Protección contra Prefectura de Carabineros Santiago Central

C.A. de Temuco Temuco, doce de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO:

A folio N°1 comparece nombre reservado, Ex Carabinero, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección de la Dirección General de Carabineros, representada por su General Director don nombre reservado, y en contra de la Prefectura de Carabineros Santiago Central, representada por el Coronel nombre reservado A. nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, o contra quien lo subrogue o ejerza el cargo en calidad de titular, por considerar que ha incurrido en una actuación ilegal y arbitraria consistente en ordenar la ejecución de “LA BAJA POR CONDUCTA MALA Y CON EFECTOS INMEDIATOS”, según consta en la Resolución Exenta N° 14 de fecha 05 de julio de 2024, de la Prefectura Santiago Central, notificada a su representado con fecha 28 de diciembre, todo lo cual el recurrido ha privado, sus derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 Nº 2, y 19 Nº 24, de la Constitución Política de la República.

Indica que ingresó a la institución el 06 de enero del año 2020, contando a la fecha de la propuesta de la baja de las filas de la Institución con 04 años de servicios efectivos, realizado a lo largo de mi trayectoria servicios policiales de guardia, población y servicios extraordinarios dispuestos por mi mando directo en la 3° Comisaría Santiago Central.

Explica que desde su ingreso a Carabineros de Chile, ha cumplido con todos los aspectos profesionales para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y normativas reglamentarias institucionales, atendiendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y a la comunidad toda, manteniendo siempre un irrestricto apego al régimen disciplinario que rige a la Institución; como también, a los principios éticos, morales y valóricos que deben adornar a cada Carabinero, manteniendo un constante espíritu de superación que lo ha llevado a seguir estudiando y perfeccionándose, de manera continua y permanente, tanto en el área profesional como de cultura general.

Refiere que el motivo de la “Baja Inmediata por Conducta Mala”, según la Resolución Exenta N° 14 de fecha 05 de julio de 2024, de la Prefectura Santiago Central, obedece a que: “El día 04.07.2024, en calidad ranco y vistiendo de civil, alrededor de las 05:30 horas, luego de haber estado compartiendo en el domicilio del Sargento 2° nombre reservado, ubicado en la comuna de Cerro Navia, tomó la determinación de retirarse del inmueble, pero antes, le solicitó al Sargento 2° nombre reservado, ubicado en la comuna de Cerro Navia, tomó la determinación de retirarse del inmueble, pero antes le solicitó al Sargento 2° Conejeros las llaves de su automóvil particular marca Mazda, modelo 3, color rojo, placa patente única JTPK-76, con la finalidad de dirigirse a la 3° Comisaría Santiago, en compañía del Cabo 2° nombre reservado, quién lo hacía como copiloto, y durante el trayecto hacia la unidad policial, pierde el control del móvil lo cual provocó un accidente de tránsito con resultado de daños de consideración en domicilio reservado. Acto seguido, el Carabinero nombre reservado, al observar lo acontecido, huye del lugar en dirección desconocida, sin haber informado al personal de servicio en la población, como tampoco, informó por cualquier medio al Comisario de servicio de la unidad, muy por el contrario, abandonó el lugar, dejando el vehículo abandonado, hechos de carácter graves, que atentas el prestigio institucional, y la probidad administrativa, lo que en definitiva determina, que su permanencia en las filas de la Institución no es conveniente.”

Sostiene que el motivo invocado por la recurrida, para expulsar al suscrito de las filas de Carabineros de Chile, se encuentra carente tanto de sustento como del mínimo mérito probatorio para adoptar la medida disciplinaria más severa de todas aquellas que establece la reglamentación interna de Carabineros de Chile para su personal de nombramiento institucional (P.N.I.), como lo es la BAJA CON EFECTOS INMEDIATOS, POR CONDUCTA MALA (artículo 25, Numeral 9, Reglamento de Disciplina de Carabineros N°11, norma institucional invocada en el considerando 5 de la mencionada Resolución), toda vez que Prefecto de la Prefectura de Carabineros Santiago Central, Coronel nombre reservado A. nombre reservado, no fue quien presenció u observó la supuesta falta al régimen disciplinario que se me atribuye, como tampoco existió, por parte del suscrito, alguna confesión o reconocimiento culpable del hecho, tal como lo dispone el artículo 12 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, sino que, únicamente, se basó para disponer su baja inmediata, en lo siguiente:

· El documento Electrónico N.C.U 209937436 de fecha 04.07.2024, por parte de la Prefectura Occidente, por medio del cual informa respecto a procedimiento policial que involucra al Carabinero nombre reservado.

· En segundo lugar, sólo considera las declaraciones del personal policial, dentro de las cuales se encuentra la del suscrito, pero en ningún caso, dichas declaraciones hablan de algún reconocimiento o confesión del recurrente que pudieran, siquiera, aportar indicios o presumir que, deliberadamente, cometió un hecho delictual.

· Estas razones no fueron consideradas por la autoridad de Carabineros recurrida y sólo considerando, sesgadamente, lo individualizado con anterioridad, decidió, derechamente, resolver su propuesta de BAJA POR CONDUCTA MALA del recurrente, pero sin siquiera ponderar la exigua evidencia y sin realizar un análisis objetivo, imparcial y fundado de los escasos antecedentes recopilados hasta ese momento que, a lo menos, exigía que los hechos fueran previamente esclarecidos por medio de un proceso investigativo o sumarial que entregara mayores garantías a todos los involucrados y que, a lo menos, respetara el “Principio de Presunción de Inocencia” y “Debido Proceso”, sucumbiendo, de igual forma, la autoridad policial recurrida a los comentarios desinformados de terceras personas sobre el hecho para, de esta forma, desmarcarse rápidamente, del supuesto problema que acarrearía la permanencia del suscrito, siendo lo más fácil disponer de su inmediata eliminación para evitar mayores cuestionamiento.

Refiere que todos estos factores o circunstancias no reflexionadas por la autoridad policial recurrida, claramente justificaban, por experiencia policial, criterio, sentido común y lógica, la decisión adoptada por el recurrente, entendiendo entonces que no existe fundamento alguno, sea fáctico y/o jurídico para disponer la citada medida disciplinaria en contra de mi persona, considerándose ésta por ahora improcedente o, a lo menos, desproporcionada, mientras no se cuente con una conclusión fundada y contundente sobre la participación y responsabilidad disciplinaria del suscrito, arribada al término de un proceso investigativo debidamente reglado, como debería ser un “Sumario Administrativo”, tal cual lo exige el artículo 5, letras c) y d) del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15, cuando se traten de hechos graves que no estén plenamente establecidos…, lo que no se observó en la especie por parte de la recurrida.

