nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDESF

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, trabajador dependiente, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, de su giro, Rut: RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ignoro profesión u oficio, o a quien sus derechos actual y legalmente represente, todos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, a fin que adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección, toda vez que se han visto vulneradas sus garantías constitucionales contempladas especialmente en el artículo 19 número 24°de nuestra Carta Fundamental, de acuerdo a los argumentos de hecho y de derecho que paso a exponer a continuación:

I.-LOS HECHOS QUE FUNDA LAPRESENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

Que, con fecha 15 de Septiembre de 2022, suscribió el pagaré N°208COS100155264, en favor de la recurrida, por la suma de $6.733.190.- por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.010, pagaderos en 36 cuotas mensuales y sucesivas por la suma de $261.163.-, venciendo la primera de ellas el día 30 de Noviembre de 2022.

Se pactó que el simple retardo y/o mora en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas en la época pactada para ello, facultará a la demandante del documento mercantil para exigir sin más trámite el pago total de la deuda o del saldo a que se halle reducida, considerándose la obligación como si fuera de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados, todo conforme al artículo 9° de la ley N° 18.010. Igualmente, se pactó la facultad de mi empleador de aquel momento o de empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidios de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumento mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al referido crédito.

Es del caso SS. Iltma. que, las condiciones laborales y económicas del país me han llevado a caer en mora con la obligación pactada con la entidad recurrida desde el día 31 de Enero de 2023.

En efecto, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes me demandó ejecutivamente, iniciándose la ejecución en la causa que rola como C-4687-2023 tramitada ante el 2º Juzgado Civil de Antofagasta, caratulada “CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES/nombre reservado”.

Por su parte y mediante la liquidación de sueldo del mes de Junio de 2024, figura un descuento por la suma de $ 330.506.- efectuado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes. Al revisar el documento el día 28 de Junio de 2024, que acompaño en un otrosí de esta presentación, se puede verificar que existía un cobro a favor de la referida entidad.

Así las cosas, jamás fui notificado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida, de ejecutar el abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordena a mi empleador a retener parte de mi remuneración por este concepto.

Es por lo anterior, que en ninguna oportunidad fui informado por ningún medio legal, extrajudicial o judicial, ni de ninguna clase, que me permitieran prever una afectación de tal magnitud en mi remuneración mensual. Especialmente considerando que la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda, causa que actualmente se encuentra en etapa de notificación.

Por su parte, es completamente menester hacer presente a SS. Iltma., que el valor de lo descontado directamente desde mi remuneración es superior al monto de las cuotas pactadas en el pagaré, siendo un monto completamente antojadizo sin explicar al menos el cálculo aritmético mediante el cual han arribado a dicha cantidad de dinero.

Finalmente, el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a mi empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de éstas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de mi remuneración líquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de mi voluntad, sin entregar información previa a este recurrente o a mi empleador.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS POR EL RECURRIDO.

1.- En este sentido, y como lo destacamos en principio, tenemos como garantía vulnerada la del artículo 19 número 24 de la Carta Fundamentalque establece lo siguiente en lo que nos interesa: “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”.

2.- Del mismo modo, la norma en otra parte reza lo siguiente:“(…) Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.

3.- Es así como podemos aseverar que de acuerdo a la norma en comento, el acto de autotutela efectuado por la Caja de Compensación, consiste de un descuento ilegal y arbitrario de mis remuneraciones, sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el por qué, ni el cómo se llegó a ese monto ordenado a deducir, lo que corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional ya indicada, toda vez que, se me ha privado y perturbado de mi derecho de propiedad sobre el monto descontado desde mi remuneración y que se verifica en la liquidación de sueldo acompañada en un otrosí de esta presentación que, además, podría repetirse para los pagos de los próximos meses.

4.- Por otra parte, tenemos lo establecido en la N° Ley 18.833 que “Establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar (C.C.A.F.), sustitutivo del actual contenido en el decreto con fuerza de ley N° 42, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”, en su artículo 21 sostiene que: “Las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial” (el destacado es nuestro).

