nombre reservado con MINISTERIO DE EDUCACIÓN

C.A. de Temuco Temuco, uno de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, interponiendo Acción de Protección de garantías constitucionales en favor de nombre reservado, ciudadana chilena, médico, soltera; en contra de la MINISTRA DE SALUD, la UNIVERSIDAD DE CHILE, la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, por las acciones arbitrarias e ilegales que han impedido el Principio de Igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitucionalismo Política, afectando además otros derechos como la libertad para desarrollar cualquier actividad económica, el derecho a no ser discriminado en el trato del Estado en materia económica y su derecho a la propiedad.

Expone como hechos fundantes, los siguientes:

1. Que nombre reservado obtuvo su título de médico cirujano hace más de 38 años, en la Universidad los Pueblos de Moscú, en fecha 27 de junio de 1975.

Además, se especializó en traumatología y ortopedia en 1980, en la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, Unión Soviética. (Adjunto como documentos #1 y #2).

2. nombre reservado llegó a Chile a finales de 2008 desde Colombia, prácticamente huyendo pues sufrió amenaza de secuestro por negarse a viajar a las montañas de ese país (zona roja) a atender y formular aparatos ortopédicos a pacientes integrantes de movimientos ilegales alzados en armas, cuyos miembros inferiores fueron amputados a causa de las minas antipersonales; desde entonces he estado intentando validar mi título.

3. Durante más de dos años en las oficinas de EUNACOM, a nombre reservado le tramitaron con requerimientos absurdos y rebuscados, solo para tener derecho a inscribirse y presentar los exámenes exigidos.

4. Primero, su diploma fue cuestionado con el argumento de que no era legal (pues venía de Rusia) por tal motivo solicitaron la traducción oficial del documento. No valió su explicación e que originalmente mi diploma está en ruso y en español y que ya había sido legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el consulado de Rusia el 4 de marzo de 2004. Acudió en repetidas oportunidades al Ministerio de Relaciones Exteriores donde le comunicaron que no existía traductor oficial de lengua Rusa.

5. Desconocieron también el sello que la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) estampó en su diploma, privilegio cedido por esta entidad como estímulo, por haber aprobado los exámenes estatales con excelente promedio. Las autoridades de entonces me hicieron saber que podía ejercer en cualquier rincón del mundo sin cuestionamientos, sin saber ellos lo que le esperaba en su propia patria, en donde le ha sido mucho más difícil y costoso que en Colombia, país en donde era extranjera.

6. Sin embargo, en las oficinas del EUNACOM le solicitaron a nombre reservado algo insólito; tener que traducir el sello estampado del diploma en el consulado de Rusia en Chile; el señor nombre reservado la atendió y le comunicó que los sellos del consulado no deben ser traducidos porque se violaría una ley del Derecho Internacional.

7. Después de que nombre reservado fuera a esa oficina en repetidas ocasiones, le entregaron por escrito que “no se expondrían a una demanda por violar esta ley”.

Ante esta situación nombre reservado estuvo varias veces en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde siempre la respuesta fue que “no hay traductor oficial” por eso la misma nombre reservado se ofreció para traducirlo pero obtuvo un NO como respuesta.

Además se sumó la exigencia del timbre y sello del diploma por parte de la embajada Chilena en Rusia, ya que cuando obtuvo el título eso era imposible porque a raíz del golpe de estado en Chile hubo ruptura de las relaciones diplomáticas con la entonces Unión Soviética.

La única posibilidad para nombre reservado era enviar su diploma a Rusia para estampar el sello.

8. Después de tantos problemas, a fines de 2011 le avisaron que podía inscribirse incluso le dieron 3 días de plazo para hacerlo, hasta el 3 de noviembre, pues el plazo había caducado el 31 de octubre, ellos le avisaron muy tarde para que nombre reservado no alcanzara a inscribirse.

9. La primera vez que giró cheque a EUNACOM le devolvieron el dinero, aceptaron su inscripción pero después se la negaron y ocurrieron las situaciones anteriormente descritas.

10. En el año 2012 presentó los cuatro exámenes prácticos y solo aprobé el último, que fue medicina, presentado ante, la Universidad de Chile, los tres restantes presentados ante Universidad Católica fueron reprobados. El teórico de diciembre de 2012 sí fue aprobado.

No existe información alguna para que los revalidantes conozcan la justificación de sus resultados, en qué pregunta fallaron.

