Protección contra CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N° 1-2022 comparece nombre reservado, interpone Recurso de Protección, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES.

Funda su acción en que con fecha 28 de abril del año 2010, realizó un Pagaré (Crédito en pesos para trabajadores) con la Caja de Compensación de Asignación Familiar los Héroes, por la suma de $3.102.354.-, pagaderos en 32 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $146.316.- cada una, con vencimiento la primera de ella el 31 de mayo de 2016, en la cual firmó un pagaré cobrado en autos Nº 102991646, las cuales se pagaron constantemente a través de descuentos en su liquidación de sueldo.

Lamentablemente fue llamado a retiro, y notificado de tal hecho, con fecha 20 de junio de 2016. Por tanto, el término de su contrato de trabajo data de aquella fecha. Debido a este hecho Caja de Compensación los Héroes lo constituye en mora el 30 de septiembre de 2016.

Por el motivo anterior, la recurrida Caja de Compensación Los Héroes, ejerció acciones tendientes al cobro forzado de las obligaciones, hizo uso de la cláusula de aceleración, exigiendo el pago de todo lo adeudado lo que consta en causa Rol E-1048-2017 del 1º Juzgado Civil de Temuco, exhorto despachado en causa Rol C-19510-2017 del 12º Juzgado Civil de Santiago, interpuesta por la recurrida con fecha 03 de agosto del año 2017, causa en la cual en su momento presentó Excepciones de Prescripción.

En dicha causa fue notificado de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil el 25 de octubre de 2017, procediéndose el requerimiento de pago el 26 de octubre de 2017, siendo la gestión donde opuso excepciones la última realizada en la causa con fecha 02 de noviembre de 2017.

El 23 de enero de 2019, la recurrida solicita al Tribunal el desarchivo de la causa, no habiéndose realizado ninguna gestión útil por lo que el Tribunal con fecha 31 de julio de 2019 procede nuevamente a archivar la causa hasta la fecha, ya que se volvió a solicitar por parte de la recurrida el desarchivo, donde el Tribunal no dio ha lugar al requerimiento, por lo que actualmente aun se encuentra archivada la causa.

Así las cosas, habiendo transcurrido más de 5 años desde el requerimiento de pago y desde que se archivaron los autos, sin la causa tuviera movimiento. Se percató que en sus boletas de pago de pensión desde el año 2016 a la fecha aún le siguen descontando el pago del crédito, por valores que varían según el año, entre $52.862 a $58.919.- al presente año, donde en ningún momento ha autorizado a su entidad pagadora para que dicha caja de compensación realice esos descuentos.

Debido a este acto se dirigió el día 09 de febrero de 2022 al Servicio Nacional del Consumidor para interponer un reclamo en contra de Caja de Compensación los Héroes, ya que hasta el mes de diciembre del 2021 se ha pagado $3.435.513.- y el crédito que se solicitó es por el valor de $3.102.354.- También cabe señalar que desde diciembre de 2021 a julio de 2022, aún se sigue descontando dicho crédito, ocasionando un gran daño en su sistema financiero y patrimonial, ya que han manchado sus antecedentes comerciales al declararlo como moroso en DICOM, que a la fecha estando la deuda pagada no han limpiado dichos antecedentes.

Agrega que al no haber agotado instancia judicial, la recurrida no debió descontar ni debe seguir descontando extrajudicialmente de manera arbitraria e ilegal el saldo adeudado. Ya que no puede pretender que por vía de Acciones de Autotutela, realizar estos “descuentos ilegales”, corregir la desidia y negligencia con la que ha actuado en el ejercicio de sus acciones legales tendientes al cobro de un crédito que ya se encuentra pagado y prescrito.

En consecuencia, la recurrida ha decidido forzar de manera unilateral un beneficio que la Ley contempla para un cobro oportuno, lo cual le priva del derecho de propiedad sobre parte de retribución económica obtenida con motivo de la actividad laboral que desempeñaba.

