nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Temuco Temuco, nueve de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, cédula de identidad N° RUT reservado, actuando en representación de don nombre reservado, Ingeniero Industrial, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por don nombre reservado, Presidente de AFP Modelo, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, solicitando se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Refiere que don nombre reservado solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, mediante el portal web habilitado al efecto, la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo determinadas condiciones, indicando que el recurrente efectúa la solicitud de retiro de fondos a través de la plataforma dispuesta para ello, acompañando toda la documentación requerida y dando íntegro cumplimiento a las exigencias establecidas por la administradora, señalando que posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 6 de febrero de 2026, AFP Modelo informa el rechazo de la solicitud, señalando expresamente: “Te informamos que tu solicitud de Técnico Extranjero ingresada con folio N° 1437 y fecha 05/02/2026, ha sido rechazada por los siguientes motivos: • Otro - Documento, no válido para solicitud.”

Sostiene que al respecto se debe considerar lo dispuesto en la Ley N° 18.156, particularmente en sus artículos 1° y 7°, indicando que el artículo 1° establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y dicho personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes previsionales chilenas, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exprese en su contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación y por su parte, el artículo 7° dispone que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1° de la ley.

Expone que, en cumplimiento de tales exigencias, el recurrente acompaña: 1.-Título de Ingeniero Industrial debidamente apostillado. 2.-Contrato de trabajo, anexo laboral y cláusula expresa mediante la cual manifiesta encontrarse afiliado a un sistema de previsión o seguridad social extranjero y mantener dicha afiliación. 3.-Certificado de cotizaciones emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acreditando su cobertura previsional, de manera que se encuentra acreditado que el recurrente cumple íntegramente los requisitos previstos en la Ley N° 18.156, por lo que resulta procedente la devolución de sus fondos previsionales, no obstante ello, AFP Modelo obstaculiza injustificadamente el procedimiento, efectuando una interpretación excesivamente formalista de la normativa, apartándose de la finalidad perseguida por el legislador, consistente en permitir a los trabajadores extranjeros disponer de los fondos previsionales acumulados cuando cumplen los requisitos legales.

Argumenta que los documentos acompañados poseen plena validez jurídica y resultan suficientes para acreditar el cumplimiento de las exigencias legales, añadiendo que la conducta desplegada por la recurrida vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, al imponer requisitos no contemplados por la ley y rechazar la solicitud mediante una motivación insuficiente, limitándose a indicar que un documento no sería válido sin precisar cuál de ellos ni las razones jurídicas que justificarían tal conclusión.

Manifiesta que la Excma. Corte Suprema ha sostenido que la ilegalidad consiste en actuar fuera del marco normativo aplicable, mientras que la arbitrariedad corresponde a una actuación caprichosa, inmotivada o carente de fundamento racional y que en este caso, la recurrida incurre en una actuación ilegal y arbitraria al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales pese al cumplimiento de todos los requisitos legales, señalando que, en primer término, se vulnera la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que AFP Modelo otorga al recurrente un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y acompañando antecedentes equivalentes, obtienen una respuesta favorable, señalando que la recurrida exige formalidades adicionales no contempladas en la Ley N° 18.156, en la Ley N° 18.726 ni en la Circular N° 553 que regula la materia, interrumpiendo arbitrariamente el procedimiento de devolución de fondos previsionales, añadiendo que también se vulnera el derecho de propiedad garantizado por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual constituyen bienes incorporales respecto de los cuales el recurrente ostenta dominio y facultades de disposición.

