nombre reservado con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE VICTORI

C.A. de Temuco Temuco, ocho de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

PRIMERO: Comparece don LUCAS DINALDI CASTILLO SANHUEZA, Abogado, chileno, domiciliado en domicilio reservado, representación según se acreditara de doña nombre reservado, enfermera, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien dice:

Interpone Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, en contra de la INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE VICTORIA representada por doña nombre reservado, Jefe de la Inspección Comunal del Trabajo de Victoria, funcionaria pública, o por quien la reemplace o subrogue legalmente, ambas con domicilio en domicilio reservado, en resguardo de los derechos de mi representada y que se encuentran amparados por el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 2, 3 incisos 1° y 6°, y por el numeral 24 de nuestra Constitución Política de la República. Lo anterior, en base a los fundamentos de hecho y derecho que a continuación se exponen.

En la especie, mi representada ha sufrido privación, perturbación y amenaza en sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, en su derecho al debido proceso, a poder desarrollar cualquier actividad económica y, especialmente, al derecho de propiedad. Dicha afectación a sus derechos es producto del actuar ilegal y arbitrario de la INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE VICTORIA consistente en el rechazo injustificado del recurso administrativo de reconsideración de multa interpuesto por mi mandante.

El acto arbitrario e ilegal que afecta los derechos constitucionales anteriormente indicados se ha materializado en el ordinario N° 308, de fecha 21 de Agosto de 2018, emanado de la recurrida; el cual, en virtud del artículo 508 del Código del Trabajo, debe entenderse notificado con fecha 29 de Agosto de 2018. El ordinario citado recae en un recurso administrativo de reconsideración, presentado por esta parte, con fecha 6 de Agosto de 2018, rechazándolo, sin entrar en el fondo de la cuestión debatida, al considerar que ha sido interpuesto fuera de plazo, en los siguientes términos: “En relación de Antecedente, mediante la cual se solicitó reconsideración de la(s) multa(s) indicada(s) en la misma se informa a Ud., que no se dio cumplimiento a los requisitos que le permiten a este Servicio conocer de tal solicitud, pues esta: NO SE PRESENTÓ nombre reservado LEGAL DE 30 DÍAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE SU NOTIFICACIÓN. Por ello, no resulta posible para este Servicio admitir a tramitación tal solicitud”

II. Antecedentes de hecho.

Con fecha 19 de Julio de 2018, mediante resolución de multa N° 8580/18/31, la recurrida cursó multa administrativa a mi representada. Dicha resolución, en aplicación del artículo 508 del Código del Trabajo, debe entenderse notificada el día 27 de Junio de 2018.

En virtud de lo anterior, con fecha 6 de Agosto de 2018 se presenta solicitud de reconsideración administrativa, reclamando de la multa aplicada. Luego, la Inspección resuelve no dar lugar a la solicitud de reconsideración, por extemporánea, en los términos que han sido expuestos.

III. De la ilegalidad y arbitrariedad del acto.

Como se ha dicho, es este último acto de la Inspección, al declarar extemporánea injustificadamente la reclamación presentada por esta parte, lo que constituye el acto arbitrario e ilegal que funda la presente acción.

1. Falta de fundamentación del acto.

En cuanto a la ilegalidad del acto, en primer lugar, se sostiene que la resolución transcrita no cumple con los estándares impuestos por la Ley N° 19.880, sobre Procedimiento Administrativo, en orden a que los actos administrativos deben ser fundados. En este caso, no se ha indicado qué normativa ha sido infringida, cuáles serían las razones de hecho y de derecho que harían procedente la declaración de extemporaneidad, ni ningún otro antecedente que justifique el actuar del Servicio.

Esta situación atenta contra lo establecido en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, especialmente, en sus artículos 11 y 41, en lo relativo a los requisitos y contenidos mínimos de todo acto administrativo, los que se transcribirán a continuación.

2. En cuanto al cómputo del plazo.

Ahora bien, en cuanto al cómputo del plazo para la presentación del recurso que ha sido rechazado, el artículo 25 de la misma Ley citada establece que los plazos de días aplicables a la Administración son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

La resolución de multa cuya reconsideración ha sido rechazada debe entenderse notificada, como mínimo, al sexto día hábil desde su depósito en oficinas de Correos; esto es, con fecha 27 de Junio de 2018.

