nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (GGDD)

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, Rut RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce un recurso de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RUT RUT reservado, representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, a fin de que se declare que ha vulnerado su garantía constitucional, y en consecuencia, y para restablecer el imperio del derecho, restituya las indemnizaciones ilegalmente retenidas o compensadas a DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TOHAVI LIMITADA, RUT N°RUT reservado, que afectan su derecho de propiedad y se ordene se le pague su crédito laboral, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Refiere que demandó a la DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TOHAVI LIMITADA, RUT N°RUT reservadorepresentada legalmente por doña nombre reservado, Rut N° RUT reservado, por despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales y remuneraciones entre otros, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, bajo el RIT O-66-2024.

En audiencia preparatoria llevada a cabo con fecha 27 de febrero de 2024 ante el Juzgado del Trabajo de Temuco en causa RIT O-66-2024 se solicitó medida precautoria retención sobre devolución de impuestos que le correspondieren a la demandada DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TOHAVI LIMITADA, RUT RUT reservado, hasta por la suma de $37.790.797 y se ofició a la Tesorería General de la República para tales efectos. El tribunal al resolver la solicitud señaló: EL TRIBUNAL RESUELVE MEDIDA PRECAUTORIA: “El Tribunal en atención que se dan los del artículo 444 del Código del Trabajo, ordena la retención de la eventual retención de impuesto de la demandada, hasta por la suma que se ha indicado, (Of 670) ofíciese a la Tesorería General de Republica de esta ciudad para tal efecto. Ofíciese.”

Posteriormente, en la causa judicial referida, se acogió la demanda invocada, dictándose sentencia definitiva con fecha 11 de abril del año 2024, la cual en su parte resolutiva dispone: “I.- Que SE ACOGE con costas la demanda deducida por don nombre reservado, RUN RUT reservado, en contra de DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TOHAVI LIMITADA, RUT RUT reservado, representada por doña nombre reservado, declarándose que el despido del actor con fecha 12 de enero del 2024 y por la causal del artículo 160 N°3 del Código del Trabajo ha sido indebido, condenándose a la demandada al pago de las siguientes indemnizaciones: 1.- $1.682.083, por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo. 2.- $18.502.913, por el tope legal de 330 días de remuneración. 3.- $14.802.330, por incremento del 80% de la indemnización por años de servicio, acorde a lo dispuesto en el artículo 168 letra C) del Código del trabajo. 4.- $2.803.471, por concepto de compensación del feriado legal y proporcional adeudado. II.- Estas sumas deberán pagarse con los reajustes e intereses del artículo 173 del Código del Trabajo. III.- Que se regulan prudencialmente las costas de esta causa en la suma de $2.500.000, atendido los trámites del procedimiento.”

Se certificó la ejecutoria de la referida sentencia el 24 de abril de 2024.

Así las cosas, en virtud de que la empresa no pagó las sumas condenadas, se derivó la causa a cumplimiento para competencia de Cobranza Laboral bajo el RIT C-178-2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, sección cobranza laboral.

Es del caso señalar que la liquidación realizada en la causa de cobranza laboral referida, con fecha 6 de mayo de 2024, fue la suma de $39.716.910. y $2.500.000.-, por concepto de costas, lo que suma un total de $42.216.910, monto por el cual fue dictado el requerimiento de pago.

Posterior a la liquidación, con fecha 09 de mayo, se llevó a cabo el requerimiento por un total de $42.216.910 pesos y se ordenó oficiar a Tesorería General de la República para los efectos de proceder a la retención a que se refiere el artículo 467 del Código del Trabajo, dando origen al oficio 5393/2024.

Con fecha 14 de junio de 2024 se solicitó se pidiera cuenta a la Tesorería General de la República respecto del oficio n° 5393/2024, ya que al momento de ordenar el requerimiento de pago, con fecha 09 de mayo de 2024, ya se había ordenado a este organismo la retención a la que se refiere el artículo 467 del Código del Trabajo, por cuanto a esa fecha (14 de junio) no se tenía conocimiento si se había practicado efectivamente la retención, a dicha solicitud el tribunal resolvió “No ha lugar y ordeno obtener la información del módulo “Consulta retenciones” y agréguese imagen al pie de la presente resolución en dicha imagen se señala monto a retener $42.216.910 y monto retenido $-0- fecha de creación 09 de mayo de 2024.”

