nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COSTA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de enero de dos mil veinticinco.

Vistos:

Comparece el abogado don MIGUEL GONZALEZ CORDERO, quien deduce un recurso de protección en favor de don nombre reservado, profesor, con domicilio en domicilio reservado, en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA COSTA ARAUCANIA, representado para estos efectos, por su Director nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, con motivo de dictarse la Resolución Exenta N° 655 de fecha 19 de Junio de 2024, que PONE TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL POR TÉRMINO DEL PERÍODO POR EL CUAL SE EFECTUÓ EL CONTRATO, CAUSAL DEL ARTÍCULO 72 LETRA J) DEL D.F.L. N°1, DE 1996, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N°19.070 QUE APROBÓ EL ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN; en particular por realizar, dentro de la misma resolución de término de relación laboral de manera ilegal y arbitraria, descuentos por el total de licencias rechazadas por la suma de $17.914.167 de la indemnización legal por años de servicio que ascendió a la suma de $19.159.668, dejando al docente sólo el saldo $1.245.501, vulnerando sus derechos fundamentales, conforme a los siguientes argumentos:

1. Mediante el Decreto Alcaldicio N°0145 de fecha 08 de marzo de 2011 de la Municipalidad de Carahue, don nombre reservado, asumió como “Docente de aula” de Liceo Claudio Arrau León, por un total de 40 horas cronológicas semanales, en calidad de contrata, a contar del 01 de marzo de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012;

2. Por medio del Decreto Alcaldicio N°5802 de fecha 20 de noviembre de 2015 de la Municipalidad de Carahue, don nombre reservado, es nombrado como “Docente de aula” de Liceo Claudio Arrau León, por un total de 44 horas cronológicas semanales, en calidad de Titular a contar del 01 de noviembre de 2015;

3. Con fecha 30 de noviembre de 2021, de parte del Área Gestión de Personas dirigido a don nombre reservado, se le informó su traslado de establecimiento como “Docente de aula” a Escuela Pública de Tranapuente, comuna de Carahue, por un total de 44 horas cronológicas semanales, en calidad de titular a contar del 01 de marzo de 2022; los hechos en que se funda esta determinación se relacionan con el ajuste de cargas horarias del personal docente de los establecimientos, según lo trabajado en la dotación docente para el año 2022;

4. Por lo anterior por medio de Ord N° 197 de fecha 7 de marzo de 2023 se comunica a mi representado el término de la relación laboral por la causal del articulo 72 letra j) del DFL N° 1 (Ley 19. 070) en razón de la supresión de horas servidas, y con el derecho a la mantención de su remuneración hasta que el servicio recibiera los recursos y se determine el cese de funciones.

5. Ilegalmente, por medio de Resolución Exenta N°30 de fecha 11 de enero de 2024 el Servicio Local, puso término a la relación laboral” contemplada en el artículo 72 letra c) del D.F.L. N°1, de 1996, del Ministerio de Educación que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación;

6. La resolución fue representada por la Contraloría Regional de la Araucanía (Documento N° 3 acompañado) mediante oficio N° 22 de fecha 27 de marzo de 2024 y en el cual se indica “En consecuencia, resultó improcedente que mediante la resolución en examen se aplicara al señor nombre reservado, la medida disciplinaria de término de la relación laboral establecida en el artículo 72, letra c), del D.F.L. N°1, de 1996, del Ministerio de Educación que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, puesto que de acuerdo a la normativa y jurisprudencia citada, aquel cesó en sus funciones con anterioridad a la época de las inasistencias reprochadas, por la supresión total de las horas que servía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, letra j), del referido texto legal, razón por la cual se representa la resolución del epígrafe”.

7. Por lo anterior, resultaba procedente dictar resolución de cese y que estableciera el pago de la indemnización por años de servicio, pero en la misma se presenta el acto ilegal y arbitrario que se alega.

Dictación del acto ilegal y arbitrario.

