nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURDIAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

nombre reservado, trabajadora, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por las razones que expone:

LOS HECHOS Que realiza labores como auxiliar de servicio en el Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena, lugar donde el día 11 de agosto del año 2020 sufrió un accidente laboral, en unas escaleras, sufriendo un esguince Grado II en su tobillo derecho, el cual evolucionó en forma tórpida desarrollando secuela de dolor crónico neuropático en cara anterior de pierna y tobillo, bajo tratamiento de medicación oral para el dolor y rehabilitador fisiatría.

Frente a esto, Compin de la Región de la Araucanía, con fecha de 17 de enero del año 2022, dictó la Resolución de Incapacidad Permanente N°276, según Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, estableciendo un grado total de incapacidad permanente en un 10%.

Sobre dicho accidente ISL realizó las prestaciones médicas correspondientes hasta el año 2021, cuando el médico fisiatra nombre reservado le dio de alta, a pesar de tener una necesidad continua de tratamiento, para que posterior a esto, el medico anestesiólogo nombre reservado le indicara que los dolores persistían por ser secuelas del accidente, por lo que dicho tratamiento se extendió hasta el año 2023 por la persistencia en el dolor, la inflamación y debilidad en el pie.

En el año 2023 su condición fue reclasificada como accidente común, situación sobre la cual se realizó la respectiva apelación ante la SUSESO, para que, con fecha de septiembre de 2023, la médico fisiatría nombre reservado, le recomendara una infiltración en el pie, quedando a cargo del procedimiento a su esposo, el medico nombre reservado, quien cometió el error de infiltrar también su codo, este error fue rectificado programando una nueva infiltración en el pie.

Que, con fecha de noviembre de 2023 asistió por primera vez a una evaluación psiquiátrica realizada por el médico nombre reservado, donde se le recetó Mirtazapina 15mg por trastorno de sueño, y agendó su primer control para diciembre de 2023. En este control se le indicó el fármaco antidepresivo Venlafaxina de 150mg/día por no haber tolerado el medicamento Mirtazapina, acompañado con Duloxetina de 30mg/día (medicamento que consume hace años) además le expresó al médico psiquiatra su inevitable miedo a subir y bajar escaleras, quien le indica realizar ejercicios de subir y bajar escaleras, con la ayuda del fármaco Clorizepam 5mg, cada vez que vaya a intentar el ejercicio. Posterior a esto, el próximo control se lleva a cabo el día 22 de enero de 2024, en esta instancia el médico Espejo vuelve a mencionarle que debe realizar ejercicios de subir y bajar escaleras, idealmente en diferentes espacios, no solo en su casa, de forma repetida y continua. El doctor Espejo le planteó en diversas ocasiones al ISL apoyarla en estos ejercicios, pues lo recomendable era realizarlos acompañado de psicólogos o terapeutas ocasionales, con el fin de poder superar el trauma que presenta frente a las escaleras, el cual tiene su origen en el accidente del año 2022, además de recomendar se le designe en otro puesto de trabajo, mientras lleva a cabo su recuperación. Es importante señalar que en su puesto de trabajo la actividad de subir y bajar escaleras es inevitable, pues debe llevar material y muestras de exámenes desde el servicio donde trabaja (oncología) al laboratorio, y viceversa.

A raíz todo lo señalado, es que continuó con tratamientos médicos durante el año 2023 y 2024, realizando infiltraciones en el pie y bloqueos ciáticos en la rodilla, los cuales no dieron ningún resultado positivo. Las terapias de kinesiología y la ingesta de medicamentos se extendieron hasta el año 2024, para que en febrero de dicho año el ISL suspendiera su tratamiento por falta de presupuesto, frente a eso se hicieron los reclamos correspondientes, retomándose las prestaciones hasta el 12 de abril de 2024 donde el ISL indicó que el diagnostico de “Neuropatía Crónica del Nervio Peroneo Profundo” no tiene relación con el evento de accidente laboral, identificándolo como de origen común, señalando que solo el evento de “esguince de tobillo” es de origen laboral, el cual es considerado como ya “tratado”. Lo que culminó en que se cancelen sus citas de kinesiología y terapia ocupacional, indicándole el alta sin haber completado su tratamiento. Cabe recalcar que esta información le fue dada vía la aplicación de WhatsApp, incumpliendo el protocolo de la SUSESO.

Es por esta situación que el 17 de abril del año 2024, realizó el respectivo reclamo en la SUSESO, sobre el cual el día 22 de mayo del 2024 se dicta Resolución Exenta N°R-01-UJU-79937-2024, la que le fue debidamente notificada mediante carta certificada el día 13 de junio de 2024. En dicha resolución se resuelve modificar parcialmente los pronunciamientos realizados sobre sus licencias médicas, en general se solicita rechazar el reposo laboral por este ser injustificado, y se autorizan un par de ellas, pero sin derecho a subsidio. En esta resolución no se tiene en consideración lo expresado por su médico psiquiatra tratante nombre reservado, pues a raíz de un supuesto “estudio” se determina que su condición de salud mental no tiene relación con el evento laboral, cuando dentro de la hipótesis diagnóstica del Dr. Espejo se señala que presentó un estrés psicosocial como secuela del accidente, sumado al dolor crónico, limitación al caminar, limitación funcional por edema del pie lesionado, todo esto a raíz del accidente laboral ocurrido en el año 2020.

EL DERECHO Este constituye un acto arbitrario e ilegal que atenta contra la garantía del Nº 1 del art. 19, de la Constitución Política, garantía que consagra “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. En efecto, dicha garantía se extiende más allá de la protección de la vida en un sentido estricto y comprende también la totalidad (integridad) de los aspectos que la constituyen. La integridad personal, entonces, constituye aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano, por el hecho de ser tal, tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psíquica contempla la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales relacionándose con el derecho a no ser obligado, constreñido o manipulado mentalmente, contra su voluntad. En síntesis, la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. Este derecho se encuentra consagrado como una piedra angular de toda la estructura del derecho internacional de los derechos humanos, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como asimismo en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 7). La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1968), en su artículo 5, dispone que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Conforme a lo expuesto, los hechos materia del recurso amenazan y perturban seriamente la garantía señalada.