Por otro lado el día 11 junio de allegó al portal judicial en causa O-66-2024 información a través de oficio de la DIVISION OPERACIONES Y ATENCION CIUDADANA JEFE SECCION EGRESOS Y FISCALIZACION informando el monto retenido del siguiente contribuyente por concepto de Retención Previsional efectuadas a devoluciones Excedentes de Renta AT 2024, para responder a la causa RIT O-66-2024, CONTRIBUYENTE: 77.151.598-3 NOMBRE: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TOHAVI LIMITADA, MONTO RETENCION: $4.277.127.- Es por ello, que teniendo presente que la resolución del 17 de junio de 2024 fue visible el día 18 del mismo mes en la causa RIT C-174-2024, es que concurrió ese día a la tesorería general de la república de esta ciudad y pregunté por qué no le llegaría todo el dinero y le señalaron en atención de público que existía una compensación ya que por eso se le retuvo dinero a la demandada Distribuidora de Combustibles Tohavi, compensación que se habría llevado a cabo en días posteriores a recibido el oficio de retención en causa RIT C-174-2024 por parte del tribunal.

Es desde el día 18 de junio de 2024 que computo el plazo para interponer este recurso.

Estima que el hecho que provoca la privación, perturbación y constante vulneración día a día al legitimo ejercicio de los derechos y garantías que nuestra Carta Constitucional asegura, está constituido por el acto arbitrario e ilegal efectuado por Tesorería General de la Republica consistente en la retención y compensación de dineros que por derecho le corresponde percibir y que estaba vedado a la Tesorería General de la Republica disponer de ellos ya que había una orden judicial de retención de los dineros hasta por la suma $42.216.910 pesos, sin ofrecer justificación o argumento alguno, pasando a llevar la Judicatura Judicial privando arbitrariamente a mi representado de lo que en derecho le corresponde e incluso llevando a cabo esta compensación posterior a la orden de retención por parte del tribunal de cobranza laboral.

Ahora bien, si bien es cierto que se pudiera incluso llegar a pensar que la tesorería puede llevar a cabo una compensación sin hacerla valer en juicio declarativo, sin necesidad de acreditar que concurren los requisitos de la compensación, no puede irrogarse la facultad jurisdiccional y vulnerar un procedimiento racional y justo, con las garantías de un debido proceso y no actuar como una comisión especial e irrogarse facultades jurisdiccionales como ocurrió en la especie, asumiendo arbitrariamente que aun habiendo una orden judicial de retención, habiéndosele sido notificada y posterior a ello llevar a cabo la compensación, ya que incluso habría que evaluar primeramente las reglas de la preferencia de créditos vulnerando así su derecho la propiedad de dichos dineros articulo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política y a la vez vulnerando el debido proceso señalado y garantizado en el artículo 19 N° 3 igualmente de nuestra Carta fundamental.

Siguiendo lo anterior, el actuar de Tesorería General de la República al retener el 100% de las remuneraciones y prestaciones laborales adeudadas, es ilegal toda vez que los mecanismos de protección de remuneraciones son normas de Orden Público, que no miran solo al interés de la persona, sino especialmente, al beneficio que tales resguardos irrogan a la sociedad en su conjunto, todo lo cual vulnera las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y de propiedad, contenidas en el artículo 19 N°2, N° 3 y N°24 de la Constitución Política del a República.

Por otra parte, el obrar de la recurrida además es arbitrario, toda vez que no existe razonabilidad en su actuar, no tiene fundamento ni motivo, y al carecer de motivo, - requisito esencial de todo acto administrativo - se torna en arbitrario, no existiendo un proceso administrativo debidamente tramitado en el cual pudiera ser emplazada, ya que tenían pleno conocimiento de la retención dictada por un tribunal de la república, a fin de hacer valer mis derechos respecto a la retención y compensación de mis remuneraciones y créditos laborales.

En conclusión, es evidente que la Tesorería solo puede efectuar retención sobre la devolución de impuestos de la empresa demandada, pero no puede pasar por alto la resolución de un tribunal de la república atribuyéndose labores propias de la judicatura, dejándolo sin el pago de las prestaciones laborales y llevando a cabo una compensación prohibida por ley una vez que les ha sido notificada la orden de retención y además de ello dejando o pasando a llevar las normas sobre prelación de crédito de nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, la recurrida no ha evacuado alguno para justificar la retención y compensación efectuada en su contra.