DERECHO Garantías Constitucionales conculcadas:

Que, la presente acción constitucional de protección es entablada por que este recurrente estima se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en su numerales 3 y 24:

1. - De la igualdad ante la Ley y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República.

Todas las personas tienen derecho a que se les sea reconocida igualdad ante la Ley, ante las autoridades y órganos jurisdiccionales y tienen igual derecho a reclamar la protección del sistema jurídico, y en particular dentro de todo proceso, de ahí que nuestro artículo 19 Nº3 consagre la “igual protección de la Ley en el ejercicio de los derechos”. Que, el hecho arbitrario e ilegal de la recurrida ha vulnerado la garantía de igualdad ante la Ley, toda vez que sin fundamento legal me ha puesto en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues para obtener el pago de un crédito, se les debe demandar en los Tribunales ordinarios, cuestión que la recurrida ha obviado presuntamente amparada en una norma de la Ley de cajas de compensación, todo con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que por lo demás, a la fecha, como se dijo, se encuentra pagada y hallaría prescrita.

Cabe destacar que en su caso de similares características al presente ya ha tenido oportunidad de pronunciarse la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, que ha señalado:

“La recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la Ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual había dado claras señales de desinterés en su cobro, por lo que resulta antojadiza su actual decisión de cobro de la deuda y hace procedente acoger el recurso de protección” (CS Rol 68.700-2016)

Que, igualmente la Excelentísima Corte Suprema se ha pronunciado señalando: “Sexto: Que en tales circunstancias debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 16 de la Ley Nº19.539 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente, por medio de las entidades pagadoras de pensiones, los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio en la especie resultaba improcedente, considerando el extenso lapso (más de tres años) que alcanzó transcurrir entre junio 2014 y noviembre de 2017 sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio del derecho de la Caja acreedora para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios y del afiliado de ejercer las defensas correspondientes. Séptimo: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo a la actora, pues de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo personalmente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas, como tampoco esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo. (CORTE SUPREMA Rol 11.960-2018)

2. - Del derecho de propiedad, de la libertad contractual y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República:

El actuar de la recurrida no solo va en abierta contradicción a la invariabilidad de los términos de su jubilación, sino que, además lo priva del legítimo derecho a percibir su pensión completa resultado de sus años de servicio.

De lo dicho se desprende que sobre las pensiones y sobre los dineros que la conforman tengo el derecho de dominio, y que tales pensiones deben ser ingresadas a mi patrimonio, motivo por el cual su descuento ilegal y extrajudicial por parte de la recurrida importan una clara vulneración de lo dispuesto en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República.

Cita jurisprudencia.

EJERCICIO ABUSIVO POR PARTE DE LAS RECURRIDAS DE LA FACULTAD ESTABLECIDA EN LA LEY DE CAJAS DE COMPENSACIÓN.

La doctrina y jurisprudencia adoptadas universalmente, es que este proceder extemporáneo y sorpresivo de la Caja de Compensación no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, pues ni siquiera ha informado ni mucho menos acreditado frente a esta parte, los antecedentes judiciales formales que puedan sostener el descuento de la deuda.

En el caso de marras, la recurrida no fundamenta ni siquiera contractualmente este descuento abusivo, lo que en criterio de esta parte adolece de falta de razonabilidad y verosimilitud y por lo tanto la decisión adoptada no puede sino ser declarada como arbitraria y, por lo tanto, no la habilita para ejercer la facultad excepcional establecida en la ley de cajas de compensación, debiendo esta Ilustrísima Corte adoptar las medidas tendientes al restablecimiento del derecho.

Tanto el derecho de igualdad ante la ley (Art.19 N°3) como el de propiedad (Art. 19 Nº24), se encuentran dentro del catálogo de derechos amparables por la vía de la acción de protección constitucional, por lo cual el presente recurso resulta plenamente procedente.

Pide ordenar a la recurrida:

1) El reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de mis pensiones, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución.

2) Abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros; especialmente por parte de “DIPRECA” o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos en mis pensiones; y 3)

Que la recurrida sea condenada al pago de costas del presente recurso en caso de oposición.

