nombre reservado con TESORERIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Al folio N° 1, comparece don FERNANDO JAVIER MIRANDA CERDA, abogado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, en beneficio de don nombre reservado, chileno, transportista jubilado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región del Biobío, e interpone recurso de protección en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS de la IX Dirección Regional de La Araucanía, RUT Nº RUT reservado representado por su directora, doña nombre reservado, ambos con domicilio en esta ciudad de Temuco, domicilio reservado, Región de la Araucanía, y en contra de la TESORERÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, RUT Nº RUT reservado, representada por su directora, doña nombre reservado, ambos con domicilio en esta ciudad de Temuco, domicilio reservado, Región de Araucanía, por los actos arbitrarios e ilegales que han provocado una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos amparados en la garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº 22 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica y al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Funda el recurso en que con fecha 18 de junio de 2024, el recurrente fue notificado mediante carta certificada, emitida por la Tesorería Regional de Temuco, en virtud de la cual se le informa una deuda morosa por la suma de $2.221.571, y se le incluye en la nómina de deudores morosos bajo amenaza de embargo de la propiedad afecta al pago de las contribuciones, cuyo cobro es improcedente. Paso a señalar los fundamentos:

Refiere que, en el año 1992, el recurrente, adquirió la propiedad ubicada en Francisco Bilbao 990, sitio 1 y 2, de la comuna de Loncoche, Región de la Araucanía, sitio eriazo según la calificación del certificado de avalúo fiscal. Esta propiedad, al momento de ser adquirida, se encontraba exenta del pago de contribuciones; según el plano regulador, se podía construir.

Luego, en el año 1996, la I. Municipalidad cambió dicho plano regulador, Según dicha institución, se hizo un llamado a viva voz para cambiar su destino a área verde, por tratarse de zona inundable. Esto significó derivar a zona ZR-2A, área verde, prohibido construir, uso zona pic nic, o club vecinal.

De lo anterior, efectivamente, en el mismo sector, pero en otra cuadra, se ven casas construidas sobre 40 cms. En modalidad de palafito.

A la fecha, no existe historial de crecidas para inundaciones, tanto al frente de la propiedad del recurrente, como al costado; a pesar de ser caracterizada como ZR-2A O 2B Ante la insistencia del recurrente, solicitando permiso para cambiar el uso del suelo ya que éste sí ha sido otorgado a otros vecinos, incluso se han otorgado patentes de venta de productos alimenticios al vecino de enfrente, la idea es tener permiso para construir de la misma manera que lo han conseguido los vecinos.

En su momento, en el mes de noviembre del año 2022, la I. Municipalidad de Loncoche, lo llamó a conversar y se le otorgó un permiso limitado para edificar similar al del negocio de enfrente, y después de unos meses, lo volvieron a limitar a área verde ZR-2A después de incluso haber contado con el documento que decía lo contrario, el cual se acompaña en esta presentación.

A la fecha, se aprecian cuadras donde la gente ha construido. No se aprecian represas en el lugar, a diferencia de zonas menos lluviosas como Biobío donde todos los años se ven casas sumergidas en el agua o rotura de camino.

Desde el año 2018 que el cobro de contribuciones se ha llegado a triplicar, por concepto de no construir en sitio eriazo (así denominado por el SII). Hoy, el recurrente se ve obligado a firmar un convenio de pago para poder regularizar la cuantiosa deuda, con el objeto de evitar el embargo que se señala en la antes referida carta. La propiedad afectada se encuentra ubicada en los sitios 1 y 2, en domicilio reservado. El sitio 1, limita con Norte: Sitio nº 2 en cincuenta metros, SUR: con calle Brasil en cincuenta metros, ESTE: parte del sitio nº5 en 27 metros, OESTE: domicilio reservado metros. El sitio 2, limita con Norte: sitio nº3 en cincuenta metros, ESTE: parte del sitio nº5 en veintisiete metros, SUR: sitio nº1 en cincuenta metros, OESTE: calle Bilbao en veintisiete metros.

A la fecha, al contribuyente se le está haciendo el cobro indebido de contribuciones, como si se tratara de zona ZR-2B, siendo que oficialmente se trataría de una zona ZR-2A desde el momento que se hizo el último cambio del plan regulador.

