nombre reservado con EAGON LAUTARO S.A.

C.A. de Temuco Temuco, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

A folio N°1-2019 comparecen nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, todos trabajadores dependientes, y miembros del directorio del Sindicato, quienes actúan por sí y en favor del SINDICATO N°1, DE TRABAJADORES LAUTARO, quienes interponen acción de protección en contra de la empresa EAGON LAUTARO S.A. legalmente representada por don nombre reservado, por incurrir en un actuar arbitrario e ilegal consistente en instalación de cámaras de vigilancia, vulnerando el derecho garantizado en el artículo 19 número 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Fundan su acción en que según consta en acta de acuerdo que se acompaña a esta presentación, el Sindicato N°1 de Trabajadores Forestal Eagon, en conjunto con la empresa recurrida Forestal Eagon S.A, en el mes de abril del 2013 suscribieron un acuerdo ante la Inspección del Trabajo respecto de una controversia suscitada debido a "la instalación de cámaras de vigilancia en el interior de las dependencias de la empresa".

Agregan que el acuerdo antes descrito fue arribado dentro de un contexto bastante controvertido entre trabajadores y empleador, toda vez que en dicha oportunidad la totalidad de 377 trabajadores se alzaron y opusieron a una decisión tomada por la empresa quienes instalarían cámaras de seguridad en distintos puntos estratégicos que monitoreaban las labores de los empleados, unido a que la empresa no les había señalado cuál era la razón de la colocación de las mismas, ante la pugna, ambas partes (tanto la empresa, como los trabajadores representados por el sindicato N°1 antes individualizado) se sometieron a un proceso de Mediación ante la Dirección del Trabajo, Señalan que de dicho proceso de mediación y advirtiendo la potencial vulneración de derechos que implicaba monitorear constantemente a trabajadores, acordaron que la empresa instalaría sólo 6 cámaras de vigilancia, con la única finalidad de velar por la protección de las instalaciones y de las personas que trabajan en la empresa, siempre que ello no signifique un control permanente de los trabajadores, dando a conocer en esa instancia el lugar y enfoque que tomarían las mismas. Así se desprende del numeral 1 de dicho acuerdo. En este sentido y en ese acto según reza el numeral 4 del mismo documento, expone que "... PROYECTOS DE CÁMARAS FUTURAS: En el evento de requerir instalación de cámaras, ello será previamente acordado con las organizaciones sindicales existentes en la empresa../' quedando ambas partes abiertas al diálogo en caso de verificarse el supuesto, firmando al final en señal de conformidad ante el mediador de la Dirección del Trabajo.

Refieren que a la luz del documento que se acompaña, da cuenta que en él, no solo establece una simple obligación de no hacer para el empleador, sino que en su espíritu, resguarda los derechos fundamentales de la colectividad trabajadores, cuales son: la privacidad, intimidad y dignidad.

Indican que a pesar de la obligación "de consulta previa a los trabajadores", en la fecha 22 de julio del presente año 2019, la empresa mediante contratación de servicios externos, se encuentra en pleno proceso de instalación de 57 cámaras de vigilancia, todas dentro de las instalaciones y con enfoques directos a lugares donde los trabajadores realizan sus labores, incluso en lugares de esparcimiento y espacios comunes, tales como: casilleros, casinos, accesos a baños y en general en lugares estratégicos que implican una vigilancia exacerbada con tecnología de acercamiento y rotaciones monitoreadas a merced del personal a cargo de dicho sistema. Lo anterior escapa de una simple vigilancia al sistema productivo o con objetivos de seguridad para la empresa y los trabajadores y constituye una clara manifestación de un atentado a las garantías fundamentales, principalmente las de privacidad mínima de todo trabajador, intimidad y dignidad.

Aseveran que los hechos descritos, configuran un total incumplimiento al acuerdo antes descrito, que se encuentra plenamente vigente y su conducta no aparece revestida de la necesaria racionalidad y fundamento.

Señalan que resulta ilógico pensar que la instalación de 57 cámaras para un espacio reducido dentro de una bodega sea solo con objeto de su seguridad, las filmaciones que obtendrán en los lugares donde desempeñan funciones de trabajo y lugares cotidianos de descanso, colación y espacios comunes resulta excesivo y abusivo, más aun cuando la gran mayoría de las máquinas tienen sus propias cámaras internas de vigilancia que controlan el proceso productivo y funcionalidad, siendo innecesaria la instalación de más vigilancia ya que claramente el enfoque no es con fines de seguridad o control productivo, sino que un control al trabajador mismo.

