nombre reservado con DIRECCIÓN REGIONAL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, cinco de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que, comparecen doña nombre reservado, machi, cédula de identidad N° RUT reservado, quien recurre por si, y en favor de ASOCIACIÓN INDÍGENA MAPU LAWENTUWUN, personalidad jurídica número 807, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado; nombre reservado, lonko, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, lonko, por si y en favor de 14 comunidades indígenas constituidas al amparo de la Ley N°19.253, compuestas por: nombre reservado, P.J n° 954; nombre reservado, P.J n° 1.042; nombre reservado, P.J n° 1.324; Comunidad Indígena Paillao Curivil, P.J n° 271; Comunidad Indígena Paineo Collio, P.J n° 1,346; Comunidad Indígena Antonio Queupuil, P.J n° 370; Comunidad Indígena Coña Cariqueo, P.J n° 1.119; Comunidad Indígena Zoila Guichalau, P.J. n° 211; nombre reservado, P.J n° 217; nombre reservado, P.J n° 1,241; nombre reservado.J n° 2:695, nombre reservado, P.J n° 1.153; Comunidad Indígena Painen Quilahueque, P.J n° 1.080; y nombre reservado, P.J n° 1.326; todas agrupadas bajo la asociación de hecho denominada Inaltu Lewfu Lof Mapu, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Región de la Araucanía; nombre reservado, quien recurre por si, en representación y a favor de COMUNIDAD INDÍGENA nombre reservado, personalidad jurídica número 1.153, ambos con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado;, quien recurre por si, en representación a favor de COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CHAPO (también denominado APR Chapo- Chacay), personalidad jurídica número 205.202, ambos con domicilio en domicilio reservado; y nombre reservado, quien recurre por sí y en representación v a favor de 13 comunidades indígenas constituidas al amparo de la Ley N°19.253, compuestas por Comunidad Indígena Caniupi Llancaleo, P.J n° 1,248 Comunidad Indígena Huircaman Carmona, P.J n° 1,457 Comunidad Indígena nombre reservado, P.J n° 339 Comunidad Indígena nombre reservado, P.J n° 1.4 66; Comunidad Indígena Cayurranquil, P.J :i° 1.262; nombre reservado, P.J n° 1.511; Comunidad Indígena Ghepe Tripainao, P.J n° 1.417; Comunidad Indígena Collico, P.J n° 703; Comunidad Indígena Daullico, P.J n° 1.095; nombre reservado.J n° 149; nombre reservado.J n° 1.456; Comunidad Indígena Pehuénche Neculpan Raneo P.J n° 147 y Comunidad Indígena Quilhue P.J n°1.458, todas agrupadas bajo la ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PROYECTO RANCO, número de personalidad jurídica 118.147, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, representada legalmente por su director regional (s) , don Francisco Castillo Castillo, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de La Araucanía, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en Carta N°801/2024 del 21 de junio de 2024 que otorgó la autorización de subdivisión en 38 lotes, respecto de propiedad de doña nombre reservado, lo que vulneraría las garantías de los numerales 1, 2, 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 06 de marzo de 2024, doña nombre reservado ingresó a la Oficina Sectorial Imperial del Servicio Agrícola y Ganadero, solicitud de certificación para la subdivisión de predio rustico, respecto de la Hijuela N° 2, Lotes a, b y c, donde el servicio público recurrido autorizó la subdivisión en 38 lotes, cada uno de cinco mil metros cuadrados, lo que se evidencia a través de Certificado N° 651/2024 de fecha 02 de mayo de 2024, en que se señala: "El jefe de la Oficina Sectorial Nueva Imperial, del Servicio Agrícola y Ganadero, Región La Araucanía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la ley número 18. 755, certifica que la subdivisión del predio Hijuela N" 2 LOTE a, b y c, Rol N" 537-2, inscrito a fojas 574, N° 513, del año 1989,, del Conservador de Bienes Raíces de Carahue, propiedad de, nombre reservado, conforme al plano de parcelación y demás antecedentes tenidos a la vista, cumple con la normativa vigente para predios rústicos, no significando el presente certificado autorización de cambio de uso de suelos, ni validación de los antecedentes de dominio o demarcatorios, informados por el solicitante''.

Este mismo certificado del servicio público antes aludido advierte que no se autoriza el cambio de uso de suelos ni valida los antecedentes de dominio o demarcatorios, informados por el solicitante. Esto se traduce que, en principio, los lotes resultantes en cuestión no pueden ser utilizados para un propósito diferente al originalmente designado. por lo que no podrían ser transformados en destinos habitacionales o urbanos sin la debida autorización.

Este último aspecto adquiere relevancia, toda vez que el predio en cuestión forma parte de un territorio mapuche lafkenche, el cual presenta una gran riqueza en biodiversidad, incluyendo bosques nativos, fuentes de agua dulce, y una variedad de flora y fauna autóctonas. Además, en el mismo sector existe un proyecto de agua potable rural, denominado "APR CHAPO - CHACAY - nombre reservado", que beneficia a varias familias del sector.

Explica que, en este territorio mapuche, existen 27 comunidades lafkenche que habitan esta área, las cuales desempeñan un papel crucial en la preservación del entorno natural. Estas comunidades pertenecientes a 2 territorios, hoy divididas por limites político-administrativos de dos comunas a saber, Carahue y Puerto Saavedra, forman parte de una misma organización ancestral, reconociendo una misma autoridad tradicional en común o bien presentan lazos consanguíneos de un mismo tronco familiar.