Solicita se sirva tener por presentado recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ordenarle que informe en el plazo perentorio que Us. Ilma. fije y, en definitiva, declarar:

1º Que su enfermedad es de origen laboral y que requiere continuar en tratamiento, por ende extender el reposo parcial o total.

2º Que revoca la resolución por la cual se recurre en este acto.

3º Que se condena en costas al recurrido.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

a) Resolución Exenta N°R-01-UJU-79937-2024 de fecha 22 de mayo del 2024 emitida por la Suceso.

b) Resumen de formulario de reclamo de fecha 17 de abril de 2024.

c) Informe médico complementario de médico psiquiatra nombre reservado de fecha 18 de marzo de 2024 d) Orden DR-IX DAU 131/2024 emitido por Instituto de Seguridad Ciudadana, de fecha de 12 de abril de 2024.

e) Resolución de incapacidad laboral N°276, emitido por Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, de fecha de 19 de enero 2022 A folio 9 informa Jorge Esteban Garrido Pehuén, abogado, en representación de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien expone:

En forma previa a informar el fondo de la acción de protección interpuesta, esta parte sostiene que su improcedencia por cuanto versa sobre un aspecto específico del Sistema Chileno de Seguridad Social, a saber, el subsistema correspondiente al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y puntualmente, con la calificación del origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad asociada a esta.

En efecto, la calificación de una enfermedad como de etiología común o laboral, corresponde al procedimiento de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N°16.744, materia que sin duda pertenece al campo de la Seguridad Social, por lo que no cabe sino concluir que se encuentra expresamente excluida del ámbito de protección de la presente acción constitucional.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 19 N°18, de la Carta Fundamental, el cual no se encuentra dentro de la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la acción de protección es de carácter excepcional y por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos en que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Tratándose de una materia propia del derecho a la seguridad social, resulta evidente que la recurrente se encuentra impedida de accionar, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política excluye expresamente de su ámbito de protección a la seguridad social.

Solicita declare la improcedencia de la presente acción, pues el asunto debatido en estricto rigor versa sobre un derecho constitucional que no es susceptible de protección constitucional por esta vía, a saber, aquel establecido en el artículo 19, N°18 de nuestra Carta Fundamental, esto es, el derecho a la seguridad social, con costas.

EN SUBSIDIO, SE INFORMA EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

1.- En relación con la resolución impugnada mediante la presente acción de protección y que se acompaña en el presente informe, en primer término, se debe señalar que con fecha 17/04/2024 doña nombre reservado solicitó ante la Superintendencia de Seguridad Social que se le informara respecto de aquellas licencias médicas que fueron autorizadas “sin derecho a subsidios”.

En razón de lo anterior, el Instituto de Seguridad Laboral informó que la afectada se le fijó un 10% de incapacidad permanente (REIP con fecha de inicio 15-02-22). Se autorizan sin derecho a subsidio las LM que contienen el mismo diagnóstico de dicha incapacidad.

En lo que respecta al diagnóstico de salud mental, se hizo el respectivo estudio, donde se determinó que la usuaria cursaba con un cuadro que no tiene relación con el evento laboral, por lo que cuentan con Ordinario de Diagnóstico Mixto (15-03-24) que las califica de origen común.

Que, por último, existía otro diagnóstico músculo esquelético, que no correspondía a secuela del evento laboral, por lo que no correspondía cobertura por parte del seguro.

Por tanto, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió modificar parcialmente los pronunciamientos realizados:

-LM folio 92084280-1: Autorización sin derecho a subsidio, resolución de pérdida de capacidad permanente (REIP) comprende diagnóstico, sin secuela o reagravamiento no considerado.

-LM folio 93980206-1: Rechazada, reposo laboral injustificado, según el análisis de los antecedentes clínicos. Diagnósticos descritos en LM no son gatillantes de dolor crónico que cursa usuaria.

-LM folio 96319242-8: Rechazada, reposo laboral injustificado, según el análisis de los antecedentes clínicos. No es posible asociar la sintomatología actual con siniestro ocurrido en 2020.

-LM folio 97047236-3: Rechazada, reposo laboral injustificado, según el análisis de los antecedentes clínicos. No es posible asociar la sintomatología actual con siniestro ocurrido en 2020.

-LM folio 2-61661744: Rechazada, reposo laboral injustificado, según el análisis de los antecedentes clínicos. No es posible asociar la sintomatología actual con siniestro ocurrido en 2020.

-LM folio 99593634-8: Autorización sin derecho a subsidio, resolución de pérdida de capacidad permanente (REIP) comprende diagnóstico, sin secuela o reagravamiento no considerado.

Que, considerando, en primer lugar, que se trata de una trabajadora del sector público, quien sufrió una contingencia laboral por la que se le fijó un 10% de incapacidad (sin alcance médico legal) ha correspondido que se le autoricen las licencias médicas que le fueron extendidas por las secuelas del accidente del trabajo. Lo contrario, importará que su entidad empleadora le descuente el reposo prescrito por éstas de sus remuneraciones.

Que ahora bien, conforme al número 1, letra B, del Título IV del Libro III del Compendio de Vistos, en aquellos casos en que con posterioridad a que el organismo administrador o la empresa con administración delegada califique el accidente o enfermedad como de origen común, se otorgue al trabajador una licencia médica tipo 5 o 6, por la misma patología que aquella que dio origen a la referida calificación, o una licencia médica tipo 1 emitida por dicha patología, que sea rechazada por el sistema de salud común, por aplicación del artículo 77 bis de la Ley N°16.744, no será necesaria una nueva resolución de calificación por parte del organismo administrador o la empresa con administración delegada, bastando, para estos efectos, con la emisión de una licencia médica de derivación, conforme a lo establecido en el número 2, letra B, Título IV, de este Libro III. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá notificar esa nueva derivación al organismo del sistema de salud común, adjuntando una copia de la RECA emitida al efectuar la primera derivación.

