Protección contra Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile

C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, Sargento 2º de Carabineros, cédula de identidad N° RUT reservado con domicilio en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile, representado por el General don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, o contra quien lo subrogue o ejerza el cargo en calidad de titular; con ocasión de los actos ilegales y/o arbitrarios emanados de parte de dicho Departamento, específicamente el acto administrativo contenido en la Orden N° 79, de fecha 07.06.2024, de la Dirección Nacional de Personal, por medio de la cual se ordena el traslado del suscrito, a contar del 16.05.2024, desde la Asesoría Zonal de inteligencia de la Zona Araucanía Control de Orden Público, a la 1° Comisaría de la Prefectura Cachapoal N° 11; siendo notificado con fecha 23.05.2024, I.

ANTECEDENTES GENERALES Sostiene que cuenta con 17 años de servicios efectivos en Carabineros de Chile. Actualmente está clasificado en lista 1 de Méritos, con 125 puntos. Agrega que no se encuentra sometido a procesos disciplinarios o judiciales, formalizado y/o acusado por el Ministerio Público en proceso penal alguno.

Así las cosas, el suscrito desde su ingreso a Carabineros de Chile, ha cumplido con todos los aspectos profesionales para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y normativas reglamentarias institucionales, atendiendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y a la comunidad toda, manteniendo siempre un irrestricto apego al régimen disciplinario que rige a la Institución; como también, a los principios éticos, morales y valóricos que deben adornar a cada Carabinero, circunstancias que constan en las respectivas evaluaciones de las calificaciones anuales, anotaciones en la hoja de vida y desarrollo de carrera profesional, manteniendo un constante espíritu de superación que lo ha llevado a seguir estudiando y perfeccionándose, de manera continua y permanente, tanto en el área profesional como de cultura general.

Indica que durante el desarrollo de su carrera profesional ha cumplido funciones como Carabinero de Orden y Seguridad, en la Sipolcar Temuco, 2da. Comisaría Temuco, Escuela de Suboficiales (Grupo Concepción) y Asesoría Zonal de Inteligencia Z.a.c.o.p, en esta última ha desarrollado labores de la especialidad.

Por lo anterior que no se comprende las motivaciones que fundan la decisión de traslado, por cuanto la ejecución de dicho Proceso administrativo contempla criterios objetivos y equitativos, que posibilita a todos sus integrantes conocer los fundamentos detrás de las decisiones adoptadas; actuándose en concordancia con los principio de Probidad y Publicidad que la Constitución Política de la República impone a la administración, los cuales son desarrollados en determinados cuerpos legales, y en los mismos términos expuestos en el Manual de Traslados de Carabineros de Chile, circunstancias que en este caso concreto no se dan.

Así las cosas, con fecha 07.06.2024, se dictó la Orden N° 79, de la Dirección Nacional de Personal, por medio de la cual se ordena el traslado del suscrito, a contar del 02.01.2022, desde la desde la Asesoría Zonal de inteligencia de la Zona Araucanía Control de Orden Público, a la 1° Comisaría de la Prefectura Cachapoal n° 11. Dicho acto, emana del General Director de Carabineros de Chile a través de la Dirección Nacional de Personal.

El acto recurrido fue motivo en el cual no se atendieron ni analizaron los fundados antecedentes, familiares, personales y de salud que hacían inconveniente materializar el traslado. Indicados en el propio Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, aprobado por la Orden General N°2.707 de fecha 13 de noviembre de 2019.

Refiere que los actos impugnados mediante la presente acción Constitucional, se han tornado arbitrario e ilegal, por cuanto, vulneran garantías constitucionales de los recurrentes, ya que para la adopción de la decisión sobre la cual versa la reconsideración del traslado de los recurrente no han sido consideradas las circunstancias de salud, personales y familiares, entre otras, y que fueron invocadas en el recurso administrativo, según los aspecto a considerar en el propio nombre reservado de la Institución y que a reglón seguido se detallara.

II. DE LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES SOSTENIDAS POR EL RECURRENTE Y QUE FUNDAMENTARON SU RECURSO DEREPOSICIÓN.

DE LA SITUACIÓN FAMILIAR Que, el recurrente mantiene una HIJA: nombre reservado de 8 años, de la cual mantiene el cuidado compartido (sic), conforme a la mediación aprobada por el Juzgado de Familia, por lo que la materializarse el presente traslado, se generaría una grave disgregación familiar, y desapego del vínculo paterno, cobrando esto mayor importancia que se estaría incumpliendo lo resulto por el Tribunal de Familia.

En relación al ámbito educacional su hija se mantiene actualmente estudiando en 3ero Básico en la escuela Emelia nombre reservado de la comuna de Lautaro, quedando en el completo desamparo e incertidumbre en este sentido que al lugar de traslado se encuentra ubicado a 600 kilómetros de distancia de su lugar de estudios.

Resalta el gran trastorno emocional vivido por su hija al enterarse del traslado de su padre, en especial por el diagnostico neurológico de “Trastorno Oposicionista Desafiante, y Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad”, enfermedad de la cual está siendo tratada por la Psicóloga Infanto Juvenil y Educacional nombre reservado, Cedula de Identidad RUT reservado, N° de registro 753571, de hace más de 2 años a la fecha, quien es enfática en señalar en su informe “Se sugiere mantener rutinas familiares que vivencia de María Rosario, sin interferir en cambios complejos o abruptos, por lo cual se especifica que si la paciente sufriera alguna alteración, especialmente por parte del padre, quien es la figura parental más importante para la paciente, esto afectará su proceso psicoterapéutico, lo que puede conllevar a efectos emocionales negativos como tristeza profunda, ansiedad, sentimiento de soledad, o aumento de ira o irritabilidad, además de retroceso en los avances que se han podido manifestar” por lo que claramente al materializarse el traslado sería un grave retroceso en su tratamiento psicológico.