Por una parte el Territorio Inaltu Lewfu Lof Mapu,que alberga 14 comunidades, "todas y cada una" se constituyen bajo el alero del artículo 3° letra C de la Ley número 19.253 de 1993, el cual indica que: "Posean o hayan poseído tierras en indígenas en común", por tanto tienen el reconocimiento de comunidad indígena y el instrumento que los valida son los títulos de merced, la misma ley y artículo antes mencionado.

Por su parte, el territorio sector Norte, de la comuna de Saavedra, alberga un total de 13 comunidades, constituidas también bajo el alero de la Ley número 19.253 de 1993, bajo la organización Asociación de Comunidades Indígenas Proyecto Raneo.

Todas estas comunidades conforman un territorio ancestral extenso, que según Los Ngüsh Kushe y Ngüsh Fücha, comenzaba en lo que hoy se conoce como Koywe y terminaba más allá del límite comunal que hoy se conoce como Saavedra, cuyo eje es el Lewfü, hoy conocido como Río Imperial.

Argumenta que ambos territorios han sido víctimas de un despojo sistemático de sus tierras ancestrales, lo que trajo como consecuencia que en el Lof (lugar) hoy existan grandes extensiones de terrenos que han sido calificados como "no mapuche" como el Fundo "El Cometa", "Fundo Chacay", terrenos de la familia Lazcano, y terrenos de la familia nombre reservado, los que han sido denominados "Islas de terrenos" pues son inmuebles que se encuentran entre las comunidades que forman parte de los territorios antes mencionados. En esta última situación se encuentra el predio cuya subdivisión se solicitó ante el Servicio Agrícola y Ganadero, objeto del presente recurso, pues se encuentra inserto en un territorio con alta densidad de población indígena.

Alega que los predios resultantes de esta subdivisión comenzaron a ser publicitados para su venta, con características esencialmente propias de un destino urbano o habitacional, en contravención a las restricciones establecidas para el cambio de uso de suelos que establece la ley y el certificado de autorización en el caso específico. Esto claramente constituye una contravención al espíritu de las normas del Decreto Ley 3.516 y de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Urbanismo y Construcción.

Precisa que los recurrentes iniciaron acciones para alertar al órgano administrativo recurrido en su rol de fiscalizador, sobre el peligro que esta situación generaría, especialmente la amenaza que esto representaba para el medio ambiente, recursos hídricos y las formas de vida de las comunidades. Formalmente se envió a través de correo electrónico un requerimiento con fecha 06 de junio de 2024, para efectos de obtener respuesta de otros servicios públicos respecto a la misma problemática, incluido el SAG.

Al respecto, el Director Regional de la Corporación Nacional Forestal, a través de Ord. N° 220/2024 de 17 de junio de 2024 informó que:

"Al respecto, informamos a usted que, las subdivisiones son certificadas y requieren pronunciamiento del Servicio Agrícola y Ganadero SAG. Esta fue certificada mediante documento N°651/2024, de fecha 02/05/2024 por la Oficina Sectorial SAG Nueva Imperial.

Que, no se efectuó consulta previa a esta Corporación como en otros casos".

Lo anterior dejó en evidencia, que el SAG si había efectuado consultas previas respecto de otros casos de similares características.

Respecto al APR denominado CHAPO-CHACAY-nombre reservado, este brinda conexión a agua potable a gran parte de las familias que componen las comunidades recurrentes y el territorio mencionado. Los afluentes que brindan la toma de agua al APR, son el río Imperial, que es el eje central del territorio, estero sin nombre, el que nace en terrenos donde tiene asentamiento la comunidad Juan Guichal y nombre reservado y, como último afluente, el estero Chacay el cual nace entre los terrenos de las comunidades nombre reservado y nombre reservado, las cuales recurren en el presente recurso. Esto último es relevante toda vez que el predio subdividido se encuentra colindante con las comunidades donde nacen estos afluentes que otorgan suministro hídrico, constituyendo un grave peligro de sobreexplotación.

En el presente el APR Chapo, que entrega y abastece a 198 familias del sector, mantiene una lista de espera de otras 60 familias, a las cuales no es posible entregar un servicio, pues la capacidad del sistema del APR es insuficiente para poder abastecerlos sin un proyecto de ampliación. Esto, como se mencionó anteriormente, se puede ver agudizado con los nuevos propietarios que, al trasladarse a vivir al sector, solicitarán agua potable de este APR, por el ser el más próximo al sector.

Especialmente tales riesgos, que se pueden atribuir a características propias de un destino urbano o habitacional, pues repercuten directamente en el entorno; como el abastecimiento de agua potable, generación de aguas residuales domésticas o urbanas, aumento de concentración de residuos domiciliarios que demandan nuevos servicios de recolección, intensificación de la población en las zonas de baja intensidad, impacto vial, afectación de la limitación de zonas agroproductivas y, alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos de comunidades indígenas mapuche lafkenche.

Añade que intervenir en estos territorios sagrados, como en el caso de una subdivisión de terrenos, no solo implica una alteración física del entorno, sino también una profunda disrupción espiritual. Esto puede generar desequilibrio y consecuencias negativas tanto para las personas como para el medio ambiente, por cuanto el predio subdividido, desde tiempos inmemoriales, se ha utilizado para fines medicinales y religiosos por la machi para las personas que componen las comunidades.

En este caso específico, es importante reiterar que el asentamiento de un gran número de familias en una determinada área puede generar significativos riesgos ambientales relacionados con el agua, especialmente en términos de consumo. La demanda excesiva de agua puede superar la capacidad de las fuentes locales, llevando a la sobreexplotación de espacios acuíferos y cuerpos de agua superficiales. Esto puede causar una disminución en los niveles de agua, afectando tanto el suministro para consumo humano como para actividades agrícolas e industriales.