Que, en la especie, la Superintendencia de Seguridad Social pudo establecer que en el caso de la interesada el Instituto De Seguridad Laboral no dio cumplimiento a la citada instrucción respecto de las otras licencias médicas cuyo diagnóstico estimó de origen común, por ello, considerando el tiempo transcurrido, corresponde que se coordine con la entidad empleadora a fin de arbitrar las medidas conducentes de que no le descuente a la afectada el reposo prescrito de sus remuneraciones.

Del contenido de la resolución recién expuesto, resulta meridianamente claro que, en el caso de la interesada, la Superintendencia de Seguridad Social se ha limitado a disponer las medidas tendientes a evitar la aplicación de algún descuento sobre las remuneraciones de la referida, circunstancia que en ningún caso importa una afectación a los derechos que invoca la interesada en su recurso.

2.- Ahora bien, respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia sobre la que versa la presente acción de protección.

a) Respecto de la Superintendencia de Seguridad Social.

No obstante que ella es una institución de rango legal, sus competencias arrancan de una norma constitucional. En efecto, de acuerdo con el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, corresponde al Estado supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de tal forma que a su representada le corresponde cumplir con ese mandato constitucional en las materias que resultan de su competencia, para lo cual el legislador la ha dotado de amplias atribuciones legales en torno a sus funciones que debe cumplir en su rol de institución fiscalizadora del Estado, según lo prescribe el artículo 1° de la Ley N° 16.395, sobre orgánica y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social.

Corresponde, entonces, a su representada, como misión esencial, la fiscalización y el control superior del funcionamiento del Sistema de Seguridad Social y garantizar, en el campo administrativo, el respeto de los derechos específicos de los usuarios reconocidos en la legislación, con la sola exclusión del ámbito que compete a las Superintendencias de Salud y de Pensiones. Respecto de esta última, en lo que concierne al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980 y de aquel conformado por las ex Cajas de Previsión y el ex Servicio de Seguro Social, hoy fusionados en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), como sucesor legal del ex Instituto de Normalización Previsional (I.N.P.), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.255.

La organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social están contempladas en la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley Nº 20.691, del año 2013. Así el artículo 1° de este cuerpo legal, establece que a su representada le corresponde “…la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y en conformidad a la ley.”

En seguida, el artículo 2º del referido cuerpo legal, establece las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, entre las cuales cita las siguientes:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.

“b) Dictar las circulares, instrucciones y resoluciones a las entidades sometidas a su supervigilancia, en tanto sean necesarias para el ejercicio de las funciones y atribuciones que le confiere esta ley.

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inciso 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por otro lado, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a su representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a su defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

b) Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Particularmente, en lo que respecta a la materia de la presente acción, cabe hacer presente que la Ley Nº 16.744, publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero de 1968, creó el Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Las contingencias cubiertas por este seguro social son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744. Las personas protegidas por este seguro social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes.

La administración de este seguro social corresponde, entre otros, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 16.744 al Instituto de Seguridad del Trabajo, como sucesor del Instituto de Normalización Previsional y éste del ex Servicio de Seguro Social y las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

Pues bien, a la Superintendencia le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº16.395, sobre Organización y Funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, “…la fiscalización del seguro sobre accidentes del trabajo como de las instituciones que a él se dediquen…”.

Por su parte, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N° 16.744, dispone que: “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos.”

A mayor abundamiento, cabe hacer presente que en los casos como el de la especie, en que se discute una cuestión de hecho que se refiere a una materia de orden médico (como puede ser la etiología u origen de una afección determinada o el grado de invalidez que una enfermedad provoca), el procedimiento general de reclamo previsto en el citado artículo 77 de la Ley N° 16.744, norma que establece que su representada resuelve estas reclamaciones con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Por lo expuesto, resulta evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley N° 16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas. En tal sentido, para esta parte recurrida, resulta grave que, en este caso, la entidad recurrente, desconozca la normativa de seguridad social involucrada y las facultades que sobre la misma posee su representada.

i)Siniestros cubiertos por este seguro, personas protegidas, administración y financiamiento.

Las contingencias cubiertas por este seguro social de carácter obligatorio son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 16.744, se entiende por accidente del trabajo “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.”

Según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las enfermedades profesionales son las “causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte”. Luego, del concepto legal mencionado se infiere que debe existir una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca una incapacidad, sea ésta temporal o permanente.

Por su parte, el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en complemento del precepto legal antedicho dispone que, para que “una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”.

Las personas protegidas por este seguro social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes.

La administración de este seguro social corresponde, de acuerdo con el artículo 8º de la Ley Nº 16.744 al ex Servicio de Seguro Social (que en la actualidad corresponde al Instituto de Seguridad Laboral), al ex Servicio Nacional de Salud, al cual le sucedieron los Servicios de Salud y, en la actualidad, esta referencia debe entenderse hecha, además, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.937, que modificó el D.L. N° 2.763, de 1978, y que regula la nueva Autoridad Sanitaria; y de las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

El seguro de que se trata se financia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 16.744, mediante una cotización básica general de un 0,90% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador. A este se debe agregar una cotización extraordinaria de un 0,05% fijada transitoriamente por ley; y la cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora, la que no puede exceder de un 3,4% de las remuneraciones imponibles que también son de cargo del empleador. Otras fuentes de financiamiento son las multas que aplican los organismos administradores, las utilidades o rentas obtenidas de la inversión de los fondos de reserva y por los cobros a los que se refieren en los artículos 56 y 69 de la Ley Nº 16.744.

ii)Prestaciones contempladas por el Seguro Social de la Ley N° 16.744 En cuanto a las prestaciones que se contemplan en la Ley N° 16.744, se distinguen las médicas y las económicas o pecuniarias.

Las prestaciones médicas son las contempladas en el artículo 29 del cuerpo legal en comento, las que incluyen atención médica, quirúrgica, y dental en forma ambulatoria o hospitalaria, fármacos, prótesis, aparatos ortopédicos, rehabilitación física y reeducación profesional y gastos en traslado.

Las prestaciones económicas, por su parte, se otorgan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.744, según el grado de incapacidad laboral y clase (temporal o permanente) que el accidente del trabajo o la enfermedad profesional causen, y están contempladas a partir del artículo 30 del cuerpo legal ya citado.

iii)Enfermedades profesionales.