Por lo anterior, pide acoger el recurso y declarar:

1º Que los recurridos ha vulnerado los derechos constitucionales del recurrente, al privarlo arbitraria e ilegalmente del beneficio del pago de exención de contribuciones para zonas ZR- 2A, ya que se le cobra como si se tratara de una zona ZR-2B, es decir, está siendo vulnerado en su derecho fundamental consagrado en el nº 22º del Art. 19 de la Constitución Política de la República, esto es: “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos”.

2º Que se ordena al Servicio de Impuestos internos, se reconozca el derecho al recurrente para pagar contribuciones o estar exento su caso, para zona ZR-2A, sin edificar, y no para zona ZR-2B.

3º Se ordene la devolución, restitución o reembolso de los pagos por concepto de contribuciones, el saldo pagado demás por sobre la exención de dichas contribuciones, o por sobre lo correspondido, desde el día en que se produjo el cambio del plan regulador, a la fecha.

Al folio N° 14, informa la recurrida Servicio de Impuestos Internos, pidiendo su rechazo.

Refiere, preliminarmente, que de acuerdo con lo establecido en la Ley de Impuesto Territorial, el reavalúo de los bienes raíces no agrícolas correspondientes a sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros, debe ser realizado por el Servicio a partir del 1° de enero de cada año, con el fin de actualizar los avalúos fiscales de este tipo de bienes raíces, por lo que, a fin de efectuar el reavalúo de los bienes raíces no agrícolas correspondientes a dicho tipo de bienes raíces, ubicados en las áreas urbanas, con vigencia 1° de enero 2022, se dictó la Resolución Exenta SII N°143, de fecha 30 de diciembre de 2021; con vigencia 1° de enero de 2023, se dictó la Resolución Exenta SII N°129, de fecha 29 de diciembre de 2022; y con vigencia 1° de enero de 2024, se dictó la Resolución Exenta SII N°149, de fecha 28 de diciembre de 2023, que fijaron los valores de terrenos y construcciones de dichos bienes raíces, con sus respectivos anexos.

Conforme a lo anteriormente expuesto, respecto del inmueble, Rol de Avalúo N°194- 2, ubicado en la comuna de Loncoche, de propiedad de don nombre reservado, con destino o uso “sitio eriazo”, considerando que posee una superficie de 2.250 m2, se encuentra ubicado en el área homogénea HBB002, área que para el Reavalúo del año 2022 fue de un valor fiscal de $26.075 por m2 , al que aplicándose un coeficiente de terreno y otros ajustes se determinó un avalúo fiscal total del terreno fue de $51.795.450; para el Reavalúo del año 2023 fue un valor fiscal de $29.235 por m2, al que aplicándose un coeficiente de terreno y otros ajustes se determinó un avalúo fiscal total del terreno fue de $58.412.992; y, para el Reavalúo 20241 fue un valor fiscal de $31.555 por m2, al que aplicándose un coeficiente de terreno y otros ajustes se determinó un avalúo total del terreno de $60.713.176. Cabe destacar que, a lo menos desde el proceso de Reavalúo 2018, la propiedad mantiene el mismo código de área homogénea.

Una vez concluida la exhibición de los roles de avalúos en la municipalidad respectiva para los años de los Reavalúos indicados en el párrafo anterior3 (proceso que dura 30 días), el actor, respecto de los nuevos avalúos no dedujo dentro de plazo (de 30 días) recurso de reposición administrativa ante el Servicio, ni reclamación tributaria ante el Tribunal Tributario y Aduanero (de 180 días) correspondiente a la jurisdicción territorial en la que se ubica el bien raíz, de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario.

De acuerdo con la documentación que acompaña en su recurso el actor, con fecha 18.06.2024, la Tesorería General de la República lo habría incluido en la nómina de deudores morosos, iniciando la cobranza administrativa de giros por Impuesto Territorial, correspondientes a los periodos de noviembre 2022; abril, junio, septiembre y noviembre 2023; y abril 2024, correspondientes al inmueble de su propiedad, Rol de Avalúo N°194-2, de la comuna de Loncoche. En relación con ello, el recurrente señala haber firmado un convenio de pago con la Tesorería, en relación con los referidos impuestos.

Finalmente, con fecha 18 de julio de 2024, el recurrente interpuso la presente acción de protección.

