nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, treinta de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado don JORGE LENA SALGADO, quien deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, chilena, divorciada, empleada, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, de su mismo domicilio, en contra de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS nombre reservado, persona jurídica, rol único tributario N°81.826.800-9, representada legalmente por, don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliados en domicilio reservado, a fin de que se adopten las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucional establecidos en el artículo 19 numeral 3 y 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva y perturba a esta parte a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la recurrida, por los antecedentes de hecho y de derecho que se señalan a continuación:

Comienza señalando que la recurrente tiene una relación convencional con la recurrida cuyo origen es por el otorgamiento de una suma de dinero por la recurrida en favor de la recurrente, lo cual se materializó mediante la suscripción de un pagare N°015CON103344409, que fue suscrito con fecha 14 de septiembre de 2021 por la suma de $11.402.790.-, por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento.

2.- Atendido a diferencias en los pagos del crédito singularizado precedentemente, la recurrida, CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS nombre reservado, inició un juicio ejecutivo por obligación de dar, en contra de su representada, el cual es seguido actualmente ante el 3° Juzgado Civil de Temuco, en la causa ROL C-1273-2024.

Respecto de este juicio del cual cabe señalar que con fecha 08 de marzo de 2024, la recurrida interpuso demanda ejecutiva en contra de la recurrente, momento en el cual hace efectivo la cláusula de aceleración, llamando al vencimiento del pagaré, mediante la presentación de la demanda ejecutiva.

Posteriormente, con fecha 11 de abril de 2024, la recurrente es notificada por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, y posteriormente con fecha 12 de abril de 2024, fue requerida de pago.

3.- La recurrente ejerce labores ante su empleador, UNIDAD DE CRÉDITOS S.A., rol único tributario N°76.697.501-1, y recibió por el mes trabajado de JUNIO 2024, su liquidación de remuneración, en la cual se detecta un descuento denominado “Crédito Personal Caja Los nombre reservado 7/32”, por la suma de $389.355.- 4.- Este cobro que la recurrida efectúa de la liquidación de remuneración mediante el cual pretende cobrarse el crédito que hemos señalado es absolutamente ilegal y arbitrario, toda vez que:

- Existe un juicio ejecutivo seguido en contra de la recurrente, en el cual se ha hecho efectiva la cláusula de aceleración, cuya tramitación del cuaderno principal se encuentra pendiente y en un escenario donde la recurrente se ve afecta al peligro de su patrimonio no obstante de que la recurrente sigue efectuando descuentos de su remuneración afectando su derecho de propiedad por estos descuentos arbitrarios e ilegales, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir su remuneración de forma íntegra.

- Jamás la recurrente fue informada previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ejecutar el abusivo descuento que se materializó mediante la liquidación de remuneración otorgada por su empleador, a mayor abundamiento, la recurrente, fue notificada de un juicio ejecutivo en su contra haciendo efectiva la cláusula de aceleración, y con ello, ahora en un actuar arbitrario, pretender cobrarse mediante la remuneración de mi empleador.

Fluye de lo expuesto anteriormente, que el uso amparado en la especial trato que la ley otorga a las Cajas de Compensación, en específico a la, CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS nombre reservado, ha sido abusivo, existiendo para el caso concreto un abuso del derecho en el ejercicio de las facultades que le concede la ley a un acreedor para buscar el cumplimiento de las obligaciones pretendidas, existiendo el caso concreto un doble cobro, esto es, un cobro mediante el ejercicio de una acción ejecutiva, y por otro lado, un cobro mediante el ejercicio de una abusiva facultad que pretende tener en este escenario mediante el descuento por planilla de la remuneración del deudor, de lo cual solo podemos concluir que su actuar es arbitrario e ilegal, agregando al caso, que en Chile no hay grupo privilegiados y existe en nuestra sociedad equidad que sirva de sustento o fundamento a su actuar. Así las cosas, la recurrida, ha decidido usar la vía jurisdiccional para cobrar la deuda, y en este caso, estando la demanda notificada, pretendiendo burlar el derecho, usando ilegal y/o arbitrariamente la facultad que le otorga la Ley 18.833, la que sólo se contempla para un uso oportuno, lo que demás no procede por los antecedentes que han sido expuestos, debiendo la recurrente seguir con el juicio ejecutivo que inició, y de paso, restituir las sumas que obtuviere por los descuentos aplicados desde la notificación de la demanda.

La acción constitucional de protección, según lo señalado en el artículo primero del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucional, debe ser interpuesto dentro de un plazo de 30 días corridos desde la comisión del acto o de la ocurrencia de la omisión arbitraria e ilegal que ocasiona la privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales.