A) DE LA SITUACIÓN DE SALUD GRUPO FAMILIAR Insiste que su hija nombre reservado de 8 años, de la cual mantiene el cuidado compartido con su madre, fue detectada por el Médico con especialidad en Neurología infantil DR. nombre reservado, con “Trastorno Oposicionista Desafiante, y Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad”, enfermedad de la cual actualmente está siendo tratada por la Psicóloga Infanto Juvenil y Educacional Sra. nombre reservado° de registro 753571, además de la Sra. nombre reservado, nombre reservado, Cedula de Identidad nro. RUT reservado, Registro Superintendencia de Salud Nº 68376, en lo cual se acompaña ambos Informe lo cuales son contestes en señalar, y ENFÁTICOS EN SEÑALAR QUE UN CAMBIO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS TRAERÁ GRAVES CONSECUENCIA PARA LA NIÑA, SIENDO ADEMÁS RESPALDADO CON LA OPINIÓN DE LA ASISTE SOCIAL DE CARABINEROS Y ASISTENTE SOCIAL ESPECIALISTA DEL ÁREA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO.

No menor importante es señalar que su abuela reconocida como su madre nombre reservado, por ser quien ostento esa calidad para la crianza del suscrito Sargento 2°, debido a que su madre biológica falleció cuando tenía dos años, quien mantiene su domicilio en la comuna de Lautaro, fue diagnosticado con la Alzheimer y otras demencia, siendo una red de apoyo primordial para el bienestar de esta adulta mayor, toda vez que mantiene un cuidado permanente, como además encuentra tratando en Cesfam Cristóbal Sáenz de la comuna de Lautaro, siendo él quien por las noches viaja desde Temuco a Lautaro para pernoctar en el domicilio de su mencionada adulta mayor y acompañarla, también es quien la traslada a sus controles en Temuco, ya que es una persona con dependencia relacionada con salir sola.

Estos cúmulos de antecedentes, no porque el suscrito lo menciones, sino por la opinión de los informes acompañados, certificados médicos, inclusive la propia opinión de la Asiste Social de la Institución de Carabineros de Chile, Asistente Social especialista del área de la Municipalidad de Lautaro, informes médicos que se acompañan entre otros.

B). SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Recalca que ante los gastos médicos y tratamiento de su hija, como además los gasto de su madre detalles señalados en el numeral anterior, entre otro y al materializarse el movimiento de personal dispuesto por la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, la situación económica se verá sustancialmente empeorada producto del gran detrimento patrimonial que ello irrogaría, por cuanto traerá aparejado la pérdida de algunos beneficios económicos, como por ejemplo la Asignación Zona. Lo cual, sumado al hecho de tener que incurrir en otros gastos como lo serían, arriendo, situación que pido respetuosamente pueda ser considerada por Usía, teniendo en mayor consideración el gran gasto en salud, de su hija como gasto extraordinario, sumado a la pensión de alimento entre otros.

C) RED DE APOYO Sostiene que el recurrente es la única red de apoyo que mantiene su hija nombre reservado de 8 años de edad, quien además tiene el cuidado compartido (SIC), sobre todo por el estado de salud mental, que actualmente la mantienen en un tratamiento psicológico y con nombre reservado, lo cual se ha avanzado en conjunto con su madre y ex cónyuge del suscrito, por lo que al materializarse dicho traslado, la menor de edad quedará en completa indefensión en relación a la red de apoyo, sugerida por todos los informes acompañados en el presente recurso.

Antecedente no menor es lo que acontecería con la abuela nombre reservado, como ya explicado anteriormente obtento la calidad de madre del suscrito por la muerte de la madre biológica cuando tenía dos años, quien mantiene su domicilio en la comuna de Lautaro, padeciendo de Alzheimer y otras demencia, siendo una red de apoyo primordial para el bienestar de esta adulta mayor, toda vez que mantiene un cuidado permanente, como además encuentra tratando en Cesfam Cristóbal Sáenz de la comuna de Lautaro, siendo él quien por las noches viaja desde Temuco a Lautaro para pernoctar en el domicilio de su mencionada adulta mayor, y acompañarla, también es quien la traslada a sus controles en a la cuidad de Temuco, ya que es una persona con dependencia relacionada con salir sola.

D). CONSECUENCIAS DEL TRASLADO Así las cosas, en base a todos los antecedentes de hecho esgrimidos en este recurso, que dice relación con aspectos del ámbito familiar, laboral, médico y socio económico, es posible concluir que de concretarse el traslado dispuesto por la Dirección Nacional de Personal en estos momentos y etapa actual que se encuentra viviendo, en forma tan abrupta y repentina no cumpliendo con los parámetros mínimos del el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, aprobado por Orden General N° 2.707, de la Dirección General de Carabineros, de fecha 13.11.2019, esto es por la fecha en que se dispuso, no se consideró las situaciones familiares, desconociendo por qué se tomó esta determinación, sin hacerse cargo de las nocivas consecuencias que significaría el traslado en especial en el ámbito de salud de su hija ampliamente detallada en LOS INFORMES DONDE LOS ESPECIALISTA SON ENFÁTICOS EN SEÑALAR LOS GRAVES ASPECTOS AL CONCRETARSE EL TRASLADO, SUGIRIENDO EN FORMA EXPRESA QUE ESTO NO SUCEDA, TANTO POR LA PROPIA ASISTENTE SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN CARABINEROS, INFORME PSICOLÓGICO Y MÉDICOS DE LA HIJA, INFORME SOCIAL DE LA PROPIA ESPECIALISTA DEL DE LA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO.

El suscrito con los argumentos expuestos y el grave daño familiar que se originaria al disgregarse de su hija con la cual mantiene el cuidado compartido con su ex cónyuge, siendo esto de igualmente advertido, por los Informes adjuntos al presente recurso. Por lo que en forma muy respetuosa se solicita.

III.- POSIBILIDAD DE CONSIDERACIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES QUE CONTEMPLA LA PROPIA NORMATIVA DE CARABINEROS DE CHILE.