11. En la Universidad Católica se están utilizando métodos en experimentación, mal diseñados, y el tiempo que dan es insuficiente. Por ejemplo, en ginecología dan 5 minutos para cada caso clínico, y en este tiempo nombre reservado solo alcanzó a leer los casos, mas no contestar, pues sonaba un timbre estridente que podía romper el tímpano a cualquiera, y había que correr de un lado a otro sin pérdida de tiempo.

Otros exámenes muy extraños, aquellos que a través de un vidrio polarizado observan a los revalidantes sin que éstos pudiesen ver a los examinadores.

A sus 67 años nombre reservado no podía creerlo y sus manos temblaban a tal punto de no poder ni siquiera escribir. Ella no tenía la destreza, rapidez, astucia y dominio de la tecnología que sí poseen los jóvenes recién egresados para los cuales está diseñado el examen.

Como si esto fuera poco, la presentación de estos tres exámenes que le faltaban, los solicitó específicamente para los meses de mayo, junio y julio para no perder la vigencia del examen aprobado en la etapa anterior (medicina interna) cuyo plazo vencía el 11 de septiembre del presente año. Pero la Universidad con el argumento de que no tienen cupos los asignaron para julio, septiembre y octubre de este año así que aunque los hubiese aprobado, tendría que volverse a inscribir, pues los prácticos sólo tiene validez por un año y medicina interna vencía el 11 de septiembre del presente.

12. Nunca se tuvo en cuenta que nombre reservado es una persona de la tercera edad y que ha ejercido su profesión por más de TREINTA AÑOS en Colombia y más de cuatro años en Chile en entidades prestigiosas como la Dirección Comunal de Salud de Freire, la Dirección Comunal de Salud de Padre las Casas y en la Dirección Comunal de Salud de Talca, donde trabaja actualmente, en una Posta Rural para no infringir la ley, pues el artículo 112 del Código Sanitario nos lo permite. Considerando que no he tenido jamás llamadas de atención por negligencia médica, mal ejercicio profesional, ni por falta de conocimiento, y a que jamás he estado involucrada en conflicto legal o penal.

13. nombre reservado ama su profesión, es lo único que sabe hacer y lo que ha hecho toda su vida.

14. En resumen, que tanto el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, la Universidad de Chile y la Universidad Católica han realizado acciones ilegales y arbitrarias contra nombre reservado, ya que todas las anteriormente mencionadas podían validar su título por otros métodos, como ocurre con otras profesiones como las de Ingeniería, Economía, Enfermería, Educación y Odontología.

Los recurridos tampoco han querido aplicar a nombre reservado el Tratado que sí se aplicó a otros chilenos que obtuvieron sus títulos en el extranjero, a raíz del Golpe de Estado, donde muchas familias tuvieron que exiliarse, y tal como ocurrió en el caso de nombre reservado no les quedó de otra que estudiar fuera de Chile.

Señala como fundamentos de derecho que:

1. Según el artículo 112 del Código Sanitario, nombre reservado debería estar trabajando, sin embargo la Superintendencia de Salud le ha bloqueado el permiso como prestadores de servicios de salud debido a que no ha aprobado el Eunacom.

En su desempeño profesional nombre reservado nunca ha tenido un llamado de atención, por falta a la ética profesional, por negligencia, por falta de conocimientos por deshumanización o por mala praxis, por el contrario siempre ha tenido el aprecio y reconocimiento de sus pacientes y felicitaciones por parte de sus jefes.

nombre reservado es chilena por nacimiento y se le niega el derecho a trabajar en su propio país, deteriorando así tanto su situación física como económica y lo que es peor su salud mental.

nombre reservado se siente discriminada en muchos aspectos.

2. El Eunacom nunca le dejó ver sus exámenes, para ver así, en que fallé. nombre reservado es una convencida de que estos exámenes no valoran conocimientos médicos, son manipulados.

3. Hubo una ley de retorno por la cual nombre reservado podría haber vuelto a su país sin tener que someterme a todo lo que ha padecido, pero a ella no se le dio la misma oportunidad que al resto de profesionales que estudiaron en Rusia y otros países.

Así que puede concluirse que la “Ley de Retorno” se le negó a nombre reservado en el sentido que no se informó o divulgó a todos los chilenos exiliados e impedidos de volver a Chile por el Golpe de Estado.