El ente recurrido no ha dado cumplimiento a la actuación establecida en el inciso 2° del artículo 12 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N°11, que impone la obligación de instruir una investigación “antes” de sancionar, cuando las faltas que se imputan no se adviertan de manera indubitada, o bien, cuando el inculpado no confiese su responsabilidad, según se desprende de la siguiente transcripción: “Las faltas que no se adviertan de manera indubitada, o bien, que el inculpado no confiese su responsabilidad, deberán ser esclarecidas a través de una investigación, la que se someterá, en lo pertinente, a las normas contenidas en el Reglamento de Sumarios Administrativos, constando su declaración indagatoria por escrito, como sus descargos y recursos.”; actuación formal (instrucción previa de una investigación o sumario) que no fue observada por la recurrida, incluso frente a la insuficiente evidencia recogida, de igual manera, la recurrida decidió la baja inmediata por conducta pese a que nunca existió reconocimiento y/o confesión de su parte en las supuestas faltas que se le atribuyen y, lo que es más cuestionable aún, sin haberse dispuesto e instruido previamente, un proceso administrativo de carácter investigativo para establecer, en forma objetiva e imparcial, la existencia de responsabilidad administrativa de los Carabineros involucrados, lo que tiene su correspondencia en el artículo 19 N°3, inciso 6° de la Constitución Política de la República, pero que en este caso no se acató, porque sin esperar el resultado de un proceso investigativo interno, se resolvió de inmediato su baja de las filas de Carabineros por Conducta Mala, pese a que no existía ninguna evidencia o insumo probatorio para apoyar tan drástica sanción en mi contra.

Destaca que la resolución de baja es dictada antes de iniciar el sumario administrativo, desafortunadamente, como ya se ha dicho, no tiene sustento probatorio ni fundamento alguno, porque no existen antecedentes y actuaciones recopiladas formal y objetivamente por un Fiscal que abarque todas las aristas e interrogantes que quedaron sin respuesta, ni tampoco explicó, ponderó ni razonó, la recurrida, su decisión disciplinaria y, en consecuencia, debemos preguntarnos si es lógico que el procedimiento administrativo comience al revés, es decir, que primero se resuelva la medida disciplinaria sin derecho a impugnación alguna y con severas consecuencias jurídicas (como es la desvinculación y la privación permanente de mis emolumentos) y posteriormente, se tenga que instruir un proceso investigativo interno (lo que aún ni siquiera se tiene certeza si se dispuso o no), porque tal procedimiento (baja inmediata) que se me aplicó, aunque pudiera estar establecido genéricamente en el artículo 127 N°4 penúltimo inciso, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N°8, claramente es contrario a la norma constitucional sobre el debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3, inciso 6°, de la Constitución Política de la República de Chile que establece: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.”, pero en la especie no existió proceso previo legalmente tramitado – como dice la norma de rango constitucional – ni tampoco existe ley que regule, concretamente, la imposición de la medida disciplinaria de baja inmediata de las filas de Carabineros en la forma que me fuera impuesta, entregando su regulación, únicamente, a una norma de carácter administrativo y de menor jerarquía a la de una ley, esto es, al exiguo artículo 127 N°4, penúltimo inciso, del Reglamento N°8, que literalmente señala: “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por "conducta mala", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en lacual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.”

Relata que el propio artículo 127 N°4 penúltimo inciso del Reglamento N°8 exige que la falta administrativa que justifique la baja inmediata, ya dio origen a un Sumario Administrativo o Investigación, es decir, debería haberse iniciado el sumario o investigación al instante en que se resuelva la baja inmediata y, lo que es más trascendente aún, se exige como requisito que el inculpado confiese su responsabilidad, lo que no se ha producido en este caso, o bien, que la responsabilidad disciplinaria se haga evidente, presupuesto que tampoco se ha verificado en el caso de marras.

Por ello considera que no se daban los requisitos para aplicar derechamente el artículo 127 N°4 penúltimo inciso del reglamento N°8 (Baja por Conducta Mala con Efectos Inmediatos) sin, a lo menos, realizar un proceso investigativo previo, objetivo e imparcial que demuestre la existencia de conductas contrarias al régimen disciplinario, a las normas legales o al orden público, ya que al no cumplirse con esta exigencia que ampara “el debido proceso” (sumario o investigación previos), la desvinculación inmediata constituiría una decisión arbitraria y contraria a las normas y al principio de igualdad ante la ley que el ordenamiento jurídico consagra no solo a favor de toda persona, sino que de todos los demás funcionarios públicos, ya que es del todo conocido que antes de resolver la desvinculación del personal de la administración pública (según arts. 121, 126 inc. 6°, 127, 128, 129 y 136 de la Ley 18.834 Estatuto Administrativo DFL 29), primeramente, se debe instruir el proceso administrativo/sumario y luego que se agotan todas y cada una de las instancias y los recursos respectivos que procedan (queda a firme la decisión), recién produce el efecto perseguido y debe cumplirse con el acto administrativo de término (cuestión que no ha ocurrido en el caso que afecta al recurrente).

Expone que, además, la autoridad policial recurrida, en la parte resolutiva de la Resolución Exenta N° 14 de fecha 05 de julio de 2024, de la Prefectura Santiago Central, asevera y argumenta que los hechos que me involucran, (lo expresa textualmente) “su permanencia en las filas de la institución no es conveniente”, y por consiguiente, hacen procedente la aplicación de la medida disciplinaria consistente en la Baja por Conducta Mala, con Efectos Inmediatos, haciendo presente que la evaluación de los antecedentes y la calificación de mayor o menor gravedad de una falta que origina la aplicación de una medida disciplinaria como la antes referida, queda entregada a la autoridad competente, en este caso, al Prefecto que suscribe. Pero, lamentablemente, no se explican ¿Cuáles son esos parámetros de gravedad o importancia que presentan los hechos y que me vinculan como inculpado y/o cómo llega a esa convicción?, observando una “desproporción” infundada e injustificada entre el hecho que se la atribuye participación al recurrente de protección y la severa medida de baja aplicada, careciendo el acto de motivación o incluso del mínimo razonamiento para sostener la decisión administrativa ya citada, pero por sobre todo, la autoridad de Carabineros recurrida se arroga facultades jurisdiccionales que no posee y que son propias del Poder Judicial, calificando los hechos como “delito” sin contar, al menos, con una sentencia condenatoria a firme o ejecutoriada que así lo afirme, otorgando una calificación jurídica a los hechos que aún ni siquiera los tribunales de justicia han fijado hasta ahora. Todo lo anterior atenta, directamente, en contra de los derechos procesales que nutren el debido proceso administrativo (Art. 19 N°3 inciso 6° de la C.P.R.), como lo son, el “Principio de Imparcialidad” (Art. 11 de la Ley 19.880); “Principio de Abstención o falta de Competencia” (Art. 76 de la C.P.R.); “Principios de Objetividad” entre otros y contraviene el derecho a la defensa jurídica que me asiste, como parte inculpada en el proceso administrativo de Carabineros.