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN 1.- EXTEMPORÁNEIDAD DE LA ACCIÓN Señala que, considerando lo planteado en los hechos de esta presentación, se desprende que cualquiera actuación de este Servicio, relacionada con el Reavalúo 2022, 2023 y 2024 del bien raíz Rol de Avalúo N°194-2, y que pudiese estimarse, por la recurrente, como lesiva de sus derechos constitucionales, ha acontecido con bastante anterioridad a la fecha de la presente acción, siendo en consecuencia extemporánea, dado que los giros por Impuesto Territorial corresponden a los periodos y vencimientos de noviembre 2022; abril, junio, septiembre y noviembre 2023; y abril 2024.

En efecto, de acuerdo al tenor del libelo y su parte petitoria, el acto del Servicio que el recurrente estima sería ilegal y arbitrario, cuya impugnación se pretende obtener a través de la presente acción cautelar, no es, sino, la tasación del bien raíz4, proceso que culminó con el envío de las copias de los roles comunales a cada municipalidad para que sean publicados, y exhibidos durante un período de 30 días seguidos, y el envío a los contribuyentes, cuyos bienes raíces resulten afectos al cobro de impuesto o modifiquen su condición de afectos a exentos, de una carta informativa con la nueva tasación de la propiedad. Pues, bien, en el caso específico de la comuna de Loncoche, donde se encuentra la propiedad del actor, el periodo de exhibición – a modo de ejemplo - para el Reavalúo 2024, se inició el 08.04.2024 y terminó el 07.05.2024, luego, no habiendo impugnado en sede administrativa ni judicial la nueva tasación, se procede al giro o cobro del Impuesto Territorial, en cuatro cuotas durante el año, con vencimientos en abril, junio, septiembre y noviembre, las que son informadas mediante el aviso de pago de contribuciones que se envía vía email o a la dirección postal o predial que se encuentre registrada en el SII para dicha propiedad. De esta manera resulta que la tasación del bien raíz y el giro de la primera cuota por contribuciones, lo que habría ocasionado que la Tesorería General de la República lo incluyera en la nómina de deudores morosos, notificándole un requerimiento de pago y embargo, corresponden a actuaciones efectuadas con una anterioridad superior a los 30 días señalados como plazo de interposición de la acción de protección, conforme el Auto Acordado de la Corte Suprema, es así como de la copia de certificado de deuda de la TGR, se observa que por el año 2022, el giro de la cuarta cuota corresponde a la de noviembre de 2022, con fecha de vencimiento el 30.11.2022; por el año 2023, el giro corresponde a las cuatro cuotas de los meses de abril, junio, septiembre y noviembre, del 2023, con fecha de vencimiento el 30.04.2023, 30.06.2023, 30.09.2023 y 30.11.2023, respectivamente; y respecto al año 2024, el giro corresponde a la primera cuota del mes de abril de dicho año, con fecha de vencimiento el 30.04.2024..

Sin perjuicio de los antecedentes fácticos existentes y que esta parte acompaña al presente informe, la contraria indica en su presentación, a efectos de configurarse un nuevo plazo, que se habrían conculcados sus derechos constitucionales, supuestamente, con fecha 18.06.2024, con la notificación mediante carta certificada, emitida por la Tesorería Regional de Temuco, del mandamiento de ejecución y embargo – nómina de deudores morosos -. Sin embargo, en lo que empece, a las actuaciones de este Servicio, considerando que lo pretendido por el recurso, no es, sino, una declaración acerca de la exención o pago de contribuciones, considerando una modificación del avalúo en base al área homogénea y, consecuencialmente, la devolución de los pagos de contribuciones en exceso o indebidamente, lo que deja en evidencia que el acto (en cada caso), respecto del cual efectivamente se reclama, se ha verificado a contar de la fecha de vencimiento de cada cuota del impuesto, sin perjuicio que el periodo de exhibición de los roles para los Reavalúos del 2022, 2023 y 2024 se extendió hasta el 27.05.2022, 03.05.2023 y 07.05.2024, respectivamente.

Teniendo clara esta circunstancia, a partir de los antecedentes fácticos existentes, y a los que nos hemos referido en los párrafos precedentes, se sigue que el recurso fue presentado por el contribuyente de forma completamente extemporánea, por haber transcurrido, en exceso, el plazo fatal de 30 días para su interposición desde el término de la exhibición de los Roles para los años en cuestión.

2.- FALTA DE IDONEIDAD DE LA ACCIÓN PARA CONOCER LA MATERIA DE AUTOS Sostiene que, la naturaleza propia de la acción constitucional de protección y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, constituye un arbitrio destinado a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales que se dicen afectados son indubitados y no discutidos, lo que no acontece en el caso propuesto, por lo que, las pretensiones del recurso no resultan ser susceptibles de cautelar por esta vía, al no constituir una instancia de declaración de derechos sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que conforme explicaremos en la especie no concurre.