5.- A su vez, el artículo 22 del mismo cuerpo legal establece “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

En caso de que la entidad empleadora afiliada tenga la calidad de deudora de un procedimiento concursal de liquidación, y una vez que se haya dictado la resolución de liquidación pertinente, regirán las siguientes reglas:

1.Las cuotas de créditos sociales devengadas y descontadas de la remuneración por el empleador que no hayan sido remesadas a la Caja de Compensación a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación gozarán de la preferencia del número 5 del artículo 2472 del Código Civil, siendo obligación de la respectiva Caja de Compensación verificar su crédito.

2.Corresponderá al trabajador el pago de las cuotas de créditos sociales no devengadas a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación, no siendo de cargo de la masa. Para estos efectos, se tendrán por no escritas las convenciones que permitan al empleador, en caso de término de la relación laboral por dictación de la resolución de liquidación, descontar los saldos pendientes por créditos sociales de las indemnizaciones por término de contrato a que tenga derecho el trabajador”.

6.- En esta acción constitucional se viene en advertir un uso arbitrario e ilegal de la citada norma, a saber, artículo 22 de la Ley 18.883, de acuerdo con lo establecido de manera categórica y uniforme por nuestra jurisprudencia, toda vez que, una Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a nuestra Constitución Política de la República, como así, al respeto de las garantías constitucionales que están aseguradas a todas las personas.

7.- Sobre la arbitrariedad del acto que vengo a advertir y a recurrir, vale recalcar que la recurrida al momento de interponer la demanda ejecutiva en la causa ya individualizada, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando el acreedor recurrido la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil. Por lo anterior, resulta arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes ordene la retención de montos similares al de una cuota a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ellos mismos ejercieron y promovieron mediante el cobro ejecutivo.

Es menester señalar a S.S.Iltma. que también existe arbitrariedad en el actuar de la recurrida al ordenar un descuento amparándose en el artículo 22 de la Ley N°18.833, desconociendo su deber de dar noticias previas respecto a su determinación de ejecutar los abusivos e inoportunos descuentos.

PRESENTACIÓN DENTRO DE PLAZO Y LUGAR DONDE PRODUJO LA VULNERACIÓN.

Como se advirtió anteriormente, el hecho ilegal y arbitrario en el que ha incurrido la recurrida fue el día 28 de Junio de 2024, presentándose esta acción dentro del plazo de 30 días desde que se tomó conocimiento de dicho actuar emanado de la recurrida por el hecho que recepcioné mi liquidación de sueldo ese día correspondiente al mes de Junio de 2024, enterándome que se hizo un descuento por planilla por la suma de $ 330.506.- Por otra parte, y de acuerdo al Autoacordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el lugar donde se produjo la vulneración de la garantía constitucional ya indicada, fue en la comuna de Temuco, lugar donde se encuentra mi domicilio y donde tomé conocimiento de la liquidación de sueldo y por consiguiente de los descuentos, cuya jurisdicción la ejerce la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, y que en este acto se recurre ante ella.

Solicita tener por presentado la Acción de Protección en contra de Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes y, en definitiva, acogerla a tramitación, condenando expresamente en costas a la recurrida y ordenándole:

1. Cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente.

2. Restituir al recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción.

3. Condenar en costas a la recurrida.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Liquidación de mi remuneración correspondiente al mes de Junio de 2024.

2. Ebook de la causa rol C-4687-2023 tramitada ante el 2º Juzgado Civil de Antofagasta, caratulada “CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES/nombre reservado”.

A folio 7, informa INES RIQUELME ARAO abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, quien dice:

Que, por este acto, vengo evacuar el informe solicitado por SS. Iltma. en recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, sea rechazado en atención a los antecedentes de hecho y derecho que a continuación expongo:

I.- CRÉDITOS SOCIALES OTORGADOS AL RECURRENTE.

