Protección contra actuar ilegal y arbitrario de la COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Comparece Fundación Valídame RUT RUT reservado; organización sin fines de lucro, domiciliada en domicilio reservado, representada, según se acreditará en un otrosí de esta presentación, por su presidente don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado compareciendo, dentro del término establecido en el numeral 1º del Auto Acordado, quien dice:

Que, vengo en presentar acción constitucional de protección, en contra del actuar ilegal y arbitrario de la COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE TEMUCO, representada legalmente por su presidenta, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, correo correo reservado y en contra de FUNDACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LAS COMISIONES MÉDICAS FACM, representada por su jefe administrativo don nombre reservado, se ignora número de cédula nacional de identidad, ambos domiciliados en domicilio reservado, correo correo reservado; a fin de que adopte las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los derechos de igualdad ante la ley, establecidos en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República de Chile, respectivamente, vulnerados a esta parte a consecuencia del actuar de los recurridos, por los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación paso a describir.

1.- FUNDACIÓN VALÍDAME, mandatario de doña nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, procedió a solicitar mediante correo electrónico de fecha 12 de abril del presente año, a la Comisión Médica Regional de Temuco, la copia integra del expediente de la Solicitud de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de doña nombre reservado, ello con el fin de comprobar la fidelidad, integridad e idoneidad de la información de todo el procedimiento administrativo de la Solicitud, Calificación, Evaluación y Reevaluación del Grado de Invalidez de la trabajadora a quien despojaron de la Pensión de Invalidez Parcial Transitoria estando más enferma y menoscabada que en el proceso inicial, siendo portadora según certificado médico de 1. Fibromialgia, 2 Hipertensión Arterial Crónica, 3 Depresión, 4 Dislipidemia, 5 Intolerancia a la Glucosa, 6 Discopatía Lumbar, 7 Migraña, 8 Epicondilitis Crónica, 9 Hirsutismo Severo.

2.- Por último, y aunque es una argumentación recurrente de la recurrida FACM que es rechazada, toda vez que siempre resulta igualmente condenada, cabe hacer presente que, en cuanto a ella se refiere el actuar ilegal y arbitrario que se le imputa en este caso consiste en haber negado el acceso solicitado a los expedientes con los registros de tareas del sistema informático SAGCOM al que tendrían que haber accedido con clave personal e intransferible dejando la huella de todo, al no dar hasta la fecha respuesta a lo requerido, lo que se hace su propio jefe administrativo, no obstante haber sido condenado por idénticos hechos en causa rol 68.315-2022, por los mismo hechos en una causa idéntica sentenciada por esta Ilma. Corte de Apelaciones, actuando con contumacia en esta oportunidad.

EN EL DERECHO 1.- Que, en casos similares al presentado, nuestros tribunales han acogido los respectivos recursos de protección aduciendo que es arbitrario denegar al principal interesado del procedimiento de invalidez el acceso al expediente administrativo por una vía legitima reconocida a rango legal, como es la digital. En este sentido:

a) Ilma. Corte de Apelaciones de nombre reservado en causa rol 5117-2022 b) Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena en causa rol 6372-2022 c) Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción en causa rol 68.315-2022 d) Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena en causa rol 102-2023 e) Ilma. Corte de Apelaciones de San Miguel en causa rol 22059-2022 6 Por su parte, el compendio de normas sectorial impone a los recurridos el deber de mantener toda la información del expediente en formato o sustento electrónico, para lo cual señala el funcionamiento de una plataforma idónea para tal efecto denominada SAGCOM, la que regula en su completa extensión. Señala Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez, Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Revaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas que: “Las Comisiones Médicas Regionales deberán disponer de un Sistema de Información interconectado entre todas ellas y la Comisión Médica Central, que apoye la gestión del Sistema de Calificación de Invalidez, permitiendo registrar cada solicitud de calificación de invalidez, administrar expedientes electrónicos de invalidez, conocer en todo momento el estado de trámite de una solicitud de pensión de invalidez y facilitar el cumplimiento de las obligaciones normativas y de procedimientos que establece el presente Capítulo. Además, de todo el equipamiento computacional y tecnológico que se requiera para otorgar el soporte a dicho sistema informático”

Por su parte, el reglamento del D.L. N°3.500 reconoce de igual manera en su artículo 32 la tramitación electrónica del expediente y la comunicación electrónica a los afiliados como una posibilidad cierta en sus artículos 30 y 40 inciso final.

Teniendo presente lo anterior, no puede, sino concluirse, que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, al denegar el acceso a la información del expediente por vía electrónica, lo que repercutió en una denegación de acceso al servicio público solicitado por el recurrente, dándole un trato diferente al que ha dispuesto la ley, lo que infringe la garantía constitucional de la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Siendo que lo solicitado por el recurrente encuentra sustento en el marco legal vigente, su desatención por el recurrido se vuelve especialmente gravosa e incomprensible, teniendo presente que su único objeto es brindar el servicio para el que se ha conformado. Así las cosas, la obstaculización del trámite por una vía expresamente reconocida por la ley, y por la cual los usuarios pueden libremente optar, resulta intolerable, a la vez que discriminación arbitraria al mandatario que la misma norma sectorial busca erradicar de las Comisiones Médicas.

Además se debe tener presente que la denegación arbitraria del expediente, incluso en estado de ejecutoriado del expediente, lesiona el derecho oportuno a los recursos administrativos siguientes con fundamento en la información existente que a la fecha se desconoce, si, habiendo sido requerida la información en tiempo y forma, por vía expresamente reconocida por nuestra legislación los recurridos se niegan a proporcionarla en la forma y vía hábil, toda vez que como impedimento del cabal mérito del proceso para recurrir administrativamente de revisión en los términos de la ley 19.800, como expresamente lo reconoce además el Compendio de Normas en su Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez. Capítulo IV, recurridas que han creado un mecanismo de ceguera artificiosa para con los afiliados quienes deben realizar todas sus oposiciones o defensa de sus pretensiones en total oscuridad, a diferencia de los demás intervinientes a quienes se les otorga clave personal e intransferible con la cual pueden acceder a todos los antecedentes de forma electrónica a un click de distancia, cuestión absolutamente discriminatoria, arbitraria y abusiva. Procedimiento de Reclamo del dictamen de invalidez, punto 7, es un derecho indiscutible de los interesados para su legítimo derecho a proponer la defensa de su interés por los medios o recursos legales, para lo cual el examen de expediente es consustancial, cuestiones que se ven seriamente amenazadas por la denegación de expediente integro por una vía por la cual puede el recurrente optar sin que exista ningún impedimento que justifique el actuar de los recurridos que han viciado irremediablemente el acto administrativo del cual se pretende conocer sus elementos fundantes, desde la Reevaluación en adelante.

Por otro lado- como una segunda cuestión-, el haberse negado también el acceso al SAGCOM, sistema informático, no obstante reconocer tal derecho a todo el resto de los intervinientes del proceso sin otra exigencia que la firma electrónica según se desprende del Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez, Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Revaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas, punto 3 letra b), constituye una ilegalidad que atenta contra el derecho de los ciudadanos reconocido en el artículo 17 letra a), que queda patentemente al permitirse el mismo acceso todos, salvo a principal interesado en el procedimiento.

Es un argumento recurrente de los recurridos citar las circulares del Consejo para la Transparencia, con el fin de justificar la negativa a resguardar el derecho de acceso a los expedientes consagrado en la ley 19.880, especialmente en su artículo 17. 9 Solicita Acceder a lo solicitado, y en definitiva se declare:

1.- Ilegal y arbitrario del actuar cometido por las recurridas, obligándoles a conceder el trámite requerido por la vía electrónica elegida por el recurrente, esto es la electrónica, como es el correo electrónico, todo ello de conformidad a la ley vigente, dentro de un plazo de 5 días hábiles o bien dentro del plazo que determine esta Ilma. Corte de Apelaciones.