De acuerdo con el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las enfermedades profesionales son las “causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte”.

Luego, del concepto legal mencionado se infiere que debe existir una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca una incapacidad, sea ésta temporal o permanente.

En conformidad a lo establecido por el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para que “una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”.

En atención a lo dispuesto en los artículos recién mencionados, resulta indispensable señalar que los elementos que deben concurrir para que se estime una enfermedad como profesional son los siguientes:

a)Alteración de la salud.

b) Relación directa de causa a efecto entre el trabajo realizado y dicho estado de alteración de la salud.

c)Que el estado de alteración de la salud produzca la incapacidad o muerte del trabajador.

iv)Procedimiento para determinar el grado de incapacidad. Ausencia de ilegalidad.

Al respecto, el artículo 58 de la Ley N°16.744, dispone que la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las invalideces producidas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales será de competencia de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a Mutualidades de Empleadores, en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones.

En seguida, el artículo 77 del mismo cuerpo legal en comento, contempla la facultad para los afiliados, sus causa-habientes y organismos administradores, para reclamar en el plazo de 90 días ante la Comisión Médica de Reclamos (COMERE) de las decisiones de los Servicios de Salud (hoy esta referencia debe entenderse realizada a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud respectiva) o Mutualidades, en su caso, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.

Luego, el inciso segundo de la norma legal en comento dispone que las resoluciones que en esta materia emita la COMERE son, en todo caso, apelables ante la Superintendencia de Seguridad Social en el plazo de 30 días hábiles, la que resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Finalmente, el inciso tercero de la norma de que se trata prescribe que, en contra de las demás resoluciones de los organismos administradores, se puede apelar directamente ante la Superintendencia de Seguridad Social, en el plazo de 90 días hábiles.

Despejado el marco normativo, cabe reiterar lo señalado en la resolución impugnada en cuanto a que el ISL informó que a la afectada se le fijó un 10% de incapacidad permanente (REIP con fecha de inicio 15-02-22). Se autorizan sin derecho a subsidio las LM que contienen el mismo diagnóstico de dicha incapacidad.

En la especie, el ISL no dio cumplimiento a la citada instrucción respecto de las otras licencias médicas cuyo diagnóstico estimó de origen común, por ello, considerando el tiempo transcurrido, corresponde que se coordine con la entidad empleadora a fin de arbitrar las medidas conducentes de que no le descuente a la afectada el reposo prescrito de sus remuneraciones”.

Ausencia de ilegalidad.

La acción constitucional de autos le imputa a la Superintendencia de Seguridad Social el haber actuado ilegalmente al dictaminar mediante la resolución que se impugna. Pues bien, ante ello, no cabe sino señalar que su defendida no ha cometido ilegalidad alguna, por cuanto como ya se indicó anteriormente, la Superintendencia de Seguridad Social, es el organismo encargado de la fiscalización del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Para realizar esta labor, su defendida es la llamada a fijar el sentido y alcance de, entre otras muchas normas de seguridad social, la contenida en el artículo 7º y 77 de la Ley Nº16.744.

En tal sentido, debe hacerse presente que lo que existe en la especie es una resolución emitida por su defendida, la cual fue dictada dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo a las facultades fiscalizadoras que son propias de su función.

Sobre este punto cabe recalcar además que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados y preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19”.

Obviamente, la parte recurrente optó por esta acción cautelar, por tratarse de un procedimiento de carácter excepcional y de rápida tramitación, pero que evidentemente fue previsto para ser utilizado para poner remedio en aquellos casos en que ocurran vulneraciones flagrantes de derechos constitucionales y no, en cambio, para resolver una simple de disconformidad entre expectativas particulares y los efectos jurídicos que derivan de la calificación del origen de una enfermedad como común o laboral.

En resumen, la parte recurrente, para calificar la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social como ilegal, parte del supuesto de que la conclusión a la que se ha arribado es “errónea” respecto de su posición particular; sin embargo, no se debe perder de vista que es la Superintendencia de Seguridad Social la que, como ya se señaló largamente, esta llamada por la normativa ya citada a fijar en última instancia el sentido y alcance que debe dársele a una norma de seguridad social.

De este modo, no cabe sino descartar que haya existido cualquier actuar arbitrario por parte de su defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen además detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado.

Es por tanto evidente que la resolución impugnada no se trata de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que ha sido fruto del estudio y ponderación de los elementos que se tuvieron disponibles a la hora de resolver y que por lo demás guarda estricta concordancia con criterios jurisprudenciales vigentes en la materia y que han sido consistentemente expuestos por dicho organismo de control.

En consecuencia, el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social, no ha estado motivado por el capricho, entendiendo tal como una voluntad irracional carente de lógica o sentido, pues se han dado las razones por las cuales se resolvió acerca de la procedencia de calificar cómo de origen común el cuadro en cuestión. Así las cosas, resulta claro que el dictamen impugnado contiene el detalle de los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito se resolvió el caso.

Ahora bien, cabe reiterar que no obrar en la forma en que lo hizo la Superintendencia de Seguridad Social en este caso importaría incumplir el mandato constitucional que tiene el Estado en orden a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 número 18 de nuestra Carta Fundamental. Consecuentemente, la Superintendencia estaría por omisión infringiendo lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política, en cuanto, a que tanto la primera de estas disposiciones establece que: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.” A su vez, la segunda de estas normas dispone que: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.”

Sobre la base de lo preceptuado en la Carta Fundamental, cabe reconocer que la actuación estatal en relación con el derecho a la seguridad social se encuentra radicada exclusivamente en la Superintendencia de Seguridad Social, que como órgano técnico, está encargado directamente por la Constitución de ejercer esa competencia, fiscalizando, interpretando la normativa aplicable en la materia y también, por cierto, dictando instrucciones que garanticen el disfrute por todas las personas del derecho a la seguridad social.