Acompañó los siguientes documentos: 1. E-book de la demanda presentada por la Caja de Compensación los Héroes causa ROL C-19510-2017 del 12º Juzgado Civil de Santiago; 2. Reclamo ante el Servicio Nacional del Consumidor NºR2022W6031274.

A folio N°6-2022 evacua informe la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Indica que el recurrente, según se acredita con los documentos que se acompañan en el Primer Otrosí de esta presentación, solicitó un crédito social a la Caja de Compensación de Asignación Familiar que represento. En efecto, el crédito social N° 102991646 fue cursado por un monto capital de $3.102.854.-, pagaderos en 32 cuotas de $146.316.- cada una, salvo la última que asciende a $146.339.

De la operación N°102991646, se pagó el saldo adeudado de los créditos anteriores N°102382225, N°102511640 y N°102703969 que mantenía en nuestra entidad por el monto total de $2.093.145 y diferencia de $1.000.000 fue entregada directamente al interesado. De este crédito se recaudó de forma irregular y desfasada desde la cuota N°1 a la N°4 de fecha vencimiento 31-05-2016 al 31-08-2016, el resto de las cuotas no fueron amortizadas en nuestra entidad, quedando impagas y morosas.

En consecuencia, de lo anterior, con fecha 31 de octubre de 2017 la deuda pasó a castigo, por consiguiente, nuestra entidad procedió a emitir la cobranza respectiva generando para ello la sub-operación N°102991646-1, de la cual se ha recaudado el pago desde la cuota N°5 a la N°23 de fecha vencimiento 30-09-2016 al 31-03-2018 y la cuota N°24 de fecha vencimiento 30-04-2018 tiene pago parcial, con recaudos percibidos entre el 16-04-2018 al 31-01-2022, el resto de las cuotas aún se encuentran impagas. Estos recaudos parciales se explican teniendo a la vista la regulación dictada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante la Circular N° 3567 de enero de 2021, en la que se establecen límites a los descuentos que pueden ser aplicados en caso de recaudación de créditos sociales cuando el deudor es un pensionado. En otras palabras, se ha recaudado parcialmente las cuotas que adeuda el recurrente porque no es posible descontar la cuota íntegra desde la pensión que recibe el Sr. nombre reservado, toda vez que supera el límite establecido por el organismo rector de la industria.

En primer lugar, esta parte debe hacer notar a S.S. Iltma, que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar disponen de dos acciones, distintas e independientes, y de un mecanismo extrajudicial fundado en el artículo 22 de la Ley 18.833 para cobrar lo adeudado por un crédito social. Ninguna de las acciones disponibles para su representada se encuentra prescrita mediante una declaración judicial en tal sentido.

Una de las acciones corresponde a la que nace del pagaré, la mencionada acción cambiaria, y la otra que nace del contrato de mutuo. La prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré es de un año desde la fecha de vencimiento del documento, esto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N° 18.092. La doctrina sostiene -Teoría General de la Letra de Cambio y del Pagaré en la Ley 18.092- que dicha sanción opera para el portador pormenorizadamente, es decir, cuota por cuota. No ha habido un tribunal que declare la prescripción de la acción cambiaria ni de la ordinaria derivada del contrato de mutuo; esta última prescripción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil opera en el plazo de 5 años desde que se hiciera exigible la obligación y en la medida que sea alegada como acción o excepción, pues no opera de pleno derecho. Bajo esta lógica, de conformidad al contrato de mutuo, existen cuotas vigentes hasta el día de hoy. Para enervar dicha situación se debería accionar en contra del referido contrato.