Indican que habiéndose consultado a la gerencia de la empresa, manifiestan que no existe acuerdo respecto al tema y ellos son libres de instalar cámaras en cualquier lugar de la empresa, ya que se trata de su propiedad.

Sostienen que la decisión y actuar de la recurrida es ilegal porque está desconociendo y contraviniendo abusivamente un acuerdo bilateral, amparado por el artículo 1545 del Código Civil, toda vez que no solo reguarda simples derechos y obligaciones sino que derechos fundamentales en favor de los trabajadores que manifestaron su voluntad colectiva para evitar actos atentatorios en su contra, derechos que actualmente se están viendo amenazados.

Por su parte, la excesiva cantidad de cámaras puestas en lugares que no se realizan actividades laborales, tales como baños, casilleros, casinos, configuran un atentado grave contra la dignidad y vida privada de los trabajadores.

Señalan que los artículos 1.545 y 1.546 del Código Civil establecen la obligatoriedad y ejecución de buena fe de los contratos asumidos, estableciendo derechos y obligaciones para las partes. En efecto, el acuerdo ya referido al haberse realizado ante la Inspección del Trabajo bajo el alero del artículo 464 N°4 del Código del Trabajo, configura un título ejecutivo y a su vez concede inequívocamente derechos personales en favor de los trabajadores que han ingresado a su patrimonio, quedando por tanto protegidos constitucionalmente por el derecho de propiedad en su sentido amplio. El acuerdo arribado protegía derechos fundamentales de los trabajadores quienes exigieron por parte del empleador un trato digno, así lo reconoce nuestra legislación laboral en el artículo 2o del Código del Trabajo.

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS:

a)

Derecho de Propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, considerando el derecho de propiedad que le asiste respecto de los derechos personales emanados del acuerdo asumido por la recurrida.

b)

Derecho a la vida privada e intimidad, consagrado en el artículo 19 numeral 4 del mismo cuerpo legal, toda vez que los actos ejecutados configuran una ilegítima invasión en el derecho a la vida privada de los recurrentes y de la colectividad de 377 trabajadores.

Pide ordenar que:

a)

La recurrida debe abstenerse de instalar unilateralmente cámaras de vigilancia en el interior de la empresa.

b)

Costas de la causa.

Acompañó los siguientes documentos: Acuerdo arribado ante la Inspección del Trabajo; Set de fotografías que dan cuenta de la instalación de cámaras dentro de la empresa.

A folio N°8-2019 evacua informe la recurrida, EAGON LAUTARO S.A. quien solicita el rechazo del recurso, con costas. Indica que ninguna de las graves imputaciones contenidas en el recurso son efectivas. Si bien es cierto, la empresa se encuentra realizando instalación de cámaras, entre otras medidas de seguridad, ello se enmarca en la normativa administrativa y las facultades privativas de administración de la empresa, sin perjuicio del cumplimiento de las normas sobre protección de los derechos de los trabajadores que tutelan la privacidad, dignidad e intimidad.

ALEGACIONES DE DERECHO.

1.- Falta de legitimidad activa para impetrar el recurso de protección, Facultad de administración de la empresa.

Asevera que el sindicato carece de legitimación activa para representar a trabajadores miembros del sindicato en el presente recurso. Así, el artículo 220 numero 1 y 2 del Código del Trabajo señala claramente cual o cuales son los casos en que el dirigente sindical, podrá representar al sindicato, y es en los siguientes casos:

1. Representar a los afiliados en las diversas instancias de la negociación colectiva, suscribir los instrumentos colectivos del trabajo que corresponda, velar por su cumplimiento y hacer valer los derechos que de ellos nazcan;

2. Representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, cuando sean requeridos por los asociados. No será necesario requerimiento de los afectados para que los representen en el ejercicio de los derechos emanados de los instrumentos colectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones legales o contractuales que afecten a la generalidad de sus socios. En ningún caso podrán percibir las remuneraciones de sus afiliados;

De acuerdo con este artículo, el sindicato, por medio de sus dirigentes solo podrá representar a sus integrantes en los casos precitados. El mismo artículo utiliza otros vocablos en los numerales siguientes, como actuar, velar, promover, actuar como parte o prestar ayuda a sus asociados, pero es claro al señalar cuando y en casos podrá representarlos. Así en el número uno señala que podrá representar a los trabajadores del sindicato en negociaciones colectivas y velar por el cumplimiento de sus obligaciones y sus derechos. Por su parte el numeral dos, es claro también al señalar que podrá representar a los trabajadores miembros del sindicato, con ocasión de los contratos individuales de trabajo o se reclamen infracciones legales que afecten a la generalidad de sus socios.