Teniendo presente que lo pretendido dejar sin efecto por el actor, corresponde a un acto administrativo (tasación o reavalúo) y que en dicha calidad puede ser objeto de revisiones administrativas y acciones judiciales, resulta incuestionable que, la controversia planteada por el recurrente es un asunto de carácter declarativo – de lato conocimiento -, netamente tributario; la que, de acuerdo a la legislación vigente, debe ser conocida y resuelta a través de los medios de impugnación pertinentes, como son la reposición administrativa, el reclamo tributario o la solicitud de revisión administrativa, pero no por la vía de un recurso de protección, que es de naturaleza cautelar.

Agrega que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149 del Código Tributario, los contribuyentes cuentan con 2 vías perfectamente definidas para solicitar la revisión del avalúo fijado por el Servicio: i) dentro de los 30 días siguientes a la fecha de término de exhibición de los roles de avalúo, se puede deducir la Reposición Administrativa, de conformidad a las normas del Capítulo IV de la Ley 19.880; y ii) dentro de los 180 días siguientes a la fecha de término de exhibición de los roles de avalúo, plazo que admite suspensión si previamente se interpuso el recurso indicado precedentemente, puede deducir reclamo en un proceso de lato conocimiento, como es el procedimiento de reclamo de los avalúos de bienes raíces, ante el Tribunal Tributario y Aduanero competente. Tanto el calendario de la exhibición de los roles por parte de las municipalidades, como los plazos para presentar recursos de reposición administrativa, se encuentran informados en la página web de este Servicio.

Con todo, el propietario podrá solicitar al Servicio, en cualquier momento, la revisión administrativa del avalúo de su bien raíz a través de una solicitud presentada en las Áreas o Unidades de Avaluaciones existentes en el país, o bien en nuestro sitio web, puntualmente Solicitudes de Bienes Raíces, adjuntando los antecedentes que fundamenten su petición Dado que, el contribuyente no impugnó los nuevos avalúos7 determinado para el bien raíz, lo cierto es que, más que procurar la pronta cautela de una garantía constitucional, persigue que no se lleve a efecto un embargo judicial, que se declare que la propiedad objeto del juicio está exenta o sujeta a un pago menor de contribuciones, considerando a la zona en cuestión como ZR-2A y, consecuencialmente, la devolución de los pagos de contribuciones en exceso o indebidamente, todas cuestiones que escapan a un procedimiento de naturaleza cautelar, siendo a todas luces que no es el procedimiento idóneo para discutir una cuestión de lato conocimiento.

En definitiva, y a mayor abundamiento, habida cuenta que la reclamante solicita, expresamente, en la parte petitoria de su presentación, se ordene la devolución de impuestos, hacemos presente que, tratándose de devoluciones de impuesto, el procedimiento de autos tampoco es la vía idónea para su alegación, toda vez que, por expresa disposición del artículo 126 del Código Tributario, un contribuyente que crea haber pagado impuestos en exceso o indebidamente, debe solicitar la restitución de las sumas pagadas mediante una petición administrativa. En tal sentido, no resulta idóneo utilizar el procedimiento de autos, el cual es de naturaleza cautelar, para la consecución de un objetivo que ya tiene reglada su tramitación, en una norma específica.

3.- INEXISTENCIA DE UN ACTO ILEGAL O ARBITRARIO Para que proceda la acción de protección, se requiere que efectivamente se hayan realizado actos o incurrido en omisiones que, tengan el carácter de arbitrarios o contrarios a la ley y, producto de aquella ilegalidad o arbitrariedad, se prive, perturbe o amenace el debido ejercicio de un derecho preexistente e indubitado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional. A este respecto, cabe sostener que el actuar del Servicio de Impuestos Internos, se encuentra ajustado a derecho y a la legalidad vigente, conforme se pasa a exponer:

Como se ha expresado, el acto especifico del Servicio que se cuestiona, es el cobro del impuesto territorial respecto de la propiedad del recurrente - las contribuciones - por estimarlo arbitrario e injustificado, sin embargo, como señalamos en el apartado II del presente informe, el Servicio efectúa la tasación fiscal, por mandato de la Ley N°17.235, en base a la normativa legal, definiciones técnicas y tablas de valores actualizadas establecidas para cada serie de bienes raíces.

