Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAUTARO

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, persona jurídica de derecho público, Rut. n° RUT reservado, representada legalmente por su Alcalde don RICARDO ARMANDO JARAMILLO GALINDO, ingeniero en administración pública, ambos con domicilio en domicilio reservado; en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ - nombre reservado, persona jurídica del giro de su denominación, Rut. n° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, RUT reservado, profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de La Araucanía, o por quién lo subrogue o reemplace legalmente, y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, persona jurídica del giro de su denominación, rol único tributario N° 61.509.000-K, representada legalmente por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, o por quien la subrogue o reemplace legalmente; por cuanto en virtud de un acto arbitrario e ilegal consistente las resoluciones que rechazan el pago de licencias médicas extendidas por un total de 567 días a contar del 15 de noviembre de 2021 al 17 de junio de 2024, y Decreto Administrativo n°3303, se ha vulnerado el legítimo ejercicio de sus derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1, 3 inciso quinto y 24 de la Constitución Política de la República, derechos de los cuales soy titular y se encuentran cautelados por la acción de protección, a fin de que Us. Ilma., resuelva conforme lo pedido en la conclusión y en mérito de lo siguiente:

PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN.

De conformidad al N°1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, la presente acción constitucional es interpuesta dentro de término legal, por cuanto tomó conocimiento de las resoluciones ilegales y arbitrarias en contra de las que reclamo con fecha 08 de julio respecto del Decreto Administrativo N°3303, y de la Resolución Exenta de la SUSESO N°-R-01-IBS-117624-2024, y N°-R-01-IBS-117816-2024, con fecha 25 de julio de 2024.

ANTECEDENTES FÁCTICOS.

Para explicar el acto arbitrario e ilegal en que incurren las recurridas señala que ella es profesora perteneciente a la Escuela N°1 de Lautaro, labor que implica bastante actividad física y tolerancia psicológica durante las jornadas de trabajo, pero que hace 35 años ejerce con total dedicación y amor por la enseñanza y desarrollo de los niños de la comuna de Lautaro.

Lamentablemente, desde febrero del año 2022 a la fecha padece de artrosis que ha debilitado su salud física y capacidad para el trabajo, sumado a patologías psíquicas por trauma psicológico que ha venido tratando y que con el tiempo se convirtió en estrés postraumático, los cuales han sido declarados crónicos por varios profesionales de la salud.

En particular, su diagnóstico es Artrosis de rodilla derecha, lesión manguito rotador, Diabetes Mellitus 2 NMIR, Polineuropatia, Trastorno depresivo ansioso y trastorno adaptativo con síntomas depresivos, enfermedades que provocan una activación de dolor radicular, omalgia izquierda por discopatías dorsolumbares múltiples, y fuertes sentimientos de culpa e incapacidad para llevar a cabo su rutina diaria, así como serios cambios tanto mentales como físicos, recuerdos intrusivos, evasión, cambios en la personalidad, angustia grave y desesperanza, especialmente con respecto al ámbito laboral. Todos estos síntomas son considerados esperables. Sin embargo, se han extendido por más tiempo siendo considerado un trastorno.

Si bien su incapacidad laboral comienza por dolor radicular y lumbar producto de su artrosis, ha devenido en los trastornos psicológicos que indicó, patologías que ha tratado con medicamentos antidepresivos y psicoterapia cognitivo conductual por lo que las causas de sus licencias han variado con los años, cuestión que las recurridas deben diferenciar a fin de examinar y autorizar o rechazar mi subsidio.

Sin embargo, desde 17 de abril de 2024, su médico don nombre reservado, señala que, si bien existe adecuada respuesta al tratamiento farmacológico como antidepresivos, ansiolíticos, tranquilizantes mayores, y antipsicótico atípico, sus episodios de ansiedad fóbica representan riesgo de futuras descompensaciones, por lo que requiere de continua intervención cognitiva conductual por psicóloga clínica.

Otro causa importante, que agrava el acto ilegal y arbitrario de las recurridas, es que desde el certificado médico emitido por el Dr. nombre reservado, de fecha 16 de febrero y 23 de mayo de 2022 y el 20 de diciembre del año 2023, solicitó a las recurridas se indicarán cuáles son los criterios y tiempos de reposo que la COMPIN y SUSESO utilizan para dar cumplimiento al derecho legal de subsidio de incapacidad laboral en el contexto de sus patologías. Advirtiendo que el rechazo de sus licencias médicas es un agente estresante que se suma a los causantes de su estado de salud y que influye de manera negativa en su evolución clínica, agudizando la ansiedad fóbica. Afirma que siempre ha actuado con diligencia al hacer un uso correcto del subsidio de incapacidad laboral mediante la emisión de sus licencias médicas. La poca información que ha recibido de las recurridas durante el procedimiento se ha convertido en una causa más que afecta y suma a su necesidad de reposo laboral.

Volviendo a sus enfermedades, señala que se encuentra en lista de espera para intervención quirúrgica de su rodilla derecha por causa de su artrosis, la que tiene fecha probable de cirugía el 31 de agosto de 2024 en el Hospital de Lautaro.

Así las cosas, cómo ha expuesto y en virtud del parecer de su médico tratante por certificado médico que acompaña de fecha 11 de julio de 2024, aún no es posible plantear pronóstico de recuperación y reintegro laboral, demostrando que su reposo laboral se encuentra total y absolutamente justificado.

IV. ACTO ARBITRARIO E ILEGAL DE LOS RECURRIDOS En primer lugar, recurre contra la nombre reservado, toda vez que rechaza las licencias médicas que se indicarán, extendidas por un total de 567 días a contar del 15 de noviembre de 2021 al 17 de junio de 2024.

En segundo lugar, recurre en contra de la SUSESO por la dictación de las siguientes Resoluciones Exentas (en adelante “R.E. N°”):

1. Resolución exenta N° 1. R-01-IBS-117624-2024, de fecha 25 de julio de 2024, que rechazó las licencias médicas N°3-65580975-9, N°82428612-4, N°83595876-K, N°84929145-9;

2. R-01-IBS-117816-2024 de fecha 25 de julio de 2024, que rechazó las licencias médicas N°3-77411650-8, N° 89221418-2, N°90443505-8, N°91766685-7, N°93245366-5, N°94843002-9, N°96708050-0, N°98026788-1, N°100055047-3, N°101449423.

3. R-01-UME-71415-2024, de fecha 02 de mayo de 2024, que rechazó las licencias médicas N° RUT reservado, N° 93245366-5, N° 94843002-9, N°96708050-0, N° 98026788-1, N°99130682-K.

4. R-01-IBS-39381-2023, de fecha 23 de marzo de 2023, que confirmó rechazo de licencia médica N°77411650-8.

5. R-01-UME-109545-2023, de fecha 22 de agosto de 2023, que rechaza las licencias médicas N°82428612-4, N°83505876-K, N° 84929145-9.

En tercer lugar, recurre contra la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, toda vez que por extensión del acto caprichoso de la SUSESO y la COMPIN, se dictó el decreto administrativo n° 3303, emitido por el Alcalde en el que se le ordena el reintegro de 18 millones de pesos por concepto de los fondos que ha percibido por el pago de sus licencias médicas que las dos primeras rechazaron, aplicando un descuento en un 45% de su sueldo a partir del mes de mayo de 2024, incluso cobrando la licencia médica n°61387351-1 que resultó autorizada, por resolución exenta, N°R-01-IBS-117624-2024, con fecha 25 de junio de 2024, por lo que solicita la correspondiente orden de no innovar a fin de evitar mayor afectación a sus garantías fundamentales.

En el Decreto Alcaldicio N° 3303, de fecha 30 de mayo de 2024, se le ordena restituir el dinero percibido por las licencias médicas que según este habrían sido rechazadas.

Como se acredita con las licencias médicas que se acompañan, en el segundo otrosí de este recurso, dada la gravedad de sus enfermedades no se explica la autorización de unas licencias y no de las otras, ya que el reposo ha sido ininterrumpido por las causas y síntomas que persisten, toda vez que tiene fijado día y hora para su cirugía de rodilla para el mes de agosto de este año. Por lo tanto, en caso alguno se encuentra en el supuesto final del subsidio de incapacidad laboral, cual es, la reincorporación del trabajador a su trabajo, en consecuencia, su reposo laboral se encuentra justificado.