Sostiene que lejos de vulnerar derechos fundamentales, la Superintendencia de Seguridad Social supervigila el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social de que son titulares los trabajadores en Chile, fiscalizando a las instituciones que por ley se encuentran obligadas o autorizadas a otorgar las prestaciones respectivas, disponiendo como enfermedad profesional lo que una entidad empleadora sostuvo, erradamente, que no era tal, para que el trabajador vea cubierta la contingencia derivada de ese hecho y se vea forzado a cubrirla con su propio patrimonio, sino acudiendo al completo sistema diseñado por el legislador con base constitucional.

Sostener lo contrario, sobre la base de negar a la Superintendencia su competencia constitucional para resolver, fiscalizar, interpretar y dictar instrucciones, en el ámbito de la seguridad social, importaría sustraer a las instituciones que deberían estar sujetas a su supervigilancia, situándolas en el ámbito de la autonomía de la voluntad plena para resolver, por sí y ante sí, que una enfermedad no es del trabajo. En tal sentido, la base constitucional de donde la Superintendencia de Seguridad Social arranca sus potestades, exige caracterizarla como entidad autónoma, ya que éste es un rasgo indispensable para el desempeño de sus atribuciones, en asuntos complejos y que suponen fiscalizar, interpretar y dictar instrucciones en asuntos delicados, pues tienen por finalidad el adecuado ejercicio de un derecho fundamental, como es la seguridad social.

Tal autonomía la reconoce expresamente el artículo 2º del D.L. Nº 3551, de 1980, al establecer que: “La Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, serán instituciones autónomas, con personalidad jurídica, de duración indefinida, y se relacionarán con el Ejecutivo a través de los Ministerios de los cuales dependen y se relacionan con la actividad” (...). Además, se manifiesta, evidentemente, en las atribuciones contenidas en los artículos 2° y 3º de su ley orgánica.

Sin embargo, lo realmente decisivo para el caso, es que se comprenda cabalmente la dimensión constitucional de la Superintendencia de Seguridad Social, por lo preceptuado en el artículo 19 N°18° inciso final de la Carta Fundamental “El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”, en tanto que se mandata al Estado a cautelar el adecuado ejercicio de este derecho.

Por lo tanto, cualquier merma de esa autonomía, deja a la Superintendencia de Seguridad Social sin la competencia constitucionalmente asignada para supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, exponiendo a los trabajadores que son titulares de él y sumiendo en la inseguridad jurídica el sistema completo que regula y cautela ese derecho esencial.

Por eso, lo que caracteriza a las Superintendencias, entre ellas, a la Superintendencia de Seguridad Social, es su origen y sustento constitucional y posterior configuración legal y; la personalidad jurídica de Derecho Público, infundida precisamente a raíz de ser un órgano erigido por el legislador, desde la Carta Fundamental; el patrimonio propio que le ha sido asignado; la relación de tutela respecto del Presidente de la República y la exclusión, total o parcial, general o específica, de las normas aplicables a la Administración del Estado.

En suma, la Superintendencia de Seguridad Social es un ente de carácter técnico y autónomo, según lo establece, directamente y en texto expreso, la Constitución, en su artículo 19 N°18° inciso 4°, cuyas atribuciones de fiscalización, interpretación de la normativa que rige el sector y competencia para dictar instrucciones, tendientes a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, las lleva a cabo con carácter exclusivo, indelegable y especializado por esa naturaleza técnica.

Además, la Ley N°16.395, confirma la naturaleza, características y competencia de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que traza los rasgos más relevantes de su representada, los que tienen que ser, necesariamente interpretados y aplicados en consonancia con la Carta Fundamental. Así, el artículo 3° de dicha ley, señala que la Superintendencia es la autoridad técnica de fiscalización, dentro del ámbito de su competencia. Por su parte, su artículo 2° letra c), le confiere la atribución de resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.

Por último, la recurrente olvida que la interpretación de las normas previsionales y de seguridad social que realiza esta entidad está determinada por un mandato legal, de carácter obligatorio, vinculante para los organismos fiscalizados y en cuanto está asociada con la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, importa necesariamente que los fiscalizados apliquen tales normas en el correcto sentido y alcance que se determina, sin perjuicio de los reclamos que sean procedentes. Cualquier otra interpretación importa dejar a esta Superintendencia como una instancia consultora o consejera no vinculante, lo que está en abierta contradicción con la naturaleza “fiscalizadora” que tiene este servicio.

Ausencia de derechos vulnerados.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues, como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación planteada por la recurrente, sujetándose estrictamente a competencias y atribuciones, tampoco, por cierto, ha existido de parte de su defendida alguna vulneración -y ni siquiera amenaza- del derecho invocado: “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona” (sic). Sobre este punto, más allá de la argumentación genérica planteada por la recurrente, esta parte sostiene que no ha existido vulneración alguna de tal derecho, ya que su representada ha limitado su actuar a ejercer sus facultades legales en orden a disponer las correcciones que correspondían en el caso de la interesada, impidiendo que a su respecto se materializara algún descuento sobre sus remuneraciones.

Lógicamente, a su representada no le ha cabido intervención alguna en el origen de la afección que afecta a la recurrente el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, la recurrente siempre tuvo la posibilidad de consultar y realizarse los tratamientos que correspondan según su sistema de salud. La única intervención de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de la recurrente responde al mandato legal de pronunciarse respecto de la reclamación específicamente planteada, donde por cierto no se hizo referencia alguna a la calificación de su patología y por ello, consta que la SUSESO no se ha pronunciado sobre aquel punto.

Así las cosas, no cabe sino entender que si lo que busca la parte recurrente, con este recurso, es discutir una cuestión de hecho que se refiere a una materia de orden médico (como lo es la etiología u origen de una afección determinada), el procedimiento general de reclamo previsto en el citado artículo 77 de la Ley N° 16.744, norma que establece que su representada resuelve estas reclamaciones con competencia exclusiva y sin ulterior recurso (lo que en todo caso no se aprecia en la resolución impugnada, donde ciertamente no se reclamó respecto de la calificación de la patología en cuestión).

Por lo expuesto, resulta evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley N°16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas.

