezana Agurto abogado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, quien evacua el informe requerido, solicitando que el recurso sea desestimado por improcedente, en todas sus partes, con costas.

Expone que de los fundamentos de la recurrente se desprende que lo que verdaderamente se pretende es recurrir en contra de la multa administrativa cursado por la Inspección Provincial del Trabajo, considerando que se ha incurrido en una conducta arbitraria e ilegal al dictar la resolución Nº 1652.2021.08, que cursa a la empresa dos infracciones, siendo el presente recurso por la Multa Nº 2, la cual se refiere a “SUSPENDER EL CONTRATO DE TRABAJADORES, EN EMPRESAS DE LAS CALIFICADAS COMO DE PRIMERA NECESIDAD, SIN QUE SE HAYA REALIZADO EL RESPECTIVO PACTO DE SUSPENSIÓN. AFECTA A: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado”. Al respecto, señala que la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ha prevenido sucesivamente que la naturaleza cautelar de la acción de protección, es incompatible con la adopción de medidas que signifiquen afectar definitivamente la existencia de actos administrativos ya configurados, como resulta ser el que da lugar a éstos autos. Al respecto señala que no se está en presencia de un derecho indubitado, y que el ordenamiento jurídico establece de manera suficiente y pertinente el mecanismo para reclamar de las multas administrativas laborales, quedando a elección del infraccionado recurrir mediante alguno de los recursos administrativos existentes o por vía jurisdiccional, pero no a través del recurso de protección.

En cuanto a la. RESOLUCIÓN DE MULTA Nº 1652.2021.08-2, indica que ésta se origina por una denuncia de 3 de marzo de 2021 efectuada por el Sindicato Interempresa de Trabajadores de empresa Tecnobox. En la denuncia se solicita fiscalizar cumplimiento de la normativa de la ley 21.227, el sindicato indica que: a) que al decretarse cuarentena se les suspendió contrato de trabajo a trabajadores part time, pero la empresa siguió contratando trabajadores, esto es una manera de realizar reemplazo de trabajadores, operando en sucursales que estaban abiertas los fines de semana; b) que la empresa ha cambiado su actividad económica ampliando para trabajar dentro de los rubros esenciales en noviembre de 2020 y por eso siguió operando sin restricciones; y c) que ha habido un mal uso de la ley de protección de empleo y se pide se fiscalice distintos locales. Se designa al fiscalizador don nombre reservado y se concurre al local ubicado dentro del Supermercado Líder de calle Rudecindo Ortega, quien constata que la empresa tiene trabajadores suspendidos por actos de autoridad en circunstancias que se venden artículos de telefonía, computadores, servicio técnico de computadores e insumos tecnológicos indispensables para teletrabajo, considerados esenciales y decide multar conforme al artículo 3 inciso final de la ley 21.227.- Se refiere el ordinario 1762 de 3 de junio de 2020 de la Dirección del Trabajo, que recalca el carácter excepcional de la norma de la ley 21.227.

Refiere además la recurrida que en la especie no concurren los presupuestos básicos de un recurso de protección, en cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación del Inspector del Trabajo, ya que al dictar la resolución de Multa 1652.2021.08-2 se realizó con estricto apego a la ley 21.227.-,y a las normas establecidas en el Código del Trabajo vigente en la materia y a los procedimientos administrativos internos establecidos al efecto por las autoridades superiores del Servicio. A su vez, el Inspector del Trabajo al resolver la solicitud de sustitución por capacitación se limitó a actuar conforme a la doctrina e instrucciones vigentes de este Servicio en la materia específica de que se trata. Por ende, habiéndose abocado el funcionario recurrido al cumplimiento de un cometido a que estaba obligado en virtud de los preceptos legales antes citados y sujetándose en el desarrollo del mismo a las instrucciones y dictámenes emanados de la Superioridad del Servicio, debe necesariamente descartarse cualquier reproche de arbitrariedad a su actuación, más aún cuando ha sido el propio recurrente quien a través de la presentación de la reconsideración administrativa ha obligado al Inspector del Trabajo a pronunciarse respecto a ella, pronunciamiento que se plasma en la resolución recurrida.

Finalmente, en cuanto a que la actuación de la Dirección del trabajo, sólo ha tenido por objeto perjudicar a la empresa y que habría una intención del inspector del trabajo para mezclar temas, cursándose la multa por los conflictos en la negociación colectiva, señala que ello no es efectivo, que esto fue objeto de reclamación judicial en la causa Rit I-11-2021 y en el considerando sexto señala como acreditado que la empresa fue multada y fiscalizada por suspender el contrato de trabajo. Respecto de la notificación con posterioridad, el Inspector de Trabajo dio las razones de retraso por estar sometido el proceso de fiscalización a distintas etapas de revisión.