Son normas especialísimas y no pueden ser interpretadas en el sentido amplio, más cuando la propia ley establece un procedimiento legal para velar por las supuestas vulneraciones de derechos que se reclaman en este recurso, en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.

Sostiene que no se cumplen los requisitos legales para que el sindicato, por medio de sus dirigentes, accionara de protección.

El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede esta acción de forma extraordinaria "al que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos". Esto significa, como tantas veces lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, que el recurso de protección no es una acción popular, sino que el recurrente debe ser perjudicado, toda vez que, para poder adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, es necesario que el acto afecte a alguien en particular y sea este quién demande, ya sea personalmente o por alguien a su nombre.

Resulta entonces que quienes deducen este recurso, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y el Sindicato de trabajadores de la empresa Eagon Lautaro, no se encuentran afectados personalmente por los hechos que denuncian y tampoco representan a personas determinadas, pues no señalan que lo haga por mandato de los trabajadores de esa organización sindical, sino que han actuado, sin representación y sin aportar dato alguno para identificarlos. Así, actúan "en favor de los trabajadores que manifestaron su voluntad colectiva para evitar actos atentatorios en su contra, derechos que actualmente se están viendo amenazados" (SIC)

Señala que para que proceda el recurso de protección se requiere como presupuesto necesario que, efectivamente se haya realizado el acto u ocurrido omisiones arbitrarias e ilegales que perturben o amenacen el legítimo ejercicio de un derecho protegido por este recurso. Consiguientemente, tampoco concurre el requisito de existir un acto u omisión que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario. El instalar cámaras de seguridad en una empresa, no representa para los trabajadores una amenaza o perturbación grave, sino que se enmarca en el legítimo derecho de las facultades de administración del empleador. Así lo ha reconocido la propia Dirección del Trabajo al señalar: "La jurisprudencia administrativa uniforme de este Servicio, ha señalado que la ley reconoce la facultad del empleador de implementar mecanismos de control de los trabajadores fundada en la "debida facultad del empleador de dirigir y disciplinar la actividad laborativa", pero "con el respeto a los derechos subjetivos públicos que reconoce la Constitución". Así, el artículo 5 del Código del Trabajo señala que: el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos.

Señala que la norma citada, importa el pleno reconocimiento legal de los derechos fundamentales en el ámbito laboral, derivado del "principio de vinculación constitucional", según el cual, las garantías constitucionales son plenamente exigibles en las relaciones entre particulares, incluidas las de carácter laboral, el legislador ha venido a regular legalmente algunas de las manifestaciones propias del citado poder de mando, como ocurre con la situación prevista en el artículo 154 del Código del Trabajo, que señala que: Las obligaciones y prohibiciones a que hace referencia el número 5 de este artículo, y, en general, toda medida de control, sólo podrán efectuarse por medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral y, en todo caso, su aplicación deberá ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida, para respetar la dignidad del trabajador Del precepto citado, se obtiene que, es posible reconocer dos ideas fundamentales, por una parte, la explicitación del poder de control de los trabajadores por parte del empleador, como una de las manifestaciones fundamentales del poder jurídico de mando, y por otro lado, la limitación de dicha facultad, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos, que tienen por objeto último garantizar la dignidad del trabajador y sus derechos fundamentales.

Dichos requisitos son, según la propia jurisprudencia administrativa, los siguientes:

Las medidas de revisión y control de las personas, de sus efectos privados o de sus casilleros, al importar un límite a la privacidad de las personas, debe necesariamente incorporarse en el texto normativo que la ley establece para el efecto, esto es, Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la empresa, dictado en conformidad a la ley.

Las medidas de revisión y control deben ser idóneas a los objetivos perseguidos como son el mantenimiento del orden, la higiene y la seguridad de la persona y sus trabajadores, no debiendo importar actos ilegales o arbitrarios por parte del empleador, según lo señala la Constitución en su artículo 20, como por ejemplo, la selección discrecional de las personas a revisar o la implementación de medidas extrañas e inconducentes a los objetivos ya señalados.