Solicita tener por evacuado el informe requerido a propósito de la presente acción constitucional, solicitando a su respecto que sea desestimada en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Resolución Exenta R-01-UJU-79937-2024, de 22/05/2024, asociada al expediente administrativo registrado bajo el código R-61431-2024.

2. Los antecedentes asociados a la cronología del expediente administrativo registrado bajo el código R-61431-2024.

A folio 14 informa nombre reservado, en representación del INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL, quien expone:

Que informando el recurso señala, que no ha existido actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado o siquiera su amenaza, conforme los antecedentes que se exponen y acompañan en un otrosí de esta presentación.

Sobre el particular, es menester comenzar contextualizando que este Instituto de Seguridad Laboral -en adelante e indistintamente ISL-, es una entidad pública, descentralizada, y con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada a partir del artículo 63 de la Ley N° 20.255, de Reforma al Sistema Previsional encargada de administrar el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley Nº 16.744.

En ese entendido, el ISL, como ente administrador del seguro de la ya referida Ley N°16.744, cuenta con una dotación de personal fijada por el Decreto con Fuerza de Ley (DFL)No 4, de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que a fin de dar continuidad al servicio que la propia normativa le impone, para cumplir sus funciones dispone del personal necesario en el ámbito de las competencias del ISL. En ese mismo sentido, además se encuentra autorizado por el legislador para otorgar prestaciones médicas a través de los servicios de salud, las mutualidades de empleadores u otros establecimientos de salud públicos o privados, para lo cual debe someterse a las normas de contratación general del Estado, esto es, la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

I) DE LA ACTUACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL EN LA COBERTURA DEL SEGURO SOCIAL La recurrente doña nombre reservado, de acuerdo a los antecedentes que constan en el ISL, registra:

Trabajadora, femenina, 50 años, quien, mientras se desempeñaba como auxiliar de servicio en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, sufre accidente el día 11/08/2020, en circunstancias que mientras trasladaba muestras, sufre caída en escalera con torsión de pie derecho y contusión en hemicuerpo derecho.

Sobre las atenciones médicas:

Primera atención fue entregada en Servicio de Urgencia del Hospital base, mecanismo lesional de inversión de tobillo derecho, al examen físico presenta marcha claudicante, leve aumento de volumen comparativo maleolar externo, signo de Ottawa ausente, se realiza radiografía que no evidencia fracturas y se diagnostica esguince de tobillo derecho moderado con indicación de manejo conservador.

Vuelve a consultar, ocho días después, (19/08/2020) en prestador médico REDSALUD Cl. Mayor, donde se le realiza una RNM que muestra:

- Esguince grado I de fibras posteriores del ligamento deltoideo - Esguince grado II del ligamento peroneo-talar anterior - Contusión ósea del maléolo tibila interno y del aspecto supero medial y posteriomedial de la cúpula talar.

- Tenosinovitis del tendón peroneo corto.

Inicialmente, el mecanismo de lesión no ameritó atenciones por salud mental y estuvieron circunscritas a manejo conservador de la lesión a nivel de tobillo, que incluye indicación de plantillas, kinesioterapia y reposo. Mantuvo evolución tórpida e irregular, por lo que se coordina infiltración piriforme derecho bajo ecografía en mayo 2021y ondas rusas.

En control del 12/08/2021, se registra en ficha, que presenta dolor en zona lumbosacra derecha, se deja observación de Hernia del Núcleo Pulposo (HNP) y se indica RNM por su previsión debido a que dicha lesión se considera de origen común, es decir no se encuentra relacionada de manera indubitable con el accidente ni menos se correlaciona con el mecanismo lesional. Ese mismo mes es dada de alta de traumatología, evaluada por fisiatría quien indica bloqueo ciático poplíteo sin respuesta favorable.

Con fecha 17/01/2022 se emite REIP (Resolución de Incapacidad Permanente) N° CC-276 por la subcomisión Cautín otorgando un 10 % de incapacidad con el diagnóstico de Esguince Grado II de Tobillo Derecho y secuela: Dolor crónico neuropático.

Paciente se mantuvo en atenciones asociadas al manejo de dolor neuropático. En abril de 2023, reingresa, indicando que desde hace tres meses ha tenido una intensificación del dolor en cara lateral de la pantorrilla y fosa poplítea derecha, por lo que se realiza bloqueo ciático poplíteo y safeno accesorio sin éxito. En noviembre, de ese año, se realiza estudio ecográfico donde impresiona:

- Tenosinovitis leve del tendón extensor común de los dedos.

-Tenosinovitis de los tendones peroneos en situación retro maleolar - Engrosamiento y disminución de la ecogenicidad del ligamento peroneo astragalino anterior y peroneo calcáneo, determinado cambios inflamatorios.

A raíz de estos hallazgos se indica infiltración peritendínea bajo ecografía con depomedrol la que se lleva a cabo.

Vuelve a consultar el día 04/10/2023, donde se registra: “Acude con familiar refiriendo este que hace media hora presenta episodio de sensación de angustia, falta de aire, epigastralgia y gran debilidad general. Niega pérdida de conciencia. Paciente en box letárgica”. Es derivada a psiquiatría y psicología lo que se suma a las prestaciones que ya estaba recibiendo hasta ese momento con especialidades: traumatología, fisiatría, kinesiología, y terapia ocupacional.

En febrero de 2024, es evaluada con fisiatra, quien indica bloqueo del nervio peroneo superficial y sural derecho con corticoides. Revisado por parte de equipo médico de este Instituto se determina rechazar el procedimiento y solicita ecografía de partes blandas del tobillo derecho, electromiografía de extremidad inferior derecha y ECO Doppler venoso de extremidad inferior derecha, para descartar coexistencia de patologías de origen común, ya que no se evidencias estudios de imagen recientes, ni complementarios para determinar el acceso a la prestación solicitada. Exámenes solicitados arrojan los siguientes resultados:

- ECO Doppler: negativo para trombosis venosa profunda.

- Ecotomografía de tobillo derecho: sin hallazgos de carácter patológico.

- Electromiografía y velocidad de conducción nerviosa: neuropatía nervio peroneo profundo derecho tercio distal, crónico, sin actividad reservoria.

Con estos exámenes es dada de alta de especialidad de traumatología de tobillo y pie.