1. Esta Caja de Compensación con fecha 15 de septiembre 2022 otorgo al señor nombre reservado la operación de crédito código N° 208COS100155264, por un capital inicial de $ 6.733.190.-, a una tasa de Interés mensual de 1.79%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota mensual de $ 261.163, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de noviembre 2022.

2. Las cuotas de los meses de noviembre 2022, enero y febrero 2023, cuotas N° 1, 3 y 4, se pagaron con fecha 10 de diciembre 2022, 10 de junio y 10 de julio 2024.

3. La cuota del mes de diciembre 2022, cuota N° 2, fue diferida sin costo a posterior de la última cuota pactada, por encontrase el señor nombre reservado con licencia médica.

4. A la fecha, la presente operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en estado moroso las cuotas de los meses de marzo 2023 a junio 2024, cuotas N° 5 a N° 20 de 37.

En consecuencia, S.S. Iltma., en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno según se dirá.

II.- CONSIDERACIONES CONTEXTUALES Y JURÍDICAS:

1. CARÁCTER SOCIAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN Y MECANISMO DE COBRO SEGÚN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY N°18.833.- En sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, las que fueron denominadas “Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera”. Con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho. En la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo 1° de este cuerpo legal las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”.

Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales.

En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”.

Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado. Cabe recordar que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello que el artículo 26 N° 3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella.

Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan.

Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

1. En base a todo lo anterior queda claro, entonces, que el mecanismo del ‘descuento por planilla’ tiene varias particularidades que S.S. Iltma no debe perder de vista al momento de decidir sobre este asunto:

a. Se trata de un ‘mecanismo especial de pago’, inherente al régimen de ‘crédito social’ otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador;

b. Se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria. Tiene exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales;

c. Con todo, es muy importante que S.S. entienda que la obligatoriedad del ‘descuento por planilla’ recae sobre el empleador y precisamente por eso es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del art. 22 inc. 2º de la Ley Nº 18.833:

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

Lo mismo se sigue del Punto 3.1.17.1.1 párrafos 3º y 4º del Compendio:

Por ello, respecto del trabajador el pago de lo debido por concepto de crédito social se produce cuando la entidad empleadora le paga la remuneración mensual, que es el momento en que por disposición legal corresponde que le efectúe el descuento, oportunidad a partir de la cual se entiende extinguida total o parcialmente su obligación, según sea el caso, de acuerdo a lo señalado por el N°1 del artículo 1.567 del Código Civil, esto es, por la solución o pago efectivo de ella.

La circunstancia que la entidad empleadora no dé cumplimiento a la obligación de remesar a la C.C.A.F. las sumas descontadas a sus trabajadores por crédito social, no habilita a la C.C.A.F. para accionar en contra del trabajador, ya que, respecto de él la obligación se extinguió. Lo que procede en tal caso es cobrar a la entidad empleadora las sumas adeudadas por dicho concepto, conforme a las normas de cobro de las cotizaciones previsionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra la empresa.

d. Es también preciso que quede establecido que el trabajador no puede oponerse ni negarse al ‘descuento por planilla’, porque la obligatoriedad mismo es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado. Si un trabajador no quisiera quedar sometido al ‘descuento por planilla’, entonces tendrá que obtener el crédito del sistema financiero bancario o de casas comerciales, el que (de seguro) será más caro debido al riesgo del repago; y e. Finalmente, es técnica y fácticamente imposible que pueda sostenerse que el funcionamiento del ‘descuento por planilla’ constituya una gestión de cobro por parte de la CAJA LOS ANDES, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que mi representada no haga nada o no lo desee, porque, como ya se dijo, no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de ‘créditos sociales’.

2. LA OBLIGACIÓN ES ACTUALMENTE EXIGIBLE – LA PRESCRIPCIÓN DEBE SER DECLARADA JUDICIALMENTE.

Tal como se ha señalado anteriormente en esta presentación, mi representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre mi representada y el recurrente.