Indica que, en relación a la materia objeto de este recurso, mediante carta N°804/2024 de 21 de junio de 2024, y notificada el 24 de junio tía 2024 a los recurrentes, el servicio público respondió, esgrimiendo entre otros argumentos:

"Evidentemente como Servicio no podemos prever que los fines de la subdivisión sean otros en la posteridad, y ante ello, se logra razonablemente entender porque el Servicio de Evaluación Ambiental usualmente responda que no amerita de pronunciamiento por parte de ellos, y que sin perjuicio de ello, en caso de constatar una situación de hecho previa, durante o posterior, con fines distintos a los encargados de vigilar este Servicio, es la Ley de Urbanismo y Construcción quien detenta la potestad de supervisar tales irregularidades".

Sobre este punto señala que la Contraloría General de la República, a través del Dictamen N° E422370 de 30 de noviembre de 2023, dispone que el procedimiento para emitir el certificado de subdivisión puede ser suspendido cuando de los antecedentes aparezca que dicha subdivisión podría importar la vulneración de la normativa vigente, hasta contar con el informe de la SEREMI.

Cita causa Rol 100.856-2022 de la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmada por la Ecxma. Corte Suprema, de lo que concluye que los máximos tribunales de justicia de nuestro país, han analizado funciones del SAG, en lo relativo a sus facultades respecto a la certificación de cumplimiento de la normativa en los procesos de subdivisión de predios rústicos, reconociendo la obligación de dicho servicios de hacer una revisión completa de la normativa que regula la materia, ya sea a través de la información que le proporciones los interesados, o por los informes que emitan terceros, rol que, en el caso en cuestión, el SAG se ha negado a cumplir de manera ilegal y arbitraria.

Afirma que emitir el certificado, solo comprobando por parte de la autoridad que los emite, que los lotes a subdividir no sean inferiores a cinco mil metros cuadrados y que todos tengan accesos al espacio público o camino; no resulta conforme a la normativa vigente y contraría el ordenamiento jurídico.

Precisa que, lo que le correspondía a la autoridad, para emitir el certificado, era comprobar que, con los antecedentes aportados por el solicitante o con los informes recabados a terceros, dicha certificación esté de acuerdo a la normativa vigente, no solo aquella que las rige, sino todas aquellas que eran aplicables al predio rústico como, por ejemplo, que no afecte un bosque nativo, a humedales, si el predio se asienta en lugares arqueológicos o centros ceremoniales, o que pueda tener alguna consecuencia para el caso que se pretenda instalar algún camino en el que existan cauces, se pretenda la instalación de un proyecto inmobiliario; etc.; situación que obviamente debe resolverse caso a caso; por ello es necesario que si tales situaciones se vislumbran en el proyecto que se presenta, deben solicitarse informes a las instituciones relacionadas, como lo exige el artículo 37 bis de la Ley 19.880, para lo cual debió requerir informes de las Direcciones de Obras de las Municipalidades, CONAF, SEREMI-MINVU, DGA, SMA, Dirección de Vialidad, Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, CONADI, Seremi de Salud (Unidad de Salud Intercultural), según corresponda.

Alega que se han infringido los artículos 2 y 3 de la Ley N° 18.755 que confieren al Servicio Agrícola y Ganadero no solo la facultad, sino también la obligación explícita, de proteger los recursos naturales y garantizar que las actividades agrícolas no impacten negativamente la biodiversidad.

También se ha infringido el art.46 de la Ley 18.755, en cuanto impone al SAG la obligación de emitir informe previo que debe ser fundado y público, y que para proceder a la subdivisión de predios rústicos, el Servicio debe certificar el cumplimiento de la normativa vigente, para lo cual, evidentemente, debe tener toda la información que permita establecer dicho cumplimiento, debiendo solicitar antecedentes a otras entidades públicas, como lo ha establecido la CGR en la jurisprudencia administrativa mencionada precedentemente, obligación que la autoridad recurrida simplemente omitió.

Asimismo, se habrían infringido los artículos 5, 8, 12 y 15 del Convenio 169 de la OIT.

Concluye que esta subdivisión puede tener implicaciones legales y políticas sobre el reconocimiento y protección de los derechos de agua de las comunidades indígenas. Los procesos de subdivisión de tierras a menudo no toman en cuenta los derechos ancestrales de las comunidades sobre el agua y, en ocasiones, la falta de una normativa clara y específica puede llevar a la violación de estos derechos. Esto puede resultar en una situación en la que los intereses de los nuevos propietarios y las decisiones administrativas prioricen el desarrollo económico o la expansión urbana por encima de los derechos históricos de las comunidades indígenas, generando una injusticia en la distribución de los recursos y en la preservación de su legado cultural Pide que se acoja su recurso de protección y, en definitiva, se ordene que se deje sin efecto Certificado N° 651/2024 de fecha 02 de mayo de 2024, por haberse autorizado la subdivisión con omisión de los requisitos y deberes legales, proveyendo que se ordene oficiar a los servicios públicos correspondientes para efectos de evitar la vulneración a la ley, volviendo al estado de análisis de la solicitud de subdivisión o lo que estime en derecho procedente, con costas.