Las medidas, además, no deben tener un carácter prepolicial, investigatorio o represivo frente a supuestos o presuntos hechos ilícitos dentro de la empresa, sino un carácter puramente preventivo y despersonalizado, siendo requisito "sine qua non" para la legalidad de estas medidas de revisión y control, que sean operadas a través de un mecanismo o sistema de selección, cuyas características fundamentales son la universalidad y la despersonalización de las revisiones.

De este modo, y para el caso específico de un sistema de vigilancia por cámaras de televisión, la exigencia del legislador son las siguientes:

a)

Debe estar contemplado en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la empresa dictado en conformidad a la ley.

b)

Su operación no debe significar la vigilancia exclusiva de un trabajador, sino la de la empresa en su conjunto o de una unidad o sección dentro de ella.

c)

Se deben respetar las garantías de los trabajadores, en este caso, en especial la referida a la intimidad de estos.

Refiere que en reunión sostenida con el sindicato a propósito de la actualización del reglamento interno, cuya asistencia y participación de los dirigentes consta en documento que se acompaña junto a su presentación, fue explicado a los dirigentes del sindicato recurrente, todas y cada una de las medidas de seguridad que la empresa realizaría y especialmente sobre la instalación de cámaras. Es importante señalar que el sindicato se pudo oponer a la instalación de las cámaras realizando una objeción de legalidad ante la inspección de trabajo, dentro del plazo de 30 días, mientras se publicó la actualización del Reglamento interno, sin embargo no realizó ninguna objeción.

Agrega que se les ofreció una revisión conjunta de la instalación, pero se opusieron tajantemente, sin dar espacio al diálogo. Les explicaron que las cámaras y su instalación, cumplirían con el objetivo de mantener a salvaguardas las garantías Constitucionales que podrían eventualmente verse menoscabadas con la implementación de un sistema de vigilancia por cámaras, pero insistieron en su negativa. Lo más complejo, es que faltan a la verdad al señalar que las cámaras serán ubicadas en lugares tales como los baños o vestidores, lo que es contrario a la realidad, tal como se puede apreciar del informe que se acompaña en un otrosí, en relación a los "tiros de cámaras", es decir, el lugar que será monitoreado.

De acuerdo con lo expuesto, el sistema de cámaras de seguridad propuesto por la empresa, cumple con el objetivo de mantener a salvaguardas las garantías constitucionales que podrían eventualmente verse menoscabadas con la implementación de un sistema de seguridad, cumpliéndose a cabalidad con los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo.

Sostiene que eventualmente esta Corte no podría tampoco adoptar ninguna medida de protección, pues se desconoce absolutamente quién o quiénes serían los afectados por los actos u omisiones que se le atribuyen a la recurrida, para el caso que estos actos u omisiones hubieran sido establecidos en autos, lo que, como se dijo, no ocurrió. Debido a lo expuesto, tampoco podría cumplirse el objetivo del recurso de protección, esto es, que la Corte adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

2.-Sobre el supuesto acto recurrido.

Indica que se acompaña la política de administración del sistema de Circuito cerrado de televisión, en la que se no tan solo se preocupa de la seguridad de los trabajadores de la empresa, sino que también se describe como un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que tiene como alcance que los procesos de Venta, Producción, Adquisición, Administración, Logística. Sin perjuicio de su alcance, describe como se debe realizar el monitoreo de las imágenes y señala:

La empresa no usara el sistema de CCTV para vigilar, supervisar o seguir los movimientos en directo de ningún colaborador, es por esto que, se seguirán las siguientes normas: Las cámaras no apuntaran directamente a ningún puesto de trabajo o a algún trabajador en particular; Las cámaras apuntaran en planos abiertos, en áreas comunes de trabajo; Las imágenes serán resguardadas y serán proporcionadas en caso de un incidente que lo amerite; El personal del Departamento TI tendrá a su cargo la visualización y rescate de imágenes de ser necesario; Los incidentes que se produzcan y que ameriten revisión de imágenes deben ser informados y las imágenes solicitadas con el procedimiento respectivo; La empresa no tendrá personal que monitoree el sistema de CCTV durante las 24 horas.

A mayor abundamiento el mismo documento establece un resguardo de la información indicando: que todo el personal de la empresa tiene prohibido el monitoreo, copia, distribución de imágenes que provengan del sistema CCTV de la empresa. Cualquier imagen, video, grabación y su respectiva distribución de cualquier forma (Correo electrónico, redes sociales, medios portátiles, dispositivos móviles) que no sea aprobada por la empresa está sujeta a las sanciones pertinentes y acciones legales que correspondan.