Cita fallo por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, en sentencia Rol N° 247.104-2023, de fecha 27 de julio de 2023, que resolvió que los documentos acompañados por el solicitante constituían prueba suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, concluyendo que la negativa de la AFP a devolver los fondos previsionales resultaba ilegal y vulneraba el derecho de propiedad del recurrente, fallo pronunciado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia Rol N° 325-2024, de fecha 3 de abril de 2024, determinó que el rechazo de la solicitud constituía una hipótesis creada por la administradora y no contemplada por el legislador, vulnerando con ello la garantía de igualdad ante la ley y fallo dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, en causa Rol Protección N° 12.525-2024, sostuvo que una interpretación restrictiva y formalista de la Ley N° 18.156 desatiende la finalidad de la norma y provoca una retención injustificada de los fondos previsionales de los trabajadores extranjeros, estimando que la actuación de AFP Modelo evidencia una práctica que restringe injustificadamente el ejercicio de derechos constitucionales y que debe ser corregida mediante el presente recurso.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjero, impidiendo la restitución de los fondos acumulados por el recurrente, que se declare la validez de la documentación acompañada, ordenando a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho respecto de la solicitud presentada, dentro del plazo de cinco días o dentro del término que esta Corte estime pertinente, adoptando además todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales vulneradas.

Acompaña a su recurso: 1.-Comunicación de rechazo de retiro de fondos. 2.-Cédula de identidad para extranjeros. 3.-Contrato de trabajo y anexo. 4.-Título profesional. 5.-Certificado de cotizaciones emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y declaración jurada correspondiente. 5.-Certificado de aprobación de retiro de fondos emitido por AFP Cuprum respecto de un caso sustentado en los mismos requisitos.

A folio 5, comparece el abogado Rodrigo Montero Atria, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien evacúa el informe requerido, señalando que la constancia electrónica de cotizaciones y la declaración jurada acompañadas por el recurrente no cumplen las exigencias contenidas en la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, indicando que debido a que el recurrente no acompaña la documentación requerida, AFP Modelo no ingresa la solicitud de devolución de fondos, lo que se fundamenta en el Libro II, Título XI, número 2 letra b) del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exige que la documentación pertinente sea presentada debidamente legalizada, señalando expresamente que, en caso contrario, la Administradora no puede dar curso a la solicitud.

Expone que la denominada “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no cumple los requisitos exigidos por la normativa vigente, por cuanto no constituye un certificado de afiliación, no señala las coberturas específicas del afiliado, sólo menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, no se encuentra firmada por quien la emite, no se encuentra legalizada ni apostillada, indicando que AFP Modelo no obstaculiza el procedimiento ni realiza una interpretación arbitraria de la normativa, sino que actúa conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, estimando que la Administradora actúa en estricto cumplimiento de la Ley N° 18.156, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de la jurisprudencia administrativa vigente.

En cuanto al Derecho, expone que el artículo 7° de la Ley N° 18.156 permite solicitar la devolución de fondos previsionales únicamente cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1° de la misma ley, destacando especialmente el requisito contemplado en la letra a) del artículo 1°, consistente en que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Añade que el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones exige que dicho requisito sea acreditado mediante certificación emitida por la institución de seguridad social correspondiente y debidamente legalizada, indicando que la Ley N° 18.156 constituye un régimen excepcional cuyos requisitos son copulativos, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, particularmente la causa Rol Civil N° 28.299-2025, señalando que AFP Modelo se encuentra sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, organismo facultado para interpretar obligatoriamente la normativa previsional.

Invoca, entre otros, los siguientes pronunciamientos administrativos: Oficio Ordinario N° 3141, de 20 de febrero de 2024, Oficio N° 21.480, de 20 de septiembre de 2017, Oficio N° 12.954, de 17 de julio de 2025, señalando que conforme a dichos pronunciamientos, debe acreditarse específicamente la cobertura efectiva del trabajador respecto de enfermedad, invalidez, sobrevivencia y vejez, que no basta una certificación genérica del sistema previsional extranjero, añadiendo que las certificaciones electrónicas venezolanas sin firma ni apostilla carecen de valor suficiente y que las declaraciones juradas del propio afiliado tampoco constituyen medios idóneos para acreditar el requisito legal.

Agrega que tales exigencias son concordantes con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil relativos a la legalización y apostilla de documentos otorgados en el extranjero, citando diversa jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago, Valparaíso y Concepción, confirmadas por la Excma. Corte Suprema, que han rechazado recursos de protección en casos similares por falta de legalización o apostilla de los documentos extranjeros acompañados, estimando que el recurrente no cumple los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156 ni en la normativa administrativa aplicable.

