nombre reservado con SERVICIO LOCAL EDUCACION COSTA ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de febrero de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, empleada público, casada, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce acción de protección constitucional en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COSTA ARAUCANIA, Rut N° RUT reservado, representada por su Director don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, toda vez, que se ha visto amenazados y perturbados en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política del Estado, en virtud de un acto arbitrario e ilegal de la entidad recurrida ya que con fecha 28 de junio de 2019, sin fundamento y notificación alguna se le dejó de pagar la asignación pactada en favor de la suscrita. Funda el presente recurso en razón de los siguientes argumentos que a continuación pasa a exponer:

1.- Que la suscrita desde el año 2017, recibió y recibe invariablemente una asignación de incentivo profesional mediante decreto alcaldicio N° 167 de fecha 15 de febrero de 2017. El monto del incentivo actualmente asciende a la suma de $ 410.000 por ser DOCENTE DIRECTIVA del Liceo Municipal de Trovolhue. La asignación se ha pagado durante todos estos años y fue concedida por la Municipalidad de Carahue en atención al cargo que desempeña. Dicha asignación se paga mensualmente constituyendo parte de la remuneración y la que se prolonga hasta esta fecha, no obstante haber sido reducida sin fundamento alguno en el mes de junio de 2019.

2.- Que, el SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COSTA ARAUCANIA, sin aviso previo, pese a consultas de la suscrita, ha disminuido arbitrariamente una asignación que en su oportunidad y antes del traspaso de la educación desde el sistema municipal al nuevo sistema de servicios locales ya se pagaba y que posteriormente se reconoció íntegramente por su nuevo empleador. El monto que se le descuenta de la liquidación del mes de junio de 2019 es la suma de $214.091, pagándole solo la suma de $ 195.954, en circunstancias, como se dijo, siempre se le había estado pagando la suma de $ 410.000.

2.- La ley 21.040 en sus disposiciones transitorias impone a las Municipalidades, en lo que interesa, la obligación de informar al Ministerio de Educación sobre las remuneraciones de sus dependientes que serán traspasados. En forma preliminar manifestó que tal como lo resolvió la sentencia O-200-2019, del Tribunal del Trabajo de Curicó ratificada por la I. Corte de Apelaciones, que señala: “…en cuanto al fondo de las acciones deducidas, aparece de los antecedentes que el empleador se ha obligado en virtud del decreto alcaldicio a efectuar una disposición patrimonial en favor del trabajador consistentes en el pago de una asignación, que al respecto, habrá que decir que los trabajadores demandantes se encuentran regulados por el código del trabajo, y leyes especiales que corresponden. El código del trabajo es una norma protectora de los derechos de los trabajadores, y como tal, solo establece un mínimo que sirvan de protección a los mismos, esta forma no existe impedimento para que las partes libremente puedan convenir el establecimiento de condiciones más favorables a aquellas indicadas por el cuerpo normativo señalado. Que por lo tanto al hacerse aplicable el código del trabajo a los demandantes, corresponde también hacen aplicables a ellos las mejoras que las partes hayan establecido a sus condiciones entre las que se cuenta el establecimiento de un bono por experiencia a través del respectivo reglamento. Séptimo: En cuanto a las alegaciones de la parte demandada en cuanto a que dicha materia ha sido zanjada por la Contraloría General de la República al establecer que existe imposibilidad para la municipalidad de establecer condiciones más ventajosas para los trabajadores 3 regulados por el código del trabajo en atención a esto no han perdido su calidad de funcionarios públicos, se debe tener presente que el incumplimiento de las instrucciones del organismo Contralor por parte de la municipalidad efectivamente podría traducirse en responsabilidad para esta, ello no dice relación con las obligaciones entre trabajador y empleador, de esta forma lo que debió haber hecho la municipalidad era dejar sin efecto el decreto a través de la dictación de otro instrumento de la misma naturaleza, para que dicha modificación refiere a las relaciones que se celebrarán desde allí en adelante, no siendo posible por lo tanto a través de un acto de autoridad como el dictado por Contraloría dejar sin efecto las obligaciones surgidas entre trabajador y empleador. Al respecto hay que recordar que el decreto ya tantas veces mencionados dispone que este norma los derechos y deberes comunes a todos los funciones pertenecientes a los establecimientos educacionales que son administrados por la municipalidad el que se aplica como un anexo al contrato de trabajo, estableciendo de esta forma deberes y derechos para las partes que le resultan obligatorias”.