8.- Con fecha 19 de junio de 2024, se dictó por parte de la recurrida la Resolución Exenta N° 655, notificada con misma fecha. (Documentos 1 y 2 acompañados)

9.- La resolución discurre en lo antes relatado en sus considerandos, señalando que por la causal de término de la relación laboral a decir Art 72 letra j) de la Ley 19.070 sobre estatuto Docente, hace procedente el pago de la indemnización por años de servicio.

10.- No obstante ello, desde el considerando 11.- se dá cuenta en la resolución, de una cuestión completamente ajena al término de la relación contractual y de la indemnización que resulta procedente, referida a licencias médicas rechazadas por la suma de $17.914.167 desde el 19 Octubre de 2018, la primera de las mismas y de 30 de diciembre de 2023 la última de las mismas.

Porqué resulta ilegal y arbitraria la Resolución Impugnada.

A) Resulta ilegal realizar descuentos de las indemnizaciones por años de servicio, se requiere pacto expreso.

El recurrido, se ha arrogado facultades legales que no posee al momento de determinar por Resolución Administrativa descuentos de la indemnización por años de servicio.

Ningún empleador, ni aún la administración pública se encuentra autorizado para efectuar descuentos de las indemnizaciones por años de servicios, sin que la Ley le autorice para ello o que medie pacto expreso, que no es el caso.

Ningún pagaré o título de deuda inclusive, reemplaza esta autorización del deudor, por lo que debe constar por escrito un pacto en el cual se autoriza anticipadamente a efectuar estos descuentos, en caso de término de la relación laboral, lo que en la especie es inexistente.

De la sola lectura de la resolución citada, puede desprenderse que aquella no cita o hace referencia, en su parte expositiva y su parte considerativa a alguna facultad legal, o menos aún, un pacto que autorice a descontar suma alguna de las indemnizaciones que procede pagar por el término de la relación estatutaria.

Reafirma está clara posición, que la Ley permite excepcionalmente efectuar descuentos específicos, tal es el caso de los aportes del empleador a la cuenta del trabajador para las prestaciones de cesantía en específico el artículo 13 de la Ley 19.728.- Además la Superintendencia de Seguridad Social por analogía, a través de su Dictamen N° 24.125-2002 que se refiere a descuentos de los créditos sociales en las indemnizaciones, ilustra en materia de descuentos en las indemnizaciones por años de servicio, su carácter voluntario y que las mismos deben ser autorizadas por medio de un contrato o instrumentos durante la relación laboral. El dictamen distingue claramente, las remuneraciones para efectos de descuentos, en el caso del dictamen de créditos sociales, de las indemnizaciones por años de servicio, que tienen una naturaleza distinta, para lo cual cito el párrafo correspondiente del dictamen que se acompaña en otrosí de esta presentación con el N°5.- El dictamen reza en su página 5, lo que sigue:

“Ahora bien, la Dirección del Trabajo, invocando el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a la Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración, por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales y lo señalado en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone que el empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, concluyó mediante el Ordinario N° 0591/0033, de 26 de febrero de 2002, que ello no es aplicable al descuento de las deudas de crédito social de las indemnizaciones por años de servicios, ya que emana de pactos que tienen como título documentos privados, a los que la ley no les atribuye pago preferente.

Al respecto, esta Superintendencia cumple en manifestar que si bien ambos artículos se refieren a descuentos sobre las remuneraciones, calidad que no reviste la indemnización por años de servicios legal o convencional, existe otra disposición que incide en la materia, cual es el artículo 69 de la Ley N° 18.833, que debe relacionarse con el artículo 2472 del Código Civil.

En el párrafo siguiente, hacemos mención expresa a que existe autorización para descuento en las remuneraciones de las licencias rechazadas, durante la vigencia de la relación laboral, no así en las indemnizaciones legales, como se ha realizado.

B) Existe autorización para efectuar descuentos de Licencias rechazadas en las remuneraciones, no de las indemnizaciones legales y debe ser ejercido dentro del plazo legal de 6 meses, lo que ya hizo la recurrida durante la relación laboral.