2.- Que se le permita acceso al afiliado al expediente electrónico a través del sistema SAGCOM, con similares derechos y sin otra exigencia que las impuestas a la contraparte del proceso, esto es, Compañía de Seguros, Médicos Observadores de Las Compañías de Seguros, AFP, Fundación para la Administración de Comisiones Médicas FACM, entre otros, y que la Reevaluación se retrotraiga al estado inicial, que se le otorgue acceso electrónico al expediente al igual como lo tuvieran a esa fecha los demás intervinientes, en igualdad de trato ante la ley.

3.- Se condene en costas a los recurridos.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos con situación o apercibimiento según corresponda:

1.- Escritura pública de fecha 16 de agosto de 2018, con vigencia de fecha 28 de marzo de 2022; otorgada ante el Notario Público de la Ciudad de La Serena Repertorio 5811 – 2018.

2.- Copia de correos electrónicos enviados por FUNDACIÓN VALÍDAME a los recurridos.

A folio 4 recurrente acompaña las siguientes sentencias:

a) Ilma. Corte de Apelaciones de nombre reservado en causa rol 5117-2022.

b) Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena en causa rol 6372-2022.

c) Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción en causa rol 68.315-2022.

d) Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena en causa rol 102-2023.

e) Ilma. Corte de Apelaciones de San Miguel en causa rol 22059-2022.

f) Ilma. Corte de Apelaciones de Rancagua en causa rol 17137-2022.

A folio 28 recurrente acompaña: mandato enviado a la recurrida Comisión Médica Regional de Temuco, mandato otorgado ante el Notario y Conservador de Bienes Raíces de Carahue y Saavedra, repertorio 468-2023, por el cual doña nombre reservado, le confirió a la FUNDACIÓN VALÍDAME, precisamente representación para solicitar toda clase de información ante la recurrida de autos, señalando especialmente que incluso aquella considerada como información personal sensible, de conformidad a lo señalado en la ley 19628, como se le en la página 8/13.

A folio 21 informa nombre reservado, PRESIDENTA COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE TEMUCO, quien dice:

INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DEDUCIDA EN AUTOS POR CUANTO LA SITUACIÓN RECLAMADA EXCEDE EL ÁMBITO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN.

Sobre el particular, debe tenerse presente que del propio tenor del recurso de autos resulta claro que éste debe ser rechazado, atendido que excede el ámbito del recurso de protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede lo que persigue el recurrente. En efecto, conforme prescribe el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso cuarto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Por lo tanto, cabe concluir que la acción de protección tiene por finalidad poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia, con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas de un modo directo e inmediato.

La jurisprudencia y la doctrina están contestes en cuanto a que el objeto de esta acción cautelar no es otro que poner remedio o solución, lo más pronto posible, a situaciones de hecho que en un determinado momento son alteradas por un tercero, siempre y cuando dicho acto afecte alguna de las garantías constitucionales que el referido artículo 20 de la Constitución Política de la República señala expresamente.

Por esta vía, es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento referente al actuar de una decisión administrativa que habría adoptado dentro de sus facultades esta Comisión Médica Regional, sin siquiera pronunciarse sobre el fondo del proceso de calificación de invalidez.

De lo expuesto, la acción constitucional está destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, circunstancia que no acontece en este caso, más aún cuando lo que está cuestionando es la legalidad de la norma que regula el acceso a los expedientes de evaluación del grado de invalidez, requerimiento que no guarda ninguna relación con este recuro de excepción y cuya finalidad está para proteger arbitrios e ilegalidades.

HECHOS.

Cabe hacer presente que, una vez finalizado el proceso de evaluación y calificación de invalidez de la recurrente y encontrándose ejecutoriado el correspondiente dictamen, esta Comisión Médica Regional el 12 de abril de 2023 recibió un correo electrónico de don nombre reservado, solicitando se le hiciera entrega de nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema informático de gestión de las Comisiones Médicas, SAGCOM.

ANTECEDENTES DE DERECHO.

En primer término, cabe señalar que conforme con lo prescrito en el artículo 4° del D.L. N°3.500 de 1980, desde el punto de vista médico, el derecho a pensión de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de, a lo menos, un cincuenta por ciento, para invalidez parcial y, mayor de dos tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas e intelectuales.

Este mismo precepto dispone que las Comisiones Médicas a que se refiere su artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar los requisitos del inciso primero – antes citado – y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda Por su parte, el inciso segundo del artículo 11 del D.L. N°3.500 de 1980, establece que:

“El afiliado que se encuentre en alguna de las situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, deberá presentar los antecedentes médicos que fundamenten su solicitud de invalidez ante un médico cirujano de aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores, que administrará y mantendrá la Superintendencia, con el objeto que éste informe a la Comisión Médica Regional si la solicitud se encuentra debidamente fundada. En caso que ésta se encuentre debidamente fundada, la respectiva Comisión Médica Regional designará, sin costo para el afiliado, a un médico cirujano de aquellos incluidos en el citado Registro, con el objeto que lo asesore en el proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como observador a las sesiones de las Comisiones en que se analice su solicitud. Con todo, el afiliado siempre podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza para este último efecto, en reemplazo del designado. En caso que no se considere debidamente fundamentada la solicitud, el afiliado que se encuentre en alguna de las situaciones que señalan las letras a) o b) del artículo 54, podrá asistir al proceso de evaluación y calificación de invalidez sin asesoría o nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza para que le preste la referida asesoría como médico observador. Asimismo, las compañías de seguros a que se refiere el artículo 59 podrán designar un médico cirujano en cada una de las Comisiones Regionales, para que asistan como observadores a las sesiones de éstas, cuando conozcan de la calificación de invalidez de un afiliado cuyo riesgo las compañías hubieran cubierto. El médico asesor y el observador tendrán derecho a voz pero no a voto durante la adopción del respectivo acuerdo. La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante norma de carácter general, las inhabilidades que afectarán al médico asesor y al observador.”.

Seguidamente, el inciso cuarto de este artículo establece lo que sigue:

“La persona que solicite pensión de invalidez deberá someterse a los exámenes que le requiera la Comisión Médica Regional. Los exámenes serán decretados por dicha Comisión y financiados por las Administradoras, en el caso de los afiliados no cubiertos por el seguro a que se refiere el artículo 59; por las compañías de seguros que se adjudiquen la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro; por el Instituto de Previsión Social, en el caso de los solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez; y por los propios interesados, exclusivamente. Estos últimos contribuirán al financiamiento de los exámenes en el monto que les habría correspondido pagar de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la ley Nº18.469. Sin embargo, las entidades antes señaladas que lo deseen podrán financiar tales exámenes en mayor proporción que la que habría correspondido según el artículo y la ley mencionados. El reglamento establecerá las normas para la homologación de los exámenes a que se refiere este inciso con las prestaciones aludidas en la ley Nº18.469 y en sus normas complementarias, en los casos en que aquéllos no estuvieren contemplados en tales normas.”.