En cuanto a las garantías constitucionales infringidas alega que teniendo presente los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 en cuanto disponen que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos administrativos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos y además que las resoluciones que pongan fin a un procedimiento administrativo deberán ser fundadas, es evidente que se ha infringido la igualdad ante la ley, toda vez que estando notificada la Tesorería General de La Republica de retención sobre dineros hasta por un monto de $42.216.910 pesos, estos dineros han sido retenidos sin ningún tipo de justificación del por qué una vez que estos dineros no se encontraban disponibles ya que habían sido notificados de retención llevaron a cabo compensación si, vulnerando incluso el orden de prelación de pago atribuyéndose así atribuciones de orden jurisdiccional, lo que es contraría a mis garantías de iguales ante la ley, al privarme de mis derechos de percibir mis prestaciones laborales obtenidas con ocasión de una sentencia judicial como lo es normal y concurrente para todas personas en dicha situación.

Señala que el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida infringe y vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°3 de ya que, si bien la Tesorería General de la Republica tiene la facultad de retener la devolución de impuestos, esta es restringida, pues solo puede retener la devolución de impuestos, mas no pude retener habiendo previamente una orden judicial de retención, orden judicial emanada de un tribunal de cobranza laboral pasando a llevar esta orden judicial y no dando un motivo razonables que justifique su actuar y quebrantando la normativa de la prelación de créditos de nuestro sistema legal Agrega también el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida infringe y vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ya que, si bien la Tesorería General de la Republica tiene la facultad de retener la devolución de impuestos, esta es restringida, pues solo puede retener la devolución de impuestos, mas no en prestaciones laborales, tales indemnizaciones ni feriados obtenidos en juicio laborales y más aun habiendo una orden de retención de dineros hasta por un monto de $42.216.910 pesos que fue emanada con fecha 09 de mayo y notificada a la Tesorería General de la Republica con fecha 10 de mayo por lo cual estos dineros ya no se encontraban disponibles para ser compensados ya que existiendo esta orden de retención por parte del tribunal de cobranza Laboral si la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA quería llevar a cabo la compensación está a estas alturas debía discutirse en un jun juicio de lato conocimiento para que la judicatura viera la procedencia y la prelación de créditos, al llevar a cabo la retención y compensación en estas condiciones vulnera mi derecho a la propiedad sobre estos dineros que por derecho me corresponde percibirlos La referida garantía consagra el derecho de propiedad respecto a todos los bienes corporales e incorporales que se encuentran en el comercio humano. Así las cosas y tal como se señaló anteriormente, respecto de las indemnizaciones y demás prestaciones laborales obtenidas en virtud de una sentencia judicial, y la retención decretada por el tribunal de cobranza laboral a ello sumado a que posteriormente de haber sido notificados llevaron a cabo una retención y compensación en su favor sobre dineros que no estaban disponibles precisamente por una orden judicial, utilizando en forma ilegítima los procedimientos establecidos en la ley, se me esta vulnerando mi derecho de propiedad respecto mis dineros, afectando gravemente mi garantía constitucional, la cual precisamente asegura que ninguna persona o grupo puede vulnerar el derecho de propiedad en sus diversas especies que se tiene respecto al patrimonio.

Pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA en beneficio de, don nombre reservado, ya individualizado, acogerlo a tramitación, y en definitiva ordenar:

Que se declare que la retención y compensación informada y percibida por la recurrida respecto de los dineros que por derecho le corresponden ha sido ilegal y/o arbitraria.

Que se ponga término a la vulneración de los derechos fundamentales anteriormente mencionados, ordenando a la recurrida o a quien corresponda que se restituyan íntegramente y debidamente reajustadas las indemnizaciones y cualquier otro concepto retenido o compensado por Tesorería General de la Republica que le correspondan, por la cifra de $42.216.910. o hasta el monto que haya retenido y compensado la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en su favor-con reajustes e interés hasta la fecha de su efectivo reintegro.

Que se condene expresamente a la recurrida en costas.