Observa una desproporción en la medida disciplinaria adoptada por la recurrida, porque: 1) ha tomado en cuenta para aplicarla una calificación jurídica de delito aún inexistente; 2) no consta sentencia condenatoria alguna hasta la fecha que se refiera a los hechos, materia de la medida expulsiva, no obstante existir una denuncia previa a la fecha de dictación de la resolución de baja, lo que no es suficiente para tener por verificado un delito (facultad propia e inherente de nuestros Tribunales) por cuanto el artículo 76 de la Constitución Política de la República proscribe la intromisión de la administración del Estado y de cualquier otro órgano en el conocimiento de los asuntos civiles o penales, al establecer expresamente: “La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, compete exclusivamente a los tribunales establecidos por ley”.

A su juicio, la parte recurrida ha transgredido la Presunción de inocencia: artículo 19 N°3 inciso 5º de nuestra Carta Magna, por el cual “Se prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal”. Esto quiere decir que la inocencia se presume, por tratarse de un principio de aplicación transversal en nuestro ordenamiento jurídico, siendo sólo posible desvirtuar dicha presunción por medio de un juicio previo tramitado en conformidad a la ley y en observancias a las garantías en que ellas se amparan. Por tanto y dicho lo anterior, el suscrito fue objeto de un acto administrativo en el cual, su responsabilidad, fue resuelta a “priori” y se desprende, claramente, que la responsabilidad fue presumida de derecho o, más bien, por el mero parecer de la autoridad que lo sanciona.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Sostiene que una destitución debe ser independiente y objetiva, similar a otros procesos de remoción que existen para otros miembros de organismos estatales independientes. En este caso, he recibido un trato diferenciado, de manera ilegal y arbitraria, vulnerándose, así, de manera abierta y manifiesta, la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y en diversos tratados internacionales.

Afirma que la Resolución Exenta N° 14 de fecha 05 de julio de 2024 vulnera la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República ya que no hay un fundamento real, imparcial y objetivo para atribuirme responsabilidad administrativa, incluso considerando la exigua evidencia (solo declaraciones del personal policial que ni siquiera aportan antecedentes en su contra), por lo tanto, estimo que no se me consideró el derecho a defensa y menos debido proceso, porque se tiene por probados hechos, catalogados de delito por la recurrida, que origina clara incertidumbre sobre la forma en que acontecieron y sobre la participación del recurrente, toda vez que la propia jurisprudencia señala que las resoluciones de los organismos públicos tienen que ser fundamentados, tal como lo establece los artículos 11 y 41 de la ley N° 19.880.

Señala que existe falta de igualdad, ya que en la Resolución Exenta que dispone mi baja inmediata, no hay un fundamento real, imparcial y objetivo para atribuirme responsabilidad administrativa, incluso considerando la exigua evidencia (solo declaraciones del personal policial que ni siquiera aportan antecedentes en su contra), por lo tanto, estimo que no se me consideró el derecho a defensa y menos debido proceso, porque se tiene por probados hechos, catalogados de delito por la recurrida, que origina clara incertidumbre sobre la forma en que acontecieron y sobre la participación del recurrente, toda vez que la propia jurisprudencia señala que las resoluciones de los organismos públicos tienen que ser fundamentados, tal como lo establece los artículos 11 y 41 de la ley N° 19.880.

Alega que se vulnera su derecho a la honra contemplado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República puesto que la ya mencionada Resolución Exenta, dispone la Baja Inmediata del recurrente con nota de Conducta Mala, y mientras se mantenga sin movimiento alguno el sumario administrativo producto de la suspensión que provoca el artículo 84 ter de la Ley 18.961, entonces persiste en forma indefinida la nefasta calificación de conducta fijada por la recurrida en el acto administrativo catalogándola como “mala”, lo que se mantendría en la incertidumbre al recurrente, sin poder rehacer su vida laboral, familiar y personal, porque todo su grupo de cercanos y redes de amigos y conocidos, saben que fue dado de baja por conducta mala, sin poder aportar aún antecedentes en el sumario que puedan probar lo contrario (pese a que le favorece supuestamente la presunción de inocencia), porque el proceso administrativo se encontraría suspendido en forma indefinida, porque ahora depende de la conclusión del proceso penal que se haya iniciado a raíz de la denuncia, lo que implicaría tiempos de demora indeterminados, y causan un perjuicio enorme a la fama, imagen, dignidad y honra del recurrente, quien además de ser conocido ahora en su entorno por haber sido dado de baja forzosamente por conducta mala, condición que no sabe por cuánto tiempo durará; tampoco la resolución de baja le permite presentarse como un buen prospecto laboral ante una empresa pública o privada, porque todos piden referencias y cuando se trata de ex Carabineros, solicitan o la resolución de retiro o un certificado de nota de conducta, y con la actual Resolución Exenta, que ha sido ya presentada en lugares que ofrecen trabajo, no se le ha permitido ingresar a ningún trabajo de exigencia media, ya sea como guardia, vigilante, transportista, asistente, ejecutivo de ventas, digitador, etc., porque le pesa la denostadora fama que se ganó en la resolución de baja, y la forma en que fue desvinculado de Carabineros, como también, la calificación de conducta mala que fuera fijada sin razón por la recurrida, lo que ha echado por tierra toda una trayectoria de servicio público, ahora se le tilda de funcionario que ha perdido sus condiciones profesionales y morales, y nadie quiere contratar a un ex funcionario con este perfil, situación del todo desfavorable y perjudicial para su honorabilidad y dignidad, porque debe demostrar a los demás que existe un sumario administrativo en el cual podrá probar su inocencia, pero como se puede hacer aquello si hasta el sumario administrativo se encuentra paralizado indefinidamente a raíz de la suspensión del procedimiento disciplinario.

Expresa que se afecta también su derecho a la libertad de trabajo del artículo 19 N°16 inciso 2° de la Constitución Política de la República debido a que se le privó al recurrente de su única fuente y/o actividad laboral que contaba y, consecuencialmente, de todos los derechos previsionales y remuneratorios propios del cargo que él, en forma voluntaria, eligió libremente desempeñar y que, por un capricho de la recurrida, que sin mediar a lo menos un proceso investigativo previo, decidió truncar sin fundamento, al resolver su baja con efectos inmediatos, sin contar con el insumo probatorio mínimo para resolver tan severa sanción; catalogando, sin explicación o fundamento alguno de Grave.