Indica que la propia Institución regula dichos movimientos de personal a través del Manual de Traslados para el personal de Carabineros, aprobado por la Orden General N° 2.707.

Agrega que el ejercicio de estas facultades discrecionales de la autoridad, NO PUEDEN IMPLICAR ARBITRARIEDAD, por lo que la decisión de un traslado conlleva que ésta debe ser suficientemente MOTIVADA y FUNDAMENTADA, a fin de asegurar que estas actuaciones sean concordantes con el objetivo considerado por la normativa pertinente al otorgarlas, de manera que no signifiquen, en definitiva, una desviación del poder, lo que en la especie no acontece.

Precisa que el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, citado precedentemente señala que: “Con la finalidad de ampliar el espectro de antecedentes a ser analizados y considerados al momento de evaluar, proponer y disponer los movimientos de personal, con motivo del Proceso Anual de Traslados; se tendrán en consideración los aspectos profesionales y personales del recurso humano, que se detallan a continuación:”

Agrega que estos pueden, de acuerdo al numeral 2.4.2. referirse a aspectos personales: “Corresponde a aquellos aspectos que, sin constituir elementos que incidan directamente en el desempeño laboral del personal, pudieses afectar, indirectamente, su productividad e interés para cumplir sus obligaciones tales como: “a) Trabajo y/o estudios del cónyuge o conviviente civil, además de estudios de personal o de sus hijos, y otras debidamente calificadas”.

Esta causal de excepción cabe perfecto en este caso particular, en lo que dice relación a los estudios su hija se mantiene actualmente estudiando en 3ero Básico en la escuela Emelia nombre reservado de la comuna de Lautaro, quedando en el completo desamparo e incertidumbre en este sentido que al lugar de traslado se encuentra ubicado a 600 kilómetros de distancia de su lugar de estudios, quien mantiene el cuidado compartido.

“b) Salud del personal o de los miembros de su grupo familiar, fundamentalmente en caso de que alguno de ellos requiera atención profesional especializada o, por indicación médica, demande una especial permanencia física en algún lugar determinado, o fuera de este”.

Con ello queda de manifiesto que se pueden considerar situaciones especiales, como en este caso, la salud de su hija de 8 años que como los antecedentes que constan en autos, antes que se dispusiera el traslado se encontraba con su tratamiento la Médico con especialidad en Neurología infantil DR. nombre reservado, con “Trastorno Oposicionista Desafiante, y Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad”, enfermedad de la cual actualmente está siendo tratada por la Psicóloga Infanto Juvenil y Educacional Sra. nombre reservado° de registro 753571, además de la Sra. nombre reservado, nombre reservado, Cedula de Identidad nro. RUT reservado, Registro Superintendencia de Salud Nº 68376 Por lo anterior, previas citas legales y desarrollo de los derechos presuntamente conculcados, pide acoger el recurso, ordenando en definitiva:

1) Dejar sin efecto la Orden Nº 79, de fecha 07.06.2024, de la Dirección Nacional del Personal.

2) y demás medidas que se estimen pertinentes.

A folio 15, evacúa informe la parte recurrida.

I. - ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

Sostiene que el recurrente ingresó a la Institución el 16.05.2007 como Carabinero Alumno, siendo nombrado con el grado de Carabinero el 16.05.2008 y destinado a la 36a Comisaría de la Prefectura Santiago Cordillera. Así, mediando varias destinaciones más, a contar del 02.01.2022, fue trasladado a la Asesoría Zonal de Inteligencia de la Zona de Carabineros Araucanía Control Orden Público, manteniéndose hasta esta fecha, en dicha Unidad especializada.

Asevera que por medio del Documento Electrónico N.C.U. 207012957, de 22.05.2024, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2.), por orden de este Director Nacional de Personal, se dispuso el traslado del recurrente, a contar del 16.05.2024, con los derechos reglamentarios, hacia la Ia Comisaría de la Prefectura “Cachapoal” N° 11, movimiento que fue regularizado en la Orden de Traslado N° 79, de 07.06.2024, de esta Alta Repartición, publicada en el Boletín Oficial N° 5121, de 10.06.2024.

Añade luego, con fecha 23.05.2024, personal de la Asesoría Zonal de la Zona de Carabineros Araucanía Control Orden Público, notificó personalmente al aludido funcionario del traslado dispuesto, quien se manifestó no conforme y haciendo uso de la instancia recursiva que le asiste, presentó Recurso de Reposición, y en subsidio Jerárquico, el que fue resuelto por orden de este Director Nacional de Personal, a través del Documento Electrónico N.C.U. 208494765, de 12.06.2024, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2.), de la Dirección Gestión de Personas de esta dependencia, siendo rechazado, toda vez que dicho movimiento obedeció a razones de mejor servicio, basadas en una redistribución de personal para el correcto y óptimo desarrollo de los servicios policiales, como de igual forma a las necesidades institucionales de dotar de más recurso humano a la Unidad policial de destino del citado P.N.I., como también, con el objeto de ir rotando al personal en sus funciones profesionales y otorgar igualdad de oportunidades, además de reducir el déficit de personal que existe en las Unidades operativas.

Asimismo, se tuvieron presente diferentes factores objetivos que hacían necesario potenciar la fuerza efectiva de la Ia Comisaría de la Prefectura Cachapoal N° 11, entre ellos, que mantiene bajo índice de Cobertura de Demanda Policial (I.C.D.P.), el cual corresponde a un 0.43, muy por debajo del promedio nacional, que es de un 0,62.

Sin perjuicio de lo anterior, el traslado del recurrente fue dispuesto con los “Derechos reglamentarios”, estipendio que abarca los beneficios de Asignación por cambio de residencia, pasajes para el funcionario y su grupo familiar y flete, esto es, la mudanza por cuenta fiscal de especies de menaje y casa que deba realizar el aludido funcionario a su nueva destinación.