Respecto a las atenciones por salud mental, en marzo de 2024, el Instituto solicita estudio de psicodiagnóstico que incluya test de personalidad para poder concluir si la sintomatología presentada tiene relación con el accidente o existen rasgos caracterológicos que estuvieran interfiriendo en su evolución. El mencionado test concluye: “En términos estructurales la paciente presenta un límite significativo en su capacidad reflexiva, la cual se describe como simple concreta y de fácil elaboración, lo que dificulta la planificación de estados de bienestar futuros, centrándose permanentemente en la resolución de quejas emergentes y la carencia de una autoimagen estable si bien basalmente estas características se encuentran disminuidas previo al evento traumático, estas tenían un desempeño adaptativo y funcional, sin embargo frente al proceso de rehabilitación se observa una agudización importante detonando dificultades en el afrontamiento e integración de las vivencias y sucesos adversos que han dificultado su reincorporación laboral y percepción de evolución positiva en su proceso de recuperación, persistiendo en la paciente alta frustración y victimización significativa, generando persistencias en las alteraciones de salud mental y calidad de vida”. Dado estos antecedentes, el expediente es analizado nuevamente por médico de trabajo de ISL, el que determina que los diagnósticos de trastorno de adaptación y trastorno de personalidad corresponden a patología de origen común, por lo que se gestiona el cese de atenciones por especialidades de salud mental y se indica continuar su tratamiento por su sistema de salud común.

Con fecha 15/03/2024 se emite Ord. de Diagnóstico Mixto, donde se le informa a la paciente los siguientes diagnósticos comunes:

Trastorno de personalidad y trastorno de adaptación, los que debe atender por su régimen previsional de salud común. A raíz de esto, la trabajadora presenta reclamo a SUSESO, PAE R-49388- 2024, mediante el cual se emite el siguiente dictamen R-01-UME-113027-2024 de fecha 24/07/2024 donde concluye que la afección de salud física laboral de la trabajadora, por el evento de agosto de 2020, fue tratada por el Instituto, también señala que la trabajadora presentó síntomas de salud mental, secundarios a accidente laboral y que no han sido adecuada ni suficientemente tratados, instruyendo a completar tratamiento psiquiátrico y psicológico específico de desensibilización y medidas de enlace para reintegro laboral. A raíz de este dictamen, el Instituto gestiona el reingreso de la trabajadora a atenciones a atenciones con psicólogo y psiquiatra teniendo atención agendada para el 5/08/2024 con Psicólogo Felipe Veas y miércoles 28/08/2024 con psiquiatra nombre reservado, manteniendo atenciones por dicha especialidad a la fecha.

Con fecha 12/04/2024 se emite un nuevo Ord. de Diagnóstico Mixto donde se le informa a la trabajadora que la neuropatía crónica del nervio peroneo profundo derecho, es de origen común, por lo que debe continuar con prestaciones en su sistema de salud común. Paciente presenta un siguiente reclamo a SUSESO, PAE R-108553-2024, mediante el cual se emite el siguiente dictamen R – 01- UJU – 137716-2024 de fecha 29/08/2024 donde refuerza que por la patología de salud mental tuvo alta prematura, además señala que desde el punto de vista de las lesiones físicas asociadas al esguince grado II de tobillo derecho, se consideran han sido oportunas, adecuadas, y suficientes conforme a las características de la lesión y su evolución, agrega que se han considerado distintas alternativas terapéuticas adecuadas y por un tiempo suficiente, y que el alta indicada en marzo 2024 se considera adecuada conforme no existen en el estudio de imágenes lesión ligamentosa atribuible al referido accidente. Además, finaliza que la patología dolorosa del tobillo derecho es atribuible a la neuropatía crónica del nervio peroneo profundo, patología neuropática de origen común, sin relación con el accidente laboral, y por lo tanto debe continuar con atenciones en su régimen previsional. A raíz de este, se desprende que la patología de origen laboral, es decir esguince de grado II de tobillo derecho se encuentra tratada resultando que la sintomatología dolorosa actual de la trabajadora sea asociada a la lesión crónica neuropática de origen común, debiendo atenderla por su régimen previsional común, FONASA / ISAPRE.

Respecto a licencias médicas:

Las licencias médicas asociadas al siniestro 2022 se encuentran debidamente autorizadas a excepción de la LM folio 108679425-6 emitida el 14/10/2024 por 7 días de reposo a contar del 16/10/2024, la que se encuentra en proceso de revisión. Existe una licencia médica posterior a esta, folio 109576729-6 por 28 días de reposo a contar del 03/11/2024 la que se encuentra recientemente recepcionada.

Respeto a la REIP:

Se informa que dicha resolución es emitida el año 2022 por la COMPIN de Cautín, en base a los antecedentes clínicos disponibles en dicho momento, el Instituto no tiene antecedente de que la trabajadora haya apelado a dicha resolución ante la COMERE (Comisión Médica de Reclamo) ni tampoco existe pronunciamiento al respecto de la SUSESO.

Se concluye que el paciente sufre accidente de trabajo con fecha 11/08/2020 bajo el diagnóstico de esguince grado II de tobillo derecho, paciente con evolución tórpida con diversos tratamientos destinados al manejo del dolor, debiendo presentar el caso a COMPIN para evaluación de incapacidad, otorgando un 10% de incapacidad en el año 2022 asociada a la secuela de dolor crónico, sin antecedente de que la trabajadora haya apelado a dicha resolución ante COMERE o ante SUSESO.

Tres años transcurridos del accidente, específicamente octubre del 2023, paciente manifiesta sintomatología de salud mental, lo que la mantuvo con atenciones por salud mental (médico y psicólogo) y que llevaron a marzo de 2024, debido a lo tardío de la sintomatología, a realizar un estudio de personalidad, donde se describen rasgos caracterológicos de origen común que se encontrarían interviniendo en su evolución, es decir, paciente con trastorno de personalidad, lo que estaría relacionado a una etiología de origen común sin embargo en ningún caso es atribuible a su accidente de trabajo. Razón por la cual se procede a cesar sus atenciones y derivar a su régimen de salud común. Pese a esto, SUSESO instruye reingresar a la trabajadora por considerar alta prematura en el manejo de especialidad de salud mental, motivo por el cual se reingresa en agosto del 2024 manteniendo atenciones hasta la fecha.

