nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, treinta de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, chilena, funcionaria pública, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, y don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado.

Refiere que desde hace un tiempo a la fecha, la recurrente es objeto de una serie de actuaciones reiteradas, desproporcionadas y carentes de todo fundamento objetivo por parte de los recurridos, las cuales configuran una situación de hostigamiento progresivo que afecta gravemente su tranquilidad personal, la inviolabilidad de su hogar, su integridad psíquica y, de manera particularmente sensible, su honra, imagen y reputación personal y profesional.

Detalla que se formulan denuncias, constancias y comunicaciones formales en las que se le imputan supuestos ruidos molestos, conductas agresivas, faltas de respeto e incluso una presunta negativa a identificarse ante personal de Carabineros de Chile. Todas estas afirmaciones son absolutamente falsas, infundadas y carentes de cualquier verificación objetiva, circunstancia que la recurrente niega categóricamente.

Señala que, no obstante lo anterior, dichas imputaciones dan lugar a la concurrencia reiterada de personal policial a su domicilio, al ingreso al mismo sin que exista constatación previa de los hechos denunciados ni advertencias proporcionales, así como al levantamiento de un parte policial basado exclusivamente en declaraciones unilaterales, sin medición técnica, sin constatación directa de los supuestos hechos y sin observancia del principio de proporcionalidad que debe regir toda actuación de la autoridad.

Sostiene que, la situación descrita se agrava por el hecho de que uno de los recurridos, don nombre reservado, funcionario activo de Carabineros de Chile, traslada este conflicto de carácter estrictamente vecinal al ámbito laboral e institucional. En efecto, concurre al lugar de trabajo de la recurrente y realiza gestiones ante su cadena de mando con el objeto de dejar constancias formales respecto de hechos que jamás ocurren, exponiéndola innecesariamente ante sus superiores jerárquicos y afectando directamente su imagen, honra y prestigio profesional como funcionaria pública, señalando que estas actuaciones no sólo generan un clima de hostilidad y amedrentamiento, sino que provocan un menoscabo real, concreto y verificable a su reputación personal y laboral, presentándola injustamente como una persona conflictiva, agresiva o irrespetuosa de la ley, lo que resulta absolutamente ajeno a su conducta personal y a la trayectoria funcionaria que ha desarrollado, la cual ha sido intachable.

Expone que consciente del riesgo cierto de que estas acciones continúen escalando, la recurrente concurre oportunamente a la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de Carabineros de Chile, ingresando un reclamo administrativo formal, el cual es recepcionado y actualmente se encuentra en tramitación. Sin embargo, dicha vía administrativa resulta manifiestamente insuficiente para detener de manera inmediata la afectación actual, permanente y continua de sus derechos fundamentales.

Argumenta que la reiteración de estos actos por parte de doña nombre reservado y de don nombre reservado, su evidente falta de sustento fáctico, el involucramiento indebido de los superiores jerárquicos de la recurrente a través de canales administrativos y la utilización de recursos policiales con fines de presión, intimidación y descrédito —más aún considerando que don nombre reservado se desempeña como capitán de la institución y se encuentra a cargo de los patrullajes en la comuna— configuran una conducta ilegal y arbitraria que amerita la intervención urgente de esta Ilustrísima Corte, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a sus garantías constitucionales.

Agrega que como una manifestación adicional de la conducta de hostigamiento descrita, los recurridos instalan una cámara de vigilancia orientada directamente hacia la propiedad de la recurrente y hacia el interior de su hogar, sin su consentimiento y sin existir justificación alguna que lo permita, añadiendo que dicha cámara no se encuentra dirigida exclusivamente a la protección del inmueble de los recurridos, sino que apunta hacia el domicilio de la recurrente, afectando gravemente su derecho a la vida privada, a la inviolabilidad del hogar y generando una constante sensación de vigilancia y amedrentamiento.

En cuanto al Derecho, manifiesta que la conducta de los recurridos constituye una vulneración directa y flagrante del derecho consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, indicando que la constante exposición a denuncias infundadas, la concurrencia policial reiterada y el temor razonable a nuevas represalias afectan gravemente la estabilidad emocional y tranquilidad personal de la recurrente.