Los incisos sexto, séptimo y octavo, del citado artículo 11 regulan la forma de financiamiento de los exámenes, peritajes e informes que se practiquen a petición de las Comisiones Médicas Regionales durante el procedimiento calificatorio de primera instancia. Regulan, de igual modo, el financiamiento de los exámenes, peritajes e informes y de los eventuales gastos de traslado que se practiquen durante el procedimiento de reclamo, en segunda instancia, por la Comisión Médica Central, en el siguiente sentido:

“Los exámenes de especialidad o los análisis e informes que demande la reclamación de un dictamen emitido por la Comisión Médica Regional, deberán ser financiados por la Administradora, la Compañía de Seguros, el Instituto de Previsión Social y el solicitante afectado, en la forma que señala el inciso cuarto, si la reclamación proviene de este último. Si la reclamación proviene de la compañía de seguros o del Instituto de Previsión Social, dichos exámenes, análisis e informes serán financiados exclusivamente por estas instituciones. Si se originaren gastos de traslado, éstos serán íntegramente de cargo de quien reclame, salvo que el traslado haya sido ordenado por la Comisión Médica Central, en cuyo caso tales gastos serán de cargo de la Administradora, la Compañía de Seguros o el Instituto de Previsión Social, según corresponda, aun cuando el reclamo haya sido interpuesto por el solicitante afectado.

Con todo, los exámenes de especialidad, los análisis e informes y los gastos de traslado que demande la solicitud del afiliado, para obtener el derecho a pensión de invalidez que se señala en el inciso tercero del artículo 4º, serán financiados en su totalidad por la Administradora de Fondos de Pensiones, en el caso de los afiliados no cubiertos por el seguro a que se refiere el artículo 59; y por las compañías de seguros que se adjudiquen la licitación a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro. Estos gastos serán financiados por el Instituto de Previsión Social, en el caso de los solicitantes de pensión básica solidaria de invalidez.

Cualquiera que sea la forma de financiamiento de los exámenes, estará prohibido a las Comisiones Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central entregar los originales de ellos al solicitante afectado, sin perjuicio de que puedan proporcionársele copias una vez ejecutoriado el dictamen correspondiente, siempre que así lo autorice la Comisión Médica Central.”. (Énfasis agregado)

Ahora bien, atendido el tenor del recurso y en lo que respecta a la entrega de antecedentes que obran en el expediente de calificación de invalidez, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 36 bis del D.S. N°57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene el Reglamento del citado D.L. N°3.500, que dispone que:

“Artículo 36° bis. Una vez notificado un dictamen, las Comisiones Médicas Regionales deberán permitir a todas las partes involucradas y al médico asesor o tratante del interesado, el acceso al expediente de calificación de invalidez, en las condiciones que determine la Superintendencia, con el solo objeto de que obtengan antecedentes que permitan fundar debidamente sus reclamos ante la Comisión Médica Central, en los términos en que lo establece el inciso quinto del artículo 11 de la ley”.

En armonía con las disposiciones antes transcritas, la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, estableció en el número 3 del Capítulo XIII, Letra D, Título I, Libro III, lo siguiente:

“3. Confidencialidad y resguardo de la información a) Deber de reserva y resguardo El personal administrativo y médico de la Comisión debe mantener la más absoluta reserva respecto de la información médica y antecedentes que conforman el expediente de calificación de invalidez, sin perjuicio del derecho del titular de una solicitud de calificación o revaluación de invalidez, de conocer en cualquier momento, el estado de su tramitación Sobre este particular, es necesario tener en consideración la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que entre otras materias protege y regula el tratamiento de los datos personales, estableciendo derechos para los titulares de los mismos, obligaciones para los administradores de datos de carácter personal en registros o bancos de datos, además de sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones.

Por otra parte, respecto de los datos personales que se refieren a los estados de salud físicos o psíquicos, conforme con el inciso segundo del artículo 127 del Código Sanitario, las recetas médicas, análisis y exámenes de laboratorio clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados y sólo podrá revelarse su contenido o darse copia de ellos con el consentimiento expreso del paciente otorgado por escrito, quedando afecto a las sanciones establecidas por dicho cuerpo legal quienes divulgaren su contenido indebidamente.

Los datos y antecedentes contenidos en los expedientes de calificación de invalidez son reservados, de carácter personal y sensible. Por lo tanto, la utilización de los datos personales contenidos en los referidos expedientes sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice, exista consentimiento expreso de su titular, o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

En consecuencia, el personal administrativo y médico sólo puede dar a conocer el estado del trámite de evaluación y calificación de invalidez de un solicitante, directamente al propio afectado cuando éste lo solicite, personalmente o por carta certificada.

Excepcionalmente, esta información puede ser entregada a terceras personas a solicitud del propio afectado, siempre que presenten un poder simple y la cédula nacional de identidad del titular, o mandato especial extendido por escritura privada o pública.

No procede la entrega de datos en forma telefónica o por correo electrónico. En este último caso, en tanto no se encuentre implementado un sistema de firma electrónica.

La Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre incorporado un trabajador afiliado que registra una solicitud de calificación de invalidez en trámite, propia o de algún beneficiario, podrá consultar acerca del estado del trámite. Igual disposición aplicará al Instituto de Previsión Social.

Procederá la entrega, a las entidades pagadoras de subsidios, de información del estado del trámite de invalidez, patologías invalidantes, porcentaje de menoscabo asignado a cada una de ellas, o la entrega de copia de los respectivos dictámenes y resoluciones de invalidez, sólo si su requerimiento obedece a la necesidad de determinar u otorgar beneficios de salud que correspondan a sus titulares. El requerimiento debe ser formulado por escrito.

Las disposiciones precedentes se entenderán sin perjuicio de los requerimientos que en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras formule esta Superintendencia.

Durante el trámite de calificación de invalidez los expedientes físicos y la documentación original deben permanecer en la respectiva Comisión Médica, debidamente resguardados.

3. Confidencialidad y resguardo de la información a) Deber de reserva y resguardo El personal administrativo y médico de la Comisión debe mantener la más absoluta reserva respecto de la información médica y antecedentes que conforman el expediente de calificación de invalidez, sin perjuicio del derecho del titular de una solicitud de calificación o revaluación de invalidez, de conocer en cualquier momento, el estado de su tramitación.

Sobre este particular, es necesario tener en consideración la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que entre otras materias protege y regula el tratamiento de los datos personales, estableciendo derechos para los titulares de los mismos, obligaciones para los administradores de datos de carácter personal en registros o bancos de datos, además de sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones.

Por otra parte, respecto de los datos personales que se refieren a los estados de salud físicos o psíquicos, conforme con el inciso segundo del artículo 127 del Código Sanitario, las recetas médicas, análisis y exámenes de laboratorio clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados y sólo podrá revelarse su contenido o darse copia de ellos con el consentimiento expreso del paciente otorgado por escrito, quedando afecto a las sanciones establecidas por dicho cuerpo legal quienes divulgaren su contenido indebidamente.

Los datos y antecedentes contenidos en los expedientes de calificación de invalidez son reservados, de carácter personal y sensible. Por lo tanto, la utilización de los datos personales contenidos en los referidos expedientes sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice, exista consentimiento expreso de su titular, o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

En consecuencia, el personal administrativo y médico sólo puede dar a conocer el estado del trámite de evaluación y calificación de invalidez de un solicitante, directamente al propio afectado cuando éste lo solicite, personalmente o por carta certificada.

Excepcionalmente, esta información puede ser entregada a terceras personas a solicitud del propio afectado, siempre que presenten un poder simple y la cédula nacional de identidad del titular, o mandato especial extendido por escritura privada o pública.

No procede la entrega de datos en forma telefónica o por correo electrónico. En este último caso, en tanto no se encuentre implementado un sistema de firma electrónica.

La Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre incorporado un trabajador afiliado que registra una solicitud de calificación de invalidez en trámite, propia o de algún beneficiario, podrá consultar acerca del estado del trámite. Igual disposición aplicará al Instituto de Previsión Social.