La ley 21.040 que crea el sistema de educación pública, en su párrafo octavo, artículo trigésimo sexto dispone en su parte pertinente: De la planta de personal de la Dirección de Educación Pública y sus traspasos. Facúltese al Presidente de la República para que, dentro del plazo de noventa días contado desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, regule las siguientes materias: 5. b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos que se lleve a cabo con su consentimiento”.

Falta de Ilegalidad Considero que no se observa ninguna ilegalidad que sea de tal manera relevante, que pudiera afectar la actual remuneración de la suscrita, más aún cuando ésta se encuentra siendo percibida desde antes del traspaso al Servicio Local de Educación, sin interrupción y consentida tácitamente por el Servicio Local de Educación. La asignación, fue otorgada mediante decreto municipal aprobada debidamente y por una unanimidad del Concejo Municipal. En su oportunidad la asignación otorgada se entregó bajo condición que esta se mantenía mientras se conservara el cargo directivo del Liceo de Trovolhue, situación que no ha cambiado hasta la fecha, manteniéndose por tanto dicha condición. El Servicio Local de Educación, luego del traspaso de la Educación Municipal continuó pagando la asignación acordada sin ninguna interrupción, más aún mis remuneraciones debieron ser informadas debidamente a mi nuevo empleador.

Derecho Adquirido y situaciones jurídicas consolidadas y derecho de Propiedad.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario hacer presente que la asignación acordada y pagada por el Servicio Local de Educación ingresó al patrimonio de la suscrita quien es trabajadora del Servicio Local de Educación, generando efectos jurídicos que no pueden ser desconocidos por autoridad alguna y más aún sin tener conocimiento hasta la fecha del porque se me habría dejado de pagar. En su oportunidad y respecto a la obligación de la Municipalidad, en orden a informar las remuneraciones de conformidad a la Ley 21.040, esta obligación se cumplió por parte de la Municipalidad de Carahue entregándosele toda la información. Los Actos Administrativos son eficaces, esto es, están llamados a producir efectos jurídicos –positivos o negativos- sobre las situaciones jurídicas del destinatario, incorporando dichos efectos en su patrimonio deviniendo en inmodificables para la Administración Pública, al quedar amparados por el Derecho de Propiedad. De este modo, los actos administrativos desde el momento de su notificación o publicación adquieren estabilidad que limita o restringe las potestades de revisión de la Administración del Estado. Ahora bien, el beneficio, se encuentra enmarcado dentro de lo que se denomina dentro del Derecho Administrativo como una situación jurídica consolidada, la que se define como un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y sus efectos, aún cuando estos no se hayan extinguido aún. La diferencia central de esta figura con una mera expectativa es que en aquella existe certidumbre con respecto a que los efectos del estado de cosas en cuestión se producirán o que se desplegarán de manera plena y completa. En este sentido, la asignación, constituye una situación jurídica consolidada, sin que pueda existir argumento alguno que prive a los beneficiados de tal prerrogativa, ya que como se indicó es completamente legal y se encuentra dentro de su patrimonio.

Confianza Legítima Por otra parte, es necesario hacer valer el principio de la CONFIANZA LEGÍTIMA Y PERDIDA DE EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. La administración podía dejar sin efecto un acto. Esta posición cambia, cuando a mediados de los años 50 la doctrina y la jurisprudencia comparadas asumen una concepción más restrictiva sobre esta posibilidad de actuación de contrario imperio, para señalar que la invalidación de oficio del acto DAÑABA EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGITIMA EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.

Reconocimiento Tácito.

En esta misma línea de argumentos, existió por parte del Servicio Local de Educación un RECONOCIMIENTO TÁCITO de la asignación otorgada ya que fue pagada a la suscrita hasta la fecha de hoy. Lo anterior, quiere decir, que el Servicio Local de Educación y el Ministerio de Educación tomaron de igual forma conocimiento de esta asignación la cual a esta fecha NO PUEDE SER DESCONOCIDA ya que de lo contrario se estaría vulnerando los derechos de la parte más débil de la contratación quienes son los “TRABAJADORES”, quienes por años han luchado por igualar sus derechos.

El conocimiento de los actos pueden ser expresos o bien tácitos, en el último caso, se da cuando se reconoce un acto mediante el otorgamiento de comportamientos, que en el derecho administrativo se da con la dictación de resoluciones. En el caso sub-lite al pagar las remuneraciones y la asignación se reconoció el derecho de los trabajadores.