Asevera que la empresa se ha preocupado de resguardar los derechos de sus trabajadores, creando no solo políticas de seguridad, sino que también administrando el control y la forma en que se debe realizar esta vigilancia por medio de cámaras de circuito cerrado, por lo que muy equivocadamente a su juicio, existe un Atentado o Una Amenaza a los derechos de Intimidad y Dignidad de los trabajadores por el solo hecho de monitorear y vigilar con cámaras.

3.-Sobre el supuesto acto Ilegal y Arbitrario, De las supuestas normas Jurídicas Conculcadas Indica que citaron a los dirigentes del sindicato para explicarles el procedimiento de seguridad mediante cámaras y que se haría bajo los mismos preceptos que ya habían acordado el año 2013, explicándoles además que la empresa estaba en otra realidad que hace seis años atrás, que las exigencias de control y seguridad se habían incrementado y que era parte del crecimiento y modernización de Eagon. Así, el documento que firmó la empresa y el sindicato, el cual hoy interpretan de forma antojadiza, establece de forma clara y precisa, las condiciones y uso de cámaras y monitoreo de seguridad, el cual se cumple a cabalidad.

Agrega que el sindicato por medio de sus dirigentes se negó enfáticamente a la instalación de cámaras. No a 10 o 20 cámaras, sino que a todas. Refiere que pugnan eventualmente en este caso dos derechos, el acuerdo de las partes y el Derecho del Trabajo.

Agrega que la ley de las partes, entendiendo lo que quiere interpretar el Sindicato en su Recurso, solo tendrá lugar respecto de los contratos celebrados entre las partes, pero no respecto de un acuerdo en donde existe una mediación un organismo de la administración del Estado, como lo es la Dirección del Trabajo. El argumento es claro y contundente, pues el Derecho del Trabajo, regula normas de orden público, que tiene prevalencia por sobre cualquier acuerdo de las partes. Sin perjuicio de ello, no debemos perder de vista la vinculación constitucional como Principio del Derecho del Trabajo, en el sentido de entregar una prelación o preponderancia mayor o menor, dependiendo el bien jurídico que se intenta proteger. Así, la seguridad de los trabajadores, su vida, es el bien jurídico que se protege con la instalación de Cámaras de seguridad.

Sostiene que desde el momento que esta mediación se judicializa, la Dirección del Trabajo o sus inspecciones comunales, no pueden actuar, pues las competencias judiciales para interpretar un acuerdo corresponden a los Tribunales de Justicia. Indica que no puede dejar de lado las ya mencionadas facultades de dirección y control de la empresa, dentro de los cuales encontramos el lus Variandi, el poder disciplinario, sin embargo el Sindicato y sus dirigentes olvidan un principio "Rector" de los contratos, como lo es la Buena fe que implica que los derechos que el contrato atribuye al empleador deban ejercerse de buena fe. Pero esta buena fe no es en un solo sentido, ese decir, solo para el empleador. El principio de la buena fe opera como límite en el ejercicio de los derechos laborales. La vulneración de este deber de obrar de buena fe, llevará a que el Juez determine en el caso concreto la existencia de "abuso de derecho" Cabe preguntarse si la negativa tajante a instalar cámaras de seguridad en la empresa ¿es un abuso del Derecho? En el ejercicio de las facultades de dirección del empleador no se requiere que justifique las medidas que toma o las instrucciones que imparte, sin embargo, no puede ejercer el derecho de dirección con una finalidad desviada o con motivo ilícito.

El criterio de razonabilidad resulta aplicable para observar el ejercicio de cualquier derecho, y en este caso se tomará en cuenta para analizar la implementación de los controles por medio de cámaras. También, la proporcionalidad, que es la justificación de la medida de control y considerar si su aplicación respeta la debida proporcionalidad, teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto, la finalidad que se persigue y los derechos de las partes que están en juego, como se expresó, el Derecho a la Vida y la seguridad de los trabajadores.

Conclusiones.

1.- El sindicato por medio de sus dirigentes no son titulares de la acción de protección en el sentido expresado en el presente recurso y no podrá prosperar por falta de legitimidad activa para impetrar la acción Constitucional.

2.- Los dirigentes sindicales tuvieron siempre la alternativa de la Mediación de la inspección del Trabajo para solucionar cualquier controversia con la empresa.