Actualmente nombre reservado tiene ya 78 años de edad, con ella no se ha tenido consideración alguna, no se ha valorado su sabiduría y se ha violado el Principio de Igualdad, al no aplicársele la Ley de Retorno, su oportunidad de regresar dignamente a su país y poder ejercer su profesión sin limitación alguna.

También se han violado los siguientes derechos amparados en la Constitución de la República: libertad para desarrollar cualquier actividad económica, derecho a no ser discriminado en el trato del Estado en materia económica y su derecho a la propiedad.

nombre reservado ha sufrido daños a su integridad psíquica y física, lo cual es normal en una persona que se ve ante estos obstáculos y actuaciones arbitrarias.

4. El Ministerio de Relaciones de Exteriores también tiene algo que decir respecto al hecho de que los profesionales que se hayan graduado en Rusia no pueden traducir su documentación en Chile.

5. Si durante 10 años se le ha privado a nombre reservado el derecho al trabajo, lo mínimo que ha dejado de devengar en estos 10 años son: 360 millones de pesos y esta suma se justifica dado el hecho de que su nivel o categoría cada 2 años aumentaba en 400 mil pesos y nombre reservado ingresó con nivel 15 luego terminó con nivel 13 en mi último trabajo y eso sin contar el año que trabajó en Chol-Chol.

La humillación, el daño moral que le han causado ha bajado su autoestima por el suelo a tal punto, que lo único que le ha faltado es salir a vender su libro y pedir limosna en los buses.

El daño que le han causado a la vida de nombre reservado desde el punto de vista afectivo, mental y moral tiene un valor muy alto.

Conforme a ello, solicita tener por interpuesto Recurso de Protección contra la Ministra de Salud, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad de Chile y el Ministerio de Educación; acogerlo a tramitación ordenando a los recurridos revalidar el título de doctora obtenido por nombre reservado en Rusia, aplicándole los mismos beneficios otorgados al resto de los revalidantes respecto a la “Ley Retorno”; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompañó a su presentación, los siguientes documentos:

1. Diploma de Doctora.

2. Diploma de Especialista.

A folio 9, informa la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SALUD, alegando en primer término, la extemporaneidad del recurso, por cuanto en su recurso de 23 de enero de 2025, la recurrente no identifica ningún acto u omisión específico, que sea arbitrario y/o ilegal, que se le impute a este Órgano, sino que únicamente, al comienzo del capítulo "Fundamentos de Derecho", se menciona de manera genérica y vaga que, de conformidad al artículo 112 del Código Sanitario, la afectada "debería estar trabajando, sin embargo la Superintendencia de Salud le ha bloqueado el permiso como prestadores de servicios de salud debido a que no ha aprobado el Eunacom" (sic).

De esa forma, puede advertir claramente S.S. Iltma. que no hay señalamiento de ninguna fecha concreta de la supuesta actuación u omisión caprichosa o contraria a la normativa, además de que el hecho imputado en su recurso no es exacto ni corresponde a las facultades legales que ostenta esta repartición pública, por cuanto la Superintendencia de Salud no otorga "permisos" ni autorizaciones para el ejercicio de las profesiones de la salud en Chile, así como tampoco tiene ninguna injerencia en la rendición del Eunacom, sino que sólo mantiene disponible y actualizado un Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud que cumple una función de publicidad hacia terceros, pero no es un requisito habilitante para desarrollar ninguna actividad ligada con la medicina, tal como se explicará en los capítulos posteriores.

A continuación, en subsidio alega la falta de legitimación pasiva ya que, la Superintendencia de Salud no tiene competencia para conocer, resolver ni acceder al petitorio de la recurrente, por cuanto lo requerido por ésta es que se proceda a la revalidación de su título de médico/a en Chile, atendido que fue otorgado en Rusia, con el fin de poder ejercer legalmente dicha profesión en el país, no obstante, recurre en contra de esta Superintendencia quien, a través de su Intendencia de Prestadores de Salud, y de acuerdo con el artículo 121 N06 del DFL Nºl, del Ministerio de Salud, de 2005, sólo tiene facultades para mantener registros nacionales y regionales actualizados de los prestadores individuales de salud, de sus especialidades y subespecialidades, así como las entidades certificadoras, e inscribirlos en tales bases de datos para efectos de publicidad, de acuerdo con las normas complementarias del "Reglamento sobre los Registros relativos a los Prestadores I individuales de Salud" (aprobado por D.S Nº 16, de 2007, del Ministerio de Salud), por tanto, el objeto perseguido mediante el presente recurso de protección resulta ajeno a las labores y atribuciones que ostenta este Órgano.