Si fuere procedente en el caso sub-lite, en alguna oportunidad algún descuento, aquellos debieron ser, sobre la remuneración y no sobre la indemnización, en la forma y condiciones que los reglamentos señalan al efecto.

Por lo anterior, resulta además arbitraria la resolución, en cuento vulnera lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento de Licencias Médicas del Ministerio de Salud de 1984, y lo preceptuado por el artículo 58 del Código del Trabajo.

El artículo 63 del Reglamento de Licencias Médicas dispone expresamente que:

“La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos”.

No cabe duda, que si una persona ha recibido “indebidamente” un subsidio por incapacidad laboral proveniente de una licencia médica, la entidad empleadora tiene derecho a solicitar en su oportunidad su restitución o reembolso, pero solo cuando éste ha sido percibido en forma indebida, y ello “ocurrirá cuando quede firme el acto que rechaza la licencia médica (Isapre, Compin o Superintendencia de Seguridad Social, según corresponda)”. (Excelentísima Corte Suprema, sentencia de fecha 16 de septiembre de 2021, autos rol número 65.986).

Pero dicho derecho a reembolso, debe ejercerse vigente la relación laboral, en la remuneración y no es indefinido, debe ser ejercicio dentro del plazo de seis meses contados desde el rechazo o reducción definitiva adoptada por la Compin competente de la respectiva licencia médica, ello en armonía con lo dispuesto por el artículo 155 del DFL N° 1/2005 del Ministerio de Salud que dispone que plazo para impetrar el pago del subsidio por incapacidad laboral aparejado a una licencia médica prescribe en seis meses desde el termino de ella, siendo ésta la doctrina sustentada en esta materia por la Contraloría General de la Republica en Dictamen N° 82.937 de fecha 5 de marzo del año 2021.

Las mismas, son licencias médicas que se extendieron discontinuamente desde el 18 de Octubre del año 2018 hasta el 30 de diciembre de 2023, y que fueron reclamadas al Compin, pero cuyo rechazo por parte de esta institución en la mayoría de los casos, es superior a dos años.

En la especie, no correspondía que la recurrida realizase el descuento de todas las licencias en referencia, dado que consta además en las liquidaciones de sueldo acompañadas con el N° 7, que ha efectuado importantes descuentos por este motivo con antelación.

En la especie, y si se admitiera hipotéticamente descuentos en la indemnización por años de servicio, el ultimo descuento debía realizarse dentro de los seis meses siguientes, a cada rechazo definitivo y dentro de la respectiva liquidación, por ejemplo en el mes de junio de 2024.

La recurrida, no cumplió con su obligación legal, si fuera el caso, y realizo los demás descuentos por concepto de licencia médica sólo en algunas oportunidades, como se dá cuenta las liquidaciones acompañadas, siendo esto también discutible a la luz de lo que se señalará respecto a que él tenía el derecho de mantener su remuneración y así lo determino Contraloría General de la Republica.

De las licencias cuyo rechazo definitivo es más antiguo, cualquier descuento resulta ilegal, considerando que se incluyen en la Resolución Licencias rechazadas en el año 2018, es decir completamente prescritas en virtud de la normativa laboral aplicable.

Todo este accionar es contrario además a lo preceptuado por el artículo 58 incisos 1° y 4° del Código del Trabajo, lo es más aún, en nuestra posición, si se trata de descuentos en las indemnizaciones por años de servicio.

En efecto, el empleador está obligado a deducir de la remuneración los impuestos, cotizaciones de seguridad y otras obligaciones que el trabajador tenga para con entidades de seguridad social u otros organismos públicos, pero ello debe hacerse en conformidad a la legislación respectiva, lo que implica en la especie, que la acción de reembolso o de restitución debe ser ejercida dentro del plazo de seis meses que le asistía para ello y en ningún caso sobre las indemnizaciones legales, lo que constituye un acto grave de auto tutela del servicio y de apropiación de dineros del recurrente, sin perjuicio (siguiendo el fallo), de las acciones que pueda adoptar si luego de terminada la relación laboral, hubieres dineros que cobrar.