A folio 26 evacúa diligencia informativa la TENENCIA DE CARABINEROS DE PUERTO SAAVEDRA, señalando que personal de Carabineros se constituyó en el lugar donde se mantiene terreno en disputa, el cual se encuentra ubicado en la ruta S-420, altura del Km. 6.980, de la comuna de Saavedra, pudiendo en este sitio realizar un levantamiento fotográfico del terreno que está siendo loteado desde el exterior del predio.

Asimismo, el personal diligenciador, procedió a realizar un levantamiento de información, obteniendo imágenes del Sistema de Análisis Territorial (SAIT), de Carabineros de Chile, en el cual se muestra la línea roja el terreno en forma global que se encuentra parcelado y la línea a azul que señala parte de un bosque que pertenece al terreno y el cual se encuentra siendo deforestado y lugar desde donde la machi de la comunidad obtenía sus medicinas para poder tratar enfermedades de persona de diferentes sectores de la comuna.

A folio 30 evacua informe el recurrido Servicio Agrícola y Ganadero pidiendo en rechazo del recurso.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, pues desde la fecha del Certificado de Subdivisión Nº 651/2024, que es de 02 de mayo de 2024, hasta el documento antes referido, que es de fecha 06 de junio de 2024, transcurrieron más de 30 días corridos; y por lo demás, desde aquel mismo 06 de junio de 2024, de la presumible denuncia incoada, hasta la fecha de interposición del recurso que fue el 17 de julio de 2024, también volvieron a transcurrir más de 30 días corridos.

En segundo término, señala que el recurso de protección no es la vía idónea, por lo que es resulta ser inadmisible, no siendo afectada la propiedad, como el medio ambiente o entorno por dicho Servicio y, claramente, si el poseedor de la propiedad en cuestión realiza actividades ajenas a las que ha solicitado que el Servicio certifique, es menester sea escuchado y sancionado si lo amerita, de acuerdo a sus actos, lo que evidentemente es lo razonable y coherente, ello en atención a que estos hechos se originan o interponen por una situación de hecho o ficticia amparada en una red social, que compromete a dicha recurrida, única y exclusivamente, debido a la certificación de la cabida de un predio de conformidad al Decreto Ley N°3.516 del Ministerio de Agricultura, lo que uniformemente la Ilma. Corte ha ratificado como un acto meramente declarativo y certificatorio, y que nuestro propio Código Civil ha zanjado, sin mayores inconvenientes, en su título VII, respecto a los efectos de la posesión inscrita.

En cuanto al fondo, señala que según copia de inscripción con vigencia emanada por el Conservador y Archivero Judicial de Carahue - Saavedra, presentada a tramitación de solicitud de certificación de predios rústicos por la propietaria, esta no contiene anotación marginal alguna que indique formar parte del Registro Nacional de Tierras Indígenas, como bien lo mandata la ley expresamente en el artículo antes citado en el Registro de Propiedades adjunto, como tampoco suele ser, con las anotaciones al final del título de dominio, sin más que mencionar el orígen/ modo de adquirir del título, mediante adjudicación y saneamiento ante Bienes Nacionales.

Afirma que, de la sola lectura del título, se observa que la propietaria, doña nombre reservado, no tiene la calidad indígena de conformidad al artículo 2 de la Ley N°19.253, como tampoco el mismo título de dominio contiene en sus agregados al final tal calidad de conformidad a su artículo 3 del mismo cuerpo legal citado, entendiendo que, si existiese inclusive un apellido indígena, esto no es suficiente de conformidad a la propia ley.

Que entre el 06 de marzo y el 02 de mayo de 2024, fechas de recepción y emisión del certificado N°651/2024 que certifica que la subdivisión conforme al plano presentado del predio cumple con la normativa vigente para predios rústicos, este servicio no recepcionó denuncia alguna respecto de él o los incumplimientos que estaría llevando a cabo la propietaria del predio aludido y que indica la recurrente.

Es menester informar, además, que el Servicio no verifica en terreno las solicitudes y, de acuerdo a su propia normativa, como de la Resolución Exenta N°3.904, vigente al emitir dicho certificado, solo hace exigibles a los propietarios los títulos de dominio contenidos en el Registros de Propiedad custodiados por los Conservadores de Bienes Raíces, cuya función es ser ministros de fe y auxiliares de la administración de justicia, quienes dan cuenta de la historia y situación de la propiedad, de forma fehaciente, de sus actuales propietarios como de la cabida, principalmente en concordancia a la función encomendada por el Decreto Ley N°3.516 del Ministerio de Agricultura.

De los antecedentes propios de la solicitud de tramitación de subdivisión de predios rústicos y al no existir en el propio título, el gravamen/ anotación marginal o al final del mismo Registro de Propiedad, como además la no acreditación de la calidad misma de quien detenta el dominio, de conformidad a la circular N°475 /2022 de la Dirección Nacional del Servicio, la consulta a CONADI se realiza solo respecto de proyectos de parcelación que se emplacen en áreas de desarrollo indígena o que se encuentren en el Catastro de Tierras Indígenas de CONADI , y no por un mero capricho, como tampoco a raíz de publicaciones en redes sociales, que carecen de toda idoneidad. Si durante el análisis de antecedentes de un proyecto de subdivisión se establece que éste se emplazaría en terrenos indígenas, provenientes de liquidación o división de comunidades -que no es del caso de marras- deberá oficiarse a la CONADI para que, en el mérito de su normativa específica y pronunciamiento, el SAG resuelva seguir con el curso normal de la evaluación de la solicitud o rechazarla.