Perjuicio a Terceros.

La resolución de la Contraloría Regional de la República provoca UN PERJUICIO a la persona del recurrente, quien tiene la expectativa de mantener la asignación aludida y que por un hecho no imputable a esta parte se les está privando de tal prerrogativa. El perjuicio vulnera el derecho de propiedad garantizado por la Constitución Política de la República y trae consigo un perjuicio económico para su grupo familiar.

GARANTIAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS ARTÍCULO 19 N° 24. EL DERECHO DE PROPIEDAD EN SUS DIVERSAS ESPECIES SOBRE TODA CLASE DE BIENES CORPORALES O INCORPORALES.

El otorgamiento de la asignación sin duda alguna entró al patrimonio de la recurrente, desde la dictación del decreto alcaldicio que la confirió, más aún, se ratifica esta asignación cuando el propio Servicio Local de Educación continua pagando dicha asignación, ya no siendo una mera expectativa sino por el contrario un derecho completamente afianzado e incorporado al patrimonio. De esta manera el actual de la recurrida al dejar de pagar arbitrariamente sin aviso alguno se me está privando de un derecho adquirido sin tener en consideración nuestra postura respecto a la discusión. En efecto, en el evento de concretarse la ilegal y arbitraria actuación que se reprocha, los beneficiados sufrirían una privación y disminución real de mi patrimonio, lo cual constituye un atentado claro y preciso a la expresada garantía constitucional. La conducta reprochada se traduce en un gravamen económico para el suscrito, que vulnera la garantía constitucional del derecho de propiedad que le asiste sobre los derechos que emanan de la vinculación contractual con su actual empleador.

ARTÍCULO 19 N° 16. LA LIBERTAD DE TRABAJO Y SU PROTECCIÓN.

Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Los derechos fundamentales son aquellos derechos y libertades que toda persona posee por el solo hecho de ser tal, y que se encuentran 6 reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico y en especial por nuestra Constitución Política de la República. Todo trabajador es persona, por lo tanto, es titular de derechos fundamentales. Esta garantía Constitucional es conculcada, cuando la recurrida suprime la asignación por incentivo profesional, citando sin argumento alguno que a esta parte se le haya notificado. La última frase de la garantía constitucional indica que… y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Disminuir esta asignación atenta con lo que se denomina justa retribución.

En conclusión, por las consideraciones expuestas, solicito a US. tenga a bien dejar sin efecto la actuación arbitraria e ilegal del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COSTA ARAUCANIA, que con fecha 28 junio de 2019 sin previo aviso disminuyó la asignación de incentivo profesional a la suscrita Solicita dejar sin efecto la actuación arbitraria que disminuyó el pago de la asignación de incentivo profesional a la suscrita de fecha2 8 de junio de 2019, decretando en definitiva que el beneficio otorgado por la Ilustre Municipalidad de Carahue a la recurrente es ajustado a derecho en base a los argumentos que se han expuesto en esta presentación y ordene al Servicio Local de Educación Costa Araucanía seguir pagando la asignación otorgada, toda vez, que se actuó de manera ilegal y arbitraria, perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 número 24 inciso final y 16 de la Constitución de la República, con expresa condenación en Costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Liquidaciones de sueldo de enero a junio de 2018.

2.- Liquidaciones de sueldo de enero a mayo de 2019.

3.- Liquidación de sueldo junio de 2019.

4.- Copia de decreto alcaldicio N° 167 de fecha 15/02/2017 que otorga el beneficio.

5.- Copia acuerdo concejo municipal de fecha 14/02/2017.

A folio 10, informa la recurrida, quien expone:

I. ANCEDENTES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COSTA ARAUCANÍA Que, la ley N° 21.040 Crea el Sistema de Educación Pública dispone en su artículo 16 la creación de los Servicios Locales de Educación Pública que señala como órganos públicos, funcional y territorialmente descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de proveer a través de los establecimientos educacionales de su dependencia, el servicio educacional en los niveles y modalidades que corresponda.

Que, la dirección y administración de cada Servicio Local estará a cargo del Director Ejecutivo, quien será el jefe superior del servicio de conformidad a lo prescrito por el artículo 21 de la Ley N° 21.040.

