Protección contra un eventual Directorio de facto del COMITÉ DE VIVIENDA LOS SALTOS

C.A. de Temuco Temuco, siete de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparece don ADIEL EMILIANO MORA TRONCOSO, abogado, RUT. RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación, conforme se acreditará, de doña nombre reservado, contador, soltera, RUT. RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de un eventual Directorio de facto del COMITÉ DE VIVIENDA LOS SALTOS, de la comuna de Curacautin, nombre reservado sin fines de lucro, RUT. RUT reservado, con domicilio domiciliada en domicilio reservado, compuesto por su PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL: don nombre reservado, ignoro profesión, oficio y estado civil, RUT. RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, por su SECRETARIO: doña LUCIA INES YAÑEZ ARANEDA, RUT RUT reservado, ignoro profesión, oficio y estado civil, domiciliada en domicilio reservado; y su TESORERO: don nombre reservado, ignoro profesión, oficio y estado civil, RUT. RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado.; otorgarle tramitación, declararlo admisible y ordenar informar a los recurridos, de manera de poner pronto remedio a los eventuales actos y omisiones ilegales y arbitrarios en los cuales han incurrido, actos ocultos y no informados de los cuales se le ha negado toda comunicación e información a mi representada, todo ello, con el objeto de restablecer el imperio de derecho, con expresa condenación en costas.

A.- CONTEMPORANEIDAD Y COMPETENCIA. Explica que su representada detentaba el cargo de Presidente del Comité de Vivienda Los Saltos de Curacautín, legalmente investida en conformidad a la ley, documentación que se adjunta al presente recurso. Conforme a lo expresado por mi representada, dicha personería fue perturbada, en un primer momento por simples rumores referido a su gestión, posteriormente, los demás miembros del Directorio la fueron segregando y marginando de toda respuesta o requerimiento, para culminar privándola de toda comunicación e información atingente al Comité, expresándole tanto la Secretaria como el Tesorero de éste eventual Directorio de facto que había sido destituida de su cargo de Presidente del Comité de Vivienda Los Saltos de la comuna de Curacautín. Dicha respuesta fue la primera comunicación o noticia informal, pero que permitió un conocimiento cierto de dicha destitución. Por la existencia de esta informalidad, es que se interpone la presente acción de protección, haciendo referencia al “eventual” Directorio de facto, en el supuesto que dicha información se sustente en acto, acciones y procesos arbitrarios que hayan vulnerados las garantías fundamentales de mi representada, conforme a lo que se expresará en el desarrollo del presente recurso.

Dicho proceso de destitución, se habría producido, a pesar de estar vigente el periodo de permanencia en el cargo que detentaba mi representada, sin haberle notificado ninguna formulación de cargo al respecto y sin existir a la fecha ninguna notificación formal del mismo, habiendo sido privada de toda información al respecto, por lo demás, no existe constancia alguna de una nueva elección de directiva, ya que conforme al certificado de Personalidad Jurídica que se acompaña, la última votación de directorio que data del 15 de julio del 2023, cuyo registro se mantiene vigente a la fecha.

Es así, como los rumores referidos, se concretaron en repuestas verbales concretas de parte del Eventual Directorio de facto, recibidas por mi representada el día 24 de junio del 2024, con ocasión de haber solicitado la revisión de las actas del Comité a la Secretaria del Directorio doña LUCIA INES YAÑEZ ARANEDA, las cuales fueron negadas, quien además conjuntamente con el Tesorero don nombre reservado, la trataron en forma vejatoria, y le señalaron que ella ya no formaba parte del Directorio, que había sido destituida de su cargo y en definitiva, que se dejará de molestar.

Frente a la eventualidad de existir este nuevo directorio de facto, llevado a cabo en forma irregular, sin un debido proceso de destitución, mediante actos ocultos, clandestino y no informados, mi representada inmediatamente interpuso reclamo ante el Tribunal Electoral Regional, el cual con fecha 26 de junio del 2024, fue resuelto, declarando dicho Tribunal la inadmisible del reclamo de nulidad del supuesto proceso electoral, por razones extemporaneidad, argumentando además que dicho órgano jurisdiccional era incompetente para conocer de un proceso de destitución.

Dicha argumentación de incompetencia es compartida por esta defensa, ya que, tratándose el caso de marras, de un proceso de destitución no ajustado a un debido proceso, donde además han sido vulneradas una serie de garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República de Chile.

Por lo anterior, y con el objeto de aclarar que el conocimiento de este proceso de destitución arbitraria e ilegal, cuya incompetencia ha sido declarada por el referido Tribunal Electoral Regional, con ocasión de haber conocido de un reclamo por nulidad de proceso electoral, por lo cual, esta parte comparte el criterio de incompetencia, y es precisamente sobre estos hechos, por los cuales acciona mediante la vía legal idónea, que no es otra que el ejercicio del presente recurso de protección.