Pide tener por deducido recurso de protección en contra de la de la Dirección General de Carabineros, representada por su General Director don nombre reservado, y en contra de la Prefectura de Carabineros Santiago Central, representada por el Coronel nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, o contra quien lo subrogue o ejerza el cargo en calidad de titular; por y con ocasión de los actos ilegales y/o arbitrarios emanados de parte de dichas alta Repartición y Reparticiones de Carabineros de Chile, específicamente el acto administrativo contenido en la Resolución Exenta N° 14 de fecha 05 de julio de 2024, de la Prefectura Santiago Central, por orden del Prefecto de dicha Repartición, Coronel nombre reservado, por medio de la cual se dispone la Baja de las Filas de la Institución por conducta mala y con efectos inmediatos.

Acompaña junto a su recurso Resolución Exenta N° 14 de fecha 05 de julio de 2024.- A folio N°10 evacua informe la recurrida Prefectura Santiago Central de Carabineros de Chile señalando lo siguiente:

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN.

Ejerce la acción constitucional el Ex Carabinero nombre reservado, quien fuera de dotación de la 3ra. Comisaría Santiago, dependiente de la Prefectura Santiago Central, por supuesto acto Ilegal y arbitrarlo al dictarse por el nombre reservado de esta Repartición, nombre reservado, la Resolución Exenta N ° 14, de fecha 05.07.2024, mediante la cual se dispuso la medida administrativa de baja por conducta mala con efectos Inmediatos del ex funcionarlo, de la cual fue notificado por carta certificada, despachada por Correos de Chile, con fecha 09 de julio de 2024.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROCESO ADMINISTRATIVO.

En relación al Ex Carabinero nombre reservado, quien fuera de dotación de la 3.a Comisaría Santiago, dependiente de la Prefectura Santiago Central, fue dispuesta su "Baja de las Filas de la Institución con Efecto Inmediato por Conducta Mala" a través de la Resolución Exenta N.° 14, de fecha 05 de julio de 2024, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 N.° 4, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N.° 8, en los términos que se Indican a continuación:

a) Según se expresó en la letra a) de la parte resolutiva de la Resolución Exenta ya citada, su baja tuvo lugar por lo siguiente:

"Porque el día 04.07.2024, en calidad de franco y vistiendo de civil, alrededor de las 05:30 horas, luego de haber estado compartiendo en el domicilio del Sargento 2o nombre reservado, ubicado en la comuna de Cerro Navia, tomó la determinación de retirarse del inmueble, pero antes, le solicitó al Sargento 2o Conejeros las llaves de su automóvil particular marca Mazda, modelo 3, color rojo, placa patente única JTPK-76, con la finalidad de dirigirse a la 3a Comisaría Santiago, en compañía del Cabo 2o nombre reservado, quién lo hacía como copiloto, y durante el trayecto hacia la Unidad Policial, pierde el control del móvil lo cual provocó un accidente de tránsito con resultado de daños de consideración en domicilio reservado. Acto seguido, el Carabinero nombre reservado, al observar lo acontecido, huye del lugar en dirección desconocida, sin haber informado al personal de servicio en la población, como tampoco, informó por cualquier medio al Comisario de servicio de la Unidad, muy por el contrario, abandonó el lugar, dejando el vehículo abandonado, hechos de carácter graves, que atentan el prestigio Institucional, y la probidad administrativa, lo que en definitiva determina, que su permanencia en las filas de la Institución no es conveniente.

Con lo anterior, el Carabinero nombre reservado, infringió la falta tipificada en el artículo 22° N° 1 letra d) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11 "observar conducta impropia para con la familia o en otros actos de la vida social o privada y que trasciendan a terceros", porque en calidad de franco y vistiendo de civil, conduce el vehículo particular de propiedad del Sargento 2o nombre reservado, placa patente única JTPK-76, y durante el trayecto hacia la 3a Comisaría Santiago, provocó un accidente de tránsito, para luego huir del lugar en dirección desconocida. N° 3, letra d) "La omisión de dar cuenta de los hechos que, por razones funcionarías, corresponda a los subalternos informar a los superiores, o hacerlo con retraso perjudicial o falta de veracidad" porque después de haber participado en un accidente de tránsito como conductor, no informó a personal de servicio, como tampoco, al Comisario de servicio de la Unidad, muy por el contrario, al observar lo acontecido huye del lugar en dirección desconocida, dejando el vehículo abandonado. Concurriendo en su contra las circunstancias agravantes del artículo 33, letra f) "Importar la falta un descrédito o desprestigio a la Institución", por cuanto, en su condición de funcionario de Carabineros, no informó bajo ningún medio, al personal de servicio ni al Mando de Unidad, del accidente de tránsito que participó como conductor, muy por el contrario huye del lugar, antecedentes que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Local respectiva, favoreciéndole la circunstancia atenuante de la letra a) del mismo articulado y texto reglamentario". (SIC).

b) La resolución antes reseñada fue notificada al Ex Carabinero nombre reservado por carta certificada, despachada por intermedio de Correos de Chile, con fecha 09 de julio de 2024.- c) En dicha Resolución Exenta, letra B) se determinó que el recurrente nombre reservado, no tiene derecho a pensión de retiro, indemnización de desahucio, ni al beneficio del artículo 75 del DFL (I) N°2, de 1968, por no acreditar el tiempo válido para impetrarlo, no obstante, SÍ a la devolución de las imposiciones correspondientes al Fondo de Desahucio, por tener el señalado ex funcionario, más de tres (3) años de servicios, además, a la devolución de los aportes que mantenga tanto en la Sección de Fondo de Ahorro Habitacional del Departamento B2, como igualmente en el Departamento Acción Social B.3.

d) Igualmente, en la parte resolutiva, letra C), de la misma Resolución Exenta N.° 14, se precisa que no se le fijará NOTA DE CONDUCTA hasta el término del Sumario Administrativo que será instruido por la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Santiago Occidente, en conformidad al inciso 5o, N° 4, del artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8.- e)

Finalmente se precisa en la letra E) de la misma Resolución Exenta N° 14, que la presente Baja de las Filas de la Institución con Efectos Inmediatos y por Conducta Mala, tiene el carácter de condicional y se encuentra sujeta al resultado final del Sumario Administrativo, en cuya virtud le asistirá el derecho a ejercer las instancias de impugnación a partir de la notificación de la Vista Fiscal, en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15.