En efecto, para el caso de la recurrente, se debe tener presente que, la última información obtenida fue mediante la orden de trabajo N°2887508, de fecha 08.07.2020, donde la contribuyente adjuntó el certificado de información previas N°347, emitido el 29.03.2018, por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Loncoche, el cual señala que, la propiedad está ubicada en el área ZR-2A8 y es en base a esa información que, este Servicio procede a aplicar un ajuste excepcional al terreno.

De lo señalado precedentemente y dado que el Reavalúo se realiza por mandato legal, año a año, el ajuste excepcional aplicado al Reavalúo del año 2020, fue producto de la información entregada por la contribuyente para ese periodo, cuestión que no realizó el año 2021 y siguientes, y es por tal motivo, que dicho ajuste no se aplica para los años posteriores, pasando a aplicarse el ajuste general, a la propiedad ubicada en el área ZR- 2A (área que se mantiene el bien raíz a la fecha).

A su turno y en relación con lo señalado en los párrafos anteriores, es que el inciso 2° del artículo 28 de la Ley N°17.235, señala a efectos de poder determinar el impuesto territorial que: “Los contribuyentes, notarios y conservadores deberán entregar al Servicio de Impuestos Internos, por medios electrónicos, la información que dispongan en relación a la determinación del impuesto territorial …”.

Por otro lado, no se ha considerado cambio de plan regulador alguno, ya que como Servicio no estamos en conocimiento de cambios de zonificación para el predio en cuestión. Las fuentes de información para actualizar el catastro de bienes raíces, están contenidas en la Ley N°17.235 y no se ha recibido información de ninguna de dichas fuentes indicadas en la ley en comento, que fundamente cambios del avalúo fiscal y su respectivo impacto el cobro del Impuesto Territorial.

Ahora bien, habiendo explicado el procedimiento de tasación del avalúo fiscal, si el contribuyente pretende invocar una situación o circunstancia que, permita desvirtuar el avalúo realizado por este Servicio, debió haber alegado tal circunstancia en instancias administrativas, como a su vez, en un procedimiento de lato conocimiento – artículo 149 del Código Tributario – y así haber justificado la procedencia de este coeficiente excepcional, lo que se explicita en las resoluciones dictadas en cada proceso de avalúo o tasación, sin embargo, debido a dicha inactividad de la recurrente, no se vislumbra alguna acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de este Servicio.

A modo ejemplar, en el anexo N°2 de Resolución Exenta SII N°149 de 2023, se contiene entre los coeficientes a considerar para determinar el avalúo del bien raíz de que se trate, un coeficiente excepcional (CE) en su punto 2.3, aplicable específicamente cuando “…un determinado bien raíz presenta una minusvalía o plusvalía debidamente respaldada por los medios de prueba que demuestren objetivamente la condición de menor o mayor valor del inmueble, como asimismo la situación o el factor que origina esta pérdida o ganancia de valor, producto de características particulares o de alguna situación especial que lo afecte, por causas no imputables al propietario.”. Es decir, frente a situaciones excepcionales, se puede efectuar el ajuste en el avalúo, siempre y cuando la situación particular sea debidamente acreditada.

En consecuencia, no hay ilegalidad ni arbitrariedad en la que haya incurrido este Servicio, toda vez que es el propio legislador quien ha entregado a este órgano fiscalizador la facultad de efectuar la tasación fiscal en base a la normativa legal, definiciones técnicas y tablas de valores actualizadas establecidas para cada serie de bienes raíces, en donde las situaciones excepcionales y específicas de cada bien raíz, pueden ser alegadas y acreditadas oportunamente por los contribuyentes, cuestión que la recurrente debido a su inactividad no realizó, razón por la cual, el actuar de este Servicio se encuentra ajustado a derecho careciendo de la arbitrariedad que esgrime la actora.

4.- INEXISTENCIA DE AFECTACIÓN A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS El recurrente indica que, mediante la actuación del Servicio de Impuestos Internos, se ha vulnerado sus garantías constitucionales, establecidas en el artículo 19 números 22 y 24 de la Constitución Política de la República, lo que debe ser desestimado desde luego, al no existir en los hechos un actuar o una omisión que pueda ser calificada de ilegal o arbitrario de este Servicio que pueda generar tal conculcación, Por lo anterior, pide el rechazo del recurso.

Al folio N° 13, informa el Servicio de Tesorería, pidiendo el rechazo.