3.- Las remuneraciones que percibió el trabajador, no han sido ilegalmente percibidas en razón de que se han suprimido sus horas docentes, por una causa que no le es imputable y la Contraloría General de la Republica determinó que debía continuar gozando de su remuneración en el tiempo intermedio.

Cabe recordar que el Servicio Local de Educación, intentó desvincularlo por ausencias reiteradas actuando de manera cuasi dolosa, por cuanto la supresión de horas, no le era imputable. La contraloría obligó al servicio a proceder al cese de su contrato con indemnización reafirmando que el cese se produjo con el oficio Ordinario 187 de fecha 7 de marzo de 2023 (Documento N° 4 acompañado) y legalmente procedía mantener su remuneración y demás beneficios hasta el pago de su indemnización.

La misma Contraloría General de la Republica estableció por medio del dictamen E471807/2024 acompañado como documento N°3, en su página 2, lo que sigue:

Por lo anterior el acto recurrido además de ilegal es arbitrario ya que carece de toda razonabilidad, apareciendo motivado por la mera inquina por sus reclamos, careciendo el descuento realizado de toda racionalidad, por cuanto lo priva de casi la totalidad de su indemnización, debe considerarse especialmente que la supresión de horas como señalamos, no le es imputable y la mantención de su remuneración mientras no se le pusiera termino a su contrato era un derecho que le asistía según lo indicado el organismo Contralor y en virtud del Art 73 de la Ley 19.070, que mediaran o no licencias de por medio, no hubiera hecho diferencia alguna en la obligación del servicio de pagar sus remuneraciones, dado que expresamente la Ley establece la mantención de sus beneficios.

Sobre cómo estos actos ilegales y arbitrarios vulneran sus Derechos fundamentales.

Sobre sus indemnizaciones la recurrida tiene un derecho de propiedad de naturaleza incorporal que emanó de su relación laboral con la recurrida, el cual en el caso sub- lite está siendo claramente vulnerado, al cancelársele su indemnización en su mínima expresión, y que ha sido reducida de $19.159.668 a sólo $1.245.501 después de los descuentos ilegales.

El artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980 garantiza a todas las personas el respecto y protección del derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, no pudiendo nadie ser privado del dominio ni de ninguno de sus atributos o facultades, sino en virtud de ley expropiatoria que los autorice, garantía constitucional que en la especie está siendo abierta y flagrantemente vulnerada, la que por cierto en el caso de marras no existe.

Tanto la remuneración como la indemnizaciones por años de servicio, cumplen una función alimenticia, en atención a que busca proveer de los medios económicos suficientes para subsistencia digna de la persona, lo que implica que el acto de reducir esencialmente esa indemnización es arbitrario e ilegal, se está afectando la integridad física y síquica de la respectiva persona, que contará con menos recursos para hacer frente a sus necesidades encontrándose sin empleo, considerando su profesión de docente, con lo que se estaría conculcando también dicha garantía constitucional consagra en el artículo 19 Nº 1 de la Carta Magna, que garantiza a todas las personas el respecto y protección del derecho a la vida e integridad física y psíquica.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA COSTA ARAUCANIA, Rol Único Tributario N° 65.154.272-3, representado para estos efectos, de conformidad al artículo 4° del Código del Trabajo, por su Director nombre reservado, ya individualizado y en definitiva acogerlo en todas sus partes declarando que el descuento realizado en la Indemnización por años de servicio de la recurrente por la suma de $17.914.167, es un acto arbitrario e ilegal, dejándolo sin efecto en la parte pertinente respecto de los descuentos, ordenándole a la recurrida restituir dicha suma dineraria a la recurrente debidamente reajustada a la fecha de pago efectivo de la misma, o bien se adopten las medidas que SSI estimase procedentes para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condenación en costas considerando especialmente la gravedad del hecho.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Correo electrónico de fecha 19 de junio de 2024 que notifica termino de contrato.