Procederá la entrega, a las entidades pagadoras de subsidios, de información del estado del trámite de invalidez, patologías invalidantes, porcentaje de menoscabo asignado a cada una de ellas, o la entrega de copia de los respectivos dictámenes y resoluciones de invalidez, sólo si su requerimiento obedece a la necesidad de determinar u otorgar beneficios de salud que correspondan a sus titulares. El requerimiento debe ser formulado por escrito.

Las disposiciones precedentes se entenderán sin perjuicio de los requerimientos que en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras formule esta Superintendencia.

Durante el trámite de calificación de invalidez los expedientes físicos y la documentación original deben permanecer en la respectiva Comisión Médica, debidamente resguardados.

b) Acceso al expediente El acceso y tratamiento de los expedientes de calificación de invalidez corresponde exclusivamente a los médicos integrantes y personal administrativo de la Comisión Médica. Sin perjuicio de los accesos autorizados, al titular de los antecedentes, al médico asesor y observador, así como a los profesionales interconsultores y al personal de esta Superintendencia en el ejercicio de su función fiscalizadora.

Durante el período de apelación, el acceso al expediente por las partes involucradas (afiliado o solicitante, Compañías de Seguros de Vida, Instituto de Previsión Social, médico observador, médico asesor o médico tratante), tiene por objeto la obtención de antecedentes que permitan fundar los reclamos ante la Comisión Médica Central. El acceso permite leer los antecedentes médicos y tomar nota o transcribir lo que ellos contienen, pero en ningún modo, otorgar copias o impresiones de tales antecedentes, en tanto no se encuentre ejecutoriado el correspondiente dictamen.

El afiliado o solicitante de pensión o calificación de invalidez podrá acceder al respectivo expediente directamente o a través de una tercera persona, en este último caso, entregando una autorización escrita en la que manifieste expresamente que lo autoriza para ese efecto o por mandato especial constituido por escritura privada o pública, en cuyo caso el mandato deberá contener entre las facultades conferidas la de consultar el expediente. La autorización o mandato aludidos, formarán parte del respectivo expediente electrónico. Tendrán acceso al expediente el solicitante o su médico tratante sólo durante el proceso de apelación de un dictamen o una vez que éste se encuentre ejecutoriado.

El médico observador de las Compañías de Seguros tendrá acceso a los expedientes de calificación de invalidez sólo respecto de los afiliados cuyos riesgos de invalidez se encuentren cubriendo las citadas Compañías. Este profesional deberá estar autorizado ante la Comisión Médica Regional, debiendo acreditar su identidad en el sistema de información con firma electrónica avanzada, otorgándosele acceso al expediente completo sin posibilidad de imprimir ni copiar los archivos, una vez autorizado, en forma previa a la sesión, por el Presidente de la Comisión.

Por su parte, los representantes de las compañías de seguros, designados para presentar las apelaciones, podrán acceder a los expedientes de los casos cubiertos sólo una vez que los correspondientes dictámenes hayan sido notificados y durante el período de apelación, debiendo acreditar su identidad en el sistema de información con firma electrónica avanzada, otorgándosele acceso al expediente completo sin posibilidad de imprimir ni copiar los archivos.

El Presidente de la Comisión o el médico asignado al caso, podrán autorizar el acceso a los antecedentes médicos u otros datos necesarios para una adecuada evaluación por parte de los interconsultores. Tal autorización quedará registrada en el expediente electrónico. En ningún caso, el expediente físico podrá ser retirado de la Comisión.

c) Devolución de antecedentes médicos o entrega de fotocopias al solicitante Los solicitantes que son evaluados y calificados para efectos de pensión, son los titulares de los datos y antecedentes que conforman los expedientes de invalidez, no obstante que por disposición de la ley tales antecedentes forman parte de dichos expedientes, cuya custodia corresponde a las Administradoras de Fondos de Pensiones o al Instituto de Previsión Social, según corresponda, y no procede su devolución. Sin perjuicio de ello, una vez ejecutoriado el correspondiente dictamen, podrán entregarse a aquéllos fotocopias de los antecedentes que componen el respectivo expediente. En cuanto a los antecedentes médicos, cabe distinguir entre los que aportó el afiliado o solicitante y que también forman parte del expediente y aquéllos recabados durante el procedimiento de calificación, por intermedio del sistema de interconsultores. Respecto de los primeros, para la entrega de las fotocopias que se soliciten, basta la autorización del Presidente de la Comisión Médica Regional respectiva; en cambio, respecto de los segundos, para la entrega de fotocopias es necesaria la autorización de la Comisión Médica Central, la que podrá ser realizada por correo electrónico dirigido a la Presidencia de la Comisión Médica Central. En modo alguno procede la devolución de los documentos originales.

La solicitud de tales antecedentes debe ser efectuada por el titular de los mismos u otra parte involucrada en el proceso, personalmente y por escrito, salvo que tal gestión sea encomendada a un tercero, mediante un poder simple en donde se identifique claramente al mandante y al mandatado. La entrega de las fotocopias de dichos documentos debe ser también personal, debiendo quedar registro de ese hecho en el sistema de información. Aquellas solicitudes que requieran autorización de la Comisión Médica Central, deben efectuarse de igual modo por intermedio de las Comisiones Médicas Regionales. (Énfasis agregado)

Tales requerimientos deberán ser atendidos en un plazo no superior a 2 días hábiles si el expediente se encuentra en poder de la Comisión y no mayor a diez días hábiles si el expediente se encuentra en poder de la AFP o IPS.”.

LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO Y CARENCIA DE ARBITRARIEDAD La parte recurrente interpuso acción de protección, por cuanto considera que se cometió un acto arbitrario e ilegal, toda vez que manifiesta que esta Comisión Médica Regional le abría negado entregar vía digital de los antecedentes médicos del recurrente, esto fundado en la Ley 19.880 que reconoce la tramitación por medios electrónicos.

En primer término, es útil señalar que, tal como se informó en el punto III. Hechos, del presente informe, de acuerdo con los registros de esta Comisión Médica Regional la recurrente doña nombre reservado no tiene, actualmente, solicitud de invalidez en trámite. Sin embargo, como ya se señaló registra un expediente de evaluación y calificación de invalidez generado en noviembre de 2021 y finalizado el 24 de mayo de 2022, con posterior recurso extraordinario de revisión, el cual fue rechazado mediante Resolución C.M.C. N°3183 de 17 de marzo de 2023, por no cumplir con ninguno de los requisitos prescritos en el artículo 60 de la Ley 19.880.

Ahora bien, la parte recurrente, pese a los innumerables recursos de protección que ha interpuesto en distintas nombre reservado de Apelaciones del país invocando la Ley 19.880, desconoce que el artículo 1°de la citada norma, dispone que ésta se aplica con carácter supletorio, siendo una norma de carácter general y no de aplicación especial. Sin embargo, la parte recurrente insiste en considerar que la única norma a la queda sujeta la administración del estado es la Ley 19880, ignorando que hay normativa especial en ciertas materias y que esta prima sobre la norma general. En efecto, como se señaló, el acceso al expediente de evaluación del proceso de invalidez común está latamente reglado, debiendo ceñirse a esta normativa y no a una norma general, que se aplica de manera supletoria.

En este sentido, el procedimiento de evaluación y calificación del grado de invalidez de los afiliados al Sistema de capitalización individual se encuentra debidamente reglado en los artículos 4 y 11 del D.L. 3.500 y el D.S. 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene el Reglamento del citado D.L., estableciendo, en lo que se refiere a la entrega de antecedentes, tal como se indicó en el punto de derecho, está prohibido a las Comisiones Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central entregar los originales de los exámenes al solicitante afectado, sin perjuicio de que puedan proporcionársele copias una vez ejecutoriado el dictamen correspondiente, siempre que así lo autorice la Comisión Médica Central.