Indica que, resulta patente que la habilitación legal para el ejercicio de la medicina en Chile lo otorga el título profesional otorgado por alguna universidad reconocida por el Estado, agregando que, para aquellos casos en que ese título se obtuvo en otro país, compete exclusivamente a la Universidad de Chile determinar la equivalencia entre títulos obtenidos en el extranjero. es decir. el proceso de revalidación, en uso de sus facultades privativas y excluyentes, contenidas en el DFL Nº3, de 2006, del Ministerio de Educación (Dictámenes N°76607, de 2013 y Nº5331, de 2018, entre otros, de la Contraloría General de la República).

Expresa que, el fondo de lo solicitado por la actora, no tiene relación alguna con las facultades legales que tiene este Organismo, dado que aquellas quedaron radicadas en otros entes estatales por el mismo ordenamiento jurídico, por tanto, esta Superintendencia no puede realizar acción alguna que cambie su situación actual, resultando claro la falta de legitimación pasiva de la presente acción de protección respecto a este Órgano Fiscalizador.

En subsidio de la excepciones anteriores, evacua el informe ordenado, manifestando que, el rol de la Superintendencia de Salud en esta materia se limita a corroborar que los prestadores que solicitan su inscripción en el registro se encuentren previamente en posesión del título respectivo y que correspondan sólo a aquellos enumerados en el artículo 8º antes transcrito. Esta habilitación o reconocimiento, por su parte, debe ser entregada por el organismo competente al efecto, como señala el artículo 11, Nº7 del reglamento.

Precisa que, dentro de las atribuciones de este Organismo, no se encuentra la de reconocer ni revalidar títulos obtenidos en el extranjero, la que sólo le compete a la Universidad de Chile, sin perjuicio de que, mediante la aprobación del Eunacom, el título profesional obtenido en el extranjero se revalida automáticamente.

Reitera que nunca, desde la creación del Registro de Prestadores Individuales, la incorporación al mismo ha sido requisito habilitante para el ejercicio de la profesión ni, tampoco. una condición para la contratación de sus servicios profesionales.

Comenta que, de acuerdo a lo expuesto, y siguiendo la argumentación desarrollada, un profesional que no esté inscrito en el registro, pero que esté habilitado para el ejercicio de su profesión conforme a lo señalado, no está impedido de manera alguna para trabajar en el área pública o privada de salud, siéndole exigible tal inscripción sólo para efectos de otorgar las prestaciones garantizadas que contempla el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), conforme a lo establecido en el artículo 24 inciso final de la Ley Nºl9.966.

Agrega que, la aprobación del Eunacom es otra alternativa para que los médicos/as que obtuvieron su título profesional en el extranjero, puedan revalidarlo sin tener que cumplir ninguna otra exigencia.

Señala que, no obstante, la propia actora reconoce en su escrito que no ha aprobado el Eunacom y, además, dentro de sus disconformidades, manifestó las diferentes dificultades que ha tenido para aprobarlo.

Comenta que, de cualquier manera, lo que se puede colegir es que la recurrente no ha revalidado su título en el extranjero por esta vía y, por otro lado, la Superintendencia de Salud no tiene ninguna injerencia ni competencia en este asunto.

Aclara que, actualmente, y de acuerdo a los registros de esta Superintendencia, la Sra. nombre reservado no aparece inscrita en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud con el título de médico/a, ni con ningún otro del área de la salud.

Indica que, conforme a los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en el presente informe, no cabe sino rechazar el presente recurso de protección, puesto que no existe ningún acto u omisión ilegal o arbitrario que implique alguna privación, perturbación o amenaza a alguna garantía constitucional de la recurrente que se le pueda reprochar a este Organismo, atendido que las imputaciones efectuadas no se condicen con la realidad ni tampoco con las facultades ni el ámbito de sus competencias, sino que, por el contrario, sólo ha realizado lo que le está permitido por el ordenamiento jurídico, es decir, el registro o no del título de médico/a de la profesional para efectos de publicidad hacia terceros, cuestión que no fue rebatida por la actora, además de ser una facultad secundaria a lo que realicen otros organismos públicos en la materia.