3.- Existe un procedimiento especialísimo contemplado en el propio Código del Trabajo en su artículo 485 y siguientes, para velar y cautelar aquellos hechos cometidos por los empleadores que vulneren o amenacen los derechos garantizados por la Constitución y la ley. Este procedimiento de Tutela Laboral, el legislador conduce por medio de un tribunal de primera instancia las reclamaciones de vulneración de Derechos, por lo que de acuerdo al auto acordado sobre tramitación de este recurso y vastas sentencias de las Cortes de Apelaciones, el recurso de protección es procedente siempre que no exista otro medio para cautelar los derechos reclamados. Por esta razón no podrá prosperar el presente recurso.

4.- La empresa cuenta legalmente con las facultades de control por sobre los trabajadores, siempre y cuando se respete lo siguiente, lo que en la especie se cumple por parte de mi representada:

a)

Debe estar contemplado en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la empresa dictado en conformidad a la ley, tal como se demuestra en el reglamento interno que se adjunta.

b)

Su operación no debe significar la vigilancia exclusiva de un trabajador, sino la de la empresa en su conjunto o de una unidad o sección dentro de ella. Lo expresado está resguardado de acuerdo a la regulación de la política de administración del Circuito cerrado de televisión, c) Se deben respetar las garantías de los trabajadores, en este caso, en especial la referida a la intimidad de estos. De igual forma, tanto por la instalación, como por la administración del sistema, se resguarda absolutamente la intimidad de los trabajadores.

Acompañó los siguientes documentos:

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Egon Lautaro S.A; Política de Administración del sistema Circuito cerrado de Televisión, Egon Lautaro S.A; Lista de asistencia de información de reglamento interno; Plano de instalación de cámaras; "Tiros de Cámaras" A folio N°16-2019 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede la acción cautelar de protección, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que haciéndose cargo esta Corte de la alegación de falta de legitimación activa de los recurrentes, ésta será rechazada.

En efecto, del tenor del artículo 20 de la Constitución Política de la República se desprende que la titularidad de la acción corresponde a quien se vea directamente afectado por el proceder antijurídico o arbitrario de un tercero, quién puede accionar por sí, o por intermedio de otra persona, tal como ha acontecido en autos, en que la presente acción constitucional ha sido deducida por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, todos trabajadores dependientes, y miembros del directorio del Sindicato N°1 de trabajadores Lautaro quienes actúan por sí y en favor del aludido sindicato, de modo tal que se cumple en la especie con las exigencias del citado artículo 20 de la Constitución Política de la República Sobre lo anterior ha de tenerse presente, especialmente, que el artículo 220 del Código del Trabajo, señala como fines principales de las organizaciones sindicales, entre otras, el representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, cuando sean requeridos por los asociados, precisándose que no será necesario tal requerimiento para que sean representados en el ejercicio de los derechos emanados de los instrumentos colectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones legales o contractuales que afecten a la generalidad de sus socios; Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social, denunciar sus infracciones ante las autoridades administrativas o judiciales, actuar como parte en los juicios o reclamaciones a que den lugar la aplicación de multas u otras sanciones; actuar como parte en los juicios o reclamaciones, de carácter judicial o administrativo, que tengan por objeto denunciar prácticas desleales y en general, asumir la representación del interés social comprometido por la inobservancia de las leyes de protección, establecidas en favor de sus afiliados, conjunta o separadamente de los servicios estatales respectivos.

Cabe señalar, por otra parte, que en caso alguno se está en presencia de una acción popular, como lo señala la recurrida, en que se acciona en beneficio de la comunidad o de la sociedad y en que el interés aparece difuso y se desconoce siquiera el segmento o sesgo societario de las personas en cuyo favor se acciona, lo que no acontece en el presente caso.