Se analiza una gran extensión de plantación forestal del tipo pino y eucaliptus –forestal- como, adicionalmente, sus bordes, matorral nativo escueto y, en atención a ello, no habiendo afectación o tala para apertura de camino, ya que evidentemente son existentes, adicionalmente, a la existencia de un plan de manejo vigente presentado por la propietaria, y que la misma CONAF reconoce su existencia, entonces se decidió no consultar a la institución pertinente y que, de afectarse por la propietaria el proyecto o entorno que se encuentra en el lugar, deberán necesariamente someterse a la Ley N°20.283, y adicionales competentes de la Corporación Nacional Forestal, como así, las respectivas denuncias al Juez de Policía Local competente por situaciones de hecho que ameriten denuncia, hecho que no existía durante la certificación, y que tampoco fue denunciado por quien hoy deduce el recurso.

En relación a la consulta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como Servicio, previo a realizar consultas reiteradas a diversas solicitudes, se les ha contestado, uniformemente, que los proyectos de subdivisión de predios rústicos no son objeto normalmente de impacto ambiental -temporalmente- , ello ya que, en definitiva, la subdivisión misma no autoriza el cambio de uso de suelo y el suelo mantiene su destino “Agrícola” y que, para efectos del Servicio, evidentemente este destino se entiende en sentido amplio considerando al forestal y ganadero, adicionalmente.

En ese sentido, los proyectos presentados no contemplan la construcción de viviendas, habilitación de áreas de esparcimiento o edificaciones de uso común como tampoco contempla la apertura de nuevas vías públicas, o la ejecución de obras, programas o actividades en áreas colocadas bajo protección oficial, en los términos que indica el artículo 10 letra p) de la Ley N°19.300.

Sostiene que la recurrente tiene graves errores conceptuales y confunde respecto de una autorización y/o una transferencia del dominio versus la certificación propiamente tal realizada por el Servicio, ello en razón a que certificada la cabida de conformidad al Decreto Ley, este hecho declarativo no constituye derechos, no es un título traslaticio de dominio y que sigue en manos de la usuaria y propietaria solicitante, por ende, es carente de modificar crear o extinguir derechos u obligaciones, - no produce efectos jurídicos-sino más bien de una constancia, por tanto, la decisión final y el responsable de generar la inscripción es el Conservador de Bienes Raíces respectivo, a través de un acto jurídico que busque celebrar la propia tradición del bien inmueble, y este tenga por intención ser de aquellos que transfieren el dominio de conformidad a nuestra legislación vigente.

Que, finalmente, la recurrente a su conveniencia busca hacer parecer que el Servicio Agrícola y Ganadero certifica proyectos de subdivisión de predios rústicos para fines habitacionales, lo que en definitiva no es la realidad bajo ningún punto de vista y para ningún proyecto, sino más bien, y ello en razón a que la subdivisión de predios rústicos de conformidad al Decreto Ley N°3.516 del Ministerio de Agricultura es para fines agrícolas, y que posterior a la transferencia de estos lotes resultantes no se respeten estos fines y realicen actividades ajenas a la autorización que les fue certificada, constituye una infracción a vista de todos, pero respecto de los propietarios y no del Servicio, lógicamente.

A folio 31 evacúa informe doña nombre reservado

Alega, en primer término, extemporaneidad del recurso, por cuanto de toda la lectura del recurso, consta que en realidad el acto del cual pretenden recurrir es otro, el singularizado como “CERTIFICADO Nº 651/2024 de fecha 02 de mayo de 2024, pues este acto el único que piden sea dejado sin efecto en su petitorio.

La subdivisión aludida, que el recurso pretende dejar sin efecto, fue debidamente aprobada por el certificado referido, que es el punto central y único de la parte petitoria, que fue dictado con fecha 02 de mayo de 2024 y que, según se dirá a continuación, era de conocimiento de los recurrentes con un plazo mayor a los 30 días antes de la interposición del recurso.

Se ha señalado en el recurso eventuales irregularidades en la tala de árboles, lo que se niega rotundamente y al efecto se acompaña a esta presentación, la resolución Nº 132/32-922/24 de la Corporación Nacional Forestal, y sus antecedentes, que aprueba plan de manejo plantaciones forestales de fecha 30 de abril de 2024, efectuado por la propietaria del predio.

Ella se adhiere a los antecedentes y argumentos esgrimidos por la recurrida principal, es decir, el Servicio Agrícola y Ganadero, expuestos en informe de folio 30 de autos, siendo sus puntos más importantes, en síntesis, los siguientes:

Inadecuación del recurso de protección como vía judicial El recurso de protección tiene una naturaleza cautelar, y su finalidad es proporcionar una respuesta rápida y eficaz frente a vulneraciones evidentes de derechos constitucionales, conforme lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Sin embargo, en este caso, no se configura dicha vulneración, ya que el recurso, además de extemporáneo, está basado en acusaciones infundadas y carentes de veracidad. La presentación de este recurso evidencia una falta de comprensión en relación con los actos jurídicos involucrados, tales como la posesión inscrita y los derechos reales, así como también la interpretación del Decreto Ley N° 3.516 del Ministerio de Agricultura. No se ha acreditado la afectación de derechos fundamentales, tales como el derecho de propiedad o la protección del medio ambiente, lo cual es esencial para la procedencia de un recurso de protección.

Antecedentes del procedimiento administrativo El 6 de marzo de 2024, doña nombre reservado presentó una solicitud de subdivisión de predios rústicos ante la oficina sectorial de Imperial del Servicio Agrícola y Ganadero, respecto del predio Hijuela N° 2 Lote a, b y c, el cual se encuentra inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Carahue. Este predio tiene su origen en un saneamiento de bienes nacionales, de acuerdo a la Resolución Definitiva N° 883 de fecha 8 de agosto de 1989, emitida en virtud del Decreto Ley N° 2.695. Cabe destacar que en el registro del Conservador de Bienes Raíces no consta la calidad de tierras indígenas del predio, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 19.253, lo cual es un requisito esencial para que dicho predio sea considerado como tierra indígena.