Que, conforme el Decreto N° 379, de 27 de noviembre del 2017, del Ministerio de Educación, se fijó la denominación, ámbito de competencia territorial, domicilio y calendario de instalación con las fechas en que inició funciones el Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía.

Que en virtud del artículo octavo transitorio de la ley N° 21.040 que Crea el Sistema de Educación Pública se efectuó el traspaso del servicio educacional, por el solo ministerio de la ley, con fecha 01 de julio de 2018, de las comunas de Nueva Imperial, Carahue, Toltén, Teodoro Schmidt y Saavedra.

Que según el artículo noveno del mismo cuerpo legal el Servicio Local será sucesor legal de la municipalidad o la corporación municipal en su caso, en la calidad de sostenedor del establecimiento educacional traspasado.

Que la Resolución Exenta N° 1519 de fecha 29 de junio de 2018, del Ministerio de Educación, constata la calidad de sostenedor del Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía siendo representado legalmente por su Director Ejecutivo.

Que de acuerdo a todo lo anterior, la Resolución Exenta N° 242 de 12 de abril de 2018, de la Dirección de Educación Pública dispone el traspaso al Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía de los profesionales de la educación y asistentes de la educación, así como los bienes muebles e inmuebles afectos a la prestación del servicio educacional que se individualizan, de acuerdo al artículo vigésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040.

II. ANTECEDENTES DE LA ASIGNACIÓN DENOMINADA “INCENTIVO PROFESIONAL”

Es preciso consignar que el Decreto con Fuerza de Ley 1, del año 1997, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, en su artículo 47, precepto que fue reemplazado por el artículo 1°, numeral 30, de la ley N° 20.903, dispone en su inciso 1º que “los profesionales de la educación del sector municipal gozarán de las siguientes asignaciones: a) asignación de experiencia; b) asignación por tramo de desarrollo profesional; c) asignación de reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios; d) asignación de responsabilidad directiva y asignación de responsabilidad técnico—pedagógica; e) bonificación de reconocimiento profesional; f) bonificación de excelencia académica.”

Agrega en su inc. 2º, que “los sostenedores podrán establecer asignaciones especiales de incentivo profesional, las que se otorgarán por razones fundadas en el mérito, tendrán el carácter de temporal o permanente y se establecerán para algunos o la totalidad de los profesionales de la educación, de uno o más de los establecimientos del Servicio Local respectivo.

III. ANTECEDENTES DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA A LA RECURRENTE Que, mediante Decreto alcaldicio de la municipalidad de Carahue N°167 de fecha 15 de febrero de 2017, se aprobó el pago de la asignación de incentivo profesional, a contar del 01 de febrero del año 2017 a la recurrente nombre reservado del Liceo Municipal de Trovolhue, en un monto de $400.000, mientras permanezca en el cargo.

IV. ANTECEDENTES RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Que, con fecha 16 de abril de 2019 este Servicio Local mediante Ord. N°220 solicitó que la Contraloría Regional de Temuco, se pronunciara en torno a la legalidad respecto al incentivo profesional percibido por ciertos docentes de la comuna de Carahue, entre los cuales se encontraba la recurrente doña nombre reservado.

Que, en definitiva con fecha 29 de mayo de 2019 el ente contralor, mediante Ord. N°3.507, señaló que el pago de dicho estipendio respecto de la recurrente no se ajustaría a derecho, por tal razón este Servicio Local rebajó el pago de dicha asignación.

V. MARCO LEGAL APLICADO Teniendo presente todo lo expuesto hasta acá, resulta del caso y en lo atingente tener en consideración el artículo 47 de la ley N°19.070, y además consignar que el artículo séptimo transitorio de la ley N°20.903 reguló la entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas por esa normativa, estableciendo, en su inciso primero, que las derogaciones y modificaciones a las asignaciones y demás beneficios pecuniarios establecidos, entre otros, en el artículo 1°, numeral 30, no se aplicaran a aquellos profesionales de la educación que no se rijan por el nuevo título III de la ley N°19.070, referente al desarrollo profesional docente.

En lo atingente, el inciso tercero de la señalada disposición transitoria, precisó que “lo dispuesto en el inciso final del artículo 47 del decreto con fuerza de ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, regirá desde la entrada en vigencia de esta ley, sin perjuicio que hasta el año escolar 2025 tendrá un tope de 30% de la remuneración básica mínima nacional”

Es preciso tener en consideración el dictamen N°30.958 de 2018 del ente contralor, el cual precisó que de las normas citadas precedentemente se desprende que las derogaciones y modificaciones enumeradas en el inciso primero del artículo séptimo transitorio de la ley N°20.903, son aplicables a los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal, y que ingresaron al nuevo Sistema de Desarrollo Profesional Docente, a partir del 01 de julio de 2017 toda vez que desde esa data estos servidores se rigen por el título III de la ley N°19.070.

