Protección contra Tesorería Regional de la Araucanía

Foja: 63 Sesenta y Tres C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.

A fojas 3 comparece RODRIGO GAJARDO TORO, abogado, en nombre y representación de nombre reservado, Médico, domiciliado en domicilio reservado, e interpone nombre reservado en contra de la Tesorería Regional de la Araucanía, alegando como vulneradas las garantías de los números 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

El hecho que califica de arbitrario e ilegal, consiste en que en el proceso de cobro de obligaciones tributarias por parte de la Tesorería, se le notificó el 25 de noviembre de 2015 por carta certificada una Resolución de 22 de septiembre en Rol Administrativo 10101 -2015 de Lautaro, por la que se ordena a su empleador la Municipalidad de Lautaro, descontarle de sus remuneraciones mensuales, y hasta 5 U.T.M., una deuda de un giro de impuestos por formulario 21 de 30 de abril de 2011 por $ 3.374,937, más intereses, y reajustes, lo que se comenzó a efectuar de inmediato. Solicita a este Corte que se ordene a la recurrida poner fin a los actos arbitrarios, se le paguen y restituyan los dineros retenidos y pagados a la Tesorería Regional dentro de 3° día o el plazo que se señala, se tomen las providencias para el restablecimiento del derecho, con costas.

A continuación, se indica en el recurso que luego de los hechos recién relatados se le comenzaron a realizar los descuentos en cumplimiento de lo resuelto, pero aquella resolución no se le notificó en forma legal para poder alegar ante el Organismo administrativo recurrido la prescripción de estos giros, los que según el artículo 200 del Código Tributario prescriben en 3 años, los que se encuentran vencidos. Esta actuación vulnera las garantías invocadas, disminuyendo sus ingresos mensuales, debiendo la Tesorería notificarlo del giro de impuestos para poder alegar la prescripción ante ese mismo órgano por vía de excepción o ante Tribunales de Justicia por vía de acción, pero se le negó ese derecho. Por ello, se vulnera el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos porque, sin notificación, se le embargan y retienen dineros de su remuneración mensual y, por la misma razón, se vulnera su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, y su derecho a la libertad de trabajo porque ante la prestación de servicios tiene una obligación del empleador de pagarle, lo que no puede hacer de manera íntegra.

A fojas 56 evacua informe le recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas. Indica que el 30 de septiembre de 2015 se notifica y requiere de pago al recurrente, y luego se traba embargo sobre sus remuneraciones que excedan las 5 U.T.M., y hasta por la suma $3.374.937 lo que se notificó al municipio el 30 de septiembre de 2016 que no cumplió lo ordenado; con todo, el 9 de octubre de 2015 el recurrente opuso la excepción de prescripción que fue acogida el 21 de enero de 2016 y se ordenó el alzamiento de los dineros embargados el 22 de enero de 2016 que se notificó a la Municipalidad el 26 de Enero de 2016.

Luego, de la relación de hechos, se indica que el recurso debe ser rechazado por extemporáneo pues el plazo de 30 días se cuenta desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los hechos, y consta que el Recurso se interpuso el 24 de Diciembre de 2015, pero opuso la excepción al cobro el 9 de octubre de 2015.

A continuación, se señala que el recurso también debe ser rechazado porque no se puede recurrir de protección contra resoluciones judiciales, y ello porque el proceso de cobro de impuestos que desarrolla la Tesorería no es meramente administrativo, sino que es un procedimiento contencioso especial de carácter jurisdiccional según lo ha indicado la Corte Suprema en fallos que cita, y el legislador estableció un procedimiento para reclamar y oponerse al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero del Libro III, Título V, artículo 168 y siguientes del Código del Tributario, contando con las garantías de un debido proceso, por lo que este recurso no fue creado para solucionar conflictos cuando existen procedimiento ordinarios para ello.

Luego, indica que el recurso también debe ser rechazado pues no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que enmendar, pues el procedimiento completo se tramitó conforme a derecho y el recurrente pudo excepcionarse, y si bien ha sido afectado el recurrente en su derecho de propiedad o derecho al trabajo, la misma afectación no es ilegal ni arbitraria, pues obedece a un procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones de dinero conforme a derecho.

Finalmente, indica que el recurso carece de objeto pues, según lo informado, el folio demandado y que dio origen al procedimiento ejecutivo fue declarado prescrito, se ordenó su descargo de la Cuenta Única Tributaria, se alzó el embargo, y los montos embargados nunca fueron remitidos a la Tesorería, por lo que no corresponde hacer devolución alguna al recurrente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el caso sub judice, la recurrente hace consistir la conducta arbitraria e ilegal en el embargo de sus remuneraciones que ha efectuado el Servicio de Tesorerías por el no pago de una obligación tributaria que se encontraba en cobro en el procedimiento administrativo de rigor lo que no le fue comunicado oportunamente, a pesar que la resolución administrativa fue dictada el 22 de septiembre de 2015 y él fue notificado de la misma el 25 de noviembre, viéndose impedido de alegar oportunamente la prescripción de la obligación en las instancias correspondientes.