Por tanto, si bien la recurrente no viene a impugnar los procedimientos y causales legales que tienen las recurridas para autorizar o rechazar sus licencias médicas. Lo cierto es que el rechazo de sus licencias es arbitrario toda vez que el factor esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, lo que en su caso no sucede. O sea, a contrario sensu, cómo su médico ha sostenido, no es posible determinar aún fecha cierta de reincorporación, siendo necesario su reposo y el actuar de las recurridas, entonces, arbitrario.

De todos modos, el artículo 16 del Decreto Ley n°3/1984 del Ministerio de Salud señala que: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. De manera que, ilegal y sin fundamento alguno, la SUSESO y la COMPIN han rechazado y autorizado, en forma alternada, sus licencias médicas, los rechazos son arbitrarios dado que la SUSESO y COMPIN no comunican fundamento alguno, obviando la finalidad que tiene el otorgamiento del subsidio de incapacidad laboral, que es la recuperación y reincorporación del trabajador.

Por todo lo anterior, es que solicita restablecer el imperio del derecho e impida que a través del rechazo de las licencias médicas por la SUSESO y COMPIN, y el Decreto Adm. N°3303 que ordena el reintegro de dinero que ha percibido por concepto de sus licencias médicas agrave aún más su estado de salud desatando una cadena de vulneraciones a su patrimonio, a su salud física y psíquica, sobre todo teniendo presente la cirugía a la que se someterá en agosto de este año.

DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADOS.

1. El actuar de las recurridas, infringe su garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile, que señala “La Constitución asegura a todas las personas: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”. En este sentido, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, procurando contribuir a crear las condiciones sociales que permitan que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional lograr la mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución Política establece.

De esta manera, el rechazo de las licencias que se indican, resultan ilegal y arbitrario desde que la SUSESO y la COMPIN no comunican, ni razonan fundamento alguno a fin de explicar el rechazo alternado y antojadizo de sus licencias médicas obviando la finalidad que tiene el otorgamiento del subsidio de incapacidad laboral, que es la recuperación y reincorporación del trabajador.

Derivado del acto ilegal anterior, el decreto administrativo n°3303 emitido por el Alcalde de la I. Municipalidad de Lautaro, ha agravado su depresión, afectando directamente a su integridad psíquica y puesto que se encuentra permanentemente preocupada por la falta de dinero, de no poder pagar sus gastos básicos, de no poder enfrentar sus enfermedades, la recuperación de su cirugía de rodilla con el reposo laboral que naturalmente le prescribirán.

2. Los recurridos vulneran su garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 n°3 inciso quinto de la Carta Magna que dispone: Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Como se señaló, el rechazo de sus licencias médicas la SUSESO y la nombre reservado vulneran los artículos 3, 11 y 40 de la Ley 19.880, y el artículo 16 y 55 del Decreto Supremo n° 3 de 1984 del Ministerio de Salud al no aplicar los fundamentos técnicos, clínicos y jurídicos del caso a la finalidad del subsidio de incapacidad laboral que es la recuperación de su salud y consecuente reincorporación a su trabajo.

Sostiene que el rechazo de sus licencias médicas emitidas, la SUSESO y la COMPIN, y en consecuencia, el Decreto Administrativo N°3303, atenta contra su derecho a la vida e integridad física y psíquica, al debido proceso y derecho de propiedad, dado que el rechazo implica la afectación de su patrimonio viendo reducido sus remuneraciones en un 45% a fin de devolver $18 millones de pesos, afectando directamente su patrimonio, salud física y psíquica por el miedo e incertidumbre no poder costear sus medicamentos, profundizar su angustia por el futuro, y el temor de no poder recuperarse de su cirugía a la rodilla que tiene en agosto de 2024.

No cabe duda que las recurridas vulneraron sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 N°1, 3 inciso quinto y 24 de la Constitución Política de La República, por el caprichoso y arbitrario rechazo de sus licencias médicas que nuestro derecho no puede tolerar y es por ello que viene a pedir a la Ilustrísima Corte, tome las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, solicita tener por interpuesto recurso de protección en su favor, en contra de la Ilustrísima Municipalidad de Lautaro, representada legalmente por su Alcalde don Ricardo Armando Jaramillo Galindo, ya individualizados, en contra de la nombre reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ya individualizado, o por quién los subrogue o reemplace legalmente; y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por doña nombre reservado, ya individualizada, o por quien la subrogue o reemplace legalmente; se sirva acogerlo, declarando que los actos de las recurridas importan la violación de sus garantías constitucionales señaladas o en subsidio, de aquella otra que SS. Ilma., estime del caso concurrir de acuerdo a sus facultades conservadoras, ordene a las recurridas o a aquel que determine:

1.- Que se acoge el presente recurso de protección, por ser la actuación de las recurridas, en los términos descritos en lo principal de este escrito, arbitraria e ilegal y que vulnera, perturba y amenaza las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; derecho al debido proceso y derecho de propiedad de la recurrente nombre reservado, establecidas en los N° 1, 3 inciso quinto, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

2.- Que, se anulen las resoluciones exenta de la SUSESO N°R-01-IBS-117624-2024, N°R-01-IBS-117816-2024, N°R-01-UME-71415-2024, N° R-01-IBS-39381-2023, y N°R-01-UME-109545-2023 y de la COMPIN que rechazan las licencias médicas folio: N° 3-65580975-9, N°82428612-4, N°83595876-K, N°84929145-9; N° 3-77411650-8, N° 89221418-2, N°90443505-8, N°91766685-7, N°93245366-5, N°94843002-9, N°96708050-0, N°98026788-1, N°100055047-3, N°101449423, N° RUT reservado, N° 93245366-5, N° 94843002-9, N°96708050-0, N° 98026788-1, N°99130682-K, N°77411650-8, N°82428612-4, N°83505876-K, y N° 84929145-9 y por consiguiente, se invalide el Decreto Adm. N° 3303, ilegal y arbitrario, emitido por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Lautaro, don Ricardo Jaramillo Galindo por ser y originarse directa e inmediatamente por causa de la actuación defectuosa de la SUSESO y la COMPIN.

3. Que, se ordena a la SUSESO o la COMPIN, según corresponda, a autorizar las licencias médicas rechazadas, o se disponga la realización de una nueva evaluación del caso, se entreguen los fundamentos de la decisión en línea con la finalidad del subsidio de incapacidad laboral en relación con su estado de salud y reincorporación laboral de la recurrente doña nombre reservado; o bien, la declaración que SS. Ilma, sirva efectuar en igual sentido, con costas.

Acompaña los siguientes documentos.

1. Resoluciones Exentas emitidas por la SUSESO, N° R-01-IBS-117624-2024, de fecha 25 de julio de 2024, N° R-01-IBS-117816-2024 de fecha 25 de julio de 2024, N° R-01-UME-71415-2024, de fecha 02 de mayo de 2024, N° R-01-IBS-39381-2023, de fecha 23 de marzo de 2023, N° R-01-UME-109545-2023, de fecha 22 de agosto de 2023.

2. Decreto administrativo N°3303, emitido por don Ricardo Jaramillo Galindo, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Lautaro, con fecha 30 de mayo de 2024.

3. Certificado de ingreso a lista de espera de intervenciones quirúrgicas, de doña nombre reservado, N° de atención 25105483, de fecha 24 de abril de 2023, emitido por don nombre reservado, Traumatólogo Adulto, Hospital de Lautaro; y exámenes médicos desde el 13 de marzo de 2020, hasta el 22 de mayo de 2024.

4. Licencias médicas, folio: N°3-103944187-6 N° 3-102613528-8 N° 3-101449423-1, N° 3-100055047-3, N° 3-099130682-K, N° 3-098026788-1, N° 3-096708050-0, N° 3-081452772-7, N° 3-093245366-5, N° 3-082428612-4, N° 3-080201136-9, N° 3-078986821-2, N° 3-077411650-8, N° 3-090443505-8, N° 3-090443505-8, N°3-089221418-2, N° 3-074635072-4, N° 3-088942667-5, N° 3-073124485-5, N° 3-071738523-3, N° 3-087721142-8, N° 3-069873202-4, N° 3-086128311-9, N° 3-084929145-9, N° 3-083504661-3, N° 3-067240620-K, N° 3-067239417-1, 3-067240620-K, N° 3-067239417-1, N° 3-083504661-3, N° 3-083505876-K, N° 3-065580975-9, de doña nombre reservado, extendidas por un total de 567 días a contar del 15 de noviembre de 2021 al 19 de junio de 2024.

