J.M.Y.M SPA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO MALLECO

C.A. de Temuco Temuco, nueve de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio 1 comparece Nicolas Ignacio Isaías Arismendi Molina, abogado, en representación de “J.M.Y.M. SpA”, RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, trabajadora independiente, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Malleco, RUT: RUT reservado, representada legalmente por Álvaro nombre reservado, Inspector del Trabajo, ambos con domicilio en domicilio reservado, por las razones de hecho y de derecho que a continuación se indican.

Señala que su representada, fue notificada por parte de la Tesorería Provincial de Angol, indicándole que adeuda RUT reservado pesos proveniente de multa cursada por Inspección del Trabajo., despachando en su contra mandamiento de ejecución y embargo en su contra. Con fecha 27 de junio de 2024 esta información es remitida a su representada, teniendo recién en dicha ocasión conocimiento de multa cursada por Dirección del Trabajo que consta a FOLIO N° 1225230401.

Indica que de haber sido emplazado válidamente se pudo perfectamente reclamar de dicha multa ante el Juzgado de Letras del Trabajo, ante un evidente error de hecho en la fiscalización, pues tal como consta en la Carátula de Informe de Fiscalización, se fiscalizó en un domicilio distinto al que corresponde a la empresa, esto es Villa Tijeral, comuna de Renaico, de manera que malamente se pudo haber exhibido la documentación, ya que el domicilio domicilio reservado.

Refiere que el origen de la infracción radica en no haber sido exhibido por parte de mi representada determinada documentación, mas, tal como se lee en la caratula de la multa, la fiscalización se llevó a cabo en un domicilio distinto al registrado por a la empresa, por lo cual no hubo oportunidad alguna de exhibir la documentación solicitada.

Expresa que tampoco no hubo notificación alguna de la multa cursada por parte de la inspección del trabajo, por lo cual no pudo hacer uso de del derecho reclamar o deducir recurso alguno en contra de la multa.

En cuanto a los derechos vulnerados expresa identifica la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, señalando que hombres y mujeres son iguales ante esta. Por lo mismo, es imperioso que se respete esta Garantía en pos de que cada una de las personas tenga un trato igualitario, aplicando las normas de manera uniforme en los casos que corresponda, situación que en la práctica no se dio. Concluye este numeral, indicando que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, como es en el caso de marras, pues como ya se ha venido cavilando, no se notificó ningún acto administrativo del proceso de fiscalización a mi representada.

Agrega que se aprecia claramente a un trato discriminatorio, toda vez que el criterio de la autoridad fiscalizadora no se basa en la ley, apartando su actuar del contenido de la norma en el caso que nos convoca.

Así, se afecta la igualdad ante la ley cuando se impide ejercer un derecho, como ocurre en este caso.

A continuación alega vulnerado el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República que dispone es deber del Estado asegurar a todas las personas la “igual protección ante la ley en el ejercicio de sus derechos”.

Explica que lo indicado en la letra a) precedente, será un imperativo para el Estado que todas las personas tengan un trato igualitario, y más aún, que el ejercicio de sus derechos se vea protegido y resguardado en dicha relación de igualdad.

Refiere que en el inciso 5° del mismo numeral, el Constituyente establece las garantías mínimas para todo aquel que se presente ante un órgano que ejerza jurisdicción, con independencia de si se trate de un órgano propiamente jurisdiccional o administrativo: importará la función decisoria y no la naturaleza del órgano. En este caso, hablamos de la máxima del proceso racional y justo o, en otras palabras, del debido proceso. Esta máxima significa que cada persona que quiera ejercer su derecho a defensa jurídica pueda hacer sus descargos, presentar pruebas y obtener una sentencia o resolución acorde a la pretensión esgrimida, todo dentro del actuar legítimo y conforme a derecho. En este punto el accionar del recurrido no hace sino vulnerar el ejercicio legítimo de un derecho legalmente constituido a favor de mi representada, logrando de paso un estado de indefensión tal, que no es dable salvar el perjuicio de ninguna otra forma, sino declarando dicho arbitrio como absolutamente ilegal. Además, se le niega de manera arbitraria la posibilidad de obtener un debido proceso conforme a la ley, se le niega el derecho a la igualdad de armas, y se atenta directamente contra la certeza jurídica en perjuicio de mi representada.

Considera que de lo expuesto queda claro que ante el óbice infranqueable que fija el recurrido ante la errónea aplicación de la ley para el caso en comento, es que se hace sentido pleno la acción de marras.

A continuación, indica que se vulnera su derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República pues con la imposibilidad de reclamar judicialmente de la multa, se está afectando directamente, o como mínimo amenazando, el patrimonio de mi representada, al obligar a pagar una multa improcedente.