De lo expuesto, sí está restringida la entrega de antecedentes sin la respectiva solicitud y autorización, muchos menos este Organismo está facultado para dar acceso a entregando clave de usuario a la parte recurrente al sistema SAGCOM. En este sistema se registran electrónicamente todos los procedimientos de evaluación y calificación de invalidez de los afiliados al D.L. N°3.500, lo que le permitiría no solo revisar el expediente de evaluación del señor nombre reservado, sino que el de todos los afiliados que hayan solicitado pensión de invalidez.

Sin perjuicio de lo señalado, el artículo 36 bis del citado DS N°57, de 1990, dispone que las Comisiones Médicas Regionales deben permitir a todas las partes involucradas y al médico asesor o tratante del interesado, el acceso al expediente de calificación de invalidez, en las condiciones que determine la Superintendencia, con el solo objeto de que obtengan antecedentes que permitan fundar debidamente sus reclamos ante la Comisión Médica Centra.

Lo anterior está relación con la normativa citada en el número 3 del Capítulo XIII, Letra D, Título I, Libro III señalado del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que señala que: “el afiliado o solicitante de pensión o calificación de invalidez podrá acceder al respectivo expediente directamente o a través de una tercera persona, en este último caso, entregando una autorización escrita en la que manifieste expresamente que lo autoriza para ese efecto o por mandato especial constituido por escritura privada o pública, en cuyo caso el mandato deberá contener entre las facultades conferidas la de consultar el expediente. La autorización o mandato aludidos, formarán parte del respectivo expediente electrónico. Tendrán acceso al expediente el solicitante o su médico tratante sólo durante el proceso de apelación de un dictamen o una vez que éste se encuentre ejecutoriado”.

Como apreciará US. Iltma., las Comisiones Médicas Regionales y Central cuentan con un procedimiento especial que obligatoriamente deben aplicar, para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al sistema de pensiones de capitalización individual, establecido por el D.L. N°3.500 de 1980, su Reglamento y las normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, Organismo al que le corresponde ejercer la supervigilancia y fiscalización de las Comisiones Médicas Regionales y Comisión Médica Central, como también velar porque éstas den debido cumplimiento a tales normas.

Apreciará también ese Iltmo. Tribunal, que esta Comisión Médica Regional en modo alguno ha denegado la entrega del mentado expediente al actor, sino la forma y medio que el recurrente insiste en que se aplique al efecto. Es decir, pide la aplicación de un procedimiento inexistente, pues se aparta de lo expresamente reglado por el D.L. N°3.500 de 1980, su Reglamento y demás normas aplicables en la especie que el recurrente bien conoce. Lo que pide, en consecuencia, es que esta Comisión Médica Regional actúe al margen de la ley.

En este punto, es necesario hacer presente que el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, impartió instrucciones sobre la materia en la Instrucción de Carácter General N°10 sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, publicada en el Diario Oficial, con vigencia desde el 1 de marzo de 2012, la que establece en lo que respecta a la entrega de datos personales, lo siguiente:

“4.3. Entrega de información que contenga datos personales Cuando la información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario indique ser su titular, sólo procederá la entrega presencial y quien la efectúe deberá verificar que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o por su apoderado, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°19.880. En este caso, los solicitantes que concurran al respectivo órgano público a retirar la información requerida deberán acreditar su identidad mediante la exhibición de la cédula expedida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y quienes actúen como sus apoderados, deberán además, demostrar habérseles otorgado el respectivo poder, por escritura pública o instrumento privado suscrito ante notario. En forma excepcional, procederá la entrega por medios electrónicos cuando el titular utilice firma electrónica avanzada, conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.799.”. (Énfasis agregado).

Si bien al recurrente no le agrada esta preceptiva, lo concreto es que cuando nos referimos a expedientes de invalidez o antecedentes médicos, nos estamos refiriendo a datos personales y sensibles del titular de éstos, es decir sujetos a reserva por disposición de la Ley N°19.628. Más aún, si tales antecedentes son solicitados por un tercero, como en la especie, quien debe acreditar mandato y firma en su petición.

Resulta evidente, en consecuencia, que esta Comisión Médica Regional ha actuado correctamente, aplicando los procedimientos legales establecidos, pues resultan especiales respecto de aquellos establecidos por la Ley N°19.880, cuerpo legal que en estos casos sólo tiene aplicación supletoria.

Desde luego, el recurrente se ampara en la Ley 19.880, la que, en su opinión, reconocería la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos y trasmisión electrónica de datos ante autoridades que ejercen potestades públicas y que dicho cuerpo legal reconocería la tramitación por medios electrónicos como un principio rector en la tramitación administrativa y cita los artículos 1°, 4°, 5°, 9°, 16 bis, 17, 18, 19 bis, 24, 24 bis, 25, 30 y 46.

Evidentemente el actor se olvida del procedimiento especial del D.L. N°3.500 de 1980 y, ciertamente del inciso tercero de su artículo 1, que establece lo que sigue:

“En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter supletorio.”

Además, el artículo 5º de esta ley, que consagra el Principio de Escrituración, prescribe que, el procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se expresarán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que se configure alguna excepción establecida en la ley.

En relación con lo alegado por el recurrente, en el sentido que esta Comisión Médica Regional le comunicó la entrega de la información solicitada debe hacerse de manera personal y presencial, negándose la facultad de esa mandataria para realizar la solicitud del expediente, negando el acceso al expediente por vía electrónica, debe tenerse especialmente presente que el correo electrónico no es un medio idóneo, porque carece de firma electrónica avanzada. Así, esta Comisión Médica Regional no ha desconocido el mandato que se habría conferido al mandatario, sino el correo electrónico como idóneo, pues no tiene tal carácter.

Cabe precisar que esta Comisión Médica no ha ignorado lo que expresa el correo electrónico de origen, en cuanto don nombre reservado, solicitó que se le otorgara una clave de usuario al Sistema electrónico a copia digitalizada del mismo; Sin embargo, se hizo presente que la normativa vigente indica expresamente que las solicitudes de copia de expediente deben efectuarse personalmente y por escrito, por el titular o un tercero mandatado. La entrega de las fotocopias de dichos documentos debe ser también solicitada por vía personal, debiendo quedar registro de ese hecho en el sistema de información. En la especie, se solicitó antecedentes personales a nombre del Sr. nombre reservado, sin que acredite fehacientemente que él es quien suscribe tal petición, por lo que no es factible acceder a lo requerido. Además, es requisito y condición que el titular de los antecedentes y los apoderados retiren personalmente tales antecedentes desde la Comisión Médica Regional respectiva.

Como podrá apreciar la discusión va más allá de cuál es el soporte de los antecedentes, lo que pide el recurrente es que la solicitud de expediente y su envío se haga por correo electrónico. Lo cual no está contemplado, por las razones ya anotadas, por las normas y procedimientos especiales que regula la materia. Por consiguiente, contrario a lo que afirma el recurrente, la forma de su petición no es una vía idónea. En el hecho, las disposiciones legales contenidas en la Ley N°19.880, que invoca el actor sosteniendo que dicho cuerpo legal consagraría la tramitación electrónica del expediente, constituyen normas de carácter general sobre tramitación de procedimientos, normas que desde luego ceden ante procedimientos especiales, como en la especie. Cuestión diversa es que tales disposiciones regulen expresamente la petición y entrega electrónica de información que contiene datos personales y sensibles de sus titulares, pues debe ser requerida formalmente y retirada personalmente desde el órgano administrativo.