5. Certificados médicos de doña nombre reservado, emitido por el Dr. nombre reservado, de fecha 11 de julio, de fecha 16 de febrero, de fecha 17 de mayo, 29 de mayo, 17 de abril, todas de 2024, de fecha 26 de enero, 13 de enero, 14 de abril, 23 de mayo, 15 de junio, 23 de agosto, 20 de octubre, 20 de diciembre de 2023; 16 de febrero, 22 de mayo, 23 de septiembre de 2022.

6. Informe psicológico emitido por Dr. nombre reservado, de fecha 03 de octubre de 2022.

7. Recetas médicas de doña nombre reservado, desde el 04 de febrero de 2022, hasta el 17 de abril de 2024.

8. Captura de pantalla de correo electrónico de fecha 08 de julio de 2024, enviado por Doña nombre reservado, Departamento de Educación Lautaro, Unidad Recursos Humanos.

9. Copia de Certificado de Acreditación de Egreso de don nombre reservado, cédula nacional de identidad n° RUT reservado.

A folio 15, informa nombre reservado, Abogada, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien expone:

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CAUTELAR.

Antes de informar respecto del fondo de la acción de protección que motiva el presente informe, solicita, en primer lugar, se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, reitera que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

EN SUBSIDIO DE LA ALEGACIÓN ANTERIOR, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción de protección.

1.- El Derecho a Licencia Médica. Marco legal regulador.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, aquella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o Institución De Salud Previsional (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

2.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicita se tenga por reproducido, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que:

“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a su representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a su defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA). 7 3.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Hace presente que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud. En tal sentido, las Secretarías Regionales Ministeriales De Salud (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional De Salud (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso de que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

Debemos entender que un derecho tiene el carácter de indubitado, cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es necesario recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia. Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra parte, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, podemos afirmar que, en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra carta fundamental para su protección por la presente vía de acción.

Pues bien, en el caso de marras, está presente un conflicto o controversia respecto de la legalidad de una resolución que se pronuncia sobre un tema de una ciencia determinada, cual es la medicina con especialidad en psiquiatría, en que intervienen diversos profesionales quienes emiten una evaluación con arreglo a sus conocimientos, por lo que, existiendo controversia respecto de esas conclusiones, aquello escapa ampliamente del objeto de una acción cautelar de esta naturaleza.

Por tanto, en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones y estudio de la COMPIN y esta superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron al recurrente, por las razones latamente expuestas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida. En esta parte cabe señalar que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso que, respecto de la licencia reclamada, los dictámenes impugnados de arbitrariedad contienen los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Con la finalidad de resolver la antedicha presentación, la Superintendencia procedió a recabar los antecedentes médicos del caso de la COMPIN respectiva, a saber, el registro histórico de licencias médicas (FONASA) y la cartola medica del Servicio de Salud.

A mayor abundamiento, cabe indicar que la Superintendencia, a través de diferentes profesionales médicos de dicho Servicio, estudió los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado, en varias oportunidades, según lo siguiente:

RESPECTO DE LAS LICENCIAS MÉDICAS N°s 77411650-8, 89221418-2, 90443505-8, 91766685-7, 93245366-5, 94843002-9, 96708050-0, 98026788-1, 100055047-3, 101449423-1, 99130682-K:

1.- Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 20 de noviembre de 2022, reclamó ante dicho servicio por cuanto la nombre reservado - Compin Región De La Araucanía, confirmó el rechazo de la licencia médica N° 77411650-8, extendida por un total de 30 días a contar del 15 de octubre de 2022, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes por parte de los especialistas de este servicio, y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica señalada precedente no se encontraba justificado, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-10025-2023, 24 DE ENERO DE 2023, dicha Superintendencia dictaminó lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° 77411650-8, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 86 días por la misma patología. No acredita evaluación por psiquiatra ni derivación a programa de salud mental para manejo por equipo multidisciplinario, del cual pudo haberse visto beneficiada precozmente para lograr un reintegro laboral adecuado y oportuno”.

Por su parte, el profesional de esta Superintendencia, don nombre reservado consistente con lo señalado, informa en Ficha Médica de fecha 10 de enero de 2023, lo siguiente:

Fundamentos de la resolución: conclusiones: comentarios: médico no especialista, mujer de 61 años, trabaja como profesora. con permiso autorizado por 86 días con diagnóstico de f41.2 - trastorno mixto de ansiedad y depresión. en imt no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita atenciones por psiquiatra. se rechaza.

2.- Consta en el expediente administrativo que se acompaña al informe, que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 25 de enero de 2023, reclamó por segunda vez, ante el servicio, interponiendo un recurso de reconsideración en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-10025-2023 de fecha 24 de enero de 2023 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la nombre reservado - Compin Región de la Araucanía, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° 77411650-8, extendida por un total de 30 días a contar del 15 de octubre de 2022, por reposo no justificado.

Ahora bien, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes, concluyó rechazar la solicitud de reconsideración y mantener lo obrado en la resolución primaria. y mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-39381-2023, de 23 de marzo de 2023, dicha Superintendencia dictaminó lo siguiente: Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° 77411650-8, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. En los informes médicos no se detalla la evolución del cuadro o los síntomas durante el reposo y no especifica los ajustes farmacológicos en función de la evolución, con fechas y resultados, sin síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico.

Por su parte, la profesional de esta Superintendencia, doña nombre reservado consistente con lo señalado, informa en Ficha Médica de fecha 22 de marzo de 2024, lo siguiente:

Fundamentos de la resolución: no acoge. reposo sin clara finalidad terapéutica. sin derivación a especialista ni dispositivos de mayor complejidad. en los informes médicos no se detalla la evolución del cuadro o los síntomas durante el reposo y no especifica los ajustes farmacológicos en función de la evolución, con fechas y resultados, sin síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico.

3.- Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 01 de marzo de 2024, reclamó ante este servicio por cuanto La nombre reservado - Compin Región De La Araucanía, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 91766685-7, 93245366-5, 94843002-9, 96708050-0, 98026788-1, 99130682-K, extendidas por un total de 180 días a contar del 22 de septiembre de 2023, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes por parte de los especialistas de este servicio, y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica señalada precedente no se encontraba justificado, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-71415-2024, 02 de mayo de 2024, dicha Superintendencia dictaminó lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 91766685-7, 93245366-5, 94843002-9, 96708050-0, 98026788-1, 99130682-K, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado, así como el psicoterapéutico, no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 72 días por la misma patología. Que, para futuras presentaciones, se sugiere presentar un informe médico detallando la psicopatología, su evolución, la asociación de esta con estresores específicos, las necesidades de ajuste de tratamiento farmacológico y el plan integral de psicoterapia, a fin de contextualizar el reposo médico indicado con fines terapéuticos”.

Por su parte, el profesional de esta Superintendencia, don nombre reservado consistente con lo señalado, informa en Ficha Médica de fecha 02 de mayo de 2024, lo siguiente:

Fundamentos de la resolución: periodo extenso de reposo previo rechazado, continuado por t mixto. imc no describe adecuadamente la psicopatología, su evolución, la asociación de esta con estresores específicos, las necesidades de ajuste de tratamiento farmacológico ni el plan integral de psicoterapia, a fin de contextualizar el reposo médico indicado con fines terapéuticos. completó tiempos suficientes de reposo con fin terapéutico con el ya autorizado. se requiere complementar antecedentes. no acoge 4.- Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 14 de mayo de 2024, reclamó por tercera vez, ante este servicio, interponiendo un recurso de reconsideración en contra de la R-01-IBS-39381-2023 de fecha 23 de marzo de 2023 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la nombre reservado - Compin Región de la Araucanía, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° 77411650-8, extendida por un total de 30 días a contar del 15 de octubre de 2022, por reposo no justificado, y además reclama nuevamente por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las licencias médicas N° 91766685-7, 93245366-5, 94843002-9, 96708050-0, 98026788-1, 99130682-K, 89221418-2, 90443505-8, 100055047-3, 101449423-1, extendidas por un total de 330 días, bajo la misma causal de rechazo.

Ahora bien, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes, concluye rechazar la solicitud de reconsideración y mantener lo obrado en la resolución primaria. y mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-117816-2024, DE 25 DE JULIO DE 2024, dicha Superintendencia dictaminó lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 77411650-8, 89221418-2, 90443505-8, 91766685-7, 93245366-5, 94843002-9, 96708050-0, 98026788-1, 100055047-3, 101449423-1, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 107 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos evaluados en la presente reclamación. Que, respecto a la licencia médica N° 99130682-K, esta Superintendencia no emite pronunciamiento, ya que, examinado el sistema de licencias médicas de FONASA, no consta la realización del respectivo Recurso de Reposición ante la COMPIN competente, en relación a dicha licencia médica apelada”.