En segundo lugar, no comete un acto ilegal o arbitrario ni antojadizo al proceder con el descuento por planilla de la deuda vigente que mantiene el señor nombre reservado, toda vez que está actuando dentro de sus márgenes legales, esto de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.833, en el Código del Trabajo y en la Ley 17.322. De hecho, la Superintendencia de Seguridad Social, entidad reguladora del área, sostiene en el Dictamen 42792-2018 de 23 de agosto de 2018 que las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social las que, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 22 de la Ley 18.833 y en el artículo 58 del Código del Trabajo, “deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. En mérito de lo antes expuesto, el empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora las sumas que su trabajador adeude por crédito social, y, por ende, no se requiere la autorización del deudor.” Por otra parte, la referida entidad fiscalizadora de la materia, refrenda lo indicado en el párrafo anterior mediante el Dictamen 06274-2019 de 11 de abril de 2019, señalando: “Que, para que la deuda derivada de un crédito social tenga el carácter de prescrita, es necesario que haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción ordinaria (5 años), lapso que debe contabilizarse desde la última gestión útil de cobro efectuada por la Caja acreedora, siendo necesario, además, que la prescripción haya sido declarada por los tribunales de justicia.”

A mayor abundamiento, la SUSESO evacuó con fecha 25 de octubre del año en curso el dictamen 14477-2022, que en su parte pertinente indica: “Que, se debe tener presente que si bien el tribunal puede haber declarado la prescripción de la acción ejecutiva o cambiaria, subsiste la acción ordinaria, por lo que al no existir antecedentes que den cuenta de haberse alegado y declarado la prescripción de ésta última acción, debe entenderse que su obligación de pago se mantiene vigente y proceden las acciones de cobranza de las cuotas morosas, hasta el pago total del crédito.” En la especie, no se ha declarado la prescripción ni de la acción ejecutiva ni de la acción cambiaria.

Cabe destacar, que la recurrente concurrió libre y voluntariamente, con su consentimiento exento de vicios, a contratar un crédito social, el que fue puesto a su disposición por mi representada, en virtud de lo cual suscribió un pagaré y un contrato de mutuo. No existe declaración de prescripción respecto de la acción emanada del pagaré, ni de la acción cambiaria y a todas luces el contrato de crédito no se encuentra invalidado por alguna sentencia judicial, por tanto, surte sus efectos jurídicos. Consecuentemente, para las partes el contrato suscrito constituye una ley que no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales, en los términos del artículo 1545 del Código Civil. Sin embargo, la parte recurrente sostiene que mi representada comete actos arbitrarios e ilegales que deben ser objeto de corrección mediante determinadas providencias que busquen reestablecer el imperio del derecho, en circunstancias que mi representada no incurre en la comisión de ningún acto arbitrario ni ilegal, sino que, por el contrario, simplemente ha ejercido sus derechos emanados del aludido contrato de crédito de conformidad al ordenamiento jurídico vigente.

A lo expuesto, debe añadirse la doctrina vigente de la Dirección del Trabajo contemplada en el Dictamen N° 0262/004, de 17 de Enero de 2012, que concluye: Los descuentos por crédito social en favor de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, son de aquellos obligatorios comprendidos en el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo; 2) Al ser los descuentos antes señalados obligatorios no procede por tanto considerarlos en el tope del 45% de la remuneración total del trabajador, del inciso 4° del mismo artículo 58, que rige únicamente para el conjunto de los descuentos facultativos o permitidos de los incisos 2° y 3° de la misma disposición legal. De hecho, la misma Institución ha señalado en su Dictamen N° 2.907/036, 4 de Agosto de 2014 que es competente legalmente para fiscalizar y eventualmente sancionar administrativamente el incumplimiento del empleador de sus obligaciones de descontar, pagar o declarar las cuotas o dividendos por crédito social en favor de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar C.C.A.F. de las remuneraciones del trabajador deudor, tal como si se tratara de similares obligaciones respecto de cotizaciones previsionales con instituciones de seguridad social.

Establecido lo anterior, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.833, señala que: “Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, en adelante Cajas de Compensación, entidades de previsión social, son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social; se regirán por esta ley, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.” Por su parte, el artículo 22 de la Ley N° 18.833, prescribe: "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas". Lo anterior sin perjuicio que sea el deudor principal el primer obligado al pago del crédito. A su vez, el artículo 58 del Código del Trabajo establece que “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos…”

Así las cosas, no resulta ser un acto arbitrario ni ilegal por parte de mi representada el envío de planillas de cobranza requiriendo el descuento de las cuotas de crédito social adeudadas, sino que, por el contrario, se trata de una actividad absolutamente apegada a derecho que tiene como finalidad la obtención del pago de lo que se le adeuda.