DERECHO APLICABLE A LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE AFECTA AL RECURRENTE.

En primer lugar, conviene precisar que el artículo 1.° inciso 4.° de la Ley N.° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, dispone que "derivado de las particulares exigencias que imponen la función policial y la carrera profesional, los organismos y el personal que las desarrollan, así como sus institutos de formación profesional, se ajustarán a normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas que se establecen en esta ley y en la legislación respectiva".

En tal sentido, el personal de Carabineros de Chile se sujeta a un sistema disciplinario especial, según se desprende de lo establecido en el artículo 44 bis de la Ley N.° 18.961, de acuerdo al cual " El personal de Carabineros de Chile deberá dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, consistente en observar una conducta funcionaría intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su infracción hará incurrir en responsabilidad administrativa y traerá consigo las sanciones que determine el Reglamento de Disciplina y de Sumarios Administrativos.

En el ámbito interno, los procedimientos administrativos disciplinarios se encuentran regulados principalmente en el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N.° 15, y en el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N.° 11, y en ellos se establecen, entre otros aspectos de interés, la oportunidad en que el funcionario inculpado puede hacer valer sus alegaciones, sus defensas y los recursos de que puede hacer uso.

En lo concerniente a las medidas disciplinarias que pueden aplicarse a los funcionarios de Carabineros de Chile, éstas se encuentran previstas en el artículo 23 del citado Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N.° 11, que distingue entre aquellas que pueden afectar al personal de nombramiento supremo (PNS) y aquellas del personal de nombramiento institucional (PNI). Respecto de estos últimos, el artículo 23 N.° 2) letra e) contempla la medida administrativa de baja por conducta mala.

Por su parte, el artículo 25 N.° 9) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N.° 11, dispone que la baja con efectos inmediatos por conducta mala se aplicará de acuerdo con lo prescrito en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N.° 8.

A su turno, el artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N.° 8, dispone que el personal de nombramiento institucional puede ser eliminado de la Institución por ciertas determinadas causales, dentro de las cuales su N.° 4 prevé la "Conducta Mala", expresada de la siguiente manera: "4) Por conducta mala: Establecida en Sumario Administrativo o por Investigación Simple pora Ig una de las siguientes causales:

"a) Por la comisión de faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen gravemente la moralidad funcionaría o el prestigio de la Institución, el sistema jerárquico o disciplinario, que lo hagan merecedor de esta medida, y b) Por asistirle responsabilidad en crímenes o simples delitos de la jurisdicción militar u ordinaria, establecida en sentencia ejecutoriada".

En su inciso sigílente, la norma agrega que estas causales autorizarán la aplicación de la medida administrativa de baja prevista en el N.° 9 del artículo 25 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N.° 11.- Pues bien, la regla general es que la desvlnculaclón de un funcionarlo de Carabineros de Chile, en razón de faltas disciplinarias, se produzca luego de Instruirse un sumarlo administrativo. Con todo, en la reglamentación Institucional existe, de manera excepcional, la posibilidad de desvincular a un funcionarlo con efectos inmediatos, y luego proceder con el respectivo procedimiento administrativo disciplinarlo.

En efecto, el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N.° 8, dispone en su artículo 127 N.° 4, que «cuando la comisión de una falta que dé origen a un sumario administrativo o investigación fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución y el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del sumario podrá eliminarlo de inmediato por "conducta mala", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del sumario o investigación».

No obstante, lo anterior, el Inciso final del aludido artículo 127 N.° 4 establece que, si un funcionario fue dado de baja en forma inmediata, pero al término del sumarlo administrativo o Investigación se le aplica una medida disciplinarla que no importe necesariamente su eliminación, aquel será reintegrado en el grado que tenia antes de abandonar Carabineros, determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución.

Luego, tal como se sigue del tenor literal del artículo 127 N.° 4 Incisos penúltimo y final del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N.° 8, la medida de que se trata no es definitiva, sino que ella queda sujeta al resultado del proceso administrativo, el que una vez firme, produce la consolidación de los efectos que se produjeron desde la notificación de esa baja con efectos Inmediatos.

Otros aspectos administrativos de la baja con efectos Inmediatos se regulan Igualmente en la Circular N.° 1847 de la Subdirección General de Carabineros, de fecha 22.05.2020, sobre "Toma de razón de resoluciones de término de procesos disciplinarios con sanciones expulsivas; liberación del servicio, y aplicación de medidas administrativas".

Así, en la letra a) del título pertinente dedicado a la medida administrativa de que se trata, se establece que «la resolución que dispone la mencionada medida está exenta del trámite de toma de razón. En virtud de ella, el inculpado queda desvinculado de las filas de la institución a contar de las 00:00 horas del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio del derecho que le asiste a interponer los recursos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15».

En este último sentido, y tal como lo dispone el ya aludido artículo 127 N.° 4 inciso final, podría darse el caso que una vez instruido el sumario administrativo y de acuerdo al mérito de éste, un funcionario que fue dado de baja con efectos inmediatos tuviere que ser reintegrado a las filas de la Institución, lo cual implica que ello deba ocurrir con todos sus derechos y beneficios legales y reglamentarios, por lo cual se le deberán pagar las remuneraciones devengadas durante el tiempo intermedio que duró el procedimiento disciplinario.

La medida antes descrita, que permite la desvinculación del recurrente antes del término del respectivo sumario administrativo, ha sido expresa y consistentemente reconocida por la Contraloría General de la República mediante su jurisprudencia administrativa. Así, por ejemplo, en su dictamen N.° 16.569 de 2019, el Órgano Contralor expresó que "al concurrir los supuestos indicados, la respectiva autoridad policial puede disponer el alejamiento de un empleado, medida que, en todo caso, tiene el carácter de condicional, pues se encuentra sujeta al resultado de la investigación que debe incoarse, tal como se precisó en los dictámenes Nos 13.215, de 2010y 60.084, de 2012, de este origen, entre otros".

Además, respecto de la aplicación de la medida disciplinaria examinada, resulta pertinente hacer presente que en conformidad con lo manifestado por el Órgano Contralor, entre otros, mediante dictamen N.° 2446 de 2004, la evaluación de los antecedentes y la calificación de la mayor o menor gravedad de la falta cometida que da lugar al licénciamiento con efectos inmediatos, queda entregada a la autoridad competente de Carabineros de Chile, debiendo el interesado presentar las alegaciones que estime conducentes en el respectivo proceso disciplinario.