Por su parte, la profesional de esta Superintendencia, doña nombre reservado consistente con lo señalado, informa en Ficha Médica de fecha 25 de julio de 2024, lo siguiente:

Detalle: informe psicológico 3/10/2022 atenciones desde marzo dos veces al mes. sin problemas familiares, profunda tristeza paralizante. tept y estrés agudo informe psicológico centro de salud familiar acredita atención desde el 14/4/2023 con buena adherencia al tratamiento. diversas situaciones familiares y laborales han perpetuado e intensificado síntomas de trastorno mixto ansioso depresivo.

Sección D (Fundamentos de la resolución)

Fundamentos de la resolución: rm columna lumbar 1/3/2022 severa espondilo artrosis bilateral l5 s1 con discopatía degenerativa protruyente en l5 s, comprime vainas radiculares. informe psicológico 3/10/2022 atenciones desde marzo dos veces al mes. sin problemas familiares, profunda tristeza paralizante. tept y estrés agudo informe psicólogo Cesfam 26/2/2024 acredita ingreso al programa 14/4/2023, dificultades en contexto laboral y familiar impactan síntomas ansioso depresivos. certificado médico 22/5/2022; 23/9/2022; 14/4/2023; 16/2/2024 trastorno depresivo ansioso, trastorno adaptativo con síndrome metabólico. tratamiento desde 4/10/2022 por médico urgenciólogo, cuadro de larga data, indica venlafaxina 150mg, clonazepam, risperidona. patologías médicas influyen en los síntomas resolución exenta n° r-01-ume-10025-2023 del 24 / 01 / 2023 rechazó licencia médica n° 77411650-8, extendida por un total de 30 días a contar del 15 de octubre de 2022, 86 días autorizados resolución exenta n° r-01-ibs-39381-2023 del 23 / 03 / 2023 rechazó licencia médica n° 77411650-8, extendida por un total de 30 días a contar del 15 de octubre de 2022, registro de ingreso a lista de espera para artroplastia total de rodilla derecha 23/4/2024. los informes médicos no dan cuenta de la complejidad psicopatológica relacionada con extenso reposo en que no se describen estrategias terapéuticas eficaces. propongo mantener rechazo respecto de las licencias médicas N°s 65580975-9, 82428612-4, 83505876-K, 84929145-9:

5.- Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 22 de agosto de 2023, reclamó ante este servicio por cuanto la nombre reservado - Compin Región De La Araucanía, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 82428612-4, 83504661-3, 83505876-K, 84929145-9, extendidas por un total de 120 días a contar del 13 de febrero de 2023, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes por parte de los especialistas de este servicio, y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica señalada precedente no se encontraba justificado, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-109545-2023, 22 de agosto de 2023, dicha Superintendencia dictaminó lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 82428612-4, 83505876-K, 84929145-9, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado de 86 días. Vale la pena destacar que informe médico complementario no da cuenta de severidad de síntomas o compromiso funcional que permita fundamentar beneficios clínicos de prolongación de reposo. Tampoco se describen intervenciones intentadas y su respuesta durante el periodo de reposo laboral. Se sugiere, caso de nuevas presentaciones, incluir estos elementos y un plan terapéutico que considere estrategias de reincorporación laboral, en el informe emitido por médico tratante. Que, respecto a la licencia médica N° 83504661-3, esta Superintendencia no emite pronunciamiento ya que corresponde al mismo periodo de la LM N° 83505876-K y no figura en el maestro de licencias médicas de FONASA”.

Por su parte, el profesional de esta Superintendencia, don nombre reservado consistente con lo señalado, informa en Ficha Médica de fecha 21 de agosto de 2023, lo siguiente: fundamentos de la resolución: decisión: no acojo y no me pronuncio. fundamentos: licencia otorgada por médico general. lms reclamadas por 90 días, largo periodo de reposo laboral, con reposo laboral por lo menos desde agosto de 2021. reposo previo autorizado por 86 días. si bien imc describe cuadro psicopatológico actual, no hace referencia a largo periodo de reposo e intervenciones intentadas que consideren reintegro laboral. sin elementos de severidad ni compromiso funcional expuesto en informes. en cuanto a lm n 83504661-3, no me pronuncio ya que corresponde a mismo periodo que lm N83505876-K.

6.- Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 15 de mayo de 2023, reclamó por segunda vez, ante este servicio, interponiendo un recurso de reconsideración en contra de la R-01-UME-109545-2023 de fecha 22 de agosto de 2023 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la nombre reservado - Compin Región de la Araucanía, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 82428612-4, 84929145-9, extendidas por un total de 60 días a contar del 13 de febrero de 2023, por reposo no justificado y además reclamó por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las licencias médicas N° 61387351-1, 65580975-9, 83505876-K extendidas por un total de 81 días, bajo la misma causal de rechazo.

Ahora bien, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes, concluyó rechazar la solicitud de reconsideración y mantener lo obrado en la resolución primaria. y mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-117624-2024, de 25 de julio de 2024, esta Superintendencia dictaminó lo siguiente: Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° 61387351-1, se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal durante el período de reposo reclamado, con el cual completa 107 días de licencia médica autorizados, lo que se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral. Sin embargo, respecto de las licencias médicas N°s 65580975-9, 82428612-4, 83505876-K, 84929145-9, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Por su parte, la profesional de esta Superintendencia, doña nombre reservado consistente con lo señalado, informa en Ficha Médica de fecha 25 de julio de 2024, lo siguiente:

Detalle: informe psicológico 3/10/2022 atenciones desde marzo dos veces al mes. sin problemas familiares, profunda tristeza paralizante. tept y estrés agudo informe psicológicos centro de salud familiar acredita atención desde el 14/4/2023 con buena adherencia al tratamiento. diversas situaciones familiares y laborales han perpetuado e intensificado síntomas de trastorno mixto ansioso depresivo.

Sección D (Fundamentos de la resolución)

Fundamentos de la resolución: sufre trastorno depresivo ansioso en tratamiento, sd metabólico, diabetes mellitus, polineuropatía, hta severa, artrosis de rodillas. atenciones en programa de salud mental del cesfam y por ges traumatólogo del hospital de Lautaro rm columna lumbar 1/3/2022 severa espondiloartrosis bilateral l5 s1 con discopatía degenerativa protruyente en l5 s, comprime vainas radiculares. certificado médico 22/5/2022; 23/9/2022; 14/4/2023; 16/2/2024 trastorno depresivo ansioso, trastorno adaptativo con síndrome metabólico. tratamiento desde 4/10/2022 por médico urgenciólogo, cuadro de larga data, indica venlafaxina 150MG, clonazepam, risperidona. patologías médicas influyen en los síntomas informe psicológico 3/10/2022 atenciones desde marzo dos veces al mes. sin problemas familiares, profunda tristeza paralizante. tept y estrés agudo informe psicológicos centro de salud familiar acredita atención desde el 14/4/2023 con buena adherencia al tratamiento. diversas situaciones familiares y laborales han perpetuado e intensificado síntomas de trastorno mixto ansioso depresivo. resolución exenta n° r-01-ibs-175630-2022 del 23 / 12 / 2022 rechazó licencia médica n° 65580975-9, extendida por un total de 30 días a contar del 04 de febrero de 2022resolución exenta n° r-01-ume-109545-2023 del 22 / 08 / 2023 rechazó licencias médicas n°s 82428612-4, 84929145-9, sin pronunciamiento 83504661-3, 83505876-k, extendidas por un total de 120 días a contar del 13 de febrero de 2023. registro de ingreso a lista de espera para artroplastia total de rodilla derecha 23/4/2024 86 días de reposo autorizado hasta 14/11/2021, licencias rechazadas desde 15/11/2021, tmt y salud mental. antecedentes clínicos insuficientes para mayor extensión del reposo.

Es del caso agregar que el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las patologías mentales, establece en su artículo 4 número II, en relación con el reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, los siguientes requisitos:

“-Siempre es otorgado por médico psiquiatra cualquier diagnóstico o de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal.

- Contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días. Síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral.

- Refractariedad o resistencia al tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Podrían requerirse nuevos periodos de reposo hasta completar un máximo de 180 días.

El reposo laboral debería ser indicado por el médico psiquiatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días, cuando existen circunstancias especiales que impiden un acceso a psiquiatra más frecuente).

- Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: Tratamiento farmacológico, Psicoterapia e Intervenciones Psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual), teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud, en su sitio”.

Por tanto, se debe tener presente que, de acuerdo con las Guías Clínicas ya señaladas, si un reposo por patología psiquiátrica es superior a 30 días, debe ser extendido por un médico especialista (psiquiatra), contar con un informe de peritaje médico, debe haber evaluaciones periódicas y que cada episodio clínico debe considerar tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales, ya que se estima que las herramientas terapéuticas ofrecidas por un médico general en el caso de un reposo mayor 25 a 30 días pueden resultar insuficientes para lograr la adecuada recuperación de la afectada, lo que hace necesaria una segunda opinión por parte del especialista para determinar si el diagnóstico sincrónico y la terapéutica ofrecida son suficientes.

Es posible observar que la Sra. nombre reservado, antes de las licencias médicas rechazadas, ya había cumplido reposo por 107 días autorizados, por patología psiquiátrica, no cuenta con derivación a especialista en psiquiatría, no cuenta con informe de refractariedad o resistencia a tratamiento, no cuenta con tratamiento farmacológico adecuado a patología por la extensión de reposo, tampoco acredita asistencia regular a terapia psicológica durante toda la extensión de su reposo.

Señala que el médico tratante de la Sra. nombre reservado, don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, quien ha emitido las licencias médicas reclamadas, no posee la especialidad de psiquiatría, que corresponde al diagnóstico por las cuales fueron emitidas, según consta el certificado emitido por la Superintendencia de Salud, que se adjunta a esta presentación, por tanto la Sra. nombre reservado, ya acumuló 60 días de licencias médicas, llegando al límite establecido por el decreto nº 7, de 2013, al tratarse dicho cuadro de salud con médico general.

Asimismo, se puede observar que el recurrente no ha presentado las correspondientes derivaciones para acogerse a beneficio de garantías explícitas en salud (GES) por salud mental, por lo cual no estaría generando medidas destinadas a la recuperación de su salud en torno a un mejor manejo de la patología, según lo dispuesto por artículo N°21 del decreto N°3, de 1984 y artículo N°4 del Decreto N°7 de 2013.

Por tanto, se aprecia efectivamente que las licencias médicas presentadas por la recurrente no cumplen con los parámetros mencionados precedentemente, toda vez que resulta los hechos indubitados, el período por el que se han extendido, las licencias médicas no han sido expeditas por médico psiquiátrico sino por médico general, y no acredita psicoterapia e intervenciones psicosociales durante todo periodo de reposo.

Por lo anterior, se aprecia que los dictámenes impugnados por el recurrente, referidos a las licencias reclamadas, encuentran correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra las resoluciones impugnadas, sino una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de dichas resoluciones exentas en orden a rechazar la licencia indicada.

Cabe indicar que su representada realizó un análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes tenidos a la vista ya citados, los cuales fueron ponderados por médicos especialistas con aplicación estricta de los mismos parámetros y procedimientos establecidos para resolver este caso en relación al resto de las situaciones que se resuelven ante esta Institución Fiscalizadora, utilizando sustentos facticos, clínicos y jurídicos, lo que permitió arribar a la conclusión que el reposo médico prescrito por la licencia médica objeto del recurso era injustificado.

Se debe tener presente que la resolución expone con claridad los fundamentos que se tuvieron en vista para resolver por su representada, ratificándose el rechazo previo de la licencia médica, y, desde una perspectiva de racionalidad, resulta inteligible y cumple con los parámetros de fundabilidad y de estándar de motivación de la decisión impugnada exigidos tanto por el artículo 16 del Reglamento de Licencias Médicas como por los artículos 11, 16 y 41 inciso 4º, todos de la Ley Nº19.880, se encuentra debidamente cumplido y satisfecho por el acto terminal contra el cual se recurre, en el que se consignan los motivos por los cuales se rechaza la solicitud de reconsideración hecha por el recurrente.

Sostiene que no puede calificarse el mérito o pertinencia de las decisiones desde el punto de vista médico, como tampoco los fundamentos dados en tal sentido por su representada, debiendo controlar únicamente que tales decisiones se hayan emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezcan como carentes de racionalidad.

Por tanto, respecto de una posible ilegalidad, debe descartarse pues los actos que se impugnan fueron dictados de acuerdo al marco normativo antes reseñado respecto a la patología, es decir, sustentadas en las directivas que entrega el Ministerio de Salud y por esta autoridad competente en uso de sus atribuciones otorgadas por la ley y , en cuanto a una posible arbitrariedad, esta no ha existido pues las resoluciones que se impugnan se encuentran suficientemente fundada, con la debida racionalidad que permite conocer y comprender de manera cabal el contenido y la motivación del acto reclamado, ya mi representada contó con antecedentes para arribar a las decisiones que se reclaman, entre otros cartola médica, histórico de licencias médicas e informes médicos, los cuales fueron evaluados por el organismo recurrido, por lo que mal podría estimarse que la resolución impugnada, en cuanto fundadamente desestimó el reclamo formulado por la recurrente, sea arbitrario por carecer de motivación, ya que se trató de una decisión fundada en motivos técnicos, propios del área de medicina con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica, en una decisión apoyada en la revisión de los antecedentes por los profesionales médicos de la COMPIN y a mayor abundamiento, por los profesionales médicos especializados de su representada.

De acuerdo con lo expuesto, la actividad realizada por la Superintendencia, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras y ha decidido el rechazo de las licencias médicas de la recurrente por la COMPIN, pues confirmó dicha decisión y luego resolvió las solicitudes que guardaban relación con lo mismo, obrando dentro de las facultades que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y las facultades de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

4.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, de la protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica, garantizado a todas las personas en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de la reclamación que presentó impugnando la resolución de la referida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en relación a que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, afirma que la resolución recurrida fue dictada por su representada en su calidad de Organismo Técnico de Control, en base a sus atribuciones otorgadas por su Ley Orgánica (16.395), dentro de las facultades legales y reglamentarias que posee en este ámbito. En efecto, la aludida resolución impugnada cuenta con la fundamentación suficiente en que se basa indicando las normas jurídicas en que se apoya, indicando explícitamente la razón para justificar la decisión que se adopta y en que antecedentes se apoya para arribar a la misma.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, hace presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN).

Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero, la existencia de una enfermedad o accidente común y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente común cause incapacidad laboral temporal razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado.

2.- Cumplimiento de los requisitos de tiempo de afiliación al sistema y de densidad de cotizaciones para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que, como ya se ha indicado, no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, una rechazada sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en el organismo de control.

Finalmente, y de acuerdo a lo señalado precedentemente y a los antecedentes aparejados al proceso, el procedimiento empleado y la decisión pronunciada, han sido emitidas en la oportunidad y con la justificación pertinente, por su representada, autoridad llamada por la ley para hacerlo, sin que le competa a la jurisdicción, en tal caso, revisar sus fundamentos técnicos, en sede extraordinaria, meramente cautelar y con el carácter sumarísimo, razones suficientes para concluir la inexistencia del comportamiento antijurídico invocado para dar fundamento al recurso, lo que conduciría necesariamente a desestimar la acción interpuesta por la recurrente.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y, con su mérito, rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su presentación: Copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de la Sra. nombre reservado.

A folio 15 Cecilia Contreras Morales, abogada, en representación según se acredita en un otrosí de ésta presentación, de la recurrida de autos MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, quien expone:

Que viene en evacuar informe solicitado a su representada, conforme a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que paso a exponer y alegando su extemporaneidad, fundado en los siguientes antecedentes:

I. DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA FUNDANTE DEL PRESENTE RECURSO.

Según se expone por la recurrente que la presente acción se funda en la dictación del Decreto Administrativo N°3303, de fecha 30 de mayo de 2024, dictado por el alcalde de la Municipalidad de Lautaro, mediante el cual se le ordenaba el reintegro de los fondos indebidamente percibidos por concepto de licencias médicas que le fueron rechazadas por parte de la Compin y la Suseso.

Al respecto cabe mencionar que es efectivo que en fecha 30 de mayo, mediante el decreto administrativo mencionado, se dispuso que la recurrente debía proceder al reintegro de dineros mal percibidos, fundado en los siguientes antecedentes:

Que la funcionaria Sra. nombre reservado, se encontraba con licencia médica desde el 15.11.2021 hasta el 17.06.2024 por un total de 567 días corridos, de los cuales 393 son días hábiles, que corresponde sean reintegrados, según se detalla a continuación:

Según se detalla en el Decreto Adm. Nº3303, el monto total a reintegrar debido al rechazo de las Licencias médicas corresponde a la cantidad de $ 18.182.459 (dieciocho millones ciento ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos), debido al rechazo de las Licencias presentadas, las cuales es muy importante se tenga presente que todas las licencias médicas indicadas en la tabla anterior, se encuentran total e irreversiblemente rechazadas por ambos organismos técnicos.