Desde el punto de vista físico, en abril del 2024 se pesquisa un nuevo diagnóstico “Neuropatía Crónica del Nervio Peroneo Profundo” el que sería la principal fuente de dolor actual de la trabajadora y que no guarda relación directa con el accidente de trabajo del 2022, siendo por tanto de origen común y derivada a su régimen de salud común. Esto último ratificado por SUSESO, en su último dictamen, donde señala claramente que el tratamiento asociado al diagnóstico laboral de esguince grado II de tobillo derecho, fue debidamente tratado y que la sintomatología actual debe atenderse por su previsión de salud común, asociado al diagnóstico de neuropatía crónica del nervio peroneo profundo.

II) DE LA AUSENCIA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES CONCULCADOS.

Con relación a lo alegado por el recurrente, respecto a que existiría un grado de privación, perturbación y amenaza a los derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, a saber:

- N° 1, “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.”, no existe transgresión a los derechos de la recurrente, conforme a lo señalado en el cuerpo de esta presentación.

Solicita tener por evacuado el informe requerido respecto de la acción de protección interpuesta por la recurrente doña nombre reservado solicitando sea rechazada, por no existir actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado o siquiera su amenaza, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes:

1. Informe de Opinión Técnica, del Subdepto. de Control y Gestión de Accidentes del Trabajo Departamento de Salud Laboral del ISL de fecha 11/11/2024.

2. Resolución Exenta N° R-01-UME-113027-2024, de la SUSESO de fecha 24/07/ 2024 3. Resolución Exenta N° R-01-UJU-131021-2024, de la SUSESO de fecha 19 / 08 / 2024.

4. Resolución Exenta N° R-01-UJU-137716-2024, de la SUSESO de fecha 29 / 08 / 2024.

5. Mandato judicial suscrito ante la 49° Notaria Pública de Santiago de don nombre reservado, de fecha 07 de Febrero del año 2024, Número de Repertorio Nro. 113.752-2024, suscrita por nombre reservado, Notaria Suplente para estos efectos, en que se designa mandatario judicial para los efectos de este a doña nombre reservado, debidamente individualizados en lo principal de este escrito, a quienes se ha conferido poder amplio para representar los intereses del ISL, incluyendo la facultad para absolver posiciones.

6. Copia del Decreto Exento N° 75, de 04 octubre del año 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que nombre a doña nombre reservado en el cargo de Directora Nacional del Instituto de Seguridad Laboral.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación constitucional como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social, realizada por la recurrida, se rechazará la misma, toda vez que de la sola lectura del recurso se observa que los derechos y garantías eventualmente vulnerados no es aquella señalada en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino la contemplada en el número 1 de artículo 19, por lo que se desestimará dicha petición.

TERCERO: Que la actora recurre en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UJU-79937-2024, dictada por la SUSESO, de fecha 22 de mayo de 2024, la que le fue debidamente notificada mediante carta certificada el día 13 de junio de 2024, mediante la cual se decidió modificar parcialmente los pronunciamientos anteriores realizados sobre sus licencias médicas, rechazando el reposo laboral, por este ser injustificado, autorizándose un par de ellas, pero sin derecho a subsidio. Alega que en dicha resolución resulta ser infundada, ya que no se tuvo en consideración lo expresado por su médico psiquiatra nombre reservado, resolviéndose que su condición de salud mental no tiene relación con el evento laboral, no obstante que su referido médico tratante había concluido que la paciente presentaba un estrés psicosocial, sumado al dolor crónico, limitación al caminar, limitación funcional por edema del pie lesionado, todo lo anterior como secuela del accidente laboral que ella sufrió el año 2020. Sostiene que dicha resolución constituye un acto arbitrario e ilegal que atenta contra la garantía del Nº 1 del art. 19, de la Constitución Política, que consagra “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. Pide que, acogiéndose su acción cautela, la Ilma. Corte deje sin efecto la resolución recurrida y declare que su enfermedad es de origen laboral y que requiere continuar en tratamiento, por ende extender el reposo parcial o total, con costas.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo del recurso, la SUSESO señaló en su informe que dicha Superintendencia es el organismo encargado de la fiscalización del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Dicha institución es la llamada a fijar el sentido y alcance de, entre otras muchas normas de seguridad social, la contenida en el artículo 7º y 77 de la Ley Nº16.744. En consecuencia, la resolución que por este acto se impugna fue dictada dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo a las facultades fiscalizadoras que son propias de su función. Agrega que debe descartarse que haya existido cualquier actuar arbitrario por parte de la recurrida, ya que, el dictamen aludido, es fruto del estudio y ponderación de los elementos que se tuvieron disponibles a la hora de resolver y que, por lo demás, guarda estricta concordancia con criterios jurisprudenciales vigentes en la materia y que han sido consistentemente expuestos por el organismo de control.

Que, por su parte, el Instituto de Seguridad Laboral, evacuó informe validando la resolución de la SUSESO, al señalar que no existe trasgresión a los derechos de la recurrente ya que, de acuerdo a su historial médico, efectivamente se trata de una paciente que padece un trastorno de personalidad, pero que estaría relacionado a una etiología de origen común, en ningún caso atribuible a su accidente del trabajo ocurrido el año 2022.

QUINTO: Que esta Corte estima que de los antecedentes expuestos por las partes, no se observa la existencia de una acción u omisión, ilegal o arbitraria de la SUSESO que haya vulnerado la garantía constitucional invocada por la actora. Por el contrario la actuación de la Supeintendencia aparece suficientemente fundada en antecedentes médicos y técnicos, amparados, además, en la normativa legal citada que la faculta para actuar como ente fiscalizador e incluso fijar el sentido y alcance de las normas en materia de seguridad social. Por esta razón no podrá prosperar la acción cautelar intentada.

Por tales razonamientos y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Redacción del abogado integrante Fernando Cartes Sepúlveda.

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