Pide se tenga por presentado recurso de protección en favor de “J.M.Y.M. SpA”, RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, trabajadora independiente, ambos con domicilio en domicilio reservado, en contra de Inspección Provincial del Trabajo Malleco, RUT: RUT reservado, representada legalmente por Álvaro nombre reservado, Inspector del Trabajo, ambos con domicilio en domicilio reservado; y ordenarle que informe a VS Iltma., en el plazo perentorio que US Iltma fije y, en definitiva, ordenar que se restablezca el imperio del derecho, declarando: que el recurrido ha actuado al margen de la ley, de manera ilegal y que a consecuencia de estos actos se han vulnerado las garantías constitucionales contenidas en el Artículo 19 N° 2, 3, y 24; y que por lo mismo deberá ponerse a fin a la irregularidad cometida y establecida en Resolución de Multa N°1225.23.40 de fecha 2 agosto de 2023, y que mi representada tomó conocimiento el 27 de junio de 2024, dejándola sin efecto, o en subsidio, se retrotraiga.

1) Acompaña en su recurso los siguientes documentos:

2) Recibo de solicitud de acceso a información vía Ley de Transparencia.

3) Carta N°0015624 que entrega información solicitada vía Ley de Transparencia.

4) Mandato Judicial.

A folio 11 comparece María Fernanda Belmar Opazo, abogada, en representación de la recurrida INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO MALLECO, evacuando informe en los siguientes términos:

Excepción de incompetencia.

Que, La Corte de Apelaciones de Temuco es incompetente para conocer y fallar el presente recurso, ya que, este recae en materias que, no son propias de un recurso de protección, siendo el presente recurso inadmisible. Esto debido a que, existe un procedimiento especifico señalado en nuestra legislación referente al conocimiento y fallo de las reclamaciones de Multas Administrativas consagrado en el artículo 503: “…La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles contados desde su notificación…”

Volviendo la determinada controversia en un asunto de lato conocimiento entregado a la competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, en este caso en concreto es competente el Juzgado de Letras de la comuna de Angol.

En suma, resulta improcedente el recurrir a la jurisdicción cautelar de garantías constitucionales para revisar una actuación administrativa que la propia norma legal establece procedimientos de impugnación, tanto administrativos como jurisdiccionales de fondo.

Que, la contraria busca un subterfugio, alegando falta de notificación y de ilegalidad en el procedimiento, para poder revisar el fondo de la acción siendo que, el conocimiento y fallo de una reclamación judicial de multa administrativa son los juzgados de Letras respectivos, de igual forma la misma petición incoada podría haberse hecho valer como una acción dentro del procedimiento y solicitar de proceder la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento y en acto seguido proceder a la tramitación respectiva de la presente reclamación judicial.

Que, por lo tanto, existe un procedimiento especifico en nuestra legislación que obra como un procedimiento de legalidad de los actos administrativos que es precisamente la acción judicial señalada en el artículo 503 del Código del Trabajo, como ya se señaló en párrafos precedentes, Pide tener por formulada la excepción de Incompetencia del Tribunal, declararla admisible, y en definitiva acogerla y negar la tramitación del presente recurso, por ser incompetente para conocer y fallar del presente asunto, siendo competente el Juzgado de Letras de Angol, con expresa condenación en costas.

A continuación, evacúa informe respecto del fondo indicando lo siguiente:

Que, la fiscalización por la cual se constatan las infracciones 902.2023.349, se origina por refiscalización respecto de una denuncia ingresada a la Inspección provincial del trabajo de Malleco Angol, generada a raíz de una comisión anterior la 902.2023.206, en la cual no pudo ser habido el empleador debiendo iniciarse la misma de manera remota.

Las materias a revisar corresponden a no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales, no pagar las horas extraordinarias y no pagar remuneración íntegra. Y No se especifica mejor día y hora para la visita inspectiva.

En atención a las materias a fiscalizar el fiscalizador en pleno uso de sus facultades y de lo señalado en manual de fiscalización 3.0 de la Inspección del trabajo, procede a efectuar la presente fiscalización en modalidad remota.

Que, como es de su conocimiento en el año 2021 se puso en marcha la ley de modernización de la Dirección del Trabajo, la cual entre otras cosas modificaba la principal forma de notificación y comunicación que, tendrá la dirección del trabajo con empresas, dirigentes sindicales e incluso trabajadores.

Es así como en su Artículo 515 se señala expresamente: “Todo empleador deberá mantener registrado en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo una dirección de correo electrónico, la cual se considerará vigente para todos los efectos legales, mientras no sea modificado en el mismo sitio.”

A su vez el artículo 508 del mismo cuerpo legal señala: - Las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el contrato de trabajo, en el instrumento colectivo o proyecto de instrumento cuando se trate de actuaciones relativas a la negociación colectiva, al que aparezca de los antecedentes propios de la actuación de que se trate o que conste en los registros propios de la mencionada Dirección. La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito.