SEGUNDO: Que el nombre reservado ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Para accionar de protección, la ley concede al recurrente un plazo fatal. Establecido que fuere el cumplimiento de esta primera exigencia, para que la acción tutelar prospere, resulta necesario tener por cierto que la recurrida ha incurrido en la acción denunciada y si a ésta puede atribuírsele el carácter de arbitraria o ilegal.

TERCERO: Que para resolver acerca de la extemporaneidad del presente arbitrio alegada por la recurrida, deberá tenerse en consideración que el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del nombre reservado, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde que el actor tenga noticia o conocimiento cierto de los mismos.

En el caso sub judice, para establecer cuál es la fecha cierta en que la recurrente tuvo conocimiento del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales, resulta pertinente consignar que, conforme a la documentación que acompaña la recurrida a fojas 26 y que no fue cuestionada por la recurrente en la vista de la causa pues no asistió a la misma, ella con fecha 9 de octubre de 2015 alegó ante el Juez Substanciador Tributario la prescripción de la obligación, reconociendo expresamente que tomó conocimiento del embargo decretado en la causa el 22 de septiembre de 2015, mediante la notificación que se le practicara el día 30 de septiembre, de donde se desprende inequívocamente que el actor tomó cabal y efectivo conocimiento de la resolución que ahora pretende desconocer el día 30 de septiembre de 2015 y ejerció el derecho a alegar la prescripción –que por lo demás fue acogida-, lo que al decir del recurrente en esta sede, constituye el supuesto perjuicio derivado de esa ausencia de notificación que, como se acreditó, resultó no ser efectiva.

CUARTO: Que de lo dicho se colige inequívocamente que la recurrente tuvo conocimiento del acto que considera ilegal y arbitrario el día 30 de septiembre de 2015, día en que conforme a lo obrado a fojas 23 y 26 supo el recurrente del embargo decretado, de manera tal que habiéndose interpuesto la presente acción constitucional el 24 de diciembre de 2015, el recurso ha sido deducido en forma extemporánea.

No debe olvidarse que el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el Auto Acordado ya referido, el cual tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención alguna de las partes, permaneciendo incólume que el término para intentar el nombre reservado se cuenta inequívocamente desde la fecha en que el interesado tuvo conocimiento de la conducta que considera ilegal o arbitraria, la que en el caso que no ocupa, no es otra que aquella en que le fue notificado el embargo decretado por el Juez Substanciador Tributario el 30 de sept de 2015.

Sostener lo contrario implicaría desconocer la doctrina de los actos propios, en virtud de la cual y en pos de la seguridad jurídica, deberá desestimarse toda actuación que implique un obrar incompatible con los actos anteriores, en aras de obtener una tutela judicial en contradicción a lo dicho y hecho con antelación;

QUINTO: Que finalmente resulta pertinente consignar que no es óbice para una declaración de extemporaneidad el que previamente el recurso haya sido declarado admisible por esta Corte, toda vez que dicho pronunciamiento no obsta a que en definitiva el recurso pueda ser rechazado por haber sido deducido fuera de plazo, atendidos todos los antecedentes que los intervinientes aportaren durante la tramitación del mismo.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, del tenor del informe y de la documentación acompañada al mismo, se desprende inequívocamente que el recurso también carece de objeto pues la obligación demandada que dio origen al procedimiento ejecutivo fue declarada prescrita, se ordenó su descargo de la Cuenta Única Tributaria, se alzó el embargo, y los montos embargados nunca fueron remitidos a la Tesorería, por lo que no corresponde hacer devolución alguna al recurrente.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma Corte Suprema sobre tramitación y fallo del nombre reservado, se declara que SE RECHAZA, CON COSTAS, el deducido a fojas 1 por el abogado don RODRIGO GAJARDO TORO en nombre y representación de nombre reservado contra el Tesorero Regional de La Araucanía.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro Sr. Julio César Grandón Castro.

Rol N° Protección-5411-2015. (pvb)

Sr. nombre reservado

Sra. nombre reservado

nombre reservado por la Primera Sala Presidente Ministro Sr. Julio César Grandón Castro, Ministra Sra. Cecilia Aravena López y Fiscal Judicial Sra. nombre reservado. Se deja constancia que la Ministra Sra. Cecilia Aravena López no firma la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con feriado legal.

En Temuco, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.