Ahora bien, se dispuso mediante el decreto antes mencionado, que la recurrente debía reintegrar los ingresos mal percibidos en un plazo de 30 días, y que en caso de que el pago no se efectuara, se procedería al descuento en su remuneración mensual en hasta el 45% de la remuneración imponible, ello hasta enterar el monto total.

De igual forma en dicho decreto, en el punto 3, se le informa del derecho que le asiste de solicitar a la Contraloría General de la República , conforme lo indica el articulo 67 y 67 bis del Decreto 2421/64 que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República , esto es, solicitar la condonación total o en su defecto solicitar facilidades de pago de las sumas que ha recibido indebidamente generadas. Se le informa además que en caso de optar por no acudir a este organismo, deberá descontarse el monto de su remuneración en curso.

Es muy importante señalar que la dictación del decreto que dispone el pago de las licencias rechazadas a la Sra nombre reservado, no es una decisión antojadiza ni mucho menos ilegal, sino que el resultado del estudio y ponderación de la totalidad de antecedentes que fueron proporcionados por la recurrente a la autoridad técnica competente, decisión que se encuentra suficientemente fundadas y con criterios normativos y jurisprudenciales que la complementan y fundamentan.

Lo anterior descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal en la adopción de la decisión técnica que finalmente motiva la dictación del decreto administrativo por parte de la Municipalidad de Lautaro, en el cual, dicho sea de paso, se exponen detalladamente las razones legales y jurisprudenciales, y de análisis de los hechos por las cuales se llega la conclusión de que la recurrente debe restituir los ingresos mal percibidos que se han indicado.

Es pertinente además indicar que la dictación del referido decreto administrativo por parte de la Municipalidad de Lautaro, viene a ser el acto cúlmine de un largo proceso administrativo en el cual la Municipalidad, ha comunicado y notificado de forma permanente, oportuna y reiterada a la funcionaria de los continuos rechazos de sus licencias médicas, a fin de que ella pudiera efectuar las apelaciones y procesos administrativos pertinentes. Lo cual queda demostrado mediante los Oficios N.°802 de fecha 14 de septiembre 2022, Oficios N° 936 de fecha 26 octubre de 2022 y Oficio N.°496 de 04 abril de 2024 informando los rechazos de sus licencias médicas.

Por todo lo mencionado es que la decisión adoptada por la Municipalidad de Lautaro, encuentra su fundamento normativo en lo dispuesto en el artículo 63 del decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, el cual aprueba el “Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- e Instituciones de Salud Previsional”, el cual dispone que “en lo atinente, que la devolución de los estipendios indebidamente recibidos por el beneficiario de una licencia médica rechazada es obligatoria, debiendo el empleador adoptar las providencias conducentes al inmediato reintegro de las mismas”.

Por su parte, la Contraloría General de la República, mediante los Dictámenes Nº24.790 del año 2007 y Nº43.790 del año 2015, ha establecido que en los casos de inasistencias al lugar de trabajo producto de licencias médicas, que hayan sido rechazadas o reducidas por las instituciones de salud previsional, procede el respectivo descuento o retención de las remuneraciones que correspondan, puesto que se tratan de ausencias injustificadas a sus labores.

Ahora bien, habiéndose ratificado la decisión de rechazo de las licencias médicas, es que la Municipalidad de Lautaro, se encuentra habilitada para disponer se proceda al descuento correspondiente en las remuneraciones de la recurrente en caso que se acredite que la recurrente no ha reintegrado el monto en el plazo de 30 días.

Respecto de lo dispuesto por la Municipalidad de Lautaro, en el Decreto Adm. Nº3303, es pertinente además mencionar, que el DFL N° 29 de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fijó el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, establece en su artículo 111, que: "Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones.

Sin embargo, si la licencia médica es rechazada o reducida el funcionario que ha percibido indebidamente la remuneración por los días no autorizados comprendidos en la respectiva licencia, es obligado la devolución o reintegro de los dinero mal percibidos por dicho período.

Atendido lo antes mencionado, encontrándose el actuar de la Municipalidad de Lautaro ajustado a su deber de buena administración de los fondos del Estado, la obligación de devolución o reintegro se ajusta plenamente a lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, el cual aprueba el “Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- e Instituciones de Salud Previsional”, el que establece la obligación del empleador de adoptar las providencias conducentes a su inmediato reintegro.

Por lo ates mencionado, encontrándose plenamente vigente la obligación, y que respecto de la misma no existe recurso o reclamo pendiente, es que lo dispuesto por la Municipalidad de Lautaro, es absolutamente ajustado a derecho y en consecuencia no reviste la característica de ser ilegal, arbitrario o improcedente.

I. DE LA EXTEMPORANEIDAD DE LA ACCIÓN DE PROTECCION DE AUTOS.

Que tal como se ha mencionado anteriormente, el acto sobre el cual sustenta la presente acción la recurrente respecto de la Municipalidad de Lautaro correspondería al Decreto Administrativo Nº3303 dictado en fecha 30 de mayo de 2024 y que habría tomado conocimiento de dicho decreto con fecha 08 de julio de 2024. Pero según consta en correo electrónico, que se acompaña, la recurrente tomó conocimiento efectivo mediante correo electrónico, enviado el día 06 de junio de 2024, a su casilla correo reservado, a las 09:34 horas, a través del cual la Encargada de Licencias Médicas del Departamento de Educación le envía en archivo adjunto el propio Decreto Nº3303, señalando el siguiente asunto: “Decreto reintegro”.

Que el efectivo conocimiento de la recurrente es confirmado con correo de respuesta que ella envía a la encargada de licencias médicas, el día 12 de junio del 2024, diciendo: “Estimada junto con saludar, informo a usted que acudí a la superintendencia a informarme del estado de mis licencias y aún no hay pronunciamiento de estás, por lo cual he buscado asesoramiento legal para solucionar esta sustracción. Atte. nombre reservado.

Todo lo cual consta en la siguiente en el siguiente correo electrónico:

Así las cosas, habiéndose interpuesto la presente acción en fecha 30 de julio de 2024, ésta se encontraría totalmente fuera de plazo respecto de esta recurrida.

Dicho lo anterior, y aún para el caso de que se estimare que la Resolución Exenta N° R-01-Ibs-117624-2024 (Suseso) de fecha 25 de julio de 2024, hubiera renovado el pazo a la actora para accionar en contra de la Municipalidad de Lautaro, su parte considera ella se encuentra totalmente ajustada a derecho y justificado en la resolución emitida por las entidades técnicas competentes, resolución que además se encuentra suficientemente fundada.

De la naturaleza del recurso de protección y su improcedencia en la materia de autos.

El recurso de protección es una acción cautelar de emergencia establecida para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales.

Dicho lo anterior, en el caso de marras no se vislumbra cuál ha sido la vulneración efectiva a las garantías constitucionales que alude la actora. Máxime cuando la resolución de rechazo ha sido dictada por los organismos técnicos encargados de conocer de estas materias, dentro de las facultades legales y reglamentarias exclusivas que poseen en este ámbito, resolución que de su sola lectura se puede advertir que cuenta con la fundamentación suficiente, indicando los motivos que se han tenido en cuenta para adoptar la decisión a que se arriba. Que en este sentido ella satisface completamente los requisitos exigidos en el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N 19.880.

En este mismo sentido, no puede entenderse per se transgredida una garantía fundamental, por la sola circunstancia de no estar conforme con una resolución administrativa, fundada precisamente en que los antecedentes aportados por ella misma, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del periodo de reposo que le había sido autorizado, ya que según se indica en la propia resolución no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a la extensión del reposo, y tampoco certifican ingreso a programa de salud mental o alguna evaluación por especialista en psiquiatría de adultos.

Afirma que la resolución pronunciada por el organismo técnico ha sido fundada, y que si bien ésta puede ser contraria a las expectativas que la actora tenía al respecto, ello no constituye una causa procedente para estimar que el pronunciamiento de la misma ha sido arbitrario e ilegal, y en consecuencia el de la Municipalidad de Lautaro, con la Dictación del respectivo Decreto Nº3003 sólo ha actuado motivada por su deber legal de correcta administración de los recursos públicos.