Añade que la Superintendencia de Pensiones es el organismo legalmente facultado para interpretar administrativamente la normativa previsional y que AFP Modelo se encuentra obligada a observar sus instrucciones, bajo apercibimiento de sanciones, afirmando que no existe acto ilegal ni arbitrario alguno, pues la actuación de AFP Modelo se ajusta plenamente a la legislación vigente y a las instrucciones de la autoridad fiscalizadora, por lo que no se configura vulneración de las garantías constitucionales invocadas, solicitando finalmente que se tenga por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar el recurso de protección con expresa condena en costas.

Acompaña al informe los siguientes documentos: 1.-Copia de escritura pública de fecha 16 de marzo de 2023, Repertorio N° 11.304-2023, de la Notaría de doña nombre reservado, donde consta la estructura de poderes de AFP Modelo. 2.-Documentos relativos a la solicitud de devolución de fondos regulada por la Ley N° 18.156.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que el acto impugnado consiste en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente en calidad de técnico extranjero, conforme a la Ley N° 18.156.

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados aparece que AFP Modelo fundó su decisión en el incumplimiento de las exigencias documentales establecidas en la normativa administrativa que regula la materia, particularmente aquellas relativas a la acreditación de afiliación y cobertura previsional extranjera mediante documentación emitida por la institución competente y debidamente legalizada o apostillada.

En efecto, la recurrida ha sostenido que la denominada constancia electrónica de cotizaciones acompañada por el actor no constituye un certificado de afiliación, no contiene información suficiente respecto de las coberturas exigidas por la ley, carece de firma de la entidad emisora y no se encuentra legalizada ni apostillada, circunstancias que impiden tener por acreditados los presupuestos necesarios para acceder al beneficio solicitado.

Quinto: Que, sobre el particular, se debe señalar que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional que permite a trabajadores técnicos extranjeros eximirse del sistema previsional chileno, y solicitar la devolución de fondos, siempre que acrediten, copulativamente, los requisitos previstos en su artículo 1°, entre ellos, encontrarse afiliados a un sistema de seguridad social extranjero que les otorgue cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile, requisitos que deben ser interpretados de manera estricta por tratarse de una norma de excepción.

De esta forma el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requisitos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado. En el mismo sentido ha sido fallado por la Excma. Corte Suprema de justicia en reciente fallo, en causa Rol N° 33946-2025, donde ha reconocido precisamente las facultades legales de la recurrida para negar la reclamación de la recurrente.

Séptimo: Que, asimismo, la necesidad de que los documentos otorgados en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para producir efectos en Chile se encuentra reconocida en el ordenamiento jurídico nacional, particularmente en las normas generales sobre valor probatorio de instrumentos públicos extranjeros, por lo que no puede estimarse que la recurrida haya incorporado exigencias ajenas a la ley.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha impartido instrucciones de carácter general y obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, en las cuales ha precisado el alcance de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, exigiendo que la acreditación de la cobertura previsional extranjera sea expresa, completa y respaldada mediante documentación debidamente legalizada o apostillada, por lo que dichas instrucciones, emanadas del organismo técnico competente, resultan vinculantes para la recurrida, la cual no puede apartarse de ellas sin incurrir en infracción a la normativa que regula su actuar, por lo que la exigencia de documentación apostillada o legalizada no constituye una creación arbitraria, sino la aplicación de criterios administrativos obligatorios.

Noveno: Que, en consecuencia, no se advierte en la especie una actuación caprichosa, infundada o desprovista de sustento normativo que permita calificar el proceder de la recurrida como arbitrario, ni tampoco una infracción manifiesta al ordenamiento jurídico que permita estimar configurada la ilegalidad denunciada, de manera que en estas condiciones el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: Que SE RECHAZA, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de AFP MODELO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la ministra María Georgina Gutiérrez Aravena.

N° Protección-519-2026.(csd)