Con fecha 6 de Agosto de 2018 se presenta la solicitud de reconsideración administrativa; es decir, dentro de los 30 siguientes a su notificación, días que, de acuerdo a la ley, se entienden como hábiles administrativos. El plazo de 30 días vencía el día 11 de Agosto de 2018.

Así, la INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE VICTORIA por medio de su Inspector Comunal, ha incurrido en el acto arbitrario e ilegal de rechazar el recurso administrativo presentado por esta parte nombre reservado legal.

Lo anterior, por cuanto la recurrida, a través de su Ordinario N° 308, atenta contra el tenor de las normas citadas de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Así, la Ley N° 19.880 se ha visto infringida por la recurrida, no sólo por la falta de fundamento legal de la resolución recurrida, sino que además, por el criterio arbitrario del Servicio, al considerar que el plazo de 30 días establecido por el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, en circunstancias que esta última norma no lo dispone así, y contraviniendo con ello, directamente, la forma de cómputo del plazo que contempla expresamente la Ley N° 19.880, en su artículo 25, para los Órganos de la Administración del Estado.

Al no encontrarse regulada expresamente la forma en que debe contarse el plazo para la interposición del recurso administrativo de reconsideración de multa en contra la Dirección del Trabajo, necesariamente debe aplicarse al mismo caso la Ley N° 19.880 y, en especial, el artículo 25 de la misma Ley. Tal obligatoriedad alcanza a la INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE VICTORIA por su carácter de organismo integrante de la Administración del Estado, por lo que comete una abierta ilegalidad y arbitrariedad al dejar sin aplicación el cuerpo legal que precisamente debe regir el Procedimiento Administrativo. Por lo demás, en el plano fáctico, la arbitrariedad del organismo resulta patente si se tiene en cuenta que, a diferencia por ejemplo de un plazo judicial de días corridos (como por ejemplo el nombre reservado), el Servicio sólo abre sus puertas de lunes a viernes, y por lo demás, sólo entre las 9:00 y las 14:00 horas, siendo imposible efectuar cualquier tipo de presentación fuera de dicho margen de disponibilidad.

IV. Garantías constitucionales vulneradas.

En primer lugar, con el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida se ha visto afectada la garantía de mi representada, de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la Republica.

Lo anterior, al desconocer la recurrida, arbitrariamente, el plazo legal que mi representada ha tenido para reclamar del acto administrativo sancionador.

Asimismo, existe un perjuicio patrimonial a mi representada, dado por la deuda que se genera por la multa impuesta, afectándose su derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución.

Lo anterior, considerando que mi representada ha tenido consideraciones fundadas para reclamar de la multa, a haber sido ésta producto de error de hecho por parte del funcionario fiscalizador.

Solicita tener por interpuesto nombre reservado en contra de la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE VICTORIA representada por doña nombre reservado, o por quien la reemplace o subrogue legalmente, ambas con domicilio en domicilio reservado,, en resguardo de los derechos de la entidad que represento y que se encuentran amparados por el artículo 20 de nuestra Constitución Política; en la dictación del ordinario Nº 308, de fecha 21 de Agosto de 2018, notificado a mi representada con fecha 29 de Agosto de 2018 y, acogiendo el presente recurso, declare la invalidez de dicho acto arbitrario y/o ilegal y, en consecuencia, acoja la solicitud de reconsideración administrativa presentada por esta parte o, en subsidio, se ordene a la INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE VICTORIA dejar sin efecto el Ord. Nº308 de fecha 21 de agosto de 2018, y pronunciarse sobre el fondo de la reconsideración deducida. Todo lo anterior, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Comparece doña nombre reservado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo, Victoria, quien dice:

Que, estando nombre reservado vengo en evacuar el informe relativo ai nombre reservado deducido por don LUCAS DINALDI CASTILLO SANHUEZA, en representación de doña nombre reservado., de acuerdo a los antecedentes de hecho y de Derecho que paso a exponer, solicitando desde ya el rechazo del nombre reservado deducido, con expresa condena en costas.