En cuanto a la extemporaneidad, referida en la sentencia del Tribunal Electoral Regional, se debe tener presente por esta I. Corte, que los actos arbitrarios se fueron sucediendo en el tiempo en forma oculta, no siendo informados ni ratificados por la recurrente en forma alguna, por lo cual, sin mediar, esa comunicación, no existiría otra fecha de conocimiento cierto de los mismos, que no sea otra, que la respuesta verbal recibida por mi representada de parte del Directorio de facto, y que motivó su reclamo en forma inmediata con fecha 24 de junio del 2024. Es más, sólo con el conocimiento del presente recurso, se podrá verificar si esta “eventualidad” reviste un hecho cierto, como asimismo si tiene un origen y naturaleza contraria a derecho.

Se debe considerar además, que el contenido de su reclamo ante el tribunal Electoral Regional, da cuenta de hechos informales, respecto de los cuales no tuvo ninguna notificación o emplazamiento legal, fueron actos que se fueron sucediendo y como se viene señalando, en forma oculta, con el objeto de que su representada no tomara un real conocimiento de los mismos, por lo demás. Su representada no ejecutó otra acción alguna que los ratificara o les diera validez, aparte del reclamo antes señalado.

En este contexto, las garantías fundamentales vulneradas son resguardadas por nuestra Carta Magna, que en su artículo 20 señala expresamente: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Por su parte, el TEXTO REFUNDIDO DEL AUTO ACORDADO SOBRE TRAMITACIÓN Y FALLO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. Señala en su artículo 1º.- “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Por lo anterior, las noticias o conocimientos ciertos de los mismos corresponden a las respuestas verbales que motivaron su reclamo ante el Tribunal Electoral Regional, con fecha 24 de junio del 2024, el cual se acompaña a la presente acción de protección, teniendo presente la naturaleza oculta de los mismos.

Dentro de este contexto, y sin atribuir con ello ninguna participación previa de responsabilidad alguna por parte de los recurridos de autos, sino más bien, referenciar a modo general, que es común en el origen y sucesión de actos de ocultos y clandestinos, pueden éstos a la postre derivar en procesos arbitrarios e ilegales, su origen oculto muchas veces se afianza en intereses oportunistas, que desvían la finalidad de una organización, institución o entidad, y de esta forma se van sucediendo en el tiempo con el objeto de lograr su impunidad y su posterior validación, no obstante, existe en nuestro derecho la acción de protección, para evitar su impunidad, y permitir que se transparenten ante la justicia dichos actuaciones.

Ahorra si en el caso de marras, se confirma que existió una vulneración a las garantías fundamentales de mi representada, se debe tener presente, que el COMITÉ DE VIVIENDA LOS SALTOS en referencia, tiene a su haber un patrimonio cuantioso, por lo cual, los actos que por este libelo se exponen, consecuencialmente van en directa protección y resguardo de estos derechos adquiridos.

Por último, no se puede dejar pasar, que en lo referente al trato vejatorio, grosero y discriminatorio, como asimismo, la vulneración a las normas del debido proceso, mediante actos de naturaleza oculta, involucra una expresa violación a los derechos humanos, frente a esta materia, mi representada, se reserva las acciones legales ante las instancias correspondiente, ello en atención, a que el sujeto activo de estos actos, corresponde a un eventual Directorio de facto, que tiene personalidad jurídica, y que en su funcionalidad interactúa con otros Órganos del Estado de Chile, todo ello conforme lo autorizan los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, en esta materia.

B.-LOS HECHOS. El presente recurso tiene como objeto que SS. Ilustrísimas, que para el evento de confirmarse lo denunciado en el presente recurso, por parte de mi representada, reviertan estos actos ilegales y arbitrarios cometidos eventualmente por los recurridos, lo anterior, en atención, que mi representada fue objeto de actos arbitrarios, ilegales y discriminatorios, que se llevaron a cabo en forma oculta, , sin mediar comunicación o notificación de los mismos, los cuales obligatoriamente en conformidad a los estatutos y a la ley 19.418 que regula esta materia, debieron ser informados y emplazados en su calidad de PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VIVIENDA LOS SALTOS de la comuna de Curacautín. Dicho proceso de destitución, a toda luces, está viciado, por no haber respectado las normas de un debido proceso, que involucra una debida formulación de cargos con expresión de causales legales, la cual debió ser notificada a mi representada, con el objeto de formular sus descargos, se vulnero expresamente el DEBIDO PROCESO, en la práctica los recurridos, concertados, por fines que desconocemos hasta la fecha, perturbaron la representatividad de mi representada, negando la debida información, también le obstaculizaron su derecho a participar en eventuales reuniones y votaciones, evitando enviarle notificaciones de todo tipo.

Los recurridos discriminaron y vejaron a mi representada mediante tratos y respuestas groseras y vejatorias, la mantuvieron desinformada, le negaron respuestas a sus peticiones, recibiendo siempre un trato indigno y degradante. En este punto y disculpado este I. Tribunal, las expresiones que se señalaran, es necesario pormenorizar en estos tratos vejatorios, en este sentido, mi representada señala que el presidente de facto don nombre reservado, la ha tratado, en varias ocasiones de vieja de mierda, entrometida y otras expresiones más vejatorias que por el debido respecto, no las mencionamos en este libelo, además señala, que dicha persona tiene la costumbre de actuar en forma prepotente con las mujeres y socias del comité, inclusive tiene denuncias de esta índoles antes los organismo de no violencia de género y de protección de los derechos de la mujer.