Se complementa, que no obstante lo anterior, en lo que respecta a las asignaciones especiales de incentivo profesional y, en particular, al tope que incorporó el inciso tercero del artículo séptimo transitorio en cuestión, la ley consagró una norma de excepción consistente en que el nuevo inciso final del artículo 47 de la ley N°19.070, regirá desde la entrada en vigencia de la ley N°20.903, esto es, desde el 01 de abril de 2016, por lo que a contar de la referida data resulta aplicable el tope del 30% de la remuneración básica mínima nacional.

Por lo tanto, es dable que se siga pagando dicho beneficio, pero en la medida que éste se ajuste al límite porcentual que establece el precitado inciso tercero, del artículo séptimo transitorio de la ley N°20.903.

VI. APRECIACIONES FINALES Expone que no son efectivas las alegaciones de la recurrente, toda vez que en todo momento este Servicio Local actuó amparado por la normativa vigente. En efecto, no se cumplen los presupuestos necesarios para que este recurso de protección prospere, toda vez que no se puede alegar la afectación de un derecho cuando el órgano del Estado ha actuado amparado por una ley. En el caso de marras, no ha existido una acción u omisión ilegal o arbitraria que cause privación, perturbación o amenaza en los derechos señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Que como se puede apreciar existe un marco legal que determina la forma en que se debía realizar el traspaso del servicio educacional a este Servicio Local, por lo que el pago del emolumento en cuestión resulta improcedente toda vez que no cumplió con las normas anteriormente citadas. Por lo anterior, en ningún caso la decisión es arbitraria e ilegal, pues tiene un fundamento legal y se encuentra respaldada, además, por las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República.

Solicita se sirva se sirva tener por evacuado el informe y en definitiva rechazar el Recurso de Protección en todas sus partes, por las razones expuestas en el cuerpo de esta presentación, con expresa condenación en costas.- Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Copia de Decreto N°167 de 15 de febrero 2017 de la Ilustre municipalidad de Carahue.

2. Copia certificado N°0105 de 14 de febrero de 2017 del Secretario Municipal, del municipio de Carahue 3. Copia de Ord. N° 3.507 de 29 de mayo de 2019 de la Contraloría General de la República.

A folio 13, informa la Municipalidad de Carahue, quien dice:

Que, mediante decreto alcaldicio número 348 de fecha 23 de marzo de 2018 el suscrito, alcalde Héctor Saez Veliz conjuntamente con el Concejo Municipal, en cumplimiento del acuerdo Nº 333-2018, otorgó el pago de la asignación de incentivo profesional a contar del 01 de marzo de 2018 en consideración a las funciones que cumple la recurrente y teniendo en cuenta las facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal.

Agrega que la Municipalidad fue la sostenedora de los establecimientos educaciones, hasta el mes de junio de 2018, no existiendo impedimento para acordar con sus trabajadores aumento de remuneraciones, incentivos laboresl o cualquier otro acuerdo. La municipalidad cumplió congeniar la información al Ministerio de Educación según se indica en decreto alcaldicio Nº 4975, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero transitorio.

Posteriormente y según ordinario 000374 de fecha 8 de mayo de 2018, emitido por el Director de Educación Pública don nombre reservado, que encía instructivo para la entrega d información se emite nómina con nuevos antecedentes incorporándose toda la información referente a todos los trabajadores del departamento de educación.