En efecto, conforme a la normativa legal citada la parte recurrente puede consultar el expediente personalmente, pero no está permitido otorgar acceso de la forma solicitada por la parte recurrente, esto es, vía correo electrónico y mucho menos que se le otorgue código de acceso al Sistema SAGCOM, en el cual se registra electrónicamente, todas las solicitudes de calificación de invalidez de los afiliados al sistema de pensiones de D.L. N°3.500.

Conforme se viene describiendo, debe quedar establecido que, al atender la solicitud del señor nombre reservado, esta Comisión Médica Regional actuó con estricto apego a las normas y procedimientos establecidos expresamente por la ley aplicable al caso. Su actuar ha sido plenamente legal y carente de arbitrariedad.

Tampoco ha vulnerado derechos y garantías constitucionales al recurrente, porque si bien solicitó copia de su expediente de invalidez, no sólo lo pidió por correo electrónico, medio no idóneo, pues carece de firma electrónica avanzada, de modo que este órgano administrativo técnico se encuentra imposibilitado de verificar si tal petición emana o no del señor nombre reservado. Por lo tanto, contrariamente a lo que sostiene, su solicitud la practicó por un medio inidóneo y solicitó se le enviara copia digitalizada del expediente, también por correo electrónico.

La parte recurrente parece olvidar que está solicitando documentos que contienen datos personales y sensibles, los cuales están protegidos al amparo de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada de las personas.

Adicionalmente, para justificar sus dichos, el actor hace referencia al artículo 32 del D.S. N°57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que contiene el Reglamento del D.L. N°3.500 de 1980. El inciso primero de este artículo dispone lo siguiente:

“Artículo 30°. El dictamen de la Comisión que declare una invalidez parcial o total o que la rechace, será notificado a más tardar a los tres días hábiles de ejecutoriado por carta certificada, al interesado, a la Administradora respectiva, al Instituto de Previsión Social, a la Compañía de Seguros con la cual se hubiere contratado el Seguro referido en el artículo 59 de la Ley y a la entidad pagadora de subsidios por incapacidad laboral, si correspondiera. Sin perjuicio de lo anterior, la comisión podrá además comunicar por un medio electrónico a todas las partes involucradas, la emisión del dictamen a que se refiere este artículo.”.

Desde luego, resulta evidente que, para efectos de notificar un acto administrativo, el correo electrónico no es un medio idóneo, sino la carta certificada. En este precepto, el correo electrónico resulta ser una comunicación y no una notificación. Puede verse como un elemento complementario, pero no produce efectos jurídicos desde que la notificación siempre debe hacerse por carta certificada, único medio idóneo para notificar un acto administrativo. Este precepto es consistente con lo establecido por la Ley N°19.880.

Como también el artículo 32 del D.S. N°57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene el Reglamento del D.L. N°3.500 de 1980, que en opinión de la recurrente reconocería la tramitación electrónica del expediente y la comunicación electrónica a los afiliados como una posibilidad cierta.

“Artículo 32°. La Comisión deberá mantener un archivo electrónico que contenga los dictámenes acordados y suscritos por sus miembros. Dicha información deberá enviarse a la Superintendencia, de acuerdo a lo que esta última establezca en una norma de carácter general.

Igualmente la Comisión, el Instituto de Previsión Social o las Administradoras, según sea el caso, deberán mantener un archivo, de acuerdo a lo que determine la Superintendencia en una norma de carácter general, de los expedientes de los casos estudiados, incluyendo los exámenes e informes realizados.”.

En este punto, cabe reiterar y reafirmar que, el hecho que un expediente administrativo tenga mayor o menor tramitación electrónica, en modo alguno significa la validez del correo electrónico para remitir un expediente que contiene datos personales y sensibles de un afiliado que ha tramitado la calificación del grado de su invalidez.

Como se dijo, en este tratamiento de datos personales el ente encargado de velar por el acceso a la información pública, el Consejo Para la Transparencia, instruyó a los organismos públicos la forma de entregar información que contiene datos personales y sensibles de las personas. Instrucción que es plenamente concordante con aquellas impartidas por la Superintendencia de Pensiones a sus regulados.

ESTA COMISIÓN MÉDICA NO HA INFRINGIDO GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Es concluyente que esta Comisión Médica Regional ha actuado con estricto apego a la ley y sin incurrir en arbitrariedades, pues los procedimientos que cuestiona el recurrente tienen fundamento en la ley con estricto respeto al derecho de protección de la vida privada de las personas. Por consiguiente, no ha afectado derecho alguno del recurrente, pues no ha incurrido en discriminación ni en trato desigual; por el contrario, ha aplicado los procedimientos especiales descritos en lo precedente como a todo afiliado pensionado o en trámite de pensión de invalidez. Tanto es así, que si esta Comisión Médica Regional accediera a lo solicitado por el actor incurriría en ilegalidad y en trato desigual respecto de los demás afiliados que sí se ajustan al procedimiento establecido por la ley.

Con todo, esta Comisión Médica Regional solicita que se tenga por cumplido lo ordenado e informado el recurso de autos y que, sobre la base de las consideraciones de fondo desarrolladas en el presente informe, ordene el rechazo del recurso de protección deducido en su contra.

Sobre la base de las consideraciones de hecho y derecho que anteceden, esta Comisión Médica Regional solicita a US. lltma. que tenga por cumplido lo ordenado, declarando improcedente el recurso de protección deducido a nombre de doña nombre reservado en contra de esta Comisión Médica Regional, por cuanto lo reclamado excede el ámbito del recurso de protección y, en subsidio de ello, que US. lltma. se pronuncie rechazando el recurso de protección, porque no existe en el actuar de esta Comisión Médica Regional ilegalidad ni arbitrariedad, atendidas las razones de fondo anteriormente señaladas, con costas.

A folio 25 informa nombre reservado VICUÑA, chileno, abogado, cédula de identidad número RUT reservado, en representación convencional de la entidad sin fines de lucro denominada FUNDACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS, Rol Único Tributario N° 65.145.662-2, quien comparece a su vez como entidad empleadora del recurrido señor nombre reservado, funcionario administrativo de la anterior Fundación, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en autos sobre recurso de protección caratulados “FUNDACIÓN VALIDAME/nombre reservado”, Rol N° 5408-2023, a SS. Iltma. respetuosamente digo:

Que, en cumplimiento de lo ordenado mediante resolución dictada por ese Ilmo. Tribunal, vengo en informar al tenor del recurso de protección deducido en autos por Fundación Valídame, solicitando que dicha acción sea rechazada o declarada inadmisible, en todas sus partes respecto de mi representado.

I.- CONSIDERACIÓN PREVIA.

Fundación Valídame presentó un recurso de protección en beneficio de doña nombre reservado, en contra de recurridos que indica en dicho escrito, que se pueda determinar de forma fehaciente en contra de quién en especial dirige su acción en particular, y cuáles son las causales o hechos que derivan en supuestas acciones u omisiones ilegales o arbitrarias. Es tal la confusión del recurrente que indica y señala que la Pdta. de la CCMM Regional “instruye a funcionarios de la Fundación, alegando una supuesta superioridad jerárquica de la Comisión Médica /CCMM/ en beneficio de la FACM, lo que constituye una falsedad y un desconocimiento de la normativa aplicable (DL 3500, su Reglamento y el Compendio de Normas emitidas por la Superintendencia de Pensiones).

No resulta nada claro que el recurso se dirija en contra de mi patrocinada o bien del funcionario Sr. nombre reservado, toda vez que en los HECHOS (ITEM II) no se menciona a mi representada o al Sr. nombre reservado.