Ausencia de calidad indígena del predio El análisis del título de dominio de doña nombre reservado revela que no posee la calidad indígena, conforme al artículo 2 de la Ley N° 19.253. Asimismo, el título de dominio no contiene ninguna anotación que acredite tal calidad. Dado que no se cumplen con los requisitos legales para que el predio sea considerado tierra indígena, resulta claro que este predio no califica como tal. Esta conclusión es respaldada por la ausencia de anotaciones marginales en el registro de propiedad que indiquen lo contrario.

Conformidad con la normativa vigente y competencia del SAG Desde el 6 de marzo hasta el 2 de mayo de 2024, fechas que comprenden la recepción y emisión del Certificado N° 651/2024, el Servicio Agrícola y Ganadero no recibió ninguna denuncia que indicara un incumplimiento por parte de la propietaria del predio en cuestión. Es importante resaltar que el Servicio Agrícola y Ganadero opera bajo el marco normativo vigente, específicamente conforme al Decreto Ley N° 3.516 del Ministerio de Agricultura, que regula la subdivisión de predios rústicos. Este Servicio no realiza verificaciones en terreno de las solicitudes, sino que se basa en la documentación proporcionada por los interesados, la cual es custodiada por los Conservadores de Bienes Raíces, quienes actúan como ministros de fe y auxiliares de la administración de justicia.

Requisitos para la subdivisión de predios rústicos Conforme al Decreto Ley N° 3.516, los predios rústicos pueden subdividirse libremente, siempre y cuando los lotes resultantes no sean inferiores a 0,5 hectáreas físicas. La certificación otorgada por el Servicio Agrícola y Ganadero es un acto meramente declarativo, que no implica autorización para un cambio de uso de suelo ni valida los antecedentes de dominio presentados. En este caso, el predio en cuestión no se encuentra registrado como tierra indígena en los registros pertinentes, y la propietaria no cumple con los requisitos para ser considerada indígena, por lo cual la certificación fue emitida en conformidad con la ley.

Relevancia del Registro Nacional de Tierras Indígenas La Ley N° 19.253 establece que las tierras que forman parte del Registro Nacional de Tierras Indígenas son aquellas inscritas en dicho registro, lo cual no aplica en este caso. La falta de inscripción en este registro es determinante para excluir la consideración de tierra indígena del predio en cuestión. En consecuencia, el Servicio Agrícola y Ganadero no estaba obligado a realizar consultas a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) respecto de la solicitud de subdivisión presentada.

Evaluación ambiental y factibilidad del proyecto Respecto a la consulta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), es pertinente señalar que los proyectos de subdivisión de predios rústicos, como el presente, generalmente no requieren de evaluación de impacto ambiental, ya que no implican un cambio de uso de suelo. Además, los proyectos no contemplan la construcción de viviendas u otras edificaciones que pudieran tener un impacto significativo en el medio ambiente, lo que corrobora la falta de necesidad de una evaluación ambiental en este contexto.

A folio 32 evacua diligencia informativa la MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA, en que se concluye:

Afectación del conocimiento tradicional: Entendiendo la cultura y cosmovisión del pueblo mapuche, la actual parcelación atrae una cadena de problemas relacionados con el vivir de las comunidades y sus habitantes, en especial de la machi quien carga un rol de mucha relevancia espiritual y su rol de sanar a la gente, cuestión que la tiene enfocada en realizarlo, de caso contrario ella sufre los males que no logre mejorar, y para lo cual requiere de un entorno en equilibrio que le otorgue todo lo que necesita, además de poder transmitir este conocimiento para que perdure en el tiempo, como lo hizo ella con su abuela machi quien le heredó el conocimiento y recolección de los distintos tipos de lawen que existían en el territorio.

Desconexión entre comunidades y espacios sagrados: La restricción del acceso a los espacios culturales y sagrados, como witrunco y menoko, puede generar una desconexión creciente entre la machi, la comunidades mapuches y su entorno espiritual. La dificultad para acceder hoy en día a estos lugares puede debilitar el vínculo espiritual y cultural que la comunidad mantiene con su territorio, afectando el sentido de identidad y cohesión social. Mencionar que la machi nombre reservado comenta que en toda su infancia tuvieron muy buena relación con la dueña del sitio y nunca se les había negado el ingreso al terreno que ella conoce en su plenitud, cuestión que cambió en el actual escenario.

Impacto en la salud comunitaria: La reducción en la disponibilidad de plantas medicinales no solo afecta a la machi, sino que también tiene implicaciones para la salud comunitaria en general. Las prácticas de medicina tradicional mapuche, que han sido fundamentales para el bienestar de la comunidad, están en riesgo, lo que puede llevar a una dependencia creciente de métodos de atención no tradicionales, dejando a las personas que confían en ella sin un derecho fundamental como menciona el art. 24 de la Declaración de nombre reservado, que "reconoce el derecho colectivo de los pueblos indígenas a sus medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas y medios de sanación, incluyendo plantas medicinales, animales y minerales" A folio 40 evacua diligencia informativa la CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA , en que se concluye:

Desde la dimensión y análisis sociocultural respecto a las afectaciones del proyecto de parcelación realizado en el territorio de Oñoico, es posible establecer que, la parcelación y los cambios en el uso del suelo han generado una fuerte sensación de pérdida entre los habitantes que tiene que ver con el libre acceso a la búsqueda de lawen por parte de la machi y la posibilidad de dar continuidad a las prácticas de recolección de frutos como el digüeñe y changle , entre otros, que han sido actividades replicadas durante generaciones. Las autoridades ancestrales, socios y socias han manifestado su visión y sentir respecto a la situación que los afecta, mantienen un fuerte arraigo territorial y cultural y comparten un sentir colectivo respecto a los cambios naturales y culturales que ha significado la parcelación. Existe temor de no poder realizar de manera libre y sin prejuicios las ceremonias propias del pueblo mapuche como Nguillatun o We Txipantü, entendiendo que los nuevos vecinos son gente externa que en muchos casos puede que no tengan conocimiento o el respeto a la cultura mapuche y sus prácticas, lo que puede significar incomodidad para ambas partes.

Por otra parte, el daño espiritual hacia la machi nombre reservado, por la prohibición actual de acceder a buscar lawen ha repercutido y afectado a todas las comunidades que la reconocen como autoridad ancestral y acuden a ella al estar en kütran. Existe una evidente destrucción y daño de un espacio sagrado con Menoko y plantas medicinales diversas que de acuerdo con la cosmovisión mapuche no siempre pueden encontrarse en cualquier lugar. Esta situación, reduce y genera un desequilibrio en la práctica de la medicina tradicional mapuche por parte de la machi, la limita de poder recolectar todo el lawen que durante años ha utilizado para las ceremonias de sanación. Desde una visión occidental o no mapuche, puede existir un sesgo importante a la hora de permitir a una machi seguir utilizando un espacio sagrado para el ejercicio de su don. Por esta razón, es importante que cada una de las instituciones involucradas en este proyecto puedan comprender que existe un daño cultural evidente en las prácticas y tradiciones comunitarias y que tiene implicaciones para la salud espiritual y cultural de las comunidades.

Desde el punto de vista ambiental, ya se observan algunas afectaciones a los recursos naturales, como es la destrucción de bosque nativo, afectando vertientes y nacientes de agua y a la fauna cuyo habitat era el bosque nativo; construcción de caminos sin estabilizado, y los habitantes de territorio suponen otras afectaciones que ocurrirán si el proyecto se concreta, como son la presión por obtener conexión al agua potable, generación de residuos, contaminación de aguas, aumento de ruido ambiente y tránsito vehicular por mencionar algunos.

Por último, cabe señalar que la situación que enfrentan las comunidades del territorio de Oñoico-Carahue, producto de la parcelación, es un precedente para considerar y aplicar lo que establece el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, en su artículo 14, respecto al reconocimiento de los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras tradicionales; "Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia".

A folio 42 evacua diligencia informativa la MUNICIPALIDAD DE CARAHUE, donde su Unidad de Asuntos Indígenas concluye que:

En vista de la situación y problemática actual puede constatarse:

El debilitamiento del vínculo de las comunidades con sus sitios sagrados a causa de la restricción y ocupación de predio loteado, que hace imposible seguir realizando nguillatunes territoriales que se daban con anterioridad. Así, la machi ha sentido repercusiones psíquicas y espirituales que han perjudicado su desempeño, dada la importancia del sitio al contar con witrunko y menoko. Esto significa una amenaza para los valores culturales que, según la cosmovisión mapuche, se hallan intrínsecamente ligados a su territorio y al sentido de pertenencia con este. A esto debe considerarse las consecuencias que arrastra la constante modernización que influye inevitablemente en los modos de vida.

Como consecuencia de lo anterior, la situación actual puede significar una falta al derecho sanitario de la comunidad, dada la limitación de recursos naturales que la machi utiliza como newen para su trabajo como principal elemento de sanación. La ONU en su art. 24 sobre Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho de los pueblos indígenas a emplear sus propias medicinas tradicionales y preservar sus métodos de salud. Además de considerar en este punto las posibles repercusiones del APR que se apeló en la mesa de diálogo, en cuanto al derecho del agua. Si esto no se garantiza, se invisibiliza el sistema de salud mapuche y, con ello, su cultura, por lo tanto, una falta a las históricas demandas de políticas interculturales en el área de la salud.

Por lo tanto, es contingente indicar que los hechos que envuelven al predio infringen la preservación cultural y tradicional mapuche, pues si bien los títulos de merced significan el principal antecedente en cuanto a “propiedad” se habla, la conformación de las comunidades según su vínculo familiar puede considerarse un argumento a favor del derecho sobre sus terrenos. A esto debe sumarse la cosmovisión que les mueve en base al sentido de pertenencia, respeto y obediencia hacia el medio ambiente. Siendo el loteo un impulso al desequilibrio del territorio que ha desencadenado males que han recaído sobre la machi dada su formación espiritual que ha adquirido por herencia. En ese sentido, a grandes rasgos es posible indicar una deficiencia puntual por parte de las herramientas y recursos del aparato estatal, pues no representan hasta el momento garantías suficientes para el amparo cultural del pueblo mapuche.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que la recurrente estima arbitrario e ilegal el otorgamiento del certificado N°651/2024, de fecha 02 de mayo de 2024, emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que autorizó la subdivisión en treinta y ocho lotes, cada uno de cinco mil metros cuadrados, del predio rústico hijuela N°2 lotes a, b y c. En dicha certificación se señala: “El jefe de la Oficina Sectorial Nueva Imperial, del Servicio Agrícola y Ganadero, Región La Araucanía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la ley número 18. 755, certifica que la subdivisión del predio Hijuela N" 2 LOTE a, b y c, Rol N" 537-2, inscrito a fojas 574, N° 513, del año 1989,, del Conservador de Bienes Raíces de Carahue, propiedad de, nombre reservado, conforme al plano de parcelación y demás antecedentes tenidos a la vista, cumple con la normativa vigente para predios rústicos, no significando el presente certificado autorización de cambio de uso de suelos, ni validación de los antecedentes de dominio o demarcatorios, informados por el solicitante”.