En el caso de autos, su representada, ha tomado conocimiento de este actuar arbitrario e ilegal de las recurridas, en su liquidación de remuneración de JUNIO 2024, que como un hecho público, es sabido que esta corresponde al mes pagado de Junio, cuya liquidación de remuneración se libera posterior al término del mes, es decir los primeros días de Julio, en específico la recurrente tomó conocimiento de ella con fecha 01 de Julio de 2024.

Estima que el actuar de la recurrida lesiona los siguientes derechos constitucionales:

A. De la igualdad ante la ley y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

Todas las personas tienen derecho a que les sea reconocida igualdad ante la ley, ante las autoridades y órganos jurisdiccionales y tienen igual derecho a reclamar la protección del sistema jurídico, y en particular dentro de todo proceso, de ahí que nuestro 19 numeral 3 consagre la “igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos”. Que, el hecho arbitrario e ilegal de la recurrida ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que sin fundamento legal ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que la recurrida ha realizado, y ha obviado su tramitación presuntamente amparadas en una norma de la ley de cajas de compensación le permitiría seguir efectuando descuentos de la remuneración de la recurrente, todo con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que por lo demás, a la fecha se hallaría prescrita. Cita jurisprudencia.

B. Del derecho de propiedad, de la libertad contractual y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

El actuar de la recurrida no solo va en abierta contradicción a la invariabilidad de los términos del contrato laboral, sino que, además, priva a la recurrente del legítimo derecho a percibir su remuneración completa resultado de su trabajo honesto. De lo dicho se desprende que sobre las remuneraciones y sobre los dineros que la conforman su representada tiene el derecho de dominio, y que tales remuneraciones deben ser ingresadas a su patrimonio, motivo por el cual su descuento ilegal y extrajudicial por parte de las recurridas importan una clara vulneración de lo dispuesto en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la Republica. Cita jurisprudencia.

Alega que la doctrina y jurisprudencia adoptadas universalmente, es que este proceder extemporáneo y sorpresivo de las Cajas de Compensación no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, pues ni siquiera ha informado ni mucho menos acreditado frente a esta parte, los antecedentes judiciales formales que puedan sostener el descuento de la deuda.

En el caso de marras, la recurrida no fundamenta ni siquiera contractualmente este descuento abusivo, lo que en criterio de esta parte adolece de falta de razonabilidad y verosimilitud y por lo tanto la decisión adoptada no puede sino ser declarada como arbitraria y, por lo tanto, no la habilita para ejercer la facultad excepcional establecida en la ley de cajas de compensación, debiendo esta Corte adoptar las medidas tendientes al restablecimiento del derecho.

Tanto el derecho de igualdad ante la ley (Art.19 N°3) como el de propiedad (art. 19 Nº24), se encuentran dentro del catálogo de derechos amparables por la vía de la acción de protección constitucional, por lo cual el presente recurso resulta plenamente procedente.

En conclusión, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad y de igualdad ante la ley de nuestro representado sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N°3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la recurrida, acogerlo a tramitación, declarando que se cometió por parte de, CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS nombre reservado, un acto ilegal y arbitrario en los términos ya señalados precedentemente que vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 numeral 3 y 24 de la Constitución Política de la República, ordenando a la recurrida que cesen los descuentos de la remuneración de su representada, y la restitución de los dineros sustraídos, esto es la suma de $389.355.- adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

A su recurso acompañó los siguientes documentos:

1. Liquidación de Remuneración de Junio de 2024 de la recurrente.

2. Contrato de trabajo de la recurrente 3. Ebook Causa C-1273-2024 seguida ante el 3° Juzgado Civil de Temuco 4. Copia de Pagaré N° 015CON103344409, presentado como título ejecutivo en causa C-1273-2024 seguida ante el 3° Juzgado Civil de Temuco A folio 7, evacúa informe la abogada doña INES RIQUELME ARAO por la recurrida, CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS nombre reservado, en los siguientes términos:

I.- CRÉDITOS SOCIALES OTORGADOS AL RECURRENTE.

1) Esta Caja de Compensación con fecha 14.09.2021, otorgó a la señora nombre reservado el crédito código 015CON103344409, por la suma de $11.402.790.-, a una tasa de 1.1%, en un plazo de 40 meses, con una cuota de $363.779.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.12.2021.