Agrega que con fecha 13.06.2024, se notificó personalmente al funcionario del contenido íntegro del Documento Electrónico N.C.U. 208494765, de 12.06.2024, según consta en Acta de la Asesoría Zonal Z.A.C.O.P., debidamente firmada por el recurrente.

Finaliza indicando que el recurrente no se ha presentado al lugar de su nueva destinación, por cuanto éste se encuentra haciendo uso de licencia médica prolongada desde el 24.05.2024, presentando su última licencia médica el 05.07.2024, por 21 días de reposo.

II. - NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA APLICABLE:

1. - La facultad de trasladar al personal institucional y los derechos que de ella emanan, se encuentran debidamente regulados por la legislación, reglamentación y normativa interna de Carabineros de Chile, la cual resulta aplicable indistintamente al Personal de Nombramiento Supremo e Institucional.

2. - El artículo 31 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que le corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial.

3. - Lo anterior, se ve reafirmado en el artículo 10, del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros Beneficios, N° 9, al indicar que los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director, a través de la Dirección Nacional de Personal.

4. - El Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, aprobado mediante la Orden General N° 2.707, de 13.11.2019, tiene como finalidad definir, ordenar, regular, coordinar, resolver la ejecución e implementación del Proceso Anual de Traslados para todo el personal de los distintos escalafones institucionales, junto con establecer los procedimientos de rigor.

5. - El referido Manual determina en forma clara y precisa las políticas institucionales relativas a los traslados, pudiendo mencionarse, entre otras consideraciones, que todo miembro de la Institución, de cualquier grado y escalafón, por el sólo hecho de ingresar a la misma, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas a Carabineros de Chile por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos, atendiendo a las necesidades del servicio.

6. - La señalada obligación tiene variados alcances, entre los cuales cabe consignar aquel que se relaciona con el sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile, que se fundamenta en la obediencia y acatamiento de las normas y disposiciones existentes, destacándose la facultad que posee el órgano institucional competente para disponer los traslados que sean necesarios para el cumplimiento de los fines e intereses institucionales.

7. - Bajo este contexto y en tomo a la prerrogativa esgrimida, la reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida en sus dictámenes Nros. 32.071 y 4.181, ambos de 2017, 35.593 de 2016; 25.116 de 2014; 3.263 de 2012; 34.098 de 2010 y 26.374 de 2000, ha sostenido que esta Institución, por razones de buen servicio, se encuentra facultada para destinar a sus funcionarios a las diversas localidades del país, sin que esta atribución pueda verse reducida o limitada por objetivos personales de quienes son trasladados, ya que, el fin perseguido por esta medida es lograr optimizar las funciones asignadas por la Constitución y las leyes a Carabineros de Chile.

En esta directriz, es la autoridad competente la que evalúa y determina la oportunidad y utilidad de la medida adoptada, debiendo primar, en el ejercicio de esa facultad, el interés público por sobre el interés particular del servidor.

8. - De este modo, la atribución institucional en materia de traslados, en orden a decidir discrecionalmente cómo distribuir y ubicar al personal de Carabineros, responde a un proceso de responsabilidad de la Dirección Nacional de Personal, previa identificación de las competencias, habilidades y aptitudes del recurso humano, con miras a ubicarlo donde mejor respondan a los intereses, demandas y necesidades de personal a lo largo del país, tomando en consideración para ello, variables de carácter profesional y, excepcionalmente, aspectos personales del funcionario.

En este sentido, el punto 2.4.1., del citado manual, reconoce que las destinaciones del personal, deben constituirse como un medio para ubicar, en cada cargo, al funcionario más idóneo en el cumplimiento de las tareas asignadas.

9. - Por otra parte, los artículos 6o y 7o, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2o, de la Ley N° 18.575, consagran el principio de juridicidad, en cuya virtud los órganos de la Administración del Estado -dentro de los cuales se encuentra Carabineros de Chile-, no pueden ejercer más potestades que las que expresamente les han sido otorgadas.

10. - En tanto, la Contraloría General de la República, acorde con el criterio contenido en el dictamen N° 3503, de 2020, ha manifestado que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de facultades discrecionales, como la de la especie, por parte de este Director Nacional de Personal, de ningún modo puede implicar arbitrariedad, lo que conlleva que la decisión adoptada tiene que ser suficientemente motivada y fundamentada, a fin de asegurar que las actuaciones sean concordantes con el objetivo considerado por la normativa pertinente al otorgarlas, de manera que no signifiquen, en definitiva, una desviación del poder.

11. - Por último, cabe manifestar que el Ente Fiscalizador, a través de los dictámenes Nros. 44.791, de 2017 y 45.060, de 2014, ha indicado que los informes jurídicos emitidos por ese Órgano Contralor son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, entre ellos, Carabineros de Chile, y su carácter imperativo encuentra su fundamento en los artículos 6, 7, y 98, de la Constitución Política de la República, y 1, 5, 6, 9, 16, y 19 de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, por lo que su incumplimiento por parte de esos organismos significa la infracción de los deberes funcionarios de quienes les corresponde adoptar las medidas necesarias para que ellos sean acatados, comprometiendo su responsabilidad administrativa.

III. - ALEGACIONES EFECTUADAS POR EL RECURRENTE:

1.- Como cuestión previa, es dable manifestar que, las razones que motivaron el traslado del funcionario en cuestión, dicen relación con que la autoridad competente pueda, luego de un proceso de evaluación de la situación fáctica institucional y de las necesidades del servicio que, como consecuencia de ello se generen, adoptar una decisión de nombre reservado que estime pertinente, configurándose tal determinación, en una cuestión de mérito propia de la esfera institucional y de su prerrogativa otorgada por ley.

Lo anterior, es plenamente concordante con las observaciones dispuestas por la Contraloría General de la República, al refrendar la imposibilidad de pronunciarse sobre aquellos hechos que justifican la decisión adoptada o las razones de conveniencia u oportunidad ponderadas por la autoridad, sobre la materia. (Aplica dictámenes Nros. 18.966 de 2019; 28.578 de 2017; 25.116 de 2014, entre otros).

