nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, catorce de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 nombre reservado, señalando que suscribió un pagaré, en favor de la recurrida, por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.010.

Señala que se pactó que el simple retardo y/o mora en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas en la época pactada para ello, facultaría a la demandante del documento mercantil para exigir sin más trámite el pago total de la deuda o del saldo a que se halle reducida, considerándose la obligación como si fuera de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados, todo conforme al artículo 9° de la ley N° 18.010. Igualmente, se pactó la facultad de su empleador de aquel momento o de empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidios de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al referido crédito.

Agrega que las condiciones laborales y económicas del país lo llevaron a caer en mora con la obligación pactada con la entidad recurrida, y como consecuencia de ello, Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado lo demandó ejecutivamente con fecha 14 de Junio de 2022, iniciándose la ejecución en la causa que rola como C-1612-2022 tramitada ante el 1° Juzgado Civil de Temuco, caratulada “nombre reservado/nombre reservado”.

Que, sin perjuicio de lo anterior, en su liquidación de sueldo del mes de Junio de 2024, figura un descuento por la suma de $ 164.304.- efectuado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado. Al revisar el documento, el día 28 de Junio de 2024 que acompañó en un otrosí de esta presentación, se puede verificar que existía un cobro a favor de la referida entidad. Destaca además, que el mes anterior igualmente se realizó la deducción que se denuncia en esta acción constitucional.

Informa que jamás fue notificado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida, de ejecutar el abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordena a su empleador a retener parte de su remuneración por ese concepto.

Refiere que en ninguna oportunidad fue informado por ningún medio legal, extrajudicial o judicial, ni de ninguna clase, que le permitieran prever una afectación de tal magnitud en su remuneración mensual. Especialmente considerando que la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda, causa que actualmente no se le ha notificado.

Hace presente además que el valor de lo descontado directamente desde su remuneración es totalmente antojadizo, pues el recurrido no informa la fuente de la cual proceden tales descuentos, como asimismo, los cálculos aritméticos mediante el cual han arribado a dicha cantidad de dinero.

Estima que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de éstas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración líquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregar información previa a él o a su empleador.

En cuanto a los fundamentos de derecho y garantías constitucionales vulneradas por el recurrido, señala:

Que se vulnera la garantía del artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental que establece en lo que interesa: “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”.

Del mismo modo, la norma en otra parte reza lo siguiente: “(…) Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.

Así, el acto de autotutela efectuado por la Caja de Compensación, consiste de un descuento ilegal y arbitrario de sus remuneraciones, sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el por qué, ni el cómo se llegó a ese monto ordenado a deducir, lo que corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional ya indicada, toda vez que, se le ha privado y perturbado su derecho de propiedad sobre el monto descontado desde su remuneración y que se verifica en la liquidación de sueldo acompañada en un otrosí de esta presentación que, además, podría repetirse para los pagos de los próximos meses.

Además, señala que la N° Ley 18.833 “Establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar (C.C.A.F.), sustitutivo del actual contenido en el decreto con fuerza de ley N° 42, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”, en su artículo 21 sostiene que: “Las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial”.

A su vez, el artículo 22 del mismo cuerpo legal establece “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

En caso que la entidad empleadora afiliada tenga la calidad de deudora de un procedimiento concursal de liquidación, y una vez que se haya dictado la resolución de liquidación pertinente, regirán las siguientes reglas:

1.- Las cuotas de créditos sociales devengadas y descontadas de la remuneración por el empleador que no hayan sido remesadas a la Caja de Compensación a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación gozarán de la preferencia del número 5 del artículo 2472 del Código Civil, siendo obligación de la respectiva Caja de Compensación verificar su crédito.

2.- Corresponderá al trabajador el pago de las cuotas de créditos sociales no devengadas a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación, no siendo de cargo de la masa. Para estos efectos, se tendrán por no escritas las convenciones que permitan al empleador, en caso de término de la relación laboral por dictación de la resolución de liquidación, descontar los saldos pendientes por créditos sociales de las indemnizaciones por término de contrato a que tenga derecho el trabajador”.

Sostiene que en esta acción constitucional se advierte un uso arbitrario e ilegal de la citada norma, a saber, artículo 22 de la Ley 18.883, de acuerdo con lo establecido de manera categórica y uniforme por nuestra jurisprudencia, toda vez que, una Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a nuestra Constitución Política de la República, como así, al respeto de las garantías constitucionales que están aseguradas a todas las personas.