Las Cajas de Compensación tienen el imperativo legal de efectuar todas las gestiones de cobranza que le permite la ley y le ordena su ente fiscalizador, para obtener el recupero del crédito social, para evitar el desmedro del Fondo Social. En este sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Seguridad Social en Dictamen de fecha 3 de septiembre de 2021 al señalar que “a las C.C.A.F. les asiste la obligación de efectuar las acciones necesarias de resguardo del Fondo Social, entre ellas, la de efectuar la cobranza de las cuotas de estos créditos a través del descuento en las remuneraciones de los trabajadores”.

A mayor abundamiento, resulta adecuado tener presente que la Superintendencia de Seguridad Social, ha señalado en diversos dictámenes, que la prescripción de la acción ejecutiva extingue únicamente el medio de apremio que la Ley le confiere al acreedor, dejando vigente la obligación para su cobro a través de la acción ordinaria e incluso aquella subsiste como obligación natural, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 1470 del Código Civil, por lo que una vez cumplida, autoriza a retener lo dado o pagado en razón de ellas. Consecuentemente, y de acuerdo con las reglas generales que rigen esta materia, la prescripción, para que produzca sus efectos, debe ser alegada por el deudor y declarada judicialmente. Mientras esto no suceda, el acreedor puede seguir ejerciendo acciones de cobranza extrajudicial.

Lo expuesto ha sido refrendado por el fallo de la causa Rol 352-2022 de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, caratulado nombre reservado con Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, que indica: Tercero: Que el hecho que la parte recurrida descuente de las remuneraciones del actor parte de ellas para pagar la deuda que éste mantiene con aquella, no puede ser considerado ni ilegal ni arbitrario, desde que el artículo 22 de la Ley N°18.833 autoriza a las Cajas de Compensación a realizar tales descuentos y, en la especie, obedece al hecho cierto que el recurrente recibió una determinada cantidad de dinero de la recurrida a título de mutuo. Cuarto: Que si bien aparece de los antecedentes que se declaró prescrita la acción cambiaria emanada del pagare suscrito por el recurrente, no hay declaración judicial de la prescripción de la acción ordinaria derivada del contrato de mutuo, de modo que no se advierte ilicitud en la conducta de la recurrida. Quinto: Que, en todo caso, la cuestión planteada ante esta Corte excede los márgenes de la acción contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Decisión judicial que fue confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en fallo de causa Rol 19895-2022.

Afirma que la vía jurídica intentada por la recurrente para objetar el accionar de su representada no es la idónea. En efecto, la misma naturaleza cautelar del recurso de protección impide que pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, para el análisis de interpretaciones de normas jurídicas o para dilucidar criterios de aplicación de leyes o de contratos, resultando claramente ajeno un pronunciamiento judicial declarativo a las condiciones procesales en que se desarrolla y decide un recurso de protección, como ha sido resuelto en causa Rol 2.301-1997 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. Así como tampoco cabe establecer por esta vía, derechos permanentes a favor de los recurrentes, como ha resuelto la Excma. Corte Suprema en sentencia de 8 de octubre de 1997 (Gaceta Jurídica N° 208).