Reitera que respecto de los hechos denunciados en el libelo pretensor, ha quedado demostrado que respecto de ellos no ha existido la vulneración de derechos que se invoca por la recurrente. No se vislumbran tampoco cuáles han sido las garantías constitucionales realmente afectadas con la dictación del decreto administrativo, cuando en realidad ello obedece a un proceso legalmente tramitado ante las instituciones técnicas competentes y en los cuales la actora ha ejercido plenamente sus derechos. Así, la circunstancia de no haberse resuelto conforme a sus propias expectativas no puede significar una transgresión a las garantías que invoca.

Por lo anterior, y siendo esta acción cautelar de emergencia y no encontrándose fundada en antecedentes suficientes que permitan justificar la acción interpuesta, ésta es antojadiza, temeraria e improcedente, no debiendo prosperar.

Solicita tener por evacuado el Informe solicitado a la Municipalidad de Lautaro, con costas a la recurrente.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Decreto Administrativo N°3303 de fecha 30 de mayo del presente año 2024.

2. Cadena de Correos electrónicos de fecha 06 y 12 de junio de 2024 sobre notificación de Decreto de Reintegro. 3. Oficio N°802 de fecha 14 de septiembre 2022 4. Oficio N° 936 de fecha 26 octubre de 2022 5. Oficio N°496 de 04 abril de 2024 6. Mandato Judicial Cecilia Contreras Morales.

A folio 20 informa Diego Montero Quezada, abogado en representación del Fondo Nacional de Salud, FONASA, quien expone:

Doña nombre reservado, C.I. N° RUT reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lautaro, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Comisión Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado), solicitando, en definitiva, que se acoja el recurso de protección y se aprueben las licencias médicas materia del recurso.

Posteriormente, se solicitó a este Servicio informar a su respecto. Así las cosas, teniendo a la vista los antecedentes del caso que obran en poder de esta parte y en cumplimiento de lo ordenado por SS. Ilustrísima, informo al tenor lo siguiente:

En cuanto a la actuación del FONASA, respecto al acto u omisión que se alega arbitrario o ilegal en la especie.

Antes que todo, es del caso aclarar que, en conformidad a nuestro ordenamiento jurídico, corresponde a las COMPIN o a las Isapres, en su caso, la aprobación o rechazo de las licencias médicas y no al FONASA.

Según lo dispuesto en los artículos 16 y 29 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, es la COMPIN quien debe aprobar o rechazar las licencias médicas, en cuanto a los afiliados del FONASA.

Señala el artículo 16 que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Por su parte, el artículo 29, en su inciso primero, refiere que “las Licencias médicas serán autorizadas por la Compin y por la Unidad de Licencias Médicas”.

Ni la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, ni el D.S. N° 3, de 1984, de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN y las instituciones de salud previsional, menciona a FONASA como organismo tramitador ni autorizador de licencias médicas.

En cuanto al pago de los subsidios, compete a las propias COMPIN (función que hoy se encuentra centralizada en la Tesorería de la Subsecretaría de Salud Pública del Minsal, cual es el superior jerárquico de las COMPIN) o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF), según sea que el trabajador esté o no afiliado a estas últimas.

La función de FONASA, en la materia, se limita solamente a la entrega de los recursos financieros para el pago de licencias médicas Curativo Común de sus cotizantes, sea a la Subsecretaría de Seguridad Pública del Minsal o a las CCAF, según sea el caso.

Como se señaló anteriormente, a FONASA no le compete ni la tramitación ni la autorización de las licencias médicas; sino que su función se relaciona expresamente con el disponer de los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, en su caso, cuando la licencia ha sido aprobada por la COMPIN.

En efecto, la COMPIN, es el órgano competente para la tramitación o autorización, en virtud de la facultad explicitada en el DS N° 3, que dispone “para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “nombre reservado”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Atendido a que las licencias médicas fueron rechazadas por el organismo legalmente facultado para ello, no hubo una orden a FONASA para transferir los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, por lo que no se vislumbra de qué forma esta recurrida habría incurrido en una pretendida “ilegalidad o arbitrariedad”, ya que no tiene injerencia en la aprobación o rechazo de una licencia médica.

Más bien, en virtud de lo referido en el artículo 50 del DFL N° 1, de 2005, del Minsal, las funciones de FONASA tienen relación con el financiamiento de las prestaciones y la administración de los recursos del fondo. Dentro de ello, se encuentra el transferir mensualmente los montos de los Subsidios por Incapacidad Laboral a la Subsecretaría de Salud Pública, o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF).

En definitiva, el FONASA no está facultado legalmente para fiscalizar sobre el uso, el origen, ni la causalidad de las licencias médicas de sus cotizantes, así como tampoco puede fiscalizar el pago de los Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL) asociados a éstas, siendo estas atribuciones exclusivas de las COMPIN y de la SUSESO. Así las cosas, este Servicio no tiene antecedente que pueda aportar respecto de la causa que da origen al presente arbitrio.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado.

A folio 23 informa COMPIN ARAUCANÍA, quien señala:

Que, respecto del rechazo de licencias reclamado, se puede informar lo siguiente:

1.- Antecedentes médicos aportados que no justifican reposo. Reposo prolongado para patología:

Comenzó con reposo médico el 21.08.2021, acumulando al 17.08.2024 un total de 1.049 días de licencia médica, de los cuales fueron autorizados los primeros 107 días. Diagnóstico principal: Trastorno mixto ansioso depresivo.

Informe de Resonancia Magnética Columna Lumbar, fechado 01.03.2022, evidencia Espondiloartrosis severa, discopatía protruyente L5-S1, comprime el origen tecal de ambas vainas radiculares S1 descendentes.

Certificado médico, por Dr. nombre reservado, fechado 23.09.2022, que no aporta información relevante respecto a la indicación de reposo por patología de salud mental. No describe sintomatologías, examen mental ni funcionalidad, como puntaje en escala de evaluación de actividad global (EEAG) y no especifica tratamiento indicado ni dosis en uso, así como tampoco refractariedad a esquemas farmacológicos previos ni ajustes farmacológicos recientes. Por todo lo anterior se estimó que el informe aportado no entregó información relevante que justificara el reposo otorgado durante el año 2022.

Informe psicológico, por nombre reservado, fechado 03.10.2022, que no describe sintomatología de gravedad, que pueda explicar lo extenso del reposo, entre marzo y octubre 2022. Sospecha trastorno de estrés postraumático, sin especificar el evento estresor.

Certificado médico, por Dr. nombre reservado, fechado 14.04.2023, informe escueto, menciona síntomas vagos, sin elementos de gravedad. No describe funcionalidad ni puntaje en EEAG. Señala tratamiento en uso, pero no el historial, como refractariedad a tratamientos previos ni ajustes recientes. No informa potencial de recuperabilidad y reintegro laboral.

Certificado médico, por Dr. nombre reservado, fechado 16.02.2024, no aporta información relevante que justifique el extenso reposo acumulado durante la totalidad de los años 2022, 2023 e inicios de 2024.

Informe, por nombre reservado, fechado 26.02.2024, señala ingreso a programa de salud mental en atención primaria de salud. No describe síntomas de gravedad, ni avances en la psicoterapia.

Ingreso a lista de espera de intervenciones quirúrgicas, fechado 23.04.2024, para prótesis de rodilla derecha. No justifica licencias emitidas con diagnóstico de patología psiquiátrica.

De acuerdo con Decreto 7/2013 del Ministerio de Salud, que “Aprueba reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas”, en su artículo 4to, relativo a reposo laboral por patologías mentales, en aquellos casos que se superen los 15 días de reposo y hasta un máximo de 60, las licencias pueden ser emitidas por médico no especialista, pero con consultoría por psiquiatría y presentar un compromiso funcional importante, con puntaje en la escala de evaluación de la actividad global (EEAG) menor a 50 puntos y además, se recomienda contar con informe protocolizado de acuerdo a Guías Clínicas del MINSAL.

Las licencias de la trabajadora no fueron emitidas por médico especialista ni se acredita derivación al mismo o consultoría por psiquiatra. De la documentación que acompaña los recursos de reposición presentados por la trabajadora, no se puede estimar la funcionalidad al momento de la emisión de las licencias y no informan el puntaje en la EEAG, así como tampoco el rol terapéutico del reposo otorgado.