Sobre la arbitrariedad del acto recalca que la recurrida al momento de interponer la demanda ejecutiva en la causa ya individualizada, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando el acreedor recurrido la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil. Por lo anterior, resulta arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración, Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado ordene la retención de montos similares al de una cuota a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ellos mismos ejercieron y promovieron mediante el cobro ejecutivo.

Cita jurisprudencia.

En lo relativo a la presentación dentro de plazo y lugar donde produjo la vulneración: Como se advirtió anteriormente, el hecho ilegal y arbitrario en el que ha incurrido la recurrida fue el día 28 de Junio de 2024, presentándose esta acción dentro del plazo de 30 días desde que se tomó conocimiento de dicho actuar emanado de la recurrida por el hecho que recepcionó su liquidación de sueldo ese día correspondiente al mes de Junio de 2024, enterándose que se hizo un descuento por planilla por la suma de $ 164.304. Por otra parte, y de acuerdo al Autoacordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el lugar donde se produjo la vulneración de la garantía constitucional ya indicada, fue en la comuna de Lautaro, en el domicilio de su empleador mientras prestaba sus servicios, como lo indican las liquidaciones de sueldo ya adjuntas emitidas por su empleador Liceo Politécnico Ema Espinoza Correa, cuya jurisdicción la ejerce esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco.

Pide ordenar a la recurrida:

1. Cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente.

2. Restituir al recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción.

3. Condenar en costas a la recurrida.

Acompañó los siguientes documentos: Liquidación de su remuneración correspondiente al mes de Abril de 2024 emitida por la Ilustre Municipalidad de Lautaro; Liquidación de remuneración correspondiente al mes de Mayo de 2024 emitida por la Ilustre Municipalidad de Lautaro; Liquidación de remuneración correspondiente al mes de Junio de 2024 emitida por Liceo Politécnico Ema Espinoza Correa.

A folio N°5 evacua informe la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 nombre reservado quien solicita el rechazo del recurso.

Refiere que el día 11 de mayo de 2019, el actor le solicitó un crédito por la cantidad de $2.819.370 (dos millones ochocientos diecinueve mil trescientos setenta pesos), pagadero en 28 cuotas de $163.692; operación identificada con el folio 910081321.

El actor pagó de forma oportuna, únicamente las tres primeras cuotas del crédito. Luego de ello se constituyó en mora desde septiembre de 2019.

Que habiéndose advertido la circunstancia que el crédito del señor nombre reservado se encontraba moroso, se activaron los mecanismos de cobro extrajudiciales correspondientes; entre ellos, la incorporación del crédito en la base de aquellas operaciones morosas que pueden y deben ser cobradas al deudor, mediante el descuento en sus remuneraciones, tanto por la Caja acreedora como por las demás C.C.A.F. que forman parte de la plataforma Intercajas. Todo ello, en estricto apego a la normativa que regula la actividad.

Posteriormente, el día 23 de diciembre de 2020, deudor y acreedora pactaron la reprogramación del crédito, por cuyo intermedio las partes acordaron que el saldo reprogramado, correspondiente a $3.897.919 (tres millones ochocientos noventa y siete mil novecientos diecinueve pesos), sería pagado en 38 cuotas de $164.304. De dicha reprogramación, el señor nombre reservado sólo pagó 5 de las 38 cuotas, comprendidas en los descuentos de sus remuneraciones entre marzo y julio de 2021, quedando nuevamente en mora tras el pago efectuado en esta última época. Luego, en mayo de 2024 se retomó el descuento en sus remuneraciones.

Que ninguna relevancia podría tener la causa judicial que identifica el actor, que jamás le fue notificada y que presumiblemente sólo fue hallada en los registros del portal del Poder Judicial por su abogado al tiempo de preparar la presente acción judicial, con el objeto de instrumentalizarla en la presente acción de protección. En el mismo sentido, resulta elocuente que el actor acuse que su representada no le ha informado “la fuente de la cual proceden tales descuentos, como asimismo, los cálculos aritméticos mediante el cual han arribado a dicha cantidad de dinero”; en circunstancias que el descuento corresponde, ni más ni menos, que al monto nominal de la cuota pactada en la reprogramación, cuya copia queda en poder del deudor tras su suscripción.

Desde luego, no consta en los registros de su representada la presentación de alguna consulta o reclamo del señor nombre reservado con antelación al presente recurso de protección; circunstancia que sólo parece reforzar la idea de la instrumentalización de la presente acción judicial.