TERCERO: Que no obstante advertirse que dicho certificado no autoriza el cambio de uso de suelo, ni valida los antecedentes de dominio o demarcatorios, informadas por la solicitante, los predios resultantes de esta subdivisión comenzaron a ser publicitados para su venta, con características esencialmente propias de un destino urbano o habitacional. Frente a este escenario, los recurrentes iniciaron acciones para alertar a diferentes órganos administrativos sobre el peligro que esta situación generaría, especialmente la amenaza para el medioambiente, recursos hídricos y las formas de vida de las comunidades. Lo anterior, dejó en evidencia que el SAG, antes de emitir el referido certificado, y frente a casos similares, si había efectuado consultas previas a dichas entidades, lo que no hizo en el presente caso.

CUARTO: Sostienen que lo que correspondía era que el Servicio Agrícola y Ganadero, para emitir el certificado, debía comprobar que con los antecedentes aportados por la peticionaria o con los informes recabados a terceros, dicha certificación estaba de acuerdo con la normativa vigente, aplicable a un predio rústico, para verificar, por ejemplo, que no afecte a un bosque nativo, humedales, si el predio se sienta en lugares arqueológicos o en centros ceremoniales, etc. El artículo 37 bis de la Ley 19.880 contempla esta exigencia de solicitar informes a las instituciones relacionadas, tales como CONAF, CONADI, Dirección de Obras Municipales, Dirección General de Aguas, SEREMI de Salud, entre otros.

QUINTO: En el mismo orden de ideas, alegan la infracción a los artículos 2 y 3 de la Ley 18.755, que impone la obligación al SAG de proteger los recursos naturales y garantizar que las actividades agrícolas no impacten negativamente la biodiversidad. También al artículo 46 del mismo cuerpo legal, que le impone la obligación de emitir un informe previo, que debe ser fundado y público, debiendo certificar el cumplimiento de la normativa vigente. Finalmente reclaman la infracción a los artículos 5, 8,12, 15 del Convenio 169 de la OIT, por cuanto la referida subdivisión puede tener implicancias legales y políticas sobre el reconocimiento y protección de los derechos de aguas de las comunidades indígenas, afectar derechos ancestrales y, en general, los derechos históricos de dichas agrupaciones SEXTO: Que esta Corte advierte que, si bien el Servicio Agrícola y Ganadero está facultado para otorgar la autorización para subdividir el predio rústico en cuestión, la normativa vigente para la certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos, contenida en la Resolución Exenta N°4.788/2024, faculta al SAG para requerir al solicitante los antecedentes que resulten indispensables para mejor resolver tales solicitudes. Asimismo, dicho Servicio podrá solicitar pronunciamiento de otros órganos de la Administración del Estado cuando, de la revisión de un proyecto, se adviertan situaciones que requieran el análisis del cumplimiento de la normativa vigente.

SÉPTIMO: Que, de lo expuesto en estrados, se evidenció que dentro de los antecedentes que la recurrida tuvo a la vista para resolver la solicitud de subdivisión se encuentra el croquis de ubicación, que corresponde a un dibujo o esquema simple que se utiliza para representar la posición relativa del predio en relación con su entorno circundante. De acuerdo a la resolución exenta antes citada, dicho croquis debe contener, entre otras exigencias, una referencia a la localidad más cercana, elementos de referencia para ubicar el predio, tales como: vías de acceso, caminos, intersección, puente, escuela, kilometro, entre otros lugares característicos, indicando distancias a vías de acceso y a lugares conocidos. Así las cosas, el SAG pudo advertir que el predio en cuestión estaba rodeado de comunidades indígenas que podían verse afectadas con la autorización solicitada.

OCTAVO: Que, en concordancia con la normativa antes citada, esta Corte estima que la recurrida no cumplió con su obligación de hacer una revisión completa de la normativa que regula la materia, ni tampoco tuvo en consideración la información necesaria para resolver la solicitud de autorización para subdividir el predio antes señalado, por lo que resulta razonable y prudente que se pida informe a las instituciones relacionadas que deben velar por que no se afecte a la naturaleza, lugares arqueológicos, centros ceremoniales y, en particular, a las comunidades indígenas que pudieran verse afectadas por el otorgamiento de la referida autorización.

NOVENO: Que todo lo anteriormente relacionado lleva a esta Corte a concluir que existió un acto u omisión ilegal o arbitrario que afectó a la recurrente y que ha sido cometido por la recurrida, razón por la que se acogerá el presente recurso en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y Auto Acordado que rige en la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado y otros, en contra del Servicio Agrícola y Ganadero y, en consecuencia, se deja sin efecto el Certificado N°651/2024, de fecha 02 de mayo de 2024, disponiéndose que la recurrida deberá retrotraer la tramitación de la petición de subdivisión, a la etapa de solicitud de informes a las instituciones relacionadas, conforme lo exige el artículo 37 bis de la Ley 19.880.

Redacción del abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Regístrese.

N°Protección-5267-2024. (csd)