Agrega que la que la conducta denunciada vulnera el derecho consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución, que resguarda el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, señalando honra no sólo comprende la estimación subjetiva que una persona tiene de sí misma, sino también la consideración social de la que goza, la cual en el caso de la recurrente se ve injustamente menoscabada mediante imputaciones falsas y la difusión institucional de hechos inexistentes, añadiendo que la instalación de una cámara de vigilancia orientada hacia su propiedad y hacia el interior de su hogar constituye una intromisión ilegítima en su vida privada y en la de su familia, afectando su derecho a desarrollar su vida doméstica libre de vigilancia indebida y generando una amenaza permanente a la inviolabilidad del hogar, lo que resulta contrario a la garantía constitucional invocada.

Argumenta que el derecho a la honra encuentra además un claro desarrollo en los artículos 416 a 420 del Código Penal, los cuales protegen la reputación y buen nombre de las personas frente a imputaciones deshonrosas, indicando que, si bien la presente acción no persigue responsabilidad penal, dichos preceptos resultan plenamente aplicables como criterio interpretativo del bien jurídico afectado y como parámetro para dimensionar la gravedad del daño ocasionado.

Afirma que la jurisprudencia constante y reiterada de los Tribunales Superiores de Justicia ha establecido que el recurso de protección resulta procedente frente a actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias que, aun cuando no configuren delito, produzcan una afectación actual o una amenaza cierta e inminente a derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República, indicando que en especial, dicha acción cautelar se ha estimado plenamente procedente cuando se trata de conductas reiteradas en el tiempo que alteran gravemente la vida privada, la honra, la tranquilidad y la integridad psíquica de una persona, haciendo necesaria la intervención inmediata de este Ilustrísimo Tribunal para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a la recurrente y a su familia.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto recurso de protección en favor de la recurrente, acogerlo en todas sus partes, declarando que los actos de los recurridos son ilegales y arbitrarios, además de: 1) Declarar que los recurridos, doña nombre reservado y don nombre reservado, cesen de inmediato en toda conducta de hostigamiento, intimidación, denuncias infundadas e imputaciones falsas en contra de la recurrente, y que se abstengan en lo sucesivo de efectuar denuncias, comunicaciones o gestiones, ya sea ante autoridades policiales, administrativas o de cualquier otra naturaleza, que no se encuentren debidamente fundadas en hechos reales y comprobables, y que tengan por objetivo perturbar su tranquilidad, afectar su integridad psíquica, honra, vida privada, imagen personal o desempeño laboral. 2) Decretar medidas cautelares para la protección de los derechos de la recurrente y de su grupo familiar. 3) Ordenar a la brevedad el restablecimiento de sus derechos fundamentales. 4) Ordenar el retiro inmediato de la cámara de vigilancia instalada por los recurridos que se encuentra orientada hacia su propiedad, por constituir una vulneración a su derecho a la vida privada y a la inviolabilidad del hogar. 5) Que el presente recurso sea acogido con expresa condena en costas.

A folio 12, comparece nuevamente la recurrente doña nombre reservado, ya individualizada, haciendo presente la existencia de hechos nuevos y sobrevinientes, ocurridos con posterioridad a la interposición del presente recurso y a la evacuación del informe por parte de los recurridos, los cuales a su entender, no solo confirman la conducta de hostigamiento denunciada en autos, sino que la agravan y amplían a un nuevo canal institucional, configurando nuevos actos vulneratorios en perjuicio de su persona y grupo familiar.

Expone que, con fecha 21 de abril de 2026, doña nombre reservado, vecina domiciliada en domicilio reservado, inmueble emplazado en la misma manzana y a escasa distancia del domicilio de los recurridos, ubicado en domicilio reservado, remite un correo electrónico al Comandante de la Zona Bélica Valdivia del Ejército de Chile, dirección correo reservado, formulando en contra de la recurrente una denuncia administrativa por supuestos hechos de “basura y convivencia”, acompañando un escrito titulado “Reclamo por situación reiterada de basura y convivencia” y un set de fotografías. Todos estos antecedentes se acompañan en el segundo otrosí del presente escrito.