Como es dable concluir, la normativa citada habilitaba al Jefe Subrogante de esta Prefectura Santiago Central para aplicar la medida de eliminación en fecha inmediata, esto es, luego de notificada la resolución que así lo dispuso, y previo al término del sumario administrativo que corresponde instruir en conformidad al artículo 3.° del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros, N.° 15.

Por consiguiente, si tal medida disciplinaria significa la eliminación de un funcionario de la Institución, ello implica que aquel no deba seguir percibiendo sus remuneraciones, puesto que ya no cumple labores, cuestión esta última que ocurre no simplemente porque haya sido liberado del servicio, como lo sería si se le otorgara una licencia médica, manteniendo en este caso su calidad de funcionario, sino por el contrario, porque a su respecto ha operado una medida administrativa de carácter expulsiva.

La improcedencia de continuar pagando en el futuro las remuneraciones de aquellos funcionarios a quienes se les ha aplicado la medida de baja con efectos inmediatos ha sido respaldada por los tribunales superiores de justicia.

En efecto, sin perjuicio del efecto relativo de las sentencias, se puede citar a modo ejemplar la definitiva dictada por la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en el recurso de protección rol N.° 124.997-2016, oportunidad en la que sostuvo que "las circunstancias que se suspenda el pago de sus remuneraciones (...) es una consecuencia de dicha decisión (baja inmediata), que se ha fundado en hechos imputables al propio recurrente, y que nada obsta a que una vez concluido el referido sumario, si la medida no es mantenida (...) pueda percibir nuevamente su remuneración, con efecto retroactivo (.../'.

De otra parte, el artículo 33 inciso 1o de la Ley N.° 18.961, dispone que "el personal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que correspondan".

Luego, si el funcionario es desvinculado de la Institución por aplicación de la medida disciplinaria de baja con efectos inmediatos, no puede entonces cumplir las labores propias del cargo o función, por lo que no resulta pertinente que se le paguen remuneraciones.

Sin embargo, es útil reiterar que, si el procedimiento administrativo que se ordenó instruir a raiz de los hechos que dieron origen a la baja inmediata, finaliza con la exoneración del implicado, o bien, con la aplicación de una medida disciplinaria menos gravosa, se procederá a su reincorporación y al pago de las remuneraciones que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado de la Institución, según corresponda.

ACCIÓN DE LATO CONOCIMIENTO. AUSENCIA DE DERECHO INDUBITADO.

Primero que todo, resulta necesario mencionar que el Recurso de Protección es una acción de naturaleza cautelar, de emergencia, extraordinario y sumarísimo, de tutela de derechos fundamentales, y que tiene por finalidad, restablecer el imperio del derecho, en aquellos casos en que se ocasione una vulneración clara y efectiva a las garantías constitucionales. En consecuencia, y dado el carácter perentorio que tiene este recurso, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio declarativo.

En este sentido, es importante mencionar que para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, Así, la hipótesis de la parte recurrente resulta errónea, evidenciando la intención de ésta en tratar de utilizar la vía de protección, en circunstancias que estamos en presencia de un asunto de lato conocimiento, por lo que esta acción constitucional no puede prosperar.

En consecuencia, teniendo presente que el actor no cuenta con un derecho indubitado, se puede concluir que no se cumple con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho —que en la especie el recurrente no posee-, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto —supuesto táctico que tampoco se verifica-, podemos colegir que la cautela de derechos fundamentales intentada, al carecer de sustento normativo no puede prosperar.

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE SUPUESTAMENTE FUERON CONCULADAS SEGÚN EL RECURRENTE.

En relación a la supuesta vulneración del artículo 19 Nro. 2 de la Constitución Política de la República, y que el recurrente sostiene que haber recibido un trato diferenciado, de manera ilegal y arbitrario por cuanto se trata de una destitución que no ha sido independiente ni objetiva ni similar a otros procesos de remoción que existen para otros miembros estatales; se estima que lo obrado por el señor nombre reservado no ha afectado la garantía señalada, por cuanto, la decisión adoptada por la autoridad mencionada se ha fundado en la propia reglamentación de Carabineros referida y que consecuencialmente sanciona del modo en que se ha dispuesto, esto es, la baja inmediata por conducta mala, de modo que dicho acto administrativo no puede ser discriminatorio pues se limita en todo momento a dar aplicación a disposiciones reglamentarias, por tanto dicho acto no puede ser considerado ilegal ni arbitrario, y se ha aplicado y se seguirá aplicando a todos los funcionarios sin distinción cuyas conductas sean subsumibles en las hipótesis a que se refieren las normas ya comentadas.

Con respecto a la supuesta vulneración del artículo 19 Nro. 4 de la Carta Fundamental, esto es "el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley"., se estima que la sanción dispuesta por el superior jerárquico al ex Carabinero nombre reservado, lo ha sido en razón de conductas que fueron ejecutadas por el recurrente y como ya se ha expuesto en el acápite 2.2. de este informe, el personal de Carabineros de Chile se sujeta a un sistema disciplinario especial, según se desprende de lo establecido en el artículo 36 inciso 2 o de la Ley N.° 18.961, de acuerdo al cual "el personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determine el Reglamento de Disciplina, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle".

Así las cosas, no se observa en este punto un actuar ilegal ni arbitrario en perjuicio del recurrente, por lo que se estima que la acción cautelar no puede prosperar. Con respecto a la garantía conculcada, la del artículo 19 Nro. 16, inciso segundo, esto es la libertad de trabajo y su protección, derecho a la libre contratación y su libre elección, no comparte el recurrido los argumentos sostenidos por el recurrente en cuanto la decisión adoptada por su superior se deba a un acto caprichoso ni arbitrario, por el contrario ha tenido como antecedente la conducta desplegada por el ex funcionario Sr. nombre reservado, la que no se ha ajustado a las exigencias y criterios de la reglamentación interna de Carabineros de Chile, todo lo cual ha generado como consecuencia los efectos que él recurrente describe, desfavorablemente para él, por todo lo cual se estima que la decisión administrativa ejecutada en razón de las facultades legales y reglamentarias vigentes, no vulnera la garantía que el recurrente estima conculcada.