Refiere que, el representante de la recurrente señala textualmente que el objetivo del presente recurso es lograr que esa Iltma. Corte ordene la revalidación del título de médico/a de la Sra. nombre reservado obtenido en Rusia, aplicándole los mismos beneficios otorgados al resto de los revalidantes respecto a la "Ley Retorno". Es decir, lo que pretende es que, mediante esta vía de acción cautelar, de emergencia, sumaria, se proceda a realizar una declaración de fondo sobre el mérito y/o equivalencia de un título profesional en favor de la recurrente, cuestión que claramente excede el objeto y naturaleza del recurso de protección, y de paso, desconoce las expresas facultades que otorgó el ordenamiento jurídico a la Universidad de Chile para estos fines.

A folio 12 informa la recurrida MINISTERIO DE SALUD, señalando, en síntesis, que existen diversas formas para obtener la revalidación del título de médico, obtenido en el extranjero, explicando en extenso dichos mecanismos, distinguiendo si este se obtuvo en países con los cuales Chile tiene un tratado sobre la materia o no.

Expresa a continuación que, en el caso de la presente acción constitucional, no se cumplen los requisitos de la acción de protección, sobre todo en lo que dice relación con la conducta del Ministerio de Salud, la afectación de los derechos y la relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico que se atribuye y el agravio a la garantía constitucional reclamada por el recurrente.

Agrega que, no existe ninguna afectación de alguna garantía constitucional. Así expresa a) Sobre la supuesta vulneración de la garantía de la igualdad ante la ley (Artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República) que, tal como se señaló anteriormente, el ejercicio de la profesión médica en Chile se encuentra normado, estableciéndose que sólo pueden desarrollar actividades propias de la medicina u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, quienes posean el título respectivo otorgado por la Universidad de Chile u otra universidad reconocida por el Estado y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones. Se trata, por tanto, de una exigencia general cuyo alcance es de carácter nacional y regula la totalidad de las situaciones que la realidad presenta en esta materia, sin distinciones. Dicho lo anterior, queda de manifiesto que la discriminación arbitraria alegada en este punto carece de fundamento.

Por otro lado, el legislador ha previsto un procedimiento específico para la revalidación de títulos médicos otorgados en el extranjero, sujeto a la normativa del Ministerio de Salud, el cual se exige por igual a todos los médicos que se encuentren en las mismas condiciones. En este sentido, no es posible apreciar la discriminación alegada, ya que la normativa establece criterios claros y objetivos que se aplican a todos por igual.

b) Sobre la supuesta vulneración del derecho a desarrollar una actividad económica (Artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República)

Es preciso señalar que el derecho a desarrollar cualquier actividad económica otorga a toda persona, ya sea natural o jurídica, la facultad de iniciar y mantener actividades lucrativas, siempre que estas no sean ilícitas y se ajusten a las normas legales pertinentes. Además, implica la obligación del Estado de proteger la igualdad de oportunidades y de participación en la vida económica nacional.

No obstante, el mismo marco constitucional establece excepciones que pueden justificarse por ley, lo cual es aplicable en este caso. En este entendido, el legislador limita el ejercicio de la profesión médica al cumplimiento del marco normativo que regula esta materia, lo cual se ajusta plenamente a derecho, sin que se configure la afectación a la garantía constitucional invocada.

c) Sobre la supuesta vulneración del derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica (artículo 19 N°22 de la Constitución Política de la República).

No se afecta esta garantía constitucional por cuanto la normativa vigente establece exigencias generales cuyo alcance es de carácter nacional y regula la totalidad de las situaciones que la realidad presenta en esta materia. Los criterios son de carácter objetivo y son aplicables a todos aquellos médicos cirujanos que hayan obtenido su título en el extranjero, sin que ello implique una carga diferenciada o arbitraria. Así, no puede considerarse que exista una discriminación arbitraria en perjuicio de la recurrente, toda vez que no es factible obviar los procedimientos y aplicar excepciones no contempladas en la norma.

d) Sobre la supuesta vulneración del derecho a la propiedad (Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República). El derecho a la propiedad en Chile se vulnera cuando se priva a alguien de su propiedad sin causa de utilidad pública debidamente probada, pero lo cierto es que la recurrente no señala de qué manera se configuraría una afectación clara, directa y verificable a esta garantía en particular.

En este contexto, es importante subrayar que el Recurso de Protección está diseñado específicamente para proteger a las personas de actos u omisiones de autoridades que vulneren de manera clara, evidente y actual un derecho fundamental. Este mecanismo tiene como propósito garantizar la defensa inmediata de los derechos fundamentales de los individuos cuando se encuentran ante una afectación concreta y verificable en el presente. Por lo tanto, para que sea procedente la interposición de este recurso, la vulneración debe ser real y estar ocurriendo en el momento en que se presenta la demanda, lo cual no ocurre en el caso de marras.