Afirma que lo expuesto reviste la mayor relevancia para la decisión de esta Iltma. Corte, ya que tal como se denuncia en el escrito principal, el recurrido don nombre reservado, en su condición de Capitán de Carabineros de Chile, concurre a la unidad de trabajo de la recurrente y realiza gestiones ante su cadena de mando con el objeto de afectar su imagen, honra y prestigio profesional, indicando que la conducta que ahora se denuncia mediante este escrito es de idéntica naturaleza: una nueva denuncia formal, dirigida deliberadamente al canal institucional de su empleador, con la única finalidad de exponerla ante sus superiores jerárquicos por hechos falsos, señalando que la reiteración del mismo modo de actuar no es casual, pues revela un patrón sistemático de hostigamiento mediante el uso instrumental de canales institucionales.

Agrega que la recurrente se desempeña como funcionaria activa del Ejército de Chile, condición plenamente conocida por los recurridos, indicando que doña nombre reservado, autora del nuevo correo, es asimismo funcionaria del Ejército de Chile, circunstancia que evidencia que la denuncia es dirigida con conocimiento exacto del conducto regular institucional aplicable a la recurrente y con el preciso objetivo de afectar su carrera funcionaria y honra profesional ante la misma institución empleadora.

Sostiene que los hechos descritos en el “Reclamo” acompañado son falsos, la recurrente señala que no desarrolla en momento alguno la conducta que se le atribuye, indicando que una vez tomado conocimiento, por intermedio de su superior jerárquico, de la existencia de la referida denuncia administrativa, se contacta de buena fe y en aras de mantener una sana convivencia vecinal, por mensajería instantánea WhatsApp, con doña nombre reservado, ofreciéndole disculpas, comprometiéndose a evitar cualquier circunstancia que pudiere causarle incomodidad y poniendo a su disposición un canal directo de comunicación. Dicho mensaje, que también se acompaña, no obtiene respuesta alguna.

Argumenta que esta sola circunstancia deja en evidencia la verdadera finalidad del acto denunciado: no la solución de un supuesto problema, sino el menoscabo institucional, profesional y personal de la recurrente, añadiendo que que adquiere un basurero con capacidad suficiente para depositar sus residuos, evitando así cualquier molestia a las vecinas.

Expone que la cercanía geográfica entre los domicilios de los recurridos (Mariluan N° 1442) y de doña nombre reservado (Marilhuán N° 1436), unida a la evidente similitud del modus operandi —consistente en utilizar canales institucionales para denunciar hechos falsos— y, especialmente, al hecho que posteriormente se expone respecto del contenido fotográfico de la denuncia, permiten razonablemente sospechar la existencia de coordinación entre los recurridos y la denunciante, con el fin de presentar artificiosamente ante terceros una conducta inexistente de parte de la recurrente.

Refiere que entre los antecedentes acompañados al correo electrónico antes referido, doña nombre reservado adjunta un conjunto de fotografías supuestamente probatorias del reclamo formulado, señalando que del simple examen visual de dichas imágenes, que se acompañan, se desprende con absoluta claridad que varias de ellas son capturadas desde un ángulo cenital o picado superior, esto es, desde una posición elevada respecto del nivel del suelo, captando el frontis y el cierre perimetral del domicilio de la recurrente desde una perspectiva imposible de obtener mediante una toma manual a nivel de calle.

Considera que circunstancia resulta determinante para la resolución del presente recurso, por las siguientes razones: a) Confirma que la cámara de videovigilancia denunciada en el recurso principal, instalada por los recurridos y orientada hacia el domicilio de la recurrente, no ha sido retirada, se encuentra plenamente operativa y continúa registrando, de forma permanente y actual, el interior y exterior de su propiedad. b) Acredita que las imágenes captadas mediante dicho dispositivo son activamente extraídas, compartidas con terceros y utilizadas como insumo de denuncias administrativas en su contra, lo que agrava ostensiblemente la afectación a la garantía consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. c) Refuerza, con prueba sobreviniente y objetiva, la procedencia del retiro inmediato de dicho dispositivo, solicitud formulada en el petitorio del escrito principal y que hoy se reitera con mayor fundamento en mérito de los nuevos antecedentes.