Siguiendo con los hechos, llama la atención, que este eventual cambio de directiva, no registra en el respectivo certificado de personalidad jurídica del comité en referencia, una anotación de última elección de Directorio, encontrándose vigente la elección que legitima en el cargo a mi representada, la cual data 15-07-2023, duración Directiva 3 años. Para corroborar lo anterior, basta la simple comparación de los certificados de personalidad Jurídica del Comité, uno emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 06 de mayo del 2024, y el otro de fecha 20 de julio del 2024.

En este irregular proceso de destitución, exclusión o censura, no se respetaron las más mínimas normas estatuarias, como tampoco las reguladas por la ley 19,418. En este punto y para él sólo evento de la perdida de la calidad de afiliado se exigen conforme al art 11 letra c ° N°7 inciso final de los estatutos del Comité, refieren que la exclusión requiere de audiencia previa del afectado para recibir sus descargos, por su parte el art. 14 de la ley 19.418, agrega que este proceso debe ser precedido de una investigación-correspondiente. Ahora bien, tratándose de directores o representantes de organizaciones de esta naturaleza, la exigencia debe ser igual o superior, de esta forma el art 36 de los estatutos señala las causales de cesación en el cargo de los directores, no existiendo ninguna causal que permitiera en la práctica su expulsión arbitraria de la organización, máxime aún que su periodo en el cargo estaba plenamente vigente hasta julio del 2026.

Por lo demás se hace presente que el art 41 letras c y d de los estatutos, señalan expresamente que son atribuciones del presidente presidir las reuniones del directorio y las asambleas generales y convocar al Directorio y a la asamblea general cuando corresponda en conformidad a los estatutos y reglamentos internos.

Ahora bien, los art 15, 18 y 19 de los estatutos, referido a la materia, permiten la convocatoria a Asambleas extraordinarias a iniciativa del presidente o del 25% de los afiliados, señalando las materias, quórum de aprobación, y exigencias de publicidad. Sobre el particular, todo proceso de destitución de un cargo Directivo de una Organización Funcional que goza de Personalidad Jurídica, debe respetar la normativa de rango constitucional, como lo es el DEBIDO PROCESO.

Para contextualizar, la vinculación de su representada con el COMITÉ DE VIVIENDA LOS SALTOS, de la comuna de Curacautín, es menester hacer un breve relato de los orígenes del mismo, de esta forma mi representada doña nombre reservado, detenta el cargo de Presidente del COMITÉ DE VIVIENDA LOS SALTOS, conforme da cuenta la copia autorizada del acta de constitución que fue depositada en la Secretaria Municipal y sus respectivo estatutos, mediante Decreto Exento número 0237 de fecha 24 de febrero del 2012, firmada por don nombre reservado, honorable alcalde de la I. Municipalidad de Curacautín, y su Secretario Municipal, nombre reservado.

Bajo la gestión de mi representada, se adquirió y paso a ser parte del patrimonio del COMITÉ DE VIVIENDA LOS SALTOS, un inmueble de una superficie de DOCE HECTAREAS, ubicado en la comuna de Curacautín, cuyo dominio a favor del citado Comité rola a fojas 172 vuelta N° 155 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Curacautín 2015, inscripción vigente al 17 de julio del 2024, cuya copia autorizada se acompaña a esta presentación. En dicha superficie de terreno de doce hectáreas se emplazaría un proyecto emblemático de viviendas, en el cual va inserto un Cesfam y un Cuartel de Bomberos.

El patrimonio del citado comité consiste entonces en este inmueble de doce hectáreas de superficie ubicada en la comuna de Curacautín, el cual conforme al documento consistente en el Acuerdo N° 041 del 27 de Febrero del 2013 de la I. Municipalidad de Curacautín, tiene una tasación comercial ascendente a 31.917 UF., actualmente superior a los mil millones de pesos, específicamente de $1.199.833,119,93 millones de pesos (UF valor al 20 de julio 2024). Por lo anterior, y habida consideración de la representativa del cargo, todo proceso destitución, como de renovación de directorio debe ajustarse a los procedimientos legales, con el objeto de evitar poner en riesgo cualquier gestión sobre el patrimonio antes referido, habida consideración que es de conocimiento público el gran número de irregularidades en esta materia que derivan en defraudaciones que repletan nuestros medios de comunicación a diario. En este sentido, el respecto al debido proceso, es garantía fundamental, y es deber, de los organismo del estado tutelar esta garantía, sobre todo cuando ponen directamente bajo su conocimiento acciones de tutela, que dan cuentan de procesos de origen oculto y dudoso, y que vienen a destituir sin formalidad una personería, posesionando en ella a otra, lo anterior inmediatamente llama a la duda, al estudio y revisión de los mismos. Los actos de esta envergadura, y que afecten el ejercicio y priven de personería a un Presidente de Comité, deben ser oportunamente informados al afectado, debe existir un emplazamiento valido, debe ser precedido de una proceso de formulación de cargos, que permita la bilateralidad, la debida defensa, el derecho a ser escuchado, en el caso sub lite, no hubo proceso alguno, tampoco notificación, comunicación o emplazamiento valido para poder destituir en el cargo a un presidente de una organización funcional sin fines de lucro, que goza de personalidad jurídica.