2.- La recurrente estima vulnerada la garantía del artículo 19 N° 1. inciso primero, de la Constitución Política de la República, que garantiza “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

En relación a las especiales circunstancias relativas a la situación de salud del grupo familiar que aduce el actor en su presentación, se precisa que aquellas tampoco se presentan como un verdadero obstáculo insalvable para la vida familiar, ni constituyen una limitante o un impedimento absoluto para trasladarse con su núcleo familiar, pudiendo realizar y continuar los tratamientos médicos en las mismas condiciones que las reciben actualmente en el lugar de su nueva destinación, existiendo, asimismo, una red de salud institucional a lo largo del país, del cual pude hacer uso en razón del especial sistema previsional y de salud al cual adscribió de pleno derecho, por ser integrante de la Institución, según se constata en la página web institucional del Hospital de Carabineros de Chile, https://www.hoscar.cl/v2.0/index.php/centros médicos, que detalla los Centros Médicos Dentales y Consultorios a lo largo del país, en la especie el "Centro Médico y Dental Rancagua”, localizado en el lugar de su nueva destinación, de manera que no existe razón para dejar sin efecto el traslado del recurrente, sobre todo si la decisión adoptada, es de aquellas previstas en la reglamentación respectiva y vigente, fundada en las necesidades propias de Carabineros de Chile.

A lo anterior, se agrega que el funcionario, dada su condición de imponente de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, puede acceder, al igual que sus cargas familiares, a los diversos convenios de salud suscritos por dicha entidad, en atención integral, ambulatoria y Hospitalaria, con valores preferenciales para todos sus beneficiarios, los cuales se encuentran disponibles página web En cuanto a la alegación relativa al interés superior del niño que invoca el recurrente en su presentación para efectos de revertir el traslado dispuesto, cabe tener presente que el artículo 3o, de la Convención sobre Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 44/45, de 20 de noviembre de 1989, y ratificada por Chile el 14 de agosto de 1990, establece efectivamente que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas deberán considerar en forma primordial el interés superior del niño.

En ese sentido, el referido Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, en el Capítulo II "Consideraciones especiales para la toma de decisiones”, acápite 2.4.2. “Aspectos personales”, ejemplifica en la letra a) que “Trabajo y/o estudios del cónyuge o conviviente civil, además de estudios del personal o de sus hijos, y otras debidamente calificadas”, y letra b) la “(...) salud del personal o de los miembros de su grupo familiar, fundadamente en caso de que alguno de ellos requiera de atención profesional especializada o, por indicación médica, demande una especial permanencia física en algún lugar determinado, o fuera de éste”, como aspectos que sin constituir elementos que inciden directamente en el desempeño laboral del personal, pudiesen afectar, indirectamente, su productividad e interés para cumplir con sus obligaciones.

En vista de lo expuesto, se acoge el referido principio de resguardo del interés superior del niño al momento de disponer los traslados del personal, con todo, como un elemento a considerar para el cumplimiento del interés público asociado a la misión constitucional de Carabineros de Chile, de asegurar el orden y seguridad pública del país. Así, mal podría la decisión de esta Autoridad institucional atentar contra el interés superior del niño, más aun cuando la destinación implica el traslado a una locación que cuenta con los servicios públicos y privados que le permitirían desarrollar al máximo su bienestar y el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos, constituyendo la adaptación emocional al nuevo entorno, un proceso de desarrollo personal asociado a las circunstancias familiares, en razón del cumplimiento del interés público, según el estatuto al que voluntariamente se adscribió el recurrente.

Por consiguiente, resulta útil precisar que el funcionario confunde la tutela de la garantía en análisis al invocar supuestas vulneraciones a los derechos de su hija menor de edad, cuestión que no se concilia con el contenido del precitado artículo, esto es, la indemnidad física y psicológica de los particulares, derecho que, en la especie, no puede verse vulnerado con un traslado, pues ello no importa per se, alguna afectación como la descrita ni constituye un impedimento absoluto al cumplimiento de sus deberes paternales.

En relación a la disgregación familiar que esgrime el recurrente, éste asevera ser la única red de apoyo que mantiene su hija, sumado que manifiesta que ejerce el cuidado permanente de la adulta mayor que individualiza, aquejada por los padecimientos que indica, por lo que el traslado dispuesto resultaría perjudicial para el cumplimento de dichas labores.

Al respecto, cabe precisar que dicho argumento pierde todo sustento por cuanto el recurrente está entre aquellos funcionarios respecto de los cuales se verifica el traslado “con los derechos reglamentarios”, tales como, pasajes, fletes e indemnización por cambio de residencia, conforme a la Orden N° 79, de 07.06.2024, de esta Alta Repartición, los cuales son asumidos financieramente por el Fisco, de manera que desaparece el argumento de la disgregación familiar y revela que la garantía invocada en caso alguno se ve conculcada por la decisión impugnada.

En tal sentido, se estima que su traslado dispuesto con los derechos reglamentarios no obsta a que pueda evaluar mecanismos o modalidades para el movimiento junto a su grupo familiar, ni constituye por sí mismo un impedimento para prestar los debidos auxilios según lo determina la ley. Así, la determinación adoptada no se contrapone con los deberes, valores y compromisos que se plasman, como impronta perenne e indeleble, en el Manual de Doctrina y Código de Ética de Carabineros de Chile, aprobado por la Orden General N° 3.075, de 20.11.2023, de la Dirección General de Carabineros. Según ello, todo funcionario asume en primera persona, entre otros, el compromiso con la familia, y en ésta dimensión, el deber de procurar el logro de una auténtica integración y desarrollo personal de su núcleo familiar.

Por consiguiente, no se aprecia la forma en que el actuar de Carabineros haya podido vulnerar o infringir los derechos y obligaciones que reclama el recurrente para con su grupo familiar, considerando que la facultad para disponer los traslados de este Director Nacional de Personal no puede verse limitada por la conveniencia personal de quienes son trasladados, pues en su ejercicio debe primar el interés público por sobre el particular del servidor, toda vez que el objetivo conseguido por esta medida es lograr optimizar las funciones asignadas por la Constitución Política de la República y las leyes a la Institución policial, tal como fuera indicado en los antecedentes normativos.