Concluye que los nuevos antecedentes acompañados acreditan, con prueba sobreviniente y objetiva, que la afectación a la garantía consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho al respeto y protección de la vida privada y de la honra de la persona y su familia, así como la inviolabilidad del hogar, invocada en el recurso principal, no solo subsiste a la fecha del presente escrito, sino que se intensifica y materializa en perjuicios concretos y actuales para la recurrente.

Sostiene que los hechos descritos no constituyen un acto aislado, sino la prolongación natural y previsible de la conducta sistemática y reiterada que motiva la presente acción cautelar, indicando que lejos de cesar, la actividad lesiva continúa, escala y se sofistica: se incorpora a un tercero, doña nombre reservado; se replica el mecanismo de denuncia institucional infundada; se utiliza un nuevo canal jerárquico, Ejército de Chile en lugar de Carabineros; y se hace un uso lesivo y verificable de la cámara de vigilancia denunciada en autos, indicando que esta progresión confirma plenamente la afectación actual y permanente de los derechos fundamentales de la recurrente y la insuficiencia de cualquier respuesta administrativa ordinaria frente a la conducta de los recurridos.

Solicita finalmente que se tenga por realizadas las consideraciones expuestas y por acreditados los hechos nuevos y sobrevinientes individualizados en el cuerpo de este escrito, y considerarlos al momento de pronunciar sentencia, en cuanto confirman, agravan y amplían la conducta ilegal y arbitraria objeto del recurso y que se tenga presente que los hechos sobrevinientes acreditan de manera objetiva que la cámara de videovigilancia continúa operativa y dirigida hacia la propiedad de la recurrente, siendo utilizada en perjuicio de ella y de su familia, por lo que solicita el retiro inmediato de la misma, constituyendo esta la única medida idónea para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes: Anexo en formato PDF denominado “Anexo de Antecedentes Sobrevinientes - Rol N° 529-2026”, que contiene los siguientes documentos: 1.-Correo electrónico de fecha 21 de abril de 2026, remitido por doña nombre reservado (correo reservado) al Comandante de Zona Bélica Valdivia del Ejército de Chile (correo reservado). 2.-Documento adjunto al correo electrónico denominado “Reclamo por situación reiterada de basura y convivencia”, suscrito por doña nombre reservado. 3.-Set de fotografías acompañadas a la denuncia administrativa, en las cuales se aprecia con claridad que parte de ellas fueron capturadas desde un ángulo cenital o superior, lo que únicamente resulta posible mediante el dispositivo de videovigilancia denunciado en el recurso principal. 4.-Captura de pantalla de conversación por aplicación WhatsApp entre la recurrente y doña nombre reservado, en la que, de buena fe y por vía directa, intenta dar solución amistosa al supuesto conflicto.

A folio 9, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, y don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, quienes evacúan el informe requerido, solicitando el rechazo en todas sus partes, de la acción constitucional de protección interpuesta.

En primer término, alegan la extemporaneidad del recurso, señalando que el recurso de protección, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República y al Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales (Acta N° 94-2015), debe interponerse dentro de los 30 días corridos siguientes al acto u omisión que se estima ilegal o arbitrario, plazo que es de carácter fatal e improrrogable, por lo que, una vez vencido, la acción pierde su procedencia y debe ser rechazada de plano, indicando que en el caso de autos, los propios documentos acompañados por la recurrente evidencian que los hechos denunciados se remontan a octubre, noviembre y diciembre de 2025: 1.-Carta de nombre reservado al Regimiento Logístico, fechada el 30 de octubre de 2025. 2.-Carta de nombre reservado dirigida al Sr. nombre reservado, de fecha 16 de diciembre de 2025. 3.-Parte Policial N° 5422943, de fecha 1 de diciembre de 2025, por ruidos molestos. 4.-Cámara de vigilancia instalada en un árbol del domicilio de los recurridos, respecto de la cual no se indica la fecha en que estaría operando o causando la supuesta vulneración de derechos.