TERCERO: Que se recurre a través del presente arbitrio de protección en contra de la empresa EAGON LAUTARO S.A. legalmente representada por don nombre reservado, por el acto que se estima arbitrario e ilegal consistente en la instalación de cámaras de vigilancia en el interior de la empresa, vulnerándose de esta manera el derecho garantizado en el artículo 19 N°s 4 y 24 de la Constitución Política de la República, señalando los recurrentes que en el mes de abril del 2013 se suscribió un acuerdo ante la Inspección del Trabajo entre el Sindicato N° 1 y la recurrida respecto de una controversia suscitada debido a la instalación de cámaras de vigilancia en el interior de las dependencias de la empresa, en que se dejó constancia, en cuanto a “PROYECTOS DE CÁMARAS FUTURAS”, que en el evento de requerir instalación de cámaras, ello sería previamente acordado con las organizaciones sindicales existentes en la empresa, no obstante lo cual y sin que mediara dicho acuerdo, el 22 de julio del presente año 2019, la empresa se encontraba en pleno proceso de instalación de 57 cámaras de vigilancia, todas dentro de las instalaciones y con enfoques directos a lugares donde los trabajadores realizan sus labores, incluso en lugares de esparcimiento y espacios comunes, tales como casilleros, casinos, baños y en general en lugares estratégicos que implican una vigilancia exacerbada con tecnología de acercamiento y rotaciones monitoreadas a merced del personal a cargo de dicho sistema, lo cual estiman, excede de una simple vigilancia al sistema productivo o con objetivos de seguridad para la empresa y los trabajadores, sino que más bien constituye una clara manifestación de un atentado a las garantías fundamentales antes referidas.

CUARTO: Que la recurrida, por su parte, sostiene que instalar cámaras de seguridad en una empresa, no representa para los trabajadores una amenaza o perturbación grave, sino que se enmarca en el legítimo derecho de las facultades de administración del empleador, con las limitaciones que establece el artículo 5° del Código del Trabajo, haciendo presente que en reunión sostenida con el sindicato, a propósito de la actualización del reglamento interno de la empresa, fue explicado a los dirigentes del sindicato recurrente, todas y cada una de las medidas de seguridad que la empresa realizaría y especialmente sobre la instalación de cámaras, destacando que el sindicato se pudo oponer a la instalación de las cámaras realizando una objeción de legalidad ante la inspección de trabajo, dentro del plazo de 30 días, mientras se publicó la actualización del Reglamento interno, sin haberse realizado ninguna objeción, habiéndoseles ofrecido una revisión conjunta de la instalación, a lo que se opusieron tajantemente, sin dar espacio al dialogo.

Señala además que se falta a la verdad al señalar que las cámaras serían ubicadas en lugares tales como los baños o vestidores, y que el sistema de cámaras de seguridad propuesto por la empresa, cumple con el objetivo de mantener a salvaguardas las garantías constitucionales que podrían eventualmente verse menoscabadas con la implementación de un sistema de seguridad, cumpliéndose con los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo.

Refiere que citaron a los dirigentes del sindicato para explicarles el procedimiento de seguridad mediante cámaras y que se haría bajo los mismos preceptos que ya habían acordado el año 2013, explicándoles además que la empresa estaba en otra realidad que hace seis años atrás, que las exigencias de control y seguridad se habían incrementado y que era parte del crecimiento y modernización de Eagon. Así, el documento que firmó la empresa y el sindicato, el cual hoy interpretan de forma antojadiza, establece de forma clara y precisa, las condiciones y uso de cámaras y monitoreo de seguridad, el cual se cumple a cabalidad, negándose el sindicato, por medio de sus dirigentes a la instalación de cámaras, por lo que estima existe una pugna entre el acuerdo de las partes y el Derecho del Trabajo, existiendo en este caso un "abuso de derecho".

QUINTO: Que de conformidad con lo expuesto por las partes y documentos acompañados al recurso, es posible dar por acreditado lo siguiente:

1.- Que con fecha 19 de abril de 2013 se suscribió un acta de acuerdo de mediación ante la Inspección del Trabajo de Temuco, entre la empresa recurrida y el Sindicato N° 1 de Trabajadores de Forestal Lautaro, en que se convino lo siguiente:

“CÁMARAS DE SEGURIDAD: Las partes, luego de los debates pertinentes, recorrido en terreno en forma conjunta para evaluar la cantidad, ubicación y enfoque de las cámaras de seguridad instaladas, señalan que se han efectuado los ajustes pertinentes conforme a lo acordado en la señalada visita y en reuniones directas y finalmente han establecido un "Procedimiento Uso de Cámaras y Monitores de Seguridad" documento de que adjunta a la presente y se entiende que forma parte de ella.

MONITOR EXTERNO: Se acuerda la instalación, por parte de la empresa de un monitor externo PERMISO PARA INGRESO A SALA DE GUARDIAS: Los representantes de la empresa señalan que los directores sindicales cuentan con autorización para ingresar a sala de guardias, con el fin de verificar la operatividad y uso de las cámaras de seguridad.