2.- Resolución N° 655 de 2024 de 19 de junio de 2024 que poner término al contrato y establecer descuentos de licencias médicas.

3.- Oficio E471807-2024 que representa decisión de Servicio Local de Educación Costa Araucanía.

4.- Ordinario N° 187 de fecha 7 de marzo de 2023, del Servicio Local de Educación Costa Araucanía.

5.- Dictamen SUSESO N° 24125-2002.

6.- Sentencia ICA Concepción Rol 11.179-2023 Restitución de descuento por licencias.

7.- Liquidaciones de sueldo de 2023 y 2024.

8.- Mandato judicial suscrito con fecha 9 de julio de 2024, notaria de Carahue, Rep. N° 1100-2024.

A folio 5 informa FERNANDO PATRICIO LAFONT CAMPOS, abogado, en representación del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COSTA ARAUCANÍA, en los siguientes términos:

En relación con la materia, es dable expresar que los ingresos por licencias médicas se refieren a los subsidios por incapacidad laboral y medicina curativa, regulados por los decretos con fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y por el decreto N° 3, de 1984, también de esta última cartera ministerial. De acuerdo con dichos preceptos, los subsidios constituyen un beneficio pecuniario al que pueden acceder los trabajadores dependientes afiliados a un régimen de prestaciones de salud y que hagan uso de una licencia médica por incapacidad total o parcial para trabajar por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo. Por su parte, tratándose de los trabajadores regidos por la ley N° 18.834 y ley N° 19.070, sobre Estatuto Administrativo y estatuto docente, que hacen uso de licencia médica, estos mantienen íntegras sus remuneraciones y no reciben el mencionado subsidio, permitiéndose al servicio público empleador, en virtud del artículo 12 de la ley N° 18.196, sobre Normas Complementarias de Administración Financiera, Personal y de Incidencia Presupuestaria, recuperar en parte los desembolsos incurridos por este concepto.

El artículo 63 del Decreto N°3 de 1984 del MINSAL expresa, que “la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada es obligatorio.

La jurisprudencia administrativa de la Contraloría General, contenida en los dictámenes N°s 87.375, de 2016, y 3.690 y 41.693, ambos de 2017, ha precisado que tratándose de inasistencias al trabajo derivadas de licencias médicas reducidas o rechazadas por las respectivas Instituciones de Salud Previsional, procede el descuento o retención de las remuneraciones correspondientes, u obligan a la devolución de las sumas percibidas indebidamente, por tratarse de ausencias injustificadas a las labores.

En este sentido, la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N° 54.576, de 2009 y 58.482, de 2011, 12.117, de 2017, entre otros, ha precisado que si el trabajador no ha desempeñado sus labores durante el período que abarca una licencia médica rechazada, debe reintegrar las remuneraciones percibidas, debiendo el empleador arbitrar todas las medidas que velen por el cumplimiento del señalado mandato legal, ya que de lo contrario se originaría un enriquecimiento sin causa a favor de aquél, en desmedro del patrimonio de la institución de que se trate.

Según los plazos establecidos por la Contraloría General de la República (CGR), la acción de cobro por deuda de remuneraciones derivadas de licencias médicas rechazadas prescribe en un plazo de cinco años (Dictamen N° 10.991, de 2019).

DERECHOS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADOS.

1.- Derecho Constitucional contemplado en el artículo 19 N° 24, de la Constitución Política.

Que si bien el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República reconoce a todas las personas "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorpórales", para contar con la protección constitucional es preciso que el derecho reclamado ingrese válidamente al patrimonio del afectado, lo que no se aprecia en la especie.

En efecto, no resulta atendible que don nombre reservado alegue la privación de un derecho de propiedad sobre bienes muebles o inmuebles cuyo dominio, en su opinión, le pertenecería, dado que, en este caso, el recurrente finalizo su relación laboral con mi representada por una causa legal y debidamente justificada, de la misma forma el descuento de concepto de licencias médicas rechazadas, siendo oportuno considerar que el recurso de protección ha sido concebido para cautelar el legítimo ejercicio del derecho de propiedad, por lo que quien carece de un título válido no puede ejercer ni reclamar legalmente lo que no le pertenece.