Expone que de los hechos mencionados, el más reciente corresponde al día 15 de diciembre de 2025, mientras que el presente recurso es interpuesto con fecha 12 de febrero de 2026, es decir, más de treinta días después de los hechos fundantes, circunstancia que lo torna extemporáneo, añadiendo que la recurrente intenta presentar la situación como un hostigamiento continuo o progresivo; sin embargo, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que la reiteración de actos similares no renueva ni extiende el plazo fatal. El cómputo se inicia desde el primer acto que configura la vulneración o desde el momento en que la persona toma conocimiento efectivo de él, citando jurisprudencia acorde con esta interpretación, en especial, fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol N° 18.587-2025, de 29 de julio de 2025: rechaza un recurso por extemporáneo, señalando que el plazo no se interrumpe por la interposición de reclamos administrativos ni por la reiteración de hechos, fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol N° 28.448-2025, de 28 de octubre de 2025: reafirma que el plazo corre desde el conocimiento efectivo del acto arbitrario y que la acción pierde procedencia si se interpone fuera de los 30 días y fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol N° 55.971-2025 que declara inadmisible un recurso por haberse presentado fuera del plazo fatal, destacando que la naturaleza del recurso exige inmediatez para restablecer el imperio del derecho, entre otros.

Agrega que la doctrina constitucional chilena ha señalado que el recurso de protección constituye una acción de carácter urgente y excepcional, destinada a restablecer de inmediato el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, estimando que el plazo de treinta días no constituye una mera formalidad, sino una garantía de certeza jurídica y de equilibrio procesal. Permitir la interposición de recursos fuera de plazo transformaría esta acción cautelar en un mecanismo ordinario de revisión de conflictos, desnaturalizando su finalidad, por lo que el recurso interpuesto carece de oportunidad procesal y debe ser rechazado por extemporáneo, sin necesidad de entrar al análisis de fondo.

En cuanto al fondo, respecto de la supuesta vulneración del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, refiere que los recurridos y otros vecinos del sector han sido objeto de constantes problemas de convivencia ocasionados por la recurrente. Tales dificultades se manifiestan en fiestas realizadas durante días de semana hasta altas horas de la noche, riñas y altercados entre los visitantes de su domicilio en contexto de ingesta de alcohol, así como diversos actos que perturban el buen vivir de la comunidad, añadiendo que ante dichos hechos, se efectúan las denuncias correspondientes al Plan Cuadrante de Carabineros de Chile, cuyos funcionarios concurren al lugar para controlar la situación de los ocupantes del inmueble. De tales procedimientos derivan partes remitidos al Juzgado de Policía Local competente, evidenciando que las circunstancias descritas son verificadas por personal policial.

Agrega que la recurrente sostiene que estas denuncias vecinales y la concurrencia de Carabineros afectan su estabilidad emocional, sin embargo, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, no se ve comprometido por molestias subjetivas o percepciones de incomodidad, sino únicamente cuando existe un riesgo cierto, grave y directo contra la vida o la salud física o mental de la persona, señalando que en la especie, lo descrito corresponde a actuaciones institucionales legítimas: denuncias vecinales, partes policiales y constancias administrativas. Tales medidas no constituyen agresión ni amenaza concreta contra la recurrente, sino mecanismos de control social previstos por la ley para resguardar la convivencia y la tranquilidad pública.

Señala que de los antecedentes acompañados por la propia recurrente no se desprende que las denuncias realizadas sean falsas. Por el contrario, existe un parte policial emitido por funcionarios de Carabineros de Chile que da cuenta de la ocurrencia de los hechos denunciados, confirmando que las actuaciones se enmarcan dentro de procedimientos legítimos y no en un hostigamiento malicioso, estimando que no existe un uso incorrecto de las denuncias ni un actuar doloso, sino el ejercicio legítimo de derechos ciudadanos frente a hechos que generan perturbación en la convivencia vecinal. La incomodidad o molestia subjetiva que pueda ocasionar la fiscalización policial no alcanza la intensidad necesaria para configurar una vulneración constitucional, especialmente cuando dichos hechos se sustentan en circunstancias reales verificadas por la autoridad.