Acerca de la situación de escolaridad de la hija del recurrente, quien se encuentra cursando la enseñanza básica en la comuna de Lautaro, por cuanto alega la época del año en que se dispuso su traslado, además que la nueva destinación se localiza a 600 kilómetros de distancia del establecimiento educacional, lo que provocaría a su parecer incertidumbre y desapego del vínculo paterno. Al respecto, se estima que la determinación de esta Autoridad que dispuso su movimiento a su actual destinación, no resulta atentatorio contra el aspecto educacional de la hija del funcionario, como lo menciona en su presentación, por cuanto no se advierte la concurrencia de un acto arbitrario y lesivo de dichas dimensiones personales, toda vez que el Sargento 2o nombre reservado puede optar a las vacantes escolares que se encuentran en la página del Ministerio de Educación correspondiente al año 2024.

A mayor abundamiento, cabe señalar que luego de las coordinaciones institucionales realizadas con el Ministerio de Educación, considerando las dificultades que surgen a raíz del nombre reservado institucional y los períodos contemplados en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la referida cartera ministerial dictó la Resolución Exenta N° 5.759, de 01.12.2022, publicada en el Diario Oficial N° 43.420. del 07.12.2022, que “Delega la facultad de suscribir bajo la fórmula “por Orden del Subsecretario de Educación”, los actos administrativos que indica en los Subsecretarios de Educación, en los supuestos que se señalan”, acto administrativo que para dar cumplimiento a los principios de eficacia, eficiencia y celeridad, entre otros, delegó la citada facultad para pronunciarse, según el artículo único, Nro. 1, “En casos de fuerza mayor debidamente fundamentada que se refieran a los traslados o destinaciones de funcionarios de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 7°, del Decreto N° 152, de 2016, del Ministerio de Educación, y dentro de su territorio”. Según ello, se permitiría el ingreso extraordinario de la hija del recurrente a establecimientos educacionales, aun encontrándose fuera de los periodos de postulación bajo el sistema referido, asegurándose adecuadamente el derecho que estima vulnerado.

En este contexto, mediante Documento Electrónico N.C.U. 192021299, de 29.09.2023, la Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros, impartió instrucciones a nivel nacional para todo el personal de Carabineros de Chile, con el propósito de ilustrar sobre el proceso del sistema de admisión escolar y los beneficios que mantienen los integrantes de la Institución para dar resguardo al derecho de la educación consagrado en la Constitución Política de la República, precisamente en aquellos casos que no sea factible el ingreso mediante la instancia normal de postulación.

En cuanto a las circunstancias económicas que, a su parecer, constituyen elementos que no fueron considerados para su traslado, a saber, que mantiene gastos por concepto de atenciones médicas de su núcleo familiar, y otras deudas que cubre, además del pago de la pensión de alimentos, sumado que dejará de percibir la Asignación de Zona, por lo que disminuirán sus ingresos, afectando su estabilidad emocional y económica. Al respecto, cabe manifestar que, conforme a los argumentos expuestos en los párrafos anteriores, las situaciones económicas perjudiciales para la estabilidad familiar, motivadas por un cambio de locación, ceden en relación con el interés general que mantiene el Proceso de nombre reservado a nivel nacional, para cumplir las finalidades contempladas en la Constitución Política que le fueron otorgadas a la Institución.

Por consiguiente, las circunstancias personales que aduce el recurrente relativas a que no cuenta con apoyo, ni recursos económicos necesarios para solventar los gastos de su grupo familiar, y que a consecuencia del traslado se vea obligado a descontar de su remuneración gastos por concepto de arriendo en su nueva destinación, entre otros, se precisa que aquellas, por muy lamentables que sean, exceden por completo las competencias institucionales, puesto que obedecen a una decisión personal de la cual no puede hacerse responsable a Carabineros de Chile.

Conforme a lo expuesto, es dable señalar que, de acuerdo a la normativa previamente citada, el recurrente al momento de ingresar voluntariamente a la Institución se obligó al cumplimiento de las normas que rigen a la misma, y específicamente en cuanto a la materia recurrida, por la naturaleza de la función que sirve y el interés público prevaleciente, no siendo posible sostener que goce de una suerte de inamovilidad en el ejercicio del cargo en la Unidad de origen, máxime que el precitado Manual de Traslados tiene por finalidad establecer tiempos máximos de permanencia, situación que es conocida por todo el personal de Carabineros y declarado en el referido manual.

De esta manera, se informa que el movimiento decretado respecto del funcionario, con los derechos reglamentarios, no resulta atentatorio contra la garantía constitucional precitada, por cuanto no se advierte la concurrencia de un acto arbitrario y lesivo de dichas dimensiones personales, toda vez que el actuar de la Institución se enmarca en el ejercicio de una atribución legal y reglamentariamente encomendada a los Mandos intervinientes, aplicada con la debida razonabilidad y proporcionalidad, en consideración a las necesidades propias del servicio, basadas en una redistribución de personal para el correcto y óptimo desarrollo de los servicios policiales, y de reducir el déficit y aumentar la oferta operativa en la Unidad policial de destino, ello, dentro del marco general de un proceso anual, respecto del cual todo el personal de Carabineros puede ser sujeto, sin distinción alguna, lo que trasciende los intereses particulares del servidor.

3. - Asimismo, estima vulnerada la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2, inciso primero, de la Constitución Política de la República, que garantiza el “Principio de igualdad ante la ley”:

A este particular, el actor alega en su presentación que la facultad discrecional entregada por ley al órgano recurrido no habría sido ejercida de manera razonable, por cuantos estima que la Orden N° 79, de 07.06.2024, de esta Dirección Nacional de Personal y el Documento Electrónico N.C.U. 208494765, de 12.06.2024, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2.), no expresarían los motivos en virtud de los cuales se dispuso el traslado del funcionario, y por ende, la determinación adoptada resulta arbitraria e ilegal.