En un fallo reciente, la Ilustre Corte de Apelaciones de San Miguel, indicó: Sexto: Que, en sede de protección resulta necesario, previo a dilucidar si se ha afectado o no el libre ejercicio de garantías constitucionales, analizar la legalidad del acto que las habría quebrantado y, en ese sentido, no puede calificarse de ilegal el que se denuncia por el presente recurso, puesto que la norma antes transcrita dispone imperativamente el sistema de descuentos de la remuneración para el pago de las prestaciones de crédito social como la de la especie, involucrando inclusive al empleador, que no puede dejar de practicar esas deducciones. Tampoco puede calificarse de arbitraria tal conducta, puesto que el actor no discute el hecho de haber cesado en el pago de las cuotas, al que se obligó voluntariamente, sino que solamente pretende que la declaración judicial de prescripción de la acción cambiaria que emana del pagaré ha extinguido la deuda, lo que no puede ser dilucidado mediante la acción de protección intentada, puesto que requiere de un pronunciamiento que excede el ámbito cautelar para el cual fue concebida. En efecto, si estima que la deuda misma está prescrita, puede provocar tal declaración en sede judicial ordinaria y, de obtenerla, procurar las acciones de reembolso que estime pertinentes, pero no cabe por esta vía emitir tal declaración;

En efecto, el recurso de protección procede respecto de quien es amenazado, perturbado o privado del legítimo ejercicio de un derecho garantizado taxativamente en la Constitución a causa de un acto u omisión ilegal o arbitrario y a fin de que la Corte de Apelaciones respectiva ordene restablecer el imperio del derecho, adoptando con prontitud las medidas que juzgue necesarias para asegurar de esa manera la debida protección al afectado. En este sentido, el asunto que la recurrente ha propuesto al análisis y resolución de esta Corte, excede los objetivos del recurso de protección de garantías constitucionales, y que debe ser declarado en un procedimiento de lato conocimiento, contradictorio. Resulta evidente que en la especie existe controversia sobre hechos de cuya existencia depende la del derecho conforme al cual se afectarían las garantías constitucionales de la recurrente. En efecto, tanto la existencia o inexistencia de la deuda, la prescripción de la acción de cobro o la forma en que su representada ejerce su facultad legal de cobrar lo que se adeuda, son materias que deben ser resueltas en un proceso de lato conocimiento que excede el propósito y alcance con el que el constituyente ha dotado al recurso de protección.

Cita jurisprudencia.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Copia del pagaré donde consta la obligación que detenta la recurrente; 2.- Copia del Dictamen 144477-2022 de la Superintendencia de Seguridad Social; 3.- Copia del Dictamen 06274-2019 de la Superintendencia de Seguridad Social; 4.- Copia del Dictamen 42792-2018 de la Superintendencia de Seguridad Social; 5.- Listado del plan de pagos original respecto al crédito social que el recurrente adeuda y de la sub-operación informada.

A folio N°9-2023 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que el recurrente acude de protección por cuanto con fecha 28 de abril del año 2010, realizó un Pagaré (Crédito en pesos para trabajadores) con la Caja de Compensación de Asignación Familiar los Héroes, por la suma de $3.102.354.-, pagaderos en 32 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $146.316.- cada una, con vencimiento la primera de ella el 31 de mayo de 2016, en la cual firmó un pagaré cobrado en autos Nº 102991646, las cuales se pagaron constantemente a través de descuentos en su liquidación de sueldo.

Señala que fue llamado a retiro, y notificado de tal hecho, con fecha 20 de junio de 2016, siendo constituido en mora el 30 de septiembre de 2016. Consecuente con ello, la recurrida Caja de Compensación Los Héroes, ejerció acciones tendientes al cobro forzado de las obligaciones, hizo uso de la cláusula de aceleración, exigiendo el pago de todo lo adeudado lo que consta en causa Rol E-1048-2017 del 1º Juzgado Civil de Temuco, exhorto despachado en causa Rol C-19510-2017 del 12º Juzgado Civil de Santiago, interpuesta por la recurrida con fecha 03 de agosto del año 2017.En dicha causa fue notificado de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil el 25 de octubre de 2017, procediéndose el requerimiento de pago el 26 de octubre de 2017, siendo la gestión donde opuso excepciones la última realizada en la causa con fecha 02 de noviembre de 2017, causa que actualmente se encuentra archivada.