Con el transcurrir del tiempo, conforme a lo expresado por mi representada, se percató del surgimiento de nuevos intereses, vinculados a personeros del espectro político que se interesaron de su proyecto, debiendo mi representada actuar con suma cautela, ya que no estuvo ajena a presiones y hostigamiento de diversos índoles en este devenir, no obstante, no se apartó de los fines que se tuvieron a la vista al momento de la ideación del citado proyecto. Según el criterio de mi representada, esta privación y perturbación en su cargo, se debió única y exclusivamente, a nuevos intereses y actores oportunista, que eventualmente adecuaron una directiva de facto, para fines que se desconocen, y que permitieron de forma simulada desvincular a mi representada de su personería, sin motivos o causales legales, cuestión que es muy delicada, ya que existen derecho adquiridos del Comité en referencia y, un patrimonio que merece también la debida protección.

C.-) EL DERECHO: GARANTIAS FUNDAMENTALES VULNERADAS.

1.- Derecho a la integridad psíquica de la persona. 19 N°1 CPR. Conforme a lo expuesto por mi representada, ésta se ha visto afectada en su integridad psíquica, mediante un actuar ilegal, arbitrario y malicioso por parte de los recurridos, los cuales se han burlado de su persona, y en varias ocasiones ha recibido un trato vejatorio de parte de ellos, con respuestas groseras, humillaciones e insultos entre otros improperios, en este punto se reproducen los dichos del presidente de facto, ya señalados. A través de estas acciones se ha generado un inmenso daño a su integridad psíquica, el cual por falta de recursos económicos no ha podido tratar a la fecha con especialista del área psicológica, no obstante, esta defensa sin ser profesional en el área ha notado una notable tristeza y depresión en su actuar, constantemente preocupada por el avance de su proyecto, y a veces sus narraciones terminan en llanto, señalando que fue tratada peor que a un animal. Quienes hemos podido conocer a doña nombre reservado, más allá de cliente, y para este letrado es vecina de años, es una persona de la tercera edad, totalmente lucida, que se caracteriza por su amabilidad, buen trato, y con una gran vocación social, humilde, sencilla y de gran esfuerzo, su vocación por gestiones de ayuda social, en el ámbito habitacional, han ocupado sus actividades cotidianas. Esta discriminación y trato vejatorio, le han turbado maliciosamente su ritmo de vida, y la han llevado a aislarse, afectándola gravemente en su integridad psíquica. Se ha señalado que la integridad psíquica es una dimensión de la persona humana que, junto con la integridad física, la integran en plenitud. Ninguna de las dos puede ser descuidada, puesto que ambas componen al individuo en su relación con el entorno social más próximo.

2.- Derecho a la igualdad ante la Ley. 19 Nº 2 CPR. El derecho a la igualdad es un derecho/garantía rector en nuestro ordenamiento jurídico, regulada transversalmente en nuestra carta magna en los artículos 1, 19 N.º 2, 3, 16, 20, 22). Así en concreto, la igualdad ante la ley consiste en que, en todos los aspectos relevantes, las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo. (Noguera Alcalá, nombre reservado. “El derecho a la igualdad ante la ley, no discriminación y acciones positivas”, Revista de derecho Universidad Católica del Norte, Nº2, pp. 61-100, noviembre 2006.) En consecuencia, es obligación de quien aplica una norma, lo haga en los términos de la misma, sin hacer diferenciación alguna, ya que como consagra nuestra norma fundamental, “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”

Ahora bien, es importante precisar 2 elementos, que, a nuestro juicio, son de gran relevancia. Por un lado, la voz “arbitrariedad”, entendida como “diferencias arbitrarias” se ha entendido como aquellas fundadas en un actuar irracional, injustificado, inmotivado o por mero capricho, según han explicado la jurisprudencia y doctrina. En consecuencia, “lo prohibido son las diferencias irracionales, inmotivadas, injustificadas o por mero capricho.

Por el contrario, una diferencia racional, justificada, motivada o no caprichosa está ordenada o al menos permitida”. (Díaz García, Iván. “Igualdad en la aplicación de la ley. Concepto, Ius fundamentalidad y consecuencias”, Revista Ius et Praxis, Nº2, pp. 33-76, 2012). Por otro lado, podría hacerse extensible la protección consagrada en artículo 19 N°2, esto es, la prohibición de realizar alguna discriminación, entre privados. Ya que se ha planteado por parte de la doctrina que la voz "autoridad" del inciso segundo del precepto citado (que justamente contiene la prohibición de discriminación) no haría referencia sólo a aquellas de carácter público, sino también a aquellas de carácter privado. Estas últimas serían personas dotadas en los hechos de un gran poder sobre otras, normalmente al interior de cuerpos intermedios. (Díaz de Valdez, José Manuel. “La prohibición de una discriminación arbitraria entre privados”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nº42, pp. 29-55, julio 2014).