Asevera que tanto la aludida Orden Dipecar N° 79, como el citado documento electrónico recurridos, consignan los fundamentos de hecho y derecho que, por motivos operativos, permiten a la autoridad competente destinar al personal a las diversas Zonas del país, toda vez que se consideró la necesidad institucional de reducir el déficit de personal y el aumento de la oferta operativa de la Unidad policial de destino, en aras del mejoramiento de la labor operativa de esta Institución Policial. Así, se descarta de plano que la determinación adoptada sea arbitraria, entendido aquello como producto del mero capricho de quien incurre en él, o bien la no existencia de razones que justifiquen una actuación o voluntad no gobernada por la razón. Tampoco resulta ser una decisión ilegal, esto es, contraria al ordenamiento jurídico.

De esa manera, la autoridad competente, luego de un proceso de evaluación de la situación fáctica institucional y de las necesidades que, como consecuencia de ello se podían generar, adoptó la decisión de trasladar al aludido funcionario, configurándose tal determinación en una cuestión de mérito propia de la esfera institucional y de su prerrogativa otorgada por ley.

Por lo tanto, el recurso administrativo presentado por el recurrente, se resolvió respetando lo dispuesto en el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, encontrándose plenamente fundado, ya que tal como se ha señalado, se basó en las necesidades de destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial, dada su condición de integrar la planta institucional como Personal de Nombramiento Institucional.

Luego, el actor argumenta que no se habrían tomado en consideración los aspectos y circunstancias personales del funcionario y de su grupo familiar, conforme a lo establecido en el precitado manual, referidas a las condiciones y estados de salud antes mencionados, vulnerando - a su parecer- el principio de igualdad ante la ley.

Con todo, cabe hacer presente que el aludido manual establece que los traslados del Personal son determinados en base a una serie de consideraciones, entre ellas el equilibrio de dotación de las Unidades policiales; la existencia de personal femenino en éstas; los aspectos profesionales de los funcionarios (competencias, desarrollo de carrera, experiencia profesional, antigüedad y condiciones actuales), y finalmente los aspectos personales. De esta manera, las circunstancias personales forman parte de los antecedentes que son tenidos en consideración al momento de disponer el nombre reservado.

En vista de lo anterior, se manifiesta que, al momento de resolver la reposición al traslado, se ponderó especialmente la situación personal y familiar del recurrente, haciendo primar las necesidades institucionales por sobre el interés particular del funcionario, de tal manera que esta Autoridad Institucional estimó que aquella no reviste del mérito suficiente para innovar en lo ya resuelto, siendo necesarios sus servicios en la Ia Comisaria Rancagua atendido su trayectoria y grado, y al déficit de personal de su grado jerárquico en la citada Unidad policial.

De esta forma, la determinación de no acceder a la solicitud de reconsideración al traslado dispuesto, obedece al estudio de un conjunto de elementos objetivamente prestablecidos, de este modo, la circunstancia de no compartir dicha decisión, no constituye por sí sola una vulneración a las garantías constitucionales que expone en su acción, pues la discrepancia sostenida en este aspecto se circunscribe a la opinión subjetiva que tiene el recurrente de su propia situación, y no al estudio y evaluación que la Autoridad competente efectúo de las necesidades del servicio, y la planificación estratégica institucional.

Por lo demás, es pertinente señalar que el acto administrativo que efectivamente dispuso el traslado institucional del funcionario, no resulta ilegal ni arbitrario, ni tampoco obedeció a un traslado efectuado de forma aislado, toda vez que en la reseñada Orden Dipecar N° 79, de 07.06.2024, existe una relación nominal de 110 funcionarios de distintas Unidades policiales, que fueron trasladados por esta Alta Repartición, no de manera caprichosa o infundada, sino que basada en el interés público, a fin de optimizar las tareas asignadas por la Constitución Política de la República a Carabineros de Chile. Así, la medida adoptada se fundó en miras a satisfacer un eficiente rodaje operativo y en un mejor aprovechamiento de las aptitudes del funcionario, acorde a la evaluación que la autoridad competente efectuó de las necesidades propias de la labor institucional.

En este orden de consideraciones, no se aprecia cómo el actuar de Carabineros haya podido vulnerar el principio de igualdad ante la ley, contenido en el artículo 19, N° 2, de nuestra Constitución Política de la República, toda vez que los actos administrativos que dispusieron y ratificaron el traslado del recurrente, cumplen con el estándar de fundamentación para todos los actos de autoridad similares, no habiéndose aplicado a su respecto un procedimiento distinto al del resto del personal de esta Institución, en cuya virtud se dispuso algún movimiento por razones de índole operativo que, como se reseñó más arriba, es motivo de suyo suficiente para ser incluido en el Plan Anual de Traslado, toda vez que las destinaciones del personal son de la esencia de Carabineros, por su naturaleza operativa que exige, constitucionalmente, primar el interés general sobre el particular.

El actor alega que, además, se habría vulnerado la garantía constitucional precitada, ya que al momento de resolverse en términos desfavorables el recurso de reposición, con jerárquico en subsidio, no se habrían elevado los antecedentes al Superior Jerárquico a fin de resolver la instancia en torno al traslado dispuesto, de modo tal que la Autoridad recurrida, falló en única instancia, lo que sería contrario a la normativa legal que permite interponer tal recurso, conforme a lo habilita el artículo 59, de la precitada Ley N° 19.880.

De esta manera, el acto terminal del proceso de traslado del recurrente, que fuera dispuesto por la citada Orden Dipecar N° 79, de 07.06.2024, fue aquel emitido por el Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2.), a través de su Documento Electrónico N.C.U. 208494765, de 12.06.2024, que resolvió por orden de este Director Nacional de Personal el recurso de reposición.