Así, solicita el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

A folio 22, informa el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES indicando en síntesis que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N°21.080, que corresponde a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores prestar el servicio de traducción y de interpretación cuando sea requerido por la Presidencia de la República, por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por sus servicios dependientes.

Agrega que, en el caso en comento y dado que no existe convenio bilateral con la entonces Unión Soviética, el reconocimiento del título de la recurrente debe someterse a las reglas generales, esto es, a través de la Universidad de Chile.

A folio 31, acompaña informe el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, expresando en primer término sobre la extemporaneidad del recurso que, en el caso de marras, de manera absolutamente caprichosa se menciona en dos oportunidades al Ministerio de Educación: en la primera página, al efectuar el listado de servicios en contra de los cuales se interpone y en la última página, específicamente en la petición que formula a S.S. Iltma. en orden a acoger el recurso. En otras palabras, a lo largo del relato de los hechos que supuestamente vulneran garantías constitucionales, no se identifica ningún acto u omisión en concreto que haya realizado el Ministerio de Educación. Por lo mismo, no es posible identificar si la acción de protección fue interpuesta dentro del plazo de 30 días corridos.

Indica que, resulta necesario el rechazo de la acción incoada, ya que, conforme a lo reseñado en el acápite 2, el Ministerio de Educación, como excepción a la regla general sobre la materia, ejecuta cuatro acuerdos de reconocimiento de títulos, correspondientes a países distintos a aquel en el cual habría obtenido su título, configurándose una evidente falta de legitimación pasiva al escapar la materia de la órbita de competencias de este Ministerio.

Expone que, considerando la especial naturaleza cautelar de la acción de protección y los argumentos expuestos en el libelo, mediante el ejercicio de la presente acción la recurrente solo persigue, como medida de protección que se dicte un acto administrativo, el cual no afecta sus garantías constitucionales, y que excede con creces su naturaleza cautelar, en cuanto la alegada demora respecto a la tramitación de su solicitud, la cual ya fue resuelta y notificada conforme a lo explicado previamente, obedece a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas.

Manifiesta que, la recurrente a través de su pretensión no busca la cautela de garantías concretas vulneradas, toda vez que es evidente que no existen derechos indubitados que merezcan el amparo de la presente acción cautelar, por cuanto nuestro marco regulatorio establece mecanismos de reconocimiento o revalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras. Incluso, respecto de los médicos cirujanos existen diversas vías para que puedan ejercer su profesión con un título otorgado en el extranjero. En otras palabras, utilizar esta vía obtener la revalidación del título de la recurrente escapa absolutamente de la naturaleza de la acción de protección.

Finalmente, precisa que, de acuerdo con los antecedentes recabados por la Unidad de Reconocimiento de Títulos de la Subsecretaría de Educación Superior, doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, no ha presentado solicitud alguna en el marco de alguno de los acuerdos internacionales sobre reconocimiento de títulos cuya aplicación corresponde a esta Cartera de Estado.

A folio 36 informa la UNIVERSIDAD DE CHILE interponiendo en lo principal, la excepción de cosa juzgada, por cuanto el recurrente ya ejerció una acción por los mismos hechos que motivan estos autos ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En tal causa, el actor de marras se desistió de su pretensión lo cual fue admitido por la Corte dictándose una sentencia definitiva conforme a ello.

Expone que, en rol ingreso 518-2025 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 19 de enero de 2025 don nombre reservado dedujo recurso de protección en favor de doña nombre reservado, por los mismos hechos expuestos en el presente recurso.

Aclara que, con fecha 21 de marzo de 2025 el recurrente de autos presentó un escrito desistiéndose de su acción constitucional, lo cual fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago mediante la resolución de fecha 28 de marzo de 2025.

En subsidio de la excepción opuesta, evacua informe expresando que, habiendo solicitado información sobre el presente caso a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, así como a la Oficina de Revalidación, Reconocimiento y Convalidación de Títulos y Grados Académicos obtenidos en el Extranjero, ambas instancias han señalado no tener registros de la recurrente en procedimientos antiguos o actuales.