En este sentido ya ha fallado en reiteradas ocasiones la Excelentísima Corte Suprema, a modo ejemplar causas ROL 1030-2012, en sus considerandos 4° y 6°; ROL 3450-2012, considerandos 5° y 6°, que reproducen el fallo previo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso; ROL 3880-2012, considerandos 7°, 11° y 17°, que reproducen el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Por consiguiente, a nuestro juicio, cabría entender también extender la voz autoridad al comité de vivienda. En consecuencia, siempre que haya una diferenciación fundada en la racionalidad o justificada, emanada de autoridad, tanto pública como privada, es válida una aplicación diferenciada de la ley, lo cual será conforme a la Constitución. Por el contrario, la no aplicación de una norma, tanto estatutaria como legal, que debiese ser aplicada al caso concreto y, por el contrario, es ignorada por la sola desidia de quien la comete, igual proceder que la recurrida en autos, sería una vulneración al artículo 19 Nº2 de nuestra carta marga. En este sentido, encontramos el fallo de la Excelentísima Corte Suprema, en causa ROL 4578-2013, de fecha 18 de julio de 2013, que confirma en todas sus parte, lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa rol 1183-2013, especialmente en su considerando undécimo, donde se condenó a la recurrida, el Comité de Viviendas “Los Hijos del Olivar”, a reincorporar a tres socias que fueron excluidas, sin la correcta aplicación de las normas contenidas en sus estatutos y la ley 19.418, concluyendo que, finalmente, era una vulneración al artículo 19 Nº2 de nuestra norma fundamental.

3.- Derecho al debido proceso. 19 Nº 3 CPR. El artículo 19 Nº 3 inciso 5 de nuestra carta magna reza que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. Como se ha entendido, esta garantía está ampliamente reconocida y vinculada al desempeño de un órgano que ejerza jurisdicción, más precisamente a los tribunales de justicia. Sin embargo, este paradigma fue extendido, gracias al muy conocido fallo del Tribunal Constitucional, causa ROL 681-2006, de fecha 26 de marzo de 2007, el cual declaró inconstitucional el artículo 116 del Código Tributario. En consecuencia, este precepto del artículo 19 Nº 3 se trataría de un precepto aplicable a cualquier autoridad, que deba cumplir funciones o ejercer atribuciones que afecten derechos de las personas. (cfr. nombre reservado. Ramírez Krause, Claudia. Saavedra Ramírez, Karin. “Análisis de la cuestión de constitucionalidad, a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional rol Nº681-2006”, Revista de derecho Público de la Universidad de Chile, Vol 73, pp. 337-353, año 2007).

En síntesis, el debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona. Con el objeto de evitar una extensión innecesaria del contenido del recurso, y habiéndose desarrollado latamente la forma en que fue vulnerada esta garantía fundamental, se reproducen en este acápite el ítem de la narración de los hechos referida a la garantía fundamental ya señalada.

4.- El derecho de Petición. Art. 19 N° 14 CPR. El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Tradicionalmente, la doctrina nacional ha identificado en esta disposición la consagración del derecho de petición, a través del cual se garantiza la comunicación y el acceso directo de las personas a la autoridad para expresar sus problemas, planteamientos u observaciones, sin la existencia de barreras intermedias. Este derecho trae asimismo la obligación correlativa entregar, dar respuesta y acceso a la información cuando legalmente sea procedente. Garantía vulnerada en la negativa constante de permitir el acceso o revisión de las actas por parte del Directorio de facto, recurrido mediante la presente acción de protección.

5.- Derecho de asociación. 19 Nº15 CPR. El artículo 19 en su numeral 15 de Nuestra Carta Magna, asegura a todas las personas el derecho de Asociación, entendiéndose este como “la facultad que tienen todas las personas para ejercer la libertad de crear asociaciones y de adscribirse a las que ya estén creadas, la libertad para no asociarse y para dejar de pertenecer a asociaciones, la libertad de determinar sus fines, la organización de ellas y la determinación de su funcionamiento interno sin interferencias públicas y el conjunto de facultades que tienen los asociados individualmente considerados frente a las asociaciones de que forman parte o frente a aquellas en que buscan integrarse” (Zúñiga Urbina, Francisco. “Los derechos de Asociación y Reunión: Nueva perspectiva dogmática y jurisprudencial”, Revista de Derecho Público de la Universidad de Chile, Vol. 79, pp. 201-228, año 2013). El ello se ser literalmente desinformada, segregarla, discriminarla y destituirla de su cargo, la han privado en toda la palabra y magnitud del derecho de asociación. En consecuencia, a todas luces el actuar de los recurridos vulnera su legítimo derecho a pertenecer a una asociación.

D.- PETICIONES CONCRETAS. Remedio Solicitado: Conforme a los argumentos de hecho y de derecho expuestos, y conociendo los hechos recientemente acaecidos, solicito, en definitiva: 1.- Que se ordenen el reintegro de su representada doña nombre reservado, recuperando íntegramente su calidad de PRESIDENTE de dicha organización. 2.- Que se ordene la inhabilitación de todos los integrantes del Directorio de facto, con el objeto de que se abstengan de realizar actos que pongan en riesgo los proyecto y patrimonio del comité, con el objeto de que la presidenta reintegrada convoque a una asamblea extraordinaria, para elección de sus reemplazantes. 3.- Que, los recurridos no vuelvan a perturbar, o dañar psicológicamente a la recurrida mediante tratos vejatorios, por lo cual es imperante, su inhabilitación, exclusión y expulsión del citado comité, en razón de haber incurrido en las vulneraciones a las garantías constitucionales ya referidas. 4.- Que, se condene expresamente y solidariamente a los recurridos, al pago de las costas de la causa.