Respecto del oficio N° 308 de 21 de Agosto 2018: A raíz de denuncia realizada por un trabajador, se ingresa una fiscalización al empleador nombre reservado, fiscalización a las cual se les asignó el número: 0903.2018.27 asignándose al fiscalizador señor nombre reservado, quien previa constatación de los hechos infraccionales, cursa la multa administrativa N° 0903.8580.2018.31.

Dicha resolución de Multa, fue depositada en correos de Chile con fecha 19 de Junio 2018, entendiéndose por tanto notificada al sexto día hábil, conforme lo señala el artículo 508 del Código del Trabajo, esto es el día 26 de junio 2018.

Con fecha 06 de Agosto de 2018 se presenta en la oficina de la Inspección Comunal del Trabajo de Victoria el escrito de solicitud de reconsideración administrativa de multa, solicitud que fue declarada inadmisibles mediante oficios N° 308 de fecha 21 de Agosto 2018, dictado por la Inspectora Comunal del Trabajo de Victoria doña nombre reservado, acto impugnado en los presentes autos.

Ahora bien, el fundamento del presente nombre reservado es haberse dictado el oficio N° 308 ya individualizado incurriéndose en infracción a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 19 N° 2; 19 N° 3 y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Se afirma que habría ilegalidad por cuanto el plazo para solicitar reconsideración de multa administrativa no es de días corridos como se expresa en la resolución impugnada, sino de días hábiles entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos tal como lo prescribe el artículo 25 de la Ley N° 19.880.

Lo cierto es que la Inspectora Comunal del Trabajo de Victoria no ha hecho sino apegarse a la legalidad vigente, pues lo ha hecho conforme a las instrucciones administrativas vigentes, tanto de la Dirección del Trabajo como de la Contraloría General de la República, por lo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

En efecto, para dilucidar la cuestión consultada es necesario considerar, en primer término, el tratamiento que el Código del Trabajo, cuerpo específico de normas relativo a asuntos laborales en que se encuentra la disposición, ha dado a la materia, contenida en sus artículos 511 y 512.

En este orden de ideas, debe destacarse que del estudio de las disposiciones de dicho Código, en lo que a plazos concierne, por regla general cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha consignado expresamente siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil en cuya virtud "en los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán !os feriados/' Lo anterior sucede, entre otros, con los plazos establecidos en los artículos 162 incisos segundo y séptimo, 168 inciso primero, 201 inciso cuarto, 223 inciso cuarto, 282 incisos primero y cuarto y 503 inciso tercero, casos en los cuales se señala expresamente que son de días hábiles. - De acuerdo con el predicamento expuesto, como el precepto en examen no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos.

Corrobora esta interpretación legal la regla que establece el artículo 435 inciso tercero -ubicada en el Libro V del Código del Trabajo-conforme a la cual los términos de días que establece el Título I de ese Libro "...se entenderán suspendidos durante los días feriados" toda vez que, a contrario sensu, la disposición del artículo 512 materia de la consulta, pertenece a otro título del mismo libro, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de dicha regla y, por ende, el plazo que regula no se suspende durante los días feriados.

En estas condiciones no resulta posible la aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley N°19.880 al tenor de la cual los plazos de días establecidos en dicha ley son de días hábiles, entendiéndose como inhábiles los sábados, domingos y festivos, toda vez que sus prescripciones no son conciliables con lo regulado sistemáticamente por el Código del Trabajo.

Todo ello y en idénticos términos fue resuelto por la Contraloría General de la República en dictamen N° 64.985 de 20 de Noviembre de 2009 en pronunciamiento sobre legalidad de acta de constancia de la Inspección del Trabajo y cómputo del plazo para impugnar multas administrativas, y por medio del cual el órgano contralor informó expresando que el plazo para reclamar de las multas administrativas cursadas por los inspectores del trabajo que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, doctrina que se encuentra ratificada por los dictámenes N° 85.946 de 31 de Diciembre de 2013 y más recientemente el IM° 17.344 de 10 de Marzo de 2014. Por todo, no existe en la especie acto arbitrario e ilegal alguno que conculque las garantías constitucionales, por cuanto una de las principales funciones que tiene la Contraloría General de la República (en adelante CGR) consiste en la facultad de interpretar las normas jurídicas que inciden en el ámbito administrativo, labor que se materializa en la emisión de informes jurídicos obligatorios para las instituciones sometidas a su fiscalización, como lo es la Dirección del Trabajo.