Acompañó a su recurso el E-BOOK de tramitación de causa O-66-2024 de ingreso del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco y el E-BOOK de tramitación de causa C-178-2024 sección cobranza laboral, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

A folio 10, evacúa informe el abogado don CRISTIAN MAURICIO SANCHEZ SANCHEZ, por la Tesorería General de la República, en los siguientes términos:

En primer lugar, detalla una relación de los hechos, respecto al caso del asunto, de acuerdo lo informado por su Sección de Operaciones:

1. La retención ordenada en la causa O-66-2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, por $37.790.797 fue ingresada con fecha 18-03-2024, de acuerdo con Oficio 670-2024 remitido por correo electrónico, dicha retención se encuentra activa y se retuvo la suma de $ 4.277.127 de la devolución de impuestos del AT 2024.

2. La retención ordenada en la causa 178-2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, por $42.216.910.- fue ingresada con fecha 11-05-2024, según Oficio 5393-2024 por el tribunal mediante sistema de interconexión, marcándose automáticamente dicha retención en nuestros sistemas, la retención se encuentra activa y sin dineros retenidos.

3. En relación con la devolución de impuestos del año tributario 2024, al contribuyente se le autorizó la devolución de impuestos por $21.521.358 (monto reajustado), dineros que, por una parte, compensaron deuda fiscal ($17.244.231), y por otra, fueron retenidos en la causa O-66-2024 ($4.277.127).

Por lo antecedentes aportados por la recurrente en el presente recurso hemos tomado conocimiento que ambas causas se encuentran relacionadas, ya que para efectos de nuestros sistemas son 2 causas independientes con roles distintos y a su vez 2 retenciones independientes, la primera por $37.790.797.- y la segunda por $42.216.910.-, dado que el Tribunal no nos ha comunicado que existiría en la practica una duplicidad de retenciones, dejando sin efecto la primera o pidiendo el envío de los fondos retenidos en la causa O -66-2024.

Cabe mencionar que la compensación realizada por la Tesorería se imputó a deudas fiscales de DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TOHAVI LIMITADA, RUT N° RUT reservado, correspondiente al formulario 44, Folio 39853, con vencimiento 29-12-2023, dicha deuda compensada es anterior a todas las retenciones alegadas por la recurrente.

Que de acuerdo con lo señalado por la recurrente el fundamento del presente recurso está constituido por el acto arbitrario e ilegal efectuado por Tesorería General de la República, consistente en la retención y compensación de dineros que por derecho le correspondería percibir.

Que la facultad de compensación que operó en el caso de autos, se encuentra otorgada al Servicio, en el DFL 1, del 26/10/1994, en su artículo 6°, relativo a las deudas que los contribuyentes mantienen con el Fisco, que dispone: "Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

El artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, entrega la facultad de compensar del Servicio de Tesorerías ya que dispone, que, "estará facultado para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante”.

De lo anterior colige, que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta a lo que dispone la ley, razones por las cuales corresponde el rechazo del recurso planteado por la recurrente.

Que el actuar del Servicio de Tesorerías obedece al uso de sus facultades privativas dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con las exigencias contempladas en el artículo 1656 del Código Civil.

AI respecto, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General, contenida, entre otros, en los dictámenes N° 53.461, de 2007; 32868, de 2012 y 64.591, de 2012, ha precisado que el Servicio de Tesorerías cuenta con facultades para compensar las deudas de los contribuyentes con los créditos que ellos tengan a su vez en contra del Fisco, para cuyo efecto las respectivas acreencias deben estar en condiciones de ser solucionadas en los términos que establece el artículo 1.656 del Código Civil, según el cual, dicho modo de extinguir las obligaciones presupone la concurrencia de ciertas condiciones, entre ellas, que ambas deudas sean actualmente exigibles", añadiendo que reúne esa característica la obligación cuyo cumplimiento pueda ser inmediatamente requerido del deudor.

De esta forma, y atendido que, como se ha señalado con anterioridad, las deudas sometidas a cobro por Tesorería son indubitadas y actualmente exigibles, cumplen con esta condición, por lo que las compensaciones efectuadas por este Servicio a la empresa DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TOHAVI LIMITADA se ajustan a Derecho.