Luego, mediante el presente arbitrio el actor pretende impugnar -precisamente- el cobro de las cuotas que, comprometidas con la acreedora, le han sido cobradas en virtud del contrato. De esta forma, y según se verá, el cobro de las cuotas que impugna el señor nombre reservado en su recurso no sólo se ha efectuado en el marco legal aplicable, sino especialmente al tenor de lo acordado por las partes sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil. Así las cosas, queda en evidencia la falta de fundamentos de la argumentación que presenta el actor; quien, en buenas cuentas, pretende dejar de pagar lo adeudado.

En las circunstancias antedichas, el cobro que impugna el actor se ha realizado en estricto apego a derecho, y exento de cualquier ilegalidad o arbitrariedad. En tal sentido, y para una mejor referencia, hace presente determinados antecedentes de derecho que sólo pueden refrendar la legalidad y plena justificación del cobro.

A saber, el inciso primero del artículo 1º de la Ley 18.833 presenta el siguiente tenor:

“Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, entidades de previsión social, son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social; se regirán por esta ley, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.”

A su vez, el artículo 58 del Código del Trabajo dispone la siguiente obligación de cargo del empleador: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”

A su turno, el artículo 22 de la ley 18.833, establece lo que sigue con relación a la forma de pago y naturaleza jurídica de las cuotas de crédito social: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Por su parte, el artículo 22 de la Ley 17.322, dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones (…).”

Por lo demás, resulta necesario tener en consideración el mandato que el actor otorgó a la C.C.A.F. -contenido en la cláusula 10 del pagaré y en la cláusula quinta del contrato de crédito social celebrado entre el actor y la C.C.A.F.- en que “otorga mandato y faculta a su actual empleador y a sus futuros empleadores, para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda (…).”

En definitiva, el cobro de las cuotas de crédito social del actor, efectuado de la forma en que se ha hecho (descuento de la cuota del crédito social de las remuneraciones del señor nombre reservado), corresponde al cumplimiento de una obligación normativa expresa y exenta de cualquier arbitrariedad. Es claro, por lo demás, que la obligación del actor no ha sido extinguida por algún modo legal, y ciertamente no se encuentra prescrita. En tal sentido, la prescripción requiere de una declaración judicial pronunciada tras el debate de las partes sobre el particular, que en este caso no podría siquiera prosperar al no haber transcurrido el plazo fijado por el legislador al efecto.

De este modo, el descuento efectuado en cobro y pago de una operación de crédito malamente podría constituir una actuación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver el recurrente, pues como se advirtió, esta institución de seguridad social sólo está cumpliendo con el mandato legal de proteger el fondo social.

En consecuencia, esta parte rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional de la recurrente.

Que sin perjuicio de que el actuar de su representada se ha ajustado estrictamente a derecho y no entraña arbitrariedad alguna, se ha instruido el cese del cobro del crédito y la restitución al actor del total recaudado desde mayo de 2024. Con el objeto de facilitar tal pago, solicita al actor que informe al correo correo reservado los datos de una cuenta bancaria de su titularidad junto a los demás datos necesarios para la transferencia.

Pide rechazar el recurso de protección de autos.

A folio N°35 se agregó extraordinariamente a la tabla.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal por el actor consiste en el descuento de sus remuneraciones, realizada por la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, a través del empleador, por concepto de cuotas de un crédito que le fue otorgado y solicita la devolución de la totalidad de los dineros descontados, con costas.

TERCERO: Que teniendo presente lo informado y el mérito de los antecedentes, no cabe sino concluir que la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, efectivamente ha procedido a efectuar descuentos al afiliado y recurrente don nombre reservado desde el mes de mayo de 2024, con motivo de un crédito otorgado con fecha 11 de mayo 2019, y repactado el 23 de diciembre de 2020, tal como quedó acreditado con los documentos acompañados al recurso, lo cual fue reconocido por la recurrida.

CUARTO: Que no existe controversia en cuanto a la existencia de la deuda y a la facultad legal que tiene la recurrida para su cobro, lo que descarta un actuar ilegal o arbitrario de su parte, resultando ajena al recurso las consideraciones que hace el recurrente en cuanto al impacto que se produce en sus ingresos el pago de una deuda que no desconoce.

En estas circunstancias no cabe sino proceder al rechazo del presente recurso, toda vez que no hay afectación a norma constitucional alguna, sin perjuicio de los derechos que el recurrente pueda hacer valer en cuanto a la vigencia de la deuda y de las acciones tendientes a su cobro por la vía que corresponda.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada en estos autos.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Ministra María Georgina Gutiérrez Aravena N°Protección-5220-2024 (pvb).