Manifiesta que las garantías constitucionales, si bien constituyen pilares esenciales para la protección de la dignidad y libertad de las personas, no son absolutas, su ejercicio encuentra un límite natural cuando, en su aplicación, se traduce en la vulneración de los derechos fundamentales de otro individuo. En tal sentido, el ordenamiento jurídico establece que el goce de una garantía no puede implicar la negación o menoscabo de las garantías de terceros, pues ello atentaría contra el principio de convivencia armónica y el respeto recíproco que sustenta el Estado de Derecho, añadiendo que lo anterior es recogido por la Corte Suprema en los autos Rol N° 43.671-2022, de fecha 10 de noviembre de 2022, en que se rechaza un recurso de protección por supuesta afectación psíquica derivada de fiscalizaciones reiteradas, señalando que “el derecho a la integridad psíquica exige una amenaza real y actual, no bastando la mera incomodidad o molestia subjetiva”. En similar sentido, la Corte de Apelaciones de Concepción, en los autos Rol N° 1.245-2023, desestima un recurso en que se alegaba vulneración de la integridad psíquica por denuncias vecinales, indicando que “la sola circunstancia de ser objeto de reclamos o fiscalizaciones no constituye, por sí misma, una afectación constitucional, pues se trata de mecanismos legítimos de control social”, citando además fallo pronunciado por la Corte Suprema, en los autos Rol N° 12.315-2021.

En lo referente a la supuesta vulneración del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, expresa que la recurrente sostiene que la instalación de una cámara de vigilancia orientada hacia su domicilio constituye una intromisión ilegítima en su vida privada y en la de su familia, sin embargo, la cámara en cuestión se encuentra orientada hacia la calle lateral de la propiedad de los recurridos y hacia el pasaje vecinal, esto es, hacia un espacio público y de libre tránsito. Su instalación se realiza en el patio trasero del domicilio de los recurridos, lugar por el cual ingresan delincuentes en una oportunidad anterior, teniendo por finalidad servir como método disuasivo y de registro audiovisual ante eventuales intentos de robo.

Precisa que el domicilio de la recurrente se ubica al otro lado de la calle o pasaje que separa ambos inmuebles, de modo que la cámara no apunta al interior de su vivienda, sino exclusivamente al sector común de tránsito vecinal, añadiendo que la cámara corresponde a un dispositivo de grabación básica, sin características de alta gama como zoom, visión de detalle o grabación en alta definición, constituyendo un mecanismo meramente disuasivo destinado a desalentar comportamientos delictivos y reforzar la seguridad del entorno.

Agrega que la propia recurrente mantiene instalada una cámara en términos similares, orientada desde el frontis de su propiedad hacia el pasaje, circunstancia que demuestra que el uso de dispositivos de vigilancia en el sector responde a una medida de seguridad recíproca y compartida, y no a un hostigamiento dirigido en su contra, acompañando como anexo un registro fotográfico que acredita que la cámara instalada no propende ni puede vulnerar la garantía constitucional de la inviolabilidad del hogar, atendido que entre ambos domicilios existe una vía pública (calle en la cual se estacionan vehículos de manera permanente) hacia la cual se dirige el dispositivo, apuntando específicamente al pasaje por donde eventualmente podría ingresar una persona con intención de cometer un robo, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema, en los autos Rol N° 29.448-2025 y fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N° 12.311-2024.

Por otra parte, expresa que la recurrente cita estas disposiciones como parámetro interpretativo para sostener que se habría vulnerado su honra, no obstante, tales artículos regulan los delitos de injurias y calumnias, los cuales requieren la existencia de imputaciones falsas y deshonrosas realizadas públicamente, con ánimo de afectar la reputación de una persona, indicando que en la especie, existen únicamente denuncias vecinales y constancias policiales, las cuales constituyen actos administrativos y mecanismos institucionales de control social, señalando que estas actuaciones no pueden ser calificadas como injurias ni calumnias, pues no contienen imputaciones falsas ni deshonrosas, limitándose a dar cuenta de hechos objetivos percibidos por los denunciantes y constatados por Carabineros.