Sostiene que no se configuran los requisitos para acoger el recurso. En efecto, refiere la falta de legitimidad pasiva y falta de oportunidad. Descarta que dicho servicio haber efectuado acto alguno de carácter arbitrario e ilegal en los términos denunciados. Asimismo, sostiene que el recurso habría perdido oportunidad, por cuanto, el actor ha suscrito un convenio de pago respecto de la duda generada por el avalúo reclamado.

Sostiene la existencia de un proceso administrativo. Alega que no procede accionar de protección existiendo otras vías de impugnación. Al efecto, refiere que, el proceso de cobro se realizó en conformidad a lo regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, razón por la cual, existen vías como la oposición de excepciones, que el recurrente pudo haber deducido sin la necesidad de ocurrir de protección. Mas aún, si la amenaza supuestamente evidente, manifestada por la recurrente, ya no se vislumbra, dado que basta una solicitud administrativa al órgano girador para que solucione la situación tributaria del inmueble aludido.

Por lo expuesto, tampoco se ve un actuar arbitrario o ilegal por mi representada que amerite la deducción del recurso, ni menos su acogida, sino que ha actuado conforme al marco legal, tanto en la generación del Cobro, como en su notificación.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

TERCERO: Que, el acto impugnado por la presente acción corresponde al avalúo excesivo de la propiedad del actor que ha incidido en la determinación del monto del pago de impuesto territorial y el cobro del mismo. Las recurridas informaron pidiendo el rechazo, deduciendo la recurrida Servicio de Impuestos internos, primeramente, la extemporaneidad del recurso. Así mismo, Tesorería alega la falta de oportunidad y legitimación pasiva del recurso.

CUARTO: Que, en relación con la extemporaneidad planteada por el Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio que, efectivamente aparece la reclamación del actor vinculada a los procedimientos de reavalúo de los años 2022, 2023 y 2024, lo cierto es que reclama del cobro del impuesto y, más precisamente, de la notificación del cobro que conforme con los antecedentes allegados al proceso se le habría notificado con fecha 18 de junio del año en curso, por ende, contabilizado desde ahí, la acción impetrada se encuentra ejercida dentro del plazo previsto en el respectivo auto acordado, por lo que, se desestimará la extemporaneidad planteada.

QUINTO: Que, en relación con la falta de legitimidad activa sostenida por Tesorería, también corresponde su rechazo, por cuanto, como se dijo se reclama del cobro efectuado presuntamente por esta recurrida, por lo que, si existe vinculación causal aparente entre este acto y el actuar y competencias de la recurrida, por lo que corresponde analizar el fondo del asunto.

SEXTO: Que, respecto del fondo, resulta evidente que, se reclama de dos actos, el procedimiento de avalúo de los bienes raíces de propiedad del actor y el cobro de los impuestos respectivos.

SÉPTIMO: Que, en relación con el primero, efectivamente los artículos 149 y siguientes del Código Tributario establecen un procedimiento especial en que los particulares presuntamente afectados pueden alegar y reclamar respecto del exceso de avalúo de las propiedades, no constando en los antecedentes que el actor lo hubiere hecho. En tal sentido, la acción de protección no puede suplir el procedimiento especial destinado al efecto, sin desvirtuar la naturaleza cautelar de la misma. En síntesis, el recurrente no tiene un derecho indubitado e incontrastable, por lo que debe ser desestimado a su respecto.

OCTAVO: Que, así mismo, respecto del servicio de Tesorería tampoco puede prosperar, pues, efectivamente, el procedimiento compulsivo se encuentra suspendido con ocasión del convenio de pago suscrito, perdiendo oportunidad el recurso. A mayor abundamiento, en conformidad con lo estatuido en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, existen vías de defensa como la oposición de excepciones, por lo que, tampoco resulta procedente emplear la acción de protección para estos fines.

NOVENO: Que, finalmente, tampoco se divisa que los presuntos actos arbitrarios e ilegales invocados por el actor, pudieren afectar los derechos indicados por el actor en su recurso, por lo que la misma, deberá, necesariamente ser desestimado Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que 1.- SE RECHAZAN, sin costas, las alegaciones de incompetencia y falta de legitimación pasiva, sostenidas por el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería, respectivamente.

2.- SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don FERNANDO JAVIER MIRANDA CERDA, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS de la IX Dirección Regional de La Araucanía y de la TESORERÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, todos ya individualizado.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Cristian Carvajal De Vicenzi.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5274-2024. (csd)