Por lo que, el fiscalizador Don nombre reservado, efectúa notificación de inicio de procedimiento de fiscalización y requerimiento de documentación al correo electrónico correo reservado, que es precisamente el correo electrónico que, a la fecha de la notificación se encontraba inscrito en la plataforma NCC de consulta de datos y actualizaciones MiDt.

En informa de fiscalización se señala lo siguiente: se envía correo electrónico al empleador el 12/07/2023 a las 12:42 horas, en donde se le requiere que exhiba documentación como: contrato de trabajo; planillas de cotizaciones previsionales en AFP, AFC, IPS y el organismo administrador de la ley de accidente desde enero del 2023 hasta junio del 2023; registro de asistencia desde enero del 2023 hasta julio del 2023, comprobantes de pago y de transferencias o depósitos de las remuneraciones desde enero del 2023 hasta junio del 2023, todo respecto del trabajador 1, el cual no exhibe la documentación requerida”.

Que, en atención a lo anteriormente señalado se procede a emitir multa administrativa 1225.2023.40, la cual fue notificada el día 09 de agosto del año 2023, enviando correo electrónico de notificación el día 04.08.2023, la notificación se efectuó al correo electrónico correo reservado, el cual era el que se encontraba registrado en la plataforma NCC a la fecha de la notificación respectiva.

Que, en el presente recurso de protección se alegan por la contraria transgresión al Artículo 19 N° 2 y número 3, es decir, igualdad ante la Ley e “igual protección ante la ley en el ejercicio de sus derechos”, pero como ya se señaló, la Inspección del Trabajo, no cometió ningún tipo de ilegalidad y arbitrariedad en el desempeño de la labor fiscalizadora ni tampoco en cumplimiento de la función administrativa ya que, esta se hizo en pleno cumplimiento de lo establecido en el artículo 508 del Código del Trabajo y efectuando las comunicaciones y notificaciones al correo electrónico de la empresa.

Pide tener por evacuado el informe solicitado que incide en el recurso de protección deducido en contra de la Inspección Provincia del Trabajo de Malleco, y con lo informado, rechazarlo en todas sus partes, con costas, ya que, las actuaciones efectuadas por la Dirección del Trabajo se encuentran ajustadas a Derecho y a las instrucciones vigentes del servicio.

Acompaña en su informe el expediente de fiscalización 902.2023.349.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, el acto que motiva el presente recurso de protección, es la eventual errónea notificación de la multa cursada por Dirección del Trabajo que consta a FOLIO N° 1225230401, toda vez que el recurrente niega haber tomado conocimiento de la misma y haber sido ende debidamente emplazado.

TERCERO: Que, la recurrida ha opuesto como primera excepción la incompetencia de esta Corte para conocer la materia de autos, cuestión que será desestimada, toda vez que se cuestiona la existencia de una actuación propia de un procedimiento administrativa, siendo por ende procedente a su respecto la acción cautelar.

CUARTO: Que, la fiscalización por la cual se constatan las infracciones 902.2023.349, se origina por refiscalización respecto de una denuncia ingresada a la Inspección provincial del trabajo de Malleco Angol, generada a raíz de una comisión anterior la 902.2023.206, en la cual no pudo ser habido el empleador debiendo iniciarse la misma de manera remota.

QUINTO: Que, el artículo 515 se señala expresamente: “Todo empleador deberá mantener registrado en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo una dirección de correo electrónico, la cual se considerará vigente para todos los efectos legales, mientras no sea modificado en el mismo sitio.” Asimismo, el artículo 508 del mismo cuerpo legal señala: - “Las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el contrato de trabajo, en el instrumento colectivo o proyecto de instrumento cuando se trate de actuaciones relativas a la negociación colectiva, al que aparezca de los antecedentes propios de la actuación de que se trate o que conste en los registros propios de la mencionada Dirección. La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito”.

SEXTO: Que, la notificación de inicio de procedimiento de fiscalización y requerimiento de documentación al correo electrónico se efectúa al correo electrónico “correo reservado”, que es el correo electrónico que, a la fecha de la notificación se encontraba inscrito en la plataforma NCC de consulta de datos y actualizaciones MiDt. Que, la multa administrativa 1225.2023.40, fue notificada el día 09 de agosto del año 2023, enviando correo electrónico de notificación el día 04.08.2023, al correo electrónico “correo reservado”.

SEPTIMO: Que, en este contexto no se aprecia que concurra una actuación ilegal o arbitraria de parte del servicio público recurrido, razón por la cual será desestimado el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, SE RECHAZA, el recurso de interpuesto por el abogado don Nicolás Ignacio Isaías Arismendi Molina, en representación de “J.M.Y.M. SpA”, RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Malleco.

Redacción del abogado integrante Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5312-2024 (pvb).