Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Temuco Temuco, siete de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparecen las abogadas doña Javiera Gárate Gallardo y doña Javiera Acuña Ramos y el licenciado en ciencias jurídicas y sociales don nombre reservado, quienes deducen un recurso de protección en favor de doña nombre reservado, cubana, pasaporte ordinario N° NUM000; domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, y de la Subsecretaría del Interior, representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, conforme a los siguientes argumentos:

Explica que doña nombre reservado, con fecha 25 de enero de 2021, acudió a las dependencias del Departamento de Refugio y Reasentamiento del entonces Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, actual Servicio Nacional de Migraciones, para efectos de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado.

En dicho lugar, formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Sin embargo, habiendo transcurrido más de 1.843 días en total, esto es, más de 5 años y 17 días desde efectuada la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ésta aún no ha sido resuelta.

Alega que este actuar negligente de la recurrida le ha impedido ser reconocida su condición de refugiado, derecho legal que le asiste ya que cumple cabalmente con la exigencias legales y reglamentarias.

Indica que Cuba fue excluido de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1962, tras la revolución castrista que mantiene a dicho país al día de hoy en una dictadura militar, que viola de manera sistemática los derechos humanos de sus habitantes. La Comisión observa que la imposibilidad de regresar a su país de origen impide a las personas cubanas gozar de una nacionalidad efectiva, lo que conlleva a otras violaciones de derechos humanos, como el derecho a la familia.

Adicionalmente, sitúa a las personas cubanas que salen de su país en una situación especial de vulnerabilidad, ya que, en ocasiones, se encuentran de manera irregular en el país en el que se encuentran y no pueden tampoco regresar a su país. La Comisión expresa su preocupación por las múltiples restricciones y los procedimientos imprecisos que obstaculizan el ejercicio efectivo a la libertad personal dentro y fuera de la isla. La CIDH considera que estas medidas ocurrirían con frecuencia para impedir las labores de activistas, opositores y defensores de derechos humanos.

Luego se refiere a la regulación sobre la protección de refugiados y el procedimiento para su determinación.

Argumenta que la ilegalidad se traduce en el incumplimiento de los plazos impuestos a la autoridad para concluir un acto administrativo dentro de 6 meses o 180 días, y la arbitrariedad en que tal incumplimiento no tiene un fundamento razonable, por tanto, es irracional e inmotivado. Las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en la omisión de dar respuesta a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, que para el caso de la recurrente suma ya más de 1.843 días sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre las solicitudes formuladas.

Manifiesta que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, donde destaca el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 9°, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Refiere que ni la ley 20.430 ni su reglamento, ni la Ley 21.325 ni su reglamento, establecen plazos de tramitación para las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, tanto los actos del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, como los de su sucesor legal, el Servicio Nacional de Migraciones, se encuentran sometidos a la Ley Nº19.880 que establece normas relativas a los plazos y tiempo de tramitación de procedimientos administrativos.

Por su parte, el artículo 27 de la Ley 19.880 dispone que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. En el mismo sentido, el artículo 4 de dicha ley señala que el procedimiento administrativo se rige y está sometido al principio de celeridad, estableciendo que “El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.”

Al no haber un plazo fatal establecido en ley especial, se debe cumplir de manera supletoria lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 19.880 que establece que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final. El no cumplimiento de esta normativa deja al administrado en un total estado de indefensión, así como representa una vulneración de la igualdad ante la ley e incluso el derecho de petición que, aún cuando no puede está cubierto por una acción como la actual, debe ser respetado a cabalidad por todos los órganos del Estado, según lo prescrito en la Constitución Política de la República, en especial, en el numeral 14 de su artículo 19.

Luego, esta parte considera que la demora de más de 1.843 días atenta contra los principios que se resguardan en la ley 19.880, que establece que los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos.