Añade que la empresa con fecha 25 de mayo 2021, presentó reclamo judicial por la aplicación de la Multa, I-20-2021, estableciendo en su reclamo iguales argumentos a los de este Recurso, la cual fue fallada con fecha 12 de Junio 2021, señalando: “I.- Que SE RECHAZA la reclamación interpuesta por don Christian Marcelo Espinoza Lagos, abogado, en representación de COMERCIAL RICARDO SILVA SPA., en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TEMUCO, representada por don nombre reservado, todos ya individualizados y en consecuencia se mantiene la multa No No1652/21/8-2, de fecha 18 de marzo de 2021.

Por último, en lo relativo al listado de fiscalizaciones realizadas a la empresa, no existe desigualdad ante la ley, ya que las fiscalizaciones fueron solicitadas en su mayoría por Sindicato de trabajadores de la empresa Tecnobox, a distintos locales pertenecientes a la empresa, no pudiendo negarse a cumplir las obligaciones que la Ley nos manda, descartando que se haya vulnerado garantía Constitucional alguna, menos aquella que dice relación con la igualdad ante la ley, por cuanto, el trato que ha recibido la recurrente por parte de la Inspección del Trabajo, es la misma que se les otorga a todos los empleadores que producto de un proceso de fiscalización resultan multados, esto es, otorgarles la posibilidad de optar a alguno de los recursos administrativos que establece la ley, presentar descargos y acompañar los antecedentes suficientes para acreditar sus dichos. No vislumbrarse de que forma se vulneró la garantía invocada por el recurrente.

Acompaña Informe de fiscalización 0901.2021.204 Se trajeron los autos en relación.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario- o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Tercero: Que en el contexto que se viene hablando, corresponde a la parte recurrente expresar con precisión el acto y/u omisión que estima arbitrario o ilegal, como asimismo las medidas de auxilio concretas que se requieren para superar la situación vulneratoria de garantías constitucionales que se denuncia. Ello es fundamental para que esta Corte pueda pronunciarse en torno a la acción constitucional deducida, desde que la competencia de este Tribunal queda encuadrada por el debate y pretensiones que plantea el actor.

Segundo: Que, en el presente caso, el recurso no indica con precisión cuál o cuáles son los actos recurridos, pues en el desarrollo del mismo, el recurrente dedica un acápite a expresar cuáles serían los “Antecedentes previos” que permitirían entender lo que se reclama, pero tras ello no desarrolla de manera expresa y en precisa, cuál es el acto u omisión que en su opinión es vulneratorio de sus garantías constitucionales. Dicho defecto queda patente al leer parte petitoria del recurso, el que señala de manera expresa lo siguiente: “POR TANTO, de acuerdo con lo expuesto, disposiciones citadas, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, y demás normas pertinentes; SÍRVASE US.I. Tener por interpuesto el presente recurso de protección del derecho constitucional contemplado en el art. 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, ordenar que la recurrido informe, en el plazo perentorio que US.I: fije; y, en definitiva, decretar que cese en la perturbación de las garantías, tomar las medidas que, en concepto de US.I., sean conducentes al restablecimiento y la protección de los derechos vulnerados, con costas del recurso”; es decir, simplemente se solicita la cesación de una “perturbación” que no se identifica, y se requiere se adopten “medidas” que no se acotan.

Tercero: Que no obstante lo anterior, y atendida la eminente naturaleza cautelar del recurso de protección, se tendrá en consideración para analizar lo expuesto en el mismo, aquel pasaje del libelo contenido en el capítulo que se denomina “Consideraciones de Derecho”, y que señala “Las fiscalizaciones y multas descritas constituyen una clara y evidente vulneración de la siguiente garantía constitucional, consagrada en el Art. 19 de la Constitución Política de la Republica, la cual asegura a todas las personas…”; a partir de lo cual se puede concluir que lo que pretende impugnar por esta vía constitucional, son en consecuencia: a) Las fiscalizaciones que se describen, b) La multa que se señala como cursada.

Cuarto: Que, en cuanto a las fiscalizaciones realizadas por la entidad recurrida, la actora se limita a señalar que la empresa ha sido objeto de constantes fiscalizaciones, y a precisar que con ello se ha dado un trato desigual a las recurrentes, apuntando que ninguna empresa de la región que presenta algún giro esencial, ha sufrido tales fiscalizaciones.

Quinto: Que en este punto descartan estos sentenciadores ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la recurrida. Lo primero, por cuanto ilegal es aquella actuación contraria a la ley o que se verifica al margen de la misma, y que en el caso de la actuación de un funcionario público, concurre cuando el mismo actúa al margen del principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, lo que en el caso en cuestión debe desestimarse, toda vez que las actividades de fiscalización son de la esencia de la entidad recurrida, de manera que su proceder lo ha sido en el marco de sus potestades legales y dentro del límite de las mismas.

Sexto: Que en cuanto a la arbitrariedad que se predica respecto de la actividad de fiscalización, cabe indicar que tampoco concurre, desde que un acto arbitrario es aquel ejecutado careciendo de fundamento razonable, es decir, que es fruto del mero capricho o de la sinrazón, o que pudiera perseguir una finalidad torcida a la normativa que lo rige; y en el presente caso (sin perjuicio de destacar la periodicidad con que se han efectuado), el recurrente no ha señalado el por qué los actos de fiscalización en sí concretarían dicha arbitrariedad, ni se divisa de los antecedentes que ella concurra; centrándose el actor en señalar argumentos del errado razonar jurídico al aplicar las multas (tras las fiscalizaciones), pero sin cuestionar el hecho fiscalizador en sí.