Cabe señalar que, de acuerdo con Decreto 7/2013 del Ministerio de Salud, que “Aprueba reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas”, en su artículo 4to, relativo a reposo laboral por patologías mentales, en aquellos casos que se superen los 60 días de reposo y hasta un máximo de 180, las licencias deben ser emitidas por médico psiquiatra, debe contar con informe de peritaje, síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. Debe existir refractariedad o resistencia al tratamiento. El reposo debe ser indicado por psiquiatra cada 15 días cada vez y cada episodio clínico debe considerar, para la indicación de reposo tratamiento farmacológico, psicoterapia y medidas psicosociales (recomendado terapia cognitivo conductual).

2.- A mayor abundamiento, la Superintendencia de Seguridad Social ha confirmado el rechazo de las licencias reclamadas, realizado por nuestra COMPIN, en las siguientes resoluciones:

Resolución Exenta N° R-01-UME-116208 del 30.08.2022 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-IBS-175630 del 23.12.2022 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-08849 del 20.01.2023 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-UME-10025 del 24.01.2023 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-IBS-39381 del 23.03.2023 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-UME-109545 del 22.08.2023 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-UME-71415 del 02.05.2024 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-IBS-117816 del 25.07.2024 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-IBS-117624 del 25.07.2024 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Por todo lo señalado anteriormente, se estimó que el reposo prescrito por medio de las licencias médicas reclamadas no se encontraba clínicamente justificado ni acredita rol terapéutico con medidas claras orientadas a la recuperación de la salud y el reintegro laboral, basándose en los antecedentes médicos aportados por la trabajadora, por su médico tratante y las normas técnicas vigentes, no habiendo ilegalidad ni arbitrariedad en los actos realizados por esta contraloría médica.

Que, en resumen, queda acreditado en base a lo informado previamente, que la actuación de la nombre reservado no ha sido ni arbitraria ni ilegal, sus resoluciones han sido fundadas de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley N° 19.880, debiendo tenerse presente la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos según lo establecido en su artículo 3°; actuando dentro de sus competencias legales, por lo que en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se solicita se rechace el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, al carecer de fundamentos, por cuanto la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, nombre reservado no ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales que afecten las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que la licencia médica rechazada inicialmente, fue autorizada posteriormente por instrucción de La SUSESO, conforme se ha expuesto.

Se solicita que, en caso de acoger el presente recurso de protección, no se condene en costas a su parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que esta parte ha tenido motivo plausible para litigar.

Se acompañan siguientes antecedentes:

1.- Historial de licencias médicas.

2.- Resoluciones de rechazos por COMPIN 3.- Informe médico.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio. Esta acción cautelar establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad de la presente acción, efectuada por la Ilustre Municipalidad de Lautaro, ésta será desestimada, en atención a que la recurrida no ha acreditado la notificación de los actos administrativos que rechazaron las licencias médicas objeto del presente recurso, de modo que se tendrá como fecha de ésta aquella señalada por la actora TERCERO: Que, haciéndose cargo esta Corte de la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social, realizada por la Superintendencia de Seguridad Social, se rechazará la misma, dado que se deprende de la sola lectura del recurso que los derechos y garantías eventualmente vulnerados no es aquella señalada en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino las comprendidas en los numerales 1, 3 inciso quinto y 24 del artículo 19, por lo que deberá desestimarse dicha defensa CUARTO: Que en la presente causa la actora recurre en contra la nombre reservado, por el rechazo de licencias médicas extendidas por un total de 567 días a contar del 15 de noviembre de 2021 al 17 de junio de 2024. Además, recurre en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL por la dictación de la Resolución Exenta N° 1. R-01-IBS-117624-2024, de fecha 25 de julio de 2024, que rechazó las licencias médicas N°3-65580975-9, N°82428612-4, N°83595876-K, N°84929145-9; 2. R-01-IBS-117816-2024 de fecha 25 de julio de 2024, que rechazó las licencias médicas N°3-77411650-8, N° 89221418-2, N°90443505-8, N°91766685-7, N°93245366-5, N°94843002-9, N°96708050-0, N°98026788-1, N°100055047-3, N°101449423; 3. R-01-UME-71415-2024, de fecha 02 de mayo de 2024, que rechazó las licencias médicas N° RUT reservado, N° 93245366-5, N° 94843002-9, N°96708050-0, N° 98026788-1, N°99130682-K; 4. R-01-IBS-39381-2023, de fecha 23 de marzo de 2023, que confirmó rechazo de licencia médica N°77411650-8; 5. R-01-UME-109545-2023, de fecha 22 de agosto de 2023, que rechaza las licencias médicas N°82428612-4, N°83505876-K, N° 84929145-9. Finalmente recurre en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, por la dictación del Decreto Administrativo N°3303, emitido por el Alcalde en el que se le ordena el reintegro de 18 millones de pesos, por concepto de los fondos que ha percibido por el pago de licencias médicas. Pide se anulen las resoluciones exentas de la SUSESO y de la COMPIN que rechazan las licencias medicas y, por consiguiente se invalide el decreto alcaldicio referido, que estima ilegal y arbitrario, por ser y originarse directa e inmediatamente por causa de la actuación defectuosa de las recurridas. Solicita además que se ordene a estas últimas instituciones, según corresponda, a autorizar las licencias medicas rechazadas o se disponga la realización de una nueva evaluación del caso, se entreguen los fundamentos de la decisión, en línea con la finalidad del subsidio de incapacidad laboral, en relación con su estado de salud y la reincorporación laboral de la recurrente o bien la declaración que Us. Ilma., se sirva efectuar, en igual sentido con costas.

QUINTO: Que la nombre reservado, informando, sostiene que respecto del rechazo de licencias reclamado, los antecedentes médicos aportados no justifican reposo prolongado. Las licencias de la trabajadora no fueron emitidas por médico especialista, ni se acredita derivación al mismo o consultoría por psiquiatra. Por lo anterior, se estimó que el reposo prescrito por medio de las licencias médicas reclamadas no se encontraba clínicamente justificado ni acredita rol terapéutico con medidas claras orientadas a la recuperación de la salud y el reintegro laboral, basándose en los antecedentes médicos aportados por la trabajadora, por su médico tratante y las normas técnicas vigentes. Agrega que la Superintendencia de Seguridad Social, con esos mismos antecedentes, confirmó el rechazo de las licencias reclamadas, realizado por la Compin.

Que, por su parte, la SUSESO señaló en su informe que con la finalidad de resolver la situación de la recurrente, procedió a recabar los antecedentes médicos del caso de la COMPIN respectiva, a saber, el registro histórico de licencias médicas (FONASA) y la cartola medica del Servicio de Salud y estudió los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado, en varias oportunidades, realizando un análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes tenidos a la, vista ya citados, los cuales fueron ponderados por médicos especialistas con aplicación estricta de los parámetros y procedimientos establecidos para resolver este caso en relación al resto de las situaciones que se resuelven ante dicha Institución Fiscalizadora, utilizando sustentos facticos, clínicos y jurídicos, lo que permitió arribar a la conclusión que el reposo médico prescrito por la licencia médica objeto del recurso era injustificado.

Que, por su parte, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, en su informe, asevera que la dictación del Decreto N° 3303, de 30 de mayo de 2024, que ordenó el reintegro de los fondos indebidamente percibidos por concepto de licencias médicas que le fueron rechazadas por la Compin y la Suseso, no es una decisión antojadiza ni mucho menos ilegal, sino que el resultado del estudio y ponderación de la totalidad de antecedentes que fueron proporcionados por la recurrente a la autoridad técnica competente, decisiones que se encuentran suficientemente fundadas, con criterios normativos y jurisprudenciales que la complementan y sustentan.

SEXTO: Que, los antecedentes analizados y documentación acompañada tanto por la recurrente como por los recurridos, no se visualiza la existencia de una conducta, acción u omisión, ilegal o arbitraria que haya causado una afectación expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados por la Constitución y a los cuales se ha hecho referencia en el presente recurso. La actuación de las recurridas no puede calificarse como un comportamiento antijurídico o arbitrario, y que cause agravio a las garantías constitucionales que reclama la recurrente, toda vez que ellas aparecen suficientemente fundadas en antecedentes médicos y técnicos y, además, respaldada por la abundante normativa legal vigente sobre la materia, citada por las partes, que faculta a las recurridas a proceder de la forma en que actuaron.

Por tales razonamientos y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Lautaro, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez nombre reservado y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Redacción del abogado integrante Fernando Cartes Sepúlveda.

Regístrese y archívese.

N°Protección-5399-2024 (pvb).