PROYECTOS DE CÁMARAS FUTURAS: En el evento de requerir instalación de cámaras de seguridad, ello será previamente acordado con las organizaciones sindicales existentes en la empresa.”

2.- Que a partir del 22 de julio del presente año 2019, la empresa recurrida procedió a la instalación de 57 cámaras de vigilancia, dentro de sus instalaciones.

3.- Que con fecha 24 de julio de 2019, los recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, asistieron a reunión en la empresa para efectos de “Revisión Reglamento Interno 2019.”

4.- Que en el citado Reglamento Interno se establece en su artículo 79 que “la empresa podrá contar con sistemas de cámaras de seguridad, con la sola finalidad de velar por la protección de las instalaciones y de las personas que trabajan en la empresa. De modo que no constituye una forma de control permanente de las funciones o actividades que cumplen los trabajadores.

El sistema de cámaras de seguridad mencionado se orientará a un plano panorámico y su ubicación será de conocimiento de cada uno de los trabajadores, sin que implique un menoscabo a la dignidad, el derecho a la intimidad y la vida privada de estos, en conformidad a lo establecido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y los artículos 5° y 154 inciso final del Código del Trabajo.

El sistema de vigilancia será operado y suministrado por un tercero contratista o por la misma empresa.

Todos los trabajadores, sin distinción alguna, estarán sujetos al control del sistema de vigilancia mencionado anteriormente.”

SEXTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

En dicho orden de ideas son requisitos para que la acción de protección pueda prosperar, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado en forma precedente, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, ha de concurrir una relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional que se dice vulnerada, y que exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Tal como se ha señalado reiteradamente por la jurisprudencia, además, ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados.

SÉPTIMO: Que conforme se viene reflexionando la controversia sometida al conocimiento de esta Corte, no es de aquéllas que deban ser dilucidadas por medio de la presente acción cautelar.

En efecto, la parte recurrente persigue que se declare la vigencia del acuerdo alcanzado con la empresa recurrida y que consta en un acta de mediación suscrita ante la inspección del trabajo en el año 2013, y que en base a ello se declare que a la recurrida le era prohibido instalar cámaras de vigilancia en el interior de la empresa, sin acuerdo previo de las organizaciones sindicales por lo que debe proceder a su retiro, en tanto la recurrida, sostiene haber actuado al amparo del Reglamento Interno del año 2019 de la empresa, que contempla expresamente la facultad de instalación de las aludidas cámaras de vigilancia, con las restricciones y limitaciones que en dicho Reglamento se establecen, en cuya revisión participaron los recurrentes, quienes no efectuaron reparos en relación a dicha normativa, todo lo cual es propio de un juicio de lato conocimiento, en que han de debatirse las posiciones jurídicas antagónicas, pudiendo las partes en la oportunidad procesal correspondiente aportar la prueba que sirva a sus respectivos intereses, debiendo el juez ponderarla en la sentencia que dicte, y determinar la existencia o no de ese derecho que pretende la recurrente, por lo que las pretensiones de dicha parte, exceden los márgenes de la presente acción.

Cabe destacar, por otra parte, que se sostuvo por la recurrente que las cámaras de vigilancia instaladas por la recurrida tenían enfoques directos a lugares donde los trabajadores realizan sus labores, incluso en lugares de esparcimiento y espacios comunes, tales como: casilleros, casinos y baños, lo cual ha sido negado por la recurrida, siendo del caso que de las fotografías acompañadas al recurso, sólo se puede advertir que las aludidas cámaras de vigilancia entregan visión de distintos lugares de trabajo de la empresa, del tipo galpones, en que se observa maquinaria propia del rubro de la requerida, con la sola excepción de una fotografía acompañada por la recurrente en que se grafica una cámara de vigilancia instalada en una dependencia interior, en que sin embargo no se observa implementación propia de una sala de baño, ni se observan casilleros o vestidores, de modo tal que desde esa perspectiva, tampoco es posible concluir en una vulneración del derecho de los recurrentes contemplado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución.

OCTAVO: Que por lo anterior, y conforme se viene razonando, ha de rechazarse el recurso de protección intentado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, todos trabajadores dependientes, y miembros del directorio del Sindicato, quienes actúan por sí y en favor del SINDICATO N°1, DE TRABAJADORES LAUTARO, en contra de la empresa EAGON LAUTARO S.A, legalmente representada por don nombre reservado, Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Suplente Sra. Cecilia Subiabre Tapia.

Rol Protección N° 5215-2019.