Afirma que la jurisprudencia ha sido clara al señalar que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver controversias relativas a delitos contra la honra, las que deben ventilarse en sede penal con las garantías propias del debido proceso, por lo que la referencia al Código Penal resulta improcedente en este contexto, por no configurarse ninguno de los supuestos que la norma sanciona, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema, en los autos Rol N° 18.215-2022, solicitando finalmente, que se tenga por evacuado el informe requerido en el marco de los autos sobre Recurso de Protección y que se rechace la acción en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que la recurrente funda su acción en la existencia de denuncias vecinales que estima falsas, en la concurrencia de personal policial a su domicilio, en comunicaciones efectuadas por uno de los recurridos ante su institución empleadora y en la instalación de una cámara de vigilancia que, según afirma, se encontraría dirigida hacia su propiedad.

Cuarto: Que del examen de los antecedentes allegados al proceso no aparece acreditado que las denuncias formuladas por los recurridos hayan obedecido a una finalidad de hostigamiento o persecución personal.

Por el contrario, consta que tales actuaciones se desarrollan dentro de los cauces institucionales previstos por el ordenamiento jurídico para poner en conocimiento de la autoridad hechos que, a juicio de quienes denuncian, afectan la convivencia vecinal, sin que corresponda a esta sede cautelar determinar la efectividad o falsedad de tales imputaciones, cuestión que requiere de un procedimiento de conocimiento y prueba incompatible con la naturaleza sumarísima del recurso de protección.

Quinto: Que tampoco se ha acreditado que la concurrencia de funcionarios policiales al domicilio de la recurrente haya obedecido a una actuación arbitraria o ilegal atribuible a los recurridos, desde que aquella constituye una respuesta institucional frente a denuncias efectuadas por particulares, correspondiendo a Carabineros de Chile determinar la procedencia de los procedimientos que ejecuta en el ejercicio de sus funciones legales.

Sexto: Que, en cuanto a las comunicaciones efectuadas ante la cadena de mando de la recurrente, los antecedentes aportados resultan insuficientes para concluir que ellas hayan sido realizadas con el propósito exclusivo de afectar su honra o reputación profesional.

En efecto, se trata de presentaciones efectuadas ante autoridades competentes respecto de hechos vinculados a conflictos de convivencia vecinal, materia que, por su naturaleza controvertida, excede el ámbito propio de la presente acción cautelar.

Séptimo: Que, respecto de la alegación relativa a la instalación de una cámara de vigilancia, la recurrente no ha aportado antecedentes suficientes que permitan establecer de manera fehaciente que dicho dispositivo se encuentre dirigido hacia el interior de su vivienda o que registre espacios pertenecientes a su esfera privada.

Por el contrario, los recurridos sostienen que la cámara se encuentra orientada hacia un sector exterior de tránsito común y destinada a fines de seguridad, versión que no ha sido desvirtuada mediante elementos de convicción objetivos que permitan tener por configurada una afectación cierta y actual de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Octavo: Que los hechos sobrevinientes relatados por la recurrente tampoco alteran la conclusión precedente, desde que se limitan a dar cuenta de una nueva denuncia efectuada por una tercera persona ajena al presente recurso y de inferencias formuladas por la propia actora respecto del origen de determinadas fotografías, antecedentes que no permiten acreditar la existencia de una conducta ilegal o arbitraria atribuible a los recurridos en los términos exigidos por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Noveno: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados aparece la existencia de un conflicto vecinal prolongado entre las partes, respecto del cual ambas mantienen versiones contrapuestas acerca de los hechos que lo originan y desarrollan.

Tal controversia requiere de una actividad probatoria y de un debate incompatible con la naturaleza cautelar y urgente del recurso de protección, el cual no constituye una instancia declarativa destinada a resolver disputas de hecho complejas ni a determinar responsabilidades civiles o penales, de manera que, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace de manera actual las garantías constitucionales invocadas, la presente acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara: Que Se Rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de doña nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro Carlos Iván Gutiérrez Zavala.

N° Protección-529-2026.(csd)