2) Las cuotas del mes de diciembre de 2021 a julio de 2022 (1 a 8), se pagaron regularmente durante los periodos 10.01.2022 al 10.08.2022. Las cuotas del mes de agosto de 2022 a marzo de 2023 (9 a 13), fueron diferidas por LM. Las cuotas del mes de abril a septiembre de 2023 (14 a 19), se pagaron durante los periodos 10.04.2023 al 10.09.2023. Las cuotas del mes de octubre de 2023 a mayo de 2024 (20 a 27), se encuentran en morosidad. Las cuotas del mes de julio de 2024 a noviembre de 2025 (28 a 45), se encuentran con fecha de vencimiento 30.06.2024 al 30.11.2025.

3) Si bien es cierto que su representada inicio una demanda en contra de la recurrente, esto se debe a que el compendio de normas que regula a las Cajas de compensación, obliga a ellas a iniciar el cobro del crédito social judicialmente dentro de 6 meses de mora.

En consecuencia, en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno según se dirá.

II.- CONSIDERACIONES CONTEXTUALES Y JURÍDICAS:

1. CARÁCTER SOCIAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN Y MECANISMO DE COBRO SEGÚN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY N°18.833.- En sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, las que fueron denominadas “Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera”. Con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho. En la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo 1° de este cuerpo legal las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”.

Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales.

En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”.

Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado. Cabe recordar que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello que el artículo 26 N° 3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella.

Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

1. En base a todo lo anterior queda claro, entonces, que el mecanismo del ‘descuento por planilla’ tiene varias particularidades que no se debe perder de vista al momento de decidir sobre este asunto:

a. Se trata de un ‘mecanismo especial de pago’, inherente al régimen de ‘crédito social’ otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador;

b. Se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria. Tiene exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales;

c. Con todo, es muy importante entender que la obligatoriedad del ‘descuento por planilla’ recae sobre el empleador y precisamente por eso es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del art. 22 inc. 2º de la Ley Nº 18.833:

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

Lo mismo se sigue del Punto 3.1.17.1.1 párrafos 3º y 4º del Compendio:

Por ello, respecto del trabajador el pago de lo debido por concepto de crédito social se produce cuando la entidad empleadora le paga la remuneración mensual, que es el momento en que por disposición legal corresponde que le efectúe el descuento, oportunidad a partir de la cual se entiende extinguida total o parcialmente su obligación, según sea el caso, de acuerdo a lo señalado por el N°1 del artículo 1.567 del Código Civil, esto es, por la solución o pago efectivo de ella.

La circunstancia que la entidad empleadora no dé cumplimiento a la obligación de remesar a la C.C.A.F. las sumas descontadas a sus trabajadores por crédito social, no habilita a la C.C.A.F. para accionar en contra del trabajador, ya que, respecto de él la obligación se extinguió. Lo que procede en tal caso es cobrar a la entidad empleadora las sumas adeudadas por dicho concepto, conforme a las normas de cobro de las cotizaciones previsionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra la empresa.

d. Es también preciso que quede establecido que el trabajador no puede oponerse ni negarse al ‘descuento por planilla’, porque la obligatoriedad mismo es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado. Si un trabajador no quisiera quedar sometido al ‘descuento por planilla’, entonces tendrá que obtener el crédito del sistema financiero bancario o de casas comerciales, el que (de seguro) será más caro debido al riesgo del repago; y e. Finalmente, es técnica y fácticamente imposible que pueda sostenerse que el funcionamiento del ‘descuento por planilla’ constituya una gestión de cobro por parte de la CAJA LOS nombre reservado, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que su representada no haga nada o no lo desee, porque, como ya se dijo, no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de ‘créditos sociales’.

2. LA OBLIGACIÓN ES ACTUALMENTE EXIGIBLE – LA PRESCRIPCIÓN DEBE SER DECLARADA JUDICIALMENTE.

Tal como se ha señalado anteriormente en esta presentación, su representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre su representada y el recurrente.

Alega que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, DECLARADA JUDICIALMENTE, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen Nº2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.”.

Por otro lado, insiste en que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

3. DE LA SUPUESTA VULNERACIÓN A GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, podemos afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Por último, debemos ser enfáticos en que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.” Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Cita jurisprudencia.

Pide tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los nombre reservado, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

A su informe acompaña el expediente de crédito social otorgados al recurrente.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el acto contra el cual se reclama es el descuento que se efectúa en la remuneración de la recurrente, para efectos del pago del crédito que mantiene con la caja recurrida.

TERCERO: Que, para efectos de resolver el asunto conviene establecer que no se encuentran controvertidos los siguientes hechos:

1.- La recurrente solicitó un crédito social en la Caja Los nombre reservado, por la suma de $11.402.790.