Ahora, a fin de corroborar la falta de ¡legalidad y de arbitrariedad de la conducta de la Inspectora Comunal del Trabajo de Victoria, cabe profundizar en dos puntos relevantes para la resolución del asunto: La no aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley N° 19.880 y la obligatoriedad del dictamen de CGR para la Dirección del Trabajo.

2.1.- Acerca de la no aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley N° 19.880: A fin de dilucidar acertadamente la cuestión, cabe señalar que según se establece en el artículo 1° inciso primero parte final de la ley antedicha "En caso de que la ley establezca procedimientos especiales, la presente les se aplicará con carácter de supletoria". La pregunta en este caso es ¿Qué debe entenderse por supletoriedad? La CGR ha dicho que ella se refiere a que en aquellos aspectos o materias respecto de las cuales la preceptiva especial no ha previsto regulaciones específicas, la aludida ley de bases viene a "suplir" la omisión del procedimiento especial, esto es, "a cumplir o integrar lo que falta a una cosa, o remediar la carencia de ella" en conformidad con el significado dado por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (Dictamen No 957 de 08 de Enero de 2010).

En concordancia con lo anterior, el Ente Contralor también ha señalado que tal supletoriedad procederá siempre y cuando ella sea conciliable con la naturaleza del respectivo procedimiento especial, toda vez que su objetivo es solucionar los vacíos que éste presente, sin que pueda afectar o entorpecer el normal desarrollo de las etapas o mecanismos que dicho procedimiento contempla para el cumplimiento de la finalidad particular que le asigna la Ley (Dictamen N° 33.255 de 07 de Julio de 2004). Así, la supletoriedad del artículo 25 de la Ley N° 19.880 ha de aplicarse cuando:

Así las cosas, la decisión de la CGR aplicada por la Dirección del Trabajo en cuanto a que en la especie no procede aplicar los artículos 1° y 25 de la Ley N° 19.880 se encuentra acertada. Respecto a los dos requisitos señalados con anterioridad, se puede afirmar que:

a) La existencia efectiva de un vacío legal que suplir: En la especie no es tal, porque la norma del artículo 512 del Código del Trabajo al momento de ser interpretada debe serlo de manera concordante con el resto de las normas del antedicho Código, entre ellas la del artículo 435 del Código del Trabajo, el que hace referencia a los plazos indicando que los referidos en el Libro V lo serán de carácter fatal, para luego indicar que sólo los que se establecen en el Título I lo son de días hábiles, por lo que sólo cabe concluir que los plazos indicados en el Libro V pero no contenidos en su Título I han de ser de días corridos (aplicando el artículo 50 del Código Civil); y en segundo lugar, porque contabilizar los plazos de la manera señalada en el artículo 25 de la ley de Procedimiento Administrativo resulta manifiestamente inconciliable con las normas del Código del Trabajo y con la naturaleza misma de la reconsideración administrativa de multa.

b) Aplicación conciliable con la naturaleza del procedimiento especial: Ciertamente, es sabido que el ordenamiento jurídico laboral tiene un carácter eminentemente protectivo de los derechos de la parte más débil de la relación de trabajo contribuyendo así al logro de la paz social, siendo esto de tal importancia que para garantizar su cumplimiento existe un organismo público especial cual es la Dirección del Trabajo, la que dentro de sus atribuciones tiene la de imponer multas administrativas. Tal es el grado de relevancia que tiene para el legislador el efectivo cumplimiento de la legislación laboral. Dentro de este concepto, el legislador ha establecido como una facultad de los sancionados por la Inspección del Trabajo, la posibilidad de solicitar reconsideración de las multas administrativas, pudiendo el sancionado solicitar se deje sin efecto la sanción al existir a su respecto error de hecho (lo que es evidente tratándose de una institución pública) o acceder a una rebaja en el valor de la sanción si se acredita corrección. Lógico resulta, atendida la especial importancia que tiene el efectivo cumplimiento de las normas laborales, que la corrección de la conducta ilegal sancionada ha de realizarse en el plazo más breve posible pues es precisamente eso lo que el legislador pretende. Una muestra clara de ello es lo establecido en el inciso final del artículo 511, por cuanto fija porcentajes significativos de rebaja (50% y 80% tratándose de pequeñas y medianas empresas) a quienes acrediten cumplimiento "nombre reservado de los quince días de notificada la mutta". Así, dejando claro que lo deseado es el cumplimiento de la ley del trabajo y la corrección rápida de sus infracciones, evidente resulta que aplicar el artículo 25 de la Ley N° 19.880 y no las normas del Código del Trabajo en la materia, implica contravenir abiertamente la finalidad misma del procedimiento ampliando excesivamente el plazo para solicitar la reconsideración a más allá de los treinta días corridos que tuvo en vista el legislador al establecer la norma del artículo 512 del Código del Trabajo.