Al folio 17 el 24 de enero de 2020 se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Acción Constitucional de protección ha sido establecida en nuestro ordenamiento jurídico como un recurso de carácter extraordinario, en favor de todo aquel que por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el propio Legislador Fundamental se ha encargado de precisar, cuando del mérito de los antecedentes se constate que se ha verificado el acto u omisión que menoscabe el legítimo ejercicio de alguno de los derechos protegidos por la vía de esta acción, debiendo en tal caso adoptarse las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que, la recurrente solicita dejar sin efecto la actuación arbitraria que disminuyó el pago de la Asignación de Incentivo Profesional otorgado por la Municipalidad de Carahue, el cual fue establecido mediante acuerdo del Concejo Municipal Nº040/2017 y dispuesto mediante Decreto alcaldicio de la municipalidad de Carahue N°167 de fecha 15 de febrero de 2017, declarando su monto inicial como ajustado a derecho y se ordene al Servicio Local de Educación Costa Araucanía seguir pagándolo en el monto inicialmente otorgado de $410.045.- (cuatrocientos diez mil cuarenta y cinco pesos) el cual en el mes de Junio de 2019 fue disminuido a la suma bruta de $214.091.- (doscientos catorce mil noventa y un pesos), como dan cuenta los documentos acompañados al recurso, toda vez que en su disminución se actuó de manera ilegal y arbitraria, perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 número 24 inciso final y 16 de la Constitución de la República.

TERCERO: Que, informando la recurrida, no discute ni la calidad de funcionario público que ha sido traspasado desde el sistema municipal al nuevo sistema de servicios locales ni la legalidad en el pago de la Asignación de Incentivo Profesional, establecida en base al artículo 47 de la Ley 19.070, sin embargo limita su pago a un monto que no exceda al 30% del sueldo base como fue ajustado en el mes de junio de 2019 en el salario de la recurrente, limitación establecida en el artículo Séptimo Transitorio de la Ley Nº 20.903 que reguló la entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas por esa normativa.

CUARTO: Que, efectivamente el artículo séptimo transitorio de la ley N° 20.903, establece en su inciso tercero “Lo dispuesto en el inciso final del artículo 47 del decreto con fuerza de ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, regirá desde la entrada en vigencia de esta ley, sin perjuicio que hasta el año escolar 2025 tendrá un tope de 30% de la remuneración básica mínima nacional”

Además, también es efectivo que la Contraloría Regional de La Araucanía emitió el dictamen 30.958 de fecha 13 de diciembre de 2018, con ocasión de las presentaciones de las Municipalidades de Angol y Temuco, en relación con la entrada en vigencia y aplicación de las modificaciones introducidas por la ley N° 20.903, a las asignaciones especiales de incentivo profesional previstas en el artículo 47, inciso final, de la ley N° 19.070, señalando que resulta aplicable a los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal, y que ingresaron al nuevo Sistema de Desarrollo Profesional Docente, a partir del 01 de julio de 2017 toda vez que desde esa data estos servidores se rigen por el título III de la ley N°19.070, como es el caso de la docente de autos.

Y en lo pertinente el dictamen ha establecido: “Sin embargo, en lo que respecta a las asignaciones especiales de incentivo profesional y, en particular, al tope que incorporó el inciso tercero del artículo séptimo transitorio en cuestión, la ley consagró una norma de excepción consistente en que el nuevo inciso final del artículo 47 de la ley N° 19.070, regirá desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.903, esto es, desde el 1 de abril de 2016, por lo que a contar de la referida data resulta aplicable el tope del 30% de la remuneración básica mínima nacional (aplica dictamen N° 6.985, de 2018).”

QUINTO: Que, en tal orden de ideas en caso alguno puede considerarse que exista propiedad en el exceso de una asignación que tiene un límite o tope dispuesto en la propia ley que la establece, en este caso el artículo 47 inciso final de la Ley 19.070, por cuanto existiendo texto expreso, no puede incorporarse al patrimonio de una persona una suma que se percibe al margen de la legalidad vigente, así como tampoco puede considerarse que ello amenace el derecho a realizar cualquier actividad lícita que es lo que establece la garantía del nº 16 del artículo 19 de la Constitución, pero no se garantiza en modo alguno el derecho a un salario digno, concepto en todo caso de contornos aún imprecisos en nuestro ordenamiento jurídico.

SEXTO: Que, por estas consideraciones, no es posible apreciar ilegalidad ni arbitrariedad en la disminución de la Asignación de Incentivo Profesional al monto de $195.954 ya que este monto es el equivalente del 30% del sueldo base del cual dan cuenta las liquidaciones acompañadas por la propia recurrente, de manera que el recurso no puede prosperar como se dirá a continuación.

Por estas consideraciones, disposiciones legales y reglamentarias citadas y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA la acción de protección deducida por doña nombre reservado, en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COSTA ARAUCANIA, ya individualizados, sin costas por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese, agréguese a la carpeta digital y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Hellen Pacheco Cornejo.

Rol Protección Nº 5447- 2019.(aea)