Como bien sabe su S.S. Iltma., la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, DECLARADA JUDICIALMENTE, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen Nº2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.”.

Por otro lado, insistimos en que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con mi representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

3. DE LA SUPUESTA VULNERACIÓN A GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, podemos afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Por último, debemos ser enfáticos en que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.” Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración.

En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

Acompaña a su presentación expediente de crédito social otorgados al recurrente.

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible, una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en el caso de autos el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha es el descuento por la suma de $ 330.506.- efectuado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, en razón de un crédito impago que tendría el recurrente, y cuyo deuda se encuentra actualmente siendo perseguida ejecutivamente, en la causa Rol C-4687-2023, tramitada ante el 2º Juzgado Civil de Antofagasta, caratulada “CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES/nombre reservado”.

TERCERO: Que, ante tal reproche la recurrida ha sostenido que el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

CUARTO: Que, cabe tener presente que resulta un hecho pacífico el que con fecha 15 de Septiembre de 2022, se suscribió el pagaré N°208COS100155264, en favor de la recurrida, por la suma de $6.733.190.- por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.010, pagaderos en 36 cuotas mensuales y sucesivas por la suma de $261.163, venciendo la primera de ellas el día 30 de Noviembre de 2022; mismo credito que actualmente se encuentra en cobro ejecutivo, en la causa Rol C-4687-2023, tramitada ante el 2º Juzgado Civil de Antofagasta, caratulada “CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES/nombre reservado”.

QUINTO: Al respecto, cabe hacer presente lo que ha resuelto el máximo Tribunal de nuestro país, “ ha transcurrido un plazo, desde que las cuotas impagas fueron exigibles, que le permite a la recurrente impugnar su cobro en el procedimiento legal pertinente que puede sustanciarse en su contra, todo lo cual importa la afectación de la garantía del derecho de propiedad, contemplado en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Sexto: Que lo anterior lleva a acoger el recurso de protección, en los términos dispuestos por los jueces de la Corte de Apelaciones, puesto que una norma especial no puede ser interpretada en desmedro de una de carácter general y protectora de los derechos de los trabajadores, como también no se puede infringir los postulados generales de la legislación como que impiden la autotutela, posibilitan la discusión judicial de toda acción o excepción, para lo cual se proporciona la oportunidad para expresar lo pertinente a sus intereses, otorgando la facultad al titular de una obligación que pueda tener el carácter de material, de retener lo pagado voluntariamente por el deudor, pero no a instar por su cobro compulsivo o contra la voluntad de éste ”. Excma. Corte Suprema Rol 92.814-2016, sentencia de fecha 18 de enero de 2017).

SEXTO: Que, lo expuesto conduce a acoger el presente recurso de protección, puesto que no se pueden infringir ni vulnerar los postulados generales de la legislación común (que impiden la autotutela), que son aquellos que posibilitan la discusión judicial de toda acción o excepción, proporcionando la oportunidad para expresar lo pertinente a los intereses de cada uno.

SEPTIMO: De otra parte, tal como lo sostiene la recurrente, no es admisible una especie de autotutela como la efectuada por la Caja de Compensación Los Andes, al decidir en forma unilateral el descuento, ordenando retener parte de la remuneración por este concepto, descuento que se torna en ilegal y arbitrario, ya que en su oportunidad esta manifestó su voluntad expresa e inequívoca de judicializar el cobro del crédito en sede civil, cuyo efecto jurídico no puede ser ignorado o privado de sus efectos propios, sin perjuicio de los derechos que le puedan asistir al acreedor.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, ordenándose el cese inmediato de los descuentos efectuados sobre la remuneración del actor y la restitución de los dineros ya retenidos, dentro de décimo día, a contar desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada.

Se regulan las costas en la suma de $ 200.000.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

Rol Protección N° 5227-2024.(ela)