En consecuencia, no se advierte cómo la conducta de mi representada, realizada dentro de las atribuciones legales que le competen, podría haber vulnerado el derecho de propiedad del recurrente.

2.- Derecho constitucional contemplado en el artículo 19 N° 1, de la Constitución Política.

Sobre el particular, la integridad psíquica se entiende como la preservación de la psiquis de una persona frente a lesiones ilegítimas o desproporcionadas. Es decir, de las plenas facultades mentales de una persona, tales como la razón, la memoria, el entendimiento, la voluntad, etc. De esta forma, se requiere para su afectación -en el ámbito del trabajo- que el empleador en el ejercicio de sus facultades ejecute actos que menoscaben la psiquis del trabajador (en grado de privación o perturbación) o tengan la capacidad cierta de producir dicha afectación (en grado de amenaza).

Puede descartarse desde ya, una lesión de la integridad psíquica, por cuanto el actor ha presentado al Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía, licencias médicas por una afección de carácter común, y no por la Ley N°16.744.

Ese organismo, vale la pena recordar, es el exclusivamente competente, junto con la Superintendencia de Seguridad Social, para determinar la existencia de una enfermedad de carácter profesional, conforme lo prescribe el artículo 58 de la ley 16.744.

Sobre esta misma idea, la lesión a la integridad psíquica requiere de prueba que va más allá de la que se puede ofrecer en una medida cautelar, pues debe determinarse que las afecciones psicológicas concretas que puede presentar la recurrente se encuentran directamente vinculadas con la práctica del examen, lo que requiere la práctica de prueba científica, que excede el margen de este proceso de urgencia.

Solicita se sirva tener por evacuado el informe y en definitiva rechazar el Recurso de Protección en todas sus partes, por las razones expuestas en el cuerpo de esta presentación, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución Exenta N°655, de fecha 19 de junio de 2024 2.- Resoluciones Médicas 3.- Mandato Judicial.

A folio 12 se decretó como medida para mejor resolver traer a la vista al expediente digital de la causa rol O-22-2024 del Juzgado de Letras de Carahue, el que se agregó a folio 16.

A folio 18, se tuvo por cumplida la medida para mejor resolver.

Se trajeron los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el acto contra el cual se reclama en la presente acción es el descuento realizado a propósito de licencias rechazadas por el recurrido en la indemnización por años de servicio del actor por la suma de $17.914.167.

TERCERO: Que, conforme es conocido por todos, para que proceda el recurso de protección los derechos amagados deben erigirse como indubitados o situaciones que se encuentren consolidadas, de forma tal que no constituye este procedimiento en una instancia de declaración de derechos.

CUARTO: Que, así, conforme se aprecia en la carpeta digital traída a la vista, el recurrente, que es el demandante en aquella causa, pretende en sede laboral se declare la improcedencia del cobro de las licencias rechazadas, pudiendo establecerse que el propósito es el mismo que el de la presente acción constitucional.

QUINTO: Que, al accionar de esta forma, es el mismo recurrente quien revela que el derecho que reclama por esta vía no se encuentra debidamente consolidado, por cuanto, en caso contrario, no habría solicitado su declaración ante el Juez laboral.

Además y con su actuar impide a esta Corte pronunciarse respecto de la situación propuesta en este procedimiento concentrado, sumario y desformalizado, so pena de incurrir en decisiones contradictorias.

SEXTO: Que, por lo anterior, no encontrándonos frente a derechos indubitados, se torna inoficioso el análisis respecto de las garantías constitucionales que se alegan vulneradas y el recurso planteado no podrá prosperar.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA el deducido a folio 1 por el abogado don MIGUEL GONZALEZ CORDERO, quien en favor de don nombre reservado, y en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA COSTA ARAUCANIA.

Redacción del abogado integrante Cristian Carvajal de Vicenzi.

Regístrese y archívese.

N°Protección-5279-2024. (cwm)