Afirma que la sostenida jurisprudencia de la Corte Suprema señala que la falta de diligencia al emitir pronunciamiento constituye un acto arbitrario, ya que no hay motivo que justifique tal dilación, siendo tal actuación vulneratoria de la igualdad ante la ley pues, al omitir un pronunciamiento, la administración discrimina al afectado al mantener en suspenso una decisión fundamental para sus intereses (v. gr. Rol 63.068- 2020, considerandos 5° y 6°).

Afirma que el recurrido ha sido vulnerado en los siguientes derechos fundamentales:

Igualdad ante la ley. Ha sido un trato evidentemente desigual el que se le ha dado a esta parte en comparación con otros administrados, quienes, al acudir ante la administración del Estado, en sus diferentes peticiones, no son sometidos a plazos de tramitación excesivos, sino que, al contrario, el Estado chileno les garantiza la respuesta de sus solicitudes dentro de los plazos previstos en la Ley 19.880, dándole así cumplimiento a la norma.

Agrega que también se vulnera en el mismo funcionamiento interno del ente recurrido, esto es, el Departamento de Extranjería y Migración y su sucesor el Servicio Nacional de Migraciones, quien resuelve sus solicitudes al azar, de forma no organizada ni cronológica, otorgando respuesta a solicitudes en plazos que exceden, por mucho, el tiempo máximo de tramitación permitido por la Ley 19.880.

Alega que el hecho de que a los solicitantes de la condición de refugiado le otorguen un visado de 8 meses mientras se encuentra pendiente de resolver su solicitud, no puede ser sinónimo de demoras injustificadas o amparadas por la fuerza mayor que pudo haberse producido con la pandemia del Covid-19 u otros elementos como la cantidad de solicitudes que el Servicio Nacional recibe. Esto haría que el cumplimiento de lo establecido en la Ley 19.880 se convierta en irrisorio y, en adición, genera desigualdad directa ante la Ley, atendida la categoría de migrante o no migrante con respecto a los procedimientos administrativos en general, lo que podría convertirse en una patente de corso a la autoridad del Servicio Nacional de Migraciones, pues su demora injustificada, mucho más allá del plazo razonable, no sería sancionada en ningún caso.

La afectación producida por la demora en la tramitación no se subsana con la vigencia de la cédula de identidad o la regularidad que mantiene el solicitante durante el período de espera de la decisión. En la presente acción constitucional no se discute la vigencia de la cédula de identidad ni la regularidad migratoria de la recurrente. Lo que se discute son las consecuencias que produce la demora excesiva en resolver su solicitud.

Las afectaciones son más profundas. Aún cuando se reconozca la vigencia de la cédula y de la regularidad del solicitante, hay situaciones que, tanto en la especie como en general, los migrantes en tal situación enfrentan y provocan vulneración de derechos de otras características.

Debido proceso: Explica que la omisión en resolver la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado más allá de un plazo razonable vulnera la garantía constitucional del debido proceso, garantizado por el artículo 19 nº 3 de nuestra Constitución, por cuanto “en el campo de la doctrina, el principio de celeridad se asocia con la idea de acceso a la justicia, por cuanto no basta con que los órganos del Estado permitan un acceso a la jurisdicción, sino que, además, tal acceso debe implicar, necesariamente, que nos encontremos en presencia de un procedimiento racional, justo y resuelto en un período breve de tiempo.” (Sentencia del Tribunal Constitucional rol 4313-18, considerando 27)

Por otro lado, también arguye que la recurrida ha pretendido evadir su responsabilidad administrativa señalando que en tanto no se dicte el acto terminal, estamos ante un acto trámite y por tanto no impugnable por la vía que esta parte intenta.

Argumenta que dicha pretensión va en contra de nuestra tradición constitucional ya que la impugnabilidad de todo tipo de acto administrativo emana de la propia Constitución que, al consagrar a la juridicidad como el principio básico de nuestro Estado de Derecho, señala que todos los actos del Estado deben ajustarse a la Constitución y la ley, y que cualquier acto que resulte contrario a dichas normas adolecerá de nulidad. No existe en la Carta Fundamental, pues, ninguna excepción que permita que los actos trámite no cumplan con el principio de juridicidad. El principio de plena impugnabilidad de los actos trámite también se encuentra recogida en la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, el cual, en armonía con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 19 N° 3 de la Constitución. Estima que la recurrida hace una lectura antojadiza del inciso 2° del artículo 15 de la ley 19.880,.

Pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de los recurridos ya individualizados, por la omisión ilegal y arbitraria de no dictar el acto administrativo terminal pertinente respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente y, conforme a la información y documentación acompañada: - Que se ordene a las recurridas a dictar el acto administrativo terminal, dando respuesta a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado objeto de este recurso en un plazo no superior a 30 días hábiles administrativos desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada o el plazo que esta Corte estime conveniente. - Que, ante el improbable caso de que se rechacen las peticiones anteriores, en subsidio, esta Corte adopte las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho. - Que se condene en costas a la recurrida.

A su recurso acompañó los siguientes documentos: 1. Pasaporte. 2.

Visación temporaria. 3. 3 estampados electrónicos. 4. Declaración voluntaria de Ingreso Clandestino. 5. Notificación de citación a entrevista. 6. Certificado de antecedentes penales cubanos legalizados. 7.

Título de Doctora en Medicina y 10. Certificado de inscripción en el registro nacional de prestadores individuales.

A folio 8, evacúa informe la abogada doña Alejandra Salinas Silva, por la Subsecretaría del Interior, en los siguientes términos:

En primer lugar se refiere a la normativa aplicable a este caso, luego se refiere a la recurrente indicando que según lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones a esta parte de manera interna, consta que la parte recurrente solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado con fecha 25 de enero de 2021, manteniendo vigente un permiso de residencia temporal como solicitante de refugio hasta el 25 de mayo 2026. Fue citada a entrevista de elegibilidad, conforme lo prescribe el artículo 30 de la ley 20.430 con fecha 07 de enero de 2026, encontrándose pendiente la elaboración del informe técnico por parte de dicho Servicio. Cabe señalar que, una vez concluida la tramitación del acto administrativo que resuelva dicha solicitud, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Finalmente señala que no hay ningún acto ni arbitrario ni ilegal y que en el caso de acogerse el recurso pondría a la recurrente en una situación favorable sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud.

Pide tener por evacuado el informe requerido a la Subsecretaría del Interior, resolviendo el rechazo de la acción de protección de autos por las razones aquí expuestas, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

A folio 12, evacúa informe la abogada doña Camila Navarro Rodríguez, por el Servicio Nacional de Migraciones, en los siguientes términos:

Explica que luego que el recurrente manifestara su voluntad de solicitar acogerse al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, esta autoridad citó al recurrente a la entrevista de admisibilidad establecida en el artículo 28 bis de la Ley 20.430, a realizarse en las dependencias del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones.

El recurrente asistió a la entrevista de admisibilidad, realizando una declaración voluntaria ante funcionarios de esta autoridad y acompañando documentación relativa a su solicitud de refugio.

Posterior a ello, mediante oficio ordinario N°NUM001 de fecha 11 de noviembre de 2025 se cita al usuario para el 07 de enero de 2026 a la entrevista de Elegibilidad, elemento esencial del trámite siendo de carácter obligatoria.

Que la persona asistió a la entrevista por lo que con fecha 9 de enero de 2026 desde esta Dirección Regional, la Encargada de Refugio remite memorándum a la Jefatura de Refugio y Reasentamiento informando la realización del trámite esencial de Entrevista de Elegibilidad.

Que, han transcurrido 2 meses desde la entrevista respetando un procedimiento reglado y que, se encuentra en etapa de ser revisada por la comisión técnica para determinar si se acoge o se rechaza su solicitud.

Finalmente, es fundamental hacer presente que esta autoridad migratoria no ha dictado sanción migratoria alguna en contra de la parte recurrente y que mientras dure el procedimiento reglado se va renovando la prórroga temporal de solicitante de refugio estando, para todos los efectos legales, regular en nuestro país.