Por ello pide tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra de Directorio de facto del COMITÉ DE VIVIENDA LOS SALTOS, compuesto por su Presidente: don nombre reservado, su Secretario doña LUCIA INES YAÑEZ ARANEDA, y su Tesorero don nombre reservado, todos ya individualizados, otorgarle tramitación, declararlo admisible y ordenar informar a los recurridos, de manera de poner pronto remedio a los actos y omisiones ilegales y arbitrarios en los cuales han incurrido, restableciendo el imperio de derecho y conceder los remedios solicitados en el cuerpo del presente recurso, condenando a los recurridos al pago solidario de las costas de la causa.

Acompaña. 1.- Copia de del acta de constitución del COMITE DE VIVIENDA LOS SALTOS de Curacautín, de fecha 23/02/2012. 2.- Copia de los Estatutos del COMITE DE VIVIENDA LOS SALTOS de Curacautín. 3.- Copia Decreto Exento número 0237 de fecha 24 de febrero del 2012, firmada por don nombre reservado, honorable alcalde de la I. Municipalidad de Curacautín, y su Secretario Municipal, nombre reservado. 4.- Certificado de personalidad jurídica del COMITE DE VIVIENDA LOS SALTOS de Curacautín, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, fecha emisión de fecha 06 de mayo del 2024. 5.- Certificado de personalidad jurídica del COMITE DE VIVIENDA LOS SALTOS de Curacautín, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, fecha emisión de fecha 20 de julio del 2024. 6.- Copia del Reclamo ante el Tribunal Electoral de la Región de la Araucanía, de fecha 24 de junio del 2024. 7.- Copia de la sentencia dictada por Tribunal Electoral de la Región de la Araucanía, de fecha 26 de junio del 2024. 8.- Copia de la inscripción de dominio de fojas 172 vuelta N° 155 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Curacautín 2015, con vigencia al 17 de julio del 2024. 9.- Copia de tasación comercial contenida en el acta Acuerdo N° 041 del 22 de Febrero del 2013 de la I. Municipalidad de Curacautín, 10.- Copia autorizada de Mandato judicial otorgado por escritura pública de fecha 01 de julio del 2024, ante el Notario Interino Público nombre reservado de Curacautín don nombre reservado.

A Folio 9, comparece don nombre reservado, Abogado, por la parte recurrida en autos de protección, don nombre reservado, chileno, trabajador dependiente, cédula nacional de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado; doña LUCIA INES YAÑEZ ARANEDA, chilena, trabajadora, cédula nacional de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; y don nombre reservado, chileno, trabajador independiente, cedula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en nuestra calidad de Presidente, Secretaria y Tesorero respectivamente, del COMITÉ DE VIVIENDA LOS SALTOS, de la común de Curacautín, nombre reservado sin fines de lucro, RUT. RUT reservado, con domicilio domiciliada en domicilio reservado.