Así las cosas, se precisa que no existen dos instancias de reclamo ante esta Alta Repartición, toda vez que la reglamentación interna sólo franquea el derecho a reponer a la luz de la Ley N° 19.880, o a “reconsiderar”, como se ha denominado dicho instituto en el ámbito institucional.

Por consiguiente, y en atención a que este Director Nacional de Personal carece de un superior jerárquico en esta materia en particular, el recurso de reposición o “reconsideración” agota la vía administrativa, no siendo procedente ejercer el recurso jerárquico que señala el actor.

IV.- AUSENCIA DE DERECHO INDUBITADO:

Sostiene que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, de emergencia, extraordinario y sumarísimo, de tutela de derechos fundamentales, y que tiene por finalidad, restablecer el imperio del derecho, en aquellos casos en que se ocasione una vulneración clara y efectiva a las garantías constitucionales. En consecuencia, y dado el carácter perentorio que tiene el recurso, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio.

Añade que, la acción incoada por el recurrente se fundamenta en que no se acogió el recurso de reposición a su traslado dispuesto, siendo resuelto por orden de este Director Nacional de Personal, a través del Documento Electrónico N.C.U. 208494765, de 12.06.2024, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2.), infracción que, a su parecer, habría afectado los derechos garantizados en el artículo 19, Nros. 1 y 2 de la Constitución Política de la República, a saber, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, y la igualdad ante la ley.

En tal sentido, es importante mencionar que para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones. Pues bien, en el presente caso el recurrente no posee un derecho indubitado, vale decir, una suerte de inamovilidad en el cargo en la Unidad policial de origen, toda vez que las circunstancias en contra de las cuales recurre, no se condice con los actos administrativos tenidos a la vista, y los fundamentos legales, reglamentarios y jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, que inequívocamente advierten que el actuar de la Institución, en lo referente a la facultad de trasladar al personal de Carabineros, ha sido realizado con estricto apego a la legislación y jurisprudencia administrativa vigente.

En consecuencia, teniendo presente que el actor no cuenta con un derecho indubitado, se concluye que no se cumple con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho -que en la especie la recurrente no posee-, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto -supuesto fáctico que tampoco se verifica-, se colige que la cautela de derechos fundamentales intentada, al carecer de sustento normativo no puede prosperar.

Por lo anterior, solicita tener por informado el recurso de protección y, en definitiva, RECHAZARLO, con costas.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, el acto administrativo contra el cual se recurre, consistente en la Orden N° 79, de fecha 07 de junio de 2024, de la Dirección Nacional de Personal, por medio de la cual se ordena el traslado del actor, a contar del 16 de mayo de 2024, desde la Asesoría Zonal de inteligencia de la Zona Araucanía Control de Orden Público, a la 1° Comisaría de la Prefectura Cachapoal N° 11.

Estima el recurrente que dichos actos son arbitrarios e ilegales por cuanto no aparecen como debidamente fundados, lesionando sus derechos constitucionales establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Sostiene al efecto motivos familiares, personales y económicos, por los cuales el traslado resultaría perjudicial a sus intereses.

Tercero: Que, en primer término y en cuanto a la legalidad del acto, la facultad que tiene el recurrido de disponer del traslado de sus funcionarios, se encuentra dispuesta en el artículo 31 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, la cual establece que “Corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial.”

Lo anterior, además, se ve refrendado por el nombre reservado que fuera aprobado por la institución y que regula las formas y efectos de los movimientos a los que puedan verse sujeto su personal.

Entonces, el actuar de Carabineros se encuentra recogido en la legislación por lo que desde este punto de vista, no podría ser tachado de ilegal.

Cuarto: Que, en cuanto a que el acto sea arbitrario, aparece que el decreto que rechaza la reconsideración presentada por el recurrente se encuentra debidamente fundado y da cuenta de las razones técnicas que se tomaron para efectuar el traslado dispuesto.

Por otro lado, también se refiere a las circunstancias familiares que ha referido el recurrente que obstarían para el traslado, haciéndose cargo de las mismas, concediendo prerrogativas para facilitar el traslado del recurrente con su núcleo familiar a su nuevo puesto de trabajo. Cabe hacer presente que el actor expresa en el recurso que tendría el cuidado personal compartido de su hija, lo que no resulta efectivo de los antecedentes acompañados al libelo y, además, todos los cuadros médicos para asistir a la hija podrán ser objeto de las atenciones médicas idóneas en el sistema de salud que el actor se encuentra adscrito, por ende no existiría perjuicio.

Quinto: Que, así las cosas, la decisión de la autoridad recurrida ha sido adoptada en el uso de sus facultades, dentro de los límites de sus atribuciones legales y ha expuesto los fundamentos de la decisión, los que guardan relación con los fines de la institución policial.

Sexto: Que, no puede eludirse el hecho que la recurrida tiene la facultad normativa (Art. 31 de la ley N° 18961, Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros beneficios, Orden General N° 2707 de 13 de noviembre de 2019, que aprobó el nombre reservado), para disponer el lugar geográfico en el que el personal de Carabineros de Chile cumplirá sus funciones, lo que se materializa en un proceso anual de traslados, según los requerimientos de la función policial y que esa facultad se ha ejercido en este caso conforme a los fundamentos que se indican.

Además, todos los miembros de la institución policial se hallan sujetos a traslado y, en el caso del recurrente, no se ha invocado una causal personalísima o excepcional que permita liberarle de este deber funcionario y que el rechazo de la misma, en todo caso fundado, importe entonces una privación, perturbación o amenaza a alguna garantía constitucional amparada por esta acción.

Que por lo demás se advierte de los antecedentes acompañados ante esta Corte que el recurrente ha agotado todas las vías recursivas administrativas, las que no han sido felices.

Séptimo: Que, en este escenario fáctico, el recurso de protección entablado no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA el deducido a folio 1 por don nombre reservado, en contra de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile, representado por el General don nombre reservado.

Redacción de la sentencia a cargo del Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5105-2024. (cwm)