A mayor abundamiento, es necesario precisar, que la única dimensión posible de la alegación del recurrente en relación a esta garantía, podría solo decir relación a la protección a un despido arbitrario. En efecto, durante su acción constitucional, el recurrente a través de un argumento que se reitera en su presentación, señala que, a su respecto, se ha aplicado una medida disciplinaria sin un debido proceso, circunstancia que, según señala, evidenciaría este despido arbitrario. Esta argumentación es profundamente errónea pues el actor confunde la "medida administrativa" adoptada con una "medida disciplinaria" que, solo puede ser impuesta, al cabo de la total sustanciación del sumario que fue dispuesto incoar con ocasión de la detectada inconducta que se atribuye al recurrente de protección. En efecto, y así ya ha sido señalado precedentemente por esta parte recurrida, la baja inmediata, no es una sanción, sino una medida administrativa fundada en hechos imputables al propio recurrente. Esta medida puede no ser mantenida en el futuro por decisión de la autoridad administrativa que deberá resolver el sumario y, en consecuencia, en la especie, la desvlnculaclón de la Institución impuesta por ahora al recurrido, no es ni una sanción ni un despido, constituye, en cambio, solo una medida administrativa temporal y esencialmente condicional.

SUMARIO ADMINISTRATIVO.

Conforme a los hechos, la Prefectura de Carabineros Santiago Central dispuso la instrucción de un proceso sumarial, con la finalidad que se determine el real grado de responsabilidad del personal involucrado, adoptando las medidas administrativas y disciplinarias que en su mérito corresponda, si así procediere, designando para tal efecto a la Teniente nombre reservado, de dotación Fiscalía Administrativa de la Prefectura Santiago Occidente, en calidad de Fiscal, conforme a los hechos acaecidos con fecha 04.07.2024, siendo dictada la Orden de Sumario Nro. 20.609/1 de fecha 23 de julio de 2024.

Ahora bien, se debe tener presente que con fecha 16.02.2022, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.427, que "Moderniza la Gestión Institucional y Fortalece la Probidad y la Transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública", la que, de conformidad a lo dispuesto en su artículo primero transitorio, entró en vigencia a contar del 17.08.2022, a través de la ley en comento, se introdujeron modificaciones a diversos cuerpos legales, entre ellos, a la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, incorporándose el nuevo artículo 84 ter, cuyo inciso final dispone que "Con todo, se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron, se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal".

Que, mediante Orden de Sumario Nro. 20.609/1 de fecha 23 de julio de 2024, de esta Prefectura Santiago Central, se ordenó la instrucción del Sumario Administrativo, tendiente a establecer las posibles responsabilidades administrativas del ex Carabinero nombre reservado, quien fuera de dotación de la 3.a Comisaría Santiago, y efectuada una revisión del procedimiento disciplinario ya individualizado, se advierte que, en la especie, se cumple la hipótesis descrita en el inciso final del artículo 84 ter, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, por constar que los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Publico.

CONCLUSIÓN.

Por todo ello, se estima que la Resolución Exenta N° 14 de esta Prefectura Santiago Central, de fecha 05 de julio de 2024, no puede ser calificada de Ilegal y arbitraria, ya que ella encuentra su fundamento en el ordenamiento jurídico Institucional, principalmente el argumento analizado referido a la existencia de conductas que revistieron características de gravedad y trascendencia en el ámbito administrativo disciplinarlo, no advirtiéndose en consecuencia la existencia de vicios, Ilegalidad o arbitrariedad en la decisión que puedan fundamentar su Invalidación.

Acompaña en su informe los siguientes documentos:

a) Resolución Exenta N° 14 de la Prefectura Santiago Central, de fecha 05.07.2024.

b) Certificado de haberse practicado la notificación de la Resolución Exenta Nro. 14 a nombre reservado por carta certificada y antecedentes respectivos.

c) Orden de Sumarlo N° 20.609/1, de fecha 23 de julio de 2024.

d) Acta de entrega de fecha 01 de julio de 2024, mediante la cual, el Coronel y Prefecto Sr. nombre reservado, hace entrega de la Prefectura Santiago Central al Teniente Coronel Sr. nombre reservado, quien en ese acto asume el mando como nombre reservado, en calidad de subrogante.

A folio 16 evacúa informe la Zona de CARABINEROS Araucanía señalando lo siguiente:

MOTIVACIÓN TÁCTICA QUE FUNDAMENTA LA MEDIDA ADMINISTRATIVA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN EXENTA N° Y 14 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2024, DE LA PREFECTURA SANTIAGO CENTRAL.

Los motivos que fundamentaron la aplicación de la medida administrativa al Ex Carabinero nombre reservado, se deben a que el día 04.07.2024, en calidad de franco y vistiendo de civil, alrededor de las 05:30 horas, luego de haber estado compartiendo en el domicilio del Sargento 2o nombre reservado, ubicado en la comuna de Cerro Navia, tomó la determinación de retirarse del inmueble, solicitándole al Sargento 2o Conejeros las llaves de su automóvil, marca Mazda modelo 3, color rojo P.P.U. JTPK-76, con la finalidad de dirigirse a la 3o Comisaría Santiago, en compañía del Cabo 2o nombre reservado, quien lo hacía como copiloto, y durante el trayecto hacia la Unidad Policial, pierde el control del vehículo, generando un accidente con resultado de daños en domicilio reservado, huyendo del lugar.

de la eliminación tiene el "carácter de condicional" pues se encuentra sujeta al resultado final del proceso sumarial, teniendo el recurrente, en el tiempo intermedio, derecho a contestar los cargos propuestos por la Fiscalía en Comisión, y ejercer las instancias recursivas internas correspondientes (recurso jerárquico y apelación), ante el Sr. nombre reservado, Sr. Jefe de Zona, y Sr. General Director. [sic]

Cabe destacar, que la evaluación de los antecedentes y la calificación de mayor o menor gravedad de la falta cometida, que da lugar al licenciamiento con efectos inmediatos, corresponde a la autoridad competente, en el caso al Prefecto de la Repartición.

Con lo referido, se puede concluir que la Resolución Exenta N° 14 de fecha 05 de julio de 2024, de la Prefectura Santiago Central, no obedece a un mero capricho o arbitrariedad, por el contrario, ella se sustenta en la normativa legal y reglamentaría imperante sobre la materia en Carabineros de Chile, Artículo 127 N° 4 inciso 5to, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, normativa interna que tiene pleno reconocimiento en nuestra Constitución Política de la República, en efecto el Artículo 19 N° 3 inciso 2o, al garantizar el derecho a la defensa señala expresamente: "Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos".

En mérito de lo expresado en los numerales anteriores, resulta dable reiterar que la medida de baja con efectos inmediatos, adoptada por el Mando de Repartición en contra del ex Carabinero nombre reservado, tiene el carácter de provisoria y condicional al término del proceso administrativo que se instruye, teniendo el afectado todas las instancias de ejercer su defensa al momento de la contestación de los cargos de la Vista Fiscal, oportunidad en la cual podrá efectuar las alegaciones de defensa, deducir tachas, solicitar diligencias etc., como asimismo recurrir Afrente a lo resuelto en el Dictamen del proceso administrativo que se tramita, pudiendo ejercer sus instancias recursivas llegando incluso hasta el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SUPUESTAMENTE HABRÍAN SIDO CONCULCADOS AL RECURRENTE.