El 23 de enero de 2019, la recurrida solicita al Tribunal el desarchivo de la causa, no habiéndose realizado ninguna gestión útil por lo que el Tribunal con fecha 31 de julio de 2019 procede nuevamente a archivar la causa hasta la fecha, ya que se volvió a solicitar por parte de la recurrida el desarchivo, donde el Tribunal no dio ha lugar al requerimiento, por lo que actualmente aún se encuentra archivada la causa. No obstante lo anterior, se percató que en sus boletas de pago de pensión desde el año 2016 a la fecha aún le siguen descontando el pago del crédito, por valores que varían según el año, entre $52.862 a $58.919.- al presente año, donde en ningún momento ha autorizado a su entidad pagadora para que dicha caja de compensación realice esos descuentos.

TERCERO: Que el recurrente estima que lo anterior se torna en ilegal y arbitrario desde el momento en que la recurrida optó por la vía judicial para obtener el cobro de lo adeudado, no siendo posible el descuento que arbitrariamente realiza en la forma que indica en su presentación.

CUARTO: Que la recurrida informa al tenor del recurso, señalando en lo pertinente que “Así las cosas, no resulta ser un acto arbitrario ni ilegal por parte de mi representada el envío de planillas de cobranza requiriendo el descuento de las cuotas de crédito social adeudadas, sino que, por el contrario, se trata de una actividad absolutamente apegada a derecho que tiene como finalidad la obtención del pago de lo que se le adeuda.

Las Cajas de Compensación tienen el imperativo legal de efectuar todas las gestiones de cobranza que le permite la ley y le ordena su ente fiscalizador, para obtener el recupero del crédito social, para evitar el desmedro del Fondo Social. En este sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Seguridad Social en Dictamen de fecha 3 de septiembre de 2021 al señalar que “a las C.C.A.F. les asiste la obligación de efectuar las acciones necesarias de resguardo del Fondo Social, entre ellas, la de efectuar la cobranza de las cuotas de estos créditos a través del descuento en las remuneraciones de los trabajadores”.

QUINTO: Que del tenor de los antecedentes de esta causa se puede desprender que efectivamente respecto de lo adeudado, la recurrida y acreedora efectuó un cobro por la vía ejecutiva y que dicha causa aun se encuentra en tramitación, además no es controvertido por ella el hecho de haber realizado descuentos de la pensión del recurrente en los términos indicados en esta causa.

SEXTO: Que conforme lo anterior corresponde pronunciarse respecto de la acción realizada y de la motivación de la misma, en este sentido considera esta Corte que efectivamente existe una deuda entre el recurrente y la recurrida y que esta ejerce dos vías para obtener el pago de la misma, una vía ejecutiva y el cobro via descuento de la pensión del recurrente. En este sentido consideramos que ello es arbitrario e ilegal, ya que en rigor la acreedora optó por una vía de cobro, esta es la del Juicio Ejecutivo conforme lo indicado en esta causa, la que a la fecha no se encuentra agotada, sino que conforme lo expuesto en estos antecedentes se encuentra vigente, sin que sea razonable de su parte realizar un cobro por la vía ejecutiva y por otra parte realizar un cobro por la vía de los descuentos indicados, más aun el hecho de realizar este tipo de cobro no se condice con la propia declaración de mora del recurrente y su posterior cobro judicial, lo que torna además caprichoso el actuar de la recurrida materia de esta causa, que eventualmente podría obtener un doble pago de lo adeudado.

SEPTIMO: Que establecido el acto ilegal o arbitrario debemos analizar si ello afecta las garantías fundamentales señaladas en el recurso, lo que en la especie es efectivo, en este caso habiéndose realizado una acción arbitraria de parte de la recurrida, efectivamente existe un nexo causal entre ellas y la afectación indicada, debiendo por ello esta Corte tomar las medidas correctivas que el derecho procedan. Motivo por el cual el recurso será acogido en la forma que se dirá en lo resolutivo de eta sentencia.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE ACOGE, sin costas el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES, ordenándose a esta:

I.- Cesar en el cobro por la vía de descuentos de toda suma de dinero de propiedad del recurrente.

II.- Proceder la recurrida a la devolución de lo pagado por la vía de descuentos de parte del recurrente a contar de noviembre de 2016.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-52131-2022.(jog)