2.2.- Acerca de la obligatoriedad de los pronunciamientos de la Contraloría General de la República: Como ya se ha dicho, es el Ente Contralor quien ha determinado que el plazo de treinta días para solicitar reconsideración según lo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos y no hábiles. En virtud de ello, la Dirección del Trabajo se encuentra obligada a aplicar tal criterio, adoleciendo de ilegalidad cualquier pronunciamiento o decisión adoptada en contrario.

En efecto, según se establece en el artículo 6° de la Ley N° 10.336, que Fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, corresponde exclusivamente al Contralor Genera! de la República informar sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. A su vez, el artículo 9o inciso final de la misma norma da carácter de obligatorios a los pronunciamientos emitidos por la CGR respecto de cualquier materia en que la ley le otorgue intervención.

En virtud de todo lo expuesto, la Inspectora Comunal del Trabajo de Victoria al dictar la resolución recurrida no hizo más que aplicar la legislación vigente, estando obligado por disposición de ley a resolver de la forma en que lo hizo, por lo que el acto recurrido carece de toda ilegalidad.

2.3.- Ausencia de arbitrariedad: Si bien el constituyente no ha definido lo que debe entenderse por arbitrariedad, tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en que ella se representa como todo lo que es contrario a la razón o a la justicia; todo lo que es contrario a la razón o a la justicia; todo lo que importa actuaciones u omisiones fruto de mero capricho de la inmotivación.

Como dice la Excelentísima Corte Suprema en fallo de 20 de Noviembre de 2000 dictado en causa rol 3777-2000, un acto arbitrario es aquel que "pugna con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad" En virtud de lo anterior, el acto impugnado en el presente recurso no puede bajo ningún punto de vista ser calificado de arbitrario, puesto que se trata de una actuación totalmente motivada, razonada y fundada, en virtud de los antecedentes de hecho y de Derecho ya expuestos.

3.- DE LA INEXISTENCIA DE UN DERECHO INDUBITADO: Al tenor del artículo 20 de la Carta Fundamental, el nombre reservado no es una acción declarativa mediante la que el Tribunal establezca la existencia de un derecho, sino que constituye jurídicamente una acción cautelar encaminada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio, por lo tanto, dicho recurso intenta dar eficaz protección a derechos indubitados que se han visto lesionados ilegítimamente, por lo que ésta no puede ser utilizada para discutir aspectos sustantivos de fondo, cuyo conocimiento requiere de un lato procedimiento, con etapas de discusión, prueba y recursos judiciales.

Que de lo señalado precedentemente se infiere que esta acción cautelar supone esencialmente la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque alguna de las situaciones o efectos antes indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por la Carta Fundamental. Así, para que se obtenga la protección constitucional recién aludida, es indispensable constatar previamente la realidad de un derecho indubitado y no disputado de la recurrente, cuestión que en la especie no ocurre, ya que de acuerdo a lo expuesto en el N°2 de este informe, en estos autos no existe un derecho indubitado, puesto que la recurrente pretende discutir la interpretación de una norma legal.

4.- DE LA NO VULNERACIÓN A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS POR EL RECURRENTE:

4.a) Vulneración del derecho de igualdad ante la ley: Este derecho implica que ni la ley, ni ninguna autoridad podrá establecer diferencias arbitrarias. Al respecto no se vislumbra de qué manera este Servicio habría conculcado esta garantía constitucional, el actuar de este Servicio, NUNCA ha podido vulnerar de manera alguna el derecho de igualdad ante la ley, por cuanto el considerar que los treinta días de plazo establecidos por el legislador es un plazo de días corridos es un criterio que se aplica uniformemente en todo el país, existiendo instrucciones claras y precisas al respecto para todas las Inspecciones del Trabajo de la Nación, y por lo tanto en el caso en concreto del recurrente no se ha establecido ninguna diferencia arbitraría con respecto a los demás empleadores del país que ejercen su derecho a presentar recursos administrativos ante las multas impuestas por los físcalizadores o conciliadores de las Inspecciones del Trabajo.