Antes de entrar al fondo, expone que alega la extemporaneidad de la acción de protección. Explica que la recurrente ha fijado de manera conveniente para forzar el conocimiento y tramitación de esta causa, el día 24 de junio de 2024 como fecha de conocimiento efectivo de los hechos objeto de este recurso, aun cuando en su propia presentación indica y acepta que la supuesta segregación de que habría sido víctima comenzó antes de aquel día, primero por rumores, luego por segregación y marginación; y por ú último por privársele de toda comunicación e información atingente al Comité, y así, posteriormente el día 24 de junio, es que habría sido supuestamente “notificada de su destitución de la Directiva”. Con todo, de su propio relato, queda en evidencia que la supuesta “perturbación” de sus garantías constitucionales tiene su origen con bastantes días de antelación a aquel 24 de junio de 2024. Si nos ceñimos a lo estricto, tenemos que con fecha 13 de abril del año 2024, en sesión debidamente convocada, se comenzó a proponer por parte de los miembros del Comité la votación de un nuevo representante (Presidente) del mismo, esto debido a la inasistencia de la recurrente, quien a criterio de los miembros, estaba ya dejando de realizar las labores para las que fue electa, entrampando y dificultando la realización de trámites, sobre todo con la Entidad Patrocinaste del proyecto, por problemas personales que tomo con los mismos. Si bien ese 13 de abril de 2024 no podríamos considerarlo como una “perturbación” de sus garantías, si podemos establecer como fecha cierta de las misma, la sesión del día 27 de abril de 2024, en la que su acta la refleja habérsele solicitado su renuncia, a lo cual ella indica que desde ese día comenzará a resolver los asuntos pendientes, y firmara los documentos necesarios para que la Entidad Patrocinaste pueda continuar desarrollando el proyecto, esto considerando que precisamente, su despreocupación n por resolver problemas, y falta de firma de diversos documentos, acarreo demoras que estaban afectando al Comité, así como reclamos en su contra de algunos socios. Sin embargo, aquellas explicaciones no fueron aceptadas por la asamblea, y se convocó a Asamblea Extraordinaria para el día 4 de mayo de 2024 a las 15:00 horas, con el objeto de proceder en reorganizar la directiva, y elegir un nuevo Presidente del Comité, todo lo cual, como se ha indicado, consta en Acta número 9, del ya mencionado día 27 de abril de 2024. Es de destacar que si bien el acta de ambas sesiones fue redactada, estas no pudieron ser firmadas por la recurrente. Ya con fecha 04 de mayo, la propia recurrente doña nombre reservado da inicio a la sesión extraordinaria, según consta de la propia acta, que no quiso ser firmada por la recurrente, y la que abandono a mitad de la misma hacia el exterior de la sala de reuniones para volver de inmediato, esta vez a presenciar lo que ocurrirá a en la sesión n, por lo que esta continúo desarrollándose con normalidad, proponiéndose los candidatos respectivos, al cabo de la cual resultó electo como Presidente con nombre reservado con 29 votos, de un total de 83 votos, con lo que la recurrente tomo inmediato conocimiento de lo sucedido en la misma, posterior a lo cual comenzó en busca de asesoría para intentar impugnar la elección realizada. Vemos entonces que no es cierto que la recurrente hubiera tomado conocimiento recién con fecha 24 de junio de 2024, sino que de las garantías que ha alegado como objeto de protección habrían sido “perturbadas” ya con fecha 27 de abril de 2024, al indicársele directamente que se convocara a sesión extraordinaria para la realización de elecciones de directiva, púes ya no confiaban en su labor como Presidenta del Comité; y ya con fecha 04 de mayo de 2024, presencio toda la sesión realizada, incluida las votaciones realizadas para elegir nuevo Presidente del Comité. En consecuencia, habiendo tomado conocimiento la contraria, al menos desde el día 27 de abril de 2024 que se pretendí a realizar un cambio de directorio, es que comenzó a correr el término establecido en su favor para accionar de protección. O incluso, si se considera la fecha en que efectivamente sus derechos habrían sido, como indica, vulnerados, esa fecha corresponde al día 04 de mayo de 2024, fecha en que se realizó la elección de la nueva Directiva, motivo por el cual su recurso de protección resulta extemporáneo al plazo legal. Así, en virtud de lo señalado, el presente recurso de protección n estaría siendo interpuesto fuera del plazo previsto en el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección de Garantí as Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, por lo que con lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y por tanto, SE DEBE RECHAZAR por extemporáneo el recurso de protección interpuesto por la recurrente.

B.- En cuanto al fondo de la acción deducida.

Que, de los hechos narrados, y recurridos por la contraria, no se vislumbran hechos que tengan una calidad de arbitrarios ni ilegales ni discriminatorios, como se pretenden hacer ver. Tampoco se ha tratado de hechos que se hubieran realizado de manera oculta, como se ha relacionado anteriormente. Así las cosas, la contraria alega haber sido destituida de su cargo, pero dicha destitución se ha ajustado a derecho, según los propios estatutos de la organización. Se dispone en el art. 36 de los mismos, cuyo texto ya fuera acompañado por la recurrente, que existen una serie de causales por las cuales la directiva, en este caso la recurrente y su cargo de Presidente, pueden cesar en el cargo, como pudiera serlo censura acordada por 2/3 de los miembros presentes en una asamblea extraordinaria especialmente convocada al efecto.

Tenemos que como se ha indicado precedentemente, en acta número 9, de fecha 27 de abril del año 2024, a la que asistió la recurrente, se convocó a una reunión extraordinaria para el día 04 de mayo de 2024 a las 15:00 horas, precisamente para discutir la posibilidad de designar a un nuevo Presidente del Comité. Es decir se cumplió con los requisitos dispuestos en los propios estatutos; y precisamente el día de la audiencia extraordinaria, es que habiendo concurrido la Presidenta, al tomar conocimiento de que se discutirá a respecto de su salida de la Presidencia del Comité, es que no quiso entregar sus descargos, saliendo del lugar de reunión, para prontamente volver, y presenciar el desarrollo de la misma, con la postulación de los candidatos, de los que resultó electo don nombre reservado, notificándosele en el acto a la recurrente, quien se encontraba de todos modos presenciando toda la sesión. Como podrá notar el acto recurrido por la contraria, no es tal. Todo se realizó dentro de lo que permiten los propios estatutos, careciendo de todo sentido de arbitrariedad e ilegalidad, habiéndose realizado de manera pública, delante de la propia recurrente, quien con la misma fecha, tomo conocimiento efectivo de su destitución del cargo que ostentaba. En concreto, en relación a la ilegalidad, el Comité actúo dentro de las facultades y potestades que los propios estatutos le confieren; y en relación a la arbitrariedad que se refiere, no se señala el fundamento de la misma: el hecho de utilizar las facultades que se le permiten al Comité, no quiere decir que implique actuar arbitrariamente. Así las cosas, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad por parte de los recurridos, no pueden sino concluirse que NO existe vulneración a las garantías constitucionales que han sido invocadas por la contraria. En síntesis no existen entonces derechos indubitados que ameriten la protección que concede este arbitrio constitucional, primero, por haberse ejercido esta acción fuera de plazo; y luego por no haberse señalado la forma en que los hechos recurridos han incidido en alguno de los derechos protegidos constitucionalmente que se han indicado en el recurso; por haberse realizado todos los actos que fueron recurridos, dentro del marco legal, sin arbitrariedades de parte del Comité ni su actual directiva; y por haberse realizado dichos actos de manera pública, frente a todos los socios del Comité, y especialmente frente a la propia recurrente.