2.- En dicho contexto, la Caja Los nombre reservado dedujo demanda ejecutiva en el 3° Juzgado Civil de Temuco, cuya causa rol es C-1273-2024.

CUARTO: Que, para efectos de establecer si se configura o no una acción ilegal o arbitraria, debe considerarse lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 18.833, que prescribe: “…Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales…”. También, que conforme al artículo 21 de la misma ley, aquéllas pueden establecer un régimen de prestaciones de crédito social, en la medida que, les corresponde su administración respecto de los trabajadores afiliados, al tenor del artículo 19 N°3 del mismo cuerpo legal.

En tanto cuanto su pago y cobro se sujetan al estatuto de normas de las cotizaciones previsionales, deben enterarse oportunamente dentro de los 10 primeros días de cada mes por los respectivos empleadores; de lo contrario, se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las remuneraciones correspondientes a los trabajadores, por lo dispuesto en el artículo 3 inciso segundo primera parte de la Ley 17.322.

De esta forma, ordinariamente, la Caja de Compensación tiene la prerrogativa para cobrar su crédito mediante descuentos en la remuneración del deudor, conforme a una facultad que le confiere la ley.

QUINTO: Que, sin embargo, en el presente caso, la acreedora inició un procedimiento judicial de cobro de pagaré en contra de la deudora, por lo que, al continuar incluyendo dentro de la nómina para descuentos a la actora, aun habiendo iniciado acciones legales en su contra, ha pretendido perseguir por dos vías coetáneas, el pago de una misma obligación.

SEXTO: Que, en efecto, ha quedado acreditado que la Caja de Compensación recurrida, optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo éste del ámbito extrajudicial que ahora pretende, retomando los descuentos de dicho crédito- obtenido en el año 2021- el presente año, 2024.

Aquello conduce necesariamente a calificar de arbitraria dicha actuación, al pretender obtener mediante dos vías el cumplimiento de la obligación contraída por la recurrente, estimando que la posibilidad de obtener el pago directamente mediante descuentos en la remuneración del deudor se trata de una facultad excepcional que le concede la ley, cuya ejecución ha de ser restrictiva, en especial considerando que ya se ha opuesto una acción ejecutiva para perseguir el pago de la obligación respectiva.

SÉPTIMO: Que, la conducta antes descrita lesiona el derecho fundamental de propiedad de la afectada, por cuanto la mencionada instrucción de la recurrida, de retener parte de la remuneración de la recurrente, priva a esta última de los ingresos que ya se habían incorporado a su patrimonio y además, amenaza el derecho de propiedad de esta última sobre los ingresos respecto de los cuales tiene una cierta y legítima expectativa de incorporarlos al mismo.

OCTAVO: Que, en estas condiciones, el recurso deberá ser acogido, según se dirá.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que SE ACOGE la acción de protección deducida en esta causa de doña nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS nombre reservado, y, en consecuencia:

I. Se ordena que la recurrida cese todo tipo de retención o descuento en su remuneración por vía de empleador o administrativa, en relación con los créditos sociales individualizados precedentemente.

II. Se ordena la devolución de aquellos dineros descontados con motivo de dicho crédito a contar del mes de julio de 2024, con el reajuste correspondiente hasta la fecha de devolución efectiva.

Decisión acordada con el voto en contra del abogado integrante Luis Iván Díaz García, quien fue del parecer de rechazar el recurso de protección incoado, en base a los siguientes argumentos:

1°) Que, conforme lo previene el artículo 22 de la ley 18.833, el descuento por planilla constituye una modalidad de cobro que opera con independencia de la voluntad del deudor, en atención a la naturaleza de entidades de previsión social que ostentan las Cajas de Compensación y la finalidad de interés público a que se encuentran afectos los fondos con cargo a los cuales se otorgan los créditos de esta clase. Dicho mecanismo envuelve un imperativo para el empleador, quien está obligado a practicar la deducción tan pronto la Caja acreedora le notifique la existencia de una deuda vencida e impaga por parte de alguno de sus trabajadores afiliados.

2°) Que así, no cabe sino colegir que la recurrida, al comunicar a la empleadora del actor la morosidad en el pago de las cuotas del crédito social que éste mantiene vigente, se ha limitado a ejercer una prerrogativa que el ordenamiento jurídico le confiere de manera expresa, por lo que su proceder se ha ajustado a derecho y no puede ser tachado de ilegal.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la sentencia del Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici.

Rol N° Protección-5166-2024.(jog)