Con mayor preocupación, vemos que la recurrida señala e indica un supuesto “control de siniestralidad” que no existe, puesto que es sabido y es notorio que los médicos de las Comisiones Médicas dependen tanto administrativa como jerárquicamente de la Superintendencia de Pensiones.

Por otro lado, el propio regulador (Superintendencia de Pensiones) señala por escrito, en oficios dirigidos a la propia recurrida y a la recurrente (adjuntos al presente informe en el otrosí de este documento) las razones y normativa aplicable en el sentido de solicitudes efectuadas por escrito y entrega personal de dichos antecedentes. A mayor abundamiento, estamos frente a información que la propia legislación indica como extremadamente sensible o privada (datos de salud, data médica, etc.), por lo que además, debemos tener especial cuidado con la entrega de esa información.

A este respecto, es necesario resaltar que, como el propio recurrente indica, el proceso de evaluación de invalidez de cualquier solicitante es un proceso regulado por la legislación y normativa aplicable (incluyendo, pero no limitado al D.L. 3.500, de 1980 y al Reglamento de la citada ley, actualizado a esta fecha; la propia Superintendencia de Pensiones y la normativa que ésta dicta en el ejercicio de sus funciones y atribuciones). Por todo, y como el propio recurrente reconoce, hay un sinnúmero de normas que regulan en detalle el proceso de evaluación en comento.

Con esto, la presente acción constitucional debiese ser declarada inadmisible o rechazada en todas sus partes toda vez que existen mecanismos legales y normativos para poder reclamar distintos del presente recurso de protección.

Sin perjuicio de lo anterior, y no obstante lo señalado en este acápite, se procederá a dar cuenta de los motivos por los cuales el recurso de protección de autos debe ser rechazado en especial respecto de mi representada.

II.- EL RECURSO DE PROTECCIÓN DE AUTOS DEBE SER RECHAZADO (O DECLARADO INADMISIBLE) EN TODAS SUS PARTES RESPECTO DE MI REPRESENTADO PORQUE NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA QUE PUEDA SER CONSIDERADO LEGITIMADO PASIVO EN LA ESPECIE.

Tal como consta de la presentación realizada por la recurrente en autos, la acción constitucional a que se viene haciendo referencia se ha dirigido, entre otros, en nuestra contra. En ciertos pasajes la recurrente se dirige en una supuesta (y equivocada) representación que se nos atribuye de la Comisión Médica Regional.

Sin embargo, si se considera lo señalado en el precitado escrito, se puede apreciar que los supuestos actos arbitrarios e ilegales que se impugnan a partir de los cuales se entiende procedente la acción constitucional que nos ocupa, sólo corresponde a no responder un correo.

ES NECESARIO RESALTAR QUE A MI PATROCINADA NO LE CORRESPONDE LA REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN MÉDICA REGIONAL. POR OTRO LADO, A LA FUNDACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMISIONES MÉDICAS (FACM) TAMPOCO LE CABE LA REPRESENTACIÓN DE LAS COMISIONES MÉDICAS REGIONALES Y/O CENTRAL.

De acuerdo con la legislación la FACM sólo presta apoyo administrativo a las respectivas Comisiones Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central. Los representantes legales de dichas Comisiones, de acuerdo con la normativa aplicable son precisamente los Médicos Presidentes de la respectiva Comisión (artículo 33 letra c del actual Reglamento del Decreto Ley N° 3500 de 1980). No representamos ni administramos las Comisiones. Sólo prestamos apoyo administrativo y son los Médicos Presidentes de las respectivas Comisiones sus representantes legales.

Que en este mismo sentido falló la Corte de Apelaciones de La Serena en su sentencia recaída sobre la causa Rol 933-2020, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema con fecha 3 de marzo del años 2021 (Rol 14.514-2021). En dicha causa, la recurrente recurrió entre otras, contra algunas de las recurridas en este libelo. El recurso fue rechazado, y en su considerando 5 la sentencia establece:

“En cuanto a la falta de legitimación pasiva de doña nombre reservado, en cuanto Coordinadora Administrativa de la Comisión Médica Central, y de doña nombre reservado, en cuanto Coordinadora Administrativa de la Comisión Médica Regional; cabe indicar que, tal como lo plantea la recurrente, el acto que se considera como arbitrario o ilegal es el pronunciamiento revocatorio de la Comisión Médica Central, y no actuaciones propias de dichas personas naturales. Además, en el texto del libelo pretensor no se identifican actuaciones personales de tales recurridas, que hagan procedente una acción proteccional en su contra. Por lo expuesto, es que se acogerá la defensa de falta de legitimación pasiva de dichas personas naturales”.

Es por lo que se ha expuesto que corresponde concluir que el recurso de protección que se ha deducido en autos debe ser rechazado (o declarado inadmisible), en todas sus partes respecto de mi representada porque no se cumplen los requisitos para que pueda ser considerada legitimada pasiva en la especie.

III.- EL RECURSO DE PROTECCIÓN DE AUTOS DEBE SER RECHAZADO (O DECLARADO INADMISIBLE), EN TODAS SUS PARTES RESPECTO MI REPRESENTADA POR CUANTO NO SE ALUDE EN CONDUCTA ARBITRARIA O ILEGAL ALGUNA.

Sin perjuicio de lo que se ha señalado en los números anteriores, es necesario tener presente asimismo que el recurso de protección que ha sido deducido en autos debe ser rechazado (o declarado inadmisible), porque en él no se contienen consideraciones que apunten a identificar conductas (acciones u omisiones), ilegales o arbitrarias, sino que más bien se busca impugnar una determinada inacción por no estar de acuerdo con ella. Por lo expuesto y porque la parte recurrente no señala hecho alguno que pueda imputársenos que pueda ser tenido como base suficiente para la interposición de un recurso de protección, corresponde concluir que el recurso de protección que se ha deducido en autos debe ser rechazado (o declarado inadmisible), en todas sus partes respecto demi representada en particular.

IV.- EL RECURSO DE PROTECCIÓN QUE SE HA DEDUCIDO EN AUTOS DEBE SER RECHAZADO EN TODAS SUS PARTES RESPECTO DE LA FACM POR CUANTO LA REVISIÓN DE LOS HECHOS A QUE ÉL SE REFIERE NO ES PROPIA DE ESTA SEDE JURISDICCIONAL, NI DE ESTE PROCEDIMIENTO.

El recurso de protección es una acción cautelar que contempla nuestra carta fundamental para garantizar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales que pueden verse privados, perturbados o amenazados y, mediante su interposición, permite al afectado que se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección.

En su carácter de acción cautelar lo que se pretende es otorgar una medida rápida y efectiva que permita salvaguardar la garantía constitucional vulnerada. Por lo anterior, no podemos entender que a través de la interposición de un recurso de protección se lleve a cabo o intente iniciarse o ventilarse un procedimiento declarativo.

Por consiguiente, no cabe más que concluir que el recurso de protección interpuesto debe ser rechazado o declarado inadmisible, en todas sus partes, respecto de mi representada por las razones antes expuestas.

Solicita tener por evacuado el informe al tenor del recurso de protección deducido en autos por Fundación Valídame en contra de mi representada y en definitiva, rechazar o declarar inadmisible dicha acción en todas sus partes, con expresa condena en costas, toda vez que el recurso no debió (ni debe) haberse interpuesto en mi contra.