Por ello, pide tener por evacuado el informe solicitado, y acogiendo la causal de extemporaneidad; o bien las alegaciones planteadas que dicen relación con la inexistencia de ilegalidades y arbitrariedades en los hechos recurridos, tenga a bien rechazar la acción de protección deducido por la recurrente, con costas.

Acompaña: 1.- Copia de actas número 8 y 9 del Comité, y copia de acta de sesión extraordinaria en que se desarrolló elección recurrida por la contraria; 2.- Comprobante de la solicitud del Registro de Personas Jurídicas del Comité de Vivienda Los Saltos y certificado número 474 que modifica integrante del Directorio; 3.- Certificado de Directorio de nombre reservado del Comité Los Saltos; y 4.- Certificado de Vigencia del Comité Los Saltos.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada;

SEGUNDO: Que, el acto tildado de arbitrario e ilegal por el recurrente, es el proceso de destitución que se habría producido, a pesar de estar vigente el periodo de permanencia en el cargo que detentaba doña nombre reservado, como Presidente del Comité de Vivienda Los Saltos de Curacautín, sin haberle notificado ninguna formulación de cargo al respecto, y sin existir a la fecha ninguna notificación formal del mismo, habiendo sido privada de toda información al respecto, sin que existe constancia alguna de una nueva elección de directiva, ya que conforme al certificado de Personalidad Jurídica que se acompaña, la última votación de directorio que data del 15 de julio del 2023, cuyo registro se mantiene vigente a la fecha.

TERCERO: Que, la recurrida informando el recurso, solicitó el rechazo del recurso de protección por las razones ya expuestas.

CUARTO: Que, de los antecedentes expuestos por los recurridos, queda en evidencia que con si bien la recurrente fija el conocimiento de los hechos el día 24 de junio del 2024, con ocasión de haber solicitado la revisión de las actas del Comité a la Secretaria del Directorio doña LUCIA INES YAÑEZ ARANEDA, las cuales fueron negadas, quien además conjuntamente con el Tesorero don nombre reservado, es un hecho no controvertido, que frente a la eventualidad de existir este nuevo directorio de facto, llevado a cabo en forma irregular, sin un debido proceso de destitución, mediante actos ocultos, clandestino y no informados, la recurrente interpuso reclamo ante el Tribunal Electoral Regional, el cual con fecha 26 de junio del 2024, fue resuelto, declarando dicho Tribunal la inadmisibilidad del reclamo de nulidad del supuesto proceso electoral, por razones de extemporaneidad, argumentando además que dicho órgano jurisdiccional era incompetente para conocer de un proceso de destitución.

QUINTO: Que, sin perjuicio de bastar lo anterior para rechazar el presente recurso, lo cierto es que el proceso de cambio de directiva en conformidad a la documentación acompañada en el presente recurso, consta del Acta número 9, de fecha 27 de abril del año 2024, a la que asistió la recurrente, en la que se convocó a una reunión extraordinaria para el día 04 de mayo de 2024 a las 15:00 horas, precisamente para discutir la posibilidad de designar a un nuevo Presidente del Comité ante la censura de un dirigente. Es decir se cumplió con los requisitos dispuestos en los propios estatutos; no siendo posible vislumbrar arbitrariedad e ilegalidad en dicho proceso, habiéndose realizado de manera pública, delante de la propia recurrente, quien con la misma fecha, tomo conocimiento efectivo de su destitución del cargo que ostentaba.

SEXTO: No existen entonces derechos indubitados que ameriten la protección que concede este arbitrio constitucional, primero, por haberse ejercido esta acción fuera de plazo; y luego por no haberse señalado la forma en que los hechos recurridos han incidido en alguno de los derechos protegidos constitucionalmente y que se han indicado en el recurso; toda vez que los actos denunciados fueron realizados dentro del marco legal que contemplan sus estatutos, sin arbitrariedades de parte del Comité ni su actual directiva; y por haberse realizado dichos actos de manera pública ante todos los socios del Comité, y especialmente frente a la propia recurrente.

Por estas consideraciones, normas constitucionales y reglamentarias citadas, y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por ADIEL EMILIANO MORA TRONCOSO, en representación de doña nombre reservado, en contra del DIRECTORIO DEL COMITÉ DE VIVIENDA LOS SALTOS, de la comuna de Curacautín.

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Redacción del Abogado Integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

Rol N° Protección-5307-2024.(jog)