Que habiendo acreditado esta parte el fundamento legal, del actuar de la Tesorería, no concurriendo en la especie algún acto ilegal o arbitrario reprochable, cabe sin embargo precisar que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario ilegal que impida o perturbe su ejercicio. Que de lo planteado por la recurrente se desprende que tendría una cierta preferencia para el pago derecho que no tiene la calidad de indubitado, siendo esta sede improcedente dada la naturaleza de la misma que tiene por objeto protección de dichos derechos no la declaración de los mismos en este sentido el Tribunal Constitucional, por sentencia de 9 de septiembre de 2014, rol 2538-14, había sostenido algo semejante respecto al Recurso de Protección: “[…] su naturaleza jurídica es la de una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente”. asimismo, falló la Corte de Apelaciones de Concepción por sentencia de 23 de octubre de 2014, rol, 3311-2014, que fue confirmada posteriormente por la Corte Suprema. Sostuvo la Corte de Concepción en Recurso de Protección interpuesto por usuarios o consumidores de gas ciudad contra la empresa Gas Sur S.A, en un tema básicamente referido a tarifas, lo siguiente: 7°. “Que de lo expuesto aparece que la recurrente no ha demostrado en estos autos ser titular de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte debe proteger por mandato constitucional. El Recurso no es la vía para declarar, constituir o extinguir derechos y solo opera cuando los derechos amagados son indiscutidos”.

Que dado lo expuesto y no existiendo en los hechos acción u omisión ilegal o arbitraria imputable a mi representada, sumado a la no existencia derechos indubitados de la parte recurrente, que deban resolverse mediante la presente acción de protección, debiendo rechazarse la presente acción de protección interpuesta en contra de la Tesorería Regional de Temuco.

Pide tener por evacuado el informe ordenado y, en definitiva, rechazar el presente recurso de protección por no ser arbitraria o ilegal la actuación de esta parte recurrida A su informe acompañó certificado de pago compensación y comprobante de retención.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el acto contra el cual se recurre es la compensación que efectuó el recurrido de los montos producto de la devolución de impuestos del año tributario 2024 que obtuvo la empresa a DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TOHAVI LIMITADA.

En este sentido, al contribuyente se le autorizó la devolución de impuestos por $21.521.358 (monto reajustado), dineros que, por una parte, compensaron deuda fiscal ($17.244.231), y por otra, fueron retenidos en la causa laboral O-66-2024 ($4.277.127), donde resultó ganancioso el recurrente, como así se decretó el embargo de dichos montos en causa de cobranza judicial rol C-178-2024, ambas del Juzgado de Letras Trabajo de Temuco.

TERCERO: Que, en este orden de ideas, no resulta discutido que el recurrido cuente con la facultad legal de realizar en general compensaciones con los créditos que tengan los contribuyentes. Dicha prerrogativa se encuentra establecida en el artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.

CUARTO: Que, sin embargo, en el presente caso, debe tenerse presente que por resolución judicial emanada del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, se decretó la retención de los dineros que obtenga la empresa producto de la devolución de impuestos. Dicha resolución a su vez, fue reafirmada por una nueva resolución de embargo decretada en la causa de cobranza laboral C-178-2024.

QUINTO: Que, no resulta discutido que la compensación efectuada por el recurrido se realizó con posterioridad a las resoluciones judiciales decretadas por el Juez Laboral.

SEXTO: Que, en este escenario fáctico, encontrándose vigente dicha orden no resulta procedente en la especie la compensación ya tantas veces aludida, por cuanto el efecto de dichas medidas decretadas es precisamente sustraer del comercio los dineros que fueran percibidos por la empresa deudora para ser remitidos al juzgado laboral.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, el proceder del servicio recurrido aparece como una autotutela, proscrita por el ordenamiento jurídico y se erige además como un actuar arbitrario, lesionando el derecho del recurrente a no ser juzgado por comisiones especiales, protegido constitucionalmente en el numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en la medida que el servicio ha decidido por sí y ante sí, decidir que su deuda debe ser pagada en primer término por sobre las pretensiones del actor.

También lesiona el derecho de propiedad del recurrente, resguardado en el constitucionalmente en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en cuanto con el actuar del recurrido ha perdido la oportunidad de acceder a la totalidad de los montos percibidos a título de devolución de impuestos para pagarse de la deuda que obtuvo en sede laboral.

OCTAVO: Que, lo anterior es sin perjuicio de lo que pueda resolverse respecto del destino final de los dineros retenidos, que deberá discutirse en dicha sede mediante las tercerías que correspondan.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, y se dispone que éste último deberá retener la totalidad de los montos por concepto de devolución de impuestos de la empresa deudora, remitiéndolos en su caso al Juzgado Laboral.

Redacción del abogado integrante Cristian Carvajal de Vicenzi.

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