Refiere que, con fecha 20 de febrero de 2024 se publicó y entró en vigencia la Ley N° 21.655, que modifica la Ley Nº 20.430, para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Dicha ley realizó importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y estableció nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio, en especial con la modificación de los artículos 2, 3, 6, 26 y 32, junto con la incorporación de los artículos 28 bis y 28 ter.

Pide tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional, en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de esta autoridad que pueda considerarse que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección, no siendo procedente que esta parte sea condenada en costas.

A su informe acompañó oficio ordinario N° NUM001 de fecha 11 de noviembre de 2025 sobre citación a entrevista de Elegibilidad y copia de Memorándum de fecha 9 de enero de 2026 sobre entrevista de Elegibilidad.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, se denuncia la omisión en el pronunciamiento de la solicitud de refugiado de la recurrente, realizada con fecha 25 de enero de 2021.

No se ha discutido que al día de hoy no se ha emitido pronunciamiento respecto de dicha solicitud, habiendo transcurrido más de 5 años a la fecha.

Tercero: Que, si bien la determinación acerca del reconocimiento de la condición de refugiada corresponde a la autoridad administrativa competente y el plazo de seis meses contemplado en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no reviste carácter fatal, ello no exonera a la Administración de su deber de impulsar de oficio y concluir el procedimiento dentro de un término razonable, conforme a los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad consagrados en los artículos 7, 8, 9 y 14 de dicho cuerpo legal. En consecuencia, la sola superación del referido plazo no determina por sí misma la ilegalidad de la actuación administrativa, debiendo atenderse a las circunstancias concretas y a la duración total del procedimiento.

Cuarto: Que la controversia examinada no recae sobre un procedimiento migratorio ordinario, sino sobre una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, sometida al estatuto especial previsto en la Ley N°20.430 y en los instrumentos internacionales sobre protección de refugiados vigentes en Chile. La circunstancia de que durante su tramitación la interesada mantenga una situación migratoria regular no releva a la Administración de su deber de concluir el procedimiento, pues aquella regularidad constituye una medida de protección durante su sustanciación y no sustituye el pronunciamiento que determine definitivamente la solicitud formulada.

Quinto: Que no altera lo concluido la circunstancia informada por el Servicio Nacional de Migraciones en cuanto a haberse practicado la entrevista de elegibilidad el 7 de enero de 2026 y remitido los antecedentes para la elaboración del correspondiente informe técnico, pues tales actuaciones, aun demostrativas de avance en la tramitación, no explican ni justifican suficientemente que una solicitud presentada el 25 de enero de 2021 permanezca, transcurridos más de cinco años, sin una decisión que ponga término al procedimiento. La controversia no radica, entonces, en la ausencia absoluta de actividad administrativa, sino en la extensión extraordinaria y no suficientemente justificada de su tramitación.

Sexto: Que la extensión extraordinaria del procedimiento, sin una justificación concreta que permita explicar razonablemente el tiempo transcurrido, importa someter a la recurrente a una situación de incertidumbre administrativa indefinida, apartándose la autoridad de los deberes de actuación oportuna y conclusión que el ordenamiento impone uniformemente a sus órganos, configurándose así una omisión arbitraria que afecta la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que la tutela constitucional que se disponga no importa reconocer a la recurrente la condición de refugiada ni anticipar el contenido de la decisión administrativa pendiente, materias cuya determinación corresponde a los órganos competentes conforme a la Ley N°20.430. La intervención de esta Corte se limita a controlar la juridicidad de la omisión denunciada y a restablecer el imperio del derecho mediante la adopción de una medida destinada a que el procedimiento pendiente sea concluido dentro de un plazo cierto y razonable.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección sólo en cuanto a disponer que dentro de un plazo máximo de (60) sesenta días a la recurrida, para que emita la resolución final respecto de la solicitud de refugiado formulada por la recurrente.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo del ministro Alberto Amiot.

N° Protección-542-2026.(csd)