Refiere que, habiendo doña nombre reservado reprobado el EUNACOM, según el mismo recurrente reconoce, no cabe a su representada entregarle certificado alguno, por tanto, no corresponde a la Universidad de Chile dar lugar a la petición del recurrente, esto es, revalidar el título de doctora obtenido por nombre reservado en Rusia, toda vez que mi representada no cuenta con los antecedentes ni las facultades para ello.

A folio 40, evacua traslado el recurrente sobre la excepción de cosa juzgada, solicitando su rechazo, por cuanto no hubo pronunciamiento final ni se entró a conocer del fondo del asunto, por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

A folio 50 los autos quedan en estado de relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta conforme el mérito de los antecedentes, adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos conculcados.

SEGUNDO: Que del relato de los hechos que la recurrente expone en su recurso y particularmente de sus peticiones concretas, es claro que pretende que se ordene a los recurridos revalidar el título de Médico obtenido en Rusia.

Así las cosas, la señalada petición resulta del todo improcedente, por cuanto esta Corte carece de facultades para inmiscuirse en aquellas políticas y reglamentaciones públicas establecidas por las autoridades de la República, más aún si existe un procedimiento formal y objetivo para obtener la revalidación de un título profesional obtenido en el extranjero, como ocurre en el caso de marras.

En otros términos, el recurrente pretende transformar a esta Corte en una instancia revisora de aquellos procedimientos establecidos de forma legítima por los recurridos para el fin ya señalado y, con ello, poder sortear pruebas y evaluaciones que le son exigibles, de acuerdo con dicho procedimiento.

Lo anterior resulta inaceptable, por cuanto la presente acción, en ningún caso constituye instancia de naturaleza alguna.

TERCERO: Que, por otra parte, siendo los recurridos titulares de las debidas competencias legales y administrativas para proceder como lo hicieron, no se vislumbra la existencia de un derecho de carácter indubitado, requisito éste de procedencia de la acción cautelar.

CUARTO: Que a mayor abundamiento y sin perjuicio de que lo expuesto precedentemente resulta suficiente para rechazar el recurso, conviene precisar que, tal como se ha afirmado anteriormente los actos u omisiones arbitrarios son aquellos carentes de fundamento o razonamiento, esto es actos que tienen la apariencia de un actuar aparentemente correcto, no obstante, carecen de una explicación a lo menos razonable y razonada. Por su parte, los actos u omisiones ilegales son aquellos que se realizan fuera del marco legal, contraviniendo las disposiciones legales que los regulan o derechamente se realizan fuera del marco legal previamente establecido.

QUINTO: Que a fin de que prospere esta vía constitucional se ha reconocido por nuestros Tribunales Superiores de Justicia que se deben reunir copulativamente los siguientes requisitos:

a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado”.

SEXTO: Que tal como se indicó anteriormente, se debe establecer si la acción u omisión es ilegal o arbitraria, particularmente si lo actuado por los Servicios recurridos reviste ese carácter. En este orden de ideas destaca que conforme los antecedentes incorporados en esta causa, lo actuado por los Servicios recurridos no es ilegal o arbitrario, toda vez que han cumplido en todo momento con las garantías que el ordenamiento jurídico establece para asegurar la posibilidad de la recurrente a revalidar su título profesional, conforme a las instancias y procedimientos establecidos en la norma, de aplicación general a todos aquellos que se encuentren en dichas condiciones.

SÉPTIMO: Que conforme lo argumentado anteriormente, es que esta Corte estima que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria, por lo que este recurso no puede prosperar tal como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

OCTAVO: Que en cuanto la extemporaneidad alegada por los recurridos, debe considerarse que conforme el relato del recurrente en relación al acto recurrido, este es un acto que produce consecuencias permanentes, esto es una acción que se prolonga en el tiempo, motivo por el cual ello será rechazado.

NOVENO: Que finalmente, en cuanto la excepción de cosa juzgada, cabe tener presente que en la causa Rol 4535-2022 seguida nate la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, se tuvo al recurrente por desistido del recurso de protección, por lo que no se emitió un pronunciamiento sobre el fondo del asunto debatido, lo que permite desestimar la alegación en estudio, atendido que no existe riesgo de que se verifiquen decisiones contradictorias sobre la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de protección, deducido por don nombre reservado en favor de nombre reservado, en contra de la MINISTRA DE SALUD; la UNIVERSIDAD DE CHILE; la SUPERINTENDENCIA DE SALUD; el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Cristian Carvajal De Vicenzi.

Rol N° Protección-518-2025.(jog)