Solicito y ahondo en el requerimiento de condenar en costas al recurrente puesto que el presente recurso de protección carece de presupuestos ni resiste un análisis legal de las razones esgrimidas por ellos para interponer el recurso. Esta parte debe incurrir en gastos y contar con asistencia letrada en la elaboración de la presente defensa, lo que este Iltmo. Tribunal debe considerar en el análisis del recurso de marras.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia oficio ordinario 14796 del año 2022 donde la Superintendencia detalla y razona a la recurrida la forma de acceder a los expedientes de los solicitantes.

2.- Copia oficio ordinario 2303 del año 2023 donde la Superintendencia detalla y razona a la recurrente la forma de acceder a los expedientes de los solicitantes.

3.- Copia de la escritura pública donde consta mi personería como representante de FUNDACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS (adjunta al presente escrito) y mi correo electrónico correo reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Ambas recurridas en sus alegaciones contenidas en los informes sintetizados en lo expositivo de este fallo, solicitaron declarar la inadmisibilidad de la acción deducida, por exceder el ámbito del recurso de protección.

Esta solicitud será rechazada, dado que la recurrente alega la vulneración de su derecho al trato igualitario, contemplado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y que es una de las garantías personales que la Carta Fundamental tutela a través de esta acción de protección, de acuerdo al catálogo que se lee en el artículo 20 del texto constitucional.

II.- En cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva.

SEGUNDO: La recurrida Fundación para la Administración de las Comisiones Médicas, alegó falta de legitimación pasiva a su respecto, en atención a que en el recurso no se le imputa ningún acto u omisión por el cual deba responder ante la recurrente.

Efectivamente se observa del tenor del recurso deducido que la actora ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria atribuye a esta Fundación, al no invocar en su contra hechos en que pudiese haber intervenido y que constituyan privación, perturbación o amenaza respecto del derecho de igualdad ante la ley que estima vulnerado. Tampoco se explica en el recurso la relación que pudiese existir entre esta persona y la Comisión Médica Regional de Temuco.

Por estos motivos, el recurso de protección intentado no puede prosperar en caso alguno respecto de la Fundación para la Administración de las Comisiones Médicas.

III.- En cuanto al fondo.

TERCERO: El recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción que persigue tutelar la privación, perturbación o amenaza que sufran las personas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producidas a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada.

CUARTO: En estos autos compareció nombre reservado, por Fundación Valídame, interponiendo acción constitucional de protección en beneficio de nombre reservado, y en contra de la Comisión Médica Regional de Temuco y de la Fundación para la Administración de las Comisiones Médicas, por el actuar ilegal o arbitrario de los recurridos al impedirle el acceso por vía digital al expediente de solicitud de invalidez de la actora, negándose al envío electrónico de los antecedentes, situación que le impide ejercer adecuadamente los recursos administrativos que el ordenamiento contempla para reclamar del referido rechazo, con lo cual estima vulnerado el derecho establecido en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política. Pide en definitiva que esta Corte obligue a los recurridos a conceder el trámite requerido por la vía electrónica.

QUINTO: Que se recurre de protección, por la negativa de la Comisión Médica Regional de Temuco, denegó la solicitud de entrega de nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema informático de gestión de las Comisiones médicas (SAGCOM). Acto que califica de arbitrario e ilegal, que vulnera el artículo 19 N°2 de la Constitución Política.

SEXTO: Sobre el particular, conviene tener presente las siguientes disposiciones legales:

a) La Ley N° 19628, Sobre Protección de la Vida Privada:

El artículo 2° letra g) que dispone: “Artículo 2°. Para los efectos de esta ley se entenderá por: g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.”

El artículo 10 que señala: “Artículo 10. No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.”;

b) El inciso 8° del artículo 11 del D.L. 3.500 que dispone: “Cualquiera que sea la forma de financiamiento de los exámenes, estará prohibido a las Comisiones Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central entregar los originales de ellos al solicitante afectado, sin perjuicio de que puedan proporcionársele copias una vez ejecutoriado el dictamen correspondiente, siempre que así lo autorice la Comisión Médica Central.”;

c) El punto 4.3 de la Instrucción General N° 10, Sobre Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información del Consejo para la Transparencia, publicado en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2011 que señala: “4.3. Entrega de información que contenga datos personales. Cuando la información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario indique ser su titular, sólo procederá la entrega presencial y quien la efectúe deberá verificar que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o por su apoderado, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 19.880. En este caso, los solicitantes que concurran al respectivo órgano público a retirar la información requerida deberán acreditar su identidad mediante la exhibición de la cédula expedida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y quienes actúen como sus apoderados deberán, además, demostrar habérseles otorgado el respectivo poder, por escritura pública o instrumento privado suscrito ante notario. En forma excepcional, procederá la entrega por medios electrónicos cuando el titular utilice firma electrónica avanzada, conforme a lo dispuesto en la ley N° 19.799.”;

d) Las diversas disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Revaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas, citadas por la informante que refieren el tratamiento restringido de la información referida a los procedimientos de calificación revaluación de invalidez por las Comisiones médicas. A saber, el N° 3 del Capítulo XIII, Letra D, Título I, Libro III, del señalado Compendio donde se reglamenta la confidencialidad y resguardo de la información, el acceso y tratamiento de los expedientes de calificación de invalidez, la devolución de los antecedentes médicos o entrega de fotocopias al solicitante, señalando expresamente: "La solicitud de tales antecedentes debe ser efectuada por el titular de los mismos u otra parte involucrada en el proceso, personalmente y por escrito, salvo que tal gestión sea encomendada a un tercero, mediante un poder simple en donde se identifique claramente al mandante y al mandatado. La entrega de las fotocopias de dichos documentos debe ser también personal, debiendo quedar registro de ese hecho en el sistema de información. Aquellas solicitudes que requieran autorización de la Comisión Médica Central, deben efectuarse de igual modo por intermedio de las Comisiones Médicas Regionales.

SÉPTIMO: Que de acuerdo a lo que se viene diciendo, el manejo de los datos sobre la salud de las personas, como ocurre con la tramitación de una solicitud de invalidez, es un dato sensible que debe ser tratado con absoluta rigurosidad y reserva, por lo que no se puede incluir en la normativa general contenida en la Ley 19.880, en lo que se refiere a la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos.

Que, en el caso en concreto, además debemos tener presente que por la propia naturaleza de la información solicitada por la recurrente, la titular de la misma o legitimada activa para pedirla es doña nombre reservado, respecto de la cual no se acompañó en la oportunidad correspondiente un mandato que efectivamente habilitara a la recurrente a solicitar dicha información.

En ese contexto, tal tramitación debió someterse a las restricciones de la normativa especial señalada precedentemente, la que impedía a la Comisión Medica Regional Temuco, en términos absolutos, acceder a la solicitud del recurrente de despachar los antecedentes relativos al expediente de invalidez de la afiliada nombre reservado, a través de medios electrónicos. Esa conclusión es suficiente para estimar que el acto reclamado por la Fundación Valídame está exento de cualquier ilegalidad o arbitrariedad.

OCTAVO: Que conforme a las reflexiones anteriores, la acción de protección interpuesta será desestimada sin costas, por estimarse que no hay acto ilegal o arbitrario alguno que reprochar a la recurrida y, consecuencialmente, ninguna afectación hubo de la garantía constitucional que se estimó conculcada por la recurrente.

Por estas consideraciones, atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se desestima, sin costas, la alegación de inadmisibilidad del recurso opuesta por ambas partes recurridas.

II.- Que se acoge, sin costas, la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la recurrida Fundación de Administración de Comisiones Médicas.

III.- Que se rechaza, sin costas del recurso, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado, en representación de la Fundación Valídame, en favor de nombre reservado, y en contra de la Comisión Médica Regional de Temuco.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

N°Protección-5408-2023.(ela)