El actor de protección refiere que, de manera ilegal y arbitraria se le ha privado, perturbado y amenazado los derechos y garantías constitucionales consagradas en el Artículo 19 N°s 2, 4 y 16 de la Constitución Política de la República.

En lo que respecta al derecho fundamental protegido por el Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley, la parte recurrente de protección manifiesta que mediante el acto recurrido se vulneró dicha garantía, ya que a través de actuaciones arbitrarias e ilegales, se estableció una discriminación total y arbitraria en su contra, ya que a otros funcionarios en similares circunstancias no se les impuso un estándar de ese tipo para su remoción, no teniendo la oportunidad de controvertir todas las imputaciones y cargos que existen en su contra, y solicitar las respectivas diligencias de prueba.

Lo alegado no es así porque la Baja con efectos inmediatos no fue arbitraria ni ilegal, sino que por el contrario, y tal como ya se ilustró, estuvo correctamente motivada en los hechos y en el derecho, descartando cualquier arbitrariedad por parte de Carabineros de Chile.

Lo anterior, permite desestimar que exista una vulneración a la igualdad ante la ley, ya que se ha procedido conforme a derecho y reglamento, obrando dentro de la potestad disciplinaría de la autoridad policial, siendo una atribución discrecional, de la que podrá o no hacer uso, concurriendo alguno de los supuestos que exige la norma, y que evidentemente concurren en el caso sublite.

Catalogando, sin explicación o fundamento alguno, de: Grave, al respecto, es relevante recalcar que la parte recurrente no tiene un derecho absoluto a mantener su cargo público ante toda circunstancia; y en el caso de marras operó una causal legal de desvinculación del recurso humano, de conformidad a la normativa jurídica aplicable, y ello destruye los presupuestos procesales del recurso de protección. [sic]

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N°764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago 1249/1994): Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago 50/2004). Acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídica. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011) y la privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado CUARTO: Que, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en la recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que el propio recurrente indica como vulneradas en su libelo pretensor.

QUINTO: Que sobre la naturaleza de la resolución recurrida cabe anotar que ésta se halla establecida en el numeral 4) del artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos de Carabineros de Chile N° 8, que en sus dos últimos incisos dispone que: “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por "conducta mala", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación”.

“Con todo, el funcionario que, habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicare en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución”.

SEXTO: Que, en dicho entendido, y tal como lo consigna expresamente la resolución impugnada (Resolución Exenta N° 14 de fecha 05 de julio de 2024), la orden reprochada, ostenta un carácter condicional, en tanto puede adoptarse por la autoridad administrativa durante el curso de un procedimiento sumario, de conformidad a las atribuciones de la referida autoridad jerárquica, de tal manera que la ratificación de la decisión impugnada, o revocación de la misma, y la consecuente restitución del funcionario a sus labores, se encuentra sujeta al resultado del respectivo procedimiento infraccional.

En ese sentido, la desvinculación dispuesta de manera previa a conclusión del sumario administrativo que se ha ordenado instruir por cuerda separada, no tiene carácter de irreversible, pues queda supeditada, como previene el mismo artículo 127 de la normativa citada, al resultado final del sumario administrativo que se tramite, y en dicho entendido, constituye una actuación de carácter condicional que subsiste en tanto pende contra el afectado el procedimiento dispuesto al efecto para el establecimiento de las faltas reglamentarias que se le imputan al afectado.

De manera similar se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en causa Rol 104.610-2023 y esta Ilustrísima Corte en causas Roles 15.689-2023 y 15.872-2023 (confirmada por la Excelentísima Corte Suprema), y 16.901-2023 y en el Dictamen N° E 393403, de la Contraloría General de la República, de 14 de septiembre del 2023.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, el citado Dictamen N° E 393403, de la Contraloría General de la República, de fecha 14 de septiembre del 2023, en su parte pertinente refiere “b) Sobre la posibilidad de aplicar una baja por conducta mala, con efectos inmediatos, y disponer el llamado a retiro temporal del personal de nombramiento supremo en el caso que se indica, una vez suspendido el procedimiento disciplinario.

En primer término, corresponde indicar que el artículo 127, N° 4, inciso quinto, del decreto N° 5.193, de 1959, del ex Ministerio del Interior, Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, dispone, respecto del personal de nombramiento institucional, que cuando la comisión de una falta que dé origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución y el inculpado confiese su responsabilidad o esta se haga evidente, el jefe que ordene la instrucción del sumario podrá eliminarlo de inmediato por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del sumario o investigación.

Como es dable advertir, la mencionada normativa permite, cuando concurran los supuestos indicados, que la baja sea dispuesta por la autoridad policial aun cuando el procedimiento disciplinario no se encuentre afinado, en cuyo caso la eliminación tiene el carácter de condicional, pues se encuentra sujeta al resultado de la investigación, tal como se precisó en los dictámenes Nos 2.361, de 2009; 13.215, de 2010, y 16.639, de 2012, de esta procedencia, entre otros.

De este modo, atendido que la facultad de disponer la baja por conducta mala, con efectos inmediatos, recae en la autoridad que ordena la instrucción del procedimiento disciplinario y no en el fiscal del mismo, cabe colegir que es una medida que se toma en forma paralela al sumario y que, por ende, no es parte de su tramitación. En este orden de consideraciones, ella puede adoptarse aun cuando el proceso disciplinario se encuentre suspendido, sin perjuicio de que se agreguen al expediente los respectivos antecedentes, a fin de que al término de la pieza sumarial se confirme la baja y fije la nota de conducta que corresponda, o bien se modifique aquella o se deje sin efecto”.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo anotado no cabe sino concluir que la acción impetrada no puede prosperar desde que la actuación reprochada a la autoridad recurrida no trata de un acto terminal que permita actualmente valorar respecto de un acto decisorio definitivo la concurrencia de alguna de las hipótesis de arbitrariedad o ilegalidad constitutiva de vulneración de las garantías constitucionales alegadas por el actor, razón por la que corresponde desestimar el recurso interpuesto (en el mismo sentido Corte Suprema Roles 62.049-2023; 104.610-2023 y 154.373-2023).

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Dirección General de Carabineros y en contra de la Prefectura de Carabineros Santiago Central.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Cristian Carvajal de Vicenzi.

N°Protección-5387-2024. (csd)