Séptimo: Que finalmente sobre el punto, cabe indicar que la imputación de un incremento en las fiscalizaciones consecuencia de la interposición de una reclamación en sede jurisdiccional laboral; tampoco se divisa, pues no se han aportado antecedentes que permitan concluir que la recurrida haya ejercido sus funciones con una periodicidad inusitada (sobre todo teniendo en consideración la especial situación sanitaria por la que atraviesa el país), y que por ende, comparado con el trato de otras empresas, el mismo resulte desigual; no debiendo perderse de vista además, que la fiscalización que da lugar a la multa de la que a continuación se hablará, fue consecuencia de una denuncia efectuada el día 3 de marzo de 2021, por el Sindicato Interempresa de Trabajadores de empresa Tecnobox.

Octavo: Que en relación a las multas, reclama el recurrente en concreto de aquella identificada con el número 1652/21/8, señalando latamente el por qué en su opinión, la misma constituye una decisión errada de la autoridad, indicando básicamente, que la empresa sí se encontraba en la hipótesis de poder suspender relaciones laborales teniendo como fundamento “acto de autoridad”, toda vez que la empresa presenta sólo un giro de seis, que dice relación con la venta al por menor de computadores, equipos periféricos, programas informáticos y equipos de telecom. Sobre el punto por su parte la recurrida, resulta que el fiscalizador constató que es una empresa que produce actividad y vende productos considerado esenciales y por ello no podría tener trabajadores suspendidos por acto de autoridad, acotando que el ordinario 1762 de 3 de junio de 2020 de la Dirección del Trabajo, recalca el carácter excepcional de la norma de la ley 21.227, cuyas disposiciones se justifican en razón de la emergencia sanitaria, de manera que los empleadores no afectados por la emergencia sanitaria no pueden recurrir a las medidas previstas en esta ley, precisando finalmente que el tipo de artículos que comercializa Tecnobox, está dentro de la descripción de artículos esenciales considerados por la autoridad sanitaria y servicio de salud, bienes y servicios a ser utilizados que son imprescindibles para el teletrabajo, así el punto 12.2 letra a) bienes relativos a teletrabajo y educación a distancia artículos electrónicos que detalla, artículos que el fiscalizador constató se vendían en los locales de la empresa.

Noveno: Que como se puede apreciar, la controversia en relación a la aplicación de la multa en comento, dice relación con una cuestión concreta fáctico-jurídica, consistente en la naturaleza de las actividades realizadas por la recurrente y su subsunción en las normas de excepción que contempla la ley 21.227; existe así, una clara contraposición entre las posiciones de las partes, no pudiendo afirmarse en consecuencia que estemos en presencia de derechos indubitados por parte de la recurrente, que puedan ser resguardados por esta vía jurisdiccional de emergencia.

Décimo: Que, en efecto, la postura de la empresa sancionada es absolutamente válida y plausible, sin embargo, las argumentos y consideraciones para sostenerla (más aún cuando son controvertidos por la respectiva autoridad), deben ser discutidas en un juicio de lato conocimiento; no pudiendo pretenderse -por su naturaleza y contenido- substraerlas del ámbito jurisdiccional de los tribunales de justicia especializados, donde debe ser dirimida la discrepancia.

Décimo primero: Que al efecto cabe tener presente, que la propia recurrente con fecha 25 de mayo de 2021, presentó una demanda de reclamación de resolución administrativa de multa, la que dio origen a los autos rol n° I-20-2021, seguidos ante el Juzgado de Letras de Temuco, en el que luego de la respectiva tramitación se dictó sentencia definitiva con fecha 12 de junio de 2021, rechazándose la misma en todas sus partes, siendo recurrida de nulidad por la demandante, dando origen a los autos en esta Corte rol n°267-2021, los que se encuentran aún pendientes de resolución.

Décimo segundo: Que, así las cosas, el recurso que nos convoca será desestimado, pues no existe acto arbitrario ni ilegal que enmendar a través de este procedimiento cautelar y de emergencia, y por cuanto no se divisan derechos indubitados por parte de la recurrente, sino que, por el contrario, existe una abierta controversia acerca de los mismos, e incluso una decisión jurisdiccional que afirma su inexistencia.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Autor Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara QUE SE RECHAZA, el deducido por don CHRISTIAN MARCELO ESPINOZA LAGOS, abogado, en representación de COMERCIAL RICARDO SILVA SPA., y de COMERCIAL FELIPE PARDO SPA., en contra de la INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TEMUCO, representada por su inspector provincial don nombre reservado.

Estimándose que la recurrente tuvo motivos plausibles para litigar, se dispone que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactó nombre reservado Valdivia, Abogado Integrante.- Protección-5424-2021.(fcv)