En efecto, el nombre reservado, supone una acción rápida y eficaz para restablecer el imperio del derecho, frente actos u omisiones, arbitrarios o ilegales, que signifiquen privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de una de las garantías establecidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Pues bien, en este caso particular no basta por la recurrente alegar una supuesta "discriminación arbitraría", en torno a la garantía de igualdad ante la ley, sin señalar en forma clara y precisa, la relación concreta, y NO ABSTRACTA, como sucede en este caso, en comparación ¿a quiénes?, o ¿de qué manera? se estaría cometiendo por parte de este Servicio dicha discriminación, al aplicar respecto de ella un criterio que es igual y uniforme, para todos las demás personas fiscalizadas por esta Dirección del Trabajo.

En otras palabras, no puede afectarse la garantía de igualdad ante la ley, cuando en materia de computar el plazo contenido en el artículo 512 del Código del Trabajo, este ha sido aplicado por esta repartición, en forma uniforme, y de acuerdo a los mismos Dictámenes de este Servicio, Contraloría General de la República, y de los fallos de los mismos Tribunales Superiores de Justicia, a todos las personas que se encuentran en la misma situación que la recurrente.

Y ello es así, ya que el concepto de igualdad, tal como señala la doctrina, "solo tiene sentido cuando surge como factor que permite apreciar si dos o más entidades están siendo tratadas de manera igual o si, por el contrario, se les dispensa un trato diferente, con el objeto de examinar que uno u otro respeten el ordenamiento jurídico." (nombre reservado, Principio Constitucional de Igualdad ante la Ley).

Por ello toda igualdad supone relacionar, o sea, conectar una cosa con otra para confrontarlas conforme a dicho principio jurídico.

De tal forma que, para que exista una supuesta discriminación, como pretende la recurrente, ésta debe acreditar en concreto, y no en términos vagos y generales, ¿Cómo? y de ¿Qué forma? se trata de manera diferente a los que deben ser tratados igual, o como se equipara a los que deben ser tratados de manera diferente, incidiendo el tratamiento, precisamente en el factor que los iguala o diferencia respectivamente, cuestión que no se ha acreditado de ninguna forma en este nombre reservado, ni podría hacerse por la naturaleza brevísima de esta Acción constitucional. A mayor abundamiento, en este caso en particular, lo único acreditado, es que se ha tratado de igual manera a todos los empleadores, aplicándoles a ellos, la misma forma de computar el plazo del artículo 512 del Código Laboral.

Así la doctrina ha señalado, que la igualdad supone una relación concreta y NO ABSTRACTA para poder materializarse, ya que "esta sólo adquiere sentido cuando se refiere a una relación precisa, definida y de antemano conocida", agregando que "intentar por el contrario, plantear una igualdad en términos generales o sin referencia a relaciones concretas obliga a reconocer que la igualdad en abstracto nada dice." (nombre reservado).

La igualdad ante la ley, se ha dicho por el Tribunal Constitucional en causa rol 206 de 06 de Diciembre de 1994, "Consiste en que las normas jurídicas deben ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallan en condiciones similares. La igualdad supone la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición; por lo que ella no impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo." De tal forma que, si como en este caso, solo se enuncia de forma genérica, sin confrontar, o señalar en forma específica en torno a ¿Qué? o ¿Quiénes? se produce el trato desigual que se imputa, no es posible a este Servicio poder informar con certeza sobre esta materia.

Sin perjuicio de ello, y a objeto de cumplir lo ordenado en esta Acción de Protección, debemos reiterar que en materia de computo del plazo del artículo 512 del Código Laboral, este Servicio siempre lo ha aplicado en forma uniforme e igualitaria, para todos los que ejercen el derecho consagrado en dicha norma legal, por lo que NUNCA se ha vulnerado por esta repartición la garantía del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental.

Es más, si en el caso supuesto se hubiera dado curso a la solicitud de reconsideración administrativa de la empresa, ahí se hubiera vulnerado la garantía constitucional en comento, en relación a los demás empleadores del país que presentan solicitudes de recursos administrativos fuera de plazo, los cuales también se han declarado inadmisibles por haber sido presentados en forma extemporánea.

4.b) Vulneración al derecho de propiedad: En el presente caso, atendidas las alegaciones precedentemente formuladas, esta parte es de la opinión que no cabe invocar esta garantía como fundante del nombre reservado, atendida la manifiesta legalidad de la actuación de la Inspectora Comunal del Trabajo de Victoria, quien en cumplimiento de la obligación que sobre ella pesa de actuar de acuerdo a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, declaró inadmisible por extemporáneo el recurso administrativo interpuesto. Así, no ha habido afectación alguna al patrimonio de la recurrente que contravenga lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, haciendo presente que en este caso de existir eventualmente alguna vulneración a la garantía alegada, ésta se configuraría al imponerse la multa y no mediante el acto recurrido.

4.c) Vulneración al derecho de no ser juzgado por comisiones especiales: En este caso de los antecedentes ya expuestos queda de manifiesto que no hay afectación alguna a esta garantía. En primer lugar cabe señalar que el recurrente vulneró esta garantía al conocer y tramitar las solicitudes de reconsideración deducidas actuando como una comisión especial ya que privó a la sancionada a su derecho de acceder a un juez natural para que conociera de las reconsideraciones presentadas, lo que a juicio de esta parte es de tal improcedencia en este caso que llega al punto de ser contradictorio con el resto del recurso y, en especial, con la petición concreta solicitada al Ilustrísimo Tribunal.

En efecto, en primer lugar se debe señalar que la recurrente ejerció de forma totalmente voluntaria su derecho a solicitar la reconsideración administrativa consagrado en el artículo 511 del Código del Trabajo, optando con esto por la vía administrativa y renunciando así al ejercicio de la acción judicial que se establece en el artículo 503 del mismo cuerpo legal, lo que desde ya descarta que la Inspección Comunal del Trabajo de Victoria haya ejecutado acción alguna que haya impedido el acceso a la justicia del recurrido por cuanto fue él quien optó por la vía administrativa en vez de la judicial para impugnar la multa impuesta. Relacionado con esto, es dable señalar además que deducida una solicitud a la Administración, si esta es del ámbito de su competencia como es el caso, el órgano administrativo se encuentra, independiente del resultado, obligado a dar debida respuesta la que en todo caso debe siempre ajustarse a la legalidad vigente tal como ocurrió en este caso al declarar inadmisibles por extemporáneas las solicitudes de reconsideración de multa presentadas por la recurrente, como ya se ha explicado latamente en el cuerpo del presente escrito. Es más, la reconsideración administrativa de multa es una manifestación del derecho constitucional de petición consagrado expresamente en el artículo 19 N° 14 de la Carta Fundamental, lo que ratifica de forma indubitada la legalidad y constitucionalidad del actuar de la recurrida.

Además, a juicio de esta parte la improcedencia de esta alegación resulta manifiesta al señalar la recurrente que con el acto recurrido se le ha privado de un juez natural, para luego solicitar en el petitorio que la Ilustrísima Corte ordene que la recurrida conozca y resuelva de las solicitudes de recurso administrativo, peticiones que resultan contradictorias entre sí puesto que no se puede pedir que la Administración conozca sobre el fondo de un asunto señalando como fundamento de esta petición que el mismo órgano administrativo al tramitar la reconsideración actúa como comisión especial.

5.- CONCLUSIÓN: De todo lo expuesto, sólo cabe llegar a la conclusión que en la especie el acto impugnado se encuentra acertadamente dictado, razonado, fundado y conforme a la ley, jurisprudencia judicial ( Recurso de Protección N° 3523, de fecha 30 de Agosto 2018, dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco) y jurisprudencia administrativa emanada de la CGR y a la Constitución Política de la República, no existiendo en la especie infracción a garantía constitucional alguna.

Solicita se sirva tener por evacuado el informe solicitado respecto al nombre reservado deducido por doña nombre reservado, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Victoria, representada para estos efectos por su Inspectora Comunal, y en mérito de lo informado y previa relación y alegatos, se sirva rechazar la acción constitucional interpuesta en todas sus partes, con expresa condena en costas de la recurrente.

En su presentación acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia de Resolución de multa administrativa N° 8580.2018.31 2.- Copia de solicitud de reconsideración administrativa de multa N° 8580.2018.31 de fecha 06 de agosto de 2018.

3.- Copia de oficio N° 308 de 21 de Agosto de 2018, suscrito por la Inspectora Comunal del Trabajo de Victoria.

4.- Copia de dictamen N° 64.985 de 20 de Noviembre de 2009, extraído de la página web de la Contraloría General de la República.

5.- Copia de dictamen N° 85.946 de 31 de Diciembre de 2013, extraído de la página web de la Contraloría General de la República.

6.- Copia de dictamen N° 17.344 de 10 de Marzo de 2014, extraído de la página web de la Contraloría General de la República.

7.- Resolución de Nombramiento de la Inspectora Comunal del Trabajo doña nombre reservado.

A folio se trajeron los autos en relación.

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir. Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que en el caso de autos, la recurrente estima vulnerada la garantía fundamental prevista en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política, que consagra el derecho a la igualdad ante la ley, toda vez que la recurrida no admitió a tramitación una solicitud de reconsideración presentada nombre reservado de 30 días hábiles, pidiendo que se deje sin efecto el acto administrativo que tuvo como fuera de plazo dicho recurso administrativo y se disponga que la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco someta a tramitación tal arbitrio. Por su parte, la recurrida alegó la improcedencia de la acción de protección, por existir un procedimiento ordinario para reclamar de la resolución que rechaza una solicitud de reconsideración y por estimar que el plazo de 30 días, previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días corridos y no hábiles.

TERCERO: Que para dilucidar la controversia, es del caso señalar que no es un hecho controvertido que la Resolución de Multa Nº N° 8346/18/13 de fecha 20 de abril de 2018, que impuso la multa de 60 Unidades Tributarias Mensuales, le fue notificada por carta certificada al recurrente con fecha 07 de mayo de 2018, y que la solicitud de reconsideración fue interpuesta el día 11 de junio del año 2018, conforme consta en resolución de reconsideración.

CUARTO: Que de esta forma, y en cuanto a la naturaleza que ostenta el plazo de 30 días contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo, para recurrir de reconsideración en contra de la resolución de multa, cabe señalar que el artículo 18 de la Ley 19.880, define al procedimiento administrativo como una sucesión de trámites emanados de la Administración, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal. A su vez, el Código Laboral no regula un procedimiento administrativo en específico, con indicación de sus principios, etapas y pasos de tramitación, de modo que debe aplicarse supletoriamente el procedimiento previsto en la citada ley, conforme a lo dispuesto en su artículo primero, todo lo cual lleva a concluir que al no señalar el mencionado artículo 512 la forma de computar el plazo de 30 días para presentar una reconsideración resulta procedente hacer aplicación de lo establecido por el artículo 25 de la Ley 19.880, que en lo pertinente señala que los plazos de días establecidos en aquella ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

QUINTO: Que de acuerdo a lo razonado precedentemente, aparece que la reconsideración deducida por la actora ante la Inspección Provincial del Trabajo lo fue nombre reservado legal, de manera que la negativa de la recurrida a darle tramitación constituye un acto ilegal y arbitrario, pues por ella se está afectando la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, ya que al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, motivo por el que la acción constitucional será acogida, toda vez que el recurso fue interpuesto nombre reservado legal conforme lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, en relación al artículo 46 de la Ley 19.880.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el nombre reservado deducido por don Lucas Dinaldi Castillo Sanhueza, abogado en representación de doña nombre reservado, en contra de la INSPECCIÓN COMUNA DEL TRABAJO DE VICTORIA, y, en consecuencia, se deja sin efecto el ordinario Nº308 de fecha 21 de agosto de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación la reconsideración presentada por el actor con fecha seis de agosto del año dos mil dieciocho.

Redacción abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Protección N° 5171-2018.

Se deja constancia que no firma el